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¿Son factibles las previsiones del 3% de déficit público en 2024 y del 2,5% en 2025?

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La actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales (APMF2024) enviada el pasado mes de abril a Bruselas proyecta para nuestro país un déficit del 3% en 2024 y del 2,5% en 2025. Se trata de unas previsiones que, en ausencia de presupuestos, están expuestas a una importante incertidumbre. Por lo que respecta a 2024, las cifras de recaudación del primer trimestre publicadas por la Agencia Tributaria muestran un crecimiento conjunto del 7,5% en las cuatro principales figuras impositivas (IRPF, IS, IVA, IE). Aun siendo un crecimiento robusto, se encuentra por debajo del 8,9% de aumento esperado para el total de ingresos impositivos en 2024, de forma que, aunque queda más de medio año por delante, estas cifras generan por sí solas dudas de que los ingresos permitan recortar el déficit hasta el citado 3% en 2024.

Entre los factores que ayudarán a alcanzar un nivel suficiente de ingresos en 2024 se encuentran: (i) la buena marcha del IRPF durante el primer trimestre con un crecimiento del 8,8%,  (ii) la retirada de las rebajas impositivas sobre electricidad, gas y alimentos,  (iii) la reintroducción del Impuesto sobre la Producción de Electricidad, (iv) la recaudación que aportarán los tributos sobre los sectores financiero y de energía y, por último, (v) el impacto de la inflación en la recaudación de impuestos. De acuerdo con Banco de España, alrededor de un tercio de los 38.000 millones de incremento de la recaudación de IRPF entre 2021 y 2023 se explica por la progresividad en frío, de lo que se puede inferir que la inflación podría aportar alrededor de 2.000 millones extra de recaudación en 2024. En el caso del IVA, a partir de las estimaciones publicadas en Funcas, la inflación podría generar alrededor de 800 millones de euros extra de recaudación. En sentido contrario, un factor que distorsionará estas expectativas positivas es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la modificación del Impuesto de Sociedades en 2016, que obligará a devolver alrededor de 4.000 millones de euros a lo largo de 2024 y 2025.

Por lo que respecta al gasto público, la Comisión Europea instó a España a limitar al 2,6% el crecimiento del gasto primario en 2024. Sin embargo, AIReF prevé un crecimiento del 4%, con una desviación de alrededor de 8.800 millones de euros. Excepto esta institución, la mayoría de organismos nacionales e internacionales prevén desviaciones del déficit por encima del 3%. El Banco de España, en su caso, lo sitúa en el 3,5% del PIB; recuérdese que cada décima supone alrededor de 1.500 millones de euros. El déficit del conjunto de las administraciones estará, además, condicionado por el comportamiento presupuestario de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Estas últimas recibirán alrededor de 154.000 millones de euros en 2024 (134.000 millones de entregas a cuenta, a los que se unirán alrededor de 20.000 millones de la liquidación provisional de 2022). 

La previsión del 2,5% de déficit en 2025 incorpora incertidumbres adicionales en un contexto de aplicación de las nuevas reglas fiscales. En el escenario inercial, las estimaciones de AIReF y Banco de España sitúan el déficit por encima del 3% a partir de 2025. La señal enviada a Bruselas con la APMF2024 ha de interpretarse positivamente, como un compromiso con el objetivo del 3% y, por tanto, con la confianza de no comenzar el nuevo período de reglas fiscales con un déficit excesivo, marcando así distancias con Italia, Francia o Bélgica. La comparación entre los años 2019 y 2025 —período comprendido entre el año pre-covid y el primer ejercicio de aplicación de las nuevas reglas fiscales— muestra que el ajuste del déficit descansaría en mayor medida en lado de los ingresos. Concretamente, los ingresos crecerían 3,7 puntos de PIB (del 39,2% a 42,9%), frente al incremento de 3,1 puntos en los gastos (42,3% a 45,4%). Sin embargo, dado que la APMF2024 no ofrece detalles, se abren interrogantes sobre las medidas específicas en que se basa tal proyección para conseguir un aumento de la recaudación de alrededor de 33.000 millones de euros de ingresos impositivos entre 2024 y 2025. 

Para concluir, cabe señalar que las nuevas reglas fiscales aportan más transparencia y sencillez, al emplear el gasto primario de cada país como variable clave para asegurar la sostenibilidad de la deuda. Pero hay letra pequeña en las denominadas reglas de salvaguarda, muy relevantes y poco presentes en el debate público: el cumplimiento del 3% de déficit anual no eximirá a los países del deber de reducir su déficit estructural hasta el 1,5% —como medida para generar un colchón suficiente con el que hacer frente a potenciales shocks exógenos como Covid-19—, nivel del que sin embargo estamos lejos si tenemos en cuenta que la APMF2024 ha estimado un saldo estructural del 2,8% en 2024 y del 2,5% en 2025.

Por otra parte, los países como España, con una deuda superior al 90% del PIB, deberán reducir su nivel en un promedio de un punto anual para colocarla en una senda de trayectoria descendente. Esta consolidación puede llevarse en períodos de 4 o 7 años, aunque estos últimos exigen programas de reformas económicos, tal como se están abordando en España en el marco de los fondos europeos. Dado el endeudamiento público actual de España, un ajuste de esta naturaleza supone reducir la deuda en un promedio de 15.000 millones de euros anuales. Los ajustes comenzarán previsiblemente en 2025 o en 2026 si finalmente se toma el primer año de entrada de las reglas como un período de tránsito hacia el nuevo sistema. En definitiva, las nuevas reglas fiscales pueden actuar como el impulso definitivo hacia la consolidación fiscal a la que España debe enfrentarse para reducir déficit y deuda. Sin embargo, el elevado esfuerzo económico que exigirán los ajustes, la deficiente reputación-país ganada en los años precedentes en la apuesta por la consolidación fiscal y la elevada fragmentación parlamentaria, generan importantes dosis de escepticismo sobre el efecto que potencialmente aportarán las nuevas reglas fiscales a la reducción de déficit y deuda en los años venideros.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión

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Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones

Las
pensiones ocupan un papel preponderante —que aumenta con el paso del tiempo— en
el debate público, si bien se suele tratar con un conocimiento limitado de su
realidad y de la potencial dimensión del impacto en el futuro de las
principales variables de influencia.

Algunas
de las ratios más utilizadas para comparar la calidad de las pensiones,
construidos sobre criterios homogéneos por la Comisión Europea (The Ageing
Working Group)
, muestran que, de media, las pensiones públicas
españolas son bastante superiores a las que existen en los países de la
eurozona. Ocupan el primer lugar en la tasa de reemplazo (replacement rate: pensión
sobre últimos salarios del beneficiario)y la tercera posición en la
tasa de sustitución (benefit rate: pensión media sobre salario medio del
país).

La
anterior etapa expansiva apoyada sobre una gran burbuja inmobiliaria y
financiera permitió diferir casi una década la aparición de un saldo negativo
en el componente contributivo de la seguridad Social, en el que se encuadran
las pensiones públicas contributivas (de 2001 a 2011). Esta circunstancia ha
jugado en contra de la necesaria concienciación de la sociedad española sobre
la dimensión del problema, al mostrar durante este tiempo un saldo del sistema
de pensiones que no se correspondía a la verdadera capacidad de la economía
española de generar renta.

El
actual déficit en torno al 1,5 por 100 del PIB tiene carácter estructural con
el modelo de gasto e ingresos vigente en la normativa actual. El ciclo
económico, por tanto, no será capaz de reducirlo. La opción de abordarlo desde
los ingresos implica una aportación equivalente al 23 por 100 del IRPF
recaudado o, un aumento de 3,6 millones en el número de cotizantes que
eliminaría la actual tasa de desempleo, o el incremento del 17,1 por 100 de la
base de cotización media de todos los actuales afiliados.

«La sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los objetivos».

La
opción de traspasar el déficit desde la Seguridad Social al Estado,
considerando cuota por contingencia común y profesional una parte de las cuotas
por desempleo, abre el riesgo de no disponer de suficientes márgenes de
actuación en la política fiscal en la próxima crisis, si no se ha avanzado en
el saneamiento de las cuentas de las administraciones públicas españolas, que
actualmente tienen el segundo saldo negativo estructural más alto de la Unión
Europea (en torno al 2,5 por 100 del PIB). En este hipotético y no deseable
escenario, no hay que olvidar que las pensiones absorben casi una tercera parte
del gasto de las administraciones públicas españolas.

La
sociedad española, como la del resto de los países europeos, afronta un reto en
el futuro próximo generado por el progresivo envejecimiento de la población,
debido a la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la
generación del baby boom.

Los
trabajos de investigación mencionados en este artículo elaborados con
diferentes metodologías, muestran que la aplicación íntegra de la reforma de
2011 y la derogación de la aprobada en 2013 (IRP y FS), implicaría un significativo
aumento del gasto en pensiones sobre el PIB. El aumento oscila entre 3,2 y 6
puntos en 2050, dependiendo fundamentalmente del crecimiento del PIB que, a su
vez, está muy influido por la población en edad de trabajar.

Un
escenario demográfico deseable, pero no fácil, que consiguiera mantener el
actual número de personas en edad de trabajar mediante una recuperación de la
tasa de fecundidad y un saldo de inmigración alto, no garantiza el equilibrio
del sistema público de pensiones, necesitando aumentar significativamente la
transferencia realizada por la sociedad a los pensionistas (mínimo de 3,2
puntos del PIB en 2050 que añadir al actual déficit de 1,5 puntos).

Estos
trabajos incluyen una retribución de los asalariados en línea con la productividad
nominal, de manera que no cabe esperar una mejora adicional del saldo del
sistema por un mayor crecimiento de los salarios. Un aumento adicional de la
productividad facilitaría financiar el mayor gasto en la etapa de llegada de la
generación del baby boom a la edad de
jubilación y reduciría el impacto de una hipotética reducción de la actual tasa
de reposición, pero en un sistema contributivo trasladaría a futuro un mayor
gasto en pensiones.

La
sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de
la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la
equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los
objetivos.

La
suficiencia de las prestaciones es un objetivo básico de un sistema de
pensiones, pero el aumento de la transferencia necesaria para mantener la
actual tasa de reposición (pensión sobre último salario), la más alta de la
eurozona, implicará una sensible pérdida de equidad entre generaciones al
trasladar una carga elevada a las siguientes cohortes, que puede limitar
seriamente su renta disponible y, por tanto, su calidad de vida. El aumento de
los ingresos necesarios para mantener la actual tasa de reposición de las
pensiones, por tanto, incorpora el riesgo de no poder extender el principio de
suficiencia a todos los ciudadanos españoles.

Conocido el fuerte proceso de envejecimiento de la población, la sociedad española debería aplicar potentes políticas que permitan mantener en el futuro la población en edad de trabajar. Esta decisión, no obstante, no agota el exigente reto al que se enfrenta en las próximas tres décadas. Además, es imprescindible mantener un debate serio y con rigor que supere las consignas simplistas como la demanda de pensiones dignas, suficientes o sostenibles socialmente, para consensuar cuál es el nivel de gasto en pensiones óptimo/razonable hasta 2050 que permita equilibrar el principio de suficiencia de las prestaciones con un nivel adecuado de equidad en el reparto de los esfuerzos y los beneficios entre generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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