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Los malos augurios y los hechos

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Una tormenta perfecta se cierne sobre la economía mundial. A la persistente crisis energética y geopolítica se añade un entorno monetario cada vez menos amable, especialmente para los países más endeudados: el repunte de la prima de riesgo de Italia en un contexto político incierto acabará poniendo a prueba el escudo anti-crisis del BCE. Y, por si fuera poco, las tres principales economías del planeta que son EE UU, China y sobre todo Alemania están amenazadas por la recesión. 

Debemos por tanto prepararnos a una fuerte sacudida. Pero sin descuidar los puntos de resistencia. En primer lugar, el retorno del turismo está aportando un balón de oxígeno providencial de modo que la economía española podría ser una de los pocas en Europa que esté todavía registrando un crecimiento honorable. Los europeos gastan en viajes y ocio buena parte de la liquidez acumulada en los últimos dos años —una tendencia que se mantendrá todavía un cierto tiempo, como ya se refleja en las perspectivas del sector para el otoño.      

Por otra parte, la reconfiguración de las cadenas de suministro ofrece oportunidades a nuestro aparato productivo como lo evidencia el dinamismo de las exportaciones. Falta apuntalar el resultado con un despliegue transformador de los fondos europeos. De momento, la balanza externa aguanta el encarecimiento de la factura energética, cuando la de Francia acentúa su deterioro, Italia entra en déficit y Alemania asiste a una contracción de su excedente.           

Incluso la inflación, principal enemigo, podría haber tocado techo. Algunos de los cuellos de botella que han presionado los precios se están diluyendo: el coste del transporte marítimo ha caído un 45% desde el máximo alcanzado tras la invasión de Ucrania, y la cotización de la mayoría de materias primas se aleja de los máximos observados a inicios de año. Todo ello redunda en una moderación de los incrementos mensuales del IPC, tras los registros desorbitados de la primavera.


La energía es el principal escollo. Pese al ligero alivio de los últimos días, el gas cuesta un 60% más que antes del verano, algo que junto con el parón de las centrales hidroeléctricas como consecuencia de la sequía ha incendiado la factura de la luz. El tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad está funcionando, tanto en términos de tarifas, más baratas que en el resto de Europa, como de volatilidad. Pero el mecanismo no es suficiente para neutralizar el shock. Ahora la clave está en las medidas de ahorro energético, de diversificación de los suministros y de elevación de las reservas puestas en marcha a través de todo el continente. Veremos si ayudan a reducir la vulnerabilidad ante las amenazas proferidas desde Rusia y, por tanto, contribuye a contener los costes energéticos. En un mercado marginalista en que el precio depende de las últimas unidades que entran en la generación de energía, es crucial suavizar los picos de demanda con medidas de ahorro. 

Finalmente, la psicología también desempeña un papel central en la dinámica de la inflación y por tanto en las perspectivas económicas. A partir de un cierto umbral, el incremento de los precios se percibe como un fenómeno global, lo que incita a una espiral de reivindicaciones en aras a recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Nadie sabe con seguridad dónde se sitúa ese umbral, pero cuanto más se prolongue el episodio de IPC a doble dígito, mayor la probabilidad de que se desencadene una espiral inflacionaria. La tendencia actual no es buena: más de la mitad de los componentes del IPC crecen a un ritmo superior al 6%, un porcentaje que no cesa de incrementarse desde el inicio del año. Solo cuando esa trayectoria cambie, podremos hablar de una verdadera desescalada de la inflación subyacente, condición sine qua non para un rebote del consumo.

Con todo, una fuerte desaceleración de nuestra economía —y no una recesión— es todavía el escenario más probable.  

BALANZA EXTERNA | Durante el primer semestre el déficit energético se incrementó en cerca de 17.000 millones de euros como consecuencia del encarecimiento de los hidrocarburos importados. A la inversa, la balanza de servicios y bienes no-energéticos mejoró significativamente, de modo que la balanza corriente total (energética y no energética) se ha mantenido en valores próximos al equilibrio. Este resultado, unido a las entradas ligadas al programa europeo Next Generation, explica que la posición con el exterior siga presentando un superávit neto (3.200 millones en el primer semestre, frente a 5.100 un año antes).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El despertar de la inflación

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Tras haber permanecido en hibernación en las economías avanzadas durante más de tres décadas, la inflación hace su gran retorno en pleno debate de la salida de la crisis pandémica. El despertar es particularmente precoz en EEUU, con un IPC de abril por encima del 4% que está quitando el sueño a la Reserva Federal. De este lado del Atlántico la onda alcista llega con menos presión, pero el cambio de ritmo es abrupto: en España el IPC se incrementó en abril un 2,2%, casi un punto más que en marzo, y en un país tan sensible a esta cuestión como Alemania, el índice se acelera hasta el 2%.

Por si fuera poco, diferentes indicadores apuntan a un encarecimiento adicional de la cesta de la compra, al menos a corto plazo. Las empresas registran una escalada de costes de todo tipo de suministros importados, a la vez que la escasez de componentes tecnológicos provoca cuellos de botella en sectores clave para la economía española como el automóvil. La factura de la energía también tiende a subir. El incremento del IPC se debe a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes. Pero, habida cuenta de las tendencias recientes y de factores estacionales, la inflación podría superar el 3% en Europa en los próximos meses. El corolario es una pérdida de poder adquisitivo para hogares y empresas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: INE y Ministerio de Economía.

La clave está en cómo
reaccionarán los bancos centrales, una cuestión vital para nuestro país que
depende de las generosas compras de deuda pública por parte del BCE. Mucho depende
de la cronificación del repunte de la inflación, es decir de la transmisión de
las presiones externas a los precios internos. De momento, el riesgo es
reducido: los salarios están contenidos por el miedo a perder el puesto de
trabajo que se ha extendido en un contexto de paro elevado; y las empresas
españolas no pueden fácilmente trasladar el incremento de costes de importación
a sus tarifas de facturación. Por tanto, lo más probable es que, a corto plazo,
los agentes absorban el shock. El comportamiento de la inflación
subyacente (estancada en abril en España y muy reducida en Alemania), parece
avalar esta tesis. Y motivar la aparente impasibilidad del BCE.   

Sin embargo, desde EEUU nos llega un mensaje distinto. Allí aparecen síntomas (todavía confusos) de sobrecalentamiento, como la escasez de personal en los sectores más pujantes. Además, el intenso rebote de la economía y el multibillonario plan Biden prefiguran una presión adicional sobre los precios. En un reciente desliz, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen evocó la posibilidad de una salida de los estímulos monetarios. Si bien el anuncio fue desmentido, los ahorradores han reaccionado ante esa eventualidad, exigiendo una remuneración más elevada de los bonos públicos.

El resultado se va contagiando a Europa, por la interconexión de los mercados. El tipo de interés del bono español de referencia (con vencimientos a 10 años) supera el 0,5%, lo que contrasta con los valores negativos de inicio de año. Se trata de un nivel todavía muy reducido, pero revelador de expectativas orientadas al alza. A largo plazo, no le vendría mal a la economía española un poco más de inflación, si bien ésta debería proceder de una dinámica acompasada de precios y costes internos —y no como ahora, de factores externos que restan fuelle a la recuperación—. La inflación es un mecanismo potente y poco traumático para reducir el peso de la deuda que se cierne sobre nuestro país. Naturalmente, los tipos de interés acabarían por incorporar el alza de la inflación, elevando las cargas financieras para el Estado. Pero ese coste sería limitado frente al enorme beneficio que aporta la erosión del valor real de los pasivos, fruto de la inflación. Pese a todo ello, está por ver si los halcones que vigilan están dispuestos a soportar incrementos de IPC por encima del objetivo del 2% durante un tiempo prolongado.


IPC | El índice de precios al consumo se incrementó un 1,2% en abril, lo que equivale al 2,2% respecto a un año antes. Esta evolución, que ha provocado un diferencial desfavorable frente a la eurozona por primera vez desde 2018, se debe al encarecimiento de los productos energéticos. Según las previsiones de Funcas, el mantenimiento de fuertes presiones alcistas sobre los costes de los suministros importados, junto con el fin del efecto escalón derivado de la pandemia, debería redundar en una inflación superior al 2% hasta finales de año, en ocasiones rozando el 3%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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