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Los ingresos crecen, pero el déficit estructural también

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La recaudación impositiva este año está creciendo de forma asombrosa. Durante la primera mitad del ejercicio los ingresos procedentes de las principales figuras impositivas superaban o estaban muy cerca de los obtenidos en el mismo periodo de 2019, pese a la importante brecha que aún separa las bases imponibles del nivel alcanzado en aquel momento.

Hasta julio, la recaudación por impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio (básicamente IRPF e Impuesto sobre Sociedades) superaba en un 5,4% la registrada en el mismo periodo de 2019, a pesar de que la renta de los hogares aún era un 3% inferior y la renta empresarial era un 20% inferior, antes de impuestos; los ingresos por cotizaciones sociales eran superiores en un 4,1%, con unas remuneraciones salariales inferiores en un 1,7%; y la recaudación por IVA tan solo estaba por debajo de la previa a la pandemia en un 1,4%, pese a que a la suma del gasto en consumo y en inversión en vivienda aún le faltaba un 5,6% para alcanzar su nivel precrisis (todas las cifras están expresadas en términos de contabilidad nacional). Y todo ello sin que se hayan producido cambios relevantes ni en la normativa ni en los tipos impositivos.

Esto puede ser el motivo de que las instituciones y servicios de estudios que elaboran previsiones hayan situado su predicción de déficit por debajo de la previsión del propio Gobierno, algo inusual. Así, el pasado mes de septiembre la previsión media de déficit recogida en el Panel de previsiones recopilado por Funcas se situaba en el 8,1% del PIB, frente al 8,4% del Gobierno. Y no parece que esto vaya a cambiar en las siguientes rondas de previsiones, a pesar del fuerte recorte que va a sufrir la cifra esperada de crecimiento del PIB, como consecuencia de la reciente revisión a la baja del segundo trimestre. Es más, es posible que incluso mejore la previsión de déficit. Hay que decir que para 2022 se vuelve a lo habitual: una previsión de déficit por parte de los analistas superior a la del Gobierno.

Con todo ello, la recaudación impositiva en el conjunto de 2021 podría superar en unos 4.000 millones a la de 2019. Pero esta inesperada recuperación de los ingresos fiscales no significa que no aumente el déficit estructural. Por mencionar las partidas más relevantes: el gasto en pensiones será este año unos 9.000 millones superior al del 2019; existe un nuevo gasto estructural, el ingreso mínimo vital, de unos 3.000 millones; y las remuneraciones salariales pagadas por las administraciones públicas. habrán crecido en unos 14.000 millones (si bien una pequeña parte de esta cifra será transitoria ligada a la pandemia).

Además, la tendencia ascendente del gasto estructural va a continuar en 2022. El proyecto de PGE recoge, por ejemplo, un crecimiento del gasto no comprometido del Estado y de las partidas destinadas a todos los Organismos Autónomos excepto el SEPE, la actualización de las pensiones con el IPC, el incremento del IMV y de los salarios públicos y se establece una tasa de reposición de las plantillas del 120%. Cuando se haya completado la recuperación de la economía, en 2023, el PIB nominal será un 8% superior al anterior a la pandemia —menos, si descontamos el incremento del producto generado por las inversiones del Plan de Recuperación, que es de carácter transitorio—, pero el déficit será casi el doble, y el déficit estructural habrá crecido entre 25.000 y 30.000 millones.

A largo plazo se puede estimar que el déficit estructural alcanzará el 4,5% del PIB, de modo que la deuda pública seguirá creciendo, si bien mientras duren los fondos Next Generation la ratio sobre el PIB estará camuflada por un incremento del denominador temporalmente inflado por el efecto de dichos fondos. Esto nos deja en una posición vulnerable de cara a cuando terminen las compras de deuda por parte del BCE, o ante un posible incremento de las expectativas de inflación a largo plazo, lo cual conllevaría un reajuste de las primas de riesgo. Una situación económica como la actual no es el mejor momento para realizar un ajuste de las cuentas públicas, pero si en algún momento comienza a dispararse la prima de riesgo, como sucedió en 2011, el ajuste será entonces obligado. En el futuro deberíamos recordar que para tener margen para poder sostener la economía con estímulos fiscales en las etapas de crisis, es necesario sanear las cuentas en las etapas de expansión.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El gas ruso y la economía española

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Las perspectivas de recuperación de la economía española dependen en buena medida de un factor inesperado: el precio del gas. El frenazo provocado por la escalada del coste de la materia prima ya es patente, por su ristra de efectos en los precios de la electricidad y del transporte, el consumo y la actividad de los sectores electro-intensivos. 

Fuentes: Mbgas y GIE-AGSI.

Y la intensidad del crecimiento económico que cabe esperar para el próximo año estará también determinada por la cotización del combustible fósil: de mantenerse esa cotización en los niveles actuales hasta la primavera, antes de emprender una senda descendente en línea con lo que se anticipa, la inflación se situará netamente por encima del 2%, pero en cotas todavía moderadas, y el crecimiento podría rozar el 6%. 

Sin embargo, si ese descenso no se produjera, las empresas no tendrían más remedio que repercutir en sus precios de venta el alza de costes, lo que empujaría la inflación hasta el 3% —una estimación todavía prudente, basada en los valores mínimos de la pauta histórica—. Habida cuenta de la inercia de los salarios (solo el 16% de trabajadores amparados por un convenio colectivo tienen cláusula de garantía, frente al 65% antes de la crisis financiera), cabría esperar un recorte del crecimiento esperado para 2022, de al menos medio punto en relación al escenario central. 

Además, las tensiones se mantendrán durante un tiempo prolongado. Uno, porque la oferta de gas está constreñida por el compromiso de las principales economías de lucha contra el cambio climático, y de reducción de sus inversiones en energías fósiles. Un solo productor, Rusia, abastece el 20% del total del gas consumido en el mundo, mayormente mediante su todopoderosa Gazprom que opera bajo el férreo control del ejecutivo. El país ostenta las reservas más importantes del planeta, y es prácticamente el único que puede modular la extracción en función de la situación del mercado, y naturalmente de sus intereses. Por tanto, a diferencia de otros suministros como los chips que también provocan cuellos de botella, el déficit de gas tenderá a ser crónico y sujeto a la geopolítica. No ayuda el bajo nivel de reservas estratégicas de gas, fruto de la imprevisión en la mayoría de países europeos, como el nuestro.   

Otro factor de presión prolongada en los precios proviene de la insuficiencia de la inversión acumulada en energías renovables, algo que trunca las posibilidades de sustitución de las energías fósiles. La Agencia Internacional de la Energía estima que será necesario invertir el equivalente del 2% del PIB mundial de aquí a 2030 para producir ese efecto sustitución. Para España, esto equivale a 24.000 millones de euros anuales, sin contar la inversión adicional en recalificación. Si el esfuerzo descansara exclusivamente en el Estado, habría que dedicar el total de los fondos del Next Generation a la transición energética, y una vez estos fondos agotados, renunciar a todas las otras inversiones. Como esto no es posible, el papel del sector privado es vital: sin un esfuerzo conjunto público-privado, los costes de la transición seguirán pesando sobre la economía española y los ingresos de los hogares, especialmente los más desfavorecidos. 

Por tanto, junto con el esfuerzo público, es oportuno crear un entorno propicio a la inversión privada en renovables, en eficiencia energética y en adaptación del capital productivo. La estrategia solo puede descansar en incentivos bien diseñados y previsibles, en paralelo a una regulación reformada de los mercados y mejoras en las infraestructuras energéticas. Europa empieza a tomar conciencia de la envergadura del desafío. Y de su complejidad (¿conviene dar luz verde al gasoducto ruso, o es esto incoherente con los objetivos medioambientales?) que también se extiende a nuestro país. 

El caso del vehículo eléctrico es paradigmático: esta puede ser una gran baza, pero para su desarrollo precisa de un horizonte claro de incentivos fiscales, regulaciones y costes del suministro eléctrico. Coherencia en las políticas, para facilitar la transición energética.  

PRECIOS | La tasa de inflación ascendió de forma pronunciada a lo largo del trimestre hasta registrar un 4% en septiembre, impulsada por los productos energéticos, especialmente la electricidad, así como los alimentos. La tasa subyacente también se ha movido al alza, aunque aún se encuentra en niveles bajos, un 1% en septiembre. No obstante, el encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, y la escasez de suministros, han disparado el índice de precios industriales hasta una tasa de crecimiento en agosto del 18%, solo superada en los años 70.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las vulnerabilidades de la recuperación

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El enfriamiento de las expectativas de recuperación como consecuencia del recién publicado dato de crecimiento del INE no debería distraernos de los verdaderos desafíos a que se enfrenta nuestra economía. La máxima autoridad estadística estima que durante la primera mitad del año la economía creció apenas medio punto —un resultado decepcionante frente al golpe asestado por la pandemia en 2020, y también muy inferior al dato avanzado en julio—. El déficit de actividad con respecto a los principales países vecinos también se habría ampliado: durante el mismo periodo, todas las economías de la zona euro han crecido más, salvo Alemania.

Otros datos, sin embargo, auguran una aceleración que acabará por reflejarse en los datos del INE del tercer trimestre (y que sin duda por razones técnicas no pudieron integrarse en la estimación divulgada esta semana). La afiliación, el termómetro más sensible a la coyuntura por las características de nuestro mercado laboral, se ha disparado desde la primavera, incluso en los sectores más rezagados como la hostelería y la restauración. La recaudación también crece a buen ritmo. El gasto final sujeto a IVA, por definición asentado en el consumo, se incrementó un 20,5% hasta junio, acercándose a valores pre-crisis —todo apunta a que el mes de julio fue especialmente boyante, algo que, aunque a destiempo, acabará por incorporarse en la estimación de los expertos estadísticos—.

La temporada turística de
verano también ha dado buenas sensaciones tras una primavera renqueante. Y el
tirón de las exportaciones de bienes no se desmiente: las ventas en el exterior
se incrementaron un vigoroso 21,7% hasta julio, el mejor registro entre los
grandes países europeos después de Italia.

Todo apunta, por tanto, a
que en la próxima ocasión el INE nos sorprenderá al alza. Aun así, la previsión
del Gobierno del 6,5% para el conjunto del año es prácticamente inalcanzable.
Para que se cumpliera, la economía tendría que crecer cerca del 9% en la
segunda mitad del año, es decir mantener la onda expansiva del verano hasta el
cierre del ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, INE, Agencia Tributaria, Markit Economics y estimaciones Funcas.

Y ahí es donde las cosas se complican porque, más allá del vaivén estadístico, lo que se perfila es una amplificación del shock de suministros que mueve los cimientos de la recuperación. La inflación de costes se intensifica, según los datos de IPC (que, de momento, solo recogen el encarecimiento de las tarifas energéticas), y el alza incesante de precios industriales. Uno de los principales indicadores internacionales de precios pagados por las empresas se sitúa en los niveles más elevados de los últimos 20 años (PMI de agosto de 66 en España, y en cotas incluso superiores en el conjunto de la eurozona en septiembre, en una escala que va de 0 100).

Moderación de las expectativas

Se multiplican los
retrasos de suministro, el más llamativo en la industria automotriz, y de
cuellos de botella en sectores como la construcción y el transporte por
carretera. Todo ello modera las expectativas para los próximos meses. El PMI de
actividad apunta a una desaceleración, si bien a partir de niveles todavía
elevados. En Alemania, el principal índice avanzado de actividad desciende por
los cuellos de estrangulamiento en la industria y la escalada del gas y de la
electricidad.

En suma, la previsión de crecimiento del Gobierno del 7% para 2022 está condicionada por el grado de transitoriedad del shock de suministros. También depende de que el déficit de crecimiento que arrastraremos de 2021 se compense con el empuje de los fondos europeos. Para recibir esos recursos, tendremos que cumplir con los compromisos con Bruselas: 29 reformas a acometer en los próximos meses, incluidas cinco en material laboral, para obtener un tramo de 13,7 mil millones de euros; y 52 pendientes para el próximo ejercicio, incluida una reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones, sine qua non para recibir 18,4 mil millones adicionales. Todo un reto.

COSTE LABORAL | Los costes laborales han evolucionado de manera volátil como consecuencia de efectos de composición (salida de personas con bajos niveles de cualificación al inicio de la crisis, con un impacto inflacionario, y reincorporación de los mismos al compás de la actual recuperación, con un impacto inverso). El resultado acumulado desde el inicio de la pandemia es de moderación. Según Eurostat, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2021, el coste laboral medio se incrementó un 2,2%. Este resultado refleja evoluciones dispares, entre Alemania ( 5,8%), Francia (-0,6%) y España (-2%).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Ahorro voluntario, ahorro del miedo y ahorro forzoso

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Al inicio de la anterior crisis económica asistimos a un aumento de la tasa de ahorro de los hogares hasta máximos entonces históricos —un 12% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de 2009—. Dicho ahorro fue denominado “ahorro del miedo”, ya que los hogares decidieron aumentar su ahorro por precaución ante la incertidumbre generada por la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo.

Aquel máximo histórico ha sido
superado de largo en el segundo trimestre de este año, en el que la tasa se
disparó hasta el 22,5%. Se trata en este caso de un nuevo tipo de ahorro,
desconocido hasta ahora, que podríamos llamar “ahorro forzoso”, ya que es el resultado,
no de una decisión deliberada de los ciudadanos de contener su gasto, sino de
la imposibilidad material de consumir debido al confinamiento y al cierre de
numerosos servicios.

Gráfico 1

Fuente: INE.

Sin duda la tasa de ahorro descenderá en los próximos trimestres, puesto que, aunque sea con restricciones, los negocios han reabierto y los ciudadanos han recuperado la movilidad, lo que les permite volver a gastar. Pero en cualquier caso se mantendrá en niveles más elevados que antes de la pandemia, porque ahora, con lo que nos vamos a encontrar de nuevo, es con el ahorro del miedo, ante la prolongación de la crisis y los daños permanentes al empleo que esta ya está causando. A esto podríamos añadir una nueva modalidad de ahorro del miedo: el que resulta de la restricción voluntaria de las salidas y de las relaciones sociales por miedo a contagiarse del Covid-19.

«En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis».

María Jesús Fernández

Si la crisis fuese de corta duración, ese ahorro forzoso podría tener algún efecto benéfico sobre la economía, ya que ayudaría a los hogares a reducir su endeudamiento y mejoraría su solvencia. No obstante, la prolongación de aquella va a suponer una caída estructural de la actividad económica y del empleo, de modo que ese primer impacto positivo sobre la solvencia será finalmente anulado por el efecto negativo derivado del aumento del desempleo. En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis. Compra reseñas para Google.

No obstante, no hay que confundir el impacto negativo a corto plazo de ese ahorro coyuntural del miedo, con el efecto económico a largo plazo de mantener una tasa de ahorro elevada de forma permanente o estructural. Una economía que presenta de forma estructural una tasa de ahorro elevada es una economía menos dependiente del exterior para su financiación —y por tanto, con menos deuda externa—, y además durante las etapas expansivas genera menos desequilibrios, como inflación, déficit de la balanza de pagos o sobreendeudamiento de los hogares. Gracias a esta menor generación de desequilibrios durante las fases expansivas, la caída de la actividad en las etapas de crisis es más suave, y además, el colchón de ahorro acumulado permite a los consumidores afrontar la fase descendente del ciclo realizando un menor ajuste del gasto. El resultado es un crecimiento más estable macroeconómicamente, lo que a largo plazo supone también mayor inversión y mayor productividad, de modo que el menor peso en la economía de las actividades relacionadas con el consumo es más que compensado con un mayor peso de otras actividades, como las vinculadas a las exportaciones.

Es decir, es perfectamente
sostenible una economía con un ahorro elevado. Es más: no solo es sostenible,
sino que es más sano. De hecho, países con tasas de ahorro muy elevadas, como
Alemania o los países nórdicos, tienen pleno empleo.

En este sentido, España es uno de
los países desarrollados con una tasa de ahorro más reducida. Entre los años
2000 y 2019, nuestra tasa de ahorro media se situó en torno al 8%, frente a,
por ejemplo, un 17% en Alemania, un 12% en Suecia y Noruega y una media del 13%
en el conjunto de la Eurozona. Es cierto que hay factores que pueden ayudar a
explicar este hecho diferencial tan acusado, como la elevada posesión de
vivienda en propiedad en nuestro país, aunque no lo explican en su totalidad.

Esta menor tasa de ahorro
constituye, pues, un factor de gran relevancia a la hora de comprender muchas
de nuestras dinámicas económicas.

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Tiempos para nuevos impulsos reformistas

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El nuevo Gobierno se encuentra con un panorama internacional ensombrecido por la multiplicación de guerras comerciales, el debilitamiento del multilateralismo y de los flujos de inversión productiva internacional y el desplome de la industria. Y no se anticipa una rápida mejora en los próximos meses, por lo que nuestras perspectivas de crecimiento, aunque todavía favorables en comparación con el resto de Europa, se verán constreñidas durante algún tiempo.

Las llamadas a un mayor protagonismo de los presupuestos públicos en la reactivación de la economía europea han sido desoídas salvo, paradójicamente, en los países que en principio disponían de menos margen como Francia. Macron ha respondido a las revueltas sociales con más gasto y recortes fiscales, agravando el déficit público hasta llevarlo al umbral del 3% del PIB. Su ministro de Hacienda ya ha anunciado medidas de contención. Ni los países con superávit quieren tomar el relevo de Francia, ni el erario público europeo puede permitírselo a corto plazo, a falta de más concreción de las promesas de Von der Leyen con respecto a la creación de un mecanismo europeo anticíclico.

Por otra parte, el hipotético acuerdo en ciernes entre EE UU y China no cerrará la pugna geopolítica entre las dos primeras potencias. Las presiones de Washington se mantendrán por lo menos hasta constatar un cambio en el modelo productivo impulsado por Pekín, basado en el intervencionismo, el apoyo a las exportaciones y el afán de dominación en materia tecnológica. El comercio internacional se resiente de la escalada arancelaria. El volumen de intercambios internacionales se incrementa a un ritmo anual cercano al 1,5% (según estimaciones del Banco Mundial), tres veces menos que durante el periodo de recuperación. Un estancamiento que tiene secuelas sobre la inversión directa extranjera, según el reciente informe del Banco Mundial. La entrada de capital productivo en nuestro país alcanzó hasta octubre 9.800 millones de euros, la cuarta parte que un año antes.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Ministerio de Economía, Markit Economics y Funcas.

Por otra parte, se esperaba un rebote de la industria, tras un periodo de repliegue como consecuencia del frenazo mundial y de adaptación a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los indicadores muestran una caída prolongada de la actividad. En España, el sector aguanta algo mejor que en el resto de Europa, pero la producción industrial apenas avanza. El sorprendente repunte de la producción de bienes de equipo no basta para compensar la caída en el sector del automóvil.

«La economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista».

Raymond Torres

Queda la política monetaria, un instrumento ya sobrecargado porque los tipos de interés difícilmente pueden bajar más, y las medidas de reactivación del crédito se enfrentan a una demanda renqueante. No obstante, se espera que sus efectos se dejen notar en la economía europea a corto plazo.

El mercado laboral es otro pilar de la expansión. Pese al frenazo, se sigue creando empleo y los salarios repuntan, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, sosteniendo la renta de las familias y el gasto en consumo. Se estima que la renta disponible de los hogares españoles aumentó en 25.000 millones en 2019, casi lo mismo que el total de Francia e Italia (en Alemania el incremento alcanzó 75.000).

Pero el principal factor que justifica un moderado optimismo es la situación financiera relativamente saneada del sector privado europeo (aunque con preocupantes aumentos de deuda corporativa de alto riesgo), así como un tejido productivo reactivo a la recuperación de la economía global, cuando esta se produzca. Esto es precisamente lo que anticipan los principales organismos internacionales a partir de la segunda parte del año.

Con todo, la economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista, ante la persistencia de importantes desequilibrios sociales y económicos.

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Así entra la economía española en 2020

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Nuestra economía se acerca a un punto de
inflexión, y corre el riesgo de agudizar su desaceleración, si bien un repunte
providencial no es descartable. Los datos revisados de crecimiento traducen una
pérdida de ritmo más acusada de lo anticipado por algunos analistas y el propio
gobierno. Salvo una improbable aceleración de la actividad en el cierre del año
pasado, todo apunta a un avance del PIB del 1,9% en 2019. Un resultado que,
pese a casi doblar la media europea, se sitúa medio punto por debajo del
registro de 2018.

El deterioro del entorno externo —frenazo de la eurozona, unido al enfriamiento de los mercados internacionales— es el principal responsable de la desaceleración, por el impacto directo sobre las exportaciones, y su propagación a los sectores más dependientes de los intercambios con el exterior.

«A falta de concreción acerca de los Presupuestos Generales del Estado, parece difícil mantener un gasto expansivo en 2020, además de plantear un problema de credibilidad de los compromisos presupuestarios y de deuda, como viene produciéndose en los últimos años».

Raymond Torres

Pero también se echa en falta una
estrategia que ayude a la industria a sortear la recesión que la atenaza. Las
expectativas son negativas a corto plazo, como lo muestra el principal
indicador avanzado (índice PMI de gestores de compras de las manufacturas), que
apunta a una caída acelerada. La construcción también se resiente de ese
deterioro de las anticipaciones y del agotamiento del ciclo inmobiliario.  

Gráfico 1

Gráfico 2

Estos resultados se producen pese al carácter expansivo del gasto público, que muestra un incremento cercano al 4,5%, uno de los más elevados desde que se inició la recuperación. El revés de la medalla es el déficit de las administraciones, que se estanca en torno al 2,5% del PIB (estimación de Funcas). Descontando el pago de intereses, el agujero fiscal podría haberse agravado. A falta de concreción acerca de los Presupuestos Generales del Estado,  parece difícil mantener un gasto expansivo en 2020, además de plantear un problema de credibilidad de los compromisos presupuestarios y de deuda, como viene produciéndose en los últimos años.  

«Se confirman los síntomas de debilitamiento del empleo. Se puede inferir que la economía está creando menos de la mitad de los puestos de trabajo que generaba en ejercicios anteriores. Sin duda los consumidores lo tendrán en cuenta en sus decisiones de gasto en los próximos meses».

Raymond Torres

Por otra parte, se confirman los síntomas
de debilitamiento del empleo. Con datos desestacionalizados de afiliación de
noviembre y diciembre, se puede inferir que la economía está creando menos de
la mitad de los puestos de trabajo que generaba en ejercicios anteriores. Sin
duda los consumidores lo tendrán en cuenta en sus decisiones de gasto en los
próximos meses.         

Pese a todo, la expansión tiene todavía
recorrido. Y es que no se perciben signos anunciadores de una posible recesión.
Esta suele venir de la mano de un exceso de demanda con respecto a la capacidad
productiva (que acaba erosionando la competitividad y generando un
desequilibrio de las cuentas externas), o como consecuencia de un
sobre-endeudamiento del sector privado. Nada de eso está ocurriendo. La balanza
externa arroja un sólido superávit, uno de los mayores logros de los últimos
años, y la inflación es muy reducida, incluso inferior a la de los países más
ortodoxos en materia de contención de los precios. En cuanto a la deuda
privada, su nivel es de momento sostenible tanto para las familias como para las
empresas, especialmente en un entorno de tipos de interés casi nulos.   

Una de las bazas más destacadas es la
inversión en maquinaria y equipo, que se muestra resiliente ante el deterioro
general (en el tercer trimestre progresó un vigoroso 4%), sustentada en las
favorables perspectivas de demanda y la saneada situación financiera de muchas empresas.
Otro resultado esperanzador es que los productores españoles ganan cuotas frente
a la competencia extranjera, tanto en los mercados de exportación como en los
internos. Esta circunstancia podría frenar la desaceleración, en la medida que
el entorno externo, y en especial el europeo, se recuperan (algo que por ahora
no está garantizado).  

Poner en valor estas ventajas es sin duda la principal función de la política económica para el nuevo año. Una tarea que pasa necesariamente por un debate de fondo en torno a los próximos presupuestos, para quebrar la espiral de la desaceleración.  

Fuentes de los gráficos: Markit Economics, INE, M. de Trabajo y Funcas.

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El testigo de la macroeconomía

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En las carreras de relevos no importa solo la velocidad, también las condiciones en que se pasa el testigo. Con la macroeconomía sucede lo mismo. Como los relevistas, son cuatro los trimestres para los que se ofrecen datos de crecimiento. Esta semana hemos sabido que el tercero de 2019 mostró síntomas de fatiga que van a condicionar, probablemente, la carrera de los tres meses finales del año. En apariencia, la velocidad es la esperada —el PIB creció un 0,4% entre junio y septiembre—, pero el testigo se entrega algo más bajo porque el crecimiento interanual ya no es el 2% previsto, sino que cae al 1,9%.

El desfonde es generalizado, pero particularmente acusado para la demanda externa (que contribuye solo con una décima al avance, frente al 1,8% de la demanda interna). Tampoco hubo especial animación en el gasto privado y, sin embargo, sí que la hubo en el público, a pesar de que las restricciones presupuestarias eran importantes y lo serán más el próximo ejercicio.

El equipo llegará, en todo caso, a la meta, y estará por ver si finalmente el año se cierra por debajo de ese 2% que se antoja barrera psicológica. Lo que sí parece es que los velocistas de 2020 serán algo más lentos y el próximo año el PIB será alrededor de medio punto porcentual menor (1,5%). Se convergerá con la mayor parte de combinados europeos en una actividad económica algo más anémica y será mucho más complicado generar empleo, aunque se espera que se siga creando.

«Será un año, por lo tanto, para actuar políticamente con atención y agilidad en el que una economía como la española no puede permitirse quedar en fuera de juego».

Santiago Carbó

Todo esto sucede con unos niveles de precios reducidos. El IPC se elevó al 0,8% (tras el 0,4% de noviembre) pero la subida se asocia al alza de los carburantes porque los componentes subyacentes del consumo siguen adormilados. La inflación sigue perdida y una de las grandes incógnitas de 2020 es si se volverá a encontrar. A ello sigue abonada la política monetaria de muchos bancos centrales.

Respecto a las condiciones externas, ya no se temen zancadillas extraordinarias del exterior por el camino porque se ha disipado, en gran medida, el temor a una recesión global. No obstante, en 2020 seguirá habiendo riesgos a la baja. Estados Unidos celebrará elecciones en noviembre, pero todo el año parece abonado a un embrollo político considerable que, como viene siendo habitual en estos años, tendrá consecuencias en el exterior. En el terreno financiero, se aprecia cierto estrés en los mercados de deuda, una olla en cuya válvula de presión hay muchas manos tocando. Y, sobre todo, el próximo año será de mucho movimiento estratégico.

Entre otras cuestiones, va a haber mucho movimiento en negociación comercial en el año que entra. Se decidirá el nuevo acuerdo entre UE y el Reino Unido y habrá numerosas derivaciones y externalidades de lo que finalmente concreten (o deshagan) Estados Unidos y China. Será un año, por lo tanto, para actuar políticamente con atención y agilidad en el que una economía como la española no puede permitirse quedar en fuera de juego, abotargada por problemas internos que comienzan a eternizarse.

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