Mercado laboral – Negocios e Inversiones

Nuevos anticuerpos ante el ajuste del BCE

julio 31, 2023

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La respuesta de la economía española a la subida de tipos de interés no deja de sorprender. Casi todos los anteriores ciclos de endurecimiento monetario —motivados, como ahora, por la necesidad de luchar contra la inflación— habían generado una recesión. En este caso, sin embargo, la economía resiste mejor de lo previsto, a tenor del dato de crecimiento del segundo trimestre, un notable 0,4%, prácticamente lo mismo que en los tres trimestres anteriores. Durante el mismo periodo, el coste del dinero se ha encarecido vertiginosamente y el euríbor cotiza ya por encima del 4%.

Las explicaciones más inmediatas —abaratamiento de la energía, recuperación del turismo, fondos Next Generation—se quedan cortas, porque no bastan para entender la aparente inmunidad de las variables más sensibles a la subida de tipos de interés: la inversión se incrementó nada menos que un 4,6% en el segundo trimestre.

La aceleración del ritmo de ejecución de los fondos europeos es un factor. Otro, crucial en un contexto de subida de tipos, el desendeudamiento de las empresas y de los hogares. Tras el shock de la pandemia, las empresas reanudaron el proceso de reducción de pasivos, de modo que su deuda se sitúa ya por debajo del nivel prepandemia y es casi la mitad que en el anterior ciclo de subida de tipos de interés, que coincidió con la crisis financiera. Asimismo, las familias han aligerado sus balances, aprovechando la subida del euríbor para amortizar préstamos hipotecarios. Su situación financiera es, por tanto, significativamente más holgada que en el momento del estallido de la crisis financiera. El nivel de deuda privada es también menor que en otros países de nuestro entorno, especialmente Países Bajos, Finlandia y Suecia, algo que también contribuye a explicar el buen tono de la economía española en el seno de la OCDE.

Bien es cierto que el elevado peso de los préstamos hipotecarios a tipo variable es un factor de vulnerabilidad. El foco de atención debe estar en las personas con menores niveles de renta, y es importante que las medidas dirigidas a este colectivo se refuercen, tratándose de una cuestión social acuciante. Pero a nivel macroeconómico, el desendeudamiento parece estar amortiguando el impacto financiero de la subida de los tipos de interés.

El comportamiento del mercado laboral es otro factor diferencial en relación con épocas anteriores. La moderación del IPC, junto con los acuerdos salariales y la incesante creación de empleo, han aportado un impulso al poder adquisitivo, contribuyendo a contener el impacto de la restricción monetaria en la renta de los hogares. El consumo privado rebotó en el segundo trimestre, quebrando la senda negativa de los dos trimestres anteriores.

Pero no echemos las
campanas al vuelo, porque las señales de desaceleración se han multiplicado.
Nuestra economía, muy dependiente del exterior, no puede desacoplarse del parón
de la eurozona, especialmente de Alemania. Las exportaciones, protagonistas de
nuestra recuperación pos pandemia, dan síntomas de debilitamiento. El sector
industrial se resiente, y las expectativas para los próximos meses no son
halagüeñas (el indicador PMI de gestores de compra de las manufacturas se sitúa
en terreno contractivo).

Por otra parte, la subida de tipos de interés no se ha trasladado todavía por completo a la economía. La encuesta de préstamos bancarios apunta a una fuerte reducción de la demanda de crédito. Además, el BCE podría dar una nueva vuelta de tuerca en septiembre, apoyándose en la resiliencia de los precios, y sobre todo Lagarde advierte que mantendrá los tipos durante un periodo más prolongado de lo vaticinado.

Con todo, la economía
española ha dejado atrás algunas de sus rémoras históricas como la querencia
por la deuda privada y la volatilidad del mercado laboral, lo que está permitiendo
encarar el ciclo monetario en mejor posición desde el punto de vista
macroeconómico. Queda por apuntalar estos resultados con reformas e inversiones
que nos permitan abordar los grandes desafíos económicos, presupuestarios y
sociales de nuestros tiempos.

PIB | En el segundo trimestre el PIB avanzó un 0,4%, un ritmo similar al de los tres trimestres anteriores, pero con un cambio notable en su composición: ahora es la demanda interna la que lidera la actividad, mientras que la aportación del sector exterior es negativa, como consecuencia del enfriamiento de los mercados internacionales. Desde el lado de la oferta, los servicios y la construcción lideran el crecimiento de la actividad, mientras que la industria manufacturera se contrae y la agricultura cae un 8,4%, el segundo mayor descenso de la serie histórica, en un contexto de sequía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevo factor de resiliencia

julio 10, 2023

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Que la economía española ha capeado mejor de lo vaticinado las consecuencias de la crisis energética, de la inflación y de una guerra, es ya una evidencia. La pregunta es hasta qué punto puede seguir sorprendiendo. Para responder, aparte de realizar un ejercicio de humildad, es importante identificar la sostenibilidad de los principales pilares del impulso. Algunos, como la estabilización de los mercados energéticos o la normalización del turismo, seguirán teniendo un impacto positivo pero cada vez menor al tratarse de fenómenos por naturaleza transitorios.

Otros, como el tirón de las exportaciones de productos industriales y de servicios no turísticos, alentados por el buen posicionamiento competitivo de nuestras empresas, parecen más sólidos. Es un hecho que el sector exterior ha sido el principal artífice del crecimiento desde finales del pasado ejercicio (de ahí buena parte del error de previsión). Sin embargo, el debilitamiento de los mercados europeos deja escaso margen de sorpresa. La fuerte caída de los indicadores de coyuntura de la eurozona es preocupante a este respecto.

Asimismo, se percibe una desaceleración del mercado laboral, que ha sido otro importante factor de resiliencia en esta etapa. Ante el riesgo de no disponer de personal suficiente durante el periodo vacacional, las empresas habrían anticipado las contrataciones durante la primavera, de modo que no cabe ya esperar grandes avances. Los datos de afiliación de junio, menos boyantes que la norma para un inicio de temporada, ya apuntan en esta dirección.

Pero la principal incógnita radica en la pugna entre dos fuerzas contrapuestas: las subidas de tipos de interés, y, por otra parte, el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios y su posible efecto en el consumo. La desescalada de los precios de las materias primas energéticas y de las que entran en la cadena alimentaria está ayudando a doblegar el IPC. Asimismo, se espera una disipación de la presión alcista de los beneficios empresariales, que ya se sitúan por encima de los valores pre-pandemia en términos agregados (con enormes diferencias entre sectores, según los datos de la Agencia Tributaria), en un contexto de debilitamiento de las expectativas.

Todo ello apunta a una paulatina desaceleración del IPC, que coincide con el repunte de los salarios: éstos crecen ya por encima de 3% (en concepto de salarios pactados), dejando atrás el periodo de erosión de la capacidad de compra de los hogares que se inició con el brote inflacionario. El alza de las remuneraciones en relación a los precios, en consonancia con el acuerdo salarial, aportará un respiro al consumo, muy alicaído últimamente. Sin embargo, este efecto será sin duda limitado a corto plazo, ya que los hogares querrán asegurarse que ese plus de ingresos es sostenible antes de gastarlo.

Entre tanto, el BCE, preocupado por las presiones subyacentes en Alemania y otros países del núcleo duro del euro, seguirá subiendo tipos de interés: nos asomamos a una nueva vuelta de tuerca este mismo mes, y otra después del verano, lo que llevará el euríbor a nuevos máximos. Los tipos de interés se mantendrían en ese nivel durante bastante tiempo, hasta que el gurú monetario considere que el proceso de desinflación es irreversible.

Con todo, el ciclo de restricción monetaria pesará necesariamente sobre la coyuntura —ya ha dado pie a un descenso de los préstamos de nueva concesión a empresas y particulares—. El ejercicio podría acabar con un crecimiento del PIB superior al 2%, gracias a la progresiva recuperación de los salarios unida al efecto arrastre asociado al buen inicio de año. Pero, con la desaparición de este último factor, una neta ralentización parece inevitable para el 2024. Eso, siempre y cuando la política monetaria no sobrerreaccione, ni que los costes financieros se disparen, siendo éste el principal riesgo de previsión. A la inversa, el entorno de recuperación de renta disponible de los hogares podría abrir la vía a una trayectoria económica más favorable de lo anticipado.

BALANZA EXTERNA | La balanza de pagos por cuenta corriente arrojó un superávit histórico en el primer trimestre de este año, de 10.300 millones de euros, la mejor cifra de un primer trimestre de toda la serie histórica. El déficit de la balanza comercial de bienes se redujo con respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que el superávit de las balanzas de servicios, tanto turísticos como no turísticos, creció de forma notable, solo mínimamente compensado por un ligero incremento de los pagos netos al exterior por rentas de la propiedad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los turistas extranjeros vuelven a aportar crecimiento

octubre 6, 2022

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Al inicio del año 2022 pocos eran los que vaticinaban buenos resultados para el turismo internacional, debido a la presencia de la variante Omicron que obligó, de nuevo, a ser más cautos en los flujos turísticos (Fernández, 2021). Con la Semana Santa, sin embargo, se reavivó la actividad turística nacional e internacional, lo que permitió revisar al alza las expectativas del sector turístico. Su avance es importante para mantener el ritmo de crecimiento de la economía española ante la aparición de nuevos problemas económicos que han quitado el protagonismo a la pandemia: la invasión rusa de Ucrania y el ascenso imparable de la tasa de inflación.

Los datos de agosto de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, proporcionados recientemente por el INE, confirman el buen comportamiento del sector turístico. A partir de junio, el número de turistas internacionales retomó su proporción habitual en el total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y, en agosto, se ha consolidado en niveles cercanos a los registrados en el mismo mes de 2019 (véase el gráfico 1). La vuelta del turismo a sus niveles prepandemia es una buena noticia, puesto que previsiblemente se normalizará su contribución al crecimiento del PIB en el tercer trimestre, en contraposición a otras dificultades que atraviesa la economía española.

En cualquier caso, es preciso matizar que el número de pernoctaciones de turistas no residentes ha sido un 2,5% inferior al registrado en agosto de 2019. Esta diferencia puede entenderse como que todavía existe un margen de mejora, pero también puede ser el resultado de un cambio en el comportamiento de los turistas que eligen, en una mayor proporción, alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos…). De hecho, el máximo de pernoctaciones en establecimientos hoteleros se registró en agosto de 2017. De manera que habrá que esperar a que la situación se consolide para poder identificar, mediante un análisis más profundo, cómo están cambiando las preferencias de los turistas.

Además de su impacto positivo sobre el crecimiento económico, la recuperación del turismo internacional genera efectos significativos en el mercado laboral y en la balanza de pagos. En primer lugar, el empleo en el sector hotelero ha sido solo un 1,2% inferior al registrado en agosto de 2019 (véase el gráfico 2). Además, el número de trabajadores que permanecen en situaciones de regulación de empleo bien sea con reducción de jornada o bien con suspensión completa de contrato es testimonial. El gráfico 3 muestra como todavía en Semana Santa estos trabajadores representaban cifras significativas, mientras que en julio (últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Economía Social), no llegaban a 300 trabajadores.

En segundo lugar, es de sobra conocido que los ingresos por turismo en la balanza de servicios son muy relevantes para financiar el déficit comercial español. En este sentido, los datos del Banco de España sobre la balanza de pagos, que se conocen dos meses más tarde que los de pernoctaciones del INE, sugieren que la recuperación en los ingresos por servicios turísticos está siendo intensa. En efecto, en el mes de junio, cuando todavía las pernoctaciones de turistas internacionales eran un 9,9% inferiores a las registradas en el mismo mes de 2019, los ingresos turísticos también lo fueron, pero menos: un 6,2%. Dado que, como se ha indicado, en agosto el número de pernoctaciones de residentes extranjeros fue solo un 2,5% menor que tres años antes, es presumible que se confirme el crecimiento del turismo internacional. Sin duda, esto contribuirá a compensar el aumento del déficit comercial debido al incremento del valor de las importaciones ante la fuerte apreciación del dólar y el avance de los precios de la energía.

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Aumentar la actividad y reducir el paro, objetivos para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad

septiembre 7, 2022

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La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020)^[1] muestra, como ya hicieron las dos anteriores (1999 y 2008), una integración muy pobre de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si centramos la atención en las personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), su número —estimado en 1,58 millones— representa un 37% de todas las personas con discapacidad (4,32 millones). Es una cifra más alta que la que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2008 (1,47 millones)^[2]. Ahora bien, las tasas de prevalencia de personas con discapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantienen en un nivel parecido, en torno al 5% (5,2 % en 2020, 4,9% en 2008, y 5,1% en 1999). Por tanto, aunque la cantidad de personas con discapacidad en esa franja etaria ha aumentado, también lo ha hecho la población en edad laboral.

Como cabría esperar, las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral (Gráfico 1). Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. Llama asimismo la atención que, aunque en la juventud la prevalencia de discapacidad de las mujeres es proporcionalmente menor que la de los hombres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con discapacidad supera al de los hombres, sobre todo, a partir de los 65 años.

De los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral, en 2020-2021 estaban trabajando 370 mil (192 mil mujeres y 178 mil hombres), mientras que 160,4 mil buscaban empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad^[3] asciende a 33,5%, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población (una distancia que entre los hombres todavía se agranda). Una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde, sin duda, a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren. Al fin y al cabo, la mayoría de quienes están en edad laboral y no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propia discapacidad (así lo hacen el 53,1% de las mujeres y el 75,2% de hombres). Pero es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez.

Aun cuando en términos absolutos las mujeres con discapacidad tienen más presencia en el mercado de trabajo que los hombres, no solo sus respectivas tasas de actividad, sino también de empleo y paro son muy similares (Gráfico 2). Que la tasa de empleo de las personas con discapacidad^[4] (23,4%) represente aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%) puede responder a las restricciones que impone la propia discapacidad. En este sentido, entre las personas con discapacidad que, teniendo experiencia laboral, han dejado de trabajar, el 43% declara haberlo hecho por la aparición o el agravamiento de su discapacidad, sin apenas diferencia alguna entre mujeres y hombres (Gráfico 3). Ahora bien, la reducida tasa de empleo también puede deberse a las reservas de las empresas a contratar a estas personas, dadas las dificultades de los empleadores para conocer la capacidad de estos demandantes de empleo para desempeñar su trabajo; es decir, para anticipar en qué medida su discapacidad afecta a su productividad. Disminuir el impacto de este problema de información de las empresas podría mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A esa mejora también podría contribuir el aumento de los niveles educativos de estas personas; de hecho, las personas con discapacidad que no trabajan, pero están buscando empleo, presentan un nivel educativo más bajo que las que están trabajando, aunque claramente más alto que el de las que no trabajan ni buscan trabajo (Gráfico 4).

Visto desde otro ángulo, es preocupante que la tasa de paro de las personas con discapacidad^[5] (30,2%) doble a la de la población total (15,6%) ¿Cómo están buscando empleo esos 160,4 mil hombres y mujeres con discapacidad que quieren trabajar y no encuentran dónde? El 60,8% de ellas y el 67,5 % de ellos utilizan a amigos o conocidos como principal método de búsqueda de empleo, proporciones considerablemente más elevadas que las de aquellos que afirman recurrir a los servicios públicos de empleo (SEPE). La preferencia por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, habida cuenta de que resulta más prometedora: el 38,2 % de las mujeres y el 38,9% de los hombres con discapacidad que trabajan, afirman haber encontrado su empleo a través de contactos con familiares y amigos, mientras que solo el 4,6% de ellos y el 4,4% de ellas lo encontraron mediante el SEPE (Gráfico 5).

Los resultados de la EDAD-2020 ponen de relieve la importancia de la red familiar y de amigos en la búsqueda de empleo. Cabe pensar que las personas con discapacidad que no trabajan deseando hacerlo cuentan con redes familiares y de amigos más débiles, por lo que, además de carecer de empleo, una vía fundamental de integración social, probablemente padezcan en mayor medida soledad. De ahí que este colectivo merezca una atención especial de los servicios públicos de empleo y, también, el despliegue de medidas de integración laboral de las que se puedan beneficiar. Téngase en cuenta que según la EDAD-2020, solo el 18,4% de las personas con discapacidad —es decir, unas 70.100— afirman haberse beneficiado de estas medidas (Cuadro 1).

En resumen, queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que intentar que el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo –un colectivo cuya magnitud hoy día desconocemos, pero que cabe suponer significativo– sea lo más pequeño posible; es decir, que las personas con discapacidad inactivas se circunscriban a aquellas que no pueden o no quieren ocupar un puesto de trabajo. En segundo lugar, es deseable que el paro entre la población con discapacidad se sitúe en tasas cuando menos equiparables a las de la población total.

Estos son actualmente los grandes problemas de la población con discapacidad en edad laboral. No lo es, en cambio –y esto es una buena noticia– la discriminación en el puesto de trabajo: casi nueve de cada diez personas con discapacidad ocupadas (88%) no han experimentado sentimientos de discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Y quienes afirman sufrirla “muchas veces” o “constantemente” representan un 1,2% (Gráfico 6). En definitiva, a la luz de los datos de la EDAD-2020, se puede decir que la sociedad española trata adecuadamente a las personas con discapacidad que han conseguido una ocupación, pero probablemente desconoce y desatiende a quienes, deseándola, no la alcanzan.

Este análisis representa un primer resultado del proyecto de investigación financiado por Funcas “Envejecimiento, discapacidad y participación laboral”.

^[1] Los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto de 2020 y octubre de 2021, han sido publicados en abril de 2022. La muestra se compone de aproximadamente 67.500 viviendas.

^[2] Que, a su vez, era mayor que la que arrojó la Encuesta en 1999 (1,34 millones). Estimaciones a partir de las correspondientes encuestas de discapacidad, también realizadas en su momento por el INE aplicando las mismas definiciones internacionales estandarizadas. Véase Malo, M.Á., Dávila, C.D., y Pagán, R. (2009). “Hacia la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad”, en J.M. Zufiaur (coord.), Los retos de la igualdad en el trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, 325-350.

^[3] Cociente de la suma de las que están ocupadas y las que, no estándolo, buscan empleo, entre el total de personas con discapacidad de 16 a 64 años.

^[4] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral ocupadas y la población total en edad laboral.

^[5] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral desempleadas y el de personas con discapacidad en edad laboral activas.

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24 de enero: Día Internacional de la Educación

enero 24, 2022

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Desde 2018, cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha decidido enmarcar la celebración de este año bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”, que sugiere cierta insatisfacción con el estado de la educación actual en el mundo e indica la necesidad de un giro educativo.

Cada país puede identificarse más o menos con este lema en función de la calidad y el rendimiento de su sistema educativo. En el caso de España, los informes de evaluación de competencias promovidos por la OCDE han situado a nuestro país en puestos comparativamente bajos de los distintos rankings que miden el rendimiento del sistema educativo entre los alumnos que cursan el último curso de educación obligatoria (PISA) y entre la población de 16 a 65 años (PIAAC). Estas evidencias comparativas avivan periódicamente el debate sobre la educación en España, muy marcado también por la inestabilidad legislativa en esta materia (ocho leyes educativas desde 1980, la última aprobada en diciembre de 2020).

Ahora bien, estos debates desdibujan a menudo la importancia que la educación ha adquirido como motor de cambio social durante las últimas cuatro décadas. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2021 el 36% de la población española entre 25 y 64 años ha cursado, como máximo, educación secundaria básica, el 10% educación secundaria superior generalista, el 24% educación secundaria orientada profesionalmente, y el 29% educación superior. Cuarenta años atrás, la proporción de población de la misma edad que había alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria era abrumadoramente mayoritaria (89%), mientras que la que contaba con títulos de educación secundaria superior (4%) o profesional (1%) o de educación superior (6%) era muy escasa (Gráfico 1).

Elaboración de Luis Garrido Medina a partir de datos EPA (IVT1980-IIIT1981 / IVT2020-IIIT2021).

(*) Población española nacida en España.

Ciertamente, desde la perspectiva del nivel educativo, la población de 16 o más años residente hoy día en España se distribuye en torno a dos polos. Por una parte, se concentra en los dos extremos de la distribución educativa: frente a aquellos con pocas credenciales educativas (45%) cobran creciente peso quienes cuentan con títulos de educación superior (33%). Solo un 22% de la población se sitúa en posiciones intermedias. Por otra parte, esta estructura bipolar también se plasma en perfiles educativos muy diferentes en función de la edad. Tal y como pone de relieve el Gráfico 2, mientras que abundan los universitarios entre quienes se encuentran en la primera fase de su trayectoria laboral (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años), en el colectivo de población mayor de 55 años se observa una proporción amplia de personas con un nivel educativo muy bajo.

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy llamativas. Así como entre los mayores de 59 años la proporción de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, a medida que disminuye la edad, aumenta la diferencia en el porcentaje de universitarios a favor de las mujeres (Gráfico 3). En el grupo de personas entre 25 y 34 años esta diferencia alcanza su máximo: más de la mitad de ellas (55%) han completado estudios superiores, mientras que ellos presentan una proporción de titulados superiores mucho menor (42%).

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

A pesar de estos datos positivos sobre el nivel educativo de los adultos jóvenes, no todo son buenas noticias. La polarización ya señalada también afecta a la composición de este grupo, de modo que, a día de hoy, son muchos los jóvenes con escasos recursos educativos. En efecto, el 28% de los que cuentan entre 25 y 34 años han alcanzado, como máximo, titulación en educación secundaria obligatoria. Este porcentaje aumenta cuando solo se tiene en cuenta a los hombres de esas edades (33%). Y es que si bien en 2020 España se situaba por encima de la media comunitaria en la proporción de jóvenes con estudios terciarios, también registraba el mayor porcentaje de personas entre 25 y 34 años con estudios básicos en la Unión Europea (27), casi duplicando la media europea (15%), como se aprecia en el Mapa 1.

Elaboración propia a partir de Eurostat [edat_lfse_03].

En definitiva, sin olvidar los grandes avances realizados por la sociedad española en cuanto a extensión de la educación, es preciso señalar en un día como hoy que en torno a tres de cada diez de quienes se encuentran en la fase inicial de participación en el mercado laboral (25-34 años) presentan niveles educativos bajos. La ausencia entre muchos jóvenes de formación post-obligatoria, específicamente orientada a la inserción en el mercado de trabajo, es un problema todavía muy presente en la sociedad española.

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Los precios que vienen

mayo 21, 2021

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Esperando la vacuna

noviembre 16, 2020

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Con la llegada anunciada de una vacuna para prevenir los contagios de la covid, aparece la primera luz al final del túnel en el que nuestra economía está inmersa desde el inicio de la pandemia. De confirmarse la efectividad del remedio y su disponibilidad desde inicios de 2021, se produciría un vuelco en las ensombrecidas perspectivas. Los sectores que más se beneficiarán del fin de las restricciones, como el turismo y otros servicios dependientes de la movilidad, tienen un peso elevado en nuestro aparato productivo. Ello, unido a la tradicional reactividad de la economía española a todas las anteriores fases de recuperación global, permite augurar un rebote intenso.

Además, un saludable “subidón” de confianza se producirá cuando la ciudadanía anticipe la relajación de las limitaciones a sus libertades y la vuelta a la normalidad en los desplazamientos. Las familias españolas tienen una capacidad de gasto considerable, gracias a los cerca de 80.000 millones de euros atesorados de manera precautoria.

Sin embargo, para que se produzca el cambio de expectativas, y que se dispare el consumo privado, habrá que esperar a que se administren las primeras vacunas y que se determine un calendario creíble para su disponibilidad para el resto de la ciudadanía —los epidemiólogos consideran que al menos el 70% de la población tiene que estar protegida para contener la pandemia—.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Estimaciones de Funcas.

Por tanto, a corto plazo, la coyuntura estará dominada por las fuerzas que la empujan hacia una recaída. Así lo anticipa el indicador avanzado de la OCDE, que apunta a una reducción acusada del nivel de actividad durante el tramo final del año. Esa corrección, si bien de menor magnitud que en la primera ola, se explica por la multiplicación de contagios desde el verano además de la sobreexposición a los sectores más afectados.

«Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo».

Raymond Torres

También conviene prestar atención al riesgo de pérdida irreversible de tejido productivo hasta la aplicación masiva del antivirus. Al contrario de lo que sucederá con los hogares, no cabe esperar un fuerte shock de confianza entre las empresas, cuyo balance está muy dañado por el fuerte desplome de los ingresos. Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo. Según el BCE, una de cada seis empresas está sobreendeudada, algo que ha empezado a afectar la oferta de crédito bancario. Muchos negocios, por tanto, esperarán a reconstituir márgenes antes de reanudar el camino de la inversión, si no han desaparecido antes. Incluso los menos dañados por la crisis —por ejemplo en la industria química, el sector agroalimentario, o los servicios profesionales que se sostienen con el teletrabajo— optarán por la prudencia antes de emplear sus excedentes en capacidad productiva.

Otra cicatriz que amenaza con perdurar es la expulsión del mercado laboral de las personas más vulnerables, como los jóvenes con bajo nivel de estudios, familias monoparentales, o parados que provienen de sectores que más tardarán en recuperarse. La experiencia muestra que el tiempo juega en detrimento de estos colectivos, y que por tanto solo una acción temprana y contundente es susceptible de revertir la tendencia. El número de inactivos ha aumentado en 428.000 personas desde finales de 2019, y el de parados en 531.000 (con datos del tercer trimestre).

Todo ello aboga por un férreo control de los rebrotes de virus, y una pronta puesta en marcha de políticas de prevención de insolvencia de empresas viables, con ayudas directas o participaciones como las que se están administrando en otros países, pero no en el nuestro. Y por supuesto políticas de empleo eficaces. Reforzar la resiliencia de la economía, para la recuperación que cabe esperar tras la vacuna sea lo más rápida y completa posible.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Atisbos de recuperación

junio 8, 2020

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.

Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Teletrabajo (II): un horizonte todavía borroso

mayo 15, 2020

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Desde que la pandemia cambiara de manera tan brusca y profunda nuestros hábitos de comportamiento social y laboral, la pregunta sobre si estos cambios se van a estabilizar tras la crisis ha planeado sobre el debate público, y probablemente también ha sido objeto de muchas conversaciones privadas. El paso de las semanas bajo confinamiento parece haber ido debilitando el énfasis con el que, al principio, afirmábamos que la COVID-19 marcaría una cesura tajante en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, en el caso del teletrabajo ocurre más bien lo contrario. Se acumulan las informaciones indicativas de que esta modalidad de actividad laboral a distancia, normalmente efectuada desde el propio hogar, acabará consolidándose, lo que dispararía la (comparativamente pequeña) proporción de teletrabajadores que España registraba antes de la crisis del coronavirus (como se puede leer aquí). Igual lo escuchamos por boca de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), que de algunos directivos de grandes empresas, de representantes de asociaciones empresariales o de expertos: todos ellos coinciden en que “el teletrabajo ha venido para quedarse”^[1].

«La opinión compartida de que el teletrabajo “cada vez va a ir a más” se basa en una creencia: el confinamiento está proporcionando una gran oportunidad a los empleadores para comprobar que el teletrabajo rinde, por lo que su normalización permitiría ganancias en eficiencia»

A esta afirmación tan rotunda subyace la experiencia positiva que ha supuesto la adaptación al teletrabajo por parte de decenas de miles de trabajadores durante el confinamiento (como se expone aquí). En efecto, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se produjo la transición al teletrabajo en las primeras semanas de marzo, con escasa o nula planificación y aceleradamente, el experimento forzoso parece haber salido mejor de lo esperado. Cuando se levanten las restricciones a la libertad de movimientos y se atenúen las exigencias de distanciamiento social, muchos trabajadores que trasladaron las oficinas a sus casas volverán a sus centros de trabajo, pero parece muy probable que otros muchos que antes solo trabajaban presencialmente pasarán a desarrollar al menos una parte de su actividad laboral desde su hogar.

El potencial productivo del teletrabajo en España es considerable, como muestran sendas investigaciones recientemente publicadas por el Banco de España e IVIE.^[2] Cuánto se desarrolle ese potencial va a depender, en gran medida, de las empresas y de los reguladores de la actividad laboral. Así lo creen los teletrabajadores que participaron en las conversaciones (a través de grupos triangulares) organizadas por Funcas en los primeros días de abril (véase aquí): “todo lo que no han hecho nuestros políticos y responsables de las empresas durante 20 años [por el teletrabajo], lo han hecho en un mes” [GT2, M].^[3] La opinión compartida de que el teletrabajo “cada vez va a ir a más” [GT3, H] se basa en una creencia: el confinamiento está proporcionando una gran oportunidad a los empleadores para comprobar que el teletrabajo rinde, por lo que su normalización permitiría ganancias en eficiencia (habida cuenta de los ahorros derivados de la reducción tanto de los espacios de trabajo como del uso de determinados suministros y servicios en las oficinas). En cierto modo, la crisis del coronavirus ha legitimado el teletrabajo, poniendo en entredicho esa cultura laboral favorable a “que estés en la silla sentado y que vean que estás” [GT2, M]; una cultura, cimentada, al fin y al cabo, en la desconfianza y en la idea de que el buen desempeño profesional de los empleados (por cuenta ajena) necesita la proximidad de la dirección y supervisión.

¿Marca entonces esta crisis sanitaria el punto de inflexión hacia ese escenario de teletrabajo masivo en las economías avanzadas que preveían Alvin Toffler y otros autores en los años ochenta y noventa del pasado siglo?^[4] Responder afirmativamente a esta pregunta entraña el riesgo de (volver a) infravalorar los inconvenientes y desafíos que contrapesan las tan celebradas ventajas del teletrabajo. Como argumentaba Yehuda Baruch a principios de este siglo,^[5] las grandes visiones sobre el futuro del teletrabajo han tendido a pasar por alto una serie de dificultades significativas, resumidas en el Cuadro 1.

Cuadro 1

POSIBLES BENEFICIOS E INCONVENTIENTES DEL TELETRABAJO

Nivel	Posibles beneficios	Posibles inconvenientes/desafíos
Nivel individual	* Mejora del desempeño y de la productividad	* Menos oportunidades de integración
	* Menos tiempo de desplazamiento	* Menos interacción social
	* Más autonomía	* Más estrés doméstico
	* Menos estrés relacionado con el trabajo	* Menos influencia sobre el personal y las decisiones en el centro de trabajo
	* Más tiempo con la familia	* Menos seguridad laboral
	* Única posibilidad de trabajar para mucha gente (por ejemplo, personas en situación de dependencia)	* Menos opciones de promoción
		• Manejo de límites entre trabajo retribuido y vida personal
Nivel corporativo	* Más productividad	* Más dificultad para controlar y motivar a los trabajadores
	* Oferta más amplia de mano de obra	* Menos compromiso de los trabajadores
	* Ahorro de espacio	* Pérdida de ventajas del trabajo en grupo
	* Ahorro de costes generales	⇒ Ataques informáticos y riesgos de seguridad en la transmisión de datos
	* Menos absentismo	• Soporte empresarial en todos los niveles
	* Imagen (pública) de flexibilidad	• Formación de personal y disposición de herramientas apropiadas
		• Organización/coordinación del trabajo
Nivel social	* Menos desplazamientos, menos contaminación y accidentes	* Creación de una sociedad autista (atomización y aislamiento de los individuos respecto a las instituciones sociales)

Fuente: Adaptado de Baruch (2000: 38). Con el signo “•” se han añadido los argumentos expuestos por Jon Messenger (Organización Internacional del Trabajo) en el vídeo “Five things to make teleworking work” (24 de marzo de 2020). El signo “⇒” introduce un argumento que no suele especificarse en este debate, pero que reviste mucha importancia económica y jurídica para las empresas. Véase la página 19 de las transcripciones de los grupos triangulares, en las que uno de los participantes llama la atención sobre esta cuestión.

De todos los posibles inconvenientes o desafíos relacionados en el Cuadro 1, los que más pesan a los teletrabajadores que han participado en las conversaciones sobre teletrabajo organizadas por Funcas, son los que afectan a la interacción social y a la integración en una comunidad de compañeros de trabajo. Subrayando la calidad específica que la presencia física confiere a las relaciones no mediadas por dispositivos electrónicos, uno de los participantes insiste en el valor del “ambiente de trabajo en la oficina” y añade que “una reunión cara a cara no tiene nada que ver con una reunión por Skype” [GT2, H1]. Otro afirma con convicción que “las oficinas, o el ambiente, se necesitan, se necesitan” [GT3, H]. No es solo que esa interacción personal inmediata resulte más productiva o eficaz para alcanzar determinados objetivos (por ejemplo, la formación de nuevos trabajadores o de contratados en prácticas), sino también, y sobre todo, que se considera insustituible emocional o psicológicamente: “(s)e necesita tener ese contacto, tener ese compañerismo, el tomarte un café con alguien, el charlar; es decir, todo ese tipo de cosas (…), esa parte de sociedad la necesitamos” [GT3, H].

Dada imposibilidad de interacción social ‘real’ cuando se teletrabaja, hasta una participante que se reconoce “enamorada” del teletrabajo defiende una fórmula combinada: “no me gustaría teletrabajar constantemente, porque me gusta cambiar. Aunque sea funcionaria, ¡me gustan la emociones! Entonces, me gusta, de vez en cuando, la interacción con mis compañeros, el ir y el venir y salir de casa también, ¿no? (…) Yo veo que también el [trabajo]presencial tiene sus puntos importantes, yo lo ideal vería una combinación” [GT2, M].

«¿El teletrabajo ha venido para quedarse? La evidencia disponible no permite contestar todavía esta pregunta ni lo permitirá mientras persistan las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos».

En general, podríamos decir que los teletrabajadores satisfechos (y, por tanto, de los que más motivación en el desempeño de su trabajo cabe esperar) son aquellos que –además de disponer de un espacio y un mobiliario adecuados para trabajar desde casa, así como también de los dispositivos e instrumentos que les permiten realizar su actividad laboral eficazmente– logran acordar con sus empleadores la combinación de trabajo a distancia y trabajo en presencia que mejor responde a sus necesidades y preferencias particulares. Los mejores contratos de teletrabajo serían aquellos “hechos a medida”, casi individualizados; las regulaciones rígidas que obstaculizan estas adaptaciones a la previsiblemente enorme casuística de teletrabajadores no favorecerían el desarrollo del buen teletrabajo. Por ello, siempre que se garantice la protección contra los riesgos laborales específicos de esta modalidad de empleo, la flexibilidad para acordar las condiciones de teletrabajo sería deseable. En todo caso, una estrategia empresarial de promoción del teletrabajo requeriría unos esfuerzos muy considerables en la gestión y coordinación de recursos humanos; es decir, un motor organizativo potente, capaz tanto de estimular el rendimiento de los teletrabajadores como de absorber los costes de transacción que vayan surgiendo cada día en el desarrollo del teletrabajo. Si no se dan esas condiciones, el teletrabajo puede convertirse en un lastre para las empresas del que tratarán de librarse^[6].

Finalmente,
también conviene tener presente un argumento circunstancial: la crisis del
coronavirus ha generado una situación inédita y dramática que ha suscitado
reacciones humanas también extraordinarias. Los “teletrabajadores del COVID-19”
han legitimado el teletrabajo porque no han escatimado esfuerzos ni tiempo para
contribuir a ese gran propósito social de salir adelante individual y
colectivamente, aportando todos lo mejor de cada uno. “No es un teletrabajo en
condiciones normales” [GT2, M] han repetido los participantes en las conversaciones
sobre teletrabajo; como reconoció uno de ellos, “si hiciéramos la jornada
estando en una situación normal, creo que sí que cortaríamos antes, o no
estaríamos tantas horas, no alargaríamos la jornada de trabajo, creo” [GT3,
M2].

¿El
teletrabajo ha venido para quedarse? La evidencia disponible no permite
contestar todavía esta pregunta ni lo permitirá mientras persistan las circunstancias
excepcionales en las que nos encontramos. Pero si, como se escucha ahora tan a
menudo, el teletrabajo va a cobrar gran protagonismo en el mercado de trabajo
español, habría que intentar que este cambio mejorara la satisfacción de los intereses
de todos los implicados.

[1] Véase, por ejemplo, “Trabajo anuncia
medidas para hacer permanente el teletrabajo tras la ‘cuarentena’” (El
Español, 21/04/2020), “El teletrabajo ha llegado para quedarse porque es
eficaz (Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell)” (Expansión,
06/05/2020), “La patronal gaditana admite que ‘el teletrabajo ha venido para
quedarse’” (La Voz de Cádiz, 23/04/2020), “No puede sustituir al
trabajo, pero ha venido para quedarse” (Sur, 19/04/2020).

[2] Véanse Brindusa, A., Cozzolino, M. y Lacuesta, A. (2020), “El teletrabajo en España”, Madrid, Banco de España, y Peiró, J.M. y Soler, A. (2020), “El impulso al teletrabajo durante el COVID-19 y los retos que plantea”, Valencia, IVIE.

[3] Entre corchetes aparece la identificación del/de la participante en los grupos triangulares, tal como ya se hizo en la entrada “Teletrabajo I: de la necesidad, virtud”.

[4] Véanse, por ejemplo, Toffler, A. (1979), La tercera ola, Barcelona, Plaza & Janés, y Mahfood, P. E. (1992), Home work. How to hire, manage, & monitor employees who work at home, Illinois, Probus Publishing.

[5] Baruch, Y. (2000), “Teleworking: benefits
and pitfalls as perceived by professionals and managers”, New Technology,
Work and Employment, 15(1), 39-49.

[6] No sería la
primera vez, como ilustró el “caso Marissa Mayer” en febrero de 2013, cuando la
directiva de Yahoo irrumpió en los titulares de
la prensa económica internacional por ordenar a miles de teletrabajadores que
regresaran a las oficinas, con el argumento de que el teletrabajo estaba
deteriorando la calidad de los servicios que prestaba la empresa. Véase, por ejemplo,
Miller, C.C. y Rampell, C. (2013), “Yahoo
orders home workers back to the office”, New York Times, 25 de
febrero.

El virus prolonga la desaceleración

marzo 2, 2020

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La propagación del coronavirus desde China a través del planeta ha disparado las alarmas en los mercados financieros, provocando dudas acerca del impacto sobre la economía global. Los índices bursátiles se han desplomado, con pérdidas en el caso de España del 12% en la última semana. La directora gerente del FMI ha advertido de un próximo recorte de las previsiones para la economía mundial, mientras que economías renqueantes como la italiana podrían estar entrando en recesión.

Conviene, sin embargo, precisar el diagnóstico económico, porque algunas de las reacciones que se empiezan a manifestar podrían tener peores efectos que el propio virus. Según los expertos, la actual crisis sanitaria se asemeja a otras que ya ocurrieron en tiempos recientes y sus principales efectos, aunque con un importante riesgo de contagio, deberían poder contenerse. Algo que, por la multiplicación de las bajas médicas y la ralentización de la actividad productiva, golpea los intercambios e interrumpe los suministros incluso en países donde apenas hay indicios de contaminación, desorganizando las cadenas productivas de forma temporal. En el caso de España, sectores como el automóvil, el material informático, los productos farmacéuticos y la maquinaria de precisión, con un contenido en insumos importados superior al 50% del total producido, figuran entre los más vulnerables. Otra consecuencia inevitable es la cancelación de eventos como el Mobile de Barcelona y de desplazamientos, afectando el transporte, la hostelería y el conjunto del sector turístico, a las puertas de la Semana Santa.

«A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales».

Raymond Torres

Para España lo lógico sería una desaceleración más intensa de lo anticipado durante el primer semestre del año. La eurozona, por su parte, podría reducir significativamente su ya muy escaso crecimiento. A medida que los efectos del virus se disipen, la economía podría rebotar, de modo que los efectos serían limitados para el conjunto del 2020, como lo vaticina el BCE.

Este es un shock de oferta ante el cual los estímulos a la demanda, como una política fiscal expansiva o un recorte adicional de tipos, tienen poca incidencia. Lo que sí funciona es el despliegue de medidas preventivas para evitar despidos cuando el bajón es temporal, o suavizar los desajustes en el sistema de pagos entre empresas, evitando quiebras. A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales.

Pero existe otro escenario, el del miedo que se extiende por toda la economía y que ya ha empezado a manifestarse en los mercados financieros. Los inversores huyen hacia los activos considerados más seguros, que son los bonos públicos, en especial los de Alemania y EE UU. Por el contrario, disminuye ligeramente el apetito por el bono español, que si bien sigue cotizando en niveles reducidos (la rentabilidad es inferior al 0,3% para el bono a 10 años), atrae menos demanda. Sobre todo, las empresas renuncian a emitir títulos de deuda, algo que podría castigar a las que están consideradas como zombies, por arrastrar dudas sobre su viabilidad.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Eurostat y Comisión Europea.

Por fortuna, esas aprensiones no se han propagado todavía a la economía real. Hasta mediados de febrero, la confianza de los consumidores se mantenía y no se detectaba una caída de los índices de sentimiento económico. Los gobiernos pueden fortalecer ese dique de contención, apoyando el sistema sanitario —siendo el de España uno de los mejores del mundo—, y evitando una escalada proteccionista, como el cierre de fronteras como algunos propugnan. El entorno internacional, ya debilitado por las tensiones comerciales, se deteriora. Alemania y Francia podrían bordear la recesión en el inicio de 2020, y otros como Italia recaer en ella. Por tanto, en España la desaceleración será más intensa de lo previsto en los próximos meses. Sin embargo, existen mecanismos para limitar los efectos a más largo plazo. Y para prevenir el miedo, cuya extensión sería peor que el propio virus.

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