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La inmigración y el empleo de los españoles

febrero 9, 2026

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española.

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera.

No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral.

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–. Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia.

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Pensiones, de nuevo sobre el tapete

diciembre 10, 2025

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El reciente informe de la OCDE sobre las pensiones ha vuelto a encender todas las alarmas. El sistema público español figura entre los menos sostenibles financieramente del conjunto de economías avanzadas. No se trata de una sorpresa, pero sí de una constatación contundente de que las reformas aplicadas en los últimos años, aunque han mitigado tensiones inmediatas, no han corregido los factores estructurales que erosionan la viabilidad a largo plazo del modelo. Y este laberinto apunta a que el sistema público afronta su mayor encrucijada en décadas. El diagnóstico es claro: la combinación de envejecimiento acelerado, baja natalidad, precariedad laboral y elevada dependencia del presupuesto estatal conforma un cóctel difícil de sostener. En el 2025, por cada 100 trabajadores cotizantes ya hay más de 60 pensionistas; en dos décadas, si la tendencia no cambia, esta ratio podría superar el umbral crítico del 80%. España, señala la OCDE, se ha convertido en un caso paradigmático de “presión demográfica extrema”.

El estudio no se limita a la aritmética poblacional. Nos recuerda otras muchas dificultades. Hace hincapié en que el sistema español destaca por su elevada “generosidad” relativa, fruto de décadas de vinculación de las pensiones al salario previo y de actualizaciones orientadas a preservar el poder adquisitivo. Esa fortaleza social –indiscutible desde el punto de vista del bienestar– choca con una base de ingresos cada vez más dependiente de transferencias de los presupuestos generales del Estado. En otras palabras, el sistema ya no se financia mayoritariamente con cotizaciones, sino con impuestos presentes y futuros. Lo verdaderamente innovador del análisis de la OCDE es su propuesta de mirar más allá del clásico debate entre recortes y subidas de cotizaciones. El organismo plantea tres líneas de actuación que requieren un consenso político poco habitual. Por un lado, propone integrar tecnología y automatización para aumentar productividad y, con ello, la masa salarial sobre la que se financia el sistema. En segundo lugar, recomienda rediseñar la trayectoria laboral permitiendo carreras más flexibles, combinadas y prolongadas, que incentiven la cotización más allá de los 67 años sin penalizar a los trabajadores de mayor edad. Y por último, apoya reformular el pacto intergeneracional con mecanismos que ajusten parámetros de forma automática y gradual ante cambios demográficos, evitando reformas bruscas cada década.

En definitiva, el problema de las pensiones no es solo financiero, sino cultural e institucional. Requiere repensar el contrato social en un país que envejece más rápido que su economía. Nuestro país aún está a tiempo de construir un sistema robusto para el 2050. Pero cada año perdido aumenta la pendiente. Reforzar cuanto antes la sostenibilidad ya no es solo una opción técnica. Nos estamos jugando el núcleo del futuro del Estado de bienestar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Enfrentamiento intergeneracional, solo si nos empeñamos

septiembre 25, 2025

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Una idea ha empezado a cundir en la discusión pública española, y no está claro que sea para bien: la de una suerte de enfrentamiento generacional latente con motivo del funcionamiento del sistema de pensiones. Sin embargo, tal enfrentamiento no existe.

Desafortunadamente, el debate sobre las pensiones y el sistema de bienestar consiste en gran medida en una conversación simplista y pobre en la que economistas, politólogos y sociólogos nos empeñamos en ver a los individuos, ahora agrupados en generaciones, como agentes definidos estrictamente por intereses egoístas, miopes y enfrentados. Sin embargo, los intereses no son objetivos ni están dados. Sí dependen, en alguna medida, de la base material de nuestra vida, pero no solo. Pero se configuran asimismo según el sentido que le demos a esa vida, incluido su componente material, que es solo una parte. Ese sentido tiene que ver muy primeramente con nuestra cultura, que condiciona nuestra experiencia de vida material. Es decir, cultura y experiencia vivida se entrelazan inevitablemente, de modo que no cabe reducir la experiencia vivida de los individuos a su mera pertenencia a categorías económicas o sociológicas.

En su momento se quiso entender, en parte con razón, la regulación y el funcionamiento del mercado de trabajo español como un enfrentamiento entre insiders (contratos indefinidos, niveles altos de protección y seguridad, salarios altos) y outsiders (contratos temporales, niveles bajos de protección y seguridad, salarios más bajos). Sin embargo, muchos olvidaron ya entonces que los insiders y los outsiders forman parte de las mismas familias. Son los padres y sus hijos, no meros individuos inconexos, y viven y ven las cosas en continuidad (consanguínea) intergeneracional, no libre de tensiones, claro.

Del mismo modo, no pueden estar enfrentados tan obviamente los supuestos intereses de los jóvenes y los llamados boomers. Este enfrentamiento puede referirse a la generación de los hijos (mis dos hijas) y la de los padres (mi esposa y yo). Ellos (ellas), en la veintena o empezando la treintena; nosotros, entrando o entrados en la sesentena. De nuevo, como los insiders y los outsiders de antaño, cenamos juntos todos o casi todos los días. Si se piensa que los boomers son los jubilados actuales, hablamos de nietos y abuelos. No cenan juntos todos los días, pero se ven semanalmente, con gusto, y habitualmente con devoción recíproca.

El sentido que le damos a la vida material –inseparable de la no material– también tiene que ver con las interpretaciones que la discusión pública pone a nuestra disposición. Si nos empeñamos en que sean de enfrentamiento generacional, pueden acabar calando, sobre todo si no compiten con otros marcos interpretativos.

El del enfrentamiento no es el único marco posible. También cabe plantear el argumento de los intereses comunes entre las generaciones, que refuerza la sensación de continuidad que tenemos de manera bastante natural: no es que haya que quitar a los mayores para dar a los jóvenes (en el juego de suma cero que representaría el conflicto intergeneracional). Se trata, más bien, de ir descubriendo, configurando y consolidando arreglos socioeconómicos según los cuales las ganancias de los unos no actúan en detrimento de los otros, y en los que los necesarios sacrificios temporales, de los unos, de los otros o de ambos, tienen sentido a medio y largo plazo para el sostenimiento de la base material de las diferentes generaciones, de la sintonía cultural entre estas y, en última instancia, de la continuidad de la comunidad. ¿Los abuelos o los padres a unos años de jubilarse de los que hemos hablado antes no atenderían a argumentos que plantean los problemas del sistema de pensiones actual (muy beneficioso para ellos) si son abordados de ese modo? Menudos abuelos y padres serían.

En esta tarea de replanteamiento de los marcos de entendimiento de nuestra propia situación debería tener un papel relevante, también, la clase política. Lleva tiempo sin tenerlo, por dos razones. Primera: gran parte de ella también se guía, para ganar elecciones, por su visión estrecha de los intereses de los grupos: a los mayores, jubilados o a punto de serlo, que son muchos y votan mucho, se les prometen subidas de pensiones, caiga quien caiga, como sea. Esto seguramente sea eficaz, habida cuenta de las dificultades que todos tenemos para entender un problema tan complejo, especialmente si casi nadie nos ha ofrecido eficazmente marcos de argumentación que hayamos podido hacer nuestros y que sean distintos del habitual: has trabajado mucho, has cotizado mucho para tu pensión, es justo que recibas una pensión generosa. Segunda: la poca audacia de no atreverse a ensayar una conversación con los votantes, de todas las edades, en las que se les trate de adultos y se les ayude a razonar en términos de acuerdos intergeneracionales como los propuestos más arriba. No afirmo que sea fácil plantear esa conversación ni, más aún, que se consigan todas las persuasiones recíprocas apropiadas, pero no lo sabremos si no lo intentamos.

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Pensiones: la adversativa silenciada

mayo 21, 2025

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Demasiado a menudo el debate sobre las pensiones se plantea como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre detractores y defensores del Estado del Bienestar, entre economistas neoliberales y keynesianos; los primeros (según los segundos), empeñados en cuestionar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas para generar desconfianza en ellas y alentar las privadas; los segundos (según los primeros), aferrados a la idea del sistema público de pensiones como un pacto social intergeneracional cuyo mantenimiento no depende más que de la voluntad política de los gobernantes.

Semejante pugna se compadece mal con la historia. El sistema de pensiones de la Seguridad Social se trazó y comenzó a desplegarse durante el último tercio de la dictadura franquista ante la insolvencia del sistema de mutualidades laborales basado en la capitalización de aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores agrupados por ramas de producción. Nació, en realidad, de un fracaso institucional, no de un pacto social. Los gobiernos de la transición heredaron un sistema de pensiones joven, homologable al de otras democracias europeas, y decidieron desarrollarlo por convicción en la superioridad de este modelo para proveer rentas adecuadas a los trabajadores (y sus familias) que, por diversas contingencias, salieran del mercado de trabajo. Cuando en los años ochenta, con aproximadamente la mitad de afiliados a la Seguridad Social de hoy, los ingresos contributivos corrientes comenzaron a escasear para cubrir la totalidad de gastos contributivos (los remanentes de las cotizaciones se habían destinado habitualmente a otros gastos), se consideró necesario reformar las reglas de cálculo originales de las prestaciones, diseñadas de un modo desproporcionadamente “generoso”. Ese fue el gran objetivo de la reforma de 1985, que, junto con la de 2011 –ambas aprobadas bajo gobiernos del PSOE–, son consideradas por todos los expertos como las más eficaces en la racionalización del sistema de pensiones y la contención de su gasto.

Ciertamente, en el plano del discurso político, los partidos de izquierda han sido más enfáticos en la defensa del Estado del bienestar y sus diferentes pilares, toda vez que ella representa su médula programática. Sin embargo, no cabe olvidar que, antes de que se aprobara el Pacto de Toledo en abril de 1995 como dispositivo institucional para consensuar las reformas del sistema de pensiones y encapsular el debate partidista sobre ellas, probablemente nadie había expresado con tanta claridad y contundencia su preocupación por la evolución financiera de las pensiones como el ministro socialista Pedro Solbes, quien, como otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, anticipó la fuerte expansión del gasto en pensiones por razones fundamentalmente demográficas^[1]. Desde la aprobación del Pacto de Toledo los ministros del ramo económico se han prodigado más bien poco en declaraciones sobre las pensiones, asumiendo esta función comunicativa quienes han ostentado las carteras del ramo social (Trabajo y Seguridad Social). Y así, aunque en las últimas décadas todos los gobiernos españoles han recibido numerosas “advertencias” de organismos internacionales, instituciones europeas y expertos nacionales y extranjeros acerca de la creciente presión financiera sobre el sistema de pensiones, las respuestas han sido generalmente del mismo tenor: “las pensiones están aseguradas hoy y en el futuro”, dando siempre a entender que mantendrán los actuales niveles de cobertura y sustitución de rentas. No se ha escuchado, sin embargo, la correspondiente oración adversativa: “… pero esto va a exigir más cotizaciones y/o más impuestos; es decir, más esfuerzo contributivo (de empresarios y trabajadores) y/o más esfuerzo tributario (de todos los ciudadanos).”

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas desde 2021 responden, al fin y al cabo, a esa adversativa silenciada. Disponen el aumento de los ingresos a la Seguridad Social a través de cotizaciones y transferencias del Estado e incentivan el retraso voluntario de la jubilación. En 2024, recién iniciada la entrada en el sistema de pensiones de los baby boomers^[2], el gasto en pensiones (estimado en 206.000 millones de euros, 13% del PIB)^[3] supone cerca de un tercio del gasto de las Administraciones Públicas. Aunque el crecimiento de los ingresos por cotizaciones ha doblado holgadamente al del PIB (debido a la evolución de la afiliación y a las nuevas normas de cotización) y aunque la Seguridad Social ha recibido 56.000 millones de euros en transferencias (el equivalente a algo más de cuatro nóminas mensuales de pensiones), ha precisado un préstamo de unos 10.000 millones de euros para cubrir la totalidad del gasto comprometido.

De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050 el gasto en pensiones podría haber crecido al 16,1% del PIB. Otras fuentes sitúan esta cifra entre el 14,7% y el 17,3% del PIB^[4]. Por tanto, ninguno de estos análisis pronostica que el crecimiento de la economía española vaya a ser capaz de estabilizar el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Pero tampoco ninguno amenaza con la “quiebra” del sistema, si bien algunos sí llaman la atención sobre el coste de oportunidad derivado de la asignación de más recursos públicos a las pensiones.

Por su complejidad técnica, el debate de las pensiones se presta a la asunción de marcos de interpretación excesivamente simplificados. Alejémonos de ellos y exijamos que los análisis sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones sean juzgados por la calidad y transparencia de sus datos y cálculos (lo que posibilita su contraste y réplica) y por la consistencia de sus conclusiones, sin prejuzgar sus intenciones antes incluso de leerlos.

^[1] En palabras de Pedro Solbes: “No hay ningún problema en cuanto al cobro de pensiones en el momento actual ni lo va a haber en los próximos diez o quince años. El problema es para después” (véase, por ejemplo, la portada de ABC, de 22 de febrero de 1994). En cuanto a las declaraciones de otros funcionarios de ese ministerio, véase Herce, J. A. y Pérez-Díaz, V. (1995). La reforma del sistema público de pensiones, Barcelona: laCaixa, págs.68-70.

^[2] Hombres y mujeres nacidos entre 1958 y 1977, periodo durante el cual se superó la cifra de 650.000 nacimientos anuales (en 2024, el número de nacimientos en España se situó en 322.000).

^[3] Instituto Santalucía, Pensiómetro 1/2025, pág. 14 (Datos provisionales).

^[4] Muy próxima a la cifra más elevada se halla la estimación de Miguel Ángel García presentada en las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

diciembre 11, 2024

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total.

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público.

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados.

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Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

junio 9, 2023

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El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

abril 28, 2023

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Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).

El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.

Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).

En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).

Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

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La reforma de las pensiones: más que una oportunidad perdida

marzo 28, 2023

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Suficientes, más equitativas y sostenibles: así son las pensiones que, según el Gobierno, garantiza su nueva reforma. Tres adjetivos biensonantes derivados de otros tantos conceptos muy arraigados en el discurso político europeo sobre las pensiones, pero de los cuales se echan en falta definiciones operativas: suficiencia, equidad y sostenibilidad.

Empecemos por la suficiencia. ¿Qué significa «pensiones suficientes»? Si preguntáramos al respecto a los pensionistas, probablemente muchos responderían con buen criterio: «¿Suficientes para qué?». Y es que sin una referencia de suficiencia (por ejemplo, la capacidad efectiva para acceder a una cesta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas de alojamiento y manutención) no cabe atribuir la condición de suficiente a renta alguna. En ausencia de esa referencia, el Gobierno suele recurrir al expediente de identificar la suficiencia de las pensiones con su revalorización (incondicional) conforme al IPC. Es un recurso políticamente sencillo y electoralmente rentable (más, todavía, cuando se excluye la posibilidad de revalorizaciones negativas si desciende la inflación), pero financieramente arriesgado, puesto que puede implicar aumentos significativos e imprevistos del gasto en pensiones (según estimaciones del Banco de España, cada punto de la revalorización aplicada a las pensiones de este año cuesta en torno a 1.800 millones de euros consolidables).

Sigamos con la equidad. En un sistema de pensiones contributivas, como las más de 10 millones que ya provee la Seguridad Social, la equidad fundamental debería residir en el establecimiento de reglas de proporcionalidad justas (no discriminatorias) entre lo que se ha aportado al sistema a través de cotizaciones y lo que se percibe de él a lo largo de todo el periodo de percepción de la pensión. Sabemos por diversos análisis que esta equidad es muy imperfecta en nuestro sistema de pensiones. En efecto, aunque la mayoría de los ciudadanos lo desconozca, todos los jubilados (con carreras de cotización completas) que cobran su pensión durante algo más de diez años perciben del sistema más de lo que cotizaron a él (tanto más, cuanto más tiempo vivan). Sin embargo, algunos pensionistas consiguen mejores pensiones con menores esfuerzos contributivos y otros, peores pensiones con mayores esfuerzos contributivos (por ejemplo, los que cotizaron más años de los precisos para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión). La nueva reforma de las pensiones no solo no corrige estas inequidades actuariales, sino que las refuerza al imponer incrementos de las cotizaciones sociales que no se incorporan al cálculo de la pensión. Esto último lo consuma a través de una triple vía: reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional (con tasas progresivamente más altas y una vigencia temporal más prolongada), elevando las bases máximas de cotización por encima de la inflación (sin un alza equivalente de la pensión máxima) y creando una «cuota de solidaridad» (que grava el importe del salario superior a la base máxima): incrementos gratis et amore para la Seguridad Social que constituyen elementos de redistribución de la población empleada –y, en particular, de los empresarios y los trabajadores mejor retribuidos (normalmente en virtud de su mayor productividad)– a los pensionistas. Por tanto, la nueva reforma debilita la equidad contributiva en beneficio de una equidad redistributiva que, en los Estados del bienestar mejor organizados, se persigue mediante instrumentos de política social financiados con impuestos generales.

Por último, detengámonos en la sostenibilidad y distingámosla del sostenimiento. Si convenimos en que es sostenible lo que se puede sostener sin que los costes para ello provoquen más perjuicios que beneficios para la comunidad, afirmar que un gasto es sostenible exigirá una valoración de los costes de sostenimiento basada en la mejor evidencia disponible. El sistema de pensiones de la Seguridad Social, cuyo porcentaje de gasto sobre el PIB ronda actualmente el 12% (alrededor de 12.000 millones de euros mensuales), ha sido sostenido financieramente desde sus orígenes, incluso cuando los ingresos por cotizaciones no han bastado para cubrir los gastos en prestaciones. Pese al déficit contributivo, continuado desde 2011, la Seguridad Social ha pagado puntualmente todas las pensiones; eso sí, al precio de vaciar prácticamente el fondo de reserva («la hucha de las pensiones») y recibir préstamos y transferencias de considerable volumen del Estado. La pregunta no es si este Gobierno y los que le sucedan van a seguir sosteniendo el gasto en pensiones, que lo harán (porque si no, sucumbirían inmediatamente); la pregunta es qué costes implicará este sostenimiento del gasto en pensiones que previsiblemente crecerá entre tres y cinco puntos sobre el PIB hasta 2050 (o más, si el PIB cayera arrastrado por una recesión).

En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron (con mayor o menor fortuna y eficacia) los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por un cambio de paradigma en la política de pensiones consistente en fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social; pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países europeos, han permanecido estables muchos años. Según el Gobierno, hay margen para semejantes aumentos de las cotizaciones, puesto que los costes laborales por hora trabajada son en España más bajos que en otros países de nuestro entorno. Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.

La Comisión Europea ha aceptado esta reforma de las pensiones con la que el Gobierno se propone rematar el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia («Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo») y asegurarse así la recepción de los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Ha sido prudente y no ha calificado la reforma, pero más probable parece que le merezca un aval «con reservas» que una consideración de «referente internacional». Sí ha gustado, y mucho, a los sindicatos, que la celebran como el resultado de un «acuerdo histórico». En cambio, las organizaciones empresariales la perciben como un atropello inaceptable, quizá lamentando ahora haber permanecido demasiado «a la expectativa» durante estos meses.

Esta pieza final de la reforma de pensiones promovida a matacaballo por el Gobierno no supone sólo otra oportunidad perdida para generar confianza en el sistema de pensiones mejorando sus reglas de funcionamiento conforme a los conocimientos que expertos nacionales e internacionales proveen desde hace años y actualizan puntualmente. También ahonda en el conflicto político y en la devaluación del Parlamento (completamente al margen de la articulación de esta norma), en la sensación de inseguridad jurídica que albergan muchos empresarios y en la desconfianza de la población hacia la política y los políticos. Y no, la reforma no creará «un sistema muy sólido, con pensiones suficientes, muy bien financiado, muy sostenible y más equitativo», como aseveró el ministro José Luis Escrivá hace unas semanas, en medio de las negociaciones con la Comisión Europea. Quizá fuera tal su propósito, pero, con la evidencia de la que a día de hoy disponemos, esa rotunda afirmación no es más válida que su contraria.

Este artículo se publicó originalmente el el diario El Mundo.

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La aparente levedad de la deuda

julio 5, 2021

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad.

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados.

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Pensiones fuera del sistema

junio 29, 2021

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Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad —que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar—, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea, fuera del sistema.

Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente, ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios —que decide el Gobierno—, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios, por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.

Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.

La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así. Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del Estado del bienestar.

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