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La desigual geografía de las mujeres refugiadas en Europa

junio 19, 2025

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Las mujeres que huyen de sus países en busca de protección internacional enfrentan una doble vulnerabilidad: además de sufrir las consecuencias de los conflictos —violencia, persecución, pérdida de medios de vida—, están expuestas a riesgos añadidos durante el trayecto migratorio, como la violencia sexual, la trata o la explotación. Aunque hombres y mujeres comparten muchas de las razones que los llevan a solicitar asilo, los costes físicos, emocionales y sociales del proceso suelen ser distintos. También influyen de manera desigual factores como la aversión al riesgo o las normas sociales: en muchas sociedades, a las mujeres se les asigna el rol principal de cuidadoras, lo que puede limitar su capacidad o disposición para migrar. Por ello, su menor presencia en el asilo europeo refleja no solo desigualdades en la experiencia migratoria, sino también en las condiciones que determinan la decisión misma de migrar.

En 2024, las mujeres representaron apenas un tercio de las solicitudes de asilo en la Unión Europea, aunque su presencia varía notablemente entre países. En Austria (44 %), Francia (44 %) o España (42 %) se acerca a la mitad, mientras que en Eslovenia (4 %), Bulgaria (13 %), Eslovaquia (19 %) o Italia (19 %) es claramente minoritaria (gráfico 1). Estas diferencias no son solo coyunturales, sino que responden a patrones consolidados. Como muestra el gráfico 2, Francia y España han mantenido durante la última década una proporción de mujeres solicitantes sistemáticamente superior a la media europea, fuertemente condicionada por la evolución de Alemania, el país que con diferencia recibe el mayor número de solicitudes. En contraste, Italia y Grecia presentan una presencia femenina mucho menor: desde 2021, menos del 30 % en Grecia y por debajo del 20 % en Italia.

La composición femenina de las solicitudes de asilo varía según el país de destino, reflejando tanto las rutas migratorias como el origen nacional de los solicitantes. Los países con mayor proporción de mujeres suelen recibir más peticiones de personas latinoamericanas, mientras que aquellos con flujos procedentes de Asia, África u Oriente Próximo presentan una composición más masculinizada. En España, donde las mujeres representan el 42 % de las solicitudes en 2024, esta presencia se vincula al peso de solicitantes latinoamericanos, entre quienes la participación femenina es alta: 54 % entre los venezolanos, 48 % en los colombianos y 51 % en los peruanos (gráfico 3). En todo caso, el creciente flujo de solicitudes en España de malienses y senegaleses puede cambiar este patrón. De sus solicitudes, solo el 2 % y el 8 %, respectivamente, se corresponden con mujeres.

Francia, por su parte, destaca por acoger una proporción elevada de mujeres solicitantes (44%). Llama la atención que esta elevada presencia femenina no se debe únicamente al origen nacional de quienes solicitan asilo, sino también a que, para una misma nacionalidad, Francia acoge un porcentaje de mujeres mayor que otros países europeos (gráfico 3). En 2024, el 57 % de los solicitantes de asilo ucranianos en Francia fueron mujeres, mientras que ese porcentaje fue notablemente menor en Alemania (35 %), Grecia (40 %), Italia (41 %) y España (44 %). Esta diferencia también se reproduce para otras nacionalidades: Francia presenta mayores porcentajes de mujeres entre los solicitantes de países africanos como Guinea o Costa de Marfil. Es decir, más allá del país de origen, existen factores específicos del contexto francés —como la existencia de redes migratorias previas, trayectos migratorios más seguros o la mayor frecuencia de viajes por vía aérea— que favorecen una mayor recepción de solicitudes de asilo de mujeres.

Italia representa el caso opuesto: recibe un alto número de solicitantes de Asia y el norte de África, donde la proporción de mujeres es muy baja —como Bangladesh (1 %), Pakistán (2 %) o Egipto (2 %)—, y además esa proporción es inferior a la observada en otros países europeos. Un patrón similar se da en Grecia, con principales orígenes como Siria (26 % de mujeres), Afganistán (42 %) y Egipto (1 %). Estas cifras sugieren que las rutas hacia Italia y Grecia siguen estando fuertemente masculinizadas. Alemania, aunque con mayor volumen total, presenta un perfil similar: entre los solicitantes de Siria (28 %), Afganistán (30 %) o Turquía (33 %), la participación femenina también es baja (gráfico 3).

La estructura por edad de las personas solicitantes también ofrece claves importantes para entender las diferencias de género en los sistemas de asilo europeos. En todos los países analizados, las mujeres tienden a concentrarse en edades más diversas que los hombres, mientras que estos últimos presentan un claro predominio del grupo entre 18 y 34 años (gráfico 4). Este patrón es especialmente acusado en países como Italia o Grecia, donde más del 60 % de los solicitantes varones se sitúan en ese rango de edad (69 % y 59 % respectivamente). De hecho, en estos dos países el 56 % y el 44 % del total de solicitantes de asilo se corresponde con varones de 18 a 34 años, mientras que en España esta cifra se reduce al 33 % y en Francia al 28 %. En contraste, la distribución femenina está más equilibrada. De hecho, en Francia y Alemania las solicitudes de mujeres menores de edad tienen un peso relativamente importante.

Estas diferencias apuntan a trayectorias migratorias distintas según el país de destino: mientras que los hombres jóvenes suelen llegar solos por rutas terrestres o marítimas, muchas mujeres migran acompañadas de hijos o en el marco de proyectos familiares más amplios. En países como Francia y España, su mayor presencia puede vincularse a redes sociales previas y a formas de llegada menos peligrosas, como los vuelos comerciales. El Día Mundial del Refugiado constituye una ocasión para recordar que, más allá de los conflictos armados, las solicitudes de asilo responden también a contextos de inseguridad generalizada, violencia estructural o inestabilidad política, en los que las motivaciones humanitarias, familiares y económicas suelen entrelazarse.

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Mujeres en la judicatura: de excluidas a mayoría

marzo 7, 2025

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No fue hasta la década de 1960 que las mujeres pudieron acceder plenamente a la judicatura en España. Aunque durante la Guerra Civil el gobierno republicano permitió brevemente que algunas ejercieran como juezas, la dictadura franquista reestableció la prohibición de acceso de las mujeres al cargo de juez. Sin embargo, en 1961 se autorizó una incorporación limitada, restringida a los juzgados de menores y los laborales, manteniéndose la prohibición para el resto del sistema judicial. El momento decisivo llegó en 1966, año en que se garantizó el acceso pleno, permitiéndolas competir por cualquier puesto judicial en igualdad de condiciones con los hombres.

Casi seis décadas después, las mujeres representan el 57% de los jueces y magistrados en España (gráfico 1a). Son mayoría en todas las comunidades autónomas (excepto Murcia), con porcentajes superiores al 60% en Madrid, Galicia y País Vasco (gráfico 1b). Este protagonismo femenino en la carrera judicial no es, en todo caso, especialmente llamativo en el contexto europeo. Que la mayoría de los jueces sean mujeres sucede en todos los países europeos (excepto en Irlanda y Chipre) para los que se dispone de datos, con porcentajes especialmente altos en algunos países del este de Europa (gráfico 2)^[1].

La transformación en la composición por sexos de la judicatura ha sido gradual a lo largo de las décadas transcurridas desde los años sesenta, pero no parece haberse detenido todavía. A mediados de los años noventa, el 30% de los jueces y magistrados en España eran mujeres, pero en 2013 superaron por primera vez el 50%, y desde entonces las mujeres son mayoría en la carrera judicial. A lo largo de la última década, la cifra aumentó en otros siete puntos porcentuales, alcanzando en 2024 el 57% (gráfico 1a). Este crecimiento continuo no es sorprendente si se considera que, entre los nuevos ingresos en la judicatura, la presencia femenina es aún más dominante. Entre 2006 y 2023, el 67% de quienes accedieron a la carrera judicial fueron mujeres y en 2023 se alcanzó el 74% (gráfico 3).

En todo caso, que las mujeres sean mayoría en la carrera judicial no implica que la presencia femenina tenga el mismo alcance en todos sus ámbitos o niveles. Los datos apuntan a que se da una doble segregación de género en la carrera judicial: vertical y horizontal. En primer lugar, las juezas son clara mayoría (63%) en los juzgados de primera instancia (gráfico 4a). Estos suelen ser el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema judicial, pues en ellos se inician los procedimientos judiciales. Los jueces de primera instancia representan el 72% de los jueces y magistrados. Sin embargo, el porcentaje de mujeres cae hasta el 43% en los juzgados de segunda instancia, encargados de revisar las resoluciones de la primera instancia cuando se presentan recursos de apelación, y hasta el 21% en el Tribunal Supremo. En todo caso, en los tres niveles se ha registrado un aumento de la presencia femenina, al menos, desde 2017 (gráfico 4a). Al respecto, llama la atención el Tribunal Supremo, en el que las mujeres son clara minoría y el grueso del aumento es muy reciente.

Que la antigüedad en la carrera judicial influya en desempeñar cargos en los niveles superiores de la judicatura explica, en parte, la desigualdad de género en esos niveles, ya que, por término medio, los jueces y magistrados en activo varones tienen más antigüedad que las mujeres (23,4 años frente a 19,5). Por ejemplo, en el Tribunal Supremo la antigüedad media es de 33 años. Sin embargo, en ese mismo tribunal, la antigüedad media de las mujeres es mayor que la de sus colegas varones (36,9 años frente a 32), lo cual sugiere que la menor presencia femenina en los niveles superiores de la judicatura no se explica solo por la menor antigüedad media de las juezas. Aunque las promociones se basan en criterios de capacidad y mérito, es razonable considerar que en ellas influyen otros factores, entre ellos, el impacto de la maternidad y la conciliación laboral y familiar en el desarrollo profesional de las juezas.

A la desigualdad de índole vertical se suma una segregación horizontal que se plasma en la diferente especialización de un sexo y otro en distintos tipos de juzgados o salas. Por ejemplo, las mujeres son muy mayoritarias en los juzgados de violencia contra la mujer (77%), de menores (68%) y de lo penal (67%), pero los hombres son mayoría en los juzgados de lo mercantil (56%) (gráfico 4b).

A lo largo de las últimas décadas, el avance de las mujeres en la judicatura ha sido incuestionable, transformando profundamente la demografía del sistema judicial. Si esta tendencia se mantiene, es previsible que su presencia siga aumentando y que alcance cifras más favorables a las mujeres en todas las instancias y especialidades. En el Día Internacional de las Juezas, que se celebra el próximo 10 de marzo, la ONU llama la atención sobre cómo la diversidad de género en la judicatura es clave para su legitimidad y representatividad, ya que un poder judicial equilibrado refleja mejor la sociedad y enriquece la toma de decisiones al incorporar diversas perspectivas. En este contexto, resultaría interesante considerar las posibles consecuencias de una infrarrepresentación masculina duradera en el funcionamiento futuro de la carrera judicial.

^[1] A diferencia de los datos de fuentes españolas, que cubren el conjunto de la carrera judicial, los obtenidos de Eurostat no se refieren a la totalidad, pues las cifras anuales son inferiores en la segunda fuente. En cualquier caso, tal como se indica en Eurostat, se refieren a los profesionales autorizados para conocer de causas civiles, penales y de otro tipo, también en tribunales de apelación, y para dictar resoluciones en un tribunal de justicia, que han sido contratados y reciben una remuneración por ejercer como juez. Quedan excluidos los jueces no profesionales.

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A mujeres y hombres no les interesa lo mismo la ciencia (y la tecnología), pero casi

febrero 10, 2025

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La participación de la mujer en actividades científicas es un tema de creciente interés en el análisis de las desigualdades de género. Aunque su incorporación a profesiones y titulaciones académicas relacionadas con la ciencia y la tecnología ha aumentado en las últimas décadas, no pocos participantes en la discusión pública siguen considerando insuficiente el avance. En todo caso, las trayectorias profesionales o académicas ligadas a la ciencia constituyen solo uno de los aspectos relevantes del papel de la ciencia en nuestras vidas. Su creciente relevancia en el desarrollo económico y social requiere de una masa crítica de ciudadanos que se interese por los avances científicos y tecnológicos, los entienda y los aprecie. Esa comprensión es fundamental para participar de manera informada en el debate público sobre el cambio científico y tecnológico, su aportación a la sociedad y los dilemas éticos a él asociados.

Según datos del CIS de septiembre de 2024, el interés que hombres y mujeres declaran por la ciencia es muy similar, aunque todavía es un poco más alto entre los primeros: el 83% de los hombres y el 74% de las mujeres afirman tener mucho o bastante interés en la ciencia (gráfico 1). Curiosamente, la diferencia es más señalada entre los más jóvenes, debido a un nivel de interés especialmente bajo de las mujeres de 18 a 24 años (del 60% frente al 85% de sus coetáneos varones). Estas diferencias son muy pequeñas si las comparamos con las que se observaban hace cuarenta años (octubre de 1984) con otra encuesta del CIS ^[1]: los muy o bastante interesados en la ciencia y la tecnología eran el 48% de los varones, pero solo el 30% de las mujeres. Es decir, la evidencia sugiere que en los dos grupos ha aumentado el interés por la ciencia, pero lo habría hecho más en las mujeres.

La Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de la Fecyt permite comprobar si ese interés ha seguido creciendo en los últimos veinte años. Da la impresión de que así fue entre 2004 y 2012, manteniéndose estable hasta 2020 y creciendo de nuevo en 2022 (gráfico 2)^[2]. Lo llamativo es que la media de interés de hombres y mujeres se ha mantenido también estable a lo largo de esas dos décadas, lo que sugiere que el acercamiento en los niveles de interés tuvo lugar con anterioridad. En cualquier caso, de estos datos también se desprende que el interés medio en la ciencia (y la tecnología) es similar en ambos sexos, con una media de 3,5 en una escala del 1 (ningún interés) al 5 (mucho interés) para los varones en 2022, y una media de 3,2 para las mujeres.

De hecho, si medimos el interés a partir de la realización de actividades relacionadas con la ciencia, las diferencias también son menores, pues en 2022 porcentajes muy parecidos de cada sexo habrían visitado museos de ciencia y tecnología, asistido a actividades de divulgación científica, hablado de ciencia con amigos o familiares, visto o escuchado programas científicos en televisión o radio, leído divulgación científica e, incluso, colaborado voluntariamente en proyectos científicos (gráfico 3).

La corta distancia en el interés medio de hombres y mujeres en la ciencia y la tecnología era evidente, también, con los datos del Eurobarómetro más reciente dedicado a esa temática, con trabajo de campo en mayo de 2021. En este caso, probablemente a consecuencia de la redacción de la pregunta y del número de opciones de respuestas, la distancia entre ambos es aún menor: están muy interesados en nuevos descubrimientos científicos y avances tecnológicos el 42% de los varones y el 40% de las mujeres. Esta representa la menor diferencia en el conjunto de los países de la UE27, entre los que, por otra parte, el nivel de interés español ocupa el undécimo lugar.

En definitiva, en las últimas cuatro décadas se ha avanzado sustancialmente hacia una mayor convergencia en el interés por la ciencia de hombres y mujeres. Se trata este de un progreso positivo para la ciudadanía y la calidad del debate público, aunque aún quede camino por recorrer en cuanto a la presencia de la mujer en la formación y las ocupaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Los datos europeos sugieren que la convergencia española en términos de interés es muy alta en términos comparativos, al tiempo que revelan que el interés medio por la ciencia podría ser mayor en España. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana, 11 de febrero, constituye una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fomentar un interés más amplio y profundo por la ciencia en la sociedad en su conjunto que, además y más allá de contribuir al desarrollo profesional y personal de las mujeres, garantice que toda la ciudadanía pueda participar de manera informada y crítica en la discusión sobre el progreso científico.

^[1] Estudio 1436, con trabajo de campo en octubre de 1984.

^[2] Habrá que esperar a la encuesta de 2024 para comprobar si ese aumento es el inicio de una nueva tendencia o, más bien, un cambio debido a una ruptura de serie que no hemos podido identificar.

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Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

marzo 12, 2024

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La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).

En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.

Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres. Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.

Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.

En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

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Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

marzo 30, 2023

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El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.

Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).

España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023^[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico^[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo^[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).

De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)^[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.

Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).

Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).

Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.

^[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

^[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

^[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

^[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

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El rápido avance de las mujeres en la medicina española: una historia de éxito con alto coste personal

febrero 10, 2023

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El Día Mundial de la
Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821,
nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se
graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el
siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de
que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con
una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

Hasta bien entrado el siglo XX, la profesionalización de las mujeres en la medicina española avanzó lentamente. Según la estadística de médicos colegiados, antes de 1965 el número de colegiadas en toda España no llegaba al millar. Ese año lo superó (1.044), pero la cifra resultaba anecdótica en comparación con la de médicos varones (38.665) (Gráfico 1). Solo algo más de medio siglo después, en 2017, las colegiadas (127.979) rebasaron por primera vez a los colegiados (125.817). Desde ese sorpasso, la distancia entre ambas cifras no ha dejado de crecer a favor de las mujeres. Por tanto, puede afirmarse que la brecha de género en esta variable se estrechó hasta desaparecer en la segunda década de este siglo, volviendo después a abrirse, pero esta vez en sentido contrario: son los hombres los que reducen su presencia en el ejercicio de la medicina.

Ampliando la mirada a la Unión Europea, se observa que España se sitúa entre los países occidentales con porcentajes más altos de médicas (57% en 2020)^[1], muy por encima de los registrados en otros países con Estados del Bienestar de más larga trayectoria histórica (como Alemania y Francia) o más desarrollados (como los nórdicos, bien conocidos por la elevada ocupación de las mujeres en la prestación de servicios públicos de bienestar) (Gráfico 2).

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran con claridad cómo ha ido consolidándose este predominio femenino en la profesión médica española desde principios de este siglo. En el año 2000, por cada 100 hombres que declararon ejercer la medicina, lo hicieron 65 mujeres; en 2022, el número de ellas se había disparado hasta 149 (Gráfico 3). En algunos grupos de edad, ese desequilibrio a favor de las mujeres es todavía mayor: entre los médicos de 35 a 44 años, en 2022 por cada 100 hombres se contaban 245 mujeres (Gráfico 4).

La transformación que se ha producido en la composición de la clase médica española en lo que va de siglo merece el calificativo de extraordinaria. A medida que las mujeres han aumentado su presencia en el ejercicio de la medicina, ha ido creciendo su participación en todos los grupos de edad y, por tanto, su edad media. En el año 2000 apenas había 11 médicas de 55 o más años por cada 100 médicos de las mismas edades; en 2022, la proporción de unas y otros casi se ha equiparado (91). En pocos años, también en este grupo de edad “mayor”, ellas serán más que ellos.

Con todo, la edad media de las médicas que ejercen en España en 2022 (45,3 años) es casi cinco años más baja que la de sus compañeros (50,2 años). En esta variable se observan, no obstante, diferencias ostensibles entre comunidades autónomas: las médicas que trabajan en las Islas Baleares ostentan la edad media más baja, y las de La Rioja, la más alta. Llaman asimismo la atención las diferencias de edad media entre médicas y médicos: Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia destacan por contar con médicos (varones) con una edad media bastante más elevada que la de sus compañeras de profesión. En cambio, en otras comunidades, como el País Vasco y Cantabria, la edad media de las médicas es solo ligeramente menor que la de los médicos; incluso en las comunidades de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, la edad media de ellas ya supera (por poco) a la de ellos (Gráfico 5). En la medida en que la antigüedad en el ejercicio de la medicina es una variable importante para acceder a puestos con mayor responsabilidad y mando, cabe suponer que en aquellas comunidades que arrojan mayores diferencias entre las edades medias de médicos y médicas, la desigualdad de género es mayor en cuanto a condiciones laborales y estatus profesional (lo que presumiblemente también redunda en las relaciones profesionales entre los facultativos de ambos sexos que prestan servicios en un mismo centro).

Probablemente en España no exista otra ocupación cualificada en la que las mujeres hayan avanzado tan rápida y firmemente como en la de la medicina. Los efectos de esta “feminización” de la profesión médica son muchos y variados^[2]. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las médicas consiguen mejores resultados clínicos en algunas dimensiones, aunque ello no se deba a una característica propia de su género, sino a comportamientos más comunes entre ellas (como dedicar más tiempo al estudio de las historias clínicas, solicitar más pruebas diagnósticas, etc.)^[3]. Pero junto a estos efectos de su actuación profesional, hay que tener en cuenta otros que afectan a su posición en la sociedad.

Por una parte,
habida cuenta de que la profesión médica es la más valorada por los españoles,
como indican las encuestas de opinión, las mujeres se sitúan como principales
beneficiarias de esa valoración social^[4].
Ahora bien, esa conspicua reputación corporativa tiene un “coste vital”
importante. El ejercicio de la medicina se encuentra entre las ocupaciones
profesionales que provocan niveles más altos de estrés emocional y, sobre todo
en los últimos tiempos, también de sobrecarga laboral. Las exigencias
formativas y productivas para ejercer la medicina son comparativamente muy
altas y generan desequilibrios a menudo insostenibles entre el ejercicio de la
profesión, el desarrollo y la consolidación de la familia y el ocio personal.
Sin un equilibrio entre esas tres dimensiones que responda a las preferencias
(sin duda, diversas) de las médicas, el ejercicio de la medicina puede acabar
provocando frustración y hasta rechazo, por mucha vocación profesional y de
servicio que se ponga en la balanza.

A las mujeres que
practican actualmente la medicina debería ayudárseles con políticas bien
diseñadas e implementadas en la búsqueda de este equilibrio entre profesión,
familia y ocio, que, claro está, no es estable a lo largo de la carrera
profesional, sino que va modificándose con la edad. Por lo demás, la garantía
de buenas condiciones laborales y de conciliación familiar adquiere especial
importancia, dada la creciente competición global para satisfacer la demanda de
profesionales sanitarios en muchos países desarrollados y en desarrollo.

En el Día Mundial de la
Mujer Médica deberíamos trascender el objetivo de ensalzar la figura de las
mujeres que ejercen la medicina y poner el acento en las dificultades que
muchas de ellas afrontan para organizar su vida de una manera satisfactoria en
su propio beneficio y en el de quienes, antes o después, acabamos necesitando a
todos los profesionales de la medicina.

^[1] Los elevados porcentajes de médicas en los países de Europa del Este se han relacionado con la promoción de la medicina femenina por los antiguos regímenes comunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

^[2] Véase OMC/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(2018): Diagnóstico
de género de la profesión médica, Cuadernos CGCOM.

^[3] Véase, por ejemplo, Sergeant et al. (2021). Variations in Processes of Care and Outcomes for Hospitalized General Medicine Patients Treated by Female vs Male Physicians, Jama Health Forum 2(7) y Rotenstein et al. (2022). Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, Jama Network Open, 5(3).

^[4] Véase la serie J.1.09.01.005 (Escala de valoración [0-10] de profesiones: médico/a) en el CIS.

El campo también es de las mujeres

octubre 13, 2022

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Celebrar anualmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales implica, a la vez, un reconocimiento y un estímulo; un reconocimiento de las labores que llevan a cabo las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, y un estímulo a incrementar su participación en la economía del sector primario, asumiendo puestos de más nivel y mayor responsabilidad.

Lo cierto es que el predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es muy notorio. De las aproximadamente 770.000 personas que actualmente trabajan en España en el sector agrario, solo 181.000 son mujeres: es decir, por cada 100 hombres, 31 mujeres. Las diferencias entre comunidades autónomas son, sin embargo, significativas¹ (Gráfico 1). En Asturias y Cantabria —comunidades con una ocupación agraria total por debajo de la media nacional— la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector agrario es aproximadamente de 70/100. En cambio, en Murcia y Extremadura —las dos comunidades con mayor ocupación agraria— el número de mujeres empleadas por cada 100 varones empleados es mucho más bajo (34 y 10, respectivamente). Por tanto, las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario; más bien al contrario, la participación laboral femenina se aproxima más a la masculina en los territorios en los que la agricultura y la ganadería generan menos puestos de trabajo.

Si la aproximación entre las tasas de empleo masculinas y femeninas se considera una condición necesaria para avanzar hacia la a menudo reivindicada “igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural”², la tendencia es poco halagüeña. Tomando como referencia temporal el inicio de la Gran Recesión, se observa una creciente masculinización del empleo agrario. En 2008, el sector empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador alcanzó a su valor más bajo (30), recuperándose ligeramente hasta 2019 para volver a caer en 2020. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado (Gráfico 2).

Al examinar con más detalle la evolución del empleo femenino en este sector, se observa que la caída más intensa se produce entre las trabajadoras autónomas (sin empleados)³, cuyo número ha descendido de 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. También las asalariadas —la modalidad de empleo más frecuente— han sufrido un descenso importante durante el mismo periodo (desde 124.000 a 107.000). En cambio, las empleadoras (trabajadoras autónomas con empleados) muestran desde el final del periodo de crisis económica (2014) una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. Cabe destacar que el aumento de las mujeres empleadoras en este sector ha sido más intenso que el de los varones empleadores, si bien el número de ellas (9.600) es aproximadamente cuatro veces menor que el de ellos (37.700) (Gráfico 3).

Sin duda, numerosas mujeres trabajan en la agricultura y la ganadería sin que figuren en alguna de estas categorías de actividad formal. No constan como trabajadoras autónomas (con o sin empleados) ni como asalariadas, pero realizan labores indistinguibles de las de unas y otras. Son, en muchos casos, mujeres que contribuyen informalmente a la explotación agraria familiar, bien de manera habitual, dedicando unas horas cada día, bien contingentemente, según lo requieran las muchas vicisitudes a las que está sometida la actividad en el campo. Intercalan esas actividades laborales bajo sol y lluvia, que escapan a la contabilidad nacional y las estadísticas del empleo, con su trabajo principal: el cuidado de la casa y de las personas dependientes en el hogar (niños y/o personas mayores). En el recientemente publicado “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021” se puede leer que las mujeres rurales dedican al trabajo doméstico cinco veces más tiempo al día que los hombres (ellas, casi 10 horas; ellos, menos de dos horas). Los hombres se vuelcan en el trabajo en el campo, muy exigente por las condiciones en las que se lleva a cabo; las mujeres se consagran al cuidado del hogar, pero el medio de vida de la familia (el negocio familiar) también forma parte de su día a día. ¿Cabe esperar que las niñas y jóvenes que crecen en esos contextos cojan el testigo asumiendo este modelo de producción económica y familiar?

En un entorno estructuralmente tan desigual como el que reflejan los datos hasta aquí expuestos, conseguir “la igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural” es uno de esos objetivos normativos inespecíficos que, como tales, suelen ser inalcanzables. Más eficaz parece reivindicar la capacidad demostrada de las mujeres para desempeñar trabajos tradicionalmente considerados masculinos con tanta productividad y tanto valor añadido como los hombres. La mejor manera de reconocer y alentar el trabajo de estas mujeres es seguramente procurándoles condiciones laborales equiparables a las de quienes, con cualificaciones y jornadas semejantes, trabajan en las ciudades, y poniendo a su alcance servicios que les permitan descargarse de tareas que comprometen su tiempo de ocio y su bienestar personal

¹Definido aquí como aquel que comprende las dos primeras categorías de la clasificación Nacional de Actividades Económicas: (1) Agricultura, ganadería, caza y sus servicios; (2) Silvicultura y explotación forestal.

²Véase, por ejemplo, la nota de prensa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 15 de julio de 2022, a propósito de la presentación del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021”.

³En esta categoría incluímos, además, a cooperativistas y ayudas familiares.

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Las mujeres jóvenes salen de la crisis con más preocupación y menos optimismo que los hombres

marzo 7, 2022

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Transcurridos dos años desde el inicio de la pandemia, más de cuatro de cada cinco mujeres españolas (de 18 o más años) todavía se declaran muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis del coronavirus. Así, aun cuando durante el último año (febrero 2021-febrero 2022) esta preocupación ha caído en 13 puntos porcentuales entre las mujeres, en febrero de 2022, el 83% respondían “mucho” o “bastante” a la pregunta sobre cuánto les preocupaban los efectos de la crisis del coronavirus (Gráfico 1). Si bien a este respecto se aprecian diferencias entre grupos de edad, incluso en aquel en el que la preocupación se halla menos extendida (18-34 años), casi ocho de cada diez mujeres (78%) han reconocido en el último mes sentirse muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis (35-64 años: 83%; 65 o más años: 85%) (Gráfico 2a).

Distinta es la percepción de la situación entre los hombres. Los datos de opinión pública reflejan de manera consistente niveles de preocupación más bajos que los de las mujeres a lo largo del último año (Gráfico 1), pero, además, en la población masculina (de 18 o más años) las diferencias entre grupos de edad son mucho más notorias. Los hombres jóvenes se han mostrado a lo largo de todo el periodo mucho menos preocupados que sus padres y abuelos, separándoles una distancia muy considerable (Gráfico 2b).

Por tanto, de los gráficos 1 y 2 se desprende que, por lo que se refiere a la preocupación por los efectos de la pandemia, la homogeneidad intra-género es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres, en tanto que la heterogeneidad inter-género alcanza su máximo en el grupo más joven. Así, mientras la proporción de hombres entre 18 y 34 años muy o bastante preocupados por los efectos de la pandemia no llega actualmente a dos tercios (63%), la de las mujeres de la misma edad se acerca a cuatro quintos (78%). Ciertamente, la preocupación por los efectos de la pandemia también ha disminuido entre las mujeres jóvenes a lo largo del último año, pero entre los hombres lo ha hecho mucho más rápidamente (Gráfico 2).

Las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes son también ostensibles en lo que se refiere a la percepción de la gravedad del momento en que nos encontramos. Así como, en febrero de 2022, el 84% de los hombres de 18 a 34 años opinan que “lo peor ya ha pasado”, entre las mujeres de la misma edad el porcentaje baja hasta el 63%. En el grupo de edad de 35 a 64 años, los hombres que suscriben esta opinión “optimista” también superan (en 5 puntos porcentuales) a las mujeres, lo que, sin embargo, no se observa entre los mayores de 64 años (Gráfico 3).

En general, por tanto, las mujeres, y especialmente las más jóvenes, atraviesan esta fase de salida de la crisis sanitaria con más preocupación y menos optimismo que los hombres. Por lo demás, ellas sienten en mayor medida que la pandemia ha afectado mucho o bastante a su vida personal. Así lo reconoce la mitad de las mujeres de 18 a 34 (frente a un 40% de los hombres de la misma edad) (Gráfico 4). Mayor todavía es la proporción de las que afirman que la pandemia ha afectado mucho o bastante a su vida social (61% frente a 49% de los hombres de la misma edad) (Gráfico 5). De nuevo, son las mujeres en edades laborales (18-64 años) las que mayoritariamente señalan que la pandemia afecta a su vida personal y a su vida social. No obstante, en todos los grupos de edad analizados, ellas sienten en mayor proporción que ellos que la pandemia y sus implicaciones afectan a sus vidas.

En línea con diversas investigaciones nacionales e internacionales (por ejemplo esta, esta o esta), los datos de opinión pública sugieren que la pandemia ha lastrado emocionalmente más a las mujeres que a los hombres, pero, en contra de lo que cabría esperar, esta diferencia de género parece especialmente destacada en el grupo de edad más joven, aquel que está iniciando su inserción laboral o consolidándola, y sobre el que recae buena parte del esfuerzo reproductivo de cualquier sociedad. En la medida en que los sentimientos de preocupación influyen en el bienestar psicológico y en los comportamientos efectivos, en el Día Internacional de la Mujer también es importante recordar la existencia de diferencias de género importantes a este respecto.

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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

febrero 11, 2022

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La posición de las mujeres en la ciencia depende, en gran medida, de su participación en la educación superior (universitaria). A este respecto es importante subrayar que, salvo en Alemania, en todos los países de la Unión Europea-27 la proporción de mujeres que en 2019 (últimos datos disponibles) se graduaron en la universidad fue superior a la de los hombres (Gráfico 1).

Esa ventaja formativa de las mujeres se reduce, sin embargo, cuando se observan los datos correspondientes a la obtención del nivel educativo más alto, el que procura el acceso a la élite académica de una disciplina: el doctorado. En muchos países (entre ellos, los nórdicos, el Benelux, Francia, Austria y también Alemania), en 2019 se doctoraron más hombres que mujeres; sin embargo, en otros (por ejemplo, Portugal, Irlanda, Italia y España), el número de nuevas doctoras superó al de nuevos doctores (Gráfico 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].

Nota: Los “graduados” han completado “educación terciaria de ciclo corto” (short cycle tertiary education) o Grado o nivel equivalente (Bachelor’s or equivalent level).

Ahora bien, estos datos esconden diferencias significativas entre disciplinas académicas. Mientras en algunas disciplinas (sobre todo, educación y salud/bienestar) se doctoran muchas más mujeres que hombres, en otras (particularmente, tecnologías de la información y comunicación e ingenierías/producción/construcción), ellas están mucho menos representadas entre quienes alcanzan el doctorado. Esta pauta es común a diferentes países europeos (Gráfico 2), lo que indica la existencia de un patrón de género que prevalece sobre especificidades nacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].

(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

En España, las mujeres superaron en número a los hombres tanto entre los graduados como entre los nuevos doctores en 2019. Del total de 312.866 graduados, 172.833 fueron mujeres (55%); y del total de 9.340 nuevos doctores, ellas (4.732) representaron también algo más de la mitad (51%) (Gráfico 3). Pero las diferencias de género en la elección de estudios son ostensibles. Por ejemplo, mientras casi dos de cada tres mujeres se graduaron en 2019 (63%) en las ramas de salud/bienestar, educación y negocios/administración/derecho, solo uno de cada tres varones graduados (32%) obtuvo el título de Grado en esas disciplinas (Gráfico 4).

Si bien en todas las disciplinas habitualmente englobadas bajo la denominación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en 2019 se graduaron más hombres que mujeres, en ciencias naturales, matemáticas y estadística el número de graduados y graduadas se aproximó a la paridad (Gráfico 4). Cabe destacar que precisamente en este ámbito de conocimiento científico el número de mujeres que se doctoraron en 2019 (1.259) superó al de los hombres (1.067). En efecto, el 55% de quienes accedieron en ese año al título de doctor en las disciplinas de ciencias naturales, matemáticas y estadística fueron mujeres (Gráfico 5). De hecho, de todas las mujeres que se doctoraron en 2019 en España (4.732), el grupo de mayor volumen (27%) se concentra en ciencias naturales, matemáticas y estadística (mientras que de todos los hombres que se doctoraron en 2019 [4.608], el 23% lo hicieron en esas disciplinas). Si se tiene en cuenta el conjunto de las disciplinas STEM, el porcentaje de nuevas doctoras asciende al 37% (48% entre los hombres).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].

(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

Ampliando el foco a los Estados miembros de la UE, llama la atención que los países con tasas más altas de doctores y doctoras entre 25 y 34 años en materias STEM (por 1.000 habitantes) presentan una mayor desigualdad de género en esta variable (Gráfico 6). Efectivamente, en aquellos países en los que hay menos jóvenes doctores por cada 1.000 habitantes (por tanto, países con entornos científicos más débiles), la ratio entre hombres y mujeres es más similar, lo que, al fin y al cabo, devalúa la importancia de esa igualdad de género. En España, esta ratio se sitúa en 75 (doctoras de 25 a 34 años por cada 100 doctores varones de la misma edad), en el entorno de otros países europeos meridionales (Portugal e Italia) y significativamente por encima de los Estados miembros con mayor PIB per cápita de la UE (Gráfico 6).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad07].

En un día como el de hoy en el que se celebra la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, es, sin duda, crucial reivindicar su contribución al conocimiento científico y la necesidad de reforzarla. Pero no menos importante es reclamar que la ciencia cobre más importancia en la sociedad, aumentando los recursos humanos dedicados a promover su producción y transferencia.

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En el Día Internacional de las Mujeres Rurales: las mujeres españolas en el sector agrario

octubre 15, 2021

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Las mujeres rurales cuentan desde 2008 con un Día Internacional que reconoce fundamentalmente su trabajo en el sector primario. Es un reconocimiento muy justo porque tradicionalmente su labor en el campo ha permanecido fuera del foco público y, en gran medida, también de los registros y las estadísticas que cifran la actividad en este sector. Y es que, por lo general, la participación laboral de las mujeres en el sector agrario se ha entendido y considerado como auxiliar o subsidiaria de la de los hombres. (Permítaseme aquí una nota biográfica: en la temporada de cosecha, mi abuelo paterno, labrador valenciano, removía la tierra arreando al caballo de tiro al que enganchaba un pesado apero, mientras que mi abuela, caminando agachada a varios metros de él, recogía las patatas y las metía en un capazo de esparto. Así lo recuerda mi padre que, muy joven, decidió trabajar sentado tras un escritorio).

En España, la salida masiva del sector primario hacia otros sectores productivos a partir de los años sesenta del siglo XX fue mucho más intensa entre las mujeres que entre los hombres. Lo demuestran rotundamente los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) representados en el gráfico 1 y elaborados por Luis Garrido Medina. En 1976, cuando en el sector primario trabajaban más 2.700.000 españoles, por cada 100 hombres ocupados en él había 40 ocupadas, una proporción que coincidía exactamente con la observada en el resto de sectores (tomados en conjunto). Es decir, la participación laboral de las mujeres era tan baja en el campo como en el resto de sectores productivos. Sin embargo, mientras la ocupación femenina en otros sectores comenzó a aumentar con intensidad a partir de esas fechas, en la agricultura tendió a disminuir. En la tercera década del siglo XXI, cuando el número total de ocupados en el sector agrario no llega a 800.000, la proporción de mujeres por cada 100 hombres se ha estabilizado en torno a 30, mientras que, en el conjunto de los otros sectores, se eleva a 88. Cabe afirmar, por tanto, que el sector agrario ha quedado al margen de la creciente igualación por sexos de la ocupación en España.

Nota: AGP = sector agrario (incluye agricultura, ganadería, pesca, actividades agropecuarias, caza y silvicultura).
Fuente: INE, Encuestas de Población Activa (1976-III 2020-II 2021). Elaboración de Luis Garrido Medina.

Las grandes diferencias en la composición por sexo entre los ocupados en el sector primario y en el resto de sectores se distinguen mejor cuando se tiene en cuenta la edad, como se muestra en el gráfico 2. El número de mujeres ocupadas en el sector agrario por cada 100 hombres ocupados oscila entre 19, en el grupo de 20-24 años, y 40, en el grupo de 60-64 años. Llama la atención que mientras, en el resto de sectores, el número de ocupadas de 25-29 años por cada 100 hombres ocupados se aproxima al centenar (es decir, a la igualdad), en el sector agrario apenas llegan a 25.

Nota: AGP = sector agrario (incluye agricultura, ganadería, pesca, actividades agropecuarias, caza y silvicultura).
Fuente: INE, Encuestas de Población Activa (III 2020-II 2021). Elaboración de Luis Garrido Medina.

Es cierto que las mujeres ocupadas en el campo mantienen un nivel educativo algo más alto que el de los varones, una brecha de género (a favor de ellas) que destaca más en el grupo de 20 a 35 años. No obstante, el número de años dedicados a la formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector agrario es considerablemente menor (en todas las edades) que el de las mujeres que trabajan en otros sectores (gráfico 3). Del mundo rural permanecen prácticamente ausentes las que estudian más de catorce años, probablemente porque en él no pueden sacar el rendimiento esperado a sus estudios.

Los datos presentados hasta aquí muestran que las mujeres ocupadas en el sector agrario en España son comparativamente pocas y que, a pesar de todas las iniciativas públicas y privadas para dotar de más presencia y relieve a las mujeres rurales, su número no crece. ¿Se debe ello al escaso atractivo que el trabajo agrario posee para las jóvenes, que generalmente prefieren ocupaciones no manuales y localizadas en núcleos de población grandes? O, más bien, ¿la “desfeminización” del campo obedece a las dificultades que afrontan específicamente las mujeres para encontrar en él puestos de trabajo cualificado, o para consolidarse y prosperar como profesionales en un ámbito en el que todavía hoy predominan los hombres? Difícilmente podemos responder estas preguntas si no escuchamos más la voz de las mujeres rurales en el debate público. La celebración de su Día Internacional, cada 15 de octubre, ofrece una buena oportunidad para ello, pero habría que procurarles muchas más.

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