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Respuestas europeas

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Ha llegado nuevamente la hora de las decisiones para la Unión Europea. Se acumulan los desafíos globales y arrastrar los pies no sirve. Esta semana, la UE ha anunciado represalias comerciales proporcionadas frente a EE. UU. tras los cambios unilaterales en las reglas del comercio internacional de la Administración Trump 2.0. Aunque los nuevos aranceles europeos son comprensibles como estrategia defensiva y de negociación, también generarán efectos negativos sobre la inflación y la inversión. Sin embargo, en un mundo tan transaccional y de represalias comerciales la UE no tenía otra opción.

En paralelo, el BCE espera alcanzar su objetivo de inflación del 2% en un año, lo que facilita continuar manteniendo su política autónoma de reducción de tipos de interés, especialmente dada la creciente incertidumbre que proviene de las políticas estadounidenses, principalmente las arancelarias, que podrían afectar negativamente la inversión y el crecimiento tanto en Estados Unidos —una gran paradoja— como en el resto del mundo. Vendrá bien a la zona euro ese viento de cola financiero con menores tipos de interés. Todo ello es especialmente relevante ante la resistencia de la Reserva Federal a reducir los tipos en EE.UU., algo con lo que no parece que vaya a contar ni por ahora ni con la misma intensidad la economía estadounidense, con la consiguiente frustración de la Administración Trump. 

Más allá de las políticas arancelaria y monetaria, la UE enfrenta retos estructurales que requieren decisiones importantes. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones claras de los informes de Letta y Draghi para mejorar la competitividad, productividad e integración de la UE, la atención se centra ahora en el corto plazo. Destaca especialmente el debate sobre la autonomía estratégica en defensa, tras el reciente y radical cambio de la posición estadounidense hacia Europa en materia de seguridad.

El aumento del gasto en defensa decidido por la UE y países como Reino Unido y Noruega busca fortalecer dicha autonomía estratégica. El impacto económico del aumento de esas partidas, según la evidencia empírica de episodios pasados, será reducido y no generará efectos significativos sobre el PIB en el medio plazo. Rara vez tienen un gran impacto dinamizador. Se espera más del expansivo paquete fiscal alemán de 500.000 millones de euros destinado a infraestructuras y energía, que sí podría estimular la economía europea. Por el lado financiero es conveniente que los fondos para ese mayor gasto en defensa generen la menor tensión posible sobre las rentabilidades y primas de riesgo de la deuda soberana. Sería acertado aprobar fórmulas para financiar una parte del gasto en defensa conjuntamente —tal y como se hizo con los fondos Next Generation EU—  para que no se tensionen excesivamente los mercados de bonos soberanos además de facilitar una mayor aceptación pública de esta estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El impacto económico del rearme europeo

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El viento de oscurantismo que sopla desde el Atlántico está generando la reacción que muchos europeos anhelaban, con consecuencias relevantes para la economía española. Los planes de inversión y de rearme anunciados en los últimos días totalizan 1,3 billones de euros, o el 7,2% del PIB comunitario: un bazuca tres veces más potente del que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado).    


Ni los informes de Draghi y Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar la sensación de inercia agudizada por la creciente divergencia entre socios comunitarios. 

Son, sin embargo, las amenazas geopolíticas las que han producido el cambio de paradigma: Alemania se dispone a renunciar al sacro santo límite de endeudamiento que encorseta su economía, al tiempo que pone en pie un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio y se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en este caso para incrementar el gasto en defensa—, alineándose con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a acometer en cuatro años, en buena parte por los Estados miembros. El Gobierno español promete llegar al 2% del PIB, lo que supone incrementar el gasto un 53%.   

En teoría el plan supone un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta el 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el nuevo canciller de Alemania está a la altura de las expectativas, pudiendo además revertir en el resto de economías europeas. España estando bien posicionada en ese sector.  

En cuanto a la defensa, sin embargo, mucho depende de la capacidad de absorción de los recursos por el tejido productivo, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importadas, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias (antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%, evidenciando el carácter estructural del déficit en defensa). Un incremento abrupto del gasto agravaría el grado de dependencia de la defensa europea, redundando también en un débil multiplicador para las empresas ubicadas en el viejo continente. 

En el caso de España el efecto multiplicador podría ser incluso menor, por el tamaño del sector de la defensa en nuestro país, y pese a disponer de capacidades relevantes en algunos nichos como la tecnología de los satélites y los radares. Una limitación generalizada atañe a la atomización de la producción, como es el caso de los carros de combate, encareciendo los costes de producción. Por otra parte, en materia de armamento no está claro que el sector privado pueda complementar la inversión pública, al tratarse principalmente de bienes de consumo colectivo. Finalmente, Europa carece de instrumentos de coordinación a la altura de los desafíos, lo que contribuye también al riesgo de dilución de los esfuerzos.  

La financiación del plan de rearme es otro condicionante. Bruselas considera que este gasto no debería computar a efectos de las reglas fiscales, de modo que los Estados que cumplen el objetivo en defensa no se expongan a reprimendas. Los mercados lo ven a de otra manera y ya exigen un tipo de interés más elevado para sus compras de bonos, ante la previsible acumulación de deuda pública que será necesaria para financiar el rearme. La alternativa sería subir impuestos o recortar el gasto civil, lo que se encontraría con fuertes resistencias por parte de la ciudadanía. 

Bruselas está procediendo al giro copernicano que se hubiera esperado durante la crisis financiera. Al tratarse de la defensa, es importante que la nueva estrategia proceda con gradualidad para que redunde simultáneamente en un menor grado de dependencia del exterior y más bienestar económico. 

GASTO |  Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un esfuerzo en defensa, con un gasto que en el caso de España culminó en el 3% del PIB en la década de los ochenta, un valor próximo a la media europea (según datos del Stockholm International Peace Research Institute). Tras la caída del muro de Berlín, Europa cosechó los dividendos de la paz, de modo que el gasto descendió hasta un mínimo cercano al 1% a mediados del decenio pasado. Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las dimensiones económicas de la defensa europea

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Las declaraciones de la Administración Trump acerca del papel de EE. UU. en la seguridad del viejo continente no solo anticipan un nuevo orden geopolítico mundial. También plantean un desafío mayúsculo para la economía europea. 

Diversos expertos consideran que, para suplir el vacío que amenaza con dejar la alianza atlántica, las necesidades de inversión en defensa superan el 1% del PIB anual de la Unión Europea. Un esfuerzo a realizar durante un periodo prolongado y que en el caso de España sería incluso más intenso, ya que en la actualidad nos situamos a la cola del ranking europeo. Todo ello en un contexto fiscal complicado, con un déficit público que supera ya ampliamente el umbral del 3% para la mayoría de los grandes socios comunitarios, particularmente en Bélgica, Francia, Italia y Polonia. Alemania y España rondan ese umbral. 


Semejante reto solo es asumible desde el punto de vista económico con tres condiciones, la primera siendo la elevación del multiplicador del gasto público en términos de inversión privada: tanto en España como en el conjunto de la UE, dicho multiplicador es notoriamente débil en comparación con las otras grandes potencias, como consecuencia de fallos institucionales y de carencias en la colaboración público-privada. 

De no permear en el sector privado, el gasto público solo serviría de estímulo para las importaciones de armamento, algo que no es necesariamente coherente con el objetivo perseguido de reforzar la seguridad europea. El riesgo sería también de perpetuar el bajo crecimiento de la economía europea, que se percibe ya en las exportaciones españolas. 

En segundo lugar, hoy por hoy los programas de defensa son poco eficaces, por la atomización de una industria europea que ha operado al margen de las reglas de competencia, ya que la seguridad ha sido considerada como parte integrante del espacio de soberanía nacional. 

El resultado es una dilución de los esfuerzos que realiza cada socio comunitario de manera aislada. Como la restructuración del sector, ineludible para alcanzar economías de escala, solo puede ser gradual, cualquier incremento del gasto en defensa debería también producirse de forma progresiva. Y por la misma razón el esfuerzo de inversión debería mancomunarse, ya que la defensa es un bien común amenazado por el giro estratégico norteamericano. La cuestión es cómo financiar este nuevo objetivo. A corto plazo, la propuesta de la Comisión de aprovechar los fondos Next Generation que no se han comprometido —cerca de 100.000 millones de euros, según Bruselas— resuelve las reticencias de algunos países de incrementar el presupuesto comunitario. Pero esta solución solo será efectiva en presencia de una gestión común orientada a modernizar el sector, no reproduciendo la actual atomización. 

Finalmente, y pese a todo lo anterior, es muy probable que una buena parte de los recursos procedan de las maltrechas haciendas públicas nacionales. Bruselas se muestra favorable a la suavización de las reglas fiscales europeas, para que el aumento de la inversión en defensa no compute a efectos de las obligaciones normativas, ni que los Estados se expongan a sanciones. Otra cosa es la percepción de los mercados, muy solicitados ante la necesidad de financiar la montaña de deuda que se ha acumulado a nivel global. Los bonos públicos cotizan ya aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los niveles alcanzados en el otoño pasado. Trump ha prometido fuertes recortes de impuestos, y no le será fácil compensarlos con la brutal cura de adelgazamiento aplicada por Elon Musk, que amenazan con desorganizar la actividad de las administraciones. 

En suma, para tener el efecto deseado, cualquier decisión política de elevar el gasto en defensa debería integrar una reforma del funcionamiento del sector, y entrañar un fortalecimiento estructural de la economía europea, facilitando la financiación del esfuerzo inversor y posibilitando el consenso social.  

DEFENSA | El gasto de la UE en defensa se ha incrementado un 30% desde el inicio de la guerra en Ucrania, alcanzando 326.000 millones de euros en 2024. Esta inversión se acerca al 2% del PIB, medio punto más que antes del comienzo de las hostilidades. En el caso de España, el incremento ha sido proporcionalmente menor, pasando del 1% en 2021 al 1,2% en 2023. Casi todo el esfuerzo de gasto se realiza por los Estados miembro de manera descentralizada: la inversión mancomunada asciende apenas a 16.400 millones para el conjunto del periodo 2021-2027.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La hora de la UE ante la crisis global: riesgos y también oportunidades

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La Unión Europea (UE) enfrenta importantes desafíos en materia comercial y monetaria, con especial atención a sus relaciones con Estados Unidos. Las tensiones comerciales, las diferentes políticas monetarias del Banco Central Europeo y la Fed estadounidense y la incertidumbre global configuran un panorama complejo que puede impactar sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por si esto no fuera suficiente, el posible fin de la guerra en Ucrania, el (escaso) papel que la UE podría tener y las necesidades de un notablemente mayor gasto y coordinación en defensa están encima de la mesa. Como se dice en el mundo anglosajón, the plot thickens (la trama se complica).

Podemos estar llegando a un cambio de era y la unidad de Occidente parece quebrarse. Muchos temas entrecruzados a los dos lados del Atlántico. Se necesita claridad. No la hay y puede que no la haya en mucho tiempo. Estados Unidos está en plena efervescencia. Está por ver si Europa podrá dar una respuesta unida ante tantos frentes abiertos, más aún ante el incierto resultado de las elecciones federales en Alemania este domingo

Las fricciones entre la UE y EE. UU. se iniciaron cuando la administración estadounidense amenazó con un arancel del 25% al acero y al aluminio europeo, entre otras tarifas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió que la UE contraatacaría con medidas proporcionales si no se llegaba a un acuerdo. Supondría un entorno comercial enrevesado. La UE aplica actualmente un arancel promedio del 4,2% sobre productos agrícolas y del 0,9% sobre el resto de mercancías de EE UU., mientras que este país aplica un 2,7% y un 1,4%, respectivamente. Sin embargo, la UE exime de aranceles a un mayor número de bienes estadounidenses. Las diferencias son ahora muy reducidas pero una guerra comercial traería consigo efectos adversos al fragmentar las cadenas de suministro y acrecentar la incertidumbre en las inversiones.

La confusión aumentó cuando se supo que EE UU evalúa elevar sus aranceles para compensar los impuestos “discriminatorios”, como IVA europeo, algo que se entiende mal desde el análisis económico ya que es un tributo que se fija a todos los productos, tanto los nacionales como los importados. Por tanto, no hay discriminación. De producirse, afectaría impactando significativamente a las exportaciones europeas, aunque no está claro cómo responderían los Gobiernos de la UE, pero una reacción habría lógicamente.

Este panorama ha acrecentado los temores de que la actividad económica se resienta y que repunte la inflación. En el primero de los casos, un aumento de la incertidumbre podría llevar a familias y empresas y a posponer sus decisiones de consumo e inversión, lo que puede afectar al crecimiento, sobre todo si cambiara el tono de la política monetaria y los tipos bajaran menos de lo esperado. En el segundo punto, los temores a que la inflación repunte puede afectar a la confianza del consumidor, que puede decidir acaparar bienes hoy, muchas veces irracionalmente, ante posibles aumentos de precios en el futuro. Se trataría de una profecía autocumplida. Los ciudadanos han comenzado a almacenar productos en EE UU, con un alimento como los huevos que están desapareciendo de los estantes de los supermercados y con precios por las nubes, que recuerda a lo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. Confiemos en que vuelva la calma. En todo caso, desde el ámbito financiero, los mercados de bonos se han resentido con aumentos de rentabilidad ante la creciente incertidumbre, aunque los de renta variable continúan en máximos históricos.

Otro debate en la UE gira en torno al gasto en defensa. En la controvertida Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se percibieron claramente las diferencias entre EE. UU. y la UE, Ursula von der Leyen propuso activar la cláusula de escape para inversiones en defensa, permitiendo una mayor flexibilidad fiscal. Argumentó que, en tiempos de crisis como ocurrió con la pandemia, Europa debe adoptar un enfoque similar para fortalecer su capacidad militar.

Con alguna complicación, el marco fiscal europeo solo permite activar la cláusula de escape en caso de recesión grave. Cada Estado miembro puede solicitar su propia cláusula de escape nacional, pero la Comisión no puede hacerlo para toda la UE. El presidente francés Emmanuel Macron también solicitó una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, calificándolo de obsoleto. Von der Leyen también defendió una estrategia común de defensa, que permitiría canalizar fondos europeos hacia proyectos militares conjuntos. En todo caso, este plan, demorado tantas veces y que ahora podría avanzar definitivamente, lograría aumentar la autonomía estratégica europea. Requerirá consenso y tiempo, pero las señales al respecto no llaman al optimismo, como fue la reunión de líderes europeos en París de este lunes.

Todo esto, asimismo, obliga a repensar las conclusiones de los conocidos informes Letta y Draghi. El entorno en el que se elaboraron no es el actual, muy convulso y con impactos de largo plazo para la economía y empresas. Parece necesario otorgar aún más urgencia a muchas de las acciones que reclamaban, como culminar la integración de mercados o la simplificación regulatoria en los ámbitos financiero, económico y tecnológico. En el ámbito empresarial y de la inteligencia artificial hay además una ventana de oportunidad para Europa. Especialmente tras la aparición de modelos de IA menos costosos y más rápidos de desarrollar, como mostró la tecnológica china DeepSeek. Son tiempos vertiginosos que presentan numerosos riesgos pero también oportunidades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El gasto en defensa y el déficit público

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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