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El PIB en 2024 creció un 3,2%, con un patrón muy similar al de 2023

enero 29, 2025

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CNTR – IV trimestre 2024 (avance)

El PIB creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por todos los componentes de la demanda nacional. Destacó la inversión en bienes de equipo, sobre todo en su componente de material de transporte. Este es un resultado muy positivo puesto que la inversión se encontraba muy rezagada y por debajo de los niveles prepandemia (gráfico 1). No obstante, aún es pronto para saber si se trata del inicio de una senda de recuperación o de un repunte transitorio. La aportación del sector exterior fue negativa, como resultado de un crecimiento intenso de las importaciones.

Se ha revisado el resultado del primer trimestre del año, desde un crecimiento del 0,9% hasta un 1%, lo que, unido al dato del cuarto, da lugar a un crecimiento del conjunto de 2024 del 3,2%. La demanda nacional aportó 2,8 puntos porcentuales, y el sector exterior cuatro décimas.

Dentro de la demanda nacional, destacó el fuerte crecimiento del consumo público, un 4,9% en el conjunto del año, lo que sitúa esta variable un 19% por encima del nivel de 2019. El consumo privado también mostró un gran dinamismo, con un avance del 2,9%, que supone una aceleración significativa sobre el año anterior.

La formación bruta de capital fijo avanzó un 2,3% en 2024, situándose apenas un 0,8% por encima del nivel de 2019. La inversión en construcción creció un 2,6% y la dirigida a bienes de equipo un 2,4%, manteniéndose ambas por debajo de los niveles precovid. Solo la inversión en productos de la propiedad intelectual supera, en un 16,2% dicho nivel, siendo este componente el que explica que el total de la FBCF se encuentre ligeramente por encima de su resultado de 2019 (gráfico 2).

Con respecto al sector exterior, su aportación positiva al crecimiento del PIB en 2024 procedió de un crecimiento de las exportaciones mayor que el de las importaciones. El impulso a las primeras procedió de las ventas al exterior de servicios, tanto turísticos como no turísticos, mientras que las de bienes continuaron mostrando debilidad. Estas apenas superan en un 2,7% el nivel de 2019, frente a un 22,6% y un 31,1% en el caso de las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos, respectivamente.

En suma, el patrón de crecimiento del PIB en 2024 fue muy semejante al de 2023, sustentándose, en líneas generales, sobre las exportaciones de servicios y el consumo público, y manteniéndose la debilidad en la inversión y en las exportaciones de bienes. La principal diferencia con respecto a 2023 procede de un mayor dinamismo del consumo privado.

Por el lado de la oferta, creció la actividad en todos los sectores, incluyendo el energético, tras tres años consecutivos de caídas. Las mayores aportaciones al crecimiento procedieron del sector de comercio, transporte y hostelería, seguido de la industria manufacturera. El sector primario continuó la recuperación iniciada en 2023, tras el desplome sufrido en 2022.

El número de ocupados creció un 2,2% en el conjunto del año, mientras que el total de horas trabajadas avanzó un 1,9%, lo que implica un nuevo descenso en el número de horas trabajadas por ocupado. La productividad por hora trabajada creció un 1,3%, un resultado positivo, pero se trata de una variable que muestra gran volatilidad año a año, con un crecimiento medio anual desde 2019 en el entorno del 0,6%.

La remuneración por asalariado creció un 5,1%, por encima, por tanto, del crecimiento de la inflación. Los costes laborales unitarios aumentaron un 4%, aportando 1,9 puntos porcentuales al crecimiento del deflactor del PIB, que fue del 3%. El excedente bruto de explotación unitario aumentó un 1,5%, aportando 0,6 puntos al deflactor –los impuestos netos aportaron las cinco décimas restantes–.

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Las clases medias y el crecimiento económico español

noviembre 4, 2024

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La economía española bate un récord de crecimiento, tras anotar en el tercer trimestre el mayor avance del PIB de la Unión Europea: un 3,4% en términos interanuales, casi cuatro veces más que la media europea. Las cifras macroeconómicas, aun empañadas por un consumo público desbocado, iluminan las perspectivas en el corto plazo, sin que aparezcan los desequilibrios que en otras épocas nos abocaron a una crisis. La deuda del sector privado se desinfla, no se perciben burbujas de crédito, la prima de riego se ha anclado por debajo de la de Francia, mientras que las cuentas externas arrojan un excedente sólido (el superávit por cuenta corriente acumulado hasta agosto es un 30% superior al registrado el año pasado). El tejido productivo se diversifica, fruto del auge de las exportaciones de servicios no turísticos, cuyo crecimiento casi cuadriplica el del PIB.

El cuadro global es por tanto alentador, otra cosa es cómo se percibe en la ciudadanía tras la sucesión de shocks de estos últimos cinco años. En este periodo los ganadores son los colectivos que han conseguido un empleo, sobre todo los parados y los extranjeros que se han insertado en el mercado laboral, siendo este último grupo el más numeroso. Asimismo, los perceptores del salario mínimo y de prestaciones que se han revalorizado por encima de la inflación también han podido mejorar su situación. En el otro extremo, se encuentran los inversores que han logrado fructificar su capital al calor de la subida de los tipos de interés y de la bolsa.

El grueso de las clases medias, sin embargo, ha sufrido una merma de poder adquisitivo: pese a la mejora salarial observada hasta el tercer trimestre, la remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace cinco años (descontando la subida de los precios al consumo). A ello se une en el caso de los jóvenes la dificultad de acceso a la vivienda.

La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como consecuencia de mejoras de eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero del presente ejercicio el PIB se ha incrementado un 6,6%, y el empleo lo ha hecho un 9,3%, evidenciando un declive de la productividad por ocupado. La tendencia en términos de productividad por hora trabajada ha sido más favorable, incluso levemente positiva en el periodo más reciente, pero no se aprecia de momento una mejora estructural.

El modelo aditivo de crecimiento se enfrenta a la necesidad de construir vivienda para así acompasar incremento de población que sustenta el actual ciclo expansivo y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, la inversión residencial apenas reacciona a la situación de escasez, siendo la construcción una de las variables más rezagadas desde la pandemia.

El déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado. El comportamiento de esta variable clave sigue marcado por la debilidad, algo sorprendente teniendo en cuenta la situación relativamente saneada de las cuentas de las empresas, la disponibilidad de abundantes fondos europeos y la entrada de capital extranjero. Se estima que el volumen de inversión empresarial se sitúa todavía en torno a un 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia, lo que podría acabar por constreñir la expansión, además de alejar la perspectiva de una transformación del modelo productivo, como sería deseable.

Entre tanto, la renta per capita apenas ha avanzado un 1,4% en el periodo considerado, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico.

DÉFICIT | Pese al crecimiento económico, el desvío de las cuentas públicas no parece estar corrigiéndose. El déficit consolidado de las administraciones públicas (a excepción de las locales) alcanza el 2,3% del PIB, con datos hasta agosto. Esto es una décima más que en el mismo periodo del año pasado. Si bien la recaudación mantiene una tónica creciente, al compás de la economía, el gasto público avanza a un ritmo mayor. Destaca el consumo de las administraciones, con un avance del 6%, superior a lo que cabía esperar en un contexto de prórroga presupuestaria.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El modelo productivo español

julio 15, 2024

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El cambio de modelo
productivo es un tema recurrente del debate económico español. En comparación
con los principales socios comunitarios, el crecimiento se ha caracterizado por
una volatilidad excesiva, una baja productividad y un paro elevado, todo ello
redundando en una renta per capita languideciente, y motivando el
cuestionamiento de los cimientos sobre los que asienta nuestra economía.

Más recientemente la voluntad de cambio se ha visto respaldada por el maná de los fondos europeos. Y efectivamente algo parece estar cambiando: tras la sucesión de varias crisis en un espacio de tiempo muy corto, se detectan señales de mejora del modelo. Sin embargo, la transformación como tal sigue siendo una tarea pendiente.

La diversificación de la estructura productiva, que se traduce en una menor dependencia del binomio construcción-turismo, es una de las principales evoluciones. Para una economía abierta como la española, disponer de varios polos fuertes de competitividad es una ventaja. A este respecto el comportamiento de los servicios no turísticos, la expansión de las energías renovables y la relativa resistencia de la industria en comparación con otros socios europeos garantizan una mayor resiliencia ante posibles shocks que en épocas anteriores. Además, el crecimiento es más robusto que en los ciclos expansivos precedentes, ya que se basa en un sólido excedente externo y no está sostenido por una burbuja financiera, ni empresas zombies que sobreviven con crédito ultra barato. El mercado laboral parece funcionar de manera menos ciclotímica, asemejándose al resto de Europa, si bien con un desempleo estructural a todas luces excesivo.

Frente a estos avances, la principal característica del modelo productivo se mantiene, o incluso se ha agudizado: la economía crece principalmente incorporando fuerza laboral, y de manera residual elevando la productividad, o disminuyendo drásticamente el desempleo estructural. Se puede incluso decir que nuestro modelo aditivo se ha perfeccionado, a tenor de la entrada de más de medio millón de trabajadores extranjeros estos últimos dos años.

Los datos más recientes ofrecen pocas novedades: si bien la inversión productiva o en equipamiento, variable clave para desatascar la productividad, registra un repunte, sigue rezagada en relación a los niveles prepandemia. Desde 2015 la inversión ha crecido apenas un 9%, menos que los otros componentes del PIB, y también por debajo de los registros de otros países europeos. Por ejemplo, en Suecia, uno de los países punteros en términos de productividad, la inversión productiva se ha incrementado un 27% durante el mismo periodo.

Las empresas españolas disponen de excedentes, que sin embargo no se utilizan plenamente para ensanchar la capacidad productiva. La renta disponible de las corporaciones (variable que se obtiene restando del excedente de explotación los pagos por intereses, dividendos e impuestos) se ha incrementado más que la inversión, dejando a las empresas un importante margen para desendeudarse o acumular activos. Dicho ahorro financiero equivale al 12,6% de la renta disponible, superando los registros de todos los otros grandes países europeos. Por el contrario, en Suecia el volumen de inversión excede la renta disponible de las empresas, de modo que éstas recurren a la financiación externa en vez de acumular activos financieros o desapalancarse.

El volumen de ahorro financiero podría estar moderándose, a tenor de las cuentas de las empresas del primer trimestre. La deuda ha caído hasta los niveles reducidos de principios de siglo, de modo que para muchas corporaciones tiene más sentido invertir en el negocio en vez de seguir devolviendo préstamos. La perspectiva de un descenso de los tipos de interés aceleraría este proceso, estimulando la inversión. El ligero repunte de la demanda de crédito detectado por el Banco de España en su última encuesta es otra señal. Con todo, de momento, no se percibe un punto de inflexión en el modelo productivo, ni un salto cualitativo como consecuencia de los fondos europeos.

INVERSIÓN | Según las cuentas financieras del primer trimestre de este año, las corporaciones dispusieron de una capacidad de ahorro equivalente al 3,6% del PIB (sumando el ahorro neto y las transferencias de capital). El excedente se destinó solo en parte a incrementar la inversión productiva: la formación de capital alcanzó el 61% del ahorro disponible. El resto de ese ahorro sirvió para reducir pasivos, principalmente devolviendo préstamos, o acumular activos financieros, representando el 22% y el 17% del excedente disponible, respectivamente. Entre los activos financieros más demandados destacan el efectivo y los depósitos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cambio en la fisionomía de la economía española

julio 8, 2024

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El auge del turismo, con los beneficios que acarrea y también las externalidades para las poblaciones residentes, ha sido una de las sorpresas más comentadas este año. Sin embargo, la verdadera novedad está protagonizada por los servicios no turísticos de mercado, un sector que agrupa actividades profesionales, científicas, técnicas, financieras, de información y comunicaciones, entre otros.

En los últimos cinco años, el valor añadido de este agregado escaló nada menos que un 12%, frente al 8,3% de las ramas más estrechamente asociadas al turismo, es decir comercio, transporte, hostelería y restauración (con cálculos realizados comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019). Por comparación, el valor añadido de la industria manufacturera se incrementó un escaso 2,8%, un resultado todavía favorable en comparación con otras economías europeas.

El impacto en el mercado laboral es notable: el sector de servicios no turísticos es responsable de uno de cada tres empleos nuevos generados desde 2019, y su expansión no parece detenerse a tenor de los recién publicados resultados de la afiliación.

El tirón obedece en parte
a un cambio más o menos coyuntural de las pautas de consumo, pero también la posición
competitiva del sector, factor mucho más fundamental. Año tras año, las
empresas españolas especializadas en estos servicios ganan cuota en los
mercados internacionales, de modo que las exportaciones netas, o balanza, se ha
aupado hasta el 2,3% del PIB, el doble que hace una década. La balanza del
turismo, por su parte, arroja un resultado incluso más positivo pero no muy
distinto de la media histórica.

En suma, todo apunta a
que estamos ante un cambio en la fisionomía del tejido productivo, fruto de la
expansión de un sector que tiene la ventaja de complementar los pilares
tradicionales de la economía española, sin expulsarlos (ausencia de efecto crowing
out).

Esta revolución
silenciosa tiene implicaciones relevantes para la política económica. En primer
lugar, una mayor integración europea de los mercados de servicios sería
especialmente beneficiosa para las empresas españolas que gozan de un posicionamiento
competitivo favorable. Si bien los productos industriales circulan libremente
entre los países miembros, el comercio de servicios se enfrenta a numerosas
barreras técnicas, fiscales y regulatorias, dificultando la eclosión de
campeones europeos, según el informe Letta, y frenando el crecimiento de
economías como la nuestra que poseen una ventaja comparativa en este sector.

Por otra parte, los servicios no turísticos adolecen del mismo problema de bajo crecimiento de la productividad que el resto de la economía. Algunas de estas ramas, como las actividades profesionales y científicas presentan un nivel elevado de productividad, pero no otras, caso de los servicios inmobiliarios. Y, en su conjunto, la productividad apenas ha avanzado en la última década (habiéndose incluso reducido ligeramente desde la pandemia), a diferencia de la industria manufacturera, pionera en materia de robotización y automatización. El déficit de inversión empresarial incide aquí, como en el conjunto de la economía.

Con el despliegue de la
inteligencia artificial es probable que afloren mejoras de la productividad,
con impactos de gran magnitud en el empleo y la competitividad del sector. Pero
sabemos que el efecto positivo de la tecnología en términos de productividad no
es automático: mucho depende de la adaptación de las políticas y de las
prácticas empresariales. A este respecto, el desarrollo de programas de
formación en la utilización de las nuevas tecnologías sería de gran ayuda para
mantener la posición competitiva del sector, y al tiempo mejorar la gestión
empresarial y la calidad del empleo, factores todos ellos que favorecen la eficiencia
productiva. Pensemos, por ejemplo, en la investigación farmacéutica, para la
cual España posee importantes nichos de ventaja comparativa.

La expansión de los
servicios no turísticos ha aportado una diversificación saludable, pero no
resuelve los déficits de inversión, productividad y salarios que todavía
lastran la economía española.

VIVIENDA| Distintos análisis muestran que el principal factor que explica la escasez de vivienda es el débil crecimiento de la construcción residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En los dos últimos años se han construido menos de la mitad de viviendas de lo que sería necesario habida cuenta del crecimiento poblacional, agravando el problema de escasez. Funcas prevé un crecimiento de la inversión en construcción del 2,9% en 2024, medio punto más que en los dos últimos años, siendo este todavía un repunte insuficiente para contener el déficit habitacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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En busca de un relevo al consumo

octubre 30, 2023

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Los datos de crecimiento y de empleo divulgados esta semana afianzan la visión de una economía resistente ante las adversidades monetarias y geopolíticas, pero también apuntan a factores de debilitamiento a corto plazo. El consumo privado se consolida como el componente más dinámico, por el buen comportamiento del mercado laboral y los acuerdos de recuperación de poder adquisitivo de los salarios. Es también probable que las familias hayan sostenido su gasto tirando del excedente de ahorro acumulado. Otro factor es la política fiscal: el consumo público sigue expandiéndose a un ritmo superior al de la economía, situándose casi un 10% por encima del nivel prepandemia.

La inversión, sin embargo, titubea. Y el endurecimiento acelerado del crédito constatado por la última encuesta de préstamos bancarios del BCE anticipa un escenario de debilidad para los próximos meses, incluso incorporando el estímulo de los fondos Next Generation. Sorprende que, pese a semejante inyección de transferencias europeas, la inversión todavía no haya alcanzado el nivel prepandemia. De momento, las empresas mantienen su cautela, optando por reducir deuda o acumular liquidez. En septiembre sus depósitos bancarios se incrementaron en 10.600 millones de euros.

Además, el sector exterior, potente motor de la recuperación en el pasado ejercicio, se resiente del estancamiento de la economía europea, principal fuente de ingresos del exterior. El problema radica en una menor demanda externa, y no en una pérdida de competitividad. Prueba de ello, las empresas españolas ganan terreno no solo en los mercados internacionales, sino también en el doméstico: las importaciones se contraen, a la inversa de lo que suele ocurrir en un contexto de incremento del consumo. En todo caso, las exportaciones de servicios no turísticos siguen creciendo a un ritmo elevado —situándose nada menos que un 22% por encima del nivel prepandemia— pero sin compensar la caída de las exportaciones de bienes. El turismo aguanta, si bien su plena normalización enfría las perspectivas de cara a la próxima temporada.

Todo ello plantea la cuestión
de la sostenibilidad de la actual pauta de crecimiento. Los vientos de cola que
han impulsado el consumo de las familias se moderan, al compás del menor ritmo
de creación de empleo. La afiliación avanza, en parte por la incorporación de
mano de obra extranjera (más de medio millón de personas desde inicios de 2022,
casi la mitad del total de empleo creado). Pero se dejan atrás las cifras
excepcionales de la primavera. Los salarios también se desaceleran: la
remuneración por asalariado se incrementó un 4,2% en el tercer trimestre, casi
dos puntos menos que en el primero; esta desaceleración, unida a la resiliencia
del IPC, deja poco margen para ganar capacidad de compra en el último tramo del
año.

En cuanto al consumo público, su trayectoria futura debería reflejar la necesidad de contener los desequilibrios presupuestarios, objetivo necesario para asumir la fuerte subida de los costes de financiación del Estado que se anticipa para el próximo ejercicio.

Ampliando la mirada, el aparato productivo emerge de la sucesión de crisis con una posición competitiva favorable, fortalecida por el potente plus de mano de obra extranjera. Este es un activo para aprovechar un hipotético cambio de tendencia de la economía europea, tal y como lo prevé el FMI para los próximos dos años. Mucho dependerá, sin embargo, del devenir de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y del impacto de las diez subidas de tipos de interés, cuyos efectos solo se han filtrado parcialmente a la economía. En todo caso, la reactivación europea, junto con un mayor efecto tractor de los fondos europeos, ayudaría también a desatascar la inversión en equipamiento de las empresas y la productividad, la principal pieza que falta en el puzle de la economía española. La geopolítica y las incógnitas en torno a la inversión empresarial condicionan el crecimiento y la capacidad para mejorar las cotas de bienestar social.

HORAS TRABAJADAS | La ocupación se incrementó un 0,8% en el tercer trimestre según la EPA, un ritmo notablemente superior al de la economía (0,3%). Esta diferencia se explica buena medida por la disminución del número medio de horas trabajadas por ocupado, una tendencia registrada desde la pandemia. En lo que va de año, cada persona ocupada ha trabajado una media de 32 horas, frente a 32,2 durante el mismo periodo del año pasado y 33,4 en 2019. Esta evolución se debe sobre todo el descenso del número de horas efectivas trabajadas por las personas empleadas a tiempo completo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Crisis energética

marzo 21, 2022

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.

La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda.

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro.

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Atisbos de recuperación

junio 8, 2020

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.

Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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