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Se acentúa la divergencia entre sectores

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Índice de producción industrial | diciembre 2022


El índice de producción industrial registró en diciembre un crecimiento del 0,8%. El índice de manufacturas (que excluye los sectores energético y extractivo) registró, asimismo, un ascenso del 0,9%. Este último índice ha estado marcado durante todo el año 2022 por una acusada diferencia entre los sectores más afectados por la crisis energética y el resto de sectores, diferencia que se ha ampliado en diciembre.

Las industrias más afectadas por la crisis energética, como la química, la metalurgia, hierro y acero, papel y otros productos minerales no metálicos, a los que se une algún otro sector como el textil (todos ellos en su conjunto representan en torno al 22% del IPI de manufacturas), han vuelto a sufrir una caída en diciembre, tras la leve recuperación del mes anterior.

El resto de sectores, tomados en su conjunto, registraron, por el contrario, un crecimiento de su actividad en diciembre. Entre ellos destacan favorablemente los relacionados con bienes de equipo, que prolongaron en diciembre su tendencia ascendente.

En todo el año 2022, la actividad de las manufacturas en su conjunto creció un 2,5% con respecto al año anterior, que resulta de una caída del 3,4% en los sectores más afectados por la crisis, y de un crecimiento del 4,5% del resto de ramas. Dentro de estas, las de producción de bienes de equipo incrementaron su producción un 6,5%.

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Claves de 2023

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El año que concluye se ha caracterizado por la coincidencia de dos extraordinarias perturbaciones: un shock de incertidumbre a raíz de las tensiones geopolíticas exacerbadas tras la invasión de Ucrania y una escalada de los precios energéticos, en particular del gas, que no se veía desde la crisis del petróleo. El primero, de orden psicológico, ha empañado las expectativas, un factor crucial (aunque difícil de cuantificar) de las decisiones de inversión y consumo. Y el shock energético equivale a un empobrecimiento del país, que se puede estimar en más de 52.000 millones de euros —o el 4% del PIB—, lo nunca visto desde los años setenta. Esto es así porque la inflación en los bienes y servicios que compran las familias y las empresas ha superado el alza de los precios de producción de nuestra economía (el llamado efecto “relación real de intercambio”).

Ante semejantes sacudidas, la economía ha resistido mejor de lo anticipado. La tan temida tormenta no se produjo en otoño y los indicadores disponibles, si bien generalmente a la baja, muestran que el desplome del poder adquisitivo soportado por los hogares solo se ha trasladado parcialmente al consumo. Las empresas, por su parte, se han adaptado ahorrando energía y en algunos sectores los beneficios se han disparado.


Lo que pase de aquí en adelante depende sobre todo de tres factores. Uno, el grado de persistencia de ambos shocks, algo que parece apuntar en la buena dirección. Las incertidumbres persisten, pero los peores escenarios planteados a raíz del conflicto bélico parecen ahora menos verosímiles. Prueba de ello son los índices de confianza, que, si bien todavía en terreno negativo, registran una suave mejora. Asimismo, la perspectiva de un corte de suministro de gas durante el invierno es menos probable, a tenor de los mercados a plazo que anticipan una estabilización de los precios energéticos en torno a sus niveles actuales —si bien estos siguen siendo muy elevados y sujetos a una gran volatilidad—. El IPC de los productos energéticos ha retrocedido desde el verano hasta niveles próximos a los valores anteriores a la guerra.

En segundo lugar, mucho dependerá de los efectos de segunda ronda de los shocks. De momento estos no se aprecian en términos de salarios (el coste laboral por hora trabajada se incrementó un 2,3% en el tercer trimestre, seis décimas menos que en la media de la eurozona). Pero, entre tanto, la escalada de los precios se ha adentrado en el aparato productivo, con un porcentaje muy elevado de componentes del IPC que se encarecen a un ritmo superior al 6%. Además, como ha señalado el BCE en sus últimas previsiones, la supresión de algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos, como la subvención generalizada de los hidrocarburos, tendrá mecánicamente un efecto al alza sobre la inflación.

Otro efecto de segunda ronda que será determinante es el comportamiento del mercado laboral. Hasta ahora, el empleo ha actuado como dique de contención ante la ola contractiva. Se detectan cambios en la gestión de las plantillas que apuntan al mantenimiento de esa tendencia moderadora, pero esto es bajo el supuesto de que no se produzcan nuevos shocks.

Con todo, lo más relevante será el papel de la política monetaria, y de la fiscal, ante el desafío de aplacar la inflación sin afectar el crecimiento ni la estabilidad financiera. La tarea es especialmente compleja para el BCE, por la presión de los países del centro de Europa con un IPC en el doble dígito, que exigen una restricción monetaria más agresiva. Algo que no conviene necesariamente a España y Francia, con una inflación más contenida. La hacienda pública, por su parte, intenta repartir los costes de la inflación, facilitar la transición energética y digital, y a la vez emprender una senda de corrección de los desequilibrios. En suma, todo apunta a que la política económica recuperará su protagonismo en el nuevo año, tras la excepcional sucesión de shocks exógenos que han marcado nuestras vidas.

EURÍBOR | El euríbor a un año, principal referencia para las hipotecas a tipo variable, ha dejado atrás el terreno negativo en que se mantuvo en los últimos años, para subir desde el -0,5% en enero hasta valores superiores al 3% tras la última reunión del BCE. El incremento es menos pronunciado descontando el aumento de las remuneraciones: en términos reales (diferencia entre el tipo de interés nominal y el incremento de los salarios), el euríbor se sitúa en el 1%, frente a una media del -1,1% durante el periodo expansivo prepandemia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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En octubre se agudizó la caída de los sectores más afectados por la crisis energética

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Índice de producción industrial | OCTUBRE 2022


El índice de producción industrial registró en octubre una caída del 0,4%, tras haber registrado un descenso del 0,1% el mes anterior (cifra revisada al alza). El índice de manufacturas bajó un 0,2% tras haber registrado una variación nula el mes precedente (cifra también revisada al alza). Pese a una ligera tendencia reciente a la baja, ambos índices continúan moviéndose en torno a los niveles alcanzados en los primeros meses del año (gráfico 1).

Las industrias más afectadas por la crisis energética, concretamente la química y la metalurgia, hierro y acero, han agudizado su caída en octubre. También mantiene una acusada tendencia descendente, aunque en octubre se ha moderado, la de otros productos minerales no metálicos. A dichos sectores, que se encuentran en una tendencia negativa desde hace varios meses, se han sumado más recientemente los de productos de caucho y plásticos, la industria de madera y corcho y, en menor medida, el textil.

En cuanto al resto de sectores, en su mayoría siguen manteniendo sus niveles de actividad o incluso presentan una tendencia creciente, destacando en este sentido maquinaria y equipo y material y equipo eléctrico.

En octubre persiste, por tanto, una dualidad entre los sectores más intensivos en gas y el resto de sectores, aunque se amplía el número de actividades cuya tendencia se vuelve descendente, al tiempo que se agudiza la caída de los primeros.

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La resiliencia del empleo en la era pospandemia

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Uno de los rasgos de la evolución de la economía española en el periodo pospandemia ha sido el positivo comportamiento del empleo. El número de ocupados supera el anterior a la crisis sanitaria desde finales del pasado año, y a lo largo de este año ha seguido creciendo, a pesar de que el PIB aún no ha recuperado el nivel de 2019, y a pesar de un contexto extremadamente desfavorable de inflación y crisis energética.

Es cierto que una parte importante del empleo creado ha sido empleo público, pero el empleo privado, medido a través del número de afiliados a la Seguridad Social, era en el tercer trimestre superior en 550.000 al del mismo trimestre de 2019. Y si excluimos el sector agrícola, único gran sector donde sí se ha registrado una caída en el número de ocupados, el incremento ha sido de 608.000.

Es probable que una parte de dicho crecimiento sea empleo sumergido que ha aflorado tras la pandemia, y, por tanto, no sería creación de empleo nuevo. No es posible saber con precisión a cuánto puede ascender su cuantía, solo podemos hacer estimaciones indirectas. El Plan Presupuestario presentado por el Gobierno en octubre recogía un cálculo, según el cual el empleo aflorado podría ascender a 285.000. Descontando esta cifra, aún se habrían generado unos 323.000 nuevos empleos en el sector privado no agrícola. Al mismo tiempo, numerosos sectores productivos reportan severas dificultades para cubrir sus vacantes.

Otro desarrollo positivo de este periodo es que prácticamente todos los trabajadores que se acogieron a los ERTE durante la crisis sanitaria han sido ya reabsorbidos, desmintiendo los temores iniciales a que una parte importante de ellos estuvieran condenados a perder su puesto de trabajo por la inviabilidad de sus empresas tras meses de restricciones.

A diferencia de lo ocurrido con el número de personas ocupadas, el número total de horas trabajadas ha descendido, aunque ligeramente: en el tercer trimestre era un 0,8% inferior a la cifra prepandemia. Esto significa que el número medio de horas trabajadas por ocupado se ha reducido. Podría pensarse que la explicación a esta evolución divergente de las horas trabajadas y el número de empleos se encuentra en que los nuevos puestos de trabajo son a tiempo parcial, pero no es así. Tanto las cifras de la Encuesta de Población Activa como las de afiliados arrojan un descenso en el número de empleos a tiempo parcial, de modo que todo el empleo neto creado a lo largo de este periodo ha sido a tiempo completo.

En cualquier caso, pese a su ligero descenso, la evolución de las horas trabajadas ha sido mejor que la del PIB, ya que este aún se encuentra un 2% por debajo del nivel de 2019, y sigue siendo destacable que las empresas españolas hayan incrementado sus plantillas sin que el número de horas se haya recuperado. También resulta llamativo este descenso en el número medio de horas trabajadas por ocupado cuando existe escasez de mano de obra. A su vez, esta escasez parece, en principio, difícil de conjugar con una tasa de desempleo de dos dígitos. En suma, la evolución del mercado laboral está conformada por un conjunto de piezas que no sabemos muy bien como encajar entre sí.

La buena marcha del empleo y la escasez de mano de obra pese al complicado contexto actual no es algo exclusivo del mercado laboral español, sino que es un fenómeno generalizado en los países de nuestro entorno –en la eurozona la tasa de paro se encuentra en su mínimo histórico–, si bien en otros países el crecimiento del empleo pospandemia no ha estado desligado del crecimiento de la actividad económica, ya que prácticamente todos han recuperado, y superado, el PIB de 2019. El principal rasgo distintivo de España es que el buen comportamiento del mercado laboral coexiste con una recuperación incompleta del PIB.

Según el avance de datos de afiliación comunicado por el Ministro de Inclusión, la tendencia favorable se mantiene en noviembre, pese a que hay indicios de que la economía puede haber entrado ya en recesión. Esta fortaleza del empleo –aunque no sepamos muy bien cómo explicarla– supone un elemento de optimismo de cara a la crisis que se avecina. Unido a la posibilidad de recurrir a los ERTE, el hecho de que en muchas actividades las plantillas son ahora mismo insuficientes, y la inexistencia –a diferencia de la crisis de 2008– de una burbuja que haya elevado la actividad por encima de lo sostenible, permite concebir la esperanza de que el impacto de la crisis energética sobre el empleo sea poco relevante, al menos en 2023, y siempre que no se agudicen las tensiones en los mercados energéticos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión.

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Acertar en la prórroga

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Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE2023) son financieramente viables y creíbles. Incluso en un escenario macroeconómico peor que el previsto por el Gobierno. Y lo son porque los ingresos en 2022 van a acabar muy por encima de lo previsto, lo que proporciona un colchón y el mejor punto de partida posible.

El verdadero desafío está en lo que, en su mayor parte, no aparece en los PGE2023, pero que va a suponer un impacto fiscal significativo en 2023: la prórroga del paquete de medidas para amortiguar el golpe de la inflación y la crisis energética. En función de cómo se concrete esa prórroga, se puede poner en cuestión la solvencia presupuestaria y fiscal en 2023.

Una extensión plena y directa de las medidas aprobadas a lo largo de 2022 y las que puedan llegar nos llevaría a un efecto global neto por encima de 1,5 puntos de PIB. Eso desbordaría el colchón existente y el déficit en 2023 volvería a aumentar. Por eso hay que escoger y priorizar. Tres sugerencias para ello.

La primera es que las prórrogas de las medidas se hagan trimestralmente. Esto permitiría tener capacidad de adaptación del paquete fiscal ante lo que nos pueda deparar un futuro incierto y abierto; al tiempo que su coste anual final pueda ir modulándose para no incumplir en ningún caso con el objetivo de déficit de 3,9% de PIB que contemplan los PGE2023.

La segunda es que se dé prelación a las medidas focalizadas en los hogares más vulnerables y las ramas y empresas más impactadas; a las actuaciones que reman a favor y no en contra de la transición energética; y a las que van en línea con los cambios fiscales propuestos en el libro blanco de la reforma tributaria. Teniendo en cuenta todo lo anterior y su coste financiero, las candidatas a ser eliminadas o, al menos, muy recortadas son la bonificación general a carburantes y la rebaja del IVA sobre el gas y la electricidad. Aunque, en el primer caso, tendría sentido mantenerla para ramas productivas intensivas en combustible y con muy difícil adaptación tecnológica inmediata, como pueden ser el transporte y la pesca.

La tercera es que la revisión trimestral apuntada abre la puerta a que, en los próximos meses, el paquete fiscal aparezca también en las negociaciones sobre un pacto de rentas amplio. Los agentes sociales podrían participar en la definición y elección de medidas compensatorias; lo que, a su vez, daría una perspectiva integradora al propio paquete.

Convirtámonos en referencia europea también en esto.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Giro en la estrategia energética

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El sorprendente vuelco narrativo de la Comisión Europea, unido a las informaciones disponibles acerca del consumo energético y de las reservas de gas, apuntan en la buena dirección. Sin embargo, nada de ello parece suficiente para doblegar la tendencia recesiva que se cierne sobre la economía europea. 

La Presidenta von der Leyen se libera de un dogma anunciando topes en la remuneración de la generación de electricidad, de modo que la factura de la luz no amplifique el vaivén de la cotización del gas, algo que está acrecentando el riesgo de recesión y de pobreza energética. No será fácil sellar un acuerdo entre los Estados miembros, por los diferentes postulados de partida. Además, mucho depende del nivel del tope y de su funcionamiento. Pero la propuesta de la Comisión tiene una lógica económica difícil de rebatir. Es un hecho que la excepción ibérica, utilizando una fórmula similar a la de Bruselas, está aportando un respiro en relación a los países vecinos. 

También ha sido bien recibida la propuesta de compensación solidaria por los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. El shock de precios equivale a un impuesto que recae sobre el conjunto de la economía, y cuya carga tiene que ser repartida, con especial atención a los hogares vulnerables y a los sectores en dificultad: de no proceder a ese reparto, se intensificará el malestar social, así como el riesgo de espiral inflacionaria y de cierre de empresas. 

Entre tanto, los países intentan reducir la dependencia del suministro ruso y moderar la demanda. Las reservas europeas se encuentran ya por encima del objetivo del 80% marcado para el otoño, el doble que antes de la invasión de Ucrania. Por otra parte, ante el recorte del suministro ruso que transita por gasoducto, las importaciones de gas licuado se han disparado, evidenciado la diversificación de la oferta. Los consumidores, por su parte, han empezado a ahorrar energía. En España, ante la presión de las tarifas, el consumo eléctrico ha descendido un 2,3% durante el verano y el de gasolina lo ha hecho un 1%, a la vez que la demanda de gas se ha desacelerado. Una tendencia similar es constatable en el resto de la UE. 


Sin embargo, estos esfuerzos no parecen suficientes para evitar una recesión en los países más dependientes de Rusia, ni prevenir una fuerte desaceleración en otros menos vulnerables como España. Según la Agencia Internacional de la Energía, en caso de cese total de los envíos procedentes del gigante euroasiático, las reservas de gas solo permitirían cubrir las necesidades hasta enero, obligando a adoptar medidas drásticas de ahorro energético y a un parón de la actividad industrial. La administración Biden había prometido acelerar sus envíos de hidrocarburos a Europa, para así paliar el déficit ruso, pero los productores americanos han enfriado esas expectativas alegando dificultades técnicas para acelerar el bombeo. Otros países celebran la vuelta al carbón, pero esto apenas aliviaría la escasez global –además de agravar la huella de carbono.         

Conviene, por tanto, complementar las acciones ya anunciadas con incentivos a la eficiencia energética. Algunas propuestas han empezado a aparecer en el debate, como en Francia con la introducción de progresividad en los precios en función del volumen de consumo y de las emisiones de carbono. Es también crucial que la reforma del mecanismo de formación de precios no desincentive la inversión en energías renovables y que la mejora de las interconexiones entre países no sufra más retrasos. 

En suma, las medidas propuestas por Bruselas son un primer paso para aliviar el impacto de la crisis energética a corto plazo, pero requieren de más profundización para lograr la autonomía estratégica que se pretende. A nosotros nos incumbe la tarea de compatibilizarlas con las reformas ya emprendidas. Y encontrar consensos para cerrar la brecha de inflación con el resto de Europa.  

IPC | El mantenimiento de la inflación por encima del 10% en términos interanuales refleja dos tendencias contrarias: una moderación de los precios energéticos y de los alimentos frescos, contrarrestada por la aceleración del resto de precios, o IPC subyacente. Sin embargo, la inflación podría retroceder levemente en los próximos meses, como consecuencia de los fuertes incrementos registrados en el mismo periodo del pasado ejercicio (efecto escalón). Se espera una tasa de inflación en diciembre del 8,6% bajo la hipótesis de moderación de los precios energéticos, y del 9,5% en caso de presión incrementada. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Condiciones para un pacto de rentas

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Los Estados disponen de poco margen para luchar contra el actual brote de inflación y sus consecuencias en la capacidad de compra de los hogares, el malestar social y el crecimiento de la economía. A diferencia de lo que ocurrió con la pandemia, ya no pueden contar con el respaldo de los bancos centrales, vía los generosos programas de compra de deuda que ahora están deshaciendo. Algunos países, como el nuestro, están muy endeudados y tendrán que afrontar la subida de tipos de interés en ciernes.

De ahí la idea de resucitar el pacto de rentas, un instrumento amable para las cuentas públicas que tuvo su época de gloria con los pactos de la Moncloa o el “dique de contención” holandés (el llamado modelo polder). El objetivo más evidente: evitar una espiral de precios y salarios nefasta para la competitividad y la cohesión social. Un pacto de rentas también aportaría algo de previsibilidad para nuestra economía, algo importante en un contexto internacional tan incierto.

Para posibilitar un tal acuerdo, sin embargo, es preciso tener en cuenta tres circunstancias. La primera atañe a la duración de la crisis energética. La decisión de topar el precio del gas que entra en el mercado eléctrico es un paso acertado en la dirección de la desescalada, como lo reconoce el Banco de España en su informe anual. Además, los mercados a plazo apuntan a unos precios tensionados del petróleo y del gas hasta la primavera del 2023 y a una posterior suavización fruto de las inversiones en renovables y de los esfuerzos de ahorro energético que se están realizando (aunque todavía queda mucho por hacer). Sin embargo, existen escenarios menos halagüeños, como el que se plantearía en caso de un corte total del suministro ruso. Todo ello aboga por acuerdos plurianuales, como está empezando a producirse en algunos sectores.

La heterogeneidad de situaciones entre sectores, exacerbada por la aceleración de los cambios estructurales como consecuencia de la pandemia, es otra complicación de cara a un acuerdo de conjunto. Algunas actividades como las tecnológicas y la logística se enfrentan a una escasez de mano de obra o, en el caso de la agricultura en determinados territorios, a una demanda boyante que dificulta la contención. Por tanto, un acuerdo de cobertura nacional solo puede ser indicativo, si bien también debe incorporar incentivos fiscales o en términos de cotizaciones sociales para las empresas que lo respeten.

Finalmente, el debate actual es dicotómico: unos abogan por incrementos salariales en función de la inflación prevista, con un riesgo de desvío asumido por los trabajadores, y otros por pactos con indiciación total en función de la inflación real, algo que amenaza la competitividad de las empresas. Existen sin embargo fórmulas intermedias de reparto de los costes importados, como compensaciones ante la pérdida de poder adquisitivo que no se perpetúen en futuros convenios, o aportaciones a planes de pensiones de empleo.


De momento, el mercado laboral está respondiendo con moderación. Los salarios pactados se incrementan por debajo del 2,5%, dos puntos menos que el IPC subyacente. Pese al crecimiento del empleo, los hogares soportan una pérdida de capacidad de compra: este año, descontando la inflación, su renta disponible se habrá reducido un 5,7% en relación a 2019, según las previsiones de la Comisión Europea. Los márgenes también se comprimen, aunque proporcionalmente menos (la Comisión prevé una reducción del excedente bruto de explotación en términos reales del 1,6% durante el mismo periodo). Pero algunos sectores se muestran más exuberantes, con el riesgo de contagio al resto, incluido el sector público.

En suma, este parece ser el momento oportuno de un acuerdo amplio, que abarque el conjunto de cuestiones —márgenes empresariales, salarios y pensiones—. Y que tenga en cuenta las características del shock energético y geopolítico que se adentra inexorablemente en nuestra economía.

COYUNTURA | El malestar social generado por la escalada de costes energéticos, evidenciado por las recientes huelgas de transportistas, ha dejado huella en los indicadores de coyuntura. La cifra de negocios en la industria registró un descenso en marzo del 6,1% (según el índice del INE corregido de estacionalidad y calendario). En cuanto a los servicios, el descenso alcanzó el 3,3% en el mismo mes (según el IASS corregido del INE). Destaca la caída de las ventas y reparación de automóviles, así como de servicios más afectados por la huelga, como el comercio. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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