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La inmigración y el empleo de los españoles

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española. 

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera


No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral. 

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–.  Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia. 

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.   

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.  

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las clases medias y el crecimiento económico español

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La economía española bate un récord de crecimiento, tras anotar en el tercer trimestre el mayor avance del PIB de la Unión Europea: un 3,4% en términos interanuales, casi cuatro veces más que la media europea. Las cifras macroeconómicas, aun empañadas por un consumo público desbocado, iluminan las perspectivas en el corto plazo, sin que aparezcan los desequilibrios que en otras épocas nos abocaron a una crisis. La deuda del sector privado se desinfla, no se perciben burbujas de crédito, la prima de riego se ha anclado por debajo de la de Francia, mientras que las cuentas externas arrojan un excedente sólido (el superávit por cuenta corriente acumulado hasta agosto es un 30% superior al registrado el año pasado). El tejido productivo se diversifica, fruto del auge de las exportaciones de servicios no turísticos, cuyo crecimiento casi cuadriplica el del PIB.  

El cuadro global es por tanto alentador, otra cosa es cómo se percibe en la ciudadanía tras la sucesión de shocks de estos últimos cinco años. En este periodo los ganadores son los colectivos que han conseguido un empleo, sobre todo los parados y los extranjeros que se han insertado en el mercado laboral, siendo este último grupo el más numeroso. Asimismo, los perceptores del salario mínimo y de prestaciones que se han revalorizado por encima de la inflación también han podido mejorar su situación. En el otro extremo, se encuentran los inversores que han logrado fructificar su capital al calor de la subida de los tipos de interés y de la bolsa. 

El grueso de las clases medias, sin embargo, ha sufrido una merma de poder adquisitivo: pese a la mejora salarial observada hasta el tercer trimestre, la remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace cinco años (descontando la subida de los precios al consumo). A ello se une en el caso de los jóvenes la dificultad de acceso a la vivienda. 


La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como consecuencia de mejoras de eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero del presente ejercicio el PIB se ha incrementado un 6,6%, y el empleo lo ha hecho un 9,3%, evidenciando un declive de la productividad por ocupado. La tendencia en términos de productividad por hora trabajada ha sido más favorable, incluso levemente positiva en el periodo más reciente, pero no se aprecia de momento una mejora estructural.

El modelo aditivo de crecimiento se enfrenta a la necesidad de construir vivienda para así acompasar incremento de población que sustenta el actual ciclo expansivo y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, la inversión residencial apenas reacciona a la situación de escasez, siendo la construcción una de las variables más rezagadas desde la pandemia. 

El déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado. El comportamiento de esta variable clave sigue marcado por la debilidad, algo sorprendente teniendo en cuenta la situación relativamente saneada de las cuentas de las empresas, la disponibilidad de abundantes fondos europeos y la entrada de capital extranjero. Se estima que el volumen de inversión empresarial se sitúa todavía en torno a un 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia, lo que podría acabar por constreñir la expansión, además de alejar la perspectiva de una transformación del modelo productivo, como sería deseable.

Entre tanto, la renta per capita apenas ha avanzado un 1,4% en el periodo considerado, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico.  

DÉFICIT | Pese al crecimiento económico, el desvío de las cuentas públicas no parece estar corrigiéndose. El déficit consolidado de las administraciones públicas (a excepción de las locales) alcanza el 2,3% del PIB, con datos hasta agosto. Esto es una décima más que en el mismo periodo del año pasado. Si bien la recaudación mantiene una tónica creciente, al compás de la economía, el gasto público avanza a un ritmo mayor. Destaca el consumo de las administraciones, con un avance del 6%, superior a lo que cabía esperar en un contexto de prórroga presupuestaria.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cooperativas, una forma singular de hacer empresa

En 2023, casi 19.000 empresas estaban inscritas como sociedades cooperativas en España, lo que representaba el 0,6% de los casi tres millones y medio de empresas activas en España[1]. A pesar de su reducida importancia numérica, su evolución muestra una notable estabilidad tras el final de la crisis financiera de 2008-2013, desafiando los muchos y variados impactos que ha sufrido la economía española (gráfico 1). Además, desde los años previos a la pandemia y con la sola excepción de 2020, el ritmo anual de creación de cooperativas se ha mantenido en un rango muy estable (gráfico 2). Sin embargo, esta estabilidad contrasta con la evolución de la cifra total de empresas activas, que ha seguido una tendencia ascendente desde 2014 (gráfico 1), de forma que la participación de las sociedades cooperativas en el conjunto del sector empresarial español ha caído levemente del 0,7% al 0,6%.


En 2023 se registraron 1.475 nuevas sociedades cooperativas en la Seguridad Social, de las cuales el 78% eran cooperativas de trabajo asociado; es decir, sociedades formadas por profesionales que se unen para gestionar conjuntamente el trabajo que llevan a cabo. El resto estaba formado principalmente por cooperativas de vivienda (11%) y de consumidores (6%) (gráfico 3). Ese año, el número medio de socios en las nuevas cooperativas fue de 4,1, y en las de trabajo asociado, de 2,8[2]. De entre las cooperativas activas, una de cada cinco (21%) carece de asalariados, y casi dos de cada tres (64%) tienen menos de 10 empleados (gráfico 4). Se trata, por tanto, de un tipo de sociedad utilizada, sobre todo, en microempresas.


Si bien se echan en falta datos oficiales recientes acerca del empleo total que generan las cooperativas en el conjunto de España, las cifras de la Seguridad Social correspondientes a 2020 apuntaban entonces a niveles próximos a los 280.000 trabajadores, una cifra no desdeñable[3]. Con todo, el verdadero valor añadido de las cooperativas radica en la calidad del empleo que ofrecen a sus socios y en lo característico de su forma de gobierno, participativo y democrático.

La Encuesta de Población Activa revela la presencia predominante de varones de origen nacional entre los cooperativistas, y permite concluir que los dos grandes colectivos que se han incorporado en las últimas décadas al mercado laboral aún no lo han hecho en la misma medida a las sociedades cooperativas. En efecto, entre los miembros de cooperativas solo tres de cada 10 son mujeres (30,5%), una proporción sustancialmente menor que la observada en el total de ocupados (46%) e, incluso, que la del grupo de empresarios sin asalariados (36,2%) (gráfico 5). Asimismo, la presencia de personas con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad es muy baja, con solo un 6% de socios extranjeros entre los cooperativistas. Esta cifra, solo superior a la de los asalariados del sector público (2,6%), es considerablemente menor que la de los autónomos (17,8%) y los empleadores (13,5%) (gráfico 6).


Las cooperativas en España han tenido tradicionalmente un papel relevante en la agricultura y todavía hoy esta rama de actividad sigue siendo muy importante para el cooperativismo. Mientras que en el trienio 2021-2023 solo el 4% de los trabajadores se dedicaba al sector primario, este porcentaje ascendía al 17% entre los cooperativistas (gráfico 7). Asimismo, una parte de la reputación histórica del cooperativismo tiene referentes industriales y, de hecho, todavía hoy destaca el peso del sector secundario en las cooperativas: uno de cada tres cooperativistas (32,6%) trabajaba en la industria, mientras que en el conjunto de la población ocupada lo hacía solo una de cada siete personas. En cambio, aunque casi tres de cada cuatro trabajadores en España estaban empleados en el sector servicios (76%), entre los cooperativistas esta proporción ni siquiera llegaba a la mitad (44,5%). El notable peso relativo de la agricultura y la industria entre los miembros de cooperativas, en comparación con el total de ocupados en España, pone de manifiesto la importancia de las cooperativas para algunos colectivos y territorios de sectores tradicionales, pero fundamentales, de economías avanzadas como la española.

Merece destacarse, por lo demás, que el porcentaje de cooperativistas con estudios superiores (46,8%) queda ligeramente por encima de la media de todos los ocupados (45,9%), superando claramente al de los autónomos (40,1%) (gráfico 8). También se aproxima a la media para el total de ocupados la proporción de cooperativistas en ocupaciones consideras de “nivel alto” (directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo) (gráfico 9).


Constituidas para cumplir el
fin social que deciden libremente sus socios, las cooperativas son testimonio
de la diversidad institucional de las economías de mercado, que pueden albergar
formas societarias muy variadas. Pero no constituyen una forma más, sino
probablemente la que ostenta un bonus reputacional más alto. Se valora
particularmente su contribución a la inclusión social, a la generación de
sociedades más participativas y cohesionadas, así como a la construcción de un
futuro sostenible, más democrático, más estable e incluso más pacífico[4].


Es evidente que la capacidad de las cooperativas para proporcionar empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida de sus socios las convierte en una opción atractiva para bastantes trabajadores en algunos sectores y territorios. Ahora bien, cobrar conciencia de esas fortalezas y virtudes en el Día Internacional de las Cooperativas es tan importante como preguntarse por qué esas cualidades no han sido suficientes para que su número haya crecido a la par que el del conjunto de las empresas activas en España desde el inicio de la recuperación en 2014.


[1] Fuente: Explotación Estadística del Directorio Central de
Empresas, INE.

[2] Fuente: Base de Datos de la Economía Social, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

[3] Fuente: Base de Datos de la Economía Social, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

[4]  Así se desprende de la presentación que de este día hace
Naciones Unidas. Véase https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day.

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El impulso de la inmigración

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.


Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.   

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.          

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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Protagonismo de la mano de obra extranjera en las cifras de empleo de 2023

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Según las cifras de la Encuesta
de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2023 se redujo el empleo en
19.000 personas, aunque, una vez eliminado el componente estacional, dicho
resultado equivale a un incremento en el número de ocupados de 126.000, es
decir, un 0,6%, un ritmo de crecimiento relevante, aunque sensiblemente
inferior a los trimestres anteriores.

Con respecto a las cifras del
conjunto del año (es decir, tomando los promedios de los cuatro trimestres del
año), destacan los siguientes resultados.

En primer lugar, el número de ocupados aumentó en 615.000 sobre el año anterior, de los cuales, 53.780 fueron empleos públicos. Aunque lo más reseñable es el papel de la mano de obra extranjera, que representó la mitad de dicho incremento del empleo (gráfico 1). La población mayor de 16 años aumentó en 596.000, el crecimiento nominal más elevado desde 2007, como consecuencia, básicamente, del incremento de la población extranjera, que fue de 444.500. Este intenso avance de la población procedente del exterior hizo posible el mayor incremento de la población activa desde 2008, lo cual ha limitado el descenso en el número de parados a tan solo 130.000, situando la tasa de desempleo media anual en el 12,1%, ocho décimas menos que el año anterior.


Otro dato relevante es que el número de ocupados ha superado por primera vez el máximo anterior a la crisis de 2008: el número promedio de ocupados en 2023 fue de 21.005 miles de personas, frente al máximo de 20.580 miles registrado en 2007. No obstante, si eliminamos el empleo público, que ha crecido en 573.000 en todo este periodo, tenemos que el empleo privado, que se situó en 17.463 miles, aún no supera el máximo registrado en 2007, el cual ascendió a 17.610 (gráfico 2).


Por sectores, el empleo creció moderadamente en la industria, y con más intensidad en la construcción y en los servicios, mientras que descendió en el sector primario. Todo el crecimiento del empleo neto registrado en la industria y en la construcción ha sido de mano de obra extranjera (incluso, en la industria se ha reducido la presencia de trabajadores de nacionalidad española). En los servicios, los foráneos ocuparon el 43% del nuevo empleo.

El incremento del empleo
registrado en 2023 fue fundamentalmente a tiempo completo, de modo que la tasa
de parcialidad (ocupados a tiempo parcial sobre el total) descendió hasta el
13,3%. La tasa de temporalidad también se redujo hasta el 17,1%.

En suma, los resultados del
último trimestre han sido relativamente positivos, y en el conjunto del año el
crecimiento del empleo ha sido superior al crecimiento del PIB, que se estima
(a falta de conocer el dato del último trimestre) en un 2,4%. El otro elemento
destacable del comportamiento del mercado laboral en 2023 ha sido el papel
protagonista de la mano de obra extranjera.

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