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La ofensiva arancelaria de Trump

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El proteccionismo comercial ha sido uno de los temas más populares de la campaña electoral americana, especialmente en los territorios golpeados por la pérdida de empleos industriales bien remunerados. La victoria del candidato que más ha abundado en la inflación de propuestas lo ha expuesto con nitidez: según el presidente electo, el déficit comercial es una de las causas de la pérdida de tejido productivo de la economía americana. 

Y para resolver el desequilibrio, Trump pone en el punto de mira a China, como ya viene siendo habitual, pero también a Europa, considerado como uno de los principales responsables del agujero exterior. De ahí la amenaza de imponer un arancel sobre nuestras exportaciones que podría alcanzar entre el 10 y el 20%. 

Algunas voces restan fuelle a las promesas electorales, aludiendo a los efectos limitados a unos pocos sectores que tuvo el primer mandato de Trump. Sin embargo, en esta ocasión el impacto podría ser mucho más significativo, en parte por la dificultad del viejo continente para asimilar los movimientos tectónicos de la geopolítica.  

Es un hecho que la economía americana importa mucho más de lo que lograr vender fuera de sus fronteras, generando un déficit colosal, equivalente al 3,3% del PIB. El desequilibrio es particularmente acusado con China, así como, de manera creciente, con México y la Unión Europea. En el caso de España, los intercambios rozan el equilibrio (el saldo de bienes y servicios arroja incluso un ligero superávit a favor de EE UU). Sin embargo, el déficit con respecto a Alemania e Italia es considerable. Estos son también dos socios comunitarios particularmente dependientes del mercado americano: el valor de los envíos a EE UU supera el 10% del total exportado, el doble que España. 


Un endurecimiento de los aranceles ensombrecería las perspectivas económicas europeas, ya mediocres de por sí. Peligra la salida de la recesión que se vislumbraba en Alemania y el leve repunte anticipado en Italia, por su dependencia de las exportaciones, entre las que destaca el sector del automóvil, quizás el más emblemático de la promesa proteccionista de Trump. Además, China intentará ganar cuota de mercado en Europa, para así compensar la nueva vuelta de tuerca que se cierne sobre sus negocios en EE UU. 

Pero el neoproteccionismo que se adentra en la economía global no es solo coyuntural: también entraña un debilitamiento disruptivo del multilateralismo, es decir de las reglas de reciprocidad que rigen las relaciones económicas desde la segunda guerra mundial. Los Estados, incluso los más aperturistas como los europeos, ya no pueden garantizar un horizonte normativo previsible para las empresas que han basado su negocio en los mercados exteriores. Y la incertidumbre es nefasta para la tan ansiada recuperación de la inversión empresarial. 

El principio de reciprocidad sigue siendo el mejor cortafuegos para prevenir una guerra comercial a gran escala que sería nefasta para todos. De ahí también la necesidad de prever respuestas a cualquier ofensiva arancelaria. Por otra parte, numerosos estudios muestran que la vía unilateral por la que aboga el presidente electo suele tener efectos contraproducentes, particularmente en la inflación. Pero en vez de añorar tiempos pasados, también conviene corregir las deficiencias estructurales del viejo continente: un modelo productivo demasiado dependiente de las exportaciones, particularmente hacia EE UU; un consumo privado renqueante, y en los últimos años lastrado por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y la baja productividad; y una inversión insuficiente para hacer frente al déficit de vivienda y auparse al tren de la transformación tecnológica. 

Ante los desafíos globales, la profundización de la integración europea —empezando por su mercado único— debería ser una cuestión prioritaria. Como también lo es la inversión en bienes públicos europeos. Alemania, hasta ahora reticente a avanzar en esta dirección, sería uno de los más beneficiados habida cuenta del riesgo de declive industrial. La ola proteccionista que se avecina es una amenaza: ojalá sirva de revulsivo.   

ARANCELES | La aplicación de aranceles con el objetivo de reducir el déficit exterior puede tener efectos poco intuitivos. Las restricciones a las importaciones norteamericanas procedentes de China han conseguido reducir el desequilibrio con ese país en más de 50.000 millones de dólares en los últimos cinco años. Sin embargo, el saldo total se ha deteriorado en casi 250.000 millones, como consecuencia, entre otros factores, del plus de importaciones procedentes de la expansión fiscal, y del “efecto desvío”: algunos competidores del gigante asiático han ocupado el terreno perdido por las empresas chinas afectadas por los aranceles.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tribulaciones globales

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Este 2024 electoral se cierra con las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. De lo que allí se decida probablemente se abra un nuevo ciclo político internacional con ramificaciones económicas. Si gana Donald Trump, se puede volver a las tensiones comerciales proteccionistas y geoestratégicas de cuatro años atrás. Sin embargo, no hay garantías de que desaparezca esta tensión internacional si ganara Kamala Harris, como se ha demostrado en la presidencia de Joe Biden, de la que la formaba parte, con políticas proteccionistas como la Inflation Reduction Act, que incentiva y promueve con ayudas de Estado las inversiones mediante la fabricación nacional. Aun así, una victoria de Trump apunta más claramente a subida de aranceles y más proteccionismo. Harris probablemente adoptaría una visión más multilateral, pero, en el fondo, esa política no desaparecería. Como esta semana el FMI ha alertado, esas estrategias dañan el comercio y deteriorará el crecimiento global.

Ese proteccionismo se dirigirá sobre todo a China, el otro gran gigante comercial, y con el que Estados Unidos lleva un “contencioso” comercial y geoestratégico desde hace años. El país asiático es la mayor amenaza competitiva productiva y tecnológicamente. Los coches eléctricos son el elemento principal del conflicto, en el que la UE también está subiendo aranceles. Dos ángulos deben considerarse. Por un lado, las tensiones existentes para lograr la supremacía tecnológica. Con dos modelos muy distintos, y cada una con grandes empresas tecnológicas que dividen el mundo en dos. Por otro, la competencia china en muchos bienes se considera desleal, especialmente en los coches eléctricos. Europa se ha quedado en claro fuera de juego, a pesar de su mayor énfasis en políticas industriales sostenibles, en la competencia de los coches eléctricos. En cualquier caso, Europa debe, sí o sí, aumentar su competitividad global. China ha amenazado con responder a los aranceles de la UE. No ayuda al gigante asiático el que su economía despierte crecientes dudas y algunas de sus fortalezas pasadas —alta natalidad y mano de obra barata— estén desapareciendo. Otras incertidumbres políticas internacionales de China —sus vínculos con Rusia, Irán y Corea del Norte, por ejemplo—, y las crecientes tensiones con Taiwán dificultan aún más el acercamiento entre bloques. 

Este entorno comercial y económico turbulento viene acompañado de conflictos geopolíticos, como las guerras de Ucrania y de Oriente Medio. Ninguna parece mejorar, aunque el resultado de las elecciones en EEUU puede suponer un punto de inflexión. Salvo el tremendo efecto inflacionario inicial de la guerra de Ucrania, el impacto negativo sobre la macroeconomía global ha sido menor del esperado, lo que demuestra que ahora parecen gestionarse mejor estas crisis. Incluso Rusia ha notado mucho menos los efectos del embargo, gracias al desarrollo de un sistema de pagos alejado de dólar en el que el oro —con valoración disparada— y las criptodivisas, entre otros, juegan un papel importante. Este modelo de pagos alternativo también puede tener consecuencias impredecibles en este entorno mundial atribulado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa. 

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad. 

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa. 

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA. 


La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.


[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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Las mujeres continúan reduciendo la brecha salarial de género

Las mujeres españolas han protagonizado una de las transformaciones sociales más destacadas de las últimas décadas. El gran aumento de su participación en la fuerza laboral, su creciente presencia en empleos a tiempo completo y su progresión en las ocupaciones cualificadas han cambiado radicalmente el mercado de trabajo. Sus tasas de ocupación en todas las edades se aproximan cada vez más a las de los hombres, y también lo hacen sus retribuciones salariales. Así, la diferencia en el salario por hora que reciben, de media, hombres y mujeres, ha pasado del 18,7 % en 2012 al 8,7 % en 2022 (gráfico 1). Téngase en cuenta que esa diferencia resulta de comparar situaciones bastante distintas entre unos y otras en el mercado de trabajo en función de características individuales (nivel educativo, edad, antigüedad o productividad) y de los puestos de trabajo (ocupación, nivel de responsabilidad, sector, número de horas trabajadas, tipo de jornada, tipo de contrato o tipo de empresa).

La brecha salarial ha disminuido en España más rápidamente que en muchos países comunitarios, lo que ha conducido a que en 2022 la cifra española se sitúe cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea (12,7 %), mientras que en 2012 la superaba en más de dos puntos porcentuales (gráfico 1). En 2022 las mayores brechas salariales de género se encontraban en países del este de Europa, pero también en Austria y Alemania, donde rondaban el 18 % (gráfico 2).  En Bélgica, Rumanía e Italia, países con tasas de actividad femenina relativamente bajas, la brecha salarial de género se situaba por debajo del 6 %. El único país europeo en el que el salario por hora de las mujeres superaba por término medio al de los hombres era Luxemburgo (-1 %).


La caída de las diferencias salariales entre hombres y mujeres no puede desvincularse del “vuelco formativo” de las generaciones más jóvenes de mujeres 1. Su nivel educativo, más alto, por término medio, que el de sus pares varones, ha contribuido a su acceso a puestos de trabajo de mayor categoría y remuneración. A medida que las generaciones más antiguas, con una brecha salarial más elevada, se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazadas por cohortes de trabajadores jóvenes, entre quienes la desigualdad salarial es significativamente menor o, incluso, se revierte. De hecho, en España la brecha salarial es muy sensible a la edad (gráfico 3). Entre los menores de 25 años, las mujeres  ganan por hora, en promedio, más que los hombres de la misma edad, en consonancia con su mayor nivel educativo. Sin embargo, esta pauta cambia drásticamente entre los trabajadores de mayor edad. En el grupo cercano a la edad de jubilación (55-64 años), la brecha salarial alcanza el 13,5 %, y en el grupo de mayores de 65 años, aunque muy pocos siguen trabajando, la desigualdad es aún más pronunciada. 


A pesar de estas ostensibles diferencias por edad, desde 2012 la reducción de la desigualdad salarial puede considerase un fenómeno transversal, afectando a trabajadores jóvenes y mayores por igual (gráfico 4). Por ejemplo, en el grupo de los menores de 25 años, la brecha salarial de género se situaba en el 8,3 % en 2012, pero es negativa desde 2019, alcanzando el -3,8 % en 2022. Entre los trabajadores y trabajadoras más cercanos a la edad de jubilación, la brecha salarial disminuyó en el mismo periodo en más de 10 puntos porcentuales, del 24,2 % al 13,5 %.


La evolución de la brecha salarial entre hombres y mujeres en empleos a tiempo completo ha contribuido singularmente a la reducción de la desigualdad salarial por sexos en España. Si bien tanto los trabajos a tiempo completo como los de tiempo parcial han experimentado caídas en la brecha durante la última década, la reducción ha sido sustancialmente mayor en el primer caso. En 2022, la brecha salarial en los empleos a tiempo completo se había reducido al 2,3 %, mientras que, en los empleos a tiempo parcial, seguía siendo considerable, del 18,7 % (gráfico 5).


A pesar de la sustancial reducción de la brecha salarial de género en los últimos años, esta sigue siendo muy palpable en el empleo a tiempo parcial. A este respecto hay que tener en cuenta que la jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente entre las mujeres (21,6 % de las ocupadas, en 2022) que entre los hombres (6,4 %). 

Pero este es solo uno de los factores explicativos de la brecha salarial. Investigaciones recientes han puesto de relieve la distinta penalización para la progresión salarial que supone la maternidad para las mujeres frente a la paternidad para los hombres. 

Así pues, equilibrar las cargas de cuidado de la familia y del hogar entre hombres y mujeres podría reducir la penalización que padecen ellas en su trayectoria profesional, del mismo modo que aumentar su porcentaje de ocupación a tiempo completo redundaría en un aumento de su salario. Ambos son objetivos en los que las mujeres, si así lo desean, pueden seguir avanzando, como han hecho hasta ahora.  

Un último apunte: que la desigualdad salarial media entre mujeres y hombres se haya reducido tan ostensiblemente como se ha mostrado aquí, es, en buena medida, independiente de la cuestión de si hombres y mujeres cobran el mismo salario por hacer el mismo trabajo. Este principio de justicia debería cumplirse siempre. 

[1]  Garrido, L. (1992). Las dos biografías de la mujer en España. Ministerio de Asuntos Sociales.

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La economía sorprende, a la espera de un relevo

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Pasado el ecuador del año, la economía española arroja un balance positivo, superando netamente las previsiones, si bien con nubes en el horizonte. El avance del PIB ha sorprendido al alza, tanto por su vigor (un 0,8% en el segundo trimestre, igual que el anterior) como por la fuerza del sector exterior, que explica más de la mitad del crecimiento registrado en lo que va de año.

Aparte del
tirón del turismo, las empresas españolas mejoran su cuota de mercado en los
mercados internacionales, resultado meritorio dado el complicado contexto global.
Más sorprendente es el estancamiento de las importaciones, evidenciando la incapacidad
de las empresas extranjeras para aprovechar plenamente el tirón de la demanda
en España: las importaciones crecen a un ritmo cinco veces inferior a dicha demanda
(elasticidad del 0,2), quebrando la relación histórica (elasticidad en el
entorno del 1,2).

Se mantiene,
por tanto, el superávit de nuestros intercambios con el exterior, asegurando
una cierta robustez del proceso de crecimiento. El excedente de la balanza por
cuenta corriente incluso bate el récord cosechado el año pasado (con datos del
Banco de España hasta mayo). Por otra parte, el vigor del crecimiento ha ido de
la mano de la creación de casi 300.000 puestos de trabajo en lo que va de año,
en términos de EPA, fruto de la incorporación de más fuerza laboral (sube la
tasa de actividad, atenuando mecánicamente el descenso del paro). Y no se
vislumbra un recrudecimiento de las tensiones inflacionistas.

Con todo, es poco probable que estos resultados se repitan en el futuro. Se acumulan los síntomas de debilitamiento de la economía europea, prefigurando una pérdida progresiva de dinamismo de nuestras exportaciones, una vez pasado el sorprendente bum del turismo. La eurozona avanzó un escaso 0,1% en el segundo trimestre (descontando Irlanda, cuyo PIB está sujeto a gran volatilidad). La recaída de la economía alemana demuestra que el periodo de ajuste está siendo más complicado de lo anticipado. También preocupa el bache del consumo en EE.UU. así como sus reverberaciones en un comercio internacional marcado por el resurgimiento del proteccionismo.

Por otra
parte, es probable que la atonía de las importaciones sea pasajera, al menos en
parte, una vez que la inversión en bienes de equipo, altamente intensiva en
importaciones, se vaya recuperando, algo deseable y que parece estar en marcha,
si bien a un ritmo insuficiente para cerrar el déficit de capacidad productiva. 

Además, la
política fiscal está siendo menos expansiva: la recaudación crece en
consonancia con la economía, mientras que el gasto se frena como consecuencia
de la prórroga presupuestaria: el consumo público apenas aporta al crecimiento,
siendo éste un hecho relevante, ya que esta variable explica el 49% del avance
del PIB de estos últimos cuatro años y medio, frente a una contribución de la
demanda privada, agregado que se obtiene sumando el consumo de los hogares y la
inversión, del 5%, el 46% restante reflejando la aportación del sector
exterior.


¿Tomará el relevo la política monetaria, como sería deseable habida cuenta de la necesidad acuciante de inversión? Parece más bien que el BCE aflojará gradualmente, los últimos datos de IPC no incitando a mucho optimismo más allá del pequeño recorte de tipos de interés que se anticipa a la vuelta del verano. Nada de ello promete un estímulo suficiente para que la inversión protagonice un fuerte ciclo expansivo.

En todo caso,
es pronto para saber si la desaceleración de la afiliación, en pleno periodo
vacacional, refleja una tendencia de fondo. Influyen factores técnicos, como el
adelanto de las contrataciones a la primavera, ante el temor de escasez de mano
de obra en los sectores ligados al turismo. Pero lo más probable es que los
próximos trimestres vayan confirmando la convergencia del crecimiento a su ritmo
potencial.

DEMANDA | Frente al auge espectacular del sector exterior, el comportamiento de la demanda interna está siendo mucho más discreto. El consumo de los hogares apenas avanzó un 0,3% en el segundo trimestre, por debajo de las tasas constatadas en anteriores etapas expansivas. El consumo público subió un escaso 0,2%, evidenciando la pérdida de protagonismo de la política fiscal. La inversión, variable clave para fortalecer la capacidad productiva y reducir la escasez de vivienda, creció un esperanzador 0,9% pero se encuentra todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Contrapesos ante la recaída europea

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El sector exterior, uno de los principales pilares del crecimiento de estos últimos años, se enfrenta a un desafío importante: la economía europea, es decir, el principal mercado de nuestras exportaciones, está dando señales inquietantes. Se esperaba que la tímida mejora constatada en el inicio del año se iría afianzando, para así dejar definitivamente atrás el golpe de las múltiples crisis que han golpeado el continente. En sus previsiones de junio, el BCE pronosticaba un avance del PIB de la eurozona del 0,9% para este año, tres décimas más que en marzo, y en el entorno del 1,5% en los próximos dos ejercicios, siendo este un ritmo de crecimiento similar al registrado antes de la pandemia. Una especie de vuelta a la normalidad.

La realidad se asemeja más bien a una desaceleración envuelta en muchas incógnitas. La industria europea no levanta cabeza (el indicador PMI permanece en terreno contractivo), mientras que la actividad se modera en los servicios (el PMI se acerca al umbral que marca el estancamiento). Tampoco despega el crédito con vencimientos a largo plazo, siendo ésta la financiación más estrechamente asociada a la inversión productiva, variable crucial para afrontar las diferentes transiciones. Solo repuntan los préstamos de corta duración, lo que podría reflejar problemas de tesorería, y en todo caso está en consonancia con un entorno marcado por la incertidumbre.


Si la eurozona sorprende a la baja, ocurre lo contrario del otro lado del Atlántico, con un avance del PIB de EE. UU. del 2,8% en el segundo trimestre (en términos anualizados). Se agudiza, por tanto, el riesgo de descuelgue de Europa. No se trata de una recesión, pero sí de una senda de crecimiento relativamente débil que obedece a factores estructurales, como el proceso de ajuste de la industria centroeuropea, pero también a la política económica: la Unión Europea no ha encontrado todavía la respuesta a las políticas industriales y comerciales de las otras grandes potencias. De momento, la iniciativa más operacional consiste en la reactivación de las reglas fiscales, redundando en un esfuerzo simultaneo de contención de los déficits, incluso en las economías renqueantes.

Todo confluye, en suma, en una pérdida de dinamismo de las
exportaciones de las empresas españolas. Si bien esta circunstancia ya se
produjo tras la guerra en Ucrania, sin afectar el crecimiento, en esta ocasión
el impacto podría ser más perceptible. Uno, porque la expansión del turismo
–variable que en la crisis energética actuó como factor compensador ante la
desaceleración del comercio de bienes—está tocando techo. Dos, porque la
política fiscal no dispone de margen de acción coyuntural.  

En esta tesitura el BCE debería mover ficha procediendo a un
nuevo recorte de tipos de interés en septiembre. La desinflación está siendo
desigual y sujeta a altibajos, pero la debilidad de la demanda podría ayudar a
frenar los precios de los servicios.  Los
acuerdos salariales muestran algunos síntomas de moderación tanto en el
conjunto de la eurozona como en España. Sin embargo, no hay que esperar una
rápida relajación monetaria, de modo que el estímulo que aportará el banco
central será limitado y gradual.

En principio, el bache europeo se reflejará en el dato de PIB del segundo trimestre, con un avance inferior al registrado en el primer tramo del año. La menor tracción exterior debería materializarse con más claridad en 2025, con un crecimiento ligeramente por debajo del 2%, y también una menor aportación del comercio internacional que en años anteriores. Eso sí, el crecimiento de la economía española se mantendrá en posiciones de cabeza frente a las otras grandes economías de la UE. Pero no cabe la autocomplacencia porque nuestros desequilibrios económicos y sociales solo se corrigen con una acción persistente. Y porque el riesgo de declive europeo, aunque no afecte a todos por igual, es cada día más tangible.

EPA | El número de ocupados se incrementó un 0,3% en el segundo trimestre, con datos de EPA desestacionalizados por Funcas. Son dos décimas menos que en el trimestre anterior, avalando la tendencia a una suave desaceleración del PIB. La tasa de ocupación (proporción de personas de 16 a 64 años que tienen un empleo) se aúpa hasta el 67,4%, acercándose a la media de la eurozona y superando a Grecia, Italia y Rumanía. Este último resultado se debe a que son proporcionalmente menos las personas que se integran en el mercado laboral en estos tres países.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La pérdida de poder adquisitivo y su significado

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Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tirón del empleo… las cifras macroeconómicas confirman el momento dulce de la economía española desde una perspectiva agregada. Y, sin embargo, las encuestas cualitativas dibujan un panorama más complejo, con matices relevantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia roza dos de cada tres personas encuestadas.   

Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022 marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que hoy por hoy el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.


En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos —y de la propia Unión Europea— para mejorar el día a día.

La pérdida de poder
adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando
con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los
componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los
alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos
consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la
principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de
Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por
otras cuestiones, como la reducción de jornada.

Ahora bien, la erosión del
poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo
durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que
se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es
decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada
la inflación. Esta constatación explica la contradicción aparente entre los
resultados macroeconómicos, respaldados por el ensanchamiento del mercado
laboral, y por otra parte la sensación individual de deterioro del nivel de
vida.

Con todo, la política
económica se enfrenta a la necesidad de mantener el dinamismo del mercado
laboral, y a la vez atender las expectativas de mejora de los ingresos de un
amplio espectro de la población, y no solo entre los colectivos más
desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco de atención se centraba en el
empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por
la globalización y un proceso de cambio tecnológico sesgado en detrimento del
trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado
desplegar políticas efectivas a este respecto.

El momento actual, caracterizado por una pérdida cuasi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.

IPC Y SALARIOS | Según el indicador adelantado del INE, el IPC se incrementó en junio un 3,4% en términos interanuales, cifra que coincide con la previsión de Funcas. Este dato lleva la subida acumulada del índice, desde que se inició el brote inflacionario en el primer trimestre de 2021, hasta el 18,8%.  Durante el mismo periodo, se estima que la remuneración media por asalariado —una variable que proviene de las cuentas nacionales, incluyendo los salarios directos y otros costes laborales— se ha revalorizado un 14,4%, es decir 4,4 puntos menos que el IPC. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos tiempos monetarios y económicos para la Unión Europea

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La última semana ha abierto una nueva etapa en la Unión Europea con un nuevo Parlamento Europeo, Traerá cambios políticos y otra agenda económica con renovadas prioridades. Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE), en su reunión del pasado jueves 6 de junio, decidió una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés, y se dio el pistoletazo —aunque con algún matiz— a un cambio en la estrategia monetaria para los próximos meses. Un alivio desde la perspectiva de los costes financieros. Un regalo de bienvenida a los nuevos representantes políticos europeos, quienes, si nada se tuerce, podrán comenzar su andadura con unas condiciones monetarias más benignas.

Redunda en ese papel integrador tan relevante del BCE desde 2012. Al finiquitar, con su intensa actuación en la compra de bonos, las tensiones sobre las deudas soberanas de las postrimerías de la crisis financiera global, la política monetaria del BCE pasó a ser la principal acción pública integradora y engrasó el motor para otras decisiones en la agenda europea. Eliminar tensiones facilita la consecución de las políticas deseadas y en eso el BCE ha hecho un buen trabajo desde 2012. Por cierto, la nueva legislatura europea se cruza con el BCE en el proyecto del euro digital, que debería de ver la luz en este periodo, aunque todavía existen interrogantes sobre el éxito en su uso si finalmente se implementa.

Prematuro aventurarse sobre la dirección que tomará la hoja de ruta económica de los nuevos Parlamento y Comisión Europea. Las personas importan y la lista de nombres que componga la Comisión será determinante. Se pueden pronosticar algunos cambios. La moderación en la velocidad de la transición energética parece uno de ellos, sobre todo tras las protestas de sectores relevantes, como los agricultores. La evidencia acumulada de que el actual modelo de transición verde está imponiendo más costes a la actividad productiva europea que a la de otros bloques (EE UU, China) probablemente conducirá a una ralentización del alcance de los objetivos de sostenibilidad.

Vienen además años en los que Europa se juega mucho en el ámbito industrial. La UE está descolocada ante la fortaleza norteamericana y china. Parece urgente reaccionar y ser proactivos para no perder el tren tecnológico de futuro. Seguir sin una hoja de ruta tecnológica clara no es opción, salvo que se desee depender de terceros y se renuncie a las grandes ventajas de nuevas actividades económicas, basadas en tecnología, sobre todo la inteligencia artificial (IA).

Especial preocupación genera el posicionamiento en un producto estratégico como los automóviles eléctricos. La tentación por subir los aranceles a los productos chinos, por ejemplo, tomó cuerpo el miércoles en Bruselas, aunque difícilmente logrará frenar el tsunami que esas importaciones tan competitivas pueden suponer.

En esa agenda para los próximos cinco años, el denominado Informe Letta, publicado recientemente, ayudará a la reflexión, filosofías y acciones a seguir por parte de los decisores de la UE. Su gran mensaje: reformar el mercado europeo como única alternativa al declive del continente. El informe aboga sin tapujos por la integración de los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones. Mantener la inercia actual sería perjudicial.

La unión de esos mercados no es una idea nueva. 32 años después de la creación del Mercado Único, es una cuestión de urgencia. Es necesario ganar dimensión. La UE está perdiendo peso específico y cada vez es un mercado más pequeño. No son solamente Estados Unidos y China: otros países grandes como India o Brasil juegan un papel creciente en detrimento de la UE, que ahora representa el 13,3% del PIB mundial. La influencia económica de sus 440 millones de consumidores, aun siendo relevante, ya está sobrepasada por China e India e incluso EE UU, aunque tenga menor población.

Enrico Letta aboga por cambiar las restrictivas reglas europeas sobre fusiones para facilitar ese proceso de integración de mercados. Ha habido excesivas resistencias nacionales a la formación de campeones europeos que puedan competir a escala global. Hace falta visión y ambición en los nuevos equipos que liderarán la UE hasta 2029, pero es en este periodo donde se notarán más las desventajas de no actuar decididamente y las ventajas de apostar por una mayor escala de operaciones en Europa. Por ejemplo, la IA no va a esperar a nadie, y ahí la escala es determinante. También será muy importante la regulación de IA que se implante en la UE, que deberá hacer verdaderos malabarismos para llegar a un equilibrio en estimular estas actividades tecnológicas, a la vez que se mantienen los principios más garantistas del Viejo Continente.

Por último, lo financiero. Letta estima que hace falta medio billón anual de recursos solamente para la transición verde, que no podrá venir solamente del dinero público —incluso aunque se incremente el presupuesto europeo—, y será necesario atraer fondos privados con suficiencia. Y para ello, el proyecto europeo debe ganar en credibilidad sobre su viabilidad futura en la economía global.

Y esas necesidades financieras comentadas no incluyen otros grandes proyectos europeos de esta legislatura (ampliación de la UE y reforzamiento de la defensa, por ejemplo). Sin duda, la bajada de tipos del BCE —y otras que probablemente vendrán— vienen bien a la hora de obtener esa financiación. Sin embargo, hace falta mucho más que una política monetaria como viento de cola. Son las reformas ambiciosas de largo recorrido, en la línea que apunta Letta, las que harán falta para mejorar el bienestar futuro de los europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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España en el futuro de Europa

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La buena marcha de la economía española en comparación
con la europea no solo evidencia el papel clave de la construcción comunitaria
en el desarrollo de nuestro país. También dibuja una reconfiguración de las
prioridades de la Unión Europea: para España, los temas presupuestarios o el
volumen de transferencias que recibimos importan ya mucho menos que cuestiones
de índole más estratégica, cuando no existencial, parafraseando el reciente
discurso del presidente Macron, refiriéndose a la UE como un proyecto no
necesariamente inmortal.      

La trayectoria reciente de nuestra economía es reveladora de la importancia del mercado único, tanto como del giro político operado en Bruselas estos últimos años. Si el PIB se sitúa un 3,7% por encima del nivel prepandemia, permitiendo la creación de 1,25 millones de puestos de trabajo durante un periodo tan convulso, es en parte por el replanteamiento de la política económica europea tras el desgarro de la crisis financiera. Y también por los buenos resultados cosechados por las empresas españolas en los mercados europeos. El sector exterior, gracias al estímulo de la integración europea, explica directamente el 40% del avance del PIB español registrado desde finales de 2019. La clave está en un posicionamiento competitivo favorable: el año pasado, el saldo de los intercambios de bienes y servicios con la UE arrojó un superávit récord, hasta casi duplicar el excedente de la locomotora alemana, algo también inédito. Por el contrario, Francia e Italia registran un déficit en sus intercambios intracomunitarios.     


Para afianzar estos resultados, hay que aprovechar las circunstancias que permitan sacar partido de la posición competitiva de nuestro tejido productivo. Se trata de atajar la escalada de subvenciones y de ayudas que distorsionan el mercado único, debilitando espuriamente el tirón de las exportaciones.

De manera similar, la promoción de campeones nacionales en cada Estado miembro, no solo fragmenta el mercado único; también lastra la competitividad del conjunto de la economía europea. Las experiencias exitosas muestran por el contrario la importancia de la competencia entre grandes corporaciones como instrumento primordial de política industrial y de sostén del poder adquisitivo de las familias. El informe Letta aboga por la emergencia de potentes operadores europeos que compitan entre sí, y no de gigantes con pies de barro que difícilmente resistirían la competencia con sus homólogos norteamericanos o chinos.   

Para una economía competitiva como la española la movilidad del ahorro debería ser un tema más prioritario que el ensanchamiento del presupuesto europeo. Es preocupante que Europa exporte nada menos que el 13% de los recursos disponibles en el sector privado para invertirlos en el aparato productivo de países terceros, entre los que destaca EE UU. El volumen de estos recursos perdidos supera las necesidades estimadas de inversión o de ampliación de los recursos públicos comunitarios. Para España, sería más provechoso desatascar las barreras a la movilidad del ahorro que obtener un nuevo Next Generation; el actual, en todo caso, todavía tiene mucho recorrido. En suma, la unión financiera no debería dilatarse más. 

La política comercial europea también debe reubicarse. La
guerra arancelaria entre EE UU y China ha debilitado el sistema multilateral,
abocando a acuerdos con otros grandes actores guiados por los intereses
europeos y las normas medioambientales y sociales. Este es también un ámbito en
el que la economía española puede aprovechar sus ventajas de costes
energéticos. Tales acuerdos también pueden incorporar un desarrollo ordenado de
los flujos migratorios, importantes para un continente que envejece y se enfrenta
a cuellos de botella.         

Todo ello configura una estrategia coherente con las
necesidades de la economía española, y al tiempo arraigada en los principios europeos
fundacionales de apertura y cohesión social. Paradójicamente, su puesta en
marcha entraña un esfuerzo presupuestario limitado en comparación con las soluciones
inspiradas en la tentación de retraimiento en las fronteras nacionales.

IPC | El IPC se incrementó un 3,8% en mayo en términos interanuales y armonizados, frente al 2,6% para el conjunto de la eurozona. Por tanto, el diferencial de inflación sigue siendo desfavorable, en parte por factores puntuales como la rápida desescalada de los precios energéticos en Europa (una tendencia que en el caso de España se produjo con anterioridad). Por otra parte, descartando la inflación y los alimentos frescos, el IPC subyacente también supera la media europea, reflejando el dinamismo de la demanda, sobre todo en los sectores más ligados al turismo.       

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El descuelgue europeo con una mirada española

Con
la proliferación de barreras comerciales entre las grandes potencias y la
reorganización de las cadenas productivas propiciada por la sucesión de crisis,
se abre una nueva etapa de la globalización. Y de momento Europa no parece
encontrar la respuesta adecuada al nuevo contexto. Además del declive relativo
de su posición económica en el mundo, la reglobalización exacerba las
disparidades entre los países miembros, y conviene por tanto entender la especificidad
de España ante estos cambios.

Las
señales de un deterioro europeo son inequívocas, si bien no son irreversibles y
en el caso de España se compensan en parte por el buen desempeño de sus
intercambios en el mercado único. Además de un crecimiento anémico, la economía
europea arrastra una pérdida de dinamismo de sus exportaciones. La cuota de
mercado de las empresas europeas en el comercio mundial de bienes se ha
reducido en un punto porcentual en tan solo cuatro años, mientras que EE UU consigue
mantener su posición y China escala 1,5 puntos (con datos de la OMC para 2019 y
2023). Las exportaciones de servicios apuntan a un mejor comportamiento, pero no
compensan la fragilidad de los sectores industriales.

La sensación de desacoplamiento es aún más acusada si nos fijamos en la Inversión Extranjera Directa, con un retroceso notable de los flujos de entrada de capital productivo en las empresas europeas (la desinversión en concepto de IED roza los 100.000 millones en los dos últimos años, contrastando con una entrada media anual de 478.000 millones en el periodo 2015-2019). A la inversa, el capital productivo fluye hacia las otras dos grandes potencias, si bien en el caso del gigante asiático se aprecia un frenazo importante.

G1

No solo la Unión Europea está siendo menos atractiva para la inversión de empresas de países terceros, pero es que además las corporaciones europeas reorientan parte de sus inversiones hacia destinos extracomunitarios. Así pues, comparando los flujos de entrada y de salida de inversión directa, se deduce que Europa se ha convertido en gran máquina de exportación de ahorro para invertirlo en el tejido productivo de los otros bloques comerciales. Este desvío del ahorro europeo se eleva a 2,6% del PIB europeo, siendo esto más o menos el volumen de recursos que necesita la UE, según estimaciones de Bruselas, para adaptar su economía a los grandes desafíos de nuestros tiempos.  

La posición de España respecto de los intercambios extracomunitarios se asemeja a la del conjunto de la UE. Sin embargo, afortunadamente en nuestro caso el deterioro se ha compensado con la mejora competitiva dentro del bloque europeo: las exportaciones ganan peso en el Mercado Único, el saldo de la balanza externa con el resto de la Unión es cada vez más favorable, y la inversión directa en empresas españolas desde otros socios comunitarios se ha afianzado. Prosigue, no obstante, el déficit de inversión nacional, en parte por factores internos, pero también por las incertidumbres del entorno europeo.

Para
España, el riesgo más inmediato proviene de la erosión del Mercado Único
generada por la multiplicación de ayudas de Estado y de otras posibles
iniciativas de aquellos socios comunitarios que se han visto más afectados por
la reglobalización. Pero conviene reconocer que nadie dispone ya de la
masa crítica para salvarse por sí solo: el principal reto radica en la
construcción de una respuesta común a los desafíos globales. La unión
financiera, con una armonización fiscal del impuesto de sociedades, es una
alternativa que facilitaría la reinversión del ahorro europeo. Otra opción consistiría
en la creación un presupuesto común de inversión, siguiendo los pasos del
programa Next Generation pero gestionado desde Bruselas. Las elecciones
europeas son una oportunidad para debatir estas y otras vías de solución ante
un statu quo perjudicial para la economía europea y su modelo social
único en el mundo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO | Según la asociación europea de fabricación de automóviles, los vehículos eléctricos o híbridos representaron el 48,1% de las matriculaciones totalizadas en 2023. Prácticamente uno de cada cinco de estos vehículos provenía de China, un porcentaje que podría seguir creciendo a tenor del diferencial de precios, en el entorno del 25%, incluso después de la aplicación a las importaciones de un arancel del 10%. La Comisión estudia la posibilidad de elevar el arancel hasta el 25%. Entre tanto, algunos constructores del país asiático han anunciado proyectos de fabricación en España y Hungría. 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Gracias por leer El descuelgue europeo con una mirada española, una entrada de Funcasblog.

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