Las turbulencias que se han sucedido en el último lustro, así como el posterior ciclo expansivo, han redibujado el mapa económico del país, prefigurando una bifurcación en las dinámicas de crecimiento. Algunas comunidades como Asturias o Galicia, atenazadas por el envejecimiento poblacional, han logrado revertir el declive. Otras, y sin sorpresa, como Madrid, Cataluña y País Vasco, se han consolidado gracias a la presencia de un potente tejido productivo y su creciente apertura hacia el exterior.
En todos los territorios, el bienestar material, o PIB per capita, ha mejorado con relación a la situación anterior a la crisis sanitaria —y eso es una buena noticia que nos diferencia de otras grandes economías de nuestro entorno—, en función principalmente de dos parámetros. Uno, la existencia de un tejido productivo competitivo basado en la industria y los servicios más demandados, ya sea en el mercado interior, aupado por los fondos europeos, o en el internacional.
Y dos, de manera complementaria a lo anterior, el crecimiento de la población activa: la incorporación de nueva fuerza laboral, particularmente la que procede de la inmigración, ha permitido a las empresas responder a la pujante demanda de bienes y servicios, facilitando también la movilidad de trabajadores cualificados hacia sectores de mayor valor añadido. Es un hecho que las comunidades que combinan un tejido productivo competitivo y una fuerte entrada de activos han crecido por encima de la media. El sur peninsular no ha sido el más favorecido por esta pauta de crecimiento, si bien su PIB per capita también ha crecido gracias a la creación de empleo. En suma, pese a las disparidades, el ciclo expansivo se ha propagado a través de todo el país, fundamentalmente por la existencia de una capacidad productiva disponible y rápidamente movilizable.
Ahora bien, este margen de maniobra está desapareciendo en los territorios más pujantes del centro y norte peninsular, donde la tasa de paro se acerca tanto a los mínimos de la serie histórica como a la media comunitaria. La carencia de mano de obra local podría paliarse con movilidad interna o gracias a la inmigración, pero en la práctica estos mecanismos de compensación se enfrentan a la grave situación de escasez de vivienda. La elevación de la productividad es otro recurso posible para ensanchar la capacidad productiva, si bien para ello habría que desatascar la inversión empresarial y reforzar el capital humano, algo que lleva tiempo. En lo inmediato, por tanto, una desaceleración es previsible, pero el repunte incipiente de la productividad en estas comunidades abre nuevas perspectivas.
Las comunidades del sur, por su parte, disponen de más margen, es decir, de oferta ociosa, ya que su tasa de paro se mantiene en el doble dígito, duplicando en algunos casos la media europea. En teoría, por tanto, su crecimiento futuro dependerá de la evolución de la demanda en los sectores que tienen más peso en estos territorios como el turismo, la industria agroalimentaria, química o de defensa. En la práctica la movilización del potencial productivo depende de la activación de los parados, vieja asignatura pendiente.
Estas disparidades ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de enfoque. La inversión en infraestructuras sigue siendo importante, pero no basta para acelerar la convergencia de las zonas desfavorecidas: la estrategia debe arraigarse en el tejido productivo existente, alejándose de la querencia por los grandes proyectos desvinculados de la realidad local.
En definitiva, se produce una bifurcación de las prioridades entre el norte y el sur. Pero el objetivo de un mayor equilibrio territorial debe ser común, ya que el esfuerzo de cohesión no solo obedece a una lógica de igualdad de oportunidades, también aporta beneficios económicos: una concentración geográfica excesiva del crecimiento redundaría en costes crecientes de congestión y en un deterioro general de la calidad de vida. Las piezas territoriales del puzle económico tienen que encajar.
INMIGRACIÓN | En los últimos tres años, la inmigración ha más que compensado la pérdida de población española, excepto en Extremadura, única comunidad autónoma donde el número total de habitantes ha descendido. Asturias es la comunidad donde más ha crecido la inmigración, con un 46% en el trienio. Por otra parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibieron en su conjunto el 56% de toda la población extranjera. A nivel nacional, el 45% de los empleos creados durante este periodo están ocupados por personas extranjeras (cifras EPA), evidenciando la contribución de la inmigración al mercado laboral.
