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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (II)

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El acuerdo de coalición, un logro contestado 

Ya se tutean Friedrich Merz y Lars Klingbeil, los hombres que, en pocas semanas, ocuparán los dos principales puestos –canciller y vicecanciller– del nuevo ejecutivo alemán[1]. Ambos personifican el acuerdo de coalición entre cristianodemócratas (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) publicado el pasado 9 de abril, un documento de 146 páginas, fruto de un proceso de negociación en varias fases iniciado pocos días después de las elecciones al Parlamento Federal el pasado 23 de febrero.

En una primera aproximación a este acuerdo cabe comparar algunas de sus características formales con las del acuerdo de coalición sobre el que se basa el actual gobierno de España (Cuadro 1). Tomando el documento español como referencia comparativa, queda claro que el alemán es más extenso y detallado (casi lo cuadruplica en palabras), aun cuando se ha gestado en la mitad de tiempo. Su título, “Responsabilidad hacia Alemania”, no coincide con el de ninguno de los programas de los partidos que lo han negociado, algo que también lo distingue del acuerdo español[2].


Un mero recuento de conceptos clave muestra asimismo que en el acuerdo alemán adquieren singular importancia los de “Europa” (200 veces presente frente a 25 en el acuerdo español), “digitalización” (187 vs. 26), “investigación” (120 vs. 3), “defensa/armamento/militar” (70 vs. 0) y “responsabilidad” (42 vs. 4). También llama la atención la frecuencia de indicaciones a cantidades en “euros” (44 vs.1), lo que implica la concreción de objetivos de gasto e inversión de una manera que facilitará la comprobación de su cumplimiento. 

Si bien el acuerdo entre la CDU/CSU y el SPD ha sido elaborado y negociado con prontitud, partiendo de un diagnóstico realista (buena parte de su preámbulo se dedica a trazar la difícil situación que atraviesa el país) y detallando decenas de medidas en los principales campos de acción gubernamental, su recepción en los medios de comunicación nacionales y entre la comunidad de expertos ha sido, más bien, tibia y escéptica. Economistas destacados que han venido respaldando la necesidad de un “giro económico” (Wirtschaftswende) valoran positivamente compromisos concretos incluidos en el acuerdo, como la supresión de normativas que imponen pesadas cargas burocráticas a empresas y familias, el recorte en un 10% de gastos de la Administración Federal, la amortización de inversiones en bienes de equipo (30% desde 2025 hasta 2027) y la reducción progresiva del impuesto de sociedades a partir de 2028. Sin embargo, se muestran críticos respecto a bonificaciones fiscales y prestaciones que supondrán elevados costes para el Estado, sin claros beneficios económicos (por ejemplo, la ampliación del complemento de pensión por maternidad, la reducción de impuestos a establecimientos gastronómicos o las subvenciones de diésel para la agricultura). Asimismo, reprochan la ausencia de planes de reforma que afronten seriamente el aumento de gasto social (sobre todo, en pensiones, sanidad y cuidados) derivado del sostenimiento de una creciente población laboralmente improductiva.

Merz ya tutea a Klingbeil, pero Friedrich y Lars parecen cuidarse de mostrar excesiva efusión en la celebración del acuerdo. Para el canciller in pectore, el documento recoge the only game in town, dado su reiterado compromiso de no pactar un gobierno con AfD –Alternativa para Alemania–, el segundo partido más votado (20,8%). Merz se ha declarado “muy satisfecho” con el resultado de la negociación[3], pero el mayor tanto se lo apunta, de momento, el SPD, que, habiendo cosechado el peor resultado electoral de su centenaria historia (16,4%) y aportando el 36,5% de los votos a la coalición, consigue –conforme a lo establecido en el mismo acuerdo– 7 de 17 ministerios (41%). Entre ellos se cuentan los de Defensa y Hacienda, cruciales en circunstancias de masivo aumento del gasto militar y de asignación de milmillonarios fondos públicos especiales para financiar infraestructuras (si bien el acuerdo recoge que todas las medidas quedan sujetas a “reserva presupuestaria”). Por añadidura, los socialdemócratas ocuparán puestos tan decisivos como el de Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. No parece, pues, en riesgo el todavía pendiente visto bueno de los afiliados del SPD al acuerdo[4].

Estas victorias negociadoras del partido minoritario de la coalición, añadidas a las contradicciones con los mensajes emitidos por los líderes de la CDU/CSU durante la campaña electoral –como el de mantener la disciplina presupuestaria y no relajar el “freno de la deuda”–, plantean a Merz un problema de legitimidad de origen en su próximo mandato. Tanto mayor se adivina, por ello, la presión de conseguir legitimidad de ejercicio con éxitos ejecutivos.


[1] Este cambio en el trato entre ambos dirigentes se hizo público el 31 de marzo, un mes después del comienzo de las negociaciones conducentes al acuerdo de coalición. Véase, por ejemplo, “Friedrich, Lars und das Du. Das grosse Geschmuse”.

[2] El programa electoral de la CDU/CSU lleva por título: “Cambio político para Alemania”; y el del SPD: “Más para ti, mejor para Alemania”. El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se titula “España avanza”, lema que coincide parcialmente con el que encabeza el programa electoral del PSOE.

[3] Así lo declaró en el programa Brennpunkt de la cadena pública ARD el mismo día de la publicación del acuerdo.

[4] La votación de los afiliados del SPD sobre el acuerdo de coalición se mantiene abierta hasta el 29 de abril de 2025, un día antes de la anunciada publicación del resultado. El acuerdo ya cuenta con el respaldo de la CDU y la CSU, obtenido en ambos casos a través de convocatorias restringidas a dirigentes y/o representantes de estas formaciones. 

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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (I)

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Suena a banda de rock o a monstruo de cuento infantil, pero GroKo es el acrónimo de Grosse Koalition (“gran coalición”). Esta expresión, que forma parte del repertorio político coloquial de los ciudadanos alemanes, hace referencia a los gobiernos formados, conjuntamente, por la CDU/CSU y el SPD. La primera GroKo entre cristianodemócratas y socialdemócratas gobernó en los años sesenta del pasado siglo, en la antigua República Federal de Alemania; las tres siguientes, ya en la unificada, durante la “era Merkel”. 

Hacia una quinta GroKo –liderada por los cristianodemócratas, como las cuatro anteriores– se encaminan las negociaciones que mantienen los dirigentes de la CDU/CSU y el SPD desde las elecciones federales del pasado 23 de febrero y cuya primera fase se plasmó en el breve documento que trazó las líneas maestras del “giro económico” (Wirtschaftswende). Tras obtener el respaldo de las dos cámaras del Parlamento alemán a las reformas constitucionales que suspenden condicionadamente el “freno de la deuda”, se crearon 16 grupos de trabajo con miembros de ambas formaciones que elaboraron otros tantos documentos. Buena parte de estos recogen propuestas consensuadas, pero algunos han dejado asuntos abiertos para la siguiente fase de negociación, circunscrita a un grupo integrado por 10 representantes de alto nivel de la CDU/CSU y 9 del SPD.

La discreción impuesta a los negociadores no ha impedido que se filtren desacuerdos, bastante más amables que agrios. Al margen de algunos temas que suscitan particular interés mediático, como los posibles cambios respecto a la producción y el consumo de cannabis o a las generosas subvenciones de las “bombas de calor” eléctricas, las cuestiones más espinosas afectan a la política migratoria y la tributaria.

La disputa migratoria se concreta principalmente en los derechos de los solicitantes de asilo. La CDU/CSU defiende la expulsión, previo informe a los países vecinos, de aquellos refugiados a quienes se les denieguen las solicitudes de asilo, mientras que el SPD reivindica más garantías legales y sociales para quienes buscan protección internacional, coordinando las actuaciones en esta materia con los Estados miembros y la Comisión Europea. En todo caso, los negociadores se declaran “proinmigración regulada”, lo que necesariamente traerá consigo un aumento de la “población con antecedentes inmigrantes” (es decir, aquella nacida con nacionalidad distinta de la alemana o que cuenta con algún progenitor que carece de ella), situada hoy en 24,9 millones (30% de la población residente en Alemania). Esta posición también la defienden las organizaciones empresariales y sindicales para combatir la escasez de trabajadores (sobre todo, en los ámbitos de la ingeniería, la sanidad, la educación y los cuidados), que el Instituto de la Economía Alemana (IW) ha estimado en más de 728.000 hasta 2027. 

En cuestiones tributarias, tanto la CDU/CSU como el SPD se declaran contrarios a aumentar los impuestos, pero mientras los cristianodemócratas proponen descargar fiscalmente a las empresas, los socialdemócratas insisten en medidas selectivas contra los más ricos, como el aumento del tipo impositivo máximo y la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio, suprimido en 1997. 

A medida que se acerca la Pascua, fecha inicialmente prevista para presentar el acuerdo de coalición, se intensifica la presión sobre los negociadores. “Minuciosidad antes que celeridad”, responden ellos, a menudo, recurriendo a una máxima idiosincrásicamente alemana. Sentar las bases de un gobierno de coalición estable, internamente cohesionado y externamente percibido como sólido y consistente lleva su tiempo. Pero la sociedad da signos de creciente impaciencia: la intención de voto a la CDU/CSU ha caído en casi cuatro puntos respecto a los resultados electorales, mientras que, a su derecha, Alternativa para Alemania (AfD) gana apoyos, hasta casi borrar la ventaja de los cristianodemócratas.

Con todo, la presión más organizada y articulada proviene del sector empresarial. El pasado 2 de abril, el mismo día en que Trump anunciaba la nueva política arancelaria de Estados Unidos, 100 asociaciones del mundo de la industria y el comercio firmaron la “Declaración de la economía alemana sobre las negociaciones de coalición”. En ella demandan a los negociadores más “ambición” reformista; en concreto, una reducción de la presión fiscal sobre las empresas (del actual 30% a un máximo de 25%), una reforma de la seguridad social y la simplificación de esos requisitos burocráticos de información y documentación que, según análisis recientes, ocasionan costes estimados en cerca de 150.000 millones de euros anuales, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas, al Mittelstand (que estaría dedicando alrededor del 20% de su trabajo a satisfacer tales exigencias burocráticas)[1].

Hace algo más de medio siglo, el célebre economista alemán Albert O. Hirschmann distinguió dos tipos de respuestas al deterioro de las condiciones del entorno: la “voz” y la “salida”[2]. Los empresarios alemanes han optado por la primera, señalizando así que, aunque no vean alternativa razonable a la GroKo, también frente a ella van a ejercer su responsabilidad in vigilando.


[1] Informes elaborados por los think tank económicos Ifo e Institut für Mittelstandsforschunghttps://www.ifo.de/pressemitteilung/2024-11-14/buerokratie-deutschland-kostet-jaehrlich-146-milliarden-euro y https://www.ifm-bonn.org/presse/pressemitteilungen/meldung/buerokratiekosten-belasten-kleinere-unternehmen-im-industriellen-mittelstand-erheblich.

[2] Albert O. Hirschmann (1970). Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge (MA): Harvard University Press.

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