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El ángulo positivo. En recuerdo y agradecimiento a Julio Carabaña

Amargo golpe, la noticia del fallecimiento de Julio Carabaña nos llegó el 5 de noviembre de 2024. Una larga y penosa enfermedad, de la que prefirió no informar a colegas e, incluso, a amigos, acababa con su vida a los 76 años. En esa impenitente búsqueda de sentido de lo que ocurre en nuestro entorno que practicamos muchos de quienes compartimos profesión con Julio, el momento de su muerte se podía interpretar como el último memento que nos legaba: “no es para tanto”. Y es que esta acontecía apenas una semana después de la devastadora riada en Valencia, cuando todos andábamos sobrecogidos por el alcance de la tragedia, cuyo coste en vidas humanas ya se cifraba entonces en más de 200. 

Valencia es una tierra que Julio conocía bien porque en su universidad había estudiado Filosofía y Letras en los años sesenta. Después de ampliar estudios en Alemania, a mediados de los años setenta regresó sociólogo a su país. El título de su tesis doctoral, Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX, defendida en 1983 en la Universidad Autónoma de Madrid, mostraba ya claramente su interés por los fenómenos sociales relacionados con la economía, y recogía conceptos clave de su reflexión y labor sociológicas. No abandonó ni una ni otra hasta los últimos días de su vida, aunque en 2010 se había jubilado como catedrático de Sociología, veinte años después de su nombramiento en la Universidad Complutense de Madrid.

En Funcas pudimos beneficiarnos de algunas de las últimas aportaciones de Julio. En septiembre de 2023 publicamos el libro Tres aproximaciones a la desigualdad social en España: rentas disponibles, rentas ampliadas y ocupaciones, al que Julio aportó el capítulo “Más estudios, menores ingresos, mejores profesiones: el ascensor social se ha seguido acelerando en España entre 2005 y 2019”. En él ponía en cuestión varios lugares comunes, entre ellos, el aumento de la desigualdad y la disminución de la movilidad social. Su investigación sobre la movilidad profesional demostraba, más bien, lo contrario. Que las claras mejoras profesionales de los jóvenes respecto a la generación de sus progenitores no se hubieran reflejado en un aumento de ingresos laborales no debía conducir a la conclusión de que no había mejorado su vida; más en concreto, las actividades que, empleo mediante, absorben una parte importante del tiempo vital. 

“No es para tanto”, venía a decir Julio en ese texto; un mensaje que también prevalecía en su perspectiva sobre otros temas a los que dedicó su obra. Y no porque le parecieran problemas sociales menores o fáciles de resolver, sino porque estaba convencido de que exagerar su dimensión —a menudo sobre bases epistemológicas y metodológicas cuestionables— no conducía a contribuciones positivas al debate y al diseño de políticas públicas para afrontarlos razonablemente. 

Poniendo a prueba empírica supuestas verdades establecidas, Julio buscaba el ángulo positivo, en la doble acepción de este adjetivo: cierto y beneficioso. Así, por ejemplo, al discurso sobre la creciente desigualdad social contraponía las evidencias de la movilidad profesional ascendente o de la decreciente pobreza absoluta; al discurso sobre el fracaso escolar, las evidencias de  rendimientos educativos medios (medidos, por ejemplo, en las pruebas PISA) que no distinguían tanto a España respecto de otros países, incluso de aquellos con un nivel de gasto público en educación bastante más elevado; y al discurso sobre la persistencia del desempleo en España y sus consecuencias sobre la pobreza se enfrentaba advirtiendo de la conveniencia de centrar el foco en la productividad, una variable que también en el debate sobre la crisis de las pensiones consideraba crucial (otorgándole más importancia que a las ratios demográficas). 

Revisar los diagnósticos sociológicos ampliamente aceptados y trasladados a los medios de comunicación era probablemente uno de los principales acicates intelectuales de Julio, sobre todo, cuando tales diagnósticos hegemónicos cuestionaban los avances sociales o la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Probablemente su confianza en el progreso social se asentaba en su propia biografía, la brillante trayectoria académica y profesional de un chico nacido en el seno de una familia humilde en un pueblo de Cuenca (Fuente de Pedro Naharro). Reconocía abiertamente que eran muchas las personas que, desde niño, le habían ayudado en esa travesía, de la que —haciendo explícitas las deudas de gratitud contraídas con ellas— nunca le escuché preciarse: “no es para tanto”, podría haber espetado. 

Un manchego que no se daba el pisto… Seguramente esta boutade le habría arrancado una sonrisa, y esa —junto con la relación de sus colaboraciones, cada una de ellas acompañada de unas frases de su propia pluma— es nuestra mejor forma de rendirle homenaje y recordarlo en Funcas. 

“Así pues, ha resultado que, contra lo que solíamos creer, no es un ‘fracaso escolar’ alto lo que distingue a España de los países más ricos y avanzados. Nuestro principal problema sería, en todo caso, tener una proporción muy baja de alumnos de nivel alto”

Carabaña, J. (2004). Ni tan grande, ni tan grave, ni tan fácil de arreglar. Datos y razones sobre el fracaso escolar, Cuadernos de Información Económica, 180: 131-139.

“…nuestra ordenación universitaria actual está ya tan adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior como cualquier otro país (…). Podríamos incluso describir los acuerdos de Bolonia diciendo que consisten en que todos los países europeos adopten el modelo español de ordenación universitaria. Quizás sea esto un poco exagerado, pero no es mala manera de decir que podíamos habernos quedado quietos.”

Carabaña, J. (2006). Bolonia, ¿otro espejismo europeo?, Cuadernos de Información Económica, 190: 163-172.

“… en los últimos 20 años no solo ha disminuido la polarización social en torno a las escuelas públicas y privadas, sino que ello se ha debido a las preferencias de las clases medias por la escuela pública. Es una conclusión que puede resultar sorprendente. Pero no debería serlo para la parte de estas clases que, con su militancia a favor de la escuela pública, puede haber contribuido a este cambio de inclinaciones”

Carabaña, J. (2006). El progreso interclasista de la escuela pública (1985-2004) Argumentos para un debate razonado sobre la distribución del alumnado en el sistema educativo español, Panorama Social, 3: 7-26.

“Las evaluaciones empíricas de la reforma comprensiva de las enseñanzas medias españolas (…) llevan inevitablemente a la conclusión de que la reforma comprensiva en España no ha conseguido su objetivo inicial de disminuir el clasismo del sistema de enseñanza mediante la prolongación de la escuela única durante dos años más. El fracaso es quizá tanto más lamentable cuanto que era un fracaso anunciado no solamente por los sectores damnificados y por la oposición política, sino del puro razonamiento lógico y buena parte de razonamientos sociológicos, y constatado desde pronto por evaluaciones muy fiables.”

Carabaña, J. (2009). Los debates sobre la reforma de las enseñanzas medias y los efectos de ésta en el aprendizaje, Papeles de Economía Española, 119: 19-35. 

“Un remedio se deriva inmediatamente de lo anterior contra las falsas informaciones y las injusticias que la noción de fracaso escolar introduce en el sistema de enseñanza. Se trata de diversificar el sistema, sin necesidad de reordenarlo ni cambiar su estructura, creando escuelas, itinerarios o modalidades de enseñanza que puedan acoger a los actuales ‘fracasados’ escolares hasta obtener un título de Secundaria Superior.”

Carabaña, J. (2010). Fracaso escolar y abandono temprano, o por qué suspendemos tanto, Cuadernos de Información Económica, 213: 107-120.

“… quizás deberíamos reflexionar sobre las razones que llevan a gente sin duda tan bien intencionada como los autores del PNUD a preferir el trabajo a la productividad con el fin de asegurar la redistribución y la igualdad. ¿Son realmente incapaces los actuales Estados de separar producción y distribución, gobernando la primera según el principio de la eficiencia, y la segunda según el principio de la equidad?”

Carabaña, J. y Salido, O. (2011). Sobre la difusa relación entre desempleo y pobreza en España en el cambio de siglo, Panorama Social, 12: 15-28.

“En definitiva, tanto a la vista de lo que ocurre en otros países como de lo que ha ocurrido en España, es harto dudoso que el aumento de las titulaciones de Secundaria Superior hasta el 90 por 100 de la población vayan, no ya a ser cruciales para lograr una economía inteligente, sostenible e integradora, sino a bastar para aumentar un poco la productividad de los españoles. ¡Ojalá nuestra productividad dependiera un poco más de nuestro nivel de estudios!”

Carabaña, J. (2011). La clave de la economía no está en la enseñanza, Panorama Social, 13: 55-69.

“No es lo mismo, en fin, estar por debajo de un umbral de ingresos definido respecto a los demás que estar mal alimentado. Para detectar consecuencias graves de la pobreza sobre el desarrollo infantil debemos acercarnos a la pobreza absoluta”.

Carabaña, J. y Salido, O. (2014). Ciclo económico y pobreza infantil: la perspectiva de la pobreza anclada, Panorama Social, 20: 37-51. 

“’La juventud más preparada de nuestra historia vivirá peor que sus padres’: esta frase se incluyó en el manifiesto de Juventud Sin Futuro convocando sendas manifestaciones en Madrid y Barcelona el 7 de abril de 2011. (…). ¿De verdad será así? O, más bien: ¿de verdad está siendo así? Más exactamente: ¿ha sido así en el pasado reciente? (…). Las noticias sobre averías en el ascensor social, ya exageradas para el período 1991-2005, siguen siéndolo para el período 2005-2019.”

Carabaña, J. (2023). Más estudios, menores ingresos, mejores profesiones: el ascensor social se ha seguido acelerando en España entre 2005 y 2019. En: Bandrés, E., Rodríguez, J.C. y Carabaña. J.: Tres aproximaciones a la desigualdad social en España: rentas disponibles, rentas ampliadas y ocupaciones (pp. 125-169). Madrid: Funcas.

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El poder transformador de las instituciones

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El premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento crítico para la evolución de la sociedad y economía mundial. En un momento de fuerte desapego social. El reconocimiento a su trabajo sobre el papel fundamental de las instituciones en la prosperidad de las naciones no podría ser más relevante en un contexto global donde el escepticismo hacia las estructuras tradicionales de poder e influencia crece. Si algo nos enseñan estos tres economistas es que, lejos de ser meros mecanismos burocráticos, las instituciones son los cimientos sobre los que se construyen sociedades prósperas y equitativas, o bien, se perpetúan estructuras de pobreza y desigualdad.

Sus trabajos destacan que la riqueza o la pobreza de un país dependen tanto de la geografía, los recursos naturales o la cultura, como del tipo de instituciones que se desarrollan y, con frecuencia, se imponen. Sus investigaciones nos recuerdan que los momentos clave de la historia —particularmente el colonialismo— introdujeron sistemas que determinarían el destino de naciones enteras. Países que recibieron instituciones inclusivas, que fomentaron la participación política y el acceso a oportunidades, hoy son más prósperos. Mientras que otros, cuyas instituciones fueron extractivas y explotadoras, aún luchan por romper el ciclo de pobreza.

Este mensaje resuena de manera poderosa hoy, cuando el vínculo entre ciudadanos e instituciones es cada vez más frágil. Muchas personas observan las instituciones -que van de gobiernos a organismos internacionales- como entes lejanos y ajenos, ineficaces o, incluso, corruptos. Sin embargo, los laureados con este Nobel nos recuerdan que son estas mismas instituciones —cuando funcionan de manera inclusiva y justa— las que pueden cambiar el rumbo de las sociedades. El reto actual no es rechazar las instituciones, sino transformarlas para que sirvan mejor a los intereses colectivos.

En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson profundizan en esta idea. Las sociedades que logran construir instituciones que protegen los derechos individuales, garantizan la competencia económica y promueven la innovación, tienden a prosperar. Esto cobra especial importancia en un momento en el que la tecnología, el cambio climático y las tensiones geopolíticas requieren respuestas institucionales sólidas y flexibles y adaptativas que guíen a las naciones hacia un futuro más justo y sostenible. El conocido término de “élites extractivas” surge de la citada obra, que son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen.

La labor de estos tres economistas es tanto académica como eminentemente práctica. Ofrece un espejo en el que mirar para comprender por qué algunas naciones han logrado prosperar y otras no. En sus investigaciones, queda claro que la clave no está en buscar atajos, sino en redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones. En tiempos en que parece prevalecer la desconfianza, su trabajo nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra desde la destrucción, sino desde la mejora y el refuerzo de las estructuras que sostienen a las sociedades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Algunas claves del Informe Pisa 2022 sobre competencias financieras: deberes pendientes

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La desigualdad tiene en el dinero un importante referente y la educación financiera es un baluarte para tratar de reducirla. Recientemente se ha publicado el Informe Pisa 2022 de la OCDE con título en forma de pregunta: How financially Smart are students? (¿Cómo son de inteligentes financieramente los estudiantes?). Permite conocer las capacidades, mejoras producidas y tareas pendientes en materia de educación y cultura financiera para los estudiantes de un número significativo de países. También comparar la situación de cada país a escala internacional en este contexto. Es de gran importancia para el bienestar de estos jóvenes, que en el futuro tendrán que tomar decisiones económicas que deberían ser sólidas e informadas. Como referencia de la muestra, la mayor parte del alumnado participante en la evaluación se encontraba cursando 4º de ESO o equivalente.

La puntuación media de los estudiantes españoles (486 puntos) queda por debajo del promedio de la OCDE (498 puntos). Alrededor del 17 por cien de los estudiantes españoles no alcanza el nivel básico de rendimiento (Nivel 2, según el informe) en competencia financiera, un porcentaje similar al 18% de media de la OCDE. España se encuentra en un nivel intermedio entre los países evaluados. Por detrás de países como Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, pero con datos equiparables a los de Portugal o Italia. Sin embargo, el 25% de los estudiantes españoles se encuentra en los niveles más altos de rendimiento en competencia financiera. Es decir, los estudiantes españoles con elevadas competencias destacan significativamente en la muestra.

Un primer apunte de dos brechas de relevancia. La de los resultados entre estudiantes desfavorecidos y favorecidos en España es menos acentuada que en otros países de la OCDE. Tampoco se observan diferencias significativas en el rendimiento en términos de género en nuestro país, lo que sugiere que, en principio, la equidad entre diferentes sexos en la adquisición de competencias financieras. Es destacable que el 94% de los estudiantes españoles afirmó haber ahorrado dinero al menos una vez al año en los doce meses anteriores al estudio, un porcentaje similar al 93% de media de la OCDE. Por su lado, el 85% de los alumnos de nuestro país realizó alguna compra online en los 12 meses anteriores a la evaluación (similar a la media de la OCDE, del 86%). El 47% de los estudiantes en la muestra declara tener una cuenta en una entidad bancaria, frente al 63% en que se sitúa el promedio de la OCDE. En España solamente el 24% tiene una tarjeta de pago o de débito, frente al promedio de la OCDE, que es del 62%.

Un análisis crítico y más detallado del informe permite identificar las implicaciones y áreas de mejora necesarias en el contexto educativo español. España se sitúa ligeramente por debajo del promedio en términos de alfabetización financiera, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún existen brechas significativas que deben abordarse. El rendimiento promedio de los estudiantes españoles en comparación con otros países europeos avanzados sugiere que hay margen para mejorar las estrategias educativas y los recursos dedicados a este ámbito.

Asimismo, el informe destaca una fuerte correlación generalizada entre el rendimiento financiero y el estatus socioeconómico de los estudiantes en toda la muestra internacional. En España, esta disparidad es notable, con estudiantes de entornos más favorecidos superando significativamente a aquellos de entornos menos privilegiados. Esta brecha sugiere que las políticas educativas deben reforzar la inclusión y el apoyo a los estudiantes desfavorecidos, proporcionando recursos adicionales y programas específicos para equilibrar las oportunidades de aprendizaje.

A diferencia de algunos países, como ya se ha indicado, en España no se observa una diferencia significativa en el rendimiento entre chicos y chicas. Sin embargo, es crucial seguir monitorizando esta tendencia para asegurar que ambos géneros reciban las mismas oportunidades y apoyo en el aprendizaje financiero. Asimismo, fomentar la inclusión y participación de las chicas en áreas tradicionalmente dominadas por chicos, como las matemáticas y las ciencias, podría tener un impacto positivo en su alfabetización financiera.

También destaca la importancia del entorno familiar en la educación financiera de los jóvenes. En España, los estudiantes que discuten regularmente temas financieros con sus padres tienden a tener un mejor rendimiento en esta área. Este hallazgo resalta la necesidad de programas que involucren a las familias en el proceso educativo, promoviendo una cultura de educación financiera desde el hogar.

Por su parte, la exposición a la educación financiera en las escuelas varía considerablemente entre regiones de España. La efectividad y la calidad de los programas educativos parecen ser dispares. Puede deberse a la falta de un currículo estandarizado y a la capacitación insuficiente de los docentes. Es crucial que el Ministerio de Educación implemente un enfoque coherente y bien estructurado que asegure que todos los estudiantes reciban una educación financiera adecuada y de alta calidad.

Por último, algún deber adicional: Aunque muchos estudiantes españoles tienen conocimientos básicos sobre economía, carecen de habilidades prácticas y actitudes necesarias para tomar decisiones financieras informadas. Por ejemplo, una proporción significativa de estudiantes no compara precios antes de realizar compras o no ahorra de manera regular. Este comportamiento sugiere que los programas educativos deben enfocarse más en la aplicación práctica de los conocimientos financieros y en el desarrollo de actitudes financieras saludables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Últimas noticias de la IA: simbiosis y escalabilidad

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La inteligencia artificial (IA) lleva años en muchos foros y conversaciones, pero de forma casi ubicua desde que se popularizaron los chats conversacionales basados en esta tecnología. A pesar de su impacto, es solo una fase temprana de su potencial de desarrollo, en el que el siguiente paso es trascender su papel de mera herramienta para convertirse en una extensión de la mente humana, dando lugar a una era de simbiosis entre humanos y tecnología que promete transformar radicalmente la economía global. No se trata de crear replicantes al estilo Blade Runner, ni de perder la creatividad e iniciativa humana. El concepto de IA simbiótica busca amplificar nuestras capacidades cognitivas y creativas y generar un impacto económico considerable en todas las industrias, donde la escala, como comentaremos más adelante, parece determinante. Es un nuevo salto para una productividad marchita, tan de largo esperado.

En el ámbito económico, la IA simbiótica está revolucionando la forma en que trabajamos y producimos. Imagine un entorno laboral donde los trabajadores están equipados con dispositivos de IA que no solo les ayudan a realizar tareas específicas, sino que también mejoran su capacidad para tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos. Incrementa la productividad y abre nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración laboral. También asistentes virtuales, como por ejemplo los que trabajarán en estrecha colaboración con profesionales de la salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, o los que ayudarán a los inversores a tomar decisiones financieras más inteligentes. La IA es la parte de la actividad productiva que más crece y, por ello, para no quedarse atrás en las futuras fuentes de crecimiento económico y bienestar, hay que embarcarse en su desarrollo.

Si bien ofrece oportunidades emocionantes para mejorar la productividad, la creatividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, la IA simbiótica también plantea una serie de riesgos y desafíos que deben abordarse de manera proactiva para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Es fundamental repensar la educación y la formación laboral para garantizar que los trabajadores estén preparados para los empleos del futuro. También abordar las preocupaciones sobre la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas tecnológicas dominantes, asegurando que la IA simbiótica beneficie a toda la sociedad de manera equitativa. Lo que pasa es que la escala es determinante para este desarrollo y, cuanto más grandes, más potencial hay: una suerte de monopolio natural.

Otro de los riesgos más significativos asociados con la IA simbiótica es el aumento de la automatización del empleo, que podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales y a la polarización del mercado laboral. Esto podría exacerbar la desigualdad económica y social, dejando atrás a aquellos que carecen de las habilidades necesarias. Es fundamental implementar políticas de reconversión laboral y protección social para garantizar que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA simbiótica.

Además, existe el riesgo de que la IA simbiótica amplifique las disparidades existentes en términos de acceso y uso de la tecnología. Las comunidades marginadas y los países en desarrollo podrían quedarse rezagados si no tienen acceso a la infraestructura y la formación necesarias para aprovechar plenamente el potencial de la IA simbiótica. Para evitar un desarrollo desigual, es crucial invertir en infraestructura digital y programas de alfabetización tecnológica que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la IA simbiótica. Además de abordar los riesgos, es fundamental trabajar hacia un desarrollo de la IA que sea ético y centrado en el ser humano. Esto significa garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño y el uso de los sistemas de IA, así como salvaguardar la privacidad y la autonomía de los individuos. También implica evitar la discriminación y el sesgo algorítmico, asegurando que la IA simbiótica promueva la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.

Es conveniente insistir en que un desarrollo verdaderamente significativo y simbiótico depende del modo en que se alcanza la escalabilidad y la concentración. Va a ser uno de los ejes fundamentales de los próximos años. Se ha podido comprobar en nuestro país, en estos días, ante la opa primero “amigable”, ahora hostil, del BBVA al Sabadell, por la preocupación por la excesiva concentración.

Sin embargo, se viene abogando desde hace tiempo por el aumento del tamaño de la empresa española, que parece uno de los lastres para una mayor productividad, algo que será inevitable si nuestras empresas tecnológicas quieren competir a escala europea o global. Todos los sectores donde la información y la IA juegan un papel central se van a mover en ese debate entre productividad y aumento del tamaño, o sea concentración.

No será un equilibrio fácil, pero hay que prepararse, ya que es lo que viene: más y más escala. Europa, tan rezagada en comparación con las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas, ha lanzado su Airbus de la IA, un consorcio entre países europeos para desarrollar un gigante tecnológico capaz de competir globalmente, tal y como ocurrió en la década de los ochenta con el constructor de aviones. Se llama Gaia-X, de la que se va a hablar en los próximos tiempos, y con la que se debe ganar escala en este contexto de la IA. Que no quede solo en eso, y en unos años pase a ser un competidor global más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La escasez de agua: conciencia y preocupación social no bastan

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La escasez de agua ocupa un lugar prioritario en la conciencia ambiental de la sociedad española. De acuerdo con los datos de la Encuesta Social General Española de 2023, casi cuatro de cada diez (37%) residentes en España mayores de edad identifican la escasez de agua como el problema medioambiental más importante del país, proporción que aventaja claramente a la de quienes, ante la misma pregunta, responden “el cambio climático” (28%). La preocupación por la escasez del agua se halla más extendida en los municipios pequeños (de hasta 10.000 habitantes), donde el 40% de los residentes la identifican como el problema medioambiental más importante. Esta proporción cae a aproximadamente un tercio entre los municipios de más de 100.000 habitantes(gráfico 1).


No extrañan estos niveles considerablemente altos de preocupación social por el agua, habida cuenta de que España aparece entre los países europeos que sufren peores condiciones estacionales para el consumo de este bien público (gráfico 2). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 70% de la población de la Europa meridional vive en áreas que experimentan estrés hídrico estacional durante el verano, período crítico en el que la demanda de agua para la agricultura, el suministro público y el turismo elevan el consumo. Pero, además, en el sur de Europa este problema dista de ser coyuntural: el 30% de la población de estos países vive en áreas con estrés hídrico permanente.


Aunque en gran medida los factores naturales, como el clima y la geografía, determinan la gravedad del problema de escasez de agua, la idea de que el agua puede y debe gestionarse y consumirse más eficientemente ha ido calando en la conciencia social. Ahora bien, las preferencias sociales parecen centrarse más en el aumento de la oferta que en la racionalización y reducción de la demanda. En efecto, en una encuesta financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que realizó en 2022 el Observatorio Ciudadano de la Sequía, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento del agua del mar contaron con el mayor respaldo de los entrevistados cuando se les preguntó por las dos medidas más importantes para mejorar la gestión del agua. La mejora de la eficiencia de las redes o el ahorro de agua en los hogares suscitaron un respaldo notablemente menor. En cuanto a las medidas que menos apoyo y más rechazo provocaron, una destaca sobre cualquier otra: el aumento del precio del agua (gráfico 3).


Más allá de medidas concretas, parece prevalecer  un consenso considerable sobre la importancia de la gobernanza del agua, que la OCDE[1] define como el “abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se adoptan e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, al tiempo que los decisores rinden cuentas por su gestión del agua”. Implica, por tanto, a diferentes niveles de gobierno, pero también a la sociedad civil y el sector privado. En el caso español, la complejidad de las estructuras institucionales para la planificación y gestión del agua en el ámbito estatal, autonómico, local y de cuenca hidrológica dificulta la comprensión de cómo se desarrolla concretamente la gobernanza del agua.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre la escasez del agua disponible para el consumo humano, las desigualdades que provoca su disponibilidad y los problemas de gestión de un recurso tan importante para la economía y el bienestar social probablemente ayudaría a que la población, además de expresar su preocupación por este tema en las encuestas, actuara consecuentemente con ella. No se trata solo de consumir de manera consciente y responsable el agua, sino también de requerir de los poderes públicos actuaciones destinadas a mejorar la provisión y la gestión del agua en todos los sectores y ámbitos y, en consecuencia, a atenuar las inquietudes que genera el futuro del agua. Estas son demandas que plantean la comunidad científica y las organizaciones agrarias, de consumidores y ecologistas, en quienes la sociedad deposita más confianza “para ofrecer soluciones a los problemas del agua y su escasez” (gráfico 4). El respaldo explícito de la sociedad es el factor que más puede contribuir a reforzar esas demandas.  


[1] OECD
(2018), Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices, Oficina de publicaciones de la OCDE, París

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Educación financiera y desigualdad de renta

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Tras la crisis financiera global de 2008, se puso el foco en el papel de la educación financiera, como estrategia de prevención de comportamientos económicos no deseados, pero a la vez como mecanismo inclusivo y de oportunidad para la participación económica de todos los ciudadanos. Es una tarea que debe congregar a gobiernos, autoridades financieras, patronales bancarias y numerosas organizaciones sociales con diferentes actividades y programas de educación financiera. El profesor José Luis Sampedro, hace décadas, señaló certeramente la necesidad de adquirir una buena formación financiera. En el preámbulo de la versión en español del manual de Economía del Nobel Paul Samuelson, Sampedro indicaba que aunque nuestro sistema educativo enseñaba al alumnado las propiedades de la calcopirita, cuando la mayoría de las personas jamás se toparía con ella en su vida adulta, en cambio, no se les explicaba apenas nada sobre la economía, las entidades financieras y su funcionamiento, con los que tendrían que lidiar continuamente —con una relación de largo plazo— desde el fin de sus estudios. Buen ejemplo de ello es la duración de la hipoteca media en este país, cerca de los 24 años, muy superior a la del matrimonio medio que se disuelve, en promedio, en torno a los 16 años.

Varias décadas después, la economía sigue teniendo una presencia marginal en las enseñanzas obligatorias, y la mayoría de los alumnos salen de la misma sin conocer conceptos financieros básicos. Y todo ello a pesar del acelerado proceso hacia un creciente peso de las noticias y decisiones económicas en nuestras vidas. El intenso uso de conceptos como la prima de riesgo o la inflación, hasta la aparición de inversiones nuevas, como los criptoactivos, hace muy necesaria la formación financiera para poder navegar en esas aguas, frecuentemente turbulentas.

Una buena formación financiera, además, hace a la sociedad más impermeable a los “cantos de sirena” de los partidos insurgentes y sus extravagantes propuestas económicas, generalmente la autopista más rápida al desastre. Algunas de esas recetas populistas han sido el desmantelamiento del banco central o, incluso en Europa, la salida del euro. A la hora de la verdad son medidas que no se suelen terminar adoptando, pero que se emplearon para cautivar a un electorado, en muchos casos, con insuficiente educación económica.

La digitalización ha aumentado la competencia en el sector financiero, con la entrada de las empresas fintech y las grandes tecnológicas, multiplicando el “bufé” de oportunidades para invertir el ahorro de toda la ciudadanía, que ahora tiene acceso a productos financieros que antes solo disfrutaban las clases de mayor renta. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, que siguen contando con un asesoramiento profesional y personalizado, los demás deben confiar en sus propios conocimientos para optimizar su cartera de inversiones.

Los mejorables resultados del reciente Informe PISA para España tienen lógicamente implicaciones para la educación económica, pero centrándonos en una evidencia más específica, las conclusiones de la última Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España nos dibuja como una sociedad con limitados conocimientos financieros. Solo un 19% de los encuestados consiguieron responder satisfactoriamente a las tres preguntas básicas sobre la inflación, un tipo de interés fijo anual y la diversificación en una cartera. Malos resultados que confirman los del estudio Monitoring the level of financial literacy in the EU, de la Comisión Europea, publicado el pasado julio, que concluía que nuestros conocimientos financieros estaban claramente por debajo de la media de la Unión. Además, según este mismo estudio, nos encontramos entre los europeos menos cómodos a la hora de usar los omnipresentes servicios digitales financieros.

Una formación financiera deficiente influye negativamente en la equidad. Por ejemplo, dando lugar a un menor rendimiento de los ahorros de aquellos más desventajados, aumentando las desigualdades. Y, por supuesto, en un escenario más pesimista, una población con insuficiente educación financiera aumentará la probabilidad social de eventos devastadores, como inversiones multitudinarias en productos que finalmente son verdaderas estafas piramidales, ya sean en colecciones de sellos o muchos criptoactivos. Además de hacer más vulnerables a la ciudadanía frente al creciente número de ciberdelitos financieros. Una insuficiente educación financiera también empeora las condiciones de los préstamos y limita aún más la frontera de las posibilidades de consumo de los ciudadanos con rentas más bajas. Por ejemplo, desconocer las implicaciones de las hipotecas a tipo de interés variable puede causar graves perjuicios personales.

En resumen, una mejor planificación financiera, fundada en los conocimientos adquiridos, disminuirá las demandas de intervención financiera o de rescate de familias sobreendeudadas. Por lo que la educación financiera es también una buena estrategia de predistribución de la renta. En este contexto, parece oportuno seguir reforzando los programas de educación financiera a la vez que es necesario evaluar de manera independiente los planes de educación financiera que Banco de España y CNMV —junto a patronales bancarias y otras instituciones— llevan desarrollado desde 2008, para poder identificar las mejores prácticas que permitan la universalización de estos tan necesarios conocimientos económicos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La empobrecedora inflación de subvenciones

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El encadenamiento de calamidades de estos últimos años —pandemia, crisis energética, conflictos geopolíticos con una pugna feroz por el liderazgo mundial como tela de fondo— no solo explica el debilitamiento a corto plazo de las economías europeas. También marca una ruptura duradera de la política económica europea, con importantes implicaciones para España. Hasta hace poco, la estrategia se basaba en el libre comercio dentro y fuera de la Unión Europea. Es decir, cada país debía esforzarse por ganar competitividad mediante reformas pro productividad y estímulos a la inversión productiva y en capital humano. Y no subvencionando su aparato productivo. La OMC estaba ahí para prevenir distorsiones a ese dogma entre bloques comerciales, y la Comisión Europea hacía lo propio en el seno de la UE.    

Ante la magnitud de los desafíos y la marginalización progresiva del multilateralismo, el mantra del libre comercio, con sus más y sus menos, está dejando paso a una inflación de subsidios especialmente perjudicial para los países, como el nuestro, con un estrecho espacio fiscal. El caso de las ayudas de Estado es particularmente significativo. En principio los Estados miembros tienen prohibido subvencionar a sus empresas, ya que se considera que son una distorsión al mercado único europeo. Existen excepciones a esta regla, como cuando los subsidios son temporales y de interés general para la UE, caso de la crisis sanitaria. Pero las excepciones se han ido multiplicando tras la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro proteccionista de otros bloques comerciales. Desde marzo, las ayudas se pueden justificar con el objetivo de descarbonización industrial y de inversión en energías renovables, pudiendo extenderse hasta finales de 2025, algo que pone fin a la idea de transitoriedad. Asimismo, las ayudas pueden invocarse, y prolongarse durante dos años, cuando existe un riesgo de deslocalización, en alusión a las ayudas masivas del llamado Inflation Reduction Act de EE UU .

La consecuencia es que
estamos asistiendo a un aumento exponencial de las medidas de apoyo a los
sectores más vulnerables o a los que se consideran como estratégicos. La
Comisión aprobó en 2022 ayudas por un total cercano a 672.000 millones de
euros, equivalente al 4,2% del PIB de la UE. Además, las ayudas se reparten de
manera desigual: más de la mitad corresponden a Alemania, un país que dispone
de recursos presupuestarios para proteger su tejido productivo. Otros, como
España, no pueden permitírselo por la situación de la hacienda pública.
Nuestras ayudas alcanzan apenas al 2,5% del total.  


La dilución del apoyo, y su asimetría entre países, tiene un doble inconveniente. En primer lugar, se distorsiona la competencia a favor de los países con más recursos. La prórroga de las excepciones europeas hasta finales de 2025 contradice el principio de transitoriedad de los subsidios. En segundo lugar, las medidas se dispersan entre sectores y empresas, con el resultado de reducir el impacto para el conjunto de la UE. Véase como ilustración el caso de la competencia entre Estados miembros para atraer industrias de semiconductores y de vehículos eléctricos.

En declaraciones recientes, algunos
responsables comunitarios han alertado de estos riesgos. Ahora bien, una vuelta
pura y simple a la ortodoxia anterior a la pandemia no parece viable en el
actual entorno internacional, y nos abocaría a la dependencia tecnológica en
áreas estratégicas. La solución pasa probablemente por un esfuerzo común, en
torno a objetivos transversales como las transiciones digital y verde, huyendo
de apoyos a empresas específicas o “campeones nacionales”. Una especie de Next Generation pilotado en común. Sin
duda se trata de una tarea compleja, que conlleva un mayor protagonismo de la
UE. Pero, para que Europa pueda seguir aspirando a mejorar sus cotas de
bienestar en un entorno global disruptivo, la constitución de un pilar
industrial común es más eficaz que el actual sálvese quien pueda.   

AFILIACIÓN | El mercado laboral se resiente de la desaceleración de la economía, pero aguanta. Pese a un entorno cada vez más hostil, la afiliación se incrementó en algo más de 5.000 personas en términos desestacionalizados. El paro registrado aumentó, pero menos de lo que es habitual para esta época del año. Entre los cambios estructurales, además del mayor protagonismo de las fórmulas estables de contratación, destaca el dinamismo del empleo de extranjeros: más del 30% del incremento de la afiliación desde el inicio del año proviene de este colectivo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Mensajes del ahorro

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El ahorro es un concepto económico que se suele analizar con menos frecuencia. No suele figurar en las grandes propuestas políticas. A nuestros estudiantes universitarios les enseñamos que es un factor crucial para la inversión y el crecimiento económico. Y da muchas señales sobre la situación de la economía, más aún si se divide entre ahorro privado y público. El de los hogares da muchas pistas sobre sus expectativas y previsiones. Se puede considerar incluso un indicador adelantado de lo que está por venir. El público —más bien desahorro desde hace tiempo— informa sobre la sostenibilidad (o carencia de ella) de las cuentas públicas. La pandemia y la guerra de Ucrania han impactado, además, en las vertientes real y financiera del ahorro.


Por el lado real, el comportamiento del ahorro en España ha sido una “montaña rusa” desde 2020. Antes de la pandemia estaba “deprimido” y llegó a bajar hasta el 6 por cien en 2019. Sin embargo, cuando irrumpió la Covid en 2020, llegó hasta el 25 por cien. El confinamiento, la contención del gasto y la precaución, fueron un experimento natural sobre los efectos de tal acumulación de recursos. El Banco de España recientemente ha mostrado evidencia de qué ha pasado con esos recursos guardados durante la pandemia. Hasta finales de 2022 las familias apenas habían recurrido a ese ahorro extraordinario acumulado para adquirir bienes y servicios de consumo. La mayor parte de esa bolsa de ahorro se ha destinado a la inversión financiera. Una parte más pequeña, pero creciente desde 2021, se ha destinado a comprar vivienda y pagar préstamos. Por último, las familias con mayores ingresos son los que más ahorro extraordinario acumularon y los de menores rentas apenas pudieron ahorrar nada. La pandemia también generó más desigualdad.

Desde 2022 el ahorro real sobre el PIB se venía reduciendo, despertando cierta alarma sobre hasta qué punto podría acabar siendo una huida hacia adelante entre tanta incertidumbre. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023 se volvía a elevar hasta el 11,8 por cien de la renta disponible bruta. Ese cambio de tendencia puede deberse al crecimiento de las remuneraciones salariales, las prestaciones sociales —fundamentalmente pensiones— y, en menor medida, las rentas de la propiedad. Todo ello a pesar del incremento en un 52 % de los pagos por intereses.

En la vertiente financiera, los depósitos de ahorro no acaban de despegar y, de hecho, el 92 % sigue estando en cuentas corrientes. Observamos, con datos del Banco de España, que hubo salidas netas de efectivo y depósitos de hogares en el primer trimestre de 22.218 millones de euros. En gran medida fueron para comprar deuda  pública (9.534 millones de euros) y acciones (9.518 millones de euros). Estas últimas, además, se revalorizaron en 27.091 millones de euros en el último trimestre.

En definitiva, quien pudo ahorrar vive mejor y, además, ahora encuentra réditos. Eso sí, los que tienen más deuda que ahorro van a seguir aguantando la carga. Y se ha vuelto pesada en sólo un año.

Este artículo se publicó incialmente en el diario “La Vanguardia”

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De nuevo la ley de vivienda

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Segunda vuelta de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en el Parlamento, aprobada ya hace un año por el Consejo de Ministros. Ponencia parlamentaria delicada, de gran sensibilidad social en España. La actual coyuntura política de aprobación de leyes sensibles obliga a ser cuidadoso. En vivienda, además, se ha cosechado en las últimas décadas más hiel que miel. No se han solventado los principales problemas de acceso. Persisten distorsiones inmobiliarias que impiden los incentivos correctos. Sobre todo, en materia de oferta, donde su falta —para adquisición o alquiler— no es el único fallo, pero es el principal. Crear los incentivos correctos para aumentar las casas y pisos disponibles debería ser el eje de cualquier actuación pública. Se echa de menos apetito político desde hace, al menos, dos décadas por políticas de vivienda activas. Quizás el cortoplacismo explica la falta de objetivos de largo plazo en la acción pública.

Todo parte de un derecho constitucional programático, algo a lo que debemos aspirar, que desde muchas voces se convierte en un derecho absoluto. España tiene un grave problema de acceso. Hay una distribución muy desigual de la propiedad inmobiliaria, con grandes divergencias entre generaciones. Una parte de la población tiene dos o más propiedades inmobiliarias (generalmente, los tramos de mayor edad) y otra parte (los jóvenes) lo tienen muy crudo para tener una. Se une a otros problemas generacionales como las pensiones o la carga impositiva. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten. Son los que suelen motivar la acción pública.

En el alquiler, el intervencionismo es frecuentemente la medida más mencionada. No es la respuesta adecuada. Siempre más enfocados en precios que en cantidades. Cada vez que se habla de “topar” el alquiler, el mercado empeora. Se generan los incentivos incorrectos. Desaparece oferta, lo que refuerza el desequilibrio de una demanda que crece más que las viviendas disponibles para alquiler. Cualquier iniciativa legislativa para poner bases de medio y largo plazo debe responder a la realidad del mercado. La participación pública es necesaria para crear una mayor oferta pública de vivienda y para incentivar la movilización de la privada. La primera no es suficiente, sobre todo si la demanda se desboca. Precisa estímulos adecuados. Las medidas deben ser efectivas y para ello la mayor parte del mercado de alquiler debe quedar dentro del alcance la Ley. Ahora puede que no ocurra porque hay muchas vías de escape. Privadamente, inquilinos y arrendadores pueden fijar sus propios términos. Otras cuestiones controvertidas incluyen la complejidad (innecesaria) de la distinción entre “grandes propietarios” —con más de 10 viviendas— y los propietarios particulares o el concepto de zonas tensionadas, —aquellas en las que el precio se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años—, que queda desdibujado con la actual inflación.

Los conceptos claves para un aumento de la oferta, verdadera solución a los problemas de vivienda, son incentivos correctos, seguridad jurídica y una política mucho más activa que en las dos últimas dos décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anticipando el corte del gas ruso

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La clave de nuestro futuro económico radica en el gas ruso: en esencia, ese es el vaticinio de la Comisión Europea en sus últimas perspectivas económicas. Todos los países se enfrentan a una fuerte desaceleración tras el verano, cuando no a caídas del PIB que podrían durar uno o dos trimestres. Los más dependientes del gigante euroasiático serán los más afectados, pero en una economía interconectada como la europea ninguno está a salvo. Alemania e Italia, por ejemplo, apenas crecerían en torno al 1%, mientras que España, menos expuesta al riesgo de un corte total del suministro de gas ruso, crecería ligeramente por encima del 2,1%, frente al 3,4% de la anterior previsión. Actividad por tanto a la baja, y precios al alza por la misma causa: unos precios energéticos disparados cuya onda expansiva atraviesa el conjunto del aparato productivo, provocando más inflación.   

El pronóstico, si bien lúgubre a corto plazo, mantiene casi intactas las perspectivas económicas a medio plazo esbozadas antes de la guerra. Y es que Bruselas augura que todo mejorará cuando el precio de la materia prima se estabilice, gracias a la aparición de nuevas alternativas a los hidrocarburos rusos, o a una tregua en las hostilidades en Ucrania. En ese preciso instante, bajará la inflación (la Comisión anticipa un IPC interanual cercano al objetivo del BCE 2% a finales de 2023 para la media de la eurozona) y la economía reanudará una senda de sólida recuperación.

El horizonte voluntarista de la Comisión, sin embargo, elude el papel vital de la política económica para afrontar el shock energético. De su gestión depende la supervivencia de muchas empresas que, pese a ser viables, necesitan un apoyo fiscal para ajustarse y transitar hacia un modelo menos intensivo en carburantes fósiles. Las sociedades europeas también amenazan con desgarrarse por el carácter desigual de la crisis: el informe confirma que los deciles de rentas más bajos son los más expuestos a la crisis, y los hogares manifiestan un malestar creciente ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

Bruselas no dice cómo afrontar estos retos y a la vez cumplir los objetivos de corrección de los desequilibrios de unas cuentas públicas lastradas por el coste de la pandemia. Sin duda la respuesta pasa por la gradualidad de los ajustes, pero también por una combinación de repriorización del gasto, flexibilidad en la utilización de los fondos europeos y medidas de reequilibrio fiscal. 

Otro frente de vital importancia es la política monetaria. Las previsiones de Bruselas incorporan la hipótesis de un ajuste paulatino de tipos de interés. Algo deseable ya que una sobrerreacción agudizaría las tendencias recesivas. Sin embargo, la gradualidad, aparte de no estar garantizada, parece poco compatible con la previsión de una bajada abrupta de la inflación. Mejor prepararse a la eventualidad de un episodio inflacionista más duradero, y a la vez fortalecer los cortafuegos sociales con pactos de rentas. Y los financieros, gracias un instrumento eficaz antifragmentación: el próximo día 21 deberíamos conocer la propuesta del BCE. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias porque de lo contrario los mercados no tardarán en presionar las primas de riesgo; la de una Italia debilitada tras la dimisión de Draghi, pero también la nuestra.


Las familias y las empresas españolas, tras un arduo periodo de desendeudamiento, están mejor posicionadas que en la crisis financiera para soportar el giro de política monetaria. Su posición financiera es también comparable a la media europea, incluso mejora la de algunos de los países llamados frugales como Holanda. Pero para el Estado una elevación progresiva de los tipos de interés tendrá un impacto mucho más pronunciado.

El Comisario Gentiloni resume el desafío apelando a una estrategia de “solidaridad, sostenibilidad y seguridad”. Ha llegado la hora de conciliar estos principios en los próximos PGE.  

Primas de riesgo | El diferencial de tipos de interés entre el bono público español a 10 años y la referencia alemana, o prima de riesgo, se ha duplicado desde el inicio del año en paralelo al cese del programa de compra de deuda del BCE. Sin embargo, su nivel actual, en el entorno de 117 puntos básicos, es casi idéntico a la media del periodo expansivo pre-pandemia 2015-2019 de 120 puntos. En comparación, la prima de riesgo italiana alcanza 224 puntos, frente a una media de durante la expansión de 177 puntos.

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