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El peculiar europeísmo de los españoles

mayo 9, 2023

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 2023¹. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.

Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)².

Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).

En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas: las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

^[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

^[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

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Las líneas de defensa necesarias para evitar una nueva crisis financiera

abril 21, 2023

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Han sido oportunas las palabras del Gobernador del Banco de España –y Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea–, Pablo Hernández de Cos, hace unos días con motivos de las reuniones del FMI en Washington. Apuntaba que para evitar nuevas sacudidas financieras era necesaria una mayor implicación de gobiernos, banqueros y accionistas. Cierto es que, cada uno con su gorro (sus mandatos), son líneas de defensa. Palabras pertinentes porque siempre que hay procesos de inestabilidad económica o financiera llega el momento de repartir culpas.

En Estados Unidos, ese día de ajuste de cuentas (day of reckoning) está generando no pocas controversias. Qué menos, teniendo en cuenta que, desde la crisis financiera, se había asumido que la supervisión bancaria en tierra estadounidense había mejorado de forma notable. Algunos señalan que la culpa exclusivamente es de bancos como SVB, porque su gestión era deficiente. Parece algo simplista. Un mal gestor siempre debe ser detectado por el supervisor. Tampoco es aceptable (aunque históricamente irrebatible) la idea de que los bancos gestionan riesgo y, como tales, la incertidumbre los acompaña y, a veces, zarandea. Para evitarlo se diseña y rediseña la regulación y la supervisión bancaria. Por supuesto, hay quienes miran directamente a la Reserva Federal de Estados Unidos para preguntar cómo es posible que estos episodios de inestabilidad financiera ocurran cuando proceden de fallos de gestión y de reporte básicos. No se trata de operaciones financieras complejas de dudosa innovación, sino de errores de primer curso de banca que no deberían haberse permitido. Tampoco faltan los que miran al supervisor estadounidense que, tras grandes alharacas al comprobar las consecuencias de la crisis financiera, emprendió una reforma que se consideraba ambiciosa, la Dodd-Frank Act, con nombre Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010.

Sin embargo, la Administración Trump aligeró enormemente en 2018 la carga regulatoria y de cumplimiento normativo a los bancos regionales y de dimensión mediana y pequeña, con la Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. Esto pudo haber creado una laguna en el perímetro supervisor que facilitó la crisis del SVB. Asimismo, Estados Unidos cuenta con un número demasiado amplio de agencias supervisoras a distintos niveles territoriales, que pueden haber facilitado los problemas que han tenido algunos bancos medianos. Eso sí, cuando arrecian tempestades, todos miran a la Reserva Federal pidiendo grandes ayudas. En esta ocasión, como en otras anteriores, con un gran cañón de liquidez.

Europa, afortunadamente, parece alejada de este galimatías regulatorio del otro lado del Atlántico. Ha permitido afrontar las últimas turbulencias financieras con mayores fortalezas relativas. En todo caso, hay que aprender de las lecciones de lo acontecido en otras latitudes.

Luego están los que, desde un prisma más amplio, identifican otras causas. La principal es que la acumulación de deuda y su renegociación han sido muy sencillas en épocas en las que los tipos de interés han sido nulos o negativos. Era terreno inexplorado de consecuencias imprevisibles. A nadie pilla desprevenido buena parte de lo que pasa cuando los tipos han subido. Todas aquellas empresas que no eran demasiado solventes y sobrevivían con deuda casi gratuita se las ven y se las desean ahora. Aquí también hay muchas categorías de predicción dentro del mismo problema. Para algunos, esto es sólo el principio de una gran crisis de deuda en la que cada cual (familias, empresas y Gobiernos) va a tener que demostrar su viabilidad y credibilidad, pero ya sin dinero barato ni protección indefinida de los bancos centrales. Para otros, es solo una transición necesaria en la que algunos van a sufrir, pero el sistema funcionará y la normalización financiera se acabará imponiendo.

Para completar la lista de diagnósticos, no podemos olvidar que la economía de todo el mundo está viviendo una transición hacia un modelo más verde y digital, pero también más automatizado. El debate actual sobre el papel de la inteligencia artificial es tan apasionante como inquietante, a la vista de las enormes capacidades existentes ya, cuando esta tecnología apenas está en sus primeras fases de desarrollo.

Con este panorama, uno se imagina a un banquero central, la estrella del rock-and-roll económico de las dos últimas décadas, que comienza a sentirse cansado de ser cabeza de cartel en los conciertos. Tienen el gorro de autoridad monetaria y, a menudo, el de supervisor bancario. Algunos tienen competencias cuasi-fiscales y otros, incluso sin tenerlas, son los que suplen las cosas que no hacen los Tesoros de los países. Muchos gorros.

No sorprende, en este contexto, la comentada llamada de algunos de los responsables de estas instituciones monetarias proponiendo repartir un poco las cargas. En el fondo, se trata de líneas de defensa para evitar nuevos episodios de inestabilidad financiera. Que cada cual asuma su gorro. Las empresas y bancos en su responsabilidad corporativa y adecuado reporting, las familias aprovechado las oportunidades que existen para mejorar su cultura financiera y tomar decisiones adecuadas de gasto y ahorro. Pero también los Gobiernos, asumiendo que esto va con ellos. No solo la inflación, que parece siempre algo externo sobre lo que intentan protegernos, cuando en realidad muchas de sus políticas alimentan el fuego de los precios. También en la adecuada sintonía y pedagogía para hacer entender la solidez económica y financiera allí donde la hay y la necesidad de ser prevenidos y cautos ante un mundo que cambia muy rápido. Luces largas para todos y no solo para los banqueros centrales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Alarma social y decisiones políticas: coronavirus en Google Trends

marzo 18, 2020

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La gravedad de las consecuencias y el
carácter inédito y global de la crisis del coronavirus supone un reto sin
precedentes para las sociedades contemporáneas. Nadie duda de que la pandemia
obligará a la readaptación de muchas esferas de nuestras sociedades, al mismo
tiempo que contribuirá a la comprensión de algunos procesos sociales. Una de
las dinámicas notoriamente expuestas por esta crisis es la de la dificultad de
toma de decisiones políticas que entrañan grandes costes sociales y económicos
cuando en la opinión pública aún no se da un estado de alarma generalizado. De
hecho, los datos sugieren que en ocasiones como esta, la alarma social no precede
a las decisiones políticas, sino que las sigue.

Gracias a los datos proporcionados en
abierto por Google Trends se pueden conocer las tendencias en las búsquedas
online. Google ha desarrollado un indicador llamado “interés de búsqueda” que
va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su
popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el
término es la mitad de popular que el máximo. Por su carácter completo y su
precisión temporal y territorial, estos datos constituyen una información muy reveladora
de la evolución del interés por un tema dentro de un territorio^[1].

«La atención pública ha reaccionado fuertemente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo fuertemente la epidemia».

María Miyar

En esta entrada se compara la evolución de este indicador del 15 de enero al 15 de marzo de 2020 en China y Corea del Sur (gráfico 1), Italia y España (gráfico 2) y Estados Unidos y Reino Unido (gráfico 3). Aunque a partir de estos datos no puede establecerse una relación causal entre la evolución del interés sobre un tema y los eventos ocurridos en una fecha concreta, su análisis permite reflexionar sobre la dinámica de algunos procesos sociales. En concreto, de la evolución se desprende que la atención pública ha reaccionado intensamente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo acusadamente la epidemia.

Gráfico 1

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

En el caso de China, los primeros casos aparecieron en diciembre de 2019, pero el virus no se identificó como nuevo hasta el 7 de enero de 2020. El interés del término coronavirus en las búsquedas online crece a medida que lo hace el número de infectados, pero no alcanza su máximo hasta que el día 22 de enero se imponen restricciones de viaje en Wuhan y el 24 se decreta el cierre de la provincia de Hubei (gráfico 1). En lo que respecta a Corea del Sur, la atención siguió los pasos de la alarma en China, pero de nuevo es solo cuando el 23 de febrero se declara el nivel máximo de alerta en el país cuando el coronavirus alcanza su punto de interés máximo en el país.

Gráfico 2

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

En cuanto a Europa, el grado de interés en Italia no se despertó hasta que, también el 23 de febrero, las autoridades italianas decidieron adelantar el cierre del carnaval de Venecia (gráfico 2). De hecho, y a pesar de la sucesión de medidas de lucha contra el coronavirus, este término no ha vuelto a ser tan popular en Italia como en esa fecha. La atención crece de nuevo cuando se impone el aislamiento en Lombardía y las provincias del norte (7 de marzo) y se extiende la medida a todo el país (9 de marzo). El indicador de Google sugiere que en todo ese tiempo la atención de los ciudadanos españoles al coronavirus no se había disparado, a pesar de la situación crítica que vivía el país vecino y de la creciente proliferación de casos de allí importados. La atención pública española sí había reaccionado a la repatriación de los españoles residentes en Wuhan (31 de enero) y la cancelación del carnaval en Venecia. Sin embargo, no es hasta el 9 de marzo, fecha en que se anuncia el cierre de los centros escolares en Madrid, cuando el interés de búsqueda aumenta notablemente en España, alcanzando su máximo el día 12, en coincidencia con la extensión de la medida a todo el territorio nacional. Los datos de la encuesta sobre el coronavirus patrocinada por Funcas y realizada por IMOP Insights confirman el cambio trascendental que supusieron en la opinión pública los acontecimientos de la segunda semana de marzo. Mientras que en las entrevistas realizadas el lunes, antes del anuncio de cierre de los centros educativos madrileños, algo menos de la mitad de los encuestados se declaraban “muy” o “bastante” preocupados (47%), esta cifra ascendía a casi tres de cada cuatro (74%) entre los entrevistados el viernes y sábado pasados.

Gráfico 3

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

Dos países han sorprendido a la opinión pública por las declaraciones de sus líderes en cuanto a la gravedad de la pandemia y las decisiones necesarias para luchar contra ella, Reino Unido y Estados Unidos. Al igual que en el resto de países, los datos apuntan a que el interés en estas dos sociedades anglosajonas está muy relacionado con los anuncios de medidas, como la del 12 de marzo de suspender los viajes a Estados Unidos desde Europa (gráfico 3). Reino Unido representa quizás, en este contexto, un caso excepcional, puesto que a lo que parece que reaccionó la opinión pública fue al anuncio de Boris Johnson el 12 de marzo de no implantar el cierre de escuelas o aislamiento de la población.

Del análisis de los datos de interés de búsqueda sobre el coronavirus pueden extraerse dos conclusiones. Por una parte, se constata una cierta resistencia de las sociedades contemporáneas a preocuparse por los problemas de salud pública hasta que su impacto se hace muy evidente, lo que puede traducirse en dificultades para la implantación de medidas en fases tempranas de expansión de la infección. Por otra parte, se pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de información masiva y concienciación de la sociedad antes de iniciar la fase de introducción de medidas restrictivas para cuyo cumplimiento es tan necesaria la colaboración de la sociedad.

Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

^[1] La magnitud del interés de búsqueda no es comparable entre países, puesto que el valor máximo del indicador se refiere al punto de mayor interés alcanzado por ese tema en cada territorio, pero sí el patrón temporal.

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¿Y ahora qué?

enero 15, 2020

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El inédito Gobierno de coalición que acaba de formarse en España ha despertado sensibilidades de todo tipo que solo parecen coincidir en preguntarse: “¿Y ahora qué?”. La ciencia política y económica ha mostrado que la estabilidad y eficiencia de los ejecutivos con miembros coaligados depende de la capacidad de cohesión del liderazgo, pero casi siempre cuentan con una ventaja: el control que ejercen unos a otros impiden orientaciones hacia los extremos y obligan a encontrar soluciones más centradas. En España esto no va a ser, en principio, sencillo porque el Consejo de Ministros tendrá muchas sillas y porque el Parlamento va a ser aparentemente hostil. Aun así, los mecanismos de control y mayorías parlamentarias serán esenciales y, por encima de ellos, un anillo adicional de vigilancia desde Bruselas, por los compromisos adquiridos como miembros de la UE.

«En materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad».

Santiago Carbó

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).

Finalmente, no puede olvidarse que vivimos una época en la que los mensajes valen tanto como las acciones, al menos a corto plazo y, por lo tanto, la política de comunicación debe ser firme para evitar disonancias que los mercados, inversores o socios internacionales puedan recibir mal.

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