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La sombra alargada de la guerra en Oriente Medio

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La tregua anunciada el pasado 7 de abril aporta una luz de esperanza en un conflicto que mantiene en vilo a todo el planeta, con graves consecuencias humanas y económicas. El acuerdo es frágil, pero delata la voluntad de encontrar una salida, a diferencia de lo sucedido en el frente de Ucrania. Sería temerario, sin embargo, aventurar que el impacto económico de la contienda será transitorio e inocuo, ya que sus secuelas se percibirán todavía durante largos meses, incluso si los contendientes sellaran rápidamente un acuerdo de paz.

La capacidad productiva de la región se ha visto seriamente afectada por los ataques, comprometiendo la vuelta a la normalidad. La Agencia Internacional de la Energía ha detectado daños en hasta 75 plantas de procesamiento de hidrocarburos, complejos petroquímicos e infraestructuras portuarias. Preocupa el diagnóstico de los expertos acerca de la destrucción parcial del yacimiento de gas de Ras Laffan, el más importante de mundo: los trabajos de reparación podrían prolongarse entre tres y cinco años.  

También se complica la reapertura del estrecho de Ormuz, no solo por la imposición de peajes anunciada por Irán: ante la peligrosidad del paso por la zona, las compañías de seguros serán reacias a cubrir el transporte, o lo harán con pólizas a precios desorbitados. Para el negocio del seguro, basado en la percepción del riesgo, la incertidumbre tiene un coste elevado.

Los retrasos en las cadenas de suministro son otra secuela que no se resolverá tan rápidamente. El parón de las exportaciones de hidrocarburos, fertilizantes, productos químicos y de un amplio abanico de minerales y de componentes químicos producidos por los países del Golfo trae consigo una desorganización de los sistemas productivos. El queroseno, por ejemplo, empieza a escasear, perturbando la aviación civil. Y la lógica reacción de almacenamiento de los importadores podría agravar los fenómenos de escasez.

La histéresis de la guerra ejercerá una presión prolongada sobre los costes de producción (y, en última instancia, sobre los precios al consumo) incluso después de su resolución. La buena noticia es que, en principio, el impacto en la inflación será menos acusado que hace cuatro años. La crisis energética generada por la guerra de Ucrania coincidió con una demanda boyante, sostenida por el sobre ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia.


En esta ocasión, la presión de la demanda es menor, incluso en una economía en expansión como la nuestra. Además, en el caso de España, la subida en escala de las energías renovables está amortiguando los efectos del encarecimiento del gas en la factura de la luz. Con todo, la escalada de los costes de producción producirá incrementos puntuales de precios, sin efectos significativos de segunda ronda. No obstante, el BCE está al acecho y querrá comprobar que las expectativas están ancladas, de modo que no es descartable que ajuste algo los tipos.

Además, un descenso prolongado de la oferta de materias primas frenará la actividad. De momento, los indicadores de coyuntura mantienen el buen tono. La afiliación sigue tirando y el PMI se mantiene en zona expansiva. Pero una cierta pérdida de capacidad de compra es inevitable.

Los Estados pueden intentar compensarla, pero se enfrentan al muro de la deuda. La española sigue en cotas que no dejan margen para ningún desliz, y lo mismo ocurre en casi todas las principales economías avanzadas. La política presupuestaria debería ser quirúrgica, centrando su actuación en los sectores más afectados y en los grupos sociales vulnerables. Entre los grandes países, solo España, Italia y Polonia han procedido a recortes generalizados de gravámenes, una medida poco eficaz y costosa, que debería desaparecer a medida que el shock de precios se diluye, conforme a lo previsto en el plan del Gobierno. Ante un conflicto bélico de consecuencias duraderas, la eficacia en el despliegue de la munición económica es clave. 

ACTIVIDAD | El índice PMI de manufacturas descendió en marzo hasta niveles consistentes con una reducción de la actividad (por debajo de 50). Aún más relevante es la valoración que realizan las empresas participantes sobre los costes y los plazos de entrega de los insumos. En este sentido, los efectos de la guerra ya se perciben en forma de un encarecimiento acusado de los precios pagados por las empresas, y de interrupciones en las cadenas de suministro. También aumenta la percepción de escasez de determinados productos, entre los que destacan los semiconductores.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos impuestos

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Comencemos por dos aclaraciones. La primera es que los impuestos anunciados la semana pasada no forman parte de la reforma fiscal pendiente que debería resolver múltiples problemas y afrontar nuevos retos. Su lógica y justificación es diferente. La segunda es que, por muy buena voluntad que se tenga, ningún Gobierno es capaz de garantizar que el coste de los impuestos no se vaya a trasladar vía precios a otros agentes económicos; en particular a los clientes de empresas energéticas y bancos. Porque una cosa es la incidencia legal de un tributo, que sí controla el gobierno a través de la normativa fiscal, y otra la incidencia efectiva.

Dependiendo de las condiciones de los mercados, las empresas pueden acabar trasladando una parte no menor del coste a sus clientes, proveedores o incluso trabajadores. Es una realidad que las empresas energéticas están siendo favorecidas por la coyuntura actual. En el caso de las eléctricas, por un sistema marginalista no pensado para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Los beneficios caídos del cielo están siendo enormes. La llamada “excepción ibérica” ha sido una solución buena, pero parcial. Aun con ella, los precios a los que se está cobrando la luz excede con mucho lo razonable, dado el peso menor del gas en las fuentes generadoras de electricidad en España. En el caso de los carburantes, el mecanismo es diferente. Pero existe evidencia empírica de esos beneficios extraordinarios. Por tanto, un impuesto transitorio sobre las energéticas es un complemento justificable a los cambios en el sistema marginalista, y va a permitir que una parte de esos sobreprecios a los consumidores pasen a financiar actuaciones compensatorias. Es muy probable que este tipo de tributos extraordinarios vayan a ser la norma en Europa.

En contraste, tengo serias dudas sobre la oportunidad del impuesto a la banca. El argumento de que las entidades financieras se van a beneficiar de la subida de tipos que se avecina no tiene nada que ver con la idea de los beneficios caídos del cielo. Como es bien sabido, el sistema financiero español ha pasado años difíciles en un contexto de tipos de interés negativos, nunca visto antes. Los ajustes en plantilla y las cotizaciones bursátiles dan fe de ello. Y no hay que olvidar que una subida de tipos no es sinónimo de mayores beneficios en un contexto de crisis económica con previsibles aumentos en la morosidad. Tampoco es totalmente sólido el argumento de que el impuesto es una compensación por el rescate a la banca que financiaron todos los españoles. Porque una parte sustancial de los bancos que soportarán el gravamen no recibieron esas ayudas. Me cuesta creer que este vaya a ser un camino que se transite de manera generalizada en los países de la UE.

Quizá tendría sentido volver al libro blanco de la reforma tributaria y encontrar otras posibilidades para obtener más ingresos, al tiempo que se mejora el sistema.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anticipando el corte del gas ruso

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La clave de nuestro futuro económico radica en el gas ruso: en esencia, ese es el vaticinio de la Comisión Europea en sus últimas perspectivas económicas. Todos los países se enfrentan a una fuerte desaceleración tras el verano, cuando no a caídas del PIB que podrían durar uno o dos trimestres. Los más dependientes del gigante euroasiático serán los más afectados, pero en una economía interconectada como la europea ninguno está a salvo. Alemania e Italia, por ejemplo, apenas crecerían en torno al 1%, mientras que España, menos expuesta al riesgo de un corte total del suministro de gas ruso, crecería ligeramente por encima del 2,1%, frente al 3,4% de la anterior previsión. Actividad por tanto a la baja, y precios al alza por la misma causa: unos precios energéticos disparados cuya onda expansiva atraviesa el conjunto del aparato productivo, provocando más inflación.   

El pronóstico, si bien lúgubre a corto plazo, mantiene casi intactas las perspectivas económicas a medio plazo esbozadas antes de la guerra. Y es que Bruselas augura que todo mejorará cuando el precio de la materia prima se estabilice, gracias a la aparición de nuevas alternativas a los hidrocarburos rusos, o a una tregua en las hostilidades en Ucrania. En ese preciso instante, bajará la inflación (la Comisión anticipa un IPC interanual cercano al objetivo del BCE 2% a finales de 2023 para la media de la eurozona) y la economía reanudará una senda de sólida recuperación.

El horizonte voluntarista de la Comisión, sin embargo, elude el papel vital de la política económica para afrontar el shock energético. De su gestión depende la supervivencia de muchas empresas que, pese a ser viables, necesitan un apoyo fiscal para ajustarse y transitar hacia un modelo menos intensivo en carburantes fósiles. Las sociedades europeas también amenazan con desgarrarse por el carácter desigual de la crisis: el informe confirma que los deciles de rentas más bajos son los más expuestos a la crisis, y los hogares manifiestan un malestar creciente ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

Bruselas no dice cómo afrontar estos retos y a la vez cumplir los objetivos de corrección de los desequilibrios de unas cuentas públicas lastradas por el coste de la pandemia. Sin duda la respuesta pasa por la gradualidad de los ajustes, pero también por una combinación de repriorización del gasto, flexibilidad en la utilización de los fondos europeos y medidas de reequilibrio fiscal. 

Otro frente de vital importancia es la política monetaria. Las previsiones de Bruselas incorporan la hipótesis de un ajuste paulatino de tipos de interés. Algo deseable ya que una sobrerreacción agudizaría las tendencias recesivas. Sin embargo, la gradualidad, aparte de no estar garantizada, parece poco compatible con la previsión de una bajada abrupta de la inflación. Mejor prepararse a la eventualidad de un episodio inflacionista más duradero, y a la vez fortalecer los cortafuegos sociales con pactos de rentas. Y los financieros, gracias un instrumento eficaz antifragmentación: el próximo día 21 deberíamos conocer la propuesta del BCE. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias porque de lo contrario los mercados no tardarán en presionar las primas de riesgo; la de una Italia debilitada tras la dimisión de Draghi, pero también la nuestra.


Las familias y las empresas españolas, tras un arduo periodo de desendeudamiento, están mejor posicionadas que en la crisis financiera para soportar el giro de política monetaria. Su posición financiera es también comparable a la media europea, incluso mejora la de algunos de los países llamados frugales como Holanda. Pero para el Estado una elevación progresiva de los tipos de interés tendrá un impacto mucho más pronunciado.

El Comisario Gentiloni resume el desafío apelando a una estrategia de “solidaridad, sostenibilidad y seguridad”. Ha llegado la hora de conciliar estos principios en los próximos PGE.  

Primas de riesgo | El diferencial de tipos de interés entre el bono público español a 10 años y la referencia alemana, o prima de riesgo, se ha duplicado desde el inicio del año en paralelo al cese del programa de compra de deuda del BCE. Sin embargo, su nivel actual, en el entorno de 117 puntos básicos, es casi idéntico a la media del periodo expansivo pre-pandemia 2015-2019 de 120 puntos. En comparación, la prima de riesgo italiana alcanza 224 puntos, frente a una media de durante la expansión de 177 puntos.

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