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Las habilidades digitales de los jóvenes en España: notable, con margen de mejora

julio 14, 2023

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La inserción laboral de los jóvenes en España sigue siendo un reto social importante. En 2022, menos de una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 24 años (23,2 %) se hallaban empleados, mientras que uno de cada diez (9,7 %) declaraba encontrarse en situación de desempleo. Ambos datos se situaban lejos de las correspondientes medias europeas (UE-27): 34,7 % y 5,9 %, respectivamente¹. Por tanto, en el contexto de la Unión Europea, los jóvenes menores de 25 años que en España tienen empleo son menos, y los desempleados, más. Estas diferencias se deben, en buena medida, a factores institucionales que afectan al funcionamiento de la economía, así como del sistema educativo y de formación profesional. Para abordar esta problemática, es fundamental que los sistemas educativos doten a los jóvenes de habilidades para el empleo y el emprendimiento. La ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado el 15 de julio, reconociendo la importancia de este tema a nivel global.

La demanda de habilidades por parte de los empleadores, tanto del sector privado como público, hacia los jóvenes es variada y se encuentra en constante evolución. Actualmente, existe una creciente demanda de habilidades relacionadas con la tecnología. Los mercados laborales requieren trabajadores capaces de utilizar programas informáticos y aplicaciones, así como de resolver eficaz y eficientemente los problemas que surgen en su uso. Además, dada la importancia estratégica del sector tecnológico, una economía competitiva debe no solo adoptar y utilizar tecnologías “foráneas” en sus procesos, sino también ser capaz de generar innovación. Para lograrlo, es necesario contar con un entorno institucional que se adapte a las características específicas del sector tecnológico, además de fomentar entre la población activa la adquisición de las habilidades necesarias y promover el desarrollo de la creatividad y capacidad emprendedora, en particular entre los jóvenes. Especial valor se concede al conocimiento avanzado de informática, sobre todo, en áreas como la programación.

Sobre la situación de los jóvenes españoles en relación a estas habilidades, dan cuenta las encuestas que analizan el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC de 2022, realizada anualmente por el INE, el uso diario de Internet es generalizado entre los jóvenes españoles: un 97,3 % de los que tienen entre 16 y 24 años utilizan Internet varias veces al día (gráfico 1). No obstante, el uso frecuente de Internet no garantiza un dominio de la tecnología.

Los principales motivos de uso de Internet entre los jóvenes españoles son la comunicación y el entretenimiento, actividades que han realizado casi la totalidad de los jóvenes (98,9 %) en los últimos tres meses (gráfico 2). En cambio, el uso de Internet con fines informativos (90,2 %), educativos (77,2 %) y de participación política o social (25,9 %) se sitúa en niveles inferiores. Estos datos sugieren una buena adaptación a las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana, aunque también un amplio margen de mejora en el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje y participación activa en la sociedad.

En cuanto a tareas más avanzadas o relacionadas con el ámbito educativo y laboral, como el uso de hojas de cálculo y la programación en lenguajes específicos, se observa una diferencia significativa en su adopción por parte de los jóvenes de 16 a 24 años. Mientras que el uso de hojas de cálculo está bastante extendido y se considera común entre los jóvenes, la utilización de la programación es menos frecuente (gráfico 3). Solo alrededor del 15 % ha utilizado lenguajes de programación en los últimos tres meses. Por o que se refiere al grupo de edad en el que la gran mayoría de los jóvenes han finalizado su educación formal (25-29 años), incluso entre aquellos con mayor nivel educativo, como graduados o doctores, la programación es poco común: solo uno de cada diez de estos jóvenes con estudios universitarios completados ha realizado esta actividad en los últimos tres meses. Sin embargo, esta cifra se duplica (26 %) entre aquellos que han cursado formación profesional superior (gráfico 4).

Si se amplia la perspectiva de análisis a la Unión Europea, se observa que los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años superan la media europea tanto en el uso de hojas de cálculo como en el de lenguajes de programación. Según datos publicados por Eurostat, el 58 % de los jóvenes entre 25 y 29 años en España ha utilizado hojas de cálculo en los últimos tres meses, ocho puntos porcentuales por encima de la media comunitaria (gráfico 5). En cuanto al uso de lenguajes de programación, España se sitúa justo detrás de los países nórdicos, que encabezan la lista junto con Austria, Malta y Portugal. El 15,3 % de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años ha utilizado lenguajes de programación, superando en casi cuatro pp la media europea (gráfico 5).

Esta posición relativamente buena de los jóvenes españoles no debe ocultar la existencia de un considerable margen de mejora en el fomento de sus habilidades tecnológicas, y más aún en el contexto de una sociedad en la que crece la proporción de población que, por su edad, abandona el mercado de trabajo. El sostenimiento de la población dependiente (mayores y niños) necesitará no solo de cambios organizativos en el sistema de protección social, sino también de aumentos muy importantes de la productividad, que necesariamente vendrán de la mano de los avances tecnológicos.

^[1] Datos extraídos de Eurostat. Téngase en cuenta que en España, a
diferencia de la mayor parte de los países europeos, la edad laboral comienza a
los 16 años. Por tanto, el denominador de la fracción de estas tasas de empleo
y desempleo incluye a jóvenes de 15 a 16 años que, legalmente, no son
laboralmente activos.

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Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

junio 9, 2023

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El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Los avances en digitalización deben alinearse con la estabilidad financiera

mayo 26, 2023

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El verdadero potencial de la digitalización en todas las esferas de la economía y la sociedad probablemente aún está por descubrirse. Será un proceso dinámico que llevará tiempo —y de hecho evolucionará con los años— aunque habrá momentos de fuerte aceleración y vértigo, como podría ser el actual con la aparición de la nueva inteligencia artificial, la generativa, en el que el pionero ante la opinión pública ha sido ChatGPT, pero otros están siguiendo, como Bard (Google) o AutoGPT. En todo caso, las implicaciones de la intensa digitalización para la industria de servicios financieros han sido ya abundantes, pero todavía quedan infinidad más por venir, al tratarse de una de las actividades donde la información juega un papel central. Esto afecta a personas, empresas y gobiernos y es una cuestión geopolítica de primer nivel.

Lo digital también tiene notables riesgos, que inadecuadamente vigilados, podrían generar considerables perjuicios de todo tipo y truncar un proceso —que parece imparable-— que puede facilitar grandes beneficios en materia de productividad y bienestar. La supervisión de esos riesgos es crítica, particularmente en el sector financiero, donde se halla depositado gran parte del ahorro de la sociedad y donde su estabilidad es determinante para el buen funcionamiento del mercado de crédito. Todos reconocemos como objetivo primordial de estabilidad financiera evitar crisis bancarias. Sin embargo, tiene más propósitos, trascendentales también para el buen funcionamiento de la actividad económica, como es ofrecer crédito suficiente y solvente. Y, en este sentido, la digitalización debe hacer más eficiente ese proceso a la vez que no acrecienta riesgos de estabilidad financiera.

La crisis que ha sacudido a un determinado grupo de bancos medianos estadounidenses —y que no puede considerarse cerrada aún—, como Silicon Valley Bank o First Republic Bank, entre otros, no es ajena a los riesgos de la digitalización, cuando se cometen determinados errores en la gestión interna o en la supervisión externa de las entidades. En primer lugar, estos bancos han estado expuestos a un segmento de negocio que adolecía de sobrevaloración y la corrección les ha pillado sin otros sectores en los que apoyarse. No obstante, es tanto o más importante que el modelo de negocio y la gestión de liquidez y riesgos de activo de esos bancos dejaba mucho que desear. El impacto de la existencia de abundantes depósitos digitales —con gran facilidad de movilidad— y los rumores (no siempre fundamentados) de redes sociales jugó un papel significativo en los problemas que sucedieron. Tampoco ayudó ciertamente la reacción inicial del supervisor, la Reserva Federal. Sin embargo, en el entorno digital, las exigencias de buena gestión, buena gobernanza y comunicación exterior y solvencia suficiente se hacen aún mucho mayores, por la facilidad que potencialmente existe en muchas jurisdicciones de esos trasvases rápidos de depósitos de unos bancos a otros. No significa ello que lo acontecido en Estados Unidos vaya a ocurrir necesariamente en todos los países, algo improbable a día de hoy. Sin embargo, se haría mal en considerar que este es un problema exclusivamente de ese país y no tomar las medidas oportunas por un lado en la gestión de las entidades y por otro, en la supervisión de las mismas, para evitar situaciones de inestabilidad futuras, conforme la digitalización progrese y haga más eficiente y rápido el proceso financiero, pero también desafiado por nuevos riesgos. Un trabajo reciente de los economistas Naz Koont, Tano Santos y Luigi Zingales titulado “Destabilizing Digital ‘Bank Walks’” muestra con datos del segundo trimestre de 2022 que las retiradas de depósitos fueron significativamente superiores en bancos digitales que en bancos tradicionales en estados Unidos. También ponen de relieve que la retirada de depósitos fue más voluminosa en territorios donde el uso de Internet (y de lo digital) es mayor. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de la tangibilidad para el cliente y de qué nivel de confianza se deposita en un banco puramente virtual frente a otro con servicios online pero con relaciones presenciales.

Es en ese contexto, donde el futuro digital requiere nuevos modelos de gestión de la liquidez y riesgos y nuevas perspectivas de la supervisión. Es un debate importante para los próximos años, donde la digitalización progresará, pero será necesario que produzca seguridad y estabilidad financiera. En este contexto, aparece oportuno plantear que cualquier iniciativa importante como las monedas digitales de los bancos centrales considere esos riesgos de estabilidad financiera, no solo para evitar problemas en entidades concretas sino también para garantizar que el mercado del crédito funcione correctamente. Un contexto en el que la moneda digital (sea el euro o dólar o cualquier otra) permita capacidades de depósitos privados en el banco central es un entorno que puede generar graves disfunciones en el sector bancario tradicional si no garantiza un adecuado funcionamiento del mercado de crédito, donde, hoy por hoy y en el futuro previsible, los bancos van a seguir jugando un papel central. Y estos precisan de una base sólida de depósitos, remunerada adecuadamente, para financiar ese crédito necesario. La existencia de una cuenta “libre de riesgos” que permitiera depósitos significativos en el banco central, una idea en algún momento planteada como hipótesis, podría generar disfuncionales notables en el funcionamiento del mercado de crédito y en la estabilidad financiera. El efectivo sigue teniendo un papel y tener una diversidad de opciones de pago es importante, útil y más seguro. Las monedas digitales son un gran avance, sin duda, pero hay que considerar las implicaciones en un sentido amplio para los mercados financieros y la economía, en la letra pequeña —y no tan pequeña— de esos proyectos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La transición digital y ecológica: un doble déficit

abril 24, 2023

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Además de los shocks macroeconómicos generados por la inflación y el ajuste monetario, la economía afronta un doble cambio estructural: el giro en la globalización provocado por las tensiones geopolíticas, y la revolución de las tecnologías digital y ecológica. De momento, el modelo productivo español parece inmune a ambas transformaciones en términos agregados, a tenor del superávit de nuestros intercambios con el exterior —superior al 1% del PIB en 2022, pese al encarecimiento de la energía—. Este hito se explica, al menos en parte, por los reducidos costes laborales de las empresas españolas en relación a sus principales competidores.

Sin embargo, este resultado global no debería eclipsar una tendencia subyacente, a saber, el creciente déficit de nuestros intercambios tecnológicos, revelador de una debilidad estructural que, de no corregirse, pondrá en peligro el excedente del total de intercambios con el exterior. Durante los últimos años las importaciones de los bienes más representativos de la transición digital —teléfonos móviles y sus componentes, ordenadores y convertidores con electrónica de potencia— se han incrementado a un ritmo muy superior al de las ventas en el exterior. La consecuencia es que el desequilibrio digital que ya existía antes de la pandemia se ha agravado, hasta alcanzar cerca de 10.000 millones.

De manera similar y tal vez más preocupante habida cuenta de nuestra ventaja comparativa en recursos renovables, nuestros intercambios de tecnología ecológica —aproximada aquí por el comercio internacional de paneles fotovoltaicos, coches eléctricos y baterías de litio— se caracterizan por un importante y creciente déficit. La brecha se ha acrecentado hasta rozar los 7.200 millones. Con todo, la balanza total de la doble transición digital y ecológica arroja un agujero de 17.200 millones, casi 7.000 millones más que en 2019.

Bien es cierto que otros sectores compensan el deterioro (de ahí el mantenimiento del superávit a nivel agregado). Destaca el auge internacional de la industria del medicamento, que encadena los excedentes en sus intercambios con el extranjero. Este podría ser uno de los sectores más favorecidos por el proceso de relocalización de las cadenas de suministro, en respuesta a un mundo más polarizado que requiere de una mayor seguridad en el abastecimiento de productos esenciales. Los servicios no turísticos también mejoran su presencia en el exterior, paliando la cuasi desaparición del turismo durante la pandemia, y de esa manera contribuyendo notablemente al resultado de conjunto. Disponemos, por tanto, de sólidos factores de adaptación ante la nueva era de la globalización.

Pero a la larga no está claro que estos factores puedan compensar el creciente déficit tecnológico. Por ejemplo, es evidente que una mutación industrial hacia el vehículo eléctrico es imprescindible para preservar la aportación del sector automotriz a la economía del país. Otro caso es el de los paneles solares, cuya producción en nuestro territorio ayudaría a poner en valor los recursos renovales.

En todo caso, el desequilibrio del comercio tecnológico es revelador de algunas vulnerabilidades en nuestra capacidad de adaptación a las transformaciones digital y ecológica. Porque en esta gran mutación pierden peso los costes laborales como factor de competitividad. Y escalan los “intangibles” como la capacidad de innovación, la atracción de talento, la calidad del capital humano y la modernización de la organización del trabajo, así como la previsibilidad del entorno en el que operan las empresas, estimulando sus inversiones.

Los EE UU lo han entendido, desplegando un arsenal de incentivos de corte abiertamente proteccionista. Europa debe encontrar su propio camino dentro de una visión inspirada por el multilateralismo, pero acorde con los tiempos geopolíticos que corren y la necesidad de no quedarse atrás en la transición tecnológica. Nuestra economía dispone de activos naturales, especialmente en lo que atañe a la energía, y de los recursos europeos del Next Generation. El déficit tecnológico evidencia el camino que queda por recorrer para potenciarlos.

SALDO EXTERNO | Los datos de Aduanas hasta febrero apuntan a una reducción del déficit del comercio exterior de bienes, hasta 10.800 millones de euros (frente a 6.400 un año antes). Esta mejora obedece al abaratamiento de la factura de las importaciones energéticas y a la mejora del saldo de los intercambios de productos químicos, medicamentos y semi-manufacturas como el hierro y el acero. A la inversa, el superávit del comercio exterior de automóviles se ha reducido, mientras que en el caso de la maquinaria de oficina y telecomunicaciones, el déficit se ha agravado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los pagos en la pandemia

julio 18, 2021

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La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país.

Bizum es tecnología propia bancaria —y telefónica, lógicamente—, algo de lo que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero —el comentado caso de Bizum, por ejemplo— ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares.

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los precios que vienen

mayo 21, 2021

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sinfonía del plan

abril 29, 2021

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Criticar es deporte nacional. Seguramente hay motivos para ello a menudo y en muchas ocasiones una intención constructiva. Para la economía española, el momento es de urgencia. Existe ya un plan que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que será enviado a Bruselas este viernes para su validación, con la vista puesta en que, en verano, lleguen los primeros fondos. Puede que adolezca de falta de concreción, pero, en este momento, tal vez nos baste con unas líneas directrices y, sobre todo, que sea ambicioso. Avanzar en torno a un plan no es una cuestión despreciable por dos motivos. En primer lugar, los criterios de gasto vienen marcados por la UE y son distintos de los habituales, más transformadores. En segundo lugar, el sector empresarial español se ha involucrado para promover “proyectos tractores”. No muy lejos de aquí, otro de los grandes receptores de fondos europeos, Italia, con el muy reputado Mario Draghi a la cabeza, pretende modernizar su país, con un plan que no difiere tanto del español en concreción, pero que identifica sin complejos problemas estructurales sin tapujos. En ambos territorios, la credibilidad y profundidad de la acción va a depender de su control y de reformas aparejadas e incentivos que acompañen al gasto.

El plan supone un movimiento muchas veces ansiado y que la aritmética electoral ha hecho casi imposible hasta ahora: poder incrementar partidas de gasto que los economistas han considerado, hasta ahora, más prioritarias que los políticos (investigación, digitalización, formación o sostenibilidad ambiental) sin que esto vaya en detrimento de los gastos habituales (gasto social y sanitario, por ejemplo). Los porcentajes de gasto son como los colores, van por gustos y según cómo cada cual hubiéramos diseñado el plan. Tal vez hubiera sido preferible poner algo más en I D, que solamente se lleva un 7% del gasto. Esta distribución se puede mejorar aun si las partidas dedicadas a sostenibilidad y digitalización —que son mayoritarias— estimulan la investigación aplicada.

Los grandes enunciados del plan lógicamente suenan bien, aunque habrá que esperar a conocer todos los detalles en unos días. El documento incluye 110 inversiones y 102 reformas. Los llamados “macroplanes tractores” incluyen el coche eléctrico, la rehabilitación de edificios y el 5G, pero también la preservación de recursos hídricos o la economía de los cuidados. Todos y cada uno de ellos deben tener los incentivos adecuados para que el gasto no sea cosa de un día, sino que perduren y generen su propia inercia. Desde la posibilidad de cubrir energéticamente un parque eléctrico de vehículos hasta la cobertura y coste para el ciudadano de acceder al 5G son cuestiones cruciales.

Por último, España no podrá alejarse de las medidas transversales que ya han tomado otros países con los que competimos en todo (Italia, Portugal), que se han adelantado a anunciar una reducción de impuestos a corto plazo y mejores incentivos, como la eliminación de burocracia. Las acciones futuras de política económica deben estar coordinadas dentro y fuera del país para que sean un todo sinfónico y no terminen siendo un collage algo desafinado, con resultados desiguales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos sin margen de error

noviembre 2, 2020

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Covid-19 y desigualdad

septiembre 30, 2020

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

septiembre 7, 2020

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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