inmigración – Negocios e Inversiones

Las entrañas del ciclo expansivo

febrero 2, 2026

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Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.

¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.

De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.

Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.

La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.

Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.

INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El puzle territorial de la economía española

diciembre 9, 2025

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Las turbulencias que se han sucedido en el último lustro, así como el posterior ciclo expansivo, han redibujado el mapa económico del país, prefigurando una bifurcación en las dinámicas de crecimiento. Algunas comunidades como Asturias o Galicia, atenazadas por el envejecimiento poblacional, han logrado revertir el declive. Otras, y sin sorpresa, como Madrid, Cataluña y País Vasco, se han consolidado gracias a la presencia de un potente tejido productivo y su creciente apertura hacia el exterior.

En todos los territorios, el bienestar material, o PIB per capita, ha mejorado con relación a la situación anterior a la crisis sanitaria —y eso es una buena noticia que nos diferencia de otras grandes economías de nuestro entorno—, en función principalmente de dos parámetros. Uno, la existencia de un tejido productivo competitivo basado en la industria y los servicios más demandados, ya sea en el mercado interior, aupado por los fondos europeos, o en el internacional.

Y dos, de manera complementaria a lo anterior, el crecimiento de la población activa: la incorporación de nueva fuerza laboral, particularmente la que procede de la inmigración, ha permitido a las empresas responder a la pujante demanda de bienes y servicios, facilitando también la movilidad de trabajadores cualificados hacia sectores de mayor valor añadido. Es un hecho que las comunidades que combinan un tejido productivo competitivo y una fuerte entrada de activos han crecido por encima de la media. El sur peninsular no ha sido el más favorecido por esta pauta de crecimiento, si bien su PIB per capita también ha crecido gracias a la creación de empleo. En suma, pese a las disparidades, el ciclo expansivo se ha propagado a través de todo el país, fundamentalmente por la existencia de una capacidad productiva disponible y rápidamente movilizable.

Ahora bien, este margen de maniobra está desapareciendo en los territorios más pujantes del centro y norte peninsular, donde la tasa de paro se acerca tanto a los mínimos de la serie histórica como a la media comunitaria. La carencia de mano de obra local podría paliarse con movilidad interna o gracias a la inmigración, pero en la práctica estos mecanismos de compensación se enfrentan a la grave situación de escasez de vivienda. La elevación de la productividad es otro recurso posible para ensanchar la capacidad productiva, si bien para ello habría que desatascar la inversión empresarial y reforzar el capital humano, algo que lleva tiempo. En lo inmediato, por tanto, una desaceleración es previsible, pero el repunte incipiente de la productividad en estas comunidades abre nuevas perspectivas.

Las comunidades del sur, por su parte, disponen de más margen, es decir, de oferta ociosa, ya que su tasa de paro se mantiene en el doble dígito, duplicando en algunos casos la media europea. En teoría, por tanto, su crecimiento futuro dependerá de la evolución de la demanda en los sectores que tienen más peso en estos territorios como el turismo, la industria agroalimentaria, química o de defensa. En la práctica la movilización del potencial productivo depende de la activación de los parados, vieja asignatura pendiente.

Estas disparidades ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de enfoque. La inversión en infraestructuras sigue siendo importante, pero no basta para acelerar la convergencia de las zonas desfavorecidas: la estrategia debe arraigarse en el tejido productivo existente, alejándose de la querencia por los grandes proyectos desvinculados de la realidad local.

En definitiva, se produce una bifurcación de las prioridades entre el norte y el sur. Pero el objetivo de un mayor equilibrio territorial debe ser común, ya que el esfuerzo de cohesión no solo obedece a una lógica de igualdad de oportunidades, también aporta beneficios económicos: una concentración geográfica excesiva del crecimiento redundaría en costes crecientes de congestión y en un deterioro general de la calidad de vida. Las piezas territoriales del puzle económico tienen que encajar.

INMIGRACIÓN | En los últimos tres años, la inmigración ha más que compensado la pérdida de población española, excepto en Extremadura, única comunidad autónoma donde el número total de habitantes ha descendido. Asturias es la comunidad donde más ha crecido la inmigración, con un 46% en el trienio. Por otra parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibieron en su conjunto el 56% de toda la población extranjera. A nivel nacional, el 45% de los empleos creados durante este periodo están ocupados por personas extranjeras (cifras EPA), evidenciando la contribución de la inmigración al mercado laboral.

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La inmigración y el crecimiento futuro

noviembre 10, 2025

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El papel de la inmigración en el actual ciclo expansivo ha sido más significativo, pero también menos automático, de lo que es comúnmente admitido. No es solo que, año tras año, los extranjeros estén aportando cerca de dos de cada tres nuevas incorporaciones al mercado laboral: la clave está en que esta fuerza laboral sustenta la actividad de sectores que se enfrentan a una demanda desbocada, aliviando la situación de escasez o de desmovilización de la mano de obra española, habida cuenta del nivel de los salarios en vigor.

La especificidad del shock demográfico español, y su corolario de elevación de la oferta laboral, es que ha coincido con una fuerte demanda latente. El 75% de los empleos generados durante en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional. Pero si el aumento de la población activa ha ejercido un impacto tan potente e inmediato –la pronta integración de los inmigrantes es igualmente sorprendente– es porque se ha simultaneado con una demanda potente, alentada por un deseo de viajar que había sido reprimido durante la pandemia.

De manera más contundente, la recuperación en marcha de la edificación de viviendas sería inconcebible sin el recurso a la mano de obra extranjera. Prueba de esta dependencia: el 68% de las nuevas contrataciones del sector de la construcción en el último año han sido para inmigrantes. Ahora bien, es probable que esas mismas personas no hubieran encontrado empleo en un contexto recesivo, como el que prevalecía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, provocando una oleada de retornos de inmigrantes a sus países de origen. Esta circunstancia explica también las dificultades de integración de los extranjeros en economías en fase de ajuste estructural como Alemania, o que adolecen un déficit de competitividad como Francia.

Es más, la inmigración ha complementado, cuando no impulsado, la nacional. Sectores intensivos en mano de obra extranjera como la logística y los servicios a empresas con salarios inferiores a la media, forman parte de la cadena de suministros, siendo, por tanto, cruciales para el buen funcionamiento del conjunto de la economía. Todo ello ha facilitado el crecimiento en los sectores que originan la mayoría de las contrataciones de trabajadores españoles. Por ejemplo, las actividades profesionales, la educación y la sanidad aportan cerca del 60% de los nuevos puestos de trabajo ocupados por los españoles en el periodo reciente.

Sería temerario, sin embargo, anticipar la perpetuación de semejante círculo virtuoso. Los beneficios del crecimiento poblacional no se producen automáticamente, ya que el plus de oferta laboral podría no coincidir en el futuro cercano con la demanda (o al menos no de manera inmediata). La moderación del turismo augura una inflexión en el mercado laboral, independientemente de la entrada de inmigrantes que busquen empleos en el sector.

Además de la existencia de una demanda solvente, otro condicionante de la integración de la fuerza laboral, ya sea nacional o extranjera, es la disponibilidad de una capacidad productiva suficiente para sostener la actividad. A este respecto, es preocupante la debilidad de la inversión empresarial, sobre todo en los sectores que funcionan ya a plena capacidad, y que, por tanto, carecen de equipamiento ocioso para ampliar la plantilla.

En definitiva, la inmigración ensancha el margen de acción de la política económica, pero no la sustituye. Sigue siendo necesario incentivar el retorno al empleo de los parados, nacionales o extranjeros –no se entiende que, en plena bonanza, 173.000 desempleados que proceden de la construcción no encuentren un puesto de trabajo–. Y el fenómeno migratorio hace más prioritario abordar los obstáculos a la inversión y a la productividad, como sustento del bienestar general.

AFILIACIÓN | El mercado laboral mantiene su dinamismo, a tenor del aumento de la afiliación en 46.000 personas en octubre, coincidiendo con un descenso del paro registrado en 11.000 personas en el mismo mes (en ambos casos, en términos desestacionalizados por Funcas). Destaca la afiliación de trabajadores extranjeros, con un crecimiento interanual superior al 8% en lo que va de año, detectándose incluso una aceleración en los dos últimos meses. En el acumulado de 2025, la inmigración ha aportado la mayoría de los nuevos empleos creados en sectores pujantes como la construcción o la hostelería.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La dualidad de la crisis de la vivienda

octubre 27, 2025

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Grúas y andamios se han convertido en el espectáculo cotidiano de los paisajes urbanos, y a pesar de ello la crisis habitacional no da tregua. Al ritmo de crecimiento actual, el número de viviendas iniciadas podría por fin igualar el incremento poblacional a partir del año que viene, según las previsiones de Funcas, que evidencian una cierta vitalidad del ciclo expansivo de la inversión residencial.

De cumplirse este pronóstico, el déficit de vivienda no iría a más. Una buena noticia que debe sin embargo tener en cuenta la dualidad que caracteriza el mercado inmobiliario. Porque la carestía incide significativamente en el acceso a la vivienda de la población residente, mientras que los no residentes parecen inmunes a los precios altos, al menos de momento. Es un hecho que los extranjeros que no viven en España lideran el actual ciclo de inflación inmobiliaria: el precio medio de la vivienda adquirida por este colectivo se ha incrementado un 40% en comparación con el periodo prepandemia, frente al 27% en el caso de los compradores residentes, ya sean españoles o inmigrantes (con datos del portal del congreso general del notariado).

Si bien los compradores foráneos siguen siendo minoritarios, con un peso del 7,5% en el total de las transacciones, su influencia en la formación de los precios es relevante, ya que se trata de particulares o de empresas que a menudo gozan de un poder adquisitivo alto en comparación con los lugareños. Prueba de ello, el precio medio de adquisición es un 73% más elevado que en el caso de los compradores residentes. Este fenómeno se ha producido en otros países, motivando en algunos casos la imposición de limitaciones a la compra de no residentes: en Dinamarca, por ejemplo, estas operaciones están sometidas a un criterio de residencia de cinco años.

El tirón de la demanda internacional explica que el mercado se haya alejado de la capacidad de compra de las clases medias españolas. Hoy por hoy, el precio medio de compra de una vivienda equivale a 7,7 años de renta disponible anual de los hogares residentes, un año más que en el periodo anterior a la pandemia. Habida cuenta de las normas prudenciales para obtener una hipoteca, la demanda nacional sigue desplazándose hacia el segmento del alquiler, cuyo precio también se encarece, exacerbando la preocupación ciudadana.

De ahí la importancia de priorizar la construcción de vivienda asequible, de gran relevancia para una economía española altamente dependiente de la incorporación de fuerza laboral. La población extranjera empieza a frenar su crecimiento: este año el número de inmigrantes se está incrementado a un ritmo trimestral cercano al 1%, frente al 1,3% en 2024 y 1,7% en 2023. Y la población activa, uno de los principales motores de la expansión, también se modera a tenor del débil comportamiento del tercer trimestre. En cuanto a movilidad laboral, los indicadores disponibles que remontan a 2023 apuntan a un retroceso en relación al periodo anterior a la pandemia.

En teoría algunas actividades podrían reubicarse desde las zonas tensionadas hacia los territorios menos afectados por la carestía de la vivienda. Pero en la práctica es difícil que algo así ocurra por las ventajas del ecosistema que caracteriza las grandes urbes, y por los costes fijos de una nueva implantación, en un momento de incertidumbre para la inversión empresarial. En todo caso, la experiencia de otros países con un déficit crónico de vivienda como Reino Unido muestra que es poco probable que las empresas desplacen su actividad a gran escala.

En suma, de cara al futuro habrá que prestar atención a la composición de la oferta y a la dualidad de la demanda de vivienda, más allá de las grandes cifras. Entre tanto, la crisis habitacional incide en la población residente, socavando el shock demográfico, uno de los fundamentos del buen momento de la economía española.

INMIGRACIÓN | El número de activos extranjeros o con doble nacionalidad ascendió a 5,6 millones de personas en el tercer trimestre de este año, es decir 1,9 millones más que en el mismo periodo de 2019 (con datos EPA). Hoy por hoy, la inmigración aporta el 22% del total de activos, cinco puntos más que hace un lustro. A pesar de ello, la incorporación de inmigrantes registra una cierta desaceleración, ya que la población activa extranjera se ha incrementado un 6,9% en lo que va de año, frente al 8,2% en 2024 y 9% en 2023.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Un año económico de gobierno laborista

julio 8, 2025

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La desigual geografía de las mujeres refugiadas en Europa

junio 19, 2025

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Las mujeres que huyen de sus países en busca de protección internacional enfrentan una doble vulnerabilidad: además de sufrir las consecuencias de los conflictos —violencia, persecución, pérdida de medios de vida—, están expuestas a riesgos añadidos durante el trayecto migratorio, como la violencia sexual, la trata o la explotación. Aunque hombres y mujeres comparten muchas de las razones que los llevan a solicitar asilo, los costes físicos, emocionales y sociales del proceso suelen ser distintos. También influyen de manera desigual factores como la aversión al riesgo o las normas sociales: en muchas sociedades, a las mujeres se les asigna el rol principal de cuidadoras, lo que puede limitar su capacidad o disposición para migrar. Por ello, su menor presencia en el asilo europeo refleja no solo desigualdades en la experiencia migratoria, sino también en las condiciones que determinan la decisión misma de migrar.

En 2024, las mujeres representaron apenas un tercio de las solicitudes de asilo en la Unión Europea, aunque su presencia varía notablemente entre países. En Austria (44 %), Francia (44 %) o España (42 %) se acerca a la mitad, mientras que en Eslovenia (4 %), Bulgaria (13 %), Eslovaquia (19 %) o Italia (19 %) es claramente minoritaria (gráfico 1). Estas diferencias no son solo coyunturales, sino que responden a patrones consolidados. Como muestra el gráfico 2, Francia y España han mantenido durante la última década una proporción de mujeres solicitantes sistemáticamente superior a la media europea, fuertemente condicionada por la evolución de Alemania, el país que con diferencia recibe el mayor número de solicitudes. En contraste, Italia y Grecia presentan una presencia femenina mucho menor: desde 2021, menos del 30 % en Grecia y por debajo del 20 % en Italia.

La composición femenina de las solicitudes de asilo varía según el país de destino, reflejando tanto las rutas migratorias como el origen nacional de los solicitantes. Los países con mayor proporción de mujeres suelen recibir más peticiones de personas latinoamericanas, mientras que aquellos con flujos procedentes de Asia, África u Oriente Próximo presentan una composición más masculinizada. En España, donde las mujeres representan el 42 % de las solicitudes en 2024, esta presencia se vincula al peso de solicitantes latinoamericanos, entre quienes la participación femenina es alta: 54 % entre los venezolanos, 48 % en los colombianos y 51 % en los peruanos (gráfico 3). En todo caso, el creciente flujo de solicitudes en España de malienses y senegaleses puede cambiar este patrón. De sus solicitudes, solo el 2 % y el 8 %, respectivamente, se corresponden con mujeres.

Francia, por su parte, destaca por acoger una proporción elevada de mujeres solicitantes (44%). Llama la atención que esta elevada presencia femenina no se debe únicamente al origen nacional de quienes solicitan asilo, sino también a que, para una misma nacionalidad, Francia acoge un porcentaje de mujeres mayor que otros países europeos (gráfico 3). En 2024, el 57 % de los solicitantes de asilo ucranianos en Francia fueron mujeres, mientras que ese porcentaje fue notablemente menor en Alemania (35 %), Grecia (40 %), Italia (41 %) y España (44 %). Esta diferencia también se reproduce para otras nacionalidades: Francia presenta mayores porcentajes de mujeres entre los solicitantes de países africanos como Guinea o Costa de Marfil. Es decir, más allá del país de origen, existen factores específicos del contexto francés —como la existencia de redes migratorias previas, trayectos migratorios más seguros o la mayor frecuencia de viajes por vía aérea— que favorecen una mayor recepción de solicitudes de asilo de mujeres.

Italia representa el caso opuesto: recibe un alto número de solicitantes de Asia y el norte de África, donde la proporción de mujeres es muy baja —como Bangladesh (1 %), Pakistán (2 %) o Egipto (2 %)—, y además esa proporción es inferior a la observada en otros países europeos. Un patrón similar se da en Grecia, con principales orígenes como Siria (26 % de mujeres), Afganistán (42 %) y Egipto (1 %). Estas cifras sugieren que las rutas hacia Italia y Grecia siguen estando fuertemente masculinizadas. Alemania, aunque con mayor volumen total, presenta un perfil similar: entre los solicitantes de Siria (28 %), Afganistán (30 %) o Turquía (33 %), la participación femenina también es baja (gráfico 3).

La estructura por edad de las personas solicitantes también ofrece claves importantes para entender las diferencias de género en los sistemas de asilo europeos. En todos los países analizados, las mujeres tienden a concentrarse en edades más diversas que los hombres, mientras que estos últimos presentan un claro predominio del grupo entre 18 y 34 años (gráfico 4). Este patrón es especialmente acusado en países como Italia o Grecia, donde más del 60 % de los solicitantes varones se sitúan en ese rango de edad (69 % y 59 % respectivamente). De hecho, en estos dos países el 56 % y el 44 % del total de solicitantes de asilo se corresponde con varones de 18 a 34 años, mientras que en España esta cifra se reduce al 33 % y en Francia al 28 %. En contraste, la distribución femenina está más equilibrada. De hecho, en Francia y Alemania las solicitudes de mujeres menores de edad tienen un peso relativamente importante.

Estas diferencias apuntan a trayectorias migratorias distintas según el país de destino: mientras que los hombres jóvenes suelen llegar solos por rutas terrestres o marítimas, muchas mujeres migran acompañadas de hijos o en el marco de proyectos familiares más amplios. En países como Francia y España, su mayor presencia puede vincularse a redes sociales previas y a formas de llegada menos peligrosas, como los vuelos comerciales. El Día Mundial del Refugiado constituye una ocasión para recordar que, más allá de los conflictos armados, las solicitudes de asilo responden también a contextos de inseguridad generalizada, violencia estructural o inestabilidad política, en los que las motivaciones humanitarias, familiares y económicas suelen entrelazarse.

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Alemania, año 2025. El primer mes de la era Merz (II). Vuelta de tuerca a la inmigración no autorizada

junio 17, 2025

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La tijera demoscópico-electoral comienza a abrirse a favor de los cristianodemócratas alemanes. En efecto, el descenso en intención de voto a la CDU/CSU que venían registrando las encuestas realizadas tras las elecciones de 23 febrero de 2025 se ha detenido desde finales de mayo y la formación de centro-derecha se distancia, muy poco a poco, de su más cercana competidora electoral, Alternativa para Alemania (AfD) (gráfico 1). Bien es cierto que el último porcentaje publicado de quienes afirman que votarían a la CDU/CSU “si el próximo domingo se celebraran elecciones generales” (27,3%) se sitúa por debajo del que obtuvo en las elecciones de febrero (28,6%); y también lo es que la intención de voto a AfD (23,2%) a mediados de junio supera el porcentaje que consiguió aquel día (20,8%), y ello a pesar de que, entre esas dos fechas, la Oficina Federal para la Protección Constitucional ha clasificado a este partido-movimiento como “confirmadamente de extrema derecha”.

En la sutil remontada de la CDU/CSU ven los analistas al canciller Friedrich Merz, que durante su primer mes de mandato ha hecho gala de un nuevo estilo de liderazgo político nacional e internacional marcado por la asertividad y el realismo. Si en política exterior sus esfuerzos se han concentrado en la reivindicación de la seguridad y capacidad defensiva de Europa, el apoyo a Ucrania y el compromiso con la OTAN, en política interior ha priorizado el combate contra la inmigración no autorizada o “irregular”, la gestión restrictiva de las solicitudes de asilo, la reducción de las entradas de inmigrantes por reagrupación familiar y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía alemana, acompañando todos estos objetivos de demandas de mayor vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Las medidas políticas para desplegar esta ofensiva contra la inmigración irregular han sido inmediatas. Por una parte, se han reforzado los efectivos y las jornadas de la policía federal encargada de los controles fronterizos. Aunque los datos son todavía provisionales y algo confusos, apuntan a un aumento de entradas denegadas y una reducción de solicitudes de asilo presentadas. Por otra parte, el gobierno ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que suspende durante dos años las entradas de hasta 1.000 inmigrantes al mes en concepto de reagrupación familiar que podían solicitar los inmigrantes residentes en Alemania a los que se les hubiera reconocido protección internacional (aunque carecieran del estatus de asilados). Asimismo, el gobierno ha remitido al parlamento la reforma de la legislación de ciudadanía para suprimir las denominadas turbonacionalizaciones, que franqueaban el acceso a la nacionalidad alemana tras tres años de residencia en el país.

La cabeza visible de estas políticas es el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, un político curtido en la dirección de su partido (CSU), en la actividad parlamentaria y ejecutiva. Sociólogo de formación, Dobrindt declara que “Alemania está desbordada”, como consecuencia del “efecto imán” que ha generado la “política de invitación” (Einladungspolitik) de los últimos diez años, y defiende que el control de la inmigración “ilegal” (deliberadamente utiliza siempre este adjetivo, en lugar de “irregular”) reducirá la polarización social que padece el país. Responde sin paños calientes a las críticas que recibe desde el ámbito político y mediático tildando su política de “anticristiana” e “inhumana” y, ante el revés judicial recibido recientemente de un tribunal administrativo de Berlín que ha declarado ilegal la denegación de la entrada en Alemania a tres solicitantes de asilo somalíes, insiste en la legalidad de los procedimientos de control y expulsión y persevera en su mantenimiento comprometiéndose a mejorar la justificación de las decisiones denegatorias y a elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con más de 30 aeropuertos internacionales y aproximadamente 4.500 vías terrestres de acceso desde los nueve países colindantes (con los que comparte 3.800 kilómetros de frontera), Alemania afronta lógicamente dificultades operativas para controlar la inmigración irregular. Pero el nuevo gobierno lo deja claro: “el espacio residencial, las aulas escolares, las plazas de guardería… todo esto no es ilimitado, todo es finito. Si queremos conseguir unas condiciones ordenadas en las ciudades y municipios, tenemos que limitar la afluencia a Alemania”^[2].

Para abrir la tijera demoscópico-electoral respecto a la AfD, la CDU/CSU ha de cerrar la tijera de la inmigración no autorizada: de ello están convencidos Merz y Dobrindt, y a juzgar por alguna encuesta ya disponible, pueden contar con un amplio respaldo de ciudadanos alemanes.

^[1] Discurso de Friedrich Merz en el Congreso Municipal Alemán (3 de junio de 2025).

^[2] De acuerdo con una encuesta del Instituto INSA realizada en los primeros días de junio, el 64% de los entrevistados (mayores de 18 años) mostraban su apoyo a las denegaciones de asilo en frontera.

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La opinión pública española sobre la inmigración se mantiene entre las más positivas de Europa

mayo 19, 2025

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En un contexto de crecimiento sostenido de la población inmigrante en España –en torno a 1,2 millones de nuevos residentes al año en los últimos dos años–, resulta especialmente relevante examinar cómo ha evolucionado la actitud de los ciudadanos hacia la inmigración. Según datos de 2024 de la Encuesta Social Europea (EES), la opinión pública española sobre la inmigración destaca por ser notablemente positiva en el contexto europeo. Cuando se pregunta a los encuestados si la inmigración es buena o mala para la economía de su país –en una escala de 0 (muy mala) a 10 (muy buena)–, varios resultados son especialmente llamativos. Con la excepción de Grecia, que presenta sistemáticamente las opiniones más negativas, la mayoría de los países de la UE15 con datos disponibles se posicionan entre puntuaciones medias de 4,5 a 6,5 (gráfico 1). España se ha situado durante todo el periodo entre los países más positivos respecto a la inmigración, alcanzando una puntuación de 6,2 en 2024, una de las más altas de la UE. Llama la atención que España ya ocupaba la tercera posición más alta en 2002, solo por detrás de Suecia y Austria.

Aunque la evolución de este indicador mostró un ligero descenso hasta 2013 –probablemente debido a la profunda crisis económica que comenzó en 2008–, la puntuación de España se mantuvo cercana a la de los países escandinavos. De hecho, este período evidencia la notable resiliencia de la opinión pública española: incluso durante años de aguda crisis económica en los que el desempleo llegó a superar el 25%, la opinión sobre la inmigración se mantuvo notablemente estable y positiva.

Dadas las actitudes generalmente positivas, cabe preguntarse: ¿quién apoya en España las restricciones a los flujos migratorios? En 2002, cuando España aún tenía relativamente poca experiencia como país de destino de la inmigración, el 50% de la población era partidaria de permitir la entrada a pocos o a ningún inmigrante procedente de países pobres no europeos (gráfico 2, izquierda). Desde entonces, el apoyo a posturas restrictivas se ha reducido casi a la mitad, cayendo hasta el 28% en 2024. Esto sitúa a España entre los países menos restrictivos de la UE, solo por detrás de Noruega (16%), Reino Unido (26%) y Suecia (27%) (gráfico 2, derecha).

Un indicador aún más revelador es el de la proporción de personas que creen que no debería permitirse en absoluto la llegada de inmigrantes de este tipo. En 2009, ya en plena Gran Recesión, el 15% de los españoles compartía esta opinión (gráfico 3). En 2024, la cifra se había reducido al 6%, posicionando a España como uno de los países con menos partidarios del cierre total, solo por detrás de Noruega (2%) y Suecia (2%).

Para entender los aspectos sociales y políticos de esta tendencia, podemos fijarnos en la relación entre ideología y apoyo a las restricciones. Al comparar cuatro años clave –2002, 2009, 2015 y 2024– se observa un patrón claro: cuanto más a la derecha se sitúan los encuestados en la escala ideológica (0 = izquierda, 10 = derecha), más probabilidades hay de que estén a favor de políticas de inmigración restrictivas (gráfico 4).

Sin embargo, esta relación general también ha evolucionado. En 2009, durante las primeras fases de la crisis económica, casi el 40% de los encuestados de izquierdas en España apoyaban algún tipo de restricción, frente al 70% de los de derechas. En 2024, sin embargo, estas cifras habían descendido en todo el espectro: así opinaban el 10% de los encuestados que se ubicaban a la izquierda y alrededor del 50% de los que lo hacían a la derecha. El descenso más notable se produjo entre los encuestados de izquierdas, que se han alejado del apoyo a las restricciones de forma más clara con el paso del tiempo.

Este patrón refleja las tendencias observadas en otros países europeos incluidos en la encuesta. Sin embargo, España destaca en un aspecto importante: mientras que el apoyo a las restricciones entre los españoles de izquierdas está ahora en línea con la media europea, los de derechas parecen significativamente menos restrictivos. En 2024, poco más del 50% de los encuestados de derechas en España apoyaban las restricciones, frente a una media del 68% entre sus homólogos de otros países.

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La demanda interna, motor del ciclo

febrero 3, 2025

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La economía española cosecha buenos resultados, y lo hace en un contexto internacional plagado de incertidumbres. El avance del PIB, un robusto 0,8% en el cierre del año, contrasta con el parón europeo. El diferencial guarda cierta relación con el plus de competitividad aportado por los precios energéticos —anclados por debajo de la media comunitaria—, la menor exposición a las turbulencias comerciales globales —los intercambios de bienes con los países no comunitarios ocupan el 36% total, frente a casi la mitad en Alemania— y el impulso de la inmigración.

No todo son buenas noticias: también se aprecia una inflexión en la pauta de crecimiento, menos equilibrado que en años anteriores. Y es que la atonía de los mercados europeos hace mella en las exportaciones. A la caída de los envíos de bienes hacia el exterior, que ya venían flaqueando, se une desde mediados del año pasado la moderación de las exportaciones de servicios no turísticos, quebrando la senda de fuerte crecimiento. Eso sí, el turismo sigue tirando, pero sin compensar el frenazo del resto. Como por otra parte las importaciones se recuperan, la aportación al crecimiento del PIB del conjunto del sector exterior se ha vuelto negativa en la segunda parte del pasado ejercicio.

La demanda interna toma el relevo al calor del consumo tanto público, que sigue desbocado, como privado. Las familias gastan a un ritmo vigoroso, explicando el 77% del avance del PIB registrado en el segundo semestre del año pasado. La inversión toma aire, especialmente en el segmento de bienes de equipo. Pero es pronto para determinar si se trata de una mejora estructural, los indicadores apuntando en direcciones contradictorias. Por una parte, el incremento de la inversión obedece a factores transitorios, ya que está muy concentrado en el material de transporte, pudiendo reflejar cambios anticipados de fiscalidad. Por otra parte, la demanda de crédito y las importaciones de bienes de equipo serían consistentes con una tendencia alcista. En todo caso, la inversión en vivienda apenas reacciona a la sucesión de anuncios oficiales, perpetuando el grave problema de escasez.

De cara al futuro, el sector exterior seguirá probablemente restando actividad, por la persistente debilidad de la economía europea como por las incertidumbres crecientes que se ciernen sobre el comercio internacional. Además, las importaciones están normalizándose (su elasticidad con respecto a la demanda se acerca a la media histórica), algo que en un contexto de fuerte empuje del mercado interno tiende a detraer actividad.

Si el motor externo del crecimiento flaquea, el interno no falla. El consumo privado mantendrá previsiblemente una fuerte inercia expansiva, sostenido por la creación de empleo, la recuperación de poder adquisitivo de los salarios y la liberación de una parte del ahorro embalsado. Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria junto con factores técnicos (menores ajustes de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas) apuntan a un consumo público algo más encauzado.

La clave estará en la inversión. Los estímulos provienen de la relajación de la política monetaria y de la necesidad de ejecutar en muy poco tiempo el abundante remanente de fondos europeos todavía disponibles.

El factor limitativo procede del clima de incertidumbre, exacerbado, al menos en el caso de las grandes corporaciones, por la política transaccional del Presidente Trump: el problema no es tanto la amenaza arancelaria como el cuestionamiento de las reglas multilaterales que rigen las relaciones internacionales desde la segunda guerra mundial. La inseguridad acerca del futuro de estas reglas que deja planear la principal potencia económica global es perjudicial para la inversión. Tampoco ayuda, en el plano interno, la congelación de la política presupuestaria, o la falta de consenso para acometer reformas en el mercado de vivienda. En suma, el ciclo expansivo prosigue, sin despejar las dudas sobre su sostenibilidad.

INMIGRACIÓN | La incorporación de trabajadores extranjeros sigue siendo uno de los factores distintivos de la economía española. En 2024, la población activa nacional descendió en 87.000 personas, mientras que el número de activos extranjeros o con doble nacionalidad se incrementó en 391.000, según la EPA. Por otra parte, el 79% de los nuevos empleos creados en el pasado ejercicio fueron ocupados por mano de obra foránea, un porcentaje al alza en relación al año anterior (63%). Destaca el peso de la inmigración en los sectores ligados al turismo y en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inmigración: los españoles valoran la diversidad, pero anticipan una asimilación a largo plazo

enero 9, 2025

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No extraña que la inmigración haya vuelto a ocupar un lugar relativamente preeminente en la discusión pública. En los últimos tres años, el número de nacidos en el extranjero residentes en España ha aumentado en casi dos millones (de 7,3 millones en octubre de 2021 a 9,2 en octubre de 2024) y su porcentaje sobre la población se ha incrementado en más de tres puntos (del 15,5% al 18,8%). En 2023 migraron a España 1,2 millones, cifra que ya desde 2021 se mantiene en niveles similares a los registrados justo antes de la crisis financiera. Estos nuevos residentes llegan a un país demográfica y socialmente distinto al de la primera década del siglo, pues ahora la sociedad ya cuenta con una amplia experiencia de convivencia con población inmigrante. ¿Qué opinan los españoles de hoy sobre la inmigración? ¿La experiencia de convivencia ha favorecido percepciones más positivas o, por el contrario, hay indicios de tensiones subyacentes? Para contestar a estas preguntas, la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración, realizada el pasado mes de diciembre a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, ha recabado información sobre la percepción que los españoles tienen de la integración de los inmigrantes.

Una amplia mayoría de encuestados expresa una valoración positiva de la diversidad: casi cinco de cada seis (84%) están de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas (gráfico 1). No obstante, esa evaluación positiva de la diversidad no implica que se acepte de forma ilimitada. De hecho, el porcentaje de encuestados que considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas, aunque mayoritario (63%), es inferior al de quienes juzgan positivamente la diversidad. Por otro lado, el amplio consenso respecto a la diversidad religiosa y cultural podría explicarse, en parte, por la expectativa de que, con el tiempo, la población de origen extranjero no será tan distinta de la española. De hecho, casi siete de cada diez encuestados (69%) están de acuerdo con que, en dos o tres generaciones, los miembros de los grupos minoritarios serán iguales que el resto de la sociedad. Curiosamente, este amplio convencimiento sobre una eventual asimilación a largo plazo no se traduce necesariamente en un juicio claro, ya sea favorable o contrario, sobre la obligación de las minorías de adaptarse a las costumbres españolas. Es este el punto en que la opinión pública se muestra más dividida: el 55% cree que las minorías deben adaptar sus costumbres para ser plenamente aceptadas, mientras que el 45% opina lo contrario.

La pertenencia de los encuestados a unas u otras categorías sociodemográficas se asocia de manera diversa, y con fuerza distinta, con las percepciones sobre la integración de los inmigrantes. En general, las diferencias basadas en el sexo o la edad son relativamente pequeñas, mientras que la autoubicación ideológica parece desempeñar un papel más relevante (gráficos 2 a 5). Por ejemplo, mientras que el apoyo a la diversidad es mayoritario en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo (aunque ligeramente más elevado entre las mujeres y los encuestados con mayor nivel educativo), la ubicación en distintos puntos del espectro ideológico se asocia con opiniones que pueden ser sustancialmente diferentes: del 95% de acuerdo con la diversidad entre los que se sitúan más a la izquierda (posiciones 1-2) hasta el 51% entre los que están más a la derecha (posiciones 9-10) (gráfico 2).

Por otro lado, la percepción de haber alcanzado el límite en la capacidad de absorción de gente de diferentes etnias o culturas es algo más común entre quienes disponen de menos ingresos: mientras que el 45% de la categoría con ingresos que llegan hasta 1.500 euros mensuales así lo declara, el porcentaje se queda en el 30% de quienes ganan más de 4.000. También en este aspecto sobre los límites a la diversidad sobresalen las diferencias ideológicas. Entre quienes se posicionan más a la izquierda, uno de cada diez cree que ya se ha alcanzado el límite, pero a la derecha lo creen ocho de cada diez (gráfico 3). Llaman aquí también la atención las diferencias territoriales. En Cataluña el 45% cree que se ha llegado al límite, una cifra significativamente superior al 33% de Madrid.

La expectativa de que en dos o tres generaciones los inmigrantes se asemejarán a la población nativa también varía según la autoubicación ideológica, aumentando el optimismo acerca de la “igualación” cuanto más a la izquierda se sitúa el entrevistado, aunque, en esta ocasión, las diferencias no son tan acusadas (gráfico 4). Son mucho más evidentes las variaciones en función de la ideología respecto a la consideración de que los miembros de las minorías deben adoptar las costumbres españolas, desde el 25% en las posiciones más a la izquierda (1-2) hasta el 87% en las posiciones más a la derecha (9-10) (gráfico 5). Aquí sí parece desempeñar un papel importante la edad: el 38% de los jóvenes (18-24 años) cree que tienen que adaptarse, cifra muy inferior al 64% de los mayores (65 años o más).

Por último, la encuesta también ofrece información sobre la valoración general que hacen los entrevistados de la integración de los inmigrantes en su entorno más próximo. Aunque, a la vista de los datos, puede afirmarse que las actitudes generales hacia la inmigración son mayoritariamente positivas, el juicio sobre cómo está funcionando la integración en la práctica resulta menos favorable y refleja ciertas tensiones. Así, aunque son mayoría (56%) quienes creen muy o bastante adecuado el nivel de integración de la mayoría de la población de origen extranjero en donde viven, no son pocos (un 43%) los que lo ven como poco o nada adecuado (gráfico 6). Nuevamente, las opiniones sobre el nivel de integración varían significativamente según la orientación ideológica: en los segmentos de la izquierda predomina la opinión de que el nivel de integración es adecuado, pero en los de la derecha prevalece la contraria (gráfico 6).

Parte de la información disponible en la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración es comparable con la recogida por el Eurobarómetro 59.2, de mayo de 2003, lo que permite mostrar la evolución de las percepciones de la diversidad y la integración de la inmigración a lo largo de dos décadas. La comparación sugiere que la valoración positiva hacia la diversidad se ha mantenido, pasando del 81% en 2003 al 84% en diciembre de 2024. Pero también refleja algún cambio. Por ejemplo, llama la atención que parece haber disminuido la proporción de quienes creen que España ha alcanzado su límite en la capacidad de acogida de personas de otras razas, religiones o culturas (del 52% en 2003 al 37% en 2024), lo que es bastante coherente con que se mantenga la confianza en que las minorías acaben asemejándose mucho a los españoles a largo plazo (63% en 2024, 61% en 2003).

En definitiva, algunas actitudes básicas de los españoles referidas a la integración de población foránea de distinta etnia, cultura o religión apenas han cambiado en los últimos veinte años, a pesar de que la presencia de esa población ha aumentado considerablemente. Que predominen las actitudes de apertura es compatible con que proporciones nada desdeñables vean problemas de integración a escala local y esperen un esfuerzo de adaptación de la población foránea. También es compatible con notables diferencias de opinión según las afinidades políticas de los encuestados, lo que llama la atención sobre una de las dificultades principales que tiene la discusión pública sobre estas materias. Es necesario señalar que, aunque la mayoría valora positivamente la diversidad, existe una expectativa de que esta se reduzca en el futuro a través de a una suerte de convergencia social de las minorías. Esta aparente paradoja subraya aún más la necesidad de mantener la inmigración y su integración como un tema central en el debate público. Dada la evidente rapidez de recuperación de los flujos migratorios hacia España en cuanto la economía supera mínimamente sus dificultades, las políticas de inmigración y su integración deberían ocupar un lugar central en el debate público. Para superar los obstáculos para que así sea y garantizar que esta discusión sea constructiva, es imprescindible un diálogo basado en datos y orientado a la construcción de consensos que permita afrontar los desafíos de manera realista y efectiva.

Ficha técnica de la III Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.