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Cuenta atrás para apuntalar la recuperación

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Uno de los resultados más inesperados de esta crisis es el cambio de paradigma de la política económica europea. Frente al dogma del retorno al equilibrio presupuestario en 2011-12, sin miramiento por las consecuencias económicas ni sociales, en esta ocasión Bruselas se ha decantado por un apoyo inteligente a la coyuntura. Las reglas fiscales hubieran encorsetado la respuesta a la pandemia, de ahí la decisión de ponerlas en suspenso. 

El BCE, por su parte, ha jugado un papel crucial facilitando la compra de deuda pública en condiciones excepcionalmente favorables. Desde el inicio de la pandemia, la deuda del Estado se ha incrementado en 170.000 millones de euros (casi 3.600 euros por persona), y prácticamente todo ese pasivo nuevo se encuentra en el balance del banco central. Una política muy distinta de la restricción financiera y del incremento de tipos de interés de la época Trichet. El resultado es un abaratamiento del coste de financiación del Estado y una reducción providencial de la prima de riesgo.

Fuentes: Tesoro Público, Banco de España, BCE y Funcas.

Ese alineamiento de las planetas fiscales y monetarias es todavía necesario: la coyuntura interna parece estar padeciendo un nuevo ataque de debilidad, fruto de los cuellos de botella, la merma de poder adquisitivo producida por la inflación de precios energéticos y ahora Ómicron. El índice de producción industrial encadena 5 meses de caídas y las perspectivas de recuperación del turismo se ven empañadas por las restricciones que se extienden por toda Europa. 

Si bien las administraciones parecen estar acelerando la ejecución de los fondos europeos (sobre todo con la reciente aprobación del plan del vehículo eléctrico), el empuje llega tarde en relación al enfriamiento en marcha. Es probable, por tanto, que España no alcance los niveles de actividad prepandemia hasta finales de 2022 o inicios del siguiente ejercicio. 

¿Podremos seguir contando con una política económica europea tan benevolente? En parte sí, pero se vislumbran importantes cambios para los que convendría prepararse.  

Del lado amable, el argumento más contundente viene de Draghi. El primer ministro italiano nos ha acostumbrado a expresarse con parsimonia, y cuando lo hace suena como la llamada de un oráculo: “la reforma de las reglas fiscales es inevitable”. Y lo es, en primer lugar, porque la UE tiene que afrontar una transición energética más complicada de lo previsto, y que por tanto se requiere de un volumen ingente de inversiones para cambiar el modelo energético. Esto no es posible en el marco de la senda de consolidación establecido en el siglo pasado.  

El próximo gobierno alemán lo ha entendido, y podría estar dispuesto a aceptar que la inversión verde no se contabilice a efecto de los objetivos de déficit público. En segundo lugar, Francia e Italia comparten con nuestro país una situación presupuestaria y de deuda deteriorada —la consecuencia del reciente empujón a la inversión pública es un crecimiento más elevado que el nuestro, de momento—. Una vuelta de tuerca abrupta a partir de 2023, que es cuando las reglas fiscales se reactivarán hipotéticamente, provocaría un seísmo de consecuencias impredecibles. Por las mismas razones, el BCE solo puede normalizar su política monetaria gradualmente, so pena de tensar las primas de riesgo. 

No obstante, los planetas tienen su lado oscuro: todo apunta a que, el nuevo paradigma necesariamente incorpora condiciones. Los países “frugales” no han renunciado al manual, y exigirán una corrección de los desequilibrios presupuestarios a cambio de una eventual relajación de las reglas que se aplican a la inversión. Y la compra de deuda por razones de pandemia del BCE podría tocar a su fin a partir de la primavera, ante una inflación más persistente de lo anticipado, lo que nos abocará a recurrir más a los mercados. La política económica española dispone por tanto de un tiempo acotado para apuntalar la expansión, impulsando la inversión y la ejecución del plan de recuperación. Cuando giren los astros, el margen de actuación se estrechará irremediablemente. 

INDUSTRIA | El índice de producción industrial descendió un 0,4% en octubre, y más del 3% desde mayo. Según las encuestas cualitativas, la falta de suministros es la principal causa. Los cuellos de botella están impidiendo la realización de una abultada cartera de pedidos. Destaca la caída de la producción de bienes de equipo, en consonancia con el enfriamiento de la inversión y el retraso en la ejecución de los fondos europeos. Según la IGAE, el gasto total hasta octubre a cuenta de los fondos asciende a poco más de 6.000 millones. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española ante el espejo internacional

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Es tiempo de recortes de previsiones: la Comisión Europea, sumándose a la tendencia cuasi general, estima que la economía española se está recuperando menos de lo esperado, además de quedarse rezagada con el resto de la UE. No se puede achacar enteramente el resultado a la inabarcable ciencia estadística del INE, porque también existen factores objetivos que han lastrado el rebote de la demanda interna. Uno de ellos es la inflación, más intensa que en otros países, y su impacto en el poder adquisitivo de las familias y el consumo. La inversión, por su parte, titubea en un entorno de crisis energética con especial incidencia en nuestro tejido productivo, y porque el despliegue del Plan de recuperación se produce con demasiada lentitud. De los 19.000 millones de euros que recibiremos este año en fondos europeos, solo gastaremos en torno a la mitad, salvo un improbable cambio de ritmo en las próximas semanas. Tampoco ha ayudado que nunca llegaran muchas de las ayudas directas prometidas a las empresas.  

La decepción, sin embargo, no debería conducir al pesimismo, porque la recuperación se mantiene y se basa en un activo primordial: el auge de las exportaciones, entre las que destacan las de productos químicos y bienes de consumo duradero. Las ventas de las empresas españolas en el exterior superan ampliamente los registros precrisis: según la OCDE, el valor exportado de productos industriales y agrícolas entre enero y agosto, último dato disponible, alcanzó la cifra récord de 207.000 millones, es decir un 11% más que en el mismo periodo de 2019 (un incremento calculado por la OCDE en dólares para facilitar la comparación internacional). Esta es la mayor marca entre grandes países europeos, a la par con Italia. Y el resultado contrasta con el retroceso de Francia y sobre todo Reino Unido, unas economías con serios problemas de competitividad.   

Fuentes: OCDE, Banco de España y Funcas (estimación)

Claro está que las importaciones también suben, pero a menor cadencia (por ejemplo, este año las ventas en China se han incrementado a un ritmo que dobla el de las compras al gigante asiático). Todo ello redunda en un saldo exterior que arroja un abultado superávit, desmintiendo los pronósticos más alarmistas que anunciaban un déficit inexorable de las cuentas externas, tras la cuasi desaparición del turismo en 2020 (y su recuperación todavía parcial en el presente ejercicio) y la inflación de los costes importados, en especial los energéticos, registrada en el presente ejercicio. La solidez del excedente avala el posicionamiento competitivo del aparato exportador, incluso en un contexto tan complejo e incierto como el actual.  

Las empresas extranjeras también apuestan por nuestro país. Su participación en el tejido productivo se incrementa, con la entrada hasta agosto de cerca de 25.000 millones de euros en inversión directa, más que en todo 2019. En otro orden de ideas, la prima de riesgo que grava la compra de bonos españoles en relación a la referencia alemana se mantiene estable en valores reducidos. Otra muestra de confianza, si bien esto es en gran medida gracias a la acción del BCE. 

En suma, la competitividad aguanta las reverberaciones de la pandemia y el shock de suministros y de costes energéticos. La confianza internacional también se confirma, de modo que el principal déficit reside en las expectativas internas. Si éstas se afianzaran, su efecto dinamizador sería a la vez inmediato y potente. Nuestra economía podría pasar a ocupar un puesto destacado en el ranking de crecimiento europeo, después del traspié de este año vaticinado por Bruselas. De ahí la importancia de lograr un consenso social en torno a reformas clave, así como traducir el mensaje político en hechos palpables. Y agilizar la puesta en marcha del Plan de recuperación, priorizando los proyectos con más capacidad de reducción de los cuellos de botella que constriñen la actividad y lo seguirán haciendo todo el tiempo que dure la transición energética.

IPC | En octubre el IPC registró un incremento del 5,4% en términos interanuales, en línea con la estimación preliminar del INE y superando en 1,3 puntos la media de la zona euro. Si bien el encarecimiento de la energía es el principal factor de inflación, también repunta el núcleo central de precios:  los alimentos, y algunos bienes como los muebles, los automóviles y el material informático, empiezan a reflejar los incrementos de costes derivados del encarecimiento de la electricidad y de las materias primas, agrícolas e industriales, así como la escasez de suministros.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La gran liberación

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La crisis económica generada por la pandemia no tiene parangón, y todo apunta a que la recuperación, por su fuerte dependencia de factores psicológicos, será también singular. Las señales de rebote de la actividad son ya inequívocas: alza en mayo del principal indicador de coyuntura, hasta máximos de los últimos dos lustros (el PMI roza el valor 60, evidenciando una aceleración de la remontada); incremento en el mismo mes de la afiliación en más de 105.000 personas, descontando el efecto ERTE y la estacionalidad (los datos originales alcanzan el doble); vuelco de la confianza del consumidor hasta niveles precrisis; y renacimiento del turismo (aumentan las reservas de avión, si bien todavía se sitúan un 37% por debajo del mismo periodo de 2019, según las plataformas del sector). Todo ello coexiste con un sólido superávit externo, fruto del más que aceptable comportamiento de las exportaciones, prueba de que las empresas que han sobrevivido mantienen su competitividad.

Los hogares pierden miedo a gastar, y los turistas a viajar, desencadenando una abrupta liberación del gasto cautivado por la crisis. En las cuentas bancarias de los hogares españoles se han acumulado decenas de miles de millones de euros, y algo similar ha sucedido en la mayoría de economías avanzadas, formando una multibillonaria bolsa de consumo latente. El giro de expectativas al calor de la vacunación provoca el desembalse de esa demanda, casi simultáneamente en todos los países, poniendo a prueba un aparato productivo debilitado y con capacidad de respuesta muy desigual según los sectores.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, Markit Economics e INE.

El efecto colateral sobre los precios de la mejora de las expectativas no se ha hecho esperar y los síntomas son cada vez más generalizados. A la escasez de semiconductores y de metales perceptible desde los albores de la recuperación mundial a finales del pasado ejercicio, ahora se añade el encarecimiento de productos alimenticios (con alzas a un ritmo anual superior al 40%) y sobre todo de la energía, un bien esencial para sostener nuestra expansión (más del 30% en mayo). El resultado es una elevación acusada de los costes de producción para las empresas, y por supuesto un repunte del IPC. De mantenerse esta tendencia, una parte del sobreahorro generado por la crisis podría “volatilizarse”, convirtiéndose en un cuasi impuesto pagado por los hogares españoles a los productores de energía, de componentes tecnológicos y de materias primas.

La presión sobre los precios debería relajarse a medida que las empresas restauran su capacidad productiva y que la oferta se expande, en consonancia con el tirón de la demanda. Pero este proceso tomará tiempo, y podría ser incompleto en los sectores donde la producción está muy concentrada como los microchips, o se enfrenta a límites naturales como la extracción de minerales imprescindibles para la transición energética y el mercado europeo de CO2. Además, empiezan a aparecer cuellos de botella en los mercados de trabajo, por ejemplo, en el sector de la construcción —uno de los inesperados beneficiarios de la recuperación del gasto—.

Para la economía española, por tanto, se trata de atenuar las presiones inflacionistas internas y así maximizar el potencial expansivo de la demanda que se había quedado embalsada en la economía española. El despliegue del plan de ayudas directas a las empresas —cuya implementación se ha demorado incomprensiblemente— sería particularmente oportuno habida cuenta del progresivo retorno del turismo. La recalificación y recolocación de parados y de personas en ERTE debería ser otra prioridad: este es el momento de activar las políticas de empleo, y de combinar la protección con un papel más proactivo de la intermediación laboral. El giro coyuntural también aconseja una implementación cautelosa del plan de recuperación, priorizando los componentes más transformadores y limitando el riesgo de agravación de los incipientes cuellos de botella. Tras el Gran Confinamiento llega la gran liberación de gasto cautivo, exigiendo una nueva priorización de la política económica.


CONFIANZA | Las empresas vaticinan una intensa recuperación para los próximos meses, según el índice PMI de actividad futura, que en mayo rozó el máximo histórico de 75 por segundo mes consecutivo. Además, el sector de servicios gana tracción, reduciendo la brecha tanto con la industria como con la construcción. Las expectativas de consumo apuntan en la misma dirección: el índice de confianza del consumidor de mayo de la Comisión Europea para España recupera el valor de febrero 2020, superando la media de la serie histórica, un resultado avalado por el indicador del CIS.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Gestionando la salida de crisis

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La economía está cambiando de tendencia, tras un mal inicio de año evidenciado por el retroceso del PIB en el primer trimestre, un -0,5%. El lento despegue de la vacunación, junto con las inclemencias climatológicas y la contracción de algunos de los principales mercados como el alemán (un sorprendente -1,7%), han pesado sobre el consumo y la construcción.

Se ha echado de menos el plan europeo de recuperación como factor compensador. Las interminables negociaciones entre Bruselas y los estados miembros, así como las trabas surgidas en la aprobación de los fondos (las reticencias vienen ahora del Parlamento de Finlandia), han retrasado la puesta en marcha del plan en el momento que más se necesitaba. Los hechos, es decir, el impulso efectivo ejercido por la política económica, cuentan tanto o más que los anuncios. Así se explica que en la economía americana creciera un 1,6% en el primer tramo del año, al calor del rápido despliegue de los estímulos de la administración Biden, en contraste con el retroceso del 0,6% en la eurozona.

Afortunadamente la aceleración de la campaña de inmunización abre nuevas perspectivas. Las familias empiezan a animarse a gastar: las ventas de detalle crecieron un 3,5% en marzo, una tendencia que podría acelerarse según el repunte del índice de confianza de abril. Además, ante la eventualidad de poder viajar en un horizonte próximo, las reservas hoteleras están saliendo del coma inducido por las restricciones de movilidad (el portal Sojern registra un incremento mensual superior al 12% entre marzo y abril). Y el comercio internacional ya está en órbita de expansión, dopado por el auge de China y EEUU, hasta el punto de generar fenómenos de escasez de suministros industriales y semiconductores. El resultado es un rebote providencial de los indicadores de confianza tanto en la industria como en los servicios, que pasan a terreno positivo por primera vez desde el inicio de la crisis. Esta es una señal inequívoca de la inminencia de la remontada, en consonancia con las tendencias observadas en la afiliación a la seguridad social.

Gráfico 1

Gráfico 2

Así pues, cuando finalmente los fondos europeos estén disponibles, es muy probable que la economía ya haya entrado en fase de crecimiento. Si su vigor fuera insuficiente, sería conveniente priorizar los elementos del plan con efecto tractor inmediato, como la rehabilitación de vivienda o el plan de choque para el empleo juvenil. Pero si la demanda privada ya se hubiera disparado, sería más indicado hacer hincapié en los proyectos de transformación, con impacto sobre todo en el largo plazo, tal el coche eléctrico o la promoción del hidrógeno verde.

Por otra parte, el riesgo de pérdida de tejido productivo como consecuencia de la crisis ha empezado a materializarse. La última EPA registra una caída de la población activa de más de 100.000 personas, que refleja el fenómeno de desánimo y de desconexión del mercado laboral que se cierne sobre los colectivos más vulnerables. El paro juvenil alcanza niveles alarmantes, que prefiguran un impacto duradero de la crisis en términos de empleo y de pérdida de capital humano. Y el supervisor financiero europeo (Junta Europea de Riesgo Sistémico) advierte de un posible “tsunami” de insolvencias de empresas viables. Si bien esta es una amenaza en todos los países europeos, las consecuencias serían particularmente nefastas para las entidades financieras españolas peor posicionadas.

Todo ello apunta a la necesidad de no relajar la guardia ante el riesgo de erosión de capacidad productiva, porque la recuperación por sí sola apenas incidirá en la población activa, el paro de larga duración o los maltrechos balances de las empresas sobreendeudadas. De ahí la importancia de una política fiscal flexible, es decir que responda con celeridad a la incierta evolución de la coyuntura, y la vez preste la debida atención a la prevención de las cicatrices de la crisis.


ESCASEZ DE SUMINISTROS | El encarecimiento de los costes de producción se mantiene como uno de los principales retos de esta fase de salida de crisis. Los precios industriales se incrementaron un 6,3% en marzo, y un 4% sin la energía, como consecuencia de la escasez de suministros importados como los metales y los micro-procesadores. Las empresas apenas pueden trasladar el alza de los costes a sus precios de venta, como lo evidencia la reducción de la inflación subyacente (hasta el 0% en abril) y el débil crecimiento del deflactor del PIB (un 1% en el primer trimestre).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Viaje al epicentro de la crisis

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El elevado endeudamiento de las empresas como consecuencia de la crisis y la persistencia de un importante número de personas en expedientes de regulación temporal de empleo son —junto con el control sanitario de la pandemia— los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses. Para intentar suavizar el impacto de la primera ola pandémica sobre el aparato productivo y el empleo, la política económica desplegó un ambicioso plan de urgencia, con ingentes inyecciones de crédito (mediante el ICO) y una movilización sin precedentes de ERTE. Este cortafuego, que logró contener el cierre de empresas y los recortes de plantilla, era lo adecuado para un shock transitorio.

Sin embargo, la incapacidad de controlar los rebrotes de coronavirus y su corolario, la perspectiva de una recuperación truncada, plantean un escenario inédito. Porque muchas empresas se han endeudado sobremanera hasta el punto de alcanzar la insolvencia técnica, que se produce cuando los pasivos superan los activos y los ingresos no crecen. Los datos de la central de balances muestran que más de siete de cada diez empresas se enfrentaron a problemas de liquidez en el primer semestre. Además, una de cada seis compañías soporta unos pasivos que más que duplican el patrimonio neto. Su supervivencia depende de una hipotética recuperación de las ventas y de las condiciones de refinanciación de la deuda a medida que va venciendo.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, por definición los ERTE están concebidos para reducciones temporales de actividad —el dispositivo nació en el norte de Europa como apoyo a sectores, como la construcción, que se enfrentaban a las inclemencias del invierno—. Pero, en un contexto tan incierto e impredecible como el actual, la probabilidad de regresar al puesto de trabajo disminuye, ya sea porque la empresa de origen no es viable o que las personas trabajadoras se desmotivan o disminuye su empleabilidad. Los datos de septiembre, que apuntan a una reducción minúscula del número de perceptores de la prestación, muestran que esos riesgos se están materializando.

«Lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo […], la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos».

Raymond Torres

Esta situación plantea una disyuntiva. Si los dispositivos se prolongan sin grandes cambios, para así proteger a los colectivos más vulnerables, se incrementa el riesgo de cronificación de la insolvencia y de paro de larga duración. Pero un recorte provocaría cierres en cascada de negocios, incrementos de morosidad bancaria y una escalada abrupta del desempleo, ensombreciendo las perspectivas de recuperación y agravando las desigualdades sociales.

El camino pasa por la adaptación de los dispositivos temporales existentes y, bajo esa premisa, su extensión durante todo el tiempo que sea necesario, de modo que las inyecciones generalizadas de liquidez vayan dando paso a ayudas a la capitalización selectiva de empresas con pérdidas pese a ser viables y a la reestructuración de las que no tienen un futuro garantizado. En cuanto a los ERTE, la puesta en marcha de un dispositivo de recolocación, formación y reciclaje en contrapartida a las transferencias monetarias parece ineludible.

Los fondos europeos no responden a esta urgencia. Porque lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo, y las inversiones financiadas —según se espera— por Bruselas en digitalización y transición ecológica no tienen ese objetivo. Además, la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos.

Así lo ha entendido el Gobierno italiano, que acaba de anunciar su plan de recuperación con un interesante conjunto de medidas de recapitalización de empresas y “activación” de personas en riesgo de exclusión social. Nuestro punto de partida es menos desfavorable en términos de finanzas públicas y capacidad de crecimiento. Todo empieza por reconocer la magnitud del riesgo incrementado de insolvencia que se cierne sobre la economía española. Junto con el control de los rebrotes, esa sería una fórmula más potente que las ayudas europeas para darle luz al otoño y reanudar la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos de crisis

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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La gestión de una crisis desigual

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Con la revelación en fechas recientes de los planes de ayuda al turismo y al sector del automóvil, y la probable extensión de los ERTE, se abre una nueva etapa en la respuesta a la crisis derivada de la pandemia. Para la política económica se trata de adaptar los dispositivos a un impacto que está siendo muy desigual, y que por tanto requiere de un cambio en la estrategia para que la recesión no se cronifique. Y que el déficit público sea asumible, algo que solo ocurrirá si la economía inicia una senda de fuerte recuperación.

Era necesario mostrar señales concretas de respaldo a los sectores más dependientes de la movilidad, tanto por su enorme peso en la economía española como por la situación inquietante que atraviesan. Durante las semanas centrales del confinamiento, los ingresos en concepto de turismo fueron prácticamente nulos, mientras que las fábricas de automóviles apenas pudieron funcionar por falta de pedidos. Las sombrías perspectivas de recuperación contrastan con el rebote que ya ha empezado a producirse tras el confinamiento en otros sectores como el comercio, la industria agroalimentaria o los servicios que recurren al teletrabajo.

Gráfico 1

Sin embargo, las premisas sobre las que descansan los planes no parecen responder a las características de la crisis en marcha. En el caso del automóvil, los estímulos a la compra de coches no contaminantes chocan con la escasa oferta en nuestro país. Solo dos modelos de turismos totalmente eléctricos se fabrican en España, y por tanto es probable que las subvenciones sirvan principalmente para estimular las importaciones. Por comparación, los Gobiernos de Alemania y Francia invierten masivamente en la renovación de las cadenas productivas y apuestan por la innovación (motor eléctrico, hidrógeno, infraestructuras). La industria china, por su parte, ha ampliado la capacidad instalada en el norte de Europa, y por tanto está bien posicionada para aprovechar las ayudas a la compra que ponen en marcha otros países, entre otros el nuestro. En cuanto al turismo, el Gobierno anuncia una línea adicional de avales y créditos en condiciones ventajosas. Algo que, unido a una eventual extensión de los ERTE por fuerza mayor, aporta un balón de oxígeno para empresas que se enfrentan a una falta coyuntural de liquidez. Pero esto no parece suficiente en otras empresas que consideran que su actividad se resentirá por un tiempo indefinido y para las cuales la quiebra puede ser la opción más racional, a menos que se beneficien de ayudas directas (para el pago del alquiler y otros gastos no cubiertos por los ERTE) que de momento no se contemplan en los planes oficiales.

La extensión de los ERTE es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor

Raymond Torres

Una estrategia de conquista de nuevos mercados (facilidades para personas que podrían teletrabajar desde España para otros países, turismo rural y cultural, etcétera) también ayudaría. A diferencia del sector del automóvil, una ayuda a la demanda ejercería un fuerte impacto en la actividad. Es llamativo que Italia ofrezca bonos de 500 euros a las familias con pocos recursos que veraneen en su país, y Grecia subvencione los traslados a las islas.

Finalmente, la misma lógica de mayor selectividad y a la vez generosidad para los sectores que más se resienten se podría aplicar a los ERTE. Su extensión es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor.

En suma, la desescalada del arsenal de medidas de apoyo al tejido productivo tendrá que ser gradual, y a la vez complementarse con dispositivos bien diseñados para los sectores que más se resienten de la crisis. Sin duda este giro en la política económica es complejo técnicamente, requiere de apoyo institucional sin el cual los incentivos fiscales tienen dudosos resultados, además de necesitar financiación. Pero de cómo se opere depende la intensidad de la recuperación, y por tanto la sostenibilidad de la deuda pública.

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¿espejismo-financiero?

¿Espejismo financiero?

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Es importante que exista ilusión frente al miedo, pero también son precisas referencias sólidas para que todo no quede en un espejismo. La última semana, siguiendo la tendencia de las anteriores, destacó por dos acontecimientos financieros. El primero, la favorable evolución de los mercados de renta variable de todo el mundo, del que el Ibex 35 no fue excepción. Parecen haberse superado los peores niveles alcanzados en marzo, en pleno tsunami de la covid-19. Sorprende, en cierto modo, porque la economía real aún está comenzando a reactivarse y tiene pronósticos preocupantes e inciertos. Los mercados siguen yendo por libre en relación con la economía real. El pesimismo no ayuda. Tampoco esperar la recuperación por la pura inercia que generó la caída.

Las acciones del BCE siguen sirviendo para anestesiar las primas de riesgo, pero pocos confían ya en su poder vigorizante para recuperar crecimiento e inflación. Que la autoridad monetaria haya decidido aumentar notablemente volúmenes y alcance de la adquisición de títulos durante la pandemia era necesario e importante pero también indicativo de las negativas previsiones macroeconómicas para la eurozona que debe estar manejando el banco central. No se conoce aún el verdadero fuelle de la recuperación de los sectores productivos.

Precisamente la segunda referencia financiera que ha llamado la atención recientemente ha sido la notable reducción de las primas de riesgo de los países de la zona euro más afectados por la pandemia, incluido España. Están a niveles pre-covid. El programa pandémico de compras del BCE parece estar funcionando. En cuanto al tan comentado fondo de recuperación europeo, podría existir la tentación, como sucedió en la anterior crisis —en la que se propuso frecuentemente el rescate completo para España— de que nuestro país haga como hipótesis de partida la necesidad de emplear al máximo las transferencias y créditos “blandos” de esa facilidad europea.

«Hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro, pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible)».

Santiago Carbó

Están aún en proceso de negociación y los primeros desembolsos aún tardarían en llegar. Creo que es importante liberarse de cualquier espejismo y entender el papel que España debe señalizar ante la UE ahora. Si Europa está más abierta a ayudar y flexibilizar criterios, hay que situarse como candidato para los supuestos positivos, no los negativos o derrotistas. Todo ello reconociendo que tenemos serias restricciones financieras que impiden mayor contundencia en las acciones públicas para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Contar con más recursos facilitaría a España una mayor artillería (desde ya) para ser contundente y eficaz en materia de gasto sanitario y de apoyo a empresas y familias. Eso puedo entenderlo. Sin embargo, en la negociación parece necesario mantener la cabeza fría y no revelar una ansiedad que podría llevarnos con más velocidad de la deseada a tomar decisiones que dentro de unos meses podrían ser contraproducentes. También nos alejaría de nuestra propia responsabilidad y planes de acción. En suma, hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro —sobre todo en un contexto de restricciones fiscales y potenciales tensiones en la deuda soberana— pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible).

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