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El impacto paradójico de los conflictos bélicos en la economía española

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Las tensiones geopolíticas, y su exacerbación bélica en
Oriente Medio, están teniendo un impacto sorprendente en la economía española.
Por una parte, el grueso del tejido productivo se resiente al igual que en el
resto de Europa del clima de incertidumbre que lastra la confianza y dificulta
el despegue de la inversión, clave de la prolongación de nuestro ciclo
expansivo. El repunte del precio del petróleo y del transporte marítimo que
transita por las regiones próximas a la contienda complica la senda de
desinflación, al tiempo que erosiona el poder adquisitivo.

En cambio, las turbulencias globales se acompañan de ingentes flujos de entrada de inversión internacional, por el poder de atracción de los bajos costes laborales y energéticos en relación a otras economías de nuestro entorno. Los recientes anuncios de tomas de posición en los sectores de la tecnología, de la energía y del automóvil forman parte de una tendencia de fondo, a tenor del volumen de capital extranjero que se invierte en el equipamiento de empresas españolas, sobre todo en las grandes corporaciones: en los últimos dos años, la inversión extranjera directa (excluyendo el capital financiero especulativo) alcanzó una media del 2,9% del PIB, un registro muy superior al que se observa en los otros grandes socios comunitarios. Además, España es importadora neta de capital extranjero, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que exporta buena parte de su ahorro para equipar empresas en otros países —una insensatez para su industria, en plena reconversión—.


Es decir, los inversores internacionales razonan en clave global, y en esa comparación España no sale mal parada (las incertidumbres son similares en todo el continente, pero nosotros estamos alejados de las principales zonas de conflicto y los costes de producción son favorables). A diferencia de las empresas españolas más pequeñas, que se determinan en función de las condiciones locales y de otras variables que afectan el clima de negocios en el mercado interno. Entre estos lastres, el que más afecta la inversión es la memoria traumática de la crisis financiera, una consideración alejada de las preocupaciones de los grandes inversores internacionales.       

Esta dualidad es relevante para la política económica, en primer lugar, porque muestra que el déficit de inversión se produce sobre todo en la pequeña y mediana empresa, y no tanto en las corporaciones con capacidad de atracción de capital extranjero. A este respecto, la recién anunciada iniciativa de cofinanciación de empresas, pilotado por Cofides, es un paso en la buena dirección ya que pretende acercar los recursos a los sectores estratégicos, pudiendo en principio beneficiar a las empresas de tamaño intermedio. El volumen de recursos de este fondo (2.000 millones de euros, financiados con préstamos del Next Generation), sin embargo, parece insuficiente para paliar la sequía de la inversión. Más decisiva sería la unión financiera proyectada por Bruselas con el objetivo de facilitar la movilidad del ahorro para dinamizar la economía europea, pero el proyecto se enfrenta a la visión de países reacios a la armonización normativa y fiscal. Veremos si Mario Draghi logra suavizar las asperezas con su esperado informe de diagnóstico de la posición de Europa frente a las otras grandes potencias.           

La formulación de una senda presupuestaria a medio plazo
sería otra palanca para desatascar la inversión entre las empresas más
afectadas por las incertidumbres y que, por su tamaño, no pueden acceder a la
financiación internacional. Los Presupuestos Generales de Estado conforman el
principal instrumento de política económica, y de ellos depende la percepción
del grado de coherencia de la acción pública.

Por paradójico que pueda parecer, la volatilidad del entorno global es más perjudicial para la pyme española que para los inversores internacionales que siguen apostando por nuestro tejido productivo. Una dicotomía que tiende a acrecentarse a medida que el conflicto en Oriente Medio se perpetúa, cuando no se extiende.

INVERSIÓN EXTRANJERA | El volumen de capital extranjero invertido el año pasado en empresas españolas, o inversión directa extranjera, alcanzó los 33.000 millones de euros (según datos de balanza de pagos). Los inversores precedentes de la Unión Europea, EE. UU. y Reino Unido siguen aportando el grueso de los fondos, con algo menos del 80% del total (con información de DataInvest). Las monarquías del golfo pérsico, entre las que destaca Emiratos Árabes Unidos, representan apenas el 1,3% del total, y China el 1,4%, si bien la presencia del gigante asiático se está incrementando rápidamente.

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Geopolítica y economía

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No queda mucho para cerrar el cuarto año de esta década. Sin lugar a dudas, se trata de un periodo muy convulso y lleno de dificultades y “cisnes negros”. En marzo de 2020 una pandemia global que dejó todo tipo de huellas, también económicas. En febrero de 2022, Rusia ataca Ucrania, y comienza una guerra cruenta que sigue hoy. Más recientemente, el 7 de octubre, los terroristas de Hamas realizan una brutal cadena de atentados en Israel, que este país responde con fuerza. Se inicia una tensión geopolítica de gran magnitud. La incidencia social y económica del conflicto dependerá de si existe escalada o no a otros países (Irán, Siria entre otros). Estos próximos días serán críticos. La preocupación parece extrema, como ha dejado entrever la visita del presidente Biden a Israel esta semana. Las señales del mercado han sido de mayor tranquilidad que la prevista, con solamente impactos en la volatilidad y el precio del petróleo. Y también en los mercados de bonos soberanos pero que ya venían de un septiembre muy complicado.

Estos sobresaltos graves geopolíticos están afectando negativamente a la economía desde el final de la pandemia. Los problemas en la cadena de suministro global tras la vuelta a la normalidad tras el covid y el tirón de la demanda global tras más de un año de restricciones y confinamientos empujaron los precios hacia arriba. La inflación comenzó a ser un problema. Inicialmente se malinterpretó como transitorio. La guerra en Ucrania y su incidencia en el gas, petróleo, cereales y muchos otros productos generó inflación que luego se hizo persistente. Los bancos centrales comenzaron a reaccionar y de qué manera: fuertes y rápidas subidas de interés. Ahora que llevamos un tiempo con una inflación sustancialmente más baja que en 2022 —aunque con cierta tendencia a subir nuevamente— llega este último shock imprevisible con un potencial impacto de gran magnitud en la economía global, como ya tuvieron los anteriores choques. Hay que esperar. Estamos en el momento de mayor tensión. Quizás, si no hay escalada en unas semanas, lo peor en lo económico también puede haber pasado.

El entorno en el que ha llegado el nuevo conflicto en Oriente Medio ya era complejo por los efectos de las decisiones y anuncios de los bancos centrales (BCE, Fed) en los mercados de bonos soberanos, en particular el estadounidense. Esta semana ha sido muy movida para la deuda norteamericana, significativamente encarecida. La amenaza de una escalada bélica no ayuda. Que la inflación pueda repuntar por los precios de la energía, en un contexto de fortaleza económica en ese país, sugiere que la Fed puede seguir subiendo tipos. O al menos mantenerlos más altos bastante más tiempo de lo esperado. Turbulencias a la vista, de las que no se libraría la zona euro —con una notable desaceleración que puede ir a más según se sientan más los efectos de las subidas de tipos— y en el que el BCE también tendrá mucha tela que cortar en un entorno de tan difícil gestión.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Ajustes necesarios en la respuesta a la invasión de Ucrania

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Hace poco más de un mes, el Banco Central Europeo (BCE) publicaba en su boletín mensual un análisis del impacto presupuestario de las medidas adoptadas en los países de la eurozona para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Según los cálculos de los autores, tan solo el 12% de esas rebajas impositivas e incrementos del gasto tiene por beneficiarios a los hogares vulnerables; y menos del 2% contribuirá directamente a la transición ecológica. La semana pasada, Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertía de la necesidad de que las actuaciones se centren en apoyar a los más frágiles, evitando medidas generalistas que, por definición, son más costosas para los erarios europeos y acaban alimentando el proceso inflacionario.

Desafortunadamente, la probabilidad de que la necesidad de medidas compensatorias se extienda a 2023 debería hacernos reflexionar para redefinir el plan de choque. Y el párrafo anterior nos da pistas sobre cómo deberíamos hacerlo: focalizando mucho más las ayudas y apostando en mayor medida por actuaciones que sean compatibles con el impulso a los objetivos de transición energética y ecológica.

En todo caso, debemos tener claro que para afrontar el episodio inflacionario no basta con lo anterior; y que la subida de tipos de interés por parte del BCE puede ser una medicina particularmente dolorosa y no muy eficiente, en la medida en que el origen de la inflación no es un sobrecalentamiento de la economía europea y, por tanto, habrá que reducir mucho la demanda para que se note el efecto en los precios. Por eso necesitamos tres cosas más.

La primera es actuar de forma contundente sobre los mecanismos de fijación de precios de la energía, que generan resultados absurdos en la coyuntura actual. La UE debería resolverlo en lo que resta de mes. Porque no es muy inteligente mantener las reglas actuales y dejar que Rusia utilice su gas como una potente arma de guerra económica.

La segunda es la enorme importancia de alcanzar un pacto de rentas ambicioso y en un plazo breve. En tiempos de guerra, necesitamos que en el seno de los países de la UE mantengamos cohesión, paz social y solidaridad.

La tercera está íntimamente ligada a la anterior. La pandemia nos ha mostrado la importancia de la coordinación y la cooperación en momentos críticos. Desafortunadamente, estamos ante otro. Cierto que en este caso no se trata de mascarillas, distancia social y responsabilidad individual para frenar contagios. Ahora se trata de que los sectores productivos y los hogares en mejor situación financiera acepten que las ayudas vayan a otros, asuman que su pérdida de poder adquisitivo sea comparativamente mayor y que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se hagan esfuerzos voluntarios para ayudar a los más vulnerables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sin mapa en los mercados

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La inflación llevaba mucho tiempo sin nosotros hasta que retornó —y con que fuerza— en el último año. En Estados Unidos, sobre todo, hay una sangría en los mercados. Varias generaciones han crecido y vivido sin inflación significativa y sin tener evidencia de cómo se las gastan los bancos centrales para atajar esos crecimientos de precios. Por ello, una gran parte de analistas y traders, acostumbrados a mercados en alza casi permanentemente y a una gran liquidez provista por las autoridades monetarias —que siempre solventaban los problemas— se han quedado sin mapa. Si acuden a pedir consejo a otros traders más experimentados tampoco van a tener muchas alternativas. La razón es que anteriormente se producían procesos de venta acelerada de acciones o de bonos, pero no grandes caídas en los dos mercados a la vez. En esta ocasión, no hay dónde meterse.

La espita de la caída de los mercados inicialmente aconteció en Estados Unidos con la salida de los inversores de las grandes tecnológicas y Nasdaq. Se ha ido generalizando y ahora todo el mundo parece querer salir de casi todos los sectores. Ni tecnológicas, ni manufactureras, ni otras cosas. Todo a la baja. Desde una óptica financiera, existe la creencia de que los mercados han estado sostenidos de forma algo artificial. Ahora la corrección parece combinar varias caídas que tenían que haber sucedido antes. Antes de normalizar había que corregir lo que estaba inflado (tecnológicas y bonos, por ejemplo) y pasar por una amenaza de recesión en un contexto de inflación. Parte del problema también parece venir de que los mercados no se creen las expectativas de inflación de los bancos centrales. Creen que va a durar más de lo que proyectan. Hasta ahora no les había importado porque se equivocaban siempre al decir que subiría y no lo hacía. Además, creen que los bancos centrales han reaccionado tarde, incluida la Fed. Y qué decir del BCE. Ha habido que esperar a este lunes para que Christine Lagarde, su presidenta, haya sugerido dos subidas de tipos a partir de julio y la reacción inmediata del mercado no fue mala. Es crítico que los bancos centrales ganen credibilidad nuevamente en este contexto convulso, para que se vuelvan a anclar las expectativas hacia una menor inflación en los próximos meses.

Desde la óptica macroeconómica, las noticias para el futuro más cercano no son halagüeñas. La amenaza de recesión está ahí, pero no es lo único, ya que hay preocupación por una crisis alimentaria y por graves problemas energéticos el próximo invierno. Mientras permanezca, seguirá presionando los mercados a la baja. Con mucha incertidumbre adicional por las consecuencias de la guerra de Ucrania y la política covid cero de China que está aumentando la tensión en la cadena global de suministros y generando nuevas rondas de crecimientos de precios y, probablemente, recesión, incluso para el propio país asiático. Sería una gran noticia el final de ambas, que daría un respiro a la economía global y un vuelco a mejor a los mercados. Mientras tanto, seguimos sin un mapa sobre dónde y cómo invertir en los mercados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La industria mantenía la tendencia ascendente antes del inicio de la guerra de Ucrania

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Indice de producción industrial | FEBRERO 2022


El Índice de Producción Industrial se recuperó en febrero del moderado descenso sufrido el mes anterior, con un crecimiento del 0,9%. El índice relativo a solo manufacturas registró un ascenso del 1,4%. Por tanto, hasta el estallido de la guerra en Ucrania el sector industrial mantenía la suave tendencia ascendente iniciada el verano pasado. Si se excluye el sector del automóvil, que es el que arrastra una peor evolución, con una caída del 11% con respecto a hace un año –y que en febrero volvió a retroceder– la tendencia ascendente es más clara. Así, el índice de manufacturas excluyendo automóviles se encontraba en febrero un 6,7% por encima del nivel de hace un año, y un 3% por encima del nivel previo a la pandemia, frente a un 3,2% y un -0,2% respectivamente en el caso de las manufacturas totales.

Los sectores que han presentado un mayor dinamismo en el último año son los de confección, madera, refino de petróleo, productos informáticos e industria textil. Solo los sectores de metalurgia y automóviles presentaban tasas negativas (de las 23 divisiones sectoriales de que consta el índice de manufacturas).

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El gasto en defensa y el déficit público

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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Revisión al alza del PIB del cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral | 4T 2021


La economía española creció un 5,1% en 2021, lo que supone una décima más que lo avanzado en enero por el Instituto Nacional de Estadística. Este mayor crecimiento anual es debido a una revisión de los datos del primer y cuarto trimestre al alza que más que compensan la revisión a la baja del segundo.

La recuperación de la economía continuó en el último cuarto del año. No obstante, a pesar de la revisión al alza del crecimiento del PIB en este trimestre hasta el 2,2%, la economía creció con menor intensidad que en el trimestre previo. El crecimiento procedió del consumo —revisado al alza con respecto a la caída indicada en la primera estimación—, de la inversión —con una aportación revisada intensamente a la baja— y del sector exterior.

En la demanda privada, la inversión, a pesar de la revisión a la baja de su crecimiento, registró en todos sus componentes avances intertrimestrales positivos, con la única excepción de la de construcción de viviendas con un recorte del 1,5% —frente a un crecimiento del 0,4% que había adelantado el avance de enero—. El consumo privado ha sufrido una fuerte revisión al alza, desde un crecimiento negativo hasta un avance intertrimestral del 1,4%. En sentido contrario, se revisa a la baja el de las AA.PP. hasta un retroceso del 1,6%, siendo el primer trimestre con crecimiento negativo tras crecer ininterrumpidamente desde 2014 (con la excepción del cuarto trimestre de 2016). Respecto al sector exterior, se eleva el crecimiento de exportaciones e importaciones, manteniéndose la aportación conjunta al crecimiento del PIB. Las exportaciones se ven impulsadas por las de servicios, tanto las de no turismo como las de turismo. Destaca especialmente la revisión a la baja en el crecimiento de estas últimas, que pasan de situarse en el 98% respecto al nivel del último trimestre de 2019, según el avance de enero, al 86% en los datos publicados hoy.

En el cuarto trimestre de 2021, el consumo de las administraciones públicas, la inversión en bienes de equipo, las importaciones de bienes y las exportaciones de bienes y de servicios de no turismo eran los únicos componentes de la demanda que superaban el nivel prepandemia. En la oferta creció la actividad en todos los sectores, pero sin alcanzar los niveles prepandemia, salvo en el sector de AA.PP. sanidad y educación. Sorprende en este caso la construcción, que se sitúa un 13% por debajo del nivel del último cuarto de 2019.

En cuanto a la evolución en 2022 estará fuertemente condicionada por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania, la intensa elevación de precios y problemas en el suministro de materias primas.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La guerra energética. Precios eléctricos de destrucción masiva

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La primera onda expansiva de la guerra nos ha llegado en forma de precio de la electricidad. No hace mucho era noticia que el precio del MW/h había alcanzado los 100 euros. Hace dos días, arrastrado por el precio y la escasez de gas, superó los 500. Las consecuencias redistributivas y de perdida de riqueza van a ser enormes y urge tomar medidas excepcionales, propias del contexto bélico en el que nos encontramos. Desconocemos cuánto puede perdurar en el tiempo esta situación y es posible que el suministro de gas ruso se reduzca aún más y, con ello, aumente la presión al alza sobre los precios.


Menos del 10% de la electricidad que se consume en España se produce con un gas natural que ahora está por las nubes. Al mismo tiempo, nuestro sistema de fijación de precios eléctricos (llamado comúnmente “marginalista”) toma el precio máximo —marginal— de un pool de tecnologías, entre ellas las que emplean el gas para la generación, como precio para toda la electricidad. Este precio ahora extraordinario supone un beneficio igualmente excepcional para las empresas eléctricas que producen el 90% restante, utilizando energía nuclear, renovable o hidroeléctrica. Todas ellas hicieron sus planes de negocio e invirtieron en un mercado eléctrico en el que, en la década pasada, no se superaron los 50 euros por MW/h, por lo que, de cada 10 euros que obtengan mañana, más de 9 serán de beneficio. 

Este no es un problema español; todos los países de nuestro entorno tienen precios de la energía similares. Es más: estamos en un mercado único europeo, y la respuesta a este reto debe venir fundamentalmente de Europa. La UE ha sido tradicionalmente reticente a modificar el marco regulatorio eléctrico cuando en el pasado ha habido crisis de precios. Sin embargo, la actual es de tal magnitud que la comisaria de Energía ha anunciado que se va a intervenir en el mercado para reducir en lo posible el precio. En esta entrada vamos a analizar posibles medidas que se podían tomar.  

La primera idea que se apunta es cambiar el sistema de fijación de precios por uno en el que, a diferencia de lo que sucede ahora, las empresas reciban el precio de acuerdo a la puja/oferta que presentaron en la subasta, o incluso que se hagan subastas por diferentes fuentes de energía. Como ya explicamos en otra entrada, esto no funciona. No solo porque cambiar el sistema de fijación de precios es un proceso complejo y largo, para el que seguramente no tenemos tiempo, sino porque, además, no sería efectivo. La teoría económica demuestra que hay una maldición, llamada “principio de equivalencia” que hace que, si la demanda es inelástica y finalmente hay que meter en el sistema este MW/h de oro producido por gas natural, el precio de las demás fuentes de energía se acercará al precio del gas independientemente del formato de subasta que se emplee. 

Les remito a esa entrada para ver los argumentos técnicos; allí también se apuntaba a un camino más expeditivo, que es fijar un tope regulatorio al pago por MW/h diferenciando por fuente de energía. Esta medida podría aplicarse al menos a las energías verdes y a la nuclear. El caso de la hidroeléctrica es más complejo, porque interesa preservar los incentivos a que se use cuando sustituye a las energías más caras. Ese precio máximo puede fijarse por encima de la media de los años anteriores al 2020 —ese año de pandemia fue especialmente bajo, unos 34 euros— para asegurar que estas fuentes de energía inframarginales cubren costes variables y de amortización. 

La principal ventaja de este sistema es que es transparente y no hace necesario cambiar el sistema de fijación de precios. El problema es que, en la práctica, supone cambiar las reglas de juego a las empresas de electricidad y expropiar parte de sus beneficios. Los economistas académicos somos vistos habitualmente como conservadores, porque somos conscientes de lo importante que es la confianza de los mercados en la seguridad jurídica y la necesidad de preservar los derechos de propiedad para garantizar las inversiones futuras. La reputación se construye en décadas y se destruye en minutos. Pero esto no puede paralizarnos cuando llega una situación de emergencia. No hay que saltarse semáforos, pero entendemos que las ambulancias no esperen a que cambien de color cuando transportan a la víctima de un infarto.  

Una medida así requiere evaluar los riesgos jurídicos y necesita de consenso político europeo; por ejemplo, algunos países exportan energía nuclear y pueden oponerse a reducir los beneficios extraordinarios de este tipo de energía —confiemos en que comportamientos no solidarios así no afloren—, y por eso es útil explorar otras alternativas. No se vislumbran muchas. Una posible sería replicar el precio máximo con un impuesto, que gravaría el exceso de remuneración a las fuentes de energía alternativas al gas para extraer los beneficios excesivos (como se ha ensayado ya, dicho sea de paso, para evitar los efectos de los derechos de emisión). Esta medida es menos transparente que los precios máximos, pero plantea, al parecer, menos problemas jurídicos.

Se ha sugerido también la posibilidad de incidir exclusivamente en la energía eléctrica producida con gas, por ejemplo, excluyéndola del pool. Es decir, se haría una primera subasta con el resto de las fuentes de energía y una segunda solo con la producida por gas (para terminar de cubrir toda la demanda). ¿Cambiaría esto el resultado actual? Probablemente no. Las empresas inframarginales (que ahora pujan muy por debajo del precio) anticiparán que todas las pujas serán aceptadas siempre que estén por debajo de las del gas, subirán sus pujas y el resultado no cambiará mucho. Es el reverso oscuro del principio de equivalencia. ¿Y si obligamos a las empresas que producen con gas a pujar con un precio máximo, y las compensamos después? En la práctica, es parecido a imponer un precio máximo al resto de las tecnológicas, pero con un problema añadido: ¿Qué perdidas compensamos? 

Otra medida más imaginativa, pero con muchos más riesgos, sería que el Gobierno comprase a pérdidas el gas y lo revendiese a las eléctricas a un precio por debajo del de mercado, siempre que pujasen por debajo de un determinado límite. Se trasladaría así al déficit gran parte del incremento del precio del gas (pero que correspondería solo a la producida con esta tecnología), rebajando el precio del pool, y con ello, los beneficios extraordinarios de las eléctricas que producen con otras tecnologías. 

En definitiva, la UE se enfrenta a un problema complejo —y el análisis académico se hace en condiciones ideales, a resguardo de los vientos de los lobbies eléctricos y los intereses de cada uno de los países—. Siempre es aconsejable huir de respuestas simplistas y análisis maniqueos; con más razón ante rompecabezas tan complicados como el del precio de la electricidad.

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El arma del pacto social y energético

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Desde la invasión de Ucrania, la geopolítica se ha convertido en el factor determinante de la economía mundial. También pone a prueba nuestra capacidad de consensuar una respuesta de política económica a la altura de las circunstancias. 

El daño a corto plazo es ineludible, porque las tensiones bélicas inciden directamente en los mercados energéticos y en otros componentes imprescindibles, al menos para el tejido productivo español que ya se enfrentaba a situaciones de escasez. El gas no da tregua, y su cotización se sitúa en cotas próximas al máximo registrado el pasado otoño. Asimismo, el barril de Brent continúa su escalada por el temor al cierre de las exportaciones rusas o al endurecimiento de las sanciones. En ambos casos, no se vislumbra una solución alternativa a corto plazo. La producción mundial de gas licuado y su transporte por metanero funcionan ya a pleno rendimiento. Por otra parte, los países productores que componen la OPEP decidieron esta semana mantener su bombeo, dando a entender que no compensarán la caída de la oferta rusa, de momento. 

Malas noticias también para el suministro de semiconductores. Rusia es uno de los principales proveedores de neón, y Ucrania de krypton, dos gases que entran en la cadena de producción tecnológica sin sustituto inmediato. La alimentación también se encarece como consecuencia del hundimiento de las exportaciones ucranianas. La cotización internacional del trigo se ha duplicado en el último mes hasta niveles nunca vistos. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

Todo ello redundará en más inflación: la energía representa el 12% de la cesta de la compra que compone el IPC, y los cereales otro 3,4%. Así pues, el incremento del IPC pasaría del 7,4% adelantado en febrero hasta el 8% en los tres próximos meses por el impacto de los precios energéticos y de los cereales registrados en los últimos días —una estimación prudente, que cuenta con que los precios actuales se relajarán tras una sobrerreacción de los mercados—. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

A partir de ahí, se abren dos escenarios. El peor consistiría en una crisis exacerbada, que la prolongaría en el tiempo. En esta hipótesis de total incertidumbre, la economía estaría atenazada por la estanflación, es decir, significativamente más inflación y menos crecimiento, o incluso una recesión europea. 

Sin embargo, existe un escenario más favorable, que resultaría de un acuerdo relativamente rápido entre las partes, tal vez impulsado por el hundimiento de la economía de Rusia. Es un hecho que las sanciones están desorganizando su sistema financiero, y provocando una fuga de empresas. Este escenario se sustenta además en las dudas acerca de la voluntad de China de compensar el colapso del país vecino, incrementando sus compras a Rusia de recursos naturales y atenuando el golpe financiero de las sanciones occidentales.  

En este caso las perspectivas económicas dependerían de la gestión del repunte de inflación: si bien éste sería de corta duración, existiría el riesgo de que aparecieran efectos de segunda ronda. Bajo el supuesto de moderación de los precios no energéticos y de los salarios, la inflación subyacente (descontando energía y alimentos frescos) se situaría en niveles inferiores al 3% a finales de año. Esta sería una trayectoria consistente con el mantenimiento del rebote del consumo, y de la competitividad de nuestras exportaciones (teniendo en cuenta que, en otros países de la UE más expuestos a los efectos de la agresión rusa, las presiones inflacionarias serán más intensas). 

Todo ello evidencia la importancia, en un momento de tanta tensión, de un consenso entre empresas y sindicatos para prevenir una escala de precios no energéticos y de salarios que tendría efectos nefastos para la economía española. Y de otro consenso, que condiciona el anterior, para limitar la transmisión de los precios energéticos a la factura de la luz. Bruselas abre por fin esa puerta, reconociendo que la reforma energética es estratégica para la economía y para la seguridad de Europa.  

ACTIVIDAD | La economía española ha ido evolucionando favorablemente hasta el inicio de las hostilidades en Ucrania. La facturación de las empresas registró un fuerte incremento en febrero (con un indicador PMI de gestores de compra en fuerte ascenso hasta un valor superior a 56, netamente expansivo). La afiliación a la Seguridad Social también mantiene la senda alcista, si bien con una cierta moderación, por la desaparición del efecto de la vuelta a la normalidad de la actividad y de la reincorporación de los empleados en ERTE que se observó el año pasado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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