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La inmigración y el empleo de los españoles

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española. 

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera


No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral. 

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–.  Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia. 

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.   

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.  

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las entrañas del ciclo expansivo

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Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.


¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.

De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.

Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.             

La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.

Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.   

INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precio de la vivienda y crecimiento poblacional

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La vivienda registró un crecimiento interanual del 12,1% en el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible), según las cifras publicadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como consecuencia, en el tercer trimestre de 2025, el precio medio en España del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.153 euros, lo que supone un 2,5% más que el valor máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Esta revalorización, que es heterogénea por provincias, se muestra en el mapa 1.


La recuperación del precio de la vivienda ha sido prácticamente ininterrumpida desde el mínimo registrado en 2014, con el paréntesis de 2020, consecuencia del cierre de la economía por la pandemia. Esta recuperación fue relativamente suave hasta 2021, con un avance medio anual del 1,8%, pero, a partir de dicho año, el crecimiento del precio de la vivienda se intensificó, alcanzando tasas medias anuales del 6%. La aceleración ha ido de la mano de un incremento en el ritmo de crecimiento de la población, que, si bien había comenzado a registrar tasas de avance positivo en 2016 (tras varios años de descenso), se vio interrumpido en 2020 y 2021 (en los que registró crecimientos moderados) y, seguidamente, se reactivó, con incrementos medios anuales de en torno al medio millón de habitantes en los años 2022 y posteriores.

Desde que comenzó dicha aceleración, a finales de 2021, hasta el último dato disponible (tercer trimestre de 2025) la población ha registrado un crecimiento acumulado del 4,1%, mientras que el el precio de la vivienda aumentó un 27,1% en el conjunto del país. Las cifras por provincias muestran cierta correlación entre el comportamiento de ambas variables (gráfico 1) y ponen de manifiesto las grandes diferencias existentes entre territorios, pudiendose agrupar estos en cuatro grupos en relación a la evolución media del país.


Así, tenemos un primer grupo con seis provincias, en las que el crecimiento de la población y del precio de la vivienda fueron superiores a la media nacional (círculos en el gráfico 1). Estas regiones se caracterizan por ser dinámicas económicamente o, como el caso de Guadalajara, por beneficiarse de “efectos frontera”.

Por el contrario, hay un segundo
grupo –el más numeroso–, conformado por 30 territorios en los que tanto el
crecimiento de la población como el del precio de la vivienda fue más débil que
la media del conjunto del país (triángulos en el gráfico). En esta agrupación hay
seis provincias, fundamentalmente de la España “vaciada”, en las que la
población descendió (zona sombreada del gráfico) y, a pesar de ello, sus
precios registraron avances positivos, aunque modestos. 

El tercer grupo lo componen ocho
provincias en las que el precio subió más que la media nacional, pero su
población registró una evolución más débil que la del conjunto del país. Algunas
tienen atractivo turístico como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife o Cantabria (cuadrados
en el gráfico).

Por último, la cuarta agrupación
la conforman ocho provincias en las que la población creció más que la media
nacional y, en cambio, el precio avanzó menos (rombos en el gráfico). Dentro de
este grupo se encuentran las cuatro provincias catalanas.

En suma, pese a que en la
actualidad el precio de la vivienda registra intensos crecimientos a nivel
nacional y en todas las provincias, es visible una gran disparidad regional que
va de la mano, con una cierta correlación, del comportamiento de la población en
las provincias en los últimos años.

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El crecimiento de la población en España en las últimas décadas: una nota con las tendencias básicas

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El crecimiento de la población y el peso relativo de sus distintos componentes es, hoy día, un elemento central e imprescindible en cualquier debate sobre el bienestar económico y social de España. Más allá de sus consecuencias sobre el envejecimiento, las dinámicas derivadas del crecimiento de la población intervienen directamente en cuestiones tan relevantes como el mercado de la vivienda, el crecimiento económico y la productividad. En las últimas décadas, el crecimiento de la población en España refleja una combinación de persistente baja natalidad, envejecimiento sostenido y auge de la inmigración, que continúa siendo el principal motor del aumento de residentes. Analizar estas tendencias con una perspectiva temporal amplia permite comprender mejor su alcance real y su impacto en la sociedad y la economía españolas.

Ya en diciembre, es posible adelantar una previsión del crecimiento poblacional en España para 2025. Si la pauta de nacimientos, fallecimientos y migraciones de los nueve primeros meses del año se cumple para el conjunto de 2025, la población residente habrá crecido en casi 420.000 habitantes, resultado de un crecimiento vegetativo (nacimientos – fallecimientos) de -124.000 y de un saldo migratorio estimado de 543.000 (gráfico 1A).

La cifra de crecimiento
vegetativo, en descenso casi interrumpido desde 2008, sería la tercera más baja
desde 1975. El saldo migratorio, aunque se situaría por debajo del máximo
reciente alcanzado en 2022 ( 733.800), seguiría siendo superior al registrado
en 2019 ( 457.185). En cuanto al crecimiento total de la población, también
sería el más reducido desde 2022 ( 598.634), pero en este caso la persistencia
del crecimiento vegetativo negativo lo situaría apenas por encima del nivel
observado en 2019 ( 399.099).

En términos relativos, como tanto por mil de la población a 1 de enero de 2025, la proyección para 2025 implica un crecimiento total del 8,5 por mil, un crecimiento vegetativo del -2,5 por mil, y un crecimiento debido a las migraciones del 11,1 por mil (gráfico 1B).


Vistas las cosas con la perspectiva de los años transcurridos desde el año 2000, el crecimiento total de la población residente en España superaría los 9 millones de habitantes (9,08 millones), con una aportación marginal del crecimiento vegetativo ( 216.000 habitantes) y fundamental de las migraciones ( 8,86 millones) (gráfico 2A). La aportación del crecimiento vegetativo rondó el millón anual de habitantes en la década de 2010, pero desde 2015, cuando se convirtió en negativo, su contribución se ha revertido. La aportación de las migraciones se redujo en 2012, justo cuando empezábamos a salir de la crisis económica, pero se recuperó con intensidad a partir de 2016.

En términos relativos, la población residente en España habrá crecido al acabar 2025 un 18,5% desde el año 2000, lo que se reparte entre un 18% debido a las migraciones y un 0,4% debido al crecimiento vegetativo (gráfico 2B).

En conjunto, las cifras recientes confirman la continuidad de un patrón demográfico en el que la inmigración sostiene el crecimiento poblacional, en contraposición a un crecimiento vegetativo negativo desde 2015 y que se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el saldo migratorio parece estar creciendo menos en los últimos años –a la vista de un crecimiento vegetativo que no levanta cabeza, ni parece ir a hacerlo a corto plazo, tal como indican los bajísimos índices de fecundidad recientes– todo apunta a que esa dinámica demográfica se intensificará.

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Noticias (breves) desde la demografía (II): en 2024 se mantienen las tendencias

Como hicimos el año pasado por estas fechas, volvemos a ofrecer a los lectores un comentario sobre la actualización de las cifras del Movimiento Natural de la Población y los Indicadores demográficos básicos del INE, que se publicaron hace unos días, buscando comprender la evolución de las dinámicas poblacionales en curso, confirmar tendencias previas o identificar interrupciones significativas en ellas. 

El año 2024 representa demográficamente, en este sentido, el abandono casi definitivo del hiato de la pandemia y apunta a la consolidación de la recuperación de las tendencias o cifras demográficas previas y las medidas asociadas a aquella, observada ya en 2023.

Fecundidad

El Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) continuó su senda descendente en 2024, alcanzando el mínimo histórico de 1,10 hijos por mujer (1,12 en 2023), un dato que probablemente refuerce la penúltima posición de España en la Unión Europea en número de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. La caída afecta tanto a las mujeres españolas como a las extranjeras. Entre las primeras, el ICF descendió de 1,09 a 1,07 hijos por mujer. A su vez, la fecundidad de las extranjeras en España volvió a establecer un mínimo histórico en 1,27 hijos por mujer, muy inferior al máximo de 1,83 alcanzado en 2008.


En contra de lo ocurrido en 2023, momento en el que, por primera vez en muchos años, cayó la edad media de las madres al tener su primer hijo, en 2024 ha vuelto a subir en dos centésimas, hasta los 31,52 años, retornando la tendencia al alza desde 1980, solo interrumpida entre 2006 y 2008, años de recuperación de la fecundidad. También se recupera la tendencia ascendente en el porcentaje de nacidos de madre no casada, interrumpida en 2023: en 2024 es el 49,99%, tres centésimas más que el año anterior. Este indicador sí había registrado un cambio mayor en 2020, el primer año de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social, que afectaron en ese mismo año y los siguientes a no pocos indicadores demográficos de fecundidad y nupcialidad, pero procede de las madres extranjeras (de 41,52% a 42,8%), y no de las españolas (de 52,66% a 52,43%).  

Matrimonios y divorcios

La nupcialidad no acaba de consolidar su senda descendente de décadas, que se había revertido en 2021 y 2022, años en que se celebraron los matrimonios que dejaron de celebrarse en 2020. El Indicador Coyuntural de Nupcialidad, una estimación del número de veces que se casarían los residentes en España teniendo en cuenta las tasas de nupcialidad por edades de ese año (de forma análoga a como se construye el Indicador Coyuntural de Fecundidad) se ha mantenido en los 0,55 matrimonios entre 2023 y 2024 (1,01 en 1976). Al contrario de lo que sucede con la fecundidad, este indicador sigue siendo mayor en los españoles que entre los extranjeros, con cifras respectivas de 0,61 y 0,36 matrimonios por habitante en 2024. 

Sí se reafirma la senda ascendente en la edad media al primer matrimonio, que también había sufrido una suerte de “efecto 2020”, creciendo de golpe en más de un año, para reducirse temporalmente, con la ulterior recuperación de la nupcialidad de los dos años siguientes. En cualquier caso, la recuperación del alza iniciada en 2023 se mantiene en 2024: este año la edad media de los varones que se casaban por primera vez aumentó hasta los 37,25 años (36,94 en 2023) y hasta los 35,19 la de las mujeres (34,88 en 2023). 

Sigue aumentando el peso de los matrimonios de personas del mismo sexo sobre el total. Si en 2014 los matrimonios entre varones fueron el 1,03% del total, en 2024 son el 2,02% (1,84% en 2023). Las nupcias entre mujeres en 2024 siguen representando un porcentaje mayor: son el 2,16% del total (2,09% en 2023), pese a que la cifra en 2014 era del 0,98%.

Por el contrario, la divorcialidad ha interrumpido su senda descendente. El Indicador Coyuntural de Divorcialidad, (una estimación del número de divorcios por habitante análoga al ICF) se situó en 0,24 en 2023, cifra superior a la de 2023 (0,22). Poniendo en relación los indicadores de divorcialidad y nupcialidad (dividiendo el primero por el segundo) se podría suponer que, con cifras de 2024, acabaría en divorcio el 44% de los matrimonios, más que en 2023 (40%), pero todavía por debajo de las cifras de comienzos de la década de 2010, cuando se infería ese final para más del 60% de los matrimonios. 

La esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer se estima para 2024 en los 84,01 años (83,77 en 2023), la más alta registrada: 81,38 (81,11) para los varones y 86,53 (86,34) para las mujeres. Quedan de nuevo atrás las cifras prepandémicas y es posible que se esté muy cerca de alcanzar las previsibles según la curva de evolución de la década anterior a la pandemia. Algo parecido cabe decir de la esperanza de vida de los mayores, medida a los 65 años, que también sube, desde los 21,68 a los 21,87 años (19,87 para los varones y 23,64 para las mujeres) y vuelve a situarse por encima de la de 2019 (21,52 años). 


Las cifras de esperanza de vida de 2024 consolidan la paulatina tendencia, al alza, interrumpida en 2020, así como a la reducción de la distancia entre varones y mujeres. En tiempos recientes, la diferencia máxima en la esperanza de vida al nacimiento fueron los 7,25 años favorables a las mujeres en 1992 (un 9,8% mayor). En 2024, la diferencia se ha reducido a 5,15 años, (una esperanza de vida un 6,3% superior). Lo mismo  sucede con la diferencia en la esperanza de vida a los 65 años entre las mujeres y los varones, que representa en 2024 (3,77 años) el mínimo desde 1999.

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El futuro (demográfico) es el presente

En las próximas décadas, España, como buena parte del mundo, experimentará una transformación demográfica sin precedentes. La prolongada persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitario y de atención a mayores dependientes. Al mismo tiempo, se puede esperar que el menor tamaño de la población conlleve grandes transformaciones en los mercados de la vivienda y de otros bienes duraderos, así como en la provisión de servicios como los educativos, con las consiguientes consecuencias sobre la actividad y el crecimiento económicos.

No conocemos con precisión el futuro demográfico de cada región del mundo, pero sí lo conocemos con bastante certidumbre en alguno de sus aspectos y para los países con mejores estadísticas demográficas. Por ejemplo, y no es asunto menor, ya disponemos de buena información sobre quienes integrarán el grueso de la población activa europea en unas décadas, puesto que ya han nacido —si excluimos potenciales fluctuaciones de calado en los intercambios migratorios. Al respecto, las tendencias recientes dibujan un panorama inquietante, particularmente en el caso español.

En los quince años trascurridos entre 2008 y 2023 —desde el inicio de la Gran Recesión hasta el último año completo con datos disponibles— la cifra de nacimientos ha caído en 22 de los 27 países de la UE (gráfico 1) y España registró la tercera caída porcentual más intensa en el número de nacidos vivos de los países comunitarios, un 38 %, solo por debajo de las de Letonia (41 %) y Grecia (40 %). Únicamente Alemania, con un crecimiento del 2%, y países pequeños como Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado un aumento de los nacimientos en este periodo. 


La cifra actual de nacimientos en España, de poco más de 300.000 al año, apenas alcanza la mitad de los registrados antes del desplome que se produjo en la segunda mitad de los setenta del siglo pasado (gráfico 2). Hasta entonces, la cifra de nacimientos anuales se había mantenido por encima de los 600.000, con pocas excepciones, desde mediados del siglo XIX Esas cifras se corresponden con índices de fecundidad muy altos, propios de poblaciones con elevadas tasas de mortalidad infantil. Tanto la mortalidad infantil como la fecundidad fueron cayendo a lo largo del siglo XX, hasta los mínimos niveles actuales. Tras la caída en las cifras de nacimientos desde mediados de los setenta hasta finales de los noventa, se alcanzó un nuevo máximo relativo de más de 500.000 nacimientos en 2008. No obstante, la caída iniciada con la Gran Recesión no se detuvo al reactivarse la economía: solo volvió a crecer, levemente, el número de nacimientos en 2014, y las caídas posteriores solo han empezado a reducir su ritmo en tiempos recientes (gráfico 2). Es decir, la cifra de nacimientos no ha vuelto a crecer en los últimos quince años, incluso en un contexto de llegada masiva de población foránea, más fecunda que la local, que incluso consiguió revertir, desde 2022, la caída del volumen de mujeres en edad fértil residentes en España que se registraba desde 2009 (gráfico 3). Está por ver si el parón en la caída de los nacimientos que se observa desde 2023 se va a mantener en los próximos años. Según las estimaciones del INE de nacimientos mensuales, el total registrado en los últimos doce meses, desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 (318.840), casi iguala al de 2023 (320.656). Es difícil imaginar que la llegada de nuevos residentes pueda compensar plena e indefinidamente la pérdida de población autóctona, dada la notable caída del número de hijos por mujer que también afecta a la población inmigrante.


A escala nacional —y aún más en la regional y local—, el impacto de la reducción de la natalidad es más inmediato y tangible. Al fin y al cabo, son los mercados de trabajo locales, la organización de la oferta educativa y de servicios públicos, los mercados inmobiliarios e incluso los matrimoniales los que experimentan más directamente los efectos del envejecimiento y la caída poblacional. Se trata de un desafío para la planificación pública, pero también para la inversión privada, que tendrá que adaptarse a una realidad poblacional completamente distinta.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la caída en las cifras de nacimientos no es uniforme de unas zonas a otras de un mismo país, menos aún en países grandes como España. En el norte, algunas comunidades alcanzan o incluso superan el 45 % de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria es la región que registra la mayor caída de todas las regiones de la Unión Europea, con un 49 %. Es decir, la cifra de nacidos vivos en Cantabria en 2023 ascendió, aproximadamente, a la mitad de sus residentes de 15 años. En España siguen a Cantabria por orden de caída Asturias (45 %), La Rioja (43 %), Galicia (40 %), Canarias (42 %) y Castilla y León (41 %) (mapa 1). Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentaron las caídas más moderadas de los nacimientos en esos quince años, aunque, de todas formas, alcanzan un 31 % y un 34 % respectivamente. En total, quince comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas figuran entre las cincuenta regiones europeas (de un total de 220 regiones con datos) con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023. Tal y como pone de relieve el mapa 1, se observa un descenso de magnitud similar en muchas regiones italianas y griegas, pero también en países no mediterráneos como Polonia.


No obstante, la contracción de las cohortes jóvenes no se circunscribirá a los países más avanzados: el notable descenso de la natalidad en Latinoamérica, el África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo anticipa incluso una ralentización o una reversión de los flujos migratorios que hoy tienen como destino las economías desarrolladas. Se prevé, de hecho, que hacia mediados de siglo la población global empiece a descender[1]. Aunque desconocemos hasta qué punto los flujos migratorios, la tecnología o los nuevos modos de organización social mitigarán las consecuencias del cambio demográfico, se puede esperar que este obligue a reorientar las estrategias públicas y privadas en casi todos los ámbitos.

La transformación demográfica no es, en todo caso, un fenómeno abstracto ni un riesgo futuro: sus efectos ya están remodelando los cimientos de la organización social, económica y familiar. El Día Mundial de la Población, que se celebra el próximo 11 de julio, es una ocasión para recordar que el impacto la disminución de los nacimientos se despliega en múltiples escalas —desde la global hasta la local— y requiere respuestas y adaptaciones concretas en todas ellas. 


[1] Marc Novicoff, “The Birth‑Rate Crisis Isn’t as Bad as You’ve Heard—It’s Worse”, The Atlantic, 30 de junio de 2025. En este artículo, Novicoff recopila el trabajo de Jesús Fernández‑Villaverde sobre las tendencias de fecundidad y sus implicaciones así como sobre el exceso de optimismo sobre la evolución de la fecundidad de las proyecciones de Naciones Unidas. 

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El descenso en la población de educación infantil y primaria en España

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El Ministerio de Educación, FP y Deportes publicó el pasado 3 de abril la estadística sobre alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias. Uno de los datos que destaca en esta publicación es la continuación del descenso en la matriculación en el segundo ciclo de educación infantil en España (3 a 5 años). Nuestro país ha experimentado una disminución notable en el número de alumnos matriculados en este ciclo educativo, desde 1.440.607 en 2010-11 (que llegó a alcanzar los 1.470.717 en 2011-12) hasta 1.150.734 en el 2022-23. Es una caída de 289.873 en el alumnado de segundo ciclo de infantil (-20,1%) entre el curso 2010-11 y el 2022-23, evidenciando una tendencia sostenida que supera las fluctuaciones anuales y apunta a cambios estructurales más profundos en la sociedad, como la reducción en la tasa de natalidad. Es una caída en estos 12 años de la que no ha escapado ninguna comunidad autónoma, con un proceso más intenso de reducción de matriculados en Canarias (-26,9%), Asturias (-25,0%), Ceuta (-24,9%) y Castilla León (-23,5%). Por el contrario, con disminuciones más moderadas se encuentran Melilla (-6,0%), Baleares (-10,5%), Navarra (-12,6%) o Murcia (-15,7%). 

La disminución de la matriculación en educación infantil de segundo ciclo (3 a 5 años) ha continuado en el último curso también entre 2021-22 y 2022-23 con una reducción de 39.228 alumnos toda España (-3,3%). Ceuta (-7,5%), Melilla (-6,4%), País Vasco (-4,9%) y Galicia (-4,8%) han liderado la caída, mientras que la Comunidad Valenciana (-0,8%), Murcia (-2,0%), La Rioja (-2,1%) y Baleares (-2,6%) tenían disminuciones más moderadas.


La tendencia decreciente en la matriculación en este ciclo es el reflejo de un descenso en la natalidad en España que puede tener efectos negativos en la economía en su conjunto. El descenso en la natalidad puede llevar a una reducción de la población activa y un aumento en la carga fiscal para sostener el bienestar social, en particular para mantener el sistema de pensiones. Además, este fenómeno puede generar una mayor presión sobre los servicios de salud debido al envejecimiento de la población. Desde la perspectiva de la educación, por el contrario, la disminución en el número de matriculados puede afectar la calidad de la educación y la experiencia en el aula, dado que ratios más bajas de alumnos por aula pueden ofrecer una oportunidad para centrarse en mayor medida en las necesidades individuales de los estudiantes o la implementación de programas innovadores que fomenten el aprendizaje activo. En contextos donde la educación temprana es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional, asegurar el acceso equitativo es fundamental para prevenir la ampliación de las brechas de desempeño educativo que a menudo se observan en etapas educativas posteriores. La caída de la natalidad puede fortalecer el apoyo a familias de bajos ingresos para garantizar que más niños y niñas, independientemente de su origen, puedan beneficiarse de programas de alta calidad en la educación temprana.

La disminución en el número de estudiantes de segundo ciclo de infantil se trasladó años más tarde al siguiente nivel educativo, el de primaria (tablas 3 y 4). Desde el curso 2015-16, el alumnado de primaria en España ha caído desde los 2.926.887 hasta los 2.786.723 del último curso. En total, se han perdido 140.164 estudiantes en Primaria en nuestro país en los últimos siete años, un -4,8%. La cifra de 2022-23 de matrícula en España es aún más elevada que el mínimo registrado en 2000-01 y 2005-06, cuando todavía no habían llegado a las aulas de primaria el flujo de los hijos de inmigrantes que entraron en nuestro país. La caída en en primaria no es tan acusada como en educación infantil de segundo ciclo. Además, parece que en el último curso se ha desacelerado en alguna medida, con una disminución de 11.578 alumnos (-0,4%) entre 2021-22 y 2022-23 (en comparación a la reducción de 45.551, -1,6%, en el número de alumnos entre 2020-21 y 2021-22). Tampoco es tan generalizada como en educación infantil de segundo ciclo, con Baleares, Navarra y Madrid registrando leves aumentos si comparamos 2022-23 con respecto a 2015-16. La Comunidad Valenciana y Murcia también ha mantenido o aumentado ligeramente su matriculación en primaria en el último año. El aumento de alumnado extranjero en España ha evitado que la caída de educación infantil de segundo ciclo se traslade a primaria con toda la intensidad.  En 2022-23 hay 382.706 estudiantes extranjeros en España, 128.758 más que los 253.948 que había en 2015-16 ( 33,6%), un aumento de alumnado de fuera de nuestro país mucho más intenso que el que se ha producido en educación infantil y que ayuda de forma significativa a impedir un envejecimiento acelerado. 

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