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Se mueve lo financiero

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La creciente normalización de la economía tras dos años de pandemia se empieza a reflejar en lo financiero con muchos frentes. Estos últimos días hemos conocido datos de actividad financiera. Es destacable que en tasa interanual, la financiación a hogares subió un 0,8% en diciembre de 2021 y la de empresas un 3,1%. Un año antes, a finales de 2020, la financiación a empresas estaba empujada por los programas de crédito con aval del ICO, con subidas de crédito a empresas superiores al 6% en tasa interanual. Sin embargo, tal vez la mejor noticia es que el ritmo de financiación se ha mantenido luego entre el 2% y el 3% el resto del año. Primero, impulsado por la emisión con valores de deuda, pero ya desde diciembre, de nuevo, por préstamos bancarios (que subieron un 0,5% interanual). Comprar reseñas Google El pulmón sigue latiendo conforme se retira, poco a poco, el respirador. A esto hay que unir la financiación a hogares, que, tras mucho tiempo con variaciones negativas, lleva desde mayo del año pasado creciendo, moderadamente pero de forma constante, ligeramente por debajo del 1%. Y no solo por el empuje del crédito al consumo (tasa del 4,9% en diciembre) sino también por el destinado a vivienda (que viene aumentando entre el 0,6% y 0,7% en los últimos meses), un mercado que se anima poco a poco con la incorporación de algún nuevo actor —apoyado por inversores internacionales—, que podría dinamizar la competencia en el mercado de hipotecas. Habrá que ver si esa mayor competencia no implica mayor riesgo, ya que, aunque sea con información preliminar, parece que se están concediendo algunas hipotecas por encima del 80% de valor de tasación.

Es previsible que la actividad financiera se anime aún más porque, como también conocimos esta semana, los depósitos (en su inmensa mayoría cuentas corrientes) de los hogares han alcanzado la cifra récord en España de 958.900 millones de euros. Liquidez que se va a ir moviendo —entre otros propósitos, a vivienda— conforme la incertidumbre del coronavirus se despeje y la inflación se vaya internalizando entre los ahorradores y obligue a buscar mayores rentabilidades nominales.

Esta creciente actividad e inquietud por lo financiero están relacionados con el intenso debate sobre como la apuesta por la digitalización bancaria podía estar afectando al servicio que las entidades financieras ofrecen a los mayores o a aquellos con dificultades de acceso a las nuevas tecnologías. La vuelta a una cierta normalidad y a la mayor intensidad de uso de los servicios financieros obliga a reorganizar nuevamente los canales con los que la banca se relaciona con sus clientes, algo que ya se está produciendo. La covid-19 obligó a adaptarse a un entorno en el que los contactos en persona hubo que disminuirlos por razones sanitarias sustituyéndose en gran medida por vías telemáticas. Independientemente de la necesidad de reajustar determinados servicios, el problema es de mucho mayor alcance que el financiero, y requerirá soluciones más amplias para grupos vulnerables, ya que el país está acelerando su proceso de digitalización en todos los ámbitos de la actividad económica y social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Hacia la normalización crediticia

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El pulso de la recuperación se toma en muchas extremidades del entramado económico. El crédito es una de ellas. Tras una crisis, la actividad crediticia, a veces, lidera la reactivación económica. En otras, tiene una participación menor. En la pandemia quedó desde el primer momento patente que iba a ser un salvavidas para muchas empresas, gracias a mecanismos como los préstamos de bancos con aval del Instituto de Crédito Oficial. Entre todos los que estudiaban aquellas medidas en la primavera de 2020 surgían siempre dos cuestiones de medio plazo. La primera, cuál sería la morosidad que esos préstamos podrían acarrear, algo que se dilucidará aún en un futuro no muy lejano, pero que, en principio, parece bajo control. La segunda, si el puente de financiación creado podría sostenerse una vez que las ayudas fueran retirándose. Los datos que ofreció esta semana el Banco de España así parecen sugerirlo. No solo sigue aumentando el crédito a empresas, sino que hay también más animación en la que reciben las familias.

La financiación a empresas creció en septiembre un 2,5% en tasa interanual. Lleva siendo del 2-3% desde abril. Aunque los crecimientos registrados anteriormente fueron superiores (al amparo de las líneas del ICO), conviene recordar que en 2018 la tasa interanual media fue del -0,1% y en 2019 del 1,9%. Por otro lado, los préstamos a hogares comienzan a despegar con una variación interanual en septiembre del 0,8%, en la línea de las que vienen registrándose desde mayo, poniendo fin a más de año y medio pandémico de tasas negativas. El impulso no solo se observa en el segmento del consumo, que avanzó un 3,1%, sino también en vivienda, que por tercer mes consecutivo crece un 0,7% interanual.

En esta crisis no hemos vivido la situación de 2008, con quiebras y rescates bancarios por todo el mundo. En España, el crédito bancario avalado por el ICO ha ayudado (junto a los ERTE y ayudas directas) a acomodar mejor un shock sanitario tan terrible, así como los confinamientos y restricciones. Los bancos fueron un apoyo importante para reducir el impacto negativo de la Covid-19 y deben serlo también en la iniciada recuperación. Asimismo, sus mejoradas cuentas de resultados hasta septiembre sugieren una vuelta a la normalidad. Lo reflejan también las valoraciones bursátiles de las acciones bancarias, y las buenas perspectivas que les conceden muchos bancos de inversión y analistas.

El de hoy no es un problema inmobiliario o de estabilidad financiera. Es una cuestión de expectativas, de creencia en una recuperación que, poco a poco, se confirma. Ahora sí ha sido y debe seguir siendo con crédito. Sin estridencias, pero con el necesario apalancamiento. No obstante, el sector financiero debe continuar siendo prudente y no rebajar los estándares de control en esta fase de recuperación. De por sí, algunos créditos otorgados en la pandemia pueden ser problemáticos. Más aún en un contexto de tipos negativos o ultra reducidos a la vez que inflacionario (las deudas pesan menos con inflación) que genera un entorno propicio —como el actual— para el exceso de crédito.

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La economía española, entre la crisis y la salvación

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Los atisbos de recuperación que habían surgido
tras el periodo de confinamiento se están afianzando. La actividad industrial
rebota con más intensidad de lo previsto, según el principal indicador de
coyuntura para junio (índice PMI de compra de empresas). También se percibe una
notable mejoría en los servicios, algo sorprendente ya que se trata del sector
más castigado por las medidas de restricción de actividad y de movilidad.

Gráfico 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA REPUNTA TRAS EL CONFINAMIENTO CON MÁS INTENSIDAD QUE LA MEDIA EUROPEA

Fuente: Markits Economics.

Además, el mercado laboral juega por primera vez un papel estabilizador, en lugar de magnificar el desplome de la economía con ajustes masivos de plantilla como sucedió en la anterior crisis, o en la recesión de los años 90. La afiliación a la Seguridad Social aumentó el mes pasado en cerca de 30.000 personas, con datos desestacionalizados, cerca del doble de lo previsto por Funcas. Y casi un millón y medio de personas que estaban en un ERTE se han incorporado plenamente a la actividad durante mayo y junio.

Estas son señales alentadoras de vida que, sin
embargo, no deben servir para echar las campanas al vuelo, porque se producen
desde los niveles de hibernación registrados en el cénit de la pandemia. Con
toda probabilidad, el PIB habrá registrado en el
segundo trimestre el mayor descenso desde que existen datos
comparables. Esto explica que solo se ha recuperado el 20% de la afiliación
perdida durante las semanas más duras de reclusión (el doble si se tiene en
cuenta el efecto ERTE).

El camino, por tanto, será largo. Y desigual,
porque si bien una parte de la economía repunta, la otra se enfrenta al riesgo
de insolvencia, si no ha quebrado ya. Se quedan en la cuneta muchas personas
(todas aquellas que no entran en una política de empleo y se ven abocadas al paro
de larga duración) y las empresas que o bien han echado el cierre, o bien están
entrando en concurso de acreedores. A más situaciones de insolvencia, menor la
capacidad de recuperación de la economía.

«Un aumento prematuro de impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto directo sobre la demanda, y sobre las expectativas. El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples realidades».

Raymond Torres

La doble cara del repunte de actividad justifica,
por tanto, una respuesta calibrada de la política económica. En primer lugar,
para limitar el riesgo de insolvencia de buena parte del tejido productivo, se
trata de prolongar las líneas de crédito ICO y los
ERTE, reforzando los criterios de acceso ahora que las
administraciones responsables tienen más capacidad de gestión. Las recientes
decisiones del Gobierno van en esa dirección, aunque todavía falta especificar
cómo se ayudará a las personas que no están amparadas por los actuales
dispositivos de empleo. Otra tarea pendiente es facilitar el acceso de las
pymes a las medidas de apoyo a la liquidez. La creación de un fondo de rescate
dotado de 10.000 millones para empresas estratégicas también parece una
iniciativa acertada ante el riesgo de insolvencia de proyectos industriales
vitales para el país.

En segundo lugar, en cuanto a los sectores mejor posicionados (una parte de la industria y de la construcción, servicios que teletrabajan, sector primario), la tarea es afianzar la recuperación con estímulos a la inversión. Por lo menos hasta que se produzca una dinámica auto-entretenida, con incrementos de la demanda privada y del empleo que reviertan automáticamente sobre la actividad sin necesidad de ayuda pública. La actual debilidad del consumo familiar y de la inversión empresarial muestra que ese horizonte es incierto, eso sin contar con un rebrote temible del virus.

El anuncio de un programa de ayudas a la
inversión para la digitalización y la transición verde es coherente con ese
objetivo, y con el futuro plan europeo. A la inversa, un aumento prematuro de
impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto
directo sobre la demanda, y sobre las expectativas.

El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el
principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples
realidades. Por ello, habrá que acertar en el diseño de los nuevos planes de
ayuda. De modo que todo euro invertido abone el terreno de una recuperación
sostenible.

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BCE: ahora las empresas

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Tras un comienzo casi nefasto hace diez días con unas declaraciones inoportunas de su presidenta, Christine Lagarde —que la
dejan tocada para un futuro—, el Banco Central Europeo cambió de rumbo la
semana pasada. Esta crisis precisa contundencia (se está haciendo) pero también
que alcance a pymes, autónomos y familias. Rock and roll monetario para
todos.

El BCE sacó la artillería pesada con el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP por sus siglas en inglés) de bonos por 750.000 millones hasta diciembre de 2020. Señal clara de apoyo a la deuda soberana de países como Italia y España, que están sufriendo más, al menos inicialmente. El segundo paso fue la mayor flexibilidad concedida a las entidades financieras en el uso del capital. Podrán utilizar reservas ya existentes por un montante de 120.000 millones para absorber pérdidas o financiar hasta 1,8 billones de euros. La flexibilidad será total para los créditos con garantías públicas. El tercer paso fue disminuir las exigencias de provisiones de los créditos morosos cubiertos con avales públicos y suavizar los planes para reducir la tasa de morosidad. Otro paso que no puede olvidarse es la coordinación entre bancos centrales con los acuerdos de líneas swap para garantizar la liquidez.

«Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de proporcionar liquidez […], esta financiación casi directa del banco central no existe para las pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria».

Santiago Carbó

¿Se puede hacer algo más? Creo que sí. Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de
proporcionar liquidez comprando los bonos que emiten —y que incluso
ahora se podría flexibilizar algo para dar más liquidez a este sector de mayor
tamaño—, esta financiación casi directa del banco central no existe para las
pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una
situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas
excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria. Sobre
todo, durante episodios de crisis de liquidez como la que sufren muchas pymes y
autónomos solventes que no pueden, por problemas de caja temporales, pagar a
sus proveedores para seguir funcionando.

Una opción innovadora para convertir esta deuda a
corto plazo en una de largo plazo sería utilizar técnicas de titulización para
que la autoridad monetaria amortigüe el impacto de la crisis de liquidez en
estas sociedades. Una posibilidad sería que los proveedores pudieran obtener
liquidez de sus deudas a corto —reconocidas en forma por ejemplo de letras de
cambio— de una institución financiera con respaldo público (el ICO o el Banco
Europeo de Inversiones, por ejemplo) que empaquetaría decenas de miles de estas
deudas creando unos ABS (Asset Backed Securities, valores respaldados por
activos) que podrían utilizar para obtener liquidez a largo plazo del BCE.

El banco central ya ha empleado estos instrumentos en los últimos años para inyectar liquidez. Para minimizar el riesgo moral de estas operaciones, se podría limitar con un conjunto de condiciones objetivas a sectores claramente identificados como los más afectados por la crisis, a sociedades que obtuvieron beneficios en 2019, y por supuesto a deudas recientes originadas antes del impacto de la COVID-19. Son vías adicionales para que el tremendo esfuerzo fiscal y monetario fluya a todas las capas de la actividad económica y la sociedad.

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Tres reformas inaplazables

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En un contexto tan incierto como el actual, y ante la recomposición del tejido productivo de las economías avanzadas como consecuencia de la revolución digital, la transición ecológica y la amenaza proteccionista, la confianza se ha convertido en un factor clave de la coyuntura. Las decisiones de consumo de las familias, la inversión empresarial y el clima de negocios, están fuertemente determinados por la percepción de que los gobiernos son capaces de acompañar los cambios y así preparar un futuro mejor.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Funcas en base a Davis, Steven J.; y Eurostat.

Esto se consigue principalmente con reformas, cuya necesidad es alevosa en nuestro país, tras cerca de cinco años de inercia. Por supuesto, algunas reformas como la laboral o la del sistema fiscal que pueden provocar resistencias entre los que temen ser perjudicados, requieren de fuertes dosis de diálogo. Sin embargo, otras tienen por objetivo la corrección de ineficiencias, sin plantear importantes conflictos distributivos, y por tanto su concreción no debería demorarse.

Un ejemplo es la colocación de personas desempleadas, un sistema que en España sufre de disfunciones estructurales. Prueba de ello, algunos sectores se enfrentan a dificultades para encontrar personal cualificado, una situación incomprensible teniendo en cuanto que nuestra tasa de paro todavía ronda el 14%, y que podría generar cuellos de botella en la expansión.

Las mejores prácticas, tanto en nuestro país como a nivel internacional, muestran que las oficinas de empleo pueden jugar un papel fundamental en la “activación” de parados en riesgo de exclusión. La regularidad de los contactos entre los orientadores y los parados en el marco de planes de apoyo individualizados es uno de los ingredientes del éxito en la colocación. Otro es el despliegue de personal de las oficinas en el mundo empresarial, de modo que identifiquen las necesidades del mercado laboral y los obstáculos a la contratación. Es evidente que la creación de una plataforma de empleo, gracias a la tecnología digital y la inteligencia artificial, mejoraría la adecuación entre oferta y demanda y ayudaría a reducir el paro, como lo muestran las experiencias llevadas a cabo en Dinamarca y Reino Unido.

«Ante la probable creación de un fondo europeo para la transición ecológica, sería útil agilizar la cooperación público-privada en nuestro país, y a la vez crear una fiscalidad verde que ofrezca previsibilidad a los inversores privados»

Raymond Torres

Otra reforma que tampoco parece traumática es la de la financiación de las empresas. Las normas contables y las prácticas establecidas en muchos países como el nuestro tienden a privilegiar los activos tangibles –en especial aquellos asociados al “ladrillo”—como colateral para obtener financiación. Esta situación perjudica a las empresas innovadoras en los sectores de la tecnología y las pequeñas empresas que, pese a su potencial de crecimiento, no están respaldadas por un volumen suficiente de activos físicos. Según un estudio de la OCDE, el reconocimiento a efecto de concesión de créditos de activos intangibles ha facilitado la innovación y la actividad económica en EEUU y Corea del sur. En Francia, el número de start-ups de inteligencia artificial se incrementó un 38% en 2019, fruto de la creación de “aceleradores” de innovación y de la racionalización de la fiscalidad sobre el trabajo autónomo y la pequeña empresa.

Finalmente, ante la probable creación de un fondo europeo para la transición ecológica (cerca de 100.000 millones, para el conjunto del periodo presupuestario), sería útil agilizar la cooperación público-privada en nuestro país, y a la vez crear una fiscalidad verde que ofrezca previsibilidad a los inversores privados. La gradualidad de esos ajustes es clave para prevenir un brusco y contraproducente encarecimiento de las energías no renovables, e incentivar la aparición de alternativas viables.

Estas, y otras muchas reformas de eficiencia (reducción de las exoneraciones fiscales, portabilidad de los derechos a pensión entre diferentes tipos de empleo, armonización de las prestaciones no contributivas, etc.), apenas tienen incidencia en las arcas públicas. Y, sin embargo, si se cuida el diseño, funcionan. Su rápida puesta en marcha alejaría los malos augurios, frenaría la desaceleración y abriría el camino a reformas que, aunque ineludibles, plantean conflictos de intereses o dilemas entre diferentes objetivos.

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