inmigración – Negocios e Inversiones

La demanda interna, motor del ciclo

febrero 3, 2025

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La economía española cosecha buenos resultados, y lo hace en un contexto internacional plagado de incertidumbres. El avance del PIB, un robusto 0,8% en el cierre del año, contrasta con el parón europeo. El diferencial guarda cierta relación con el plus de competitividad aportado por los precios energéticos —anclados por debajo de la media comunitaria—, la menor exposición a las turbulencias comerciales globales —los intercambios de bienes con los países no comunitarios ocupan el 36% total, frente a casi la mitad en Alemania— y el impulso de la inmigración.

No todo son buenas noticias: también se aprecia una inflexión en la pauta de crecimiento, menos equilibrado que en años anteriores. Y es que la atonía de los mercados europeos hace mella en las exportaciones. A la caída de los envíos de bienes hacia el exterior, que ya venían flaqueando, se une desde mediados del año pasado la moderación de las exportaciones de servicios no turísticos, quebrando la senda de fuerte crecimiento. Eso sí, el turismo sigue tirando, pero sin compensar el frenazo del resto. Como por otra parte las importaciones se recuperan, la aportación al crecimiento del PIB del conjunto del sector exterior se ha vuelto negativa en la segunda parte del pasado ejercicio.

La demanda interna toma el relevo al calor del consumo tanto público, que sigue desbocado, como privado. Las familias gastan a un ritmo vigoroso, explicando el 77% del avance del PIB registrado en el segundo semestre del año pasado. La inversión toma aire, especialmente en el segmento de bienes de equipo. Pero es pronto para determinar si se trata de una mejora estructural, los indicadores apuntando en direcciones contradictorias. Por una parte, el incremento de la inversión obedece a factores transitorios, ya que está muy concentrado en el material de transporte, pudiendo reflejar cambios anticipados de fiscalidad. Por otra parte, la demanda de crédito y las importaciones de bienes de equipo serían consistentes con una tendencia alcista. En todo caso, la inversión en vivienda apenas reacciona a la sucesión de anuncios oficiales, perpetuando el grave problema de escasez.

De cara al futuro, el sector exterior seguirá probablemente restando actividad, por la persistente debilidad de la economía europea como por las incertidumbres crecientes que se ciernen sobre el comercio internacional. Además, las importaciones están normalizándose (su elasticidad con respecto a la demanda se acerca a la media histórica), algo que en un contexto de fuerte empuje del mercado interno tiende a detraer actividad.

Si el motor externo del crecimiento flaquea, el interno no falla. El consumo privado mantendrá previsiblemente una fuerte inercia expansiva, sostenido por la creación de empleo, la recuperación de poder adquisitivo de los salarios y la liberación de una parte del ahorro embalsado. Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria junto con factores técnicos (menores ajustes de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas) apuntan a un consumo público algo más encauzado.

La clave estará en la inversión. Los estímulos provienen de la relajación de la política monetaria y de la necesidad de ejecutar en muy poco tiempo el abundante remanente de fondos europeos todavía disponibles.

El factor limitativo procede del clima de incertidumbre, exacerbado, al menos en el caso de las grandes corporaciones, por la política transaccional del Presidente Trump: el problema no es tanto la amenaza arancelaria como el cuestionamiento de las reglas multilaterales que rigen las relaciones internacionales desde la segunda guerra mundial. La inseguridad acerca del futuro de estas reglas que deja planear la principal potencia económica global es perjudicial para la inversión. Tampoco ayuda, en el plano interno, la congelación de la política presupuestaria, o la falta de consenso para acometer reformas en el mercado de vivienda. En suma, el ciclo expansivo prosigue, sin despejar las dudas sobre su sostenibilidad.

INMIGRACIÓN | La incorporación de trabajadores extranjeros sigue siendo uno de los factores distintivos de la economía española. En 2024, la población activa nacional descendió en 87.000 personas, mientras que el número de activos extranjeros o con doble nacionalidad se incrementó en 391.000, según la EPA. Por otra parte, el 79% de los nuevos empleos creados en el pasado ejercicio fueron ocupados por mano de obra foránea, un porcentaje al alza en relación al año anterior (63%). Destaca el peso de la inmigración en los sectores ligados al turismo y en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inmigración: los españoles valoran la diversidad, pero anticipan una asimilación a largo plazo

enero 9, 2025

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No extraña que la inmigración haya vuelto a ocupar un lugar relativamente preeminente en la discusión pública. En los últimos tres años, el número de nacidos en el extranjero residentes en España ha aumentado en casi dos millones (de 7,3 millones en octubre de 2021 a 9,2 en octubre de 2024) y su porcentaje sobre la población se ha incrementado en más de tres puntos (del 15,5% al 18,8%). En 2023 migraron a España 1,2 millones, cifra que ya desde 2021 se mantiene en niveles similares a los registrados justo antes de la crisis financiera. Estos nuevos residentes llegan a un país demográfica y socialmente distinto al de la primera década del siglo, pues ahora la sociedad ya cuenta con una amplia experiencia de convivencia con población inmigrante. ¿Qué opinan los españoles de hoy sobre la inmigración? ¿La experiencia de convivencia ha favorecido percepciones más positivas o, por el contrario, hay indicios de tensiones subyacentes? Para contestar a estas preguntas, la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración, realizada el pasado mes de diciembre a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, ha recabado información sobre la percepción que los españoles tienen de la integración de los inmigrantes.

Una amplia mayoría de encuestados expresa una valoración positiva de la diversidad: casi cinco de cada seis (84%) están de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas (gráfico 1). No obstante, esa evaluación positiva de la diversidad no implica que se acepte de forma ilimitada. De hecho, el porcentaje de encuestados que considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas, aunque mayoritario (63%), es inferior al de quienes juzgan positivamente la diversidad. Por otro lado, el amplio consenso respecto a la diversidad religiosa y cultural podría explicarse, en parte, por la expectativa de que, con el tiempo, la población de origen extranjero no será tan distinta de la española. De hecho, casi siete de cada diez encuestados (69%) están de acuerdo con que, en dos o tres generaciones, los miembros de los grupos minoritarios serán iguales que el resto de la sociedad. Curiosamente, este amplio convencimiento sobre una eventual asimilación a largo plazo no se traduce necesariamente en un juicio claro, ya sea favorable o contrario, sobre la obligación de las minorías de adaptarse a las costumbres españolas. Es este el punto en que la opinión pública se muestra más dividida: el 55% cree que las minorías deben adaptar sus costumbres para ser plenamente aceptadas, mientras que el 45% opina lo contrario.

La pertenencia de los encuestados a unas u otras categorías sociodemográficas se asocia de manera diversa, y con fuerza distinta, con las percepciones sobre la integración de los inmigrantes. En general, las diferencias basadas en el sexo o la edad son relativamente pequeñas, mientras que la autoubicación ideológica parece desempeñar un papel más relevante (gráficos 2 a 5). Por ejemplo, mientras que el apoyo a la diversidad es mayoritario en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo (aunque ligeramente más elevado entre las mujeres y los encuestados con mayor nivel educativo), la ubicación en distintos puntos del espectro ideológico se asocia con opiniones que pueden ser sustancialmente diferentes: del 95% de acuerdo con la diversidad entre los que se sitúan más a la izquierda (posiciones 1-2) hasta el 51% entre los que están más a la derecha (posiciones 9-10) (gráfico 2).

Por otro lado, la percepción de haber alcanzado el límite en la capacidad de absorción de gente de diferentes etnias o culturas es algo más común entre quienes disponen de menos ingresos: mientras que el 45% de la categoría con ingresos que llegan hasta 1.500 euros mensuales así lo declara, el porcentaje se queda en el 30% de quienes ganan más de 4.000. También en este aspecto sobre los límites a la diversidad sobresalen las diferencias ideológicas. Entre quienes se posicionan más a la izquierda, uno de cada diez cree que ya se ha alcanzado el límite, pero a la derecha lo creen ocho de cada diez (gráfico 3). Llaman aquí también la atención las diferencias territoriales. En Cataluña el 45% cree que se ha llegado al límite, una cifra significativamente superior al 33% de Madrid.

La expectativa de que en dos o tres generaciones los inmigrantes se asemejarán a la población nativa también varía según la autoubicación ideológica, aumentando el optimismo acerca de la “igualación” cuanto más a la izquierda se sitúa el entrevistado, aunque, en esta ocasión, las diferencias no son tan acusadas (gráfico 4). Son mucho más evidentes las variaciones en función de la ideología respecto a la consideración de que los miembros de las minorías deben adoptar las costumbres españolas, desde el 25% en las posiciones más a la izquierda (1-2) hasta el 87% en las posiciones más a la derecha (9-10) (gráfico 5). Aquí sí parece desempeñar un papel importante la edad: el 38% de los jóvenes (18-24 años) cree que tienen que adaptarse, cifra muy inferior al 64% de los mayores (65 años o más).

Por último, la encuesta también ofrece información sobre la valoración general que hacen los entrevistados de la integración de los inmigrantes en su entorno más próximo. Aunque, a la vista de los datos, puede afirmarse que las actitudes generales hacia la inmigración son mayoritariamente positivas, el juicio sobre cómo está funcionando la integración en la práctica resulta menos favorable y refleja ciertas tensiones. Así, aunque son mayoría (56%) quienes creen muy o bastante adecuado el nivel de integración de la mayoría de la población de origen extranjero en donde viven, no son pocos (un 43%) los que lo ven como poco o nada adecuado (gráfico 6). Nuevamente, las opiniones sobre el nivel de integración varían significativamente según la orientación ideológica: en los segmentos de la izquierda predomina la opinión de que el nivel de integración es adecuado, pero en los de la derecha prevalece la contraria (gráfico 6).

Parte de la información disponible en la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración es comparable con la recogida por el Eurobarómetro 59.2, de mayo de 2003, lo que permite mostrar la evolución de las percepciones de la diversidad y la integración de la inmigración a lo largo de dos décadas. La comparación sugiere que la valoración positiva hacia la diversidad se ha mantenido, pasando del 81% en 2003 al 84% en diciembre de 2024. Pero también refleja algún cambio. Por ejemplo, llama la atención que parece haber disminuido la proporción de quienes creen que España ha alcanzado su límite en la capacidad de acogida de personas de otras razas, religiones o culturas (del 52% en 2003 al 37% en 2024), lo que es bastante coherente con que se mantenga la confianza en que las minorías acaben asemejándose mucho a los españoles a largo plazo (63% en 2024, 61% en 2003).

En definitiva, algunas actitudes básicas de los españoles referidas a la integración de población foránea de distinta etnia, cultura o religión apenas han cambiado en los últimos veinte años, a pesar de que la presencia de esa población ha aumentado considerablemente. Que predominen las actitudes de apertura es compatible con que proporciones nada desdeñables vean problemas de integración a escala local y esperen un esfuerzo de adaptación de la población foránea. También es compatible con notables diferencias de opinión según las afinidades políticas de los encuestados, lo que llama la atención sobre una de las dificultades principales que tiene la discusión pública sobre estas materias. Es necesario señalar que, aunque la mayoría valora positivamente la diversidad, existe una expectativa de que esta se reduzca en el futuro a través de a una suerte de convergencia social de las minorías. Esta aparente paradoja subraya aún más la necesidad de mantener la inmigración y su integración como un tema central en el debate público. Dada la evidente rapidez de recuperación de los flujos migratorios hacia España en cuanto la economía supera mínimamente sus dificultades, las políticas de inmigración y su integración deberían ocupar un lugar central en el debate público. Para superar los obstáculos para que así sea y garantizar que esta discusión sea constructiva, es imprescindible un diálogo basado en datos y orientado a la construcción de consensos que permita afrontar los desafíos de manera realista y efectiva.

Ficha técnica de la III Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

Rankings económicos

diciembre 23, 2024

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Ha suscitado mucha atención la clasificación que el semanario The Economist ha hecho de las principales economías occidentales. España ha quedado en cabeza, seguida de Grecia e Italia, que prosiguen con su recuperación, y luego Irlanda y Dinamarca. Se elabora esta clasificación a partir del PIB, la inflación, los rendimientos bursátiles, el desempleo y el déficit fiscal. Ha habido controversia política sobre los resultados del citado ranking, que, en todo caso, es una buena noticia para la economía española. Cuando te ponen una buena nota, y mucho más a escala internacional, se renueva el interés por tu país, con lo que puede crecer el flujo inversor exterior. Un aspecto muy positivo.

Parece oportuno comprobar las fuentes de ese buen desempeño. Una primera razón es el saldo migratorio neto positivo desde el 2019, con la llegada de más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros, la mayor parte de Latinoamérica. Con algún aspecto menos positivo, como es la baja cualificación de gran parte de esos inmigrantes, lo que conlleva unos salarios reducidos. La economía española es en la actualidad un 7% más grande que la del 2019, pero cuando se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, se queda en un 3%. La especialización productiva en servicios es otro elemento a favor. El turismo ha vuelto con una fuerza enorme, generando impactos claramente positivos, pero con efectos colaterales no deseados, como el crecimiento de precios de la vivienda, con repercusiones negativas para toda la economía. También efectos medioambientales que, a la luz de la terrible experiencia catástrofe en Valencia por la dana, deben ponderarse proactivamente. Y no solamente es el turismo lo que ha crecido entre los servicios. Los no turísticos han pasado de representar en términos del PIB un 5,5% antes de la covid a aproximadamente el 8% en el 2024. Otra buena noticia. Y aunque la actividad industrial está estancada en España, no ha empeorado como en países como Alemania.

El semanario británico señala que las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero de hace una década han sido dos ejes importantes para la evolución favorable de la macroeconomía de nuestro país. Pero si no se continúa con una agenda reformista —laboral, pensiones— que aumente la productividad, la posición puede empeorar pronto. Si no se resuelven algunos cuellos de botella como la falta de vivienda asequible, probablemente se frenará la llegada de capital humano foráneo. Por otro lado, el español medio —sobre todo, la generación joven— no comparte la misma percepción optimista que ofrece la macroeconomía. Los comparativamente bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación y las dificultades de acceso a la vivienda pesan. El aumento de la productividad es la clave que garantizaría seguir en la parte alta del ranking, y ahí es donde comienzan los interrogantes del futuro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

diciembre 11, 2024

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total.

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público.

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados.

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Cuando la economía crece, pero es difícil percibirlo

noviembre 1, 2024

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Hace unos días, impartiendo una conferencia, surgió una pregunta sobre cómo se podían reconciliar las comparativamente elevadas –y revisadas al alza recientemente– tasas de crecimiento de la economía española con la percepción de que las cosas no van tan bien a pie de calle. Algunos indicadores apoyan esa sensación, como son la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, los relativamente bajos salarios y las enormes dificultades de una parte considerable de la población para acceder a una vivienda asequible.

A escala macroeconómica, las sorpresas están siendo positivas. Ya son dos años en que las previsiones de crecimiento van mejorando conforme avanza el ejercicio y el dato efectivo final confirma ese pronóstico más optimista. En 2024, a pesar de los titubeos globales y de la Unión Europea, con un cierto debilitamiento de la coyuntura, la previsión del FMI de la semana pasada sitúa el crecimiento para España en el 2,9%, de los valores más elevados a escala global y por encima de los del propio Gobierno (2,7%). Medio punto por encima de lo que dijo en abril, que a su vez ya había mejorado la anterior estimación. Funcas estima algo más (3,0%).

Estas correcciones –al alza– muestran lo complejo que es realizar estimaciones macroeconómicas muy precisas, y el PIB es uno de los casos más claros. Tal vez, si los agentes económicos e inversores hubieran tenido de referencia el 3% como crecimiento a primeros de año, habrían apostado más por nuestra economía. De ahí la gran importancia de revisar las previsiones si hay elementos que obligan a ello. Sin olvidar que algunos abogan por mejorar metodológicamente la estimación del PIB para que refleje otros aspectos más cualitativos del bienestar.

El crecimiento español está teniendo varios vientos de cola. Uno de ellos es el crecimiento de la población, fundamentalmente con la inmigración. En 2022, el saldo neto migratorio fue de 727.000 personas. 2023 y 2024 han ido incluso a más. Esto siempre lleva aparejado un aumento de la actividad económica, más aún cuando el paro sigue bajando (gradualmente) y el número de afiliados a la Seguridad Social está en máximos. No obstante, ese aumento de la población explica que el PIB per cápita o la productividad no hayan evolucionado tan favorablemente.

También parece estar jugando a favor del fuerte crecimiento de España nuestro mix energético, más diversificado y con mayor y creciente peso de las renovables, lo que parece un elemento diferencial con respecto a episodios inflacionarios pasados. Comparando con otros países, la situación energética, por ejemplo, de Alemania con una gran dependencia del gas –y hasta 2022 del proveniente de Rusia– genera muchos más problemas.

Asimismo, la especialización productiva en servicios –muchos muy competitivos–, con alta demanda en estos momentos, y no solo los turísticos, ayuda a que la economía española esté teniendo un buen desempeño comparado con otros socios europeos con un mayor peso industrial, con un cierto declive en demanda y en un proceso de reestructuración, como es el caso del automóvil.

Otro factor que ha ayudado a una mayor tasa de crecimiento económico de España es la contribución de los fondos Next Generation EU, que ha representado unas décimas de crecimiento en los últimos años. Está por ver el aprovechamiento de esos fondos a largo plazo para proyectos de modernización, digitalización y sostenibilidad y si generan efectos arrastre permanentes para la economía, de cara a los necesarios incrementos de productividad, que vendrían acompañados de mejores salarios y de un mayor bienestar.

El fuerte crecimiento del PIB, al venir acompañado de un intenso aumento de la población, ha dado lugar a que la renta per cápita no haya evolucionado tan favorablemente. Hace poco se recuperaron los niveles de renta per cápita de 2019. El proceso inflacionario –intenso durante dos años– ha hecho perder poder adquisitivo a buena parte de la población, lo que redunda en la sensación de muchos de que las cosas no van tan bien económicamente. Solamente las personas mayores de 65 años están con mejores niveles de renta per cápita que en 2019, al ser las que más pueden ahorrar.

El que el ahorro no llegue a generaciones más jóvenes, con una mayor capacidad de movilizarlo en demanda y gasto, es un cierto lastre. Si a esto se le añade el fuerte encarecimiento de un activo como la vivienda –la inversión más importante a lo largo de nuestra vida–, con graves problemas de acceso a ella de modo asequible en zonas tensionadas, la percepción es que la situación económica para muchos no va tan bien como parece mostrar el indicador agregado de crecimiento del PIB.

Una de las claves para que se alineen más los indicadores macro de actividad económica con los micro (per cápita) en un contexto de aumento de la población pasa por un aumento de la productividad. Por ejemplo, crear un entorno más amigable a las empresas, que incentive la inversión doméstica, que se ha debilitado en los últimos trimestres. Contrasta con el mejor comportamiento de la inversión extranjera.

Asimismo, una mayor inversión tecnológica (inteligencia artificial) ayudaría a sentar mejores bases para el aumento de la productividad, con lo que podría consolidar el fuerte crecimiento actual a largo plazo, y además las remuneraciones salariales podrían mejorar. Si además se aceleran otras actuaciones públicas, como son las relacionadas con mejorar el acceso a una vivienda asequible, las sensaciones individuales se acercarían al frío (y positivo, sin duda) dato de crecimiento agregado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El impulso de la inmigración

mayo 13, 2024

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.

Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El mercado laboral que viene

abril 29, 2024

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad.

Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo

marzo 23, 2023

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A principios de este año, la Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre los efectos del envejecimiento y el descenso de la población europea en la disponibilidad de mano de obra, insistiendo en la necesidad de atraer inmigración con habilidades y talento. En todos los países europeos, en mayor o menor medida, el aumento progresivo de la proporción de personas mayores que ya han salido del mercado de trabajo plantea carencias de trabajadores cualificados para sostener el crecimiento económico y el Estado del Bienestar.

El Gobierno español ha reconocido la importancia estratégica que adquiere la inmigración laboral en las décadas inmediatamente próximas. En su Estrategia Nacional de Largo Plazo “España 2050”, publicada en 2021, ha definido 12 ejes de actuación prioritaria entre los cuales figura el “fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar nuestro estado del bienestar”.^[1] Ese mismo documento prevé un saldo migratorio de 191.000 personas al año desde 2020 hasta 2050, una cifra que, aun cuando supera el promedio observado entre 1990 y 2019, se encuentra bastante por debajo de la que proyectan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INE)^[2] o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).^[3]

Dada la relevancia que adquiere la inmigración en la política nacional, llama la atención la escasez de información pública sobre cómo pretenden las autoridades españolas atraer a extranjeros con capacidades y talento en un contexto europeo cada vez más competitivo. Esta información es aún más necesaria si se tiene en cuenta que, durante las últimas décadas, España no ha conseguido mejorar la composición educativa de su población inmigrante en las edades centrales de la carrera laboral. Así se desprende de los datos que ofrece Eurostat sobre los niveles educativos de la población nacida en el extranjero entre 2004 y 2021. El examen de esos datos permite formular los siguientes argumentos:

A principios del siglo XXI, España compartía con Suecia, Bélgica y Hungría una proporción de población de origen extranjero (25-54 años) con estudios universitarios, de similar tamaño y bastante elevada en comparación con otros países de la Unión Europea (UE). En efecto, en torno al 30% de la población de esas edades, nacida en el extranjero y residente en esos países afirmaba hallarse en posesión de un título universitario. En 2021, los cuatro países presentaban porcentajes más altos de población extranjera con estudios universitarios que en 2004, pero en España la proporción de ese colectivo había aumentado muy poco (30,3%) en comparación con Suecia (47,6%), Bélgica (41,5%) y Hungría (38,6%). De hecho, en 2021 el porcentaje de población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero y con estudios universitarios se situaba en España por debajo de los porcentajes que arrojaban los Países Bajos (42,5%), Portugal (40,8%) o Francia (37,7%), países que en 2004 ostentaban tasas más bajas que la española. Lo cierto es que, en 2021, el porcentaje de población (25-54 años) residente en España, nacida en el extranjero y con estudios universitarios se hallaba entre los más bajos de la Unión Europea, si bien por encima de Italia (12,6%%) y Grecia (19,8%). Aun cuando Alemania presentaba un porcentaje semejante al de España, acreditaba un aumento notable entre 2004 (20,5%) y 2021 (29,1%) (Cuadro 1A y Gráfico 1A).

Los porcentajes de población (25-54 años) nacida en el extranjero con niveles de estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores han caído en la mayor parte de los países europeos, pero en algunos países lo han hecho de manera más intensa que en otros. Por ejemplo, en Portugal el porcentaje descendió en más de 25 puntos porcentuales entre 2004 (50,4%) y 2021 (23,8%): en Irlanda, lo hizo en casi 20 puntos (2004: 22,8%; 2021: 4,9%), y en Francia, en más de 10 puntos (2004: 45,8%; 2024: 32,2%). En España, sin embargo, el descenso entre esos dos años fue muy leve (2004: 41,5%; 2021: 37,8%), de manera que, en 2021, España figuraba entre los países de la UE con porcentajes más altos de población nacida en el extranjero con estudios de nivel inferior (37,8%), solo por delante de Italia (48,0%) (Cuadro 1A y Gráfico 1B).

En cambio, entre la población nativa de las mismas cohortes de edad se observa un drástico descenso del porcentaje de personas con niveles educativos de nivel inferior (2004: 50,2%; 2021: 30,8%) y un gran aumento de la proporción de quienes cuentan con estudios universitarios (2004: 30,2%; 2021: 48,2%). El salto en el acceso a la educación universitaria que presenta España en ese período es equiparable a los realizados por Francia y Países Bajos. De este modo, España se sitúa en 2021 entre los países de la UE con mayor proporción de población de 25 a 54 años que ha concluido estudios universitarios (Gráfico 1B).

En definitiva, la población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero que reside en España muestra en 2004 y 2021 una composición por niveles educativos muy similar, a diferencia de lo que se observa en gran parte de los países europeos, en los que la estructura educativa de la población inmigrante ha mejorado ostensiblemente. Pero como, además, el nivel educativo de la población española de esas edades ha aumentado significativamente entre 2004 y 2021, se han agrandado las diferencias educativas entre la población nativa y la población de origen extranjero (Gráfico 2). En la mayor parte de los países europeos los cambios en la composición de la población nacida en el país y la población nacida en el extranjero han avanzado más acompasadamente.

A la hora de analizar las disparidades educativas entre la población autóctona y la de origen extranjero en España, es importante considerar las diferencias dentro del colectivo de inmigrantes. Según los datos de las Encuestas de Población Activa (EPA) en 2022, la población nacida en el extranjero residente en España con niveles educativos más bajos es la procedente de África: tres cuartas partes de los inmigrantes entre 25 y 54 nacidos en ese continente y residentes en España han concluido como máximo estudios de educación obligatoria; una quinta parte ha completado educación postobligatoria no universitaria y solo el 6% cuenta con títulos universitarios. El grupo más numeroso de inmigrantes residentes en España, los nacidos en países de Latinoamérica, presenta una composición educativa más equilibrada: casi un tercio (31%) de los que cuentan entre 25 y 54 años ostenta niveles educativos básicos, proporción coincidente con la de quienes han terminado la educación secundaria post-obligatoria, mientras que el 24% ha alcanzado educación terciaria (Gráfico 3).

Los datos de la EPA de 2022 refuerzan, por tanto, la evidencia de importantes disparidades educativas entre la población de origen español y la de origen extranjero. Bajo el supuesto razonable de que las semejanzas educativas entre distintas poblaciones redundan en beneficio de la integración, aproximar la composición educativa de la población inmigrante y la autóctona mediante una política bien diseñada de captación de trabajadores extranjeros más cualificados debería ser un objetivo deseable no solo en virtud de razones económicas, sino también sociales.

[1] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo (Madrid: Ministerio de la Presidencia, 2021: 22).

[2] El INE proyecta un saldo migratorio anual de más de 450.000 personas hasta 2027, que a partir de ese año se reduciría y hacia 2050 se situaría aproximadamente en 250.000 personas (https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf).

[3] La AIReF estima un flujo promedio de entradas netas anuales de 330.000 personas entre 2020 y 2050. Véase AIReF (2020). “Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento técnico 1/20 (https://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/).

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España, país de inmigración consolidada y creciente

diciembre 16, 2022

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La experiencia de migrar podría parecer, en nuestros días, minoritaria, habida cuenta de que, según estimaciones de Naciones Unidas, la población migrante en el mundo ascendía a principios de esta década a 281 millones personas, es decir, algo menos del 4% de la población mundial. Ahora bien, esta cifra esconde diferencias muy importantes entre regiones. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2020 Oceanía era la región del mundo con un porcentaje más alto de migrantes sobre la población total (22%), seguida por Norteamérica (15,9%) y Europa (11,6%) (Gráfico 1). Estados Unidos destacaba como el país del mundo con más inmigrantes (51 millones). El segundo y tercer puesto los ostentaban, a mucha distancia, Alemania, con 16 millones, y Arabia Saudí, con 13 millones. España ocupaba en 2020 la posición número 10 en el mundo en número absoluto de población migrante, con más de siete millones (7.231.195). Los datos a 1 de enero de 2022 ya elevan la cifra de residentes en España nacidos en el extranjero a 7.506.870 personas (15,8% de la población total). La población nacida en España y la nacida en el extranjero muestran tendencias contrarias durante la última década: la primera desciende, la segunda aumenta (Gráfico 2). Es en las edades intermedias donde más presencia adquieren los inmigrantes: entre los residentes en España de 25 a 39 años, por cada 100 personas nacidas en el país, hay más de 30 nacidas en el extranjero; entre las mujeres de 30 a 34 años, la cifra se eleva a 40 (Gráfico 3).

Es cierto que la presencia de la población inmigrante en España difiere mucho territorialmente. Según los datos recientemente publicados en el Censo de 2021, las comunidades con una mayor proporción de nacidos en el extranjero son las Islas Baleares, Madrid, Cataluña y Canarias, con porcentajes que oscilan entre 20 y 25%. En el otro extremo se encuentran Extremadura, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, con porcentajes por debajo del 10% (Gráfico 4). Hay que tener en cuenta que buena parte de la población inmigrante actualmente residente en España puede considerarse “consolidada”, toda vez que más de la mitad (56%) de los nacidos en el extranjero llegaron al país hace 10 o más años (la proporción se aproxima a dos terceras partes en La Rioja, Galicia y Murcia) (Gráfico 5).

Lo cierto es que, a pesar de las oscilaciones marcadas por el ciclo económico y la pandemia, desde 2000 España recibe, año tras año, flujos migratorios de tamaño sustancial. Incluso en el año de menor recepción de inmigrantes (2013), la cifra anual de nuevos residentes nacidos en el extranjero no ha bajado de 300.000 (Gráfico 6). En 2020, y a pesar de las restricciones a la movilidad internacional, establecieron una nueva residencia en España casi medio millón de personas nacidas en el extranjero. En 2021 lo hicieron más de 600.000. La mayor parte de los inmigrantes establecen su primera residencia en Cataluña (22,6%), Madrid (18,3%), Comunidad Valenciana (14,5%) y Andalucía (14,4%) (Gráfico 7).

A la inmigración se le atribuye habitualmente una importancia crucial en países que, como el nuestro, afrontan un proceso de “envejecimiento” de la población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la baja natalidad. En efecto, la inmigración se considera a menudo como uno de los factores clave para mantener la solidaridad intergeneracional en un contexto demográfico en el que el tamaño de las generaciones de personas mayores fuera del mercado laboral aumenta año a año. Llama por ello la atención la ausencia de un debate público acerca de esta cuestión en España. Sirva de ilustración de este inexistente debate una evidencia fácilmente contrastable: de las casi 350 hojas en las que ha quedado plasmado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno en el otoño de 2020 y aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021, solo en cinco se puede leer una frase en la que aparezca una palabra con el lexema “migr”¹. Y ninguna de esas frases aporta información sobre las líneas de actuación política ante una evolución de flujos de entradas netas a España que, hasta 2050, podrían alcanzar una media anual de 330.000 personas (según las previsiones demográficas de la AIRef) o un total acumulado de alrededor de 4 millones (entre 2022 y 2051, según las proyecciones demográficas del INE). Aun cuando formular predicciones sobre el futuro de los flujos migratorios a un destino concreto entraña una dificultad notable, puesto que las cifras de migrantes dependen de diversos factores económicos y políticos tanto en los países de origen como de destino, caben pocas dudas de que la inmigración va a ser el factor decisivo en la evolución de la población española durante las próximas décadas.

¹ Descontando las tres ocasiones en las que aparece citado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Socialy Migraciones.

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La causa y el efecto

octubre 13, 2021

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Hasta hace unos años, la mayoría de los Premios Nobel de Economía tenían un claro perfil teórico y la inmensa mayoría de sus contribuciones tenían un fuerte componente matemático. Gracias a ellos fue creciendo la teoría microeconómica y macroeconómica. En cambio, en las dos últimas décadas, también se ha concedido a economistas empíricos y a aquellos que emplean los experimentos, la psicología, la sociología e incluso la ciencia política. Era lógico, la sociedad del fin del siglo XX y de lo que va de siglo XXI cada vez es más compleja y requiere de propuestas y soluciones que combinen rigor, una mayor completitud e interdisciplinariedad.

Los Nobel de este año van en esa dirección, con la concesión de la mitad del premio al canadiense David Card (Universidad de Berkeley) y de la otra mitad, ex aqueo, al estadounidense Joshua Angrist (MIT) y al holandés Guido Imbens (Universidad de Stanford). En palabras del Comité de los Nobel, “han revolucionado la investigación empírica en economía”. En particular, han clarificado cómo entender adecuadamente la relación “causa-efecto” en los estudios con datos. Asimismo, pero no menos importante, tienen notables y clarificadoras aportaciones en cuestiones controvertidas sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y el nivel educativo sobre el mercado de trabajo. En suma, los trabajos de los tres laureados este año son un ejemplo de que se puede responder a las preguntas que se hace la sociedad.

David Card contribuyó a entender mejor el impacto del salario mínimo sobre el empleo, una cuestión controvertida aún. Los estudios siempre han mostrado la relación negativa entre salario mínimo y empleo. Sin embargo, Card retó la visión convencional que apuntaba a una dirección solamente: los salarios mínimos tienen efectos negativos sobre el empleo. Según el recién Nobel, la relación contraria también podía ocurrir: cuando aumenta el desempleo, las empresas pueden estar en condiciones de fijar menores salarios, con lo que aumenta la presión social a favor de aumentar el sueldo mínimo. Su estudio experimental empleando datos de Nueva Jersey mostró la ausencia de efectos de la subida del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Por otro lado, Card también demostró en otra investigación experimental aplicada a la ciudad de Miami, que la inmigración (que en su estudio provenía de los cubanos que huían del régimen de Castro) no afectaba negativamente a los niveles de ingresos de los trabajadores menos cualificados, desafiando la visión tradicional que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a sus salarios.

Por su parte, los otros dos premiados, Joshua Angrist y Guido Imbens han contribuido notablemente desde el ámbito metodológico a entender las “causas y efecto” en economía. Sus estudios ayudan a responder bajo qué condiciones un experimento natural puede utilizarse para mostrar los efectos de las decisiones de los individuos. Ellos, por ejemplo, retan la visión tradicional de que, a mayor nivel educativo, mejor salario en el futuro. En muchos casos, ellos demostraron con rigor que no en todos los casos es así y otros factores (ambición personal, capacidad de adaptarse al mercado laboral) pueden influir tanto o más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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