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La electricidad, las subastas y las sardinas

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Sardinas a precio de besugo: con tan suculenta alegoría se describía hace unas fechas en los medios la subasta “marginalista” con la que se determina en nuestro país el precio de la electricidad cada día. La metáfora —un símil tan incorrecto como potente— triunfó, fijando en la opinión pública la idea de que este sistema constituye un fraude al consumidor. Sin embargo, como en tantas ocasiones, lo expresivo de la imagen no arroja luz sobre el funcionamiento de las subastas eléctricas e impide valorar las razones por las que usamos este mecanismo para determinar el precio de algo tan esencial como la energía eléctrica. Subsanemos, pues, ambas lagunas en las siguientes líneas.

El precio de la electricidad que estamos consumiendo ahora se determinó en una subasta ayer. A la misma acudieron las empresas generadoras  y presentaron ofertas en las que especificaban cuanta energía producirían en caso de obtener la adjudicación y a qué precio. La gran virtud que tiene este tipo de subasta —dejando a un lado efectos estratégicos de segundo orden— es que las empresas tienen incentivos a pujar por lo que verdaderamente les cuesta producir la electricidad. Las pujas se van aceptando de manera ordenada, desde las ofertas más bajas (es decir, las de empresas con tecnologías menos costosas: las más eficientes) a las más altas, hasta que se alcanza la demanda estimada de electricidad. Ahora viene la sardina: si, efectivamente, el precio queda fijado por la última oferta aceptada y todas las empresas reciben ese mismo precio, ¿es esto un “chollo” para las empresas inframarginales que han pujado por debajo de ese precio? No necesariamente. Pensemos que esta compañía puede ser, por ejemplo, una generadora eólica, a la que le cuesta poco producir electricidad pero que necesita de esos beneficios para amortizar el coste de los molinos de viento. 

Esta subasta no es una anomalía española, no es el  “ancho de vía ibérico” de la electricidad. Todo lo contrario: su diseño se basa en contribuciones de varios premios Nobel de Economía (entre ellos, los de la edición de 2020, Milgrom y Winson) y es el mecanismo estandarizado por el que gran parte de los países de nuestro entorno —y muchos más en todo el globo— fijan el precio de la luz. La razón de su éxito es que tiene dos importantes ventajas.  La primera es que selecciona las fuentes de energía más eficientes en cada momento. La segunda ventaja consiste en que, si una fuente de energía —por ejemplo, la fotovoltaica— obtiene altos beneficios, incentiva la inversión en esta tecnología y eso, a medio plazo, hace que el precio baje. 

“Si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no”.

Juan José Ganuza

Esta “bella” subasta, a pesar de haber funcionado exitosamente durante décadas, no ha podido evitar que el aumento desorbitado del precio de gas natural, producto de los problemas de suministro y de los derechos de emisión, haya disparado el precio de la electricidad. Pero si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no. Al cambiar las reglas, las empresas cambiarán la forma de pujar, y lo que nos dice la teoría de subastas es que el resultado no variará significativamente. Si las empresas pagan según sus pujas (subasta discriminatoria, porque el mismo kW/h se paga a diferentes precios ), podemos suponer que los precios, de media, serán ligeramente más bajos pero habría que asumir un coste de eficiencia, puesto que no siempre utilizaríamos las tecnologías con menores costes. Nos iría mucho peor si pretendemos seguir la estrategia de igualar el precio a la puja media. Las pujas se dispararían y los costes de eficiencia también. La subasta se convertiría en la lotería de navidad, porque a las empresas les costaría mucho calcular sus pujas y habría errores de asignación, de modo que en muchas ocasiones las empresas con altos costes de producción desplazarían a las más eficientes. Las subastas no hacen milagros; simplemente reflejan la competencia que existe en el mercado. Imaginemos que a una de estas empresas les cuesta cero producir un kW/h, pero sabe que el consumidor lo necesita para no tener un apagón y que su mejor alternativa es comprarlo a un precio de 200 euros, ¿a qué precio venderá?

Para reducir el precio, por tanto, el único camino es cambiar la estructura del mercado. Por ejemplo, excluyendo de la subasta a determinadas tecnologías que sabemos que tienen costes de producción muy por debajo del precio actual de mercado y fijándolas un precio regulado. Pero si nos adentramos en ese camino, debemos poner un ojo en la seguridad jurídica y otro en diferenciar entre la empresa que invirtió en el molino de viento anteayer, exponiéndose al riesgo y ventura,  y aquellos que amortizaron hace décadas sus inversiones, cuando la palabra derechos de emisión no figuraba siquiera en nuestro vocabulario. Las subastas no son el problema, pero pueden ser gran parte de la solución. Recordemos que también se utilizan subastas para comprar energía en el largo plazo. En las últimas subastas de energías renovables que se realizaron en España, se fijaron precios de entre 25 y 30 euros por kW/h para períodos de varios años. ¿Por qué? Primero, porque las empresas de energías renovables tienen que hacer inversiones de largo plazo, y el mercado diario es pan para hoy y hambre para mañana. Los altos precios de la electricidad están acelerando la inversión en fuentes de energía renovables que paulatinamente irán cubriendo la demanda, reduciendo con ello el precio. Los actuales agentes ya anticipan ese futuro. Pero, además, las subastas hacen que la competencia funcione. Este es un mercado sin grandes barreras a la entrada, en el que por ejemplo, Forestalia, una empresa que provenía del sector cárnico, ha ganado importantes concesiones de energía eólica. Cuando el mercado es tan competitivo, el precio de la subasta se acerca al coste medio de la tecnología, evitando a los consumidores (y a las empresas), los riesgos y los sustos que estamos viviendo ahora.

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El gas ruso y la economía española

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Las perspectivas de recuperación de la economía española dependen en buena medida de un factor inesperado: el precio del gas. El frenazo provocado por la escalada del coste de la materia prima ya es patente, por su ristra de efectos en los precios de la electricidad y del transporte, el consumo y la actividad de los sectores electro-intensivos. 

Fuentes: Mbgas y GIE-AGSI.

Y la intensidad del crecimiento económico que cabe esperar para el próximo año estará también determinada por la cotización del combustible fósil: de mantenerse esa cotización en los niveles actuales hasta la primavera, antes de emprender una senda descendente en línea con lo que se anticipa, la inflación se situará netamente por encima del 2%, pero en cotas todavía moderadas, y el crecimiento podría rozar el 6%. 

Sin embargo, si ese descenso no se produjera, las empresas no tendrían más remedio que repercutir en sus precios de venta el alza de costes, lo que empujaría la inflación hasta el 3% —una estimación todavía prudente, basada en los valores mínimos de la pauta histórica—. Habida cuenta de la inercia de los salarios (solo el 16% de trabajadores amparados por un convenio colectivo tienen cláusula de garantía, frente al 65% antes de la crisis financiera), cabría esperar un recorte del crecimiento esperado para 2022, de al menos medio punto en relación al escenario central. 

Además, las tensiones se mantendrán durante un tiempo prolongado. Uno, porque la oferta de gas está constreñida por el compromiso de las principales economías de lucha contra el cambio climático, y de reducción de sus inversiones en energías fósiles. Un solo productor, Rusia, abastece el 20% del total del gas consumido en el mundo, mayormente mediante su todopoderosa Gazprom que opera bajo el férreo control del ejecutivo. El país ostenta las reservas más importantes del planeta, y es prácticamente el único que puede modular la extracción en función de la situación del mercado, y naturalmente de sus intereses. Por tanto, a diferencia de otros suministros como los chips que también provocan cuellos de botella, el déficit de gas tenderá a ser crónico y sujeto a la geopolítica. No ayuda el bajo nivel de reservas estratégicas de gas, fruto de la imprevisión en la mayoría de países europeos, como el nuestro.   

Otro factor de presión prolongada en los precios proviene de la insuficiencia de la inversión acumulada en energías renovables, algo que trunca las posibilidades de sustitución de las energías fósiles. La Agencia Internacional de la Energía estima que será necesario invertir el equivalente del 2% del PIB mundial de aquí a 2030 para producir ese efecto sustitución. Para España, esto equivale a 24.000 millones de euros anuales, sin contar la inversión adicional en recalificación. Si el esfuerzo descansara exclusivamente en el Estado, habría que dedicar el total de los fondos del Next Generation a la transición energética, y una vez estos fondos agotados, renunciar a todas las otras inversiones. Como esto no es posible, el papel del sector privado es vital: sin un esfuerzo conjunto público-privado, los costes de la transición seguirán pesando sobre la economía española y los ingresos de los hogares, especialmente los más desfavorecidos. 

Por tanto, junto con el esfuerzo público, es oportuno crear un entorno propicio a la inversión privada en renovables, en eficiencia energética y en adaptación del capital productivo. La estrategia solo puede descansar en incentivos bien diseñados y previsibles, en paralelo a una regulación reformada de los mercados y mejoras en las infraestructuras energéticas. Europa empieza a tomar conciencia de la envergadura del desafío. Y de su complejidad (¿conviene dar luz verde al gasoducto ruso, o es esto incoherente con los objetivos medioambientales?) que también se extiende a nuestro país. 

El caso del vehículo eléctrico es paradigmático: esta puede ser una gran baza, pero para su desarrollo precisa de un horizonte claro de incentivos fiscales, regulaciones y costes del suministro eléctrico. Coherencia en las políticas, para facilitar la transición energética.  

PRECIOS | La tasa de inflación ascendió de forma pronunciada a lo largo del trimestre hasta registrar un 4% en septiembre, impulsada por los productos energéticos, especialmente la electricidad, así como los alimentos. La tasa subyacente también se ha movido al alza, aunque aún se encuentra en niveles bajos, un 1% en septiembre. No obstante, el encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, y la escasez de suministros, han disparado el índice de precios industriales hasta una tasa de crecimiento en agosto del 18%, solo superada en los años 70.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La transición energética y sus costes

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El verano ha sentado bien a la economía española, gracias al fuerte tirón del turismo y a la pujanza del mercado laboral. Tanto la ocupación hotelera como los desplazamientos apuntan a una temporada que se acerca al 70% del nivel record de 2019, desmintiendo algunas de las previsiones sombrías a raíz de la expansión de la variante delta. Por otra parte, la afiliación a la seguridad social crece a ritmo sostenido, alimentando el rebote del consumo de las familias. Algo similar sucede en los países vecinos, de ahí la mejora europea y en paralelo la de nuestras ventas en el exterior. Todo ello augura un tercer trimestre boyante, con un crecimiento del PIB sin duda superior al 3%. 

El reverso de la medalla es
el mantenimiento de la senda alcista de los costes industriales. La escalada, en
su vertiente no energética, es esencialmente transitoria: los productores de
metales, contenedores y suministros tecnológicos como los chips aprovechan los
cuellos de botella para ampliar capacidad productiva, por lo que se vislumbra
una moderación de sus tarifas a partir de la primavera.

Sin embargo, el
encarecimiento del gas y sobre todo de la electricidad parece más persistente, habida
cuenta de la inercia de la oferta. Podríamos estar, por tanto, ante el riesgo
de un inoportuno shock de oferta, que a falta de reformas sería
especialmente negativo para nuestra economía.

El principal factor es
global: la lucha contra el cambio climático es prioritaria, pero obliga a
incorporar el coste de las emisiones de carbono. El resultado es un
encarecimiento de la producción intensiva en energías fósiles y singularmente
de la electricidad, ya muy visible en el mercado. Este ciclo durará todavía
unos años, hasta que la oferta que proviene de fuentes no contaminantes ocupe
el terreno de las fósiles. A esta tendencia general, se superpone un mercado
eléctrico español que tiende a amplificar las fluctuaciones del coste de las
energías más contaminantes. Ésta es una consecuencia cuasi matemática del
sistema marginalista tal y como se ha diseñado.

El corolario es el
deterioro del poder adquisitivo de empresas y particulares, de momento
eclipsado por el rebote del gasto embalsado durante la crisis. Las empresas que
se enfrentan a una competencia feroz no pueden permitirse ajustar sus precios,
y por tanto los márgenes se reducen. Los trabajadores, por su parte, no están
en condiciones de reivindicar una recuperación de sus ingresos reales. Si
empresas y familias lograran compensar el aumento de costes externos, se
generaría un bucle inflacionista que sin duda presionaría sobre los tipos de
interés. 

Fuente: Markit Economics, INE, Agencia Tributaria y Funcas.

Otro riesgo, tal vez mayor, es el de pérdida de competitividad de los sectores más expuestos al shock energético. El aparato productivo español es relativamente dependiente de las energías fósiles y por tanto será uno de los más penalizados por el incremento del precio del CO2, amplificado por un diseño defectuoso de nuestro mercado eléctrico.

La apuesta del Plan de recuperación por la transición energética es, por tanto, acertada. Para convertirla en realidad, una premisa es que las empresas que hayan sobrevivido a la crisis pandémica aguanten el impacto del shock, razón por la cuál una reforma del sistema de formación de precios eléctricos es urgente. Además, es crucial que las inversiones que se financien con los fondos europeos sean rentables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Esto no se consigue con meras subvenciones a proyectos de energía renovable, sino con una estrategia que incluye una senda gradual y previsible de ajustes fiscales, inversiones de infraestructura y una evaluación permanente de la relación coste-beneficio de las diferentes iniciativas.

El cambio del modelo energético es imprescindible para cumplir con los objetivos medioambientales. Pero conviene reconocer los costes de transición para el aparato productivo español, y afrontarlos con reformas, medidas que minimicen el impacto sobre los sectores más vulnerables e incentivos bien diseñados.

PRECIOS | El recién divulgado índice de precios industriales apunta a una creciente brecha entre el ciclo alcista de los suministros energéticos e intermedios, y la moderación de las tarifas practicadas por la mayoría de sectores. Entre enero y julio el precio del suministro de energía eléctrica y gas se encareció un 44,1%, y el de los productos intermedios como el hierro, el acero, el aluminio y otros metales lo hizo un 12,3%. Mientras tanto, los precios de producción de bienes de consumo y de bienes de equipo acumulan incrementos muy inferiores, del 3% y 2,1% respectivamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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