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Cambio en la fisionomía de la economía española

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El auge del turismo, con los beneficios que acarrea y también las externalidades para las poblaciones residentes, ha sido una de las sorpresas más comentadas este año. Sin embargo, la verdadera novedad está protagonizada por los servicios no turísticos de mercado, un sector que agrupa actividades profesionales, científicas, técnicas, financieras, de información y comunicaciones, entre otros.

En los últimos cinco años, el valor añadido de este agregado escaló nada menos que un 12%, frente al 8,3% de las ramas más estrechamente asociadas al turismo, es decir comercio, transporte, hostelería y restauración (con cálculos realizados comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019). Por comparación, el valor añadido de la industria manufacturera se incrementó un escaso 2,8%, un resultado todavía favorable en comparación con otras economías europeas.  


El impacto en el mercado laboral es notable: el sector de servicios no turísticos es responsable de uno de cada tres empleos nuevos generados desde 2019, y su expansión no parece detenerse a tenor de los recién publicados resultados de la afiliación.   

El tirón obedece en parte
a un cambio más o menos coyuntural de las pautas de consumo, pero también la posición
competitiva del sector, factor mucho más fundamental. Año tras año, las
empresas españolas especializadas en estos servicios ganan cuota en los
mercados internacionales, de modo que las exportaciones netas, o balanza, se ha
aupado hasta el 2,3% del PIB, el doble que hace una década. La balanza del
turismo, por su parte, arroja un resultado incluso más positivo pero no muy
distinto de la media histórica.  

En suma, todo apunta a
que estamos ante un cambio en la fisionomía del tejido productivo, fruto de la
expansión de un sector que tiene la ventaja de complementar los pilares
tradicionales de la economía española, sin expulsarlos (ausencia de efecto crowing
out
).

Esta revolución
silenciosa tiene implicaciones relevantes para la política económica. En primer
lugar, una mayor integración europea de los mercados de servicios sería
especialmente beneficiosa para las empresas españolas que gozan de un posicionamiento
competitivo favorable. Si bien los productos industriales circulan libremente
entre los países miembros, el comercio de servicios se enfrenta a numerosas
barreras técnicas, fiscales y regulatorias, dificultando la eclosión de
campeones europeos, según el informe Letta, y frenando el crecimiento de
economías como la nuestra que poseen una ventaja comparativa en este sector.

Por otra parte, los servicios no turísticos adolecen del mismo problema de bajo crecimiento de la productividad que el resto de la economía. Algunas de estas ramas, como las actividades profesionales y científicas presentan un nivel elevado de productividad, pero no otras, caso de los servicios inmobiliarios. Y, en su conjunto, la productividad apenas ha avanzado en la última década (habiéndose incluso reducido ligeramente desde la pandemia), a diferencia de la industria manufacturera, pionera en materia de robotización y automatización. El déficit de inversión empresarial incide aquí, como en el conjunto de la economía. 

Con el despliegue de la
inteligencia artificial es probable que afloren mejoras de la productividad,
con impactos de gran magnitud en el empleo y la competitividad del sector. Pero
sabemos que el efecto positivo de la tecnología en términos de productividad no
es automático: mucho depende de la adaptación de las políticas y de las
prácticas empresariales. A este respecto, el desarrollo de programas de
formación en la utilización de las nuevas tecnologías sería de gran ayuda para
mantener la posición competitiva del sector, y al tiempo mejorar la gestión
empresarial y la calidad del empleo, factores todos ellos que favorecen la eficiencia
productiva. Pensemos, por ejemplo, en la investigación farmacéutica, para la
cual España posee importantes nichos de ventaja comparativa.

La expansión de los
servicios no turísticos ha aportado una diversificación saludable, pero no
resuelve los déficits de inversión, productividad y salarios que todavía
lastran la economía española.          

VIVIENDA| Distintos análisis muestran que el principal factor que explica la escasez de vivienda es el débil crecimiento de la construcción residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En los dos últimos años se han construido menos de la mitad de viviendas de lo que sería necesario habida cuenta del crecimiento poblacional, agravando el problema de escasez. Funcas prevé un crecimiento de la inversión en construcción del 2,9% en 2024, medio punto más que en los dos últimos años, siendo este todavía un repunte insuficiente para contener el déficit habitacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La pérdida de poder adquisitivo y su significado

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Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tirón del empleo… las cifras macroeconómicas confirman el momento dulce de la economía española desde una perspectiva agregada. Y, sin embargo, las encuestas cualitativas dibujan un panorama más complejo, con matices relevantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia roza dos de cada tres personas encuestadas.   

Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022 marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que hoy por hoy el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.


En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos —y de la propia Unión Europea— para mejorar el día a día.

La pérdida de poder
adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando
con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los
componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los
alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos
consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la
principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de
Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por
otras cuestiones, como la reducción de jornada.

Ahora bien, la erosión del
poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo
durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que
se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es
decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada
la inflación. Esta constatación explica la contradicción aparente entre los
resultados macroeconómicos, respaldados por el ensanchamiento del mercado
laboral, y por otra parte la sensación individual de deterioro del nivel de
vida.

Con todo, la política
económica se enfrenta a la necesidad de mantener el dinamismo del mercado
laboral, y a la vez atender las expectativas de mejora de los ingresos de un
amplio espectro de la población, y no solo entre los colectivos más
desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco de atención se centraba en el
empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por
la globalización y un proceso de cambio tecnológico sesgado en detrimento del
trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado
desplegar políticas efectivas a este respecto.

El momento actual, caracterizado por una pérdida cuasi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.

IPC Y SALARIOS | Según el indicador adelantado del INE, el IPC se incrementó en junio un 3,4% en términos interanuales, cifra que coincide con la previsión de Funcas. Este dato lleva la subida acumulada del índice, desde que se inició el brote inflacionario en el primer trimestre de 2021, hasta el 18,8%.  Durante el mismo periodo, se estima que la remuneración media por asalariado —una variable que proviene de las cuentas nacionales, incluyendo los salarios directos y otros costes laborales— se ha revalorizado un 14,4%, es decir 4,4 puntos menos que el IPC. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El proteccionismo que viene

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Los resultados de las elecciones europeas han convulsionado el “patio” político y económico. Principalmente en Francia, donde el presidente Macron ha adelantado las elecciones legislativas, generando gran incertidumbre en el país galo y en todo la Unión Europea. Se ha reflejado en las “primas de riesgo” de la deuda soberana del Viejo Continente y, en especial, en Francia. El mercado está nervioso por el sentido de esas próximas votaciones, pero también por las políticas —especialmente económicas— que puedan salir de ese próximo gobierno. Tensión en los mercados con propuestas como bajar impuestos de los partidos con mayor probabilidad de ganar según las encuestas. Un cierto déjà vu a las propuestas que se llevaron por delante a Liz Truss en Reino Unido hace ahora 20 meses.

Este terremoto político ha coincidido con el debate público sobre las medidas económicas que pueden promoverse desde la nueva Comisión y Parlamentos Europeos para los próximos cinco años. La transición a una economía sostenible, con la UE como el alumno más aplicado a escala global —para algunos demasiado— puede sufrir un redimensionamiento y ralentización. Más con el descontento de sectores como el agrario y el industrial, con costes al alza y pérdida de competitividad. En paralelo, la situación de determinadas industrias europeas preocupa mucho. En particular, las noticias sobre el sector automovilístico europeo. En España, importantes “toques de atención” —con implicaciones negativas cuantitativamente notables— con Ford en su factoría de Almussafes (que pretende despedir a un tercio de su fuerza de trabajo) o con la dimisión de Wayne Griffiths, presidente de la patronal del automóvil, Anfac. Algo no marcha bien en este sector en la UE, donde parece que se llega tarde a la transición al coche eléctrico. Tanto Estados Unidos como China llevan la delantera. Los vehículos eléctricos del gigante asiático —al que se acusa de competencia desleal al subvencionar esos coches— están en el punto de mira. Estados Unidos ya les subió los aranceles hasta el 100%. Ahora la Comisión Europea lo hará en julio hasta el 38%. Ya ha causado una reacción del gobierno chino que podría subir los aranceles al porcino europeo, afectando a las exportaciones españolas.

Viene una ola de proteccionismo, que el mismo Mario Draghi defendió en su discurso al recibir el Premio Carlos V hace unos días. Según el expresidente del BCE, se debe apostar por la política industrial para reducir la dependencia de países que ya no son fiables, y específicamente ante la amenaza china de inundar el mundo con productos imprescindibles en la transición climática a muy bajo coste. La pandemia enseñó las ventajas de reducir la dependencia exterior y la inseguridad jurídica. Sin embargo, se debe reconocer que el proteccionismo se sabe cómo comienza pero no cómo acaba. Los consumidores son los más perjudicados al aumentar los precios con los aranceles. Las represalias retroalimentan más efectos negativos sobre otros sectores. Es inevitable un creciente proteccionismo, pero es necesaria cautela con las medidas, así como con sus consecuencias para evitar males mayores.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El auge del turismo, o cómo no morir de éxito

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El
turismo está protagonizando un crecimiento intenso, mejorando netamente los pronósticos
prudentes que apuntaban a una mera normalización tras el golpe de la pandemia. El
auge podría persistir gracias a la diversificación de los destinos vacacionales
y su mejor distribución a lo largo del año, a tenor de los cambios de pauta detectados
por el Banco de España en su informe de previsiones. Y, sin embargo, la bonanza
también pone de manifiesto los límites del modelo de crecimiento español.

Sorprende el vigor en el inicio del año, habitualmente un periodo discreto desde el punto de vista vacacional: descontado la inflación, el consumo de los no residentes, aproximación del valor añadido que aporta el turismo al PIB, se incrementó un 13% en relación al mismo periodo de 2023. Fruto de ello, el turismo representa la quinta parte del crecimiento del PIB registrado en el primer tramo del año. Afortunadamente, los augurios de un desplome estructural como consecuencia de la pandemia no se han cumplido: el sector se ha aupado un 15,6% por encima de los registros anteriores a la crisis sanitaria (comparando los primeros trimestres de 2019 y 2024), y de momento nada parece detener su auge.


Y es que el tirón es en parte sostenible, especialmente cuando procede de territorios del interior poco visitados hasta fechas recientes o con margen de expansión. También existe un potencial de aprovechamiento, durante la temporada baja, de las infraestructuras hoteleras y de ocio saturadas en verano. En términos económicos, la productividad del capital turístico se estaría incrementando, al tiempo que sus beneficios estarían mejor repartidos.

El lado menos amable del bum
turístico es la inflación, presionada por la fuerte demanda de servicios de
alojamiento, restauración, viajes y ocio. En lo que va de año, el precio de estos
sectores, los más estrechamente ligados al turismo, ha crecido más del doble
que el resto de componentes del IPC. Así que los servicios turísticos emergen
como el último reducto del brote inflacionario, tomando el relevo de los
alimentos, en fase de desaceleración, y la energía, caracterizada por una
elevada volatilidad sin que se pueda discernir una tendencia clara. También explican
el desvío de la inflación con respecto a la media europea, una brecha que, de
prolongarse, afectará la competitividad del conjunto de la economía española:
lógicamente, los salarios relativos tienden a reflejar los diferenciales de
IPC.  

La escasez de vivienda es otro escollo en este contexto, pudiendo provocar la “expulsión” de actividades que no están asociadas al turismo o de personas que residen en zonas altamente demandadas (el fenómeno del crowding out). En última instancia, la falta de espacio habitacional, una situación paradójica para un país tan poco denso como el nuestro, podría incluso limitar las posibilidades de expansión de servicios no turísticos o de nuevas industrias, planteando un dilema de política económica.

Una manera de afrontarlo
consiste en constreñir la proliferación de pisos vacacionales, especialmente
cuando existen alternativas en alojamientos hoteleros convencionales. Este tipo
de medidas, sin embargo, sería insuficiente si el empuje del turismo fuera más
estructural, caso de una mejora permanente de la competitividad del sector,
difícil de contrarrestar: ante el riesgo de masificación, ciudades como
Florencia o París han elevado los impuestos turísticos, sin lograr quebrar la
tendencia (aunque el impacto en la recaudación, eso sí, puede ser sustancial).

En lo inmediato, la inversión destinada a ensanchar el potencial turístico y a reactivar la construcción residencial, junto con la entrada de mano de obra extranjera, pueden prolongar un ciclo expansivo que ha sido instrumental para salir de las diferentes crisis que han asolado la economía española. Pero las señales de saturación son cada vez más perceptibles, al tiempo que se agudizan los riesgos de expulsión de sectores con alto valor añadido, empleo de calidad y contenido tecnológico elevado. La diversificación del tejido productivo es, por tanto, un objetivo que conviene preservar.  

IPC | Se ensancha la brecha de inflación con la zona euro: el IPC subió en mayo un 3,8% en términos interanuales, frente a una media europea del 2,6%, según el dato avanzado de Eurostat. Se trata del diferencial más elevado desde que la curva de inflación se invirtió en octubre pasado. El deterioro procede en buena parte de los servicios relacionados con el turismo: el agregado compuesto por la hostelería, paquetes turísticos, viajes y restaurantes encarece sus precios a un ritmo muy superior al IPC total (diferencial de 1,1 puntos en lo que va de año).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos tiempos monetarios y económicos para la Unión Europea

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La última semana ha abierto una nueva etapa en la Unión Europea con un nuevo Parlamento Europeo, Traerá cambios políticos y otra agenda económica con renovadas prioridades. Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE), en su reunión del pasado jueves 6 de junio, decidió una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés, y se dio el pistoletazo —aunque con algún matiz— a un cambio en la estrategia monetaria para los próximos meses. Un alivio desde la perspectiva de los costes financieros. Un regalo de bienvenida a los nuevos representantes políticos europeos, quienes, si nada se tuerce, podrán comenzar su andadura con unas condiciones monetarias más benignas.

Redunda en ese papel integrador tan relevante del BCE desde 2012. Al finiquitar, con su intensa actuación en la compra de bonos, las tensiones sobre las deudas soberanas de las postrimerías de la crisis financiera global, la política monetaria del BCE pasó a ser la principal acción pública integradora y engrasó el motor para otras decisiones en la agenda europea. Eliminar tensiones facilita la consecución de las políticas deseadas y en eso el BCE ha hecho un buen trabajo desde 2012. Por cierto, la nueva legislatura europea se cruza con el BCE en el proyecto del euro digital, que debería de ver la luz en este periodo, aunque todavía existen interrogantes sobre el éxito en su uso si finalmente se implementa.

Prematuro aventurarse sobre la dirección que tomará la hoja de ruta económica de los nuevos Parlamento y Comisión Europea. Las personas importan y la lista de nombres que componga la Comisión será determinante. Se pueden pronosticar algunos cambios. La moderación en la velocidad de la transición energética parece uno de ellos, sobre todo tras las protestas de sectores relevantes, como los agricultores. La evidencia acumulada de que el actual modelo de transición verde está imponiendo más costes a la actividad productiva europea que a la de otros bloques (EE UU, China) probablemente conducirá a una ralentización del alcance de los objetivos de sostenibilidad.

Vienen además años en los que Europa se juega mucho en el ámbito industrial. La UE está descolocada ante la fortaleza norteamericana y china. Parece urgente reaccionar y ser proactivos para no perder el tren tecnológico de futuro. Seguir sin una hoja de ruta tecnológica clara no es opción, salvo que se desee depender de terceros y se renuncie a las grandes ventajas de nuevas actividades económicas, basadas en tecnología, sobre todo la inteligencia artificial (IA).

Especial preocupación genera el posicionamiento en un producto estratégico como los automóviles eléctricos. La tentación por subir los aranceles a los productos chinos, por ejemplo, tomó cuerpo el miércoles en Bruselas, aunque difícilmente logrará frenar el tsunami que esas importaciones tan competitivas pueden suponer.

En esa agenda para los próximos cinco años, el denominado Informe Letta, publicado recientemente, ayudará a la reflexión, filosofías y acciones a seguir por parte de los decisores de la UE. Su gran mensaje: reformar el mercado europeo como única alternativa al declive del continente. El informe aboga sin tapujos por la integración de los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones. Mantener la inercia actual sería perjudicial.

La unión de esos mercados no es una idea nueva. 32 años después de la creación del Mercado Único, es una cuestión de urgencia. Es necesario ganar dimensión. La UE está perdiendo peso específico y cada vez es un mercado más pequeño. No son solamente Estados Unidos y China: otros países grandes como India o Brasil juegan un papel creciente en detrimento de la UE, que ahora representa el 13,3% del PIB mundial. La influencia económica de sus 440 millones de consumidores, aun siendo relevante, ya está sobrepasada por China e India e incluso EE UU, aunque tenga menor población.

Enrico Letta aboga por cambiar las restrictivas reglas europeas sobre fusiones para facilitar ese proceso de integración de mercados. Ha habido excesivas resistencias nacionales a la formación de campeones europeos que puedan competir a escala global. Hace falta visión y ambición en los nuevos equipos que liderarán la UE hasta 2029, pero es en este periodo donde se notarán más las desventajas de no actuar decididamente y las ventajas de apostar por una mayor escala de operaciones en Europa. Por ejemplo, la IA no va a esperar a nadie, y ahí la escala es determinante. También será muy importante la regulación de IA que se implante en la UE, que deberá hacer verdaderos malabarismos para llegar a un equilibrio en estimular estas actividades tecnológicas, a la vez que se mantienen los principios más garantistas del Viejo Continente.

Por último, lo financiero. Letta estima que hace falta medio billón anual de recursos solamente para la transición verde, que no podrá venir solamente del dinero público —incluso aunque se incremente el presupuesto europeo—, y será necesario atraer fondos privados con suficiencia. Y para ello, el proyecto europeo debe ganar en credibilidad sobre su viabilidad futura en la economía global.

Y esas necesidades financieras comentadas no incluyen otros grandes proyectos europeos de esta legislatura (ampliación de la UE y reforzamiento de la defensa, por ejemplo). Sin duda, la bajada de tipos del BCE —y otras que probablemente vendrán— vienen bien a la hora de obtener esa financiación. Sin embargo, hace falta mucho más que una política monetaria como viento de cola. Son las reformas ambiciosas de largo recorrido, en la línea que apunta Letta, las que harán falta para mejorar el bienestar futuro de los europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La espiral de precios de la vivienda

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Cada día que pasa se complica la búsqueda de una solución a la escasez de vivienda que padece nuestro país, particularmente entre los jóvenes. La buena marcha de la economía, avalada esta semana por el veredicto favorable del informe del FMI, es una realidad que podría restar sensación de urgencia: los expertos del Fondo pronostican un avance del PIB superior al 2% tanto este año como el que viene, sostenido por el dinamismo del mercado laboral y la solidez de la posición competitiva del tejido productivo en un contexto internacional complejo.


Sin embargo, como reconoce el Fondo, la escasez de vivienda, además de ser un problema social de primer orden, puede convertirse en una importante limitación, dificultando la movilidad hacia las zonas más dinámicas y constriñendo la capacidad de atracción de talento. Esto último es especialmente perjudicial para un modelo productivo como el español basado en la incorporación de fuerza laboral (y con poco avance de la productividad). El encarecimiento de la vivienda es por otra parte un factor de inflación, por su traslado a los costes de producción e, indirectamente, a las demandas de compensación salarial.

Todo apunta a que el cuello de botella radica en la falta de oferta: en los últimos años, se ha construido poco más de la mitad de lo que sería necesario para satisfacer la demanda derivada del crecimiento poblacional, redundando en un déficit creciente, incluso si todas las viviendas vacías se pusieran en el mercado o las de alquiler vacacional se paralizaran. Pero el diagnóstico deja abiertas algunas cuestiones claves.


En primer lugar, contrariamente a algunas afirmaciones, el déficit de construcción residencial no obedece a la escasez de suelo urbano: éste abunda, algo bastante lógico en un país con poca densidad poblacional. Prueba de ello, tras el desplome posterior a la crisis financiera, el precio del suelo se mantiene en cotas reducidas, aun cuando su desarrollo en forma de inversión inmobiliaria sería rentable: la brecha creciente entre el precio del suelo y el de venta de vivienda nueva muestra que el mercado, por sí solo, no aportará una solución a la escasez, y que es necesario abordar las disfunciones.

Así pues, para desatascar
la construcción aprovechando el suelo disponible, es necesario aportar seguridad
jurídica a los promotores, particularmente en lo que atañe a la lentitud de los
trámites administrativos y al periodo de impugnación (algo que pretendía el
proyecto de ley retirado recientemente).

Pero también influye el destino de la inversión, ya que la demanda procede en buena medida del segmento del alquiler, que es también el más relevante desde el punto de vista de la movilidad y de la emancipación de los jóvenes. Por tanto, la puesta en el mercado libre de vivienda en propiedad no aliviaría esa demanda insatisfecha: solo operaría a largo plazo y débilmente en comparación con iniciativas basadas en la elevación de la oferta de alquiler.       

Otro imponderable, según
el sector, es la incertidumbre relativa a los costes de construcción y a la
disponibilidad de mano de obra como elementos limitativos de la inversión. El
despliegue de programas de formación de parados y la mejora de las condiciones
laborales podrían ayudar a aliviar la percepción de escasez. Pero, en todo
caso, la mera anticipación de una espiral de costes de producción unida a la
sensación de demora sine die de las iniciativas de apoyo al sector, solo
pueden retrasar el inicio del ciclo de construcción.   

En suma, cuanto más se intensifica la escasez de oferta, más se complica su solución, de modo que urge un plan que aborde los diferentes frenos a la inversión. La bajada de tipos de interés y  las medidas de apoyo a la demanda, generalmente poco eficaces, no detendrán la escalada de los precios y el déficit de vivienda asequible.

ALQUILER | Según Eurostat, el 24,7% de la población española residía en una vivienda en alquiler en 2023, un porcentaje que se ha incrementado desde la crisis financiera (en 2007 era inferior al 20%). La situación es similar a la de otros países mediterráneos, pero dista todavía de la que prevalece en el centro de Europa, particularmente Alemania donde más de la mitad de las personas viven de alquiler, y Francia con algo menos del 40%. Por otra parte, solo uno de cada tres inquilinos se beneficia de un alquiler reducido o subvencionado en España.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España en el futuro de Europa

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La buena marcha de la economía española en comparación
con la europea no solo evidencia el papel clave de la construcción comunitaria
en el desarrollo de nuestro país. También dibuja una reconfiguración de las
prioridades de la Unión Europea: para España, los temas presupuestarios o el
volumen de transferencias que recibimos importan ya mucho menos que cuestiones
de índole más estratégica, cuando no existencial, parafraseando el reciente
discurso del presidente Macron, refiriéndose a la UE como un proyecto no
necesariamente inmortal.      

La trayectoria reciente de nuestra economía es reveladora de la importancia del mercado único, tanto como del giro político operado en Bruselas estos últimos años. Si el PIB se sitúa un 3,7% por encima del nivel prepandemia, permitiendo la creación de 1,25 millones de puestos de trabajo durante un periodo tan convulso, es en parte por el replanteamiento de la política económica europea tras el desgarro de la crisis financiera. Y también por los buenos resultados cosechados por las empresas españolas en los mercados europeos. El sector exterior, gracias al estímulo de la integración europea, explica directamente el 40% del avance del PIB español registrado desde finales de 2019. La clave está en un posicionamiento competitivo favorable: el año pasado, el saldo de los intercambios de bienes y servicios con la UE arrojó un superávit récord, hasta casi duplicar el excedente de la locomotora alemana, algo también inédito. Por el contrario, Francia e Italia registran un déficit en sus intercambios intracomunitarios.     


Para afianzar estos resultados, hay que aprovechar las circunstancias que permitan sacar partido de la posición competitiva de nuestro tejido productivo. Se trata de atajar la escalada de subvenciones y de ayudas que distorsionan el mercado único, debilitando espuriamente el tirón de las exportaciones.

De manera similar, la promoción de campeones nacionales en cada Estado miembro, no solo fragmenta el mercado único; también lastra la competitividad del conjunto de la economía europea. Las experiencias exitosas muestran por el contrario la importancia de la competencia entre grandes corporaciones como instrumento primordial de política industrial y de sostén del poder adquisitivo de las familias. El informe Letta aboga por la emergencia de potentes operadores europeos que compitan entre sí, y no de gigantes con pies de barro que difícilmente resistirían la competencia con sus homólogos norteamericanos o chinos.   

Para una economía competitiva como la española la movilidad del ahorro debería ser un tema más prioritario que el ensanchamiento del presupuesto europeo. Es preocupante que Europa exporte nada menos que el 13% de los recursos disponibles en el sector privado para invertirlos en el aparato productivo de países terceros, entre los que destaca EE UU. El volumen de estos recursos perdidos supera las necesidades estimadas de inversión o de ampliación de los recursos públicos comunitarios. Para España, sería más provechoso desatascar las barreras a la movilidad del ahorro que obtener un nuevo Next Generation; el actual, en todo caso, todavía tiene mucho recorrido. En suma, la unión financiera no debería dilatarse más. 

La política comercial europea también debe reubicarse. La
guerra arancelaria entre EE UU y China ha debilitado el sistema multilateral,
abocando a acuerdos con otros grandes actores guiados por los intereses
europeos y las normas medioambientales y sociales. Este es también un ámbito en
el que la economía española puede aprovechar sus ventajas de costes
energéticos. Tales acuerdos también pueden incorporar un desarrollo ordenado de
los flujos migratorios, importantes para un continente que envejece y se enfrenta
a cuellos de botella.         

Todo ello configura una estrategia coherente con las
necesidades de la economía española, y al tiempo arraigada en los principios europeos
fundacionales de apertura y cohesión social. Paradójicamente, su puesta en
marcha entraña un esfuerzo presupuestario limitado en comparación con las soluciones
inspiradas en la tentación de retraimiento en las fronteras nacionales.

IPC | El IPC se incrementó un 3,8% en mayo en términos interanuales y armonizados, frente al 2,6% para el conjunto de la eurozona. Por tanto, el diferencial de inflación sigue siendo desfavorable, en parte por factores puntuales como la rápida desescalada de los precios energéticos en Europa (una tendencia que en el caso de España se produjo con anterioridad). Por otra parte, descartando la inflación y los alimentos frescos, el IPC subyacente también supera la media europea, reflejando el dinamismo de la demanda, sobre todo en los sectores más ligados al turismo.       

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La debilidad de la inversión, ¿ha venido para quedarse?

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La semana pasada, en una jornada de trabajo organizada en el marco del Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria (OFEI), tuvimos la oportunidad de discutir sobre la situación de la inversión en España. Aunque el título del evento, “Debilidad de la inversión empresarial: a la búsqueda de explicaciones”, ya indicaba cierta preocupación por la situación, el objetivo —más allá del pesimismo insinuado— era realizar una diagnosis rigurosa de lo que está sucediendo con esta variable.

El objeto del análisis era la paradoja que experimenta la economía española, consistente en que, a pesar de sus buenos resultados en términos de crecimiento, la inversión no ha alcanzado todavía los niveles prepandemia (gráfico 1). La inversión es una variable con efectos a medio y largo plazo y, por tanto, se puede posponer o adelantar dependiendo de las condiciones del mercado. Evidentemente, la escalada de los tipos de interés no ha ayudado a impulsarla; sin embargo, como ya se ha explicado, los tipos de interés han crecido de la misma manera en el resto de las economías de la zona euro y no presentan un patrón tan débil como el español. Además, en la segunda mitad del año pasado, la estabilización de los tipos debería haber contribuido, al menos, a contener la caída en la inversión, cosa que solo se ha observado en el primer trimestre de 2024. En todo caso, los primeros trimestres de los últimos tres años han mostrado un buen comportamiento, por lo que es bueno tomar perspectiva con un período de análisis más extenso.


Se recordará que, a comienzos de siglo, la denominada inversión no productiva —en construcción y vivienda— estuvo creciendo de forma desmesurada, alcanzando el 20,7% del PIB en 2006, lo que impulsó el esfuerzo total en inversión al 30,0% del PIB ese mismo año. La crisis surgida de la Gran Recesión provocó un ajuste sin precedentes en esta partida hasta tocar fondo en 2013, cuando el esfuerzo total había caído al 17,4% (cuadro 1). La reestructuración fue tal que la inversión productiva superó ligeramente a la inversión en vivienda y construcción, dando lugar a una composición de la inversión más equilibrada, manteniéndose así hasta la pandemia. Hasta aquí, una historia bastante conocida. Lo que no lo es tanto es la debilidad que ha mostrado la inversión productiva desde entonces, pues no es capaz de seguir la senda de crecimiento de la economía general. De hecho, en 2023 esa debilidad ha llegado a provocar que la inversión productiva solo represente el 8,8% del PIB, el mínimo desde 2014.


Entre las razones que se argumentan para explicar la débil trayectoria de la inversión destaca el acceso a la financiación o los elevados costes energéticos, y está tomando protagonismo el riesgo regulatorio y la incertidumbre sobre el futuro. De hecho, el factor que el último informe del Banco Europeo de Inversiones señala como la mayor barrera en el largo plazo para las decisiones de inversión es precisamente la incertidumbre. El 83% de los empresarios españoles indican que la incertidumbre les está influyendo negativamente a la hora de invertir. Y mientras en España el 60% de los empresarios asegura que la incertidumbre representa un obstáculo muy fuerte para su inversión, en el conjunto de la UE no llega al 40%.

Un ejemplo muy claro que pone de manifiesto el freno que está imponiendo la incertidumbre es el comportamiento de la inversión en “material de transporte”. Esta es la componente que más ha retrocedido en la formación bruta de capital fijo. En el primer trimestre de 2024 muestra un nivel (real) un 12,5% inferior al de 2015 (gráfico 2). Uno de los problemas a los que se enfrenta este tipo de inversión es la cambiante regulación sobre la transformación necesaria para descarbonizar el sector de transporte, y a esto se debe añadir que todavía el vehículo eléctrico en el transporte de mercancías solo es una realidad en los vehículos de menor capacidad. Pero incluso en las flotas de las empresas que solo precisan de turismos, se observa que el desarrollo en España está siendo mucho más lento que en la media europea. El gráfico pone de manifiesto de manera contundente que los agentes económicos españoles están posponiendo su decisión de inversión en vehículos, a pesar de las numerosas ayudas que se han puesto en marcha a través de los planes Next Generation para la sustitución del parque automovilístico de las empresas.

No todo son malas noticias sobre la inversión productiva. La inversión en activos inmateriales, que incluye la inversión en investigación y desarrollo, sí crece, y lo hace a buen ritmo, pues en el primer trimestre de 2024 es un 7% más elevada que la registrada en el mismo período de 2020. Por tanto, parece claro que donde se está teniendo más reparos es en la inversión en activos materiales. En concreto, cuando se analiza el patrón de inversión de los sectores institucionales españoles, se comprueba que los programas Next Generation sí han contribuido al aumento de la formación bruta de capital fijo en el sector público, que había estado cayendo antes de la pandemia, pero aún no está teniendo un efecto positivo en la inversión empresarial. Lo que se debería esperar en el futuro es que este impacto positivo también llegue al sector privado empresarial y reactive la inversión en activos materiales.

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El descuelgue europeo con una mirada española

Con
la proliferación de barreras comerciales entre las grandes potencias y la
reorganización de las cadenas productivas propiciada por la sucesión de crisis,
se abre una nueva etapa de la globalización. Y de momento Europa no parece
encontrar la respuesta adecuada al nuevo contexto. Además del declive relativo
de su posición económica en el mundo, la reglobalización exacerba las
disparidades entre los países miembros, y conviene por tanto entender la especificidad
de España ante estos cambios.

Las
señales de un deterioro europeo son inequívocas, si bien no son irreversibles y
en el caso de España se compensan en parte por el buen desempeño de sus
intercambios en el mercado único. Además de un crecimiento anémico, la economía
europea arrastra una pérdida de dinamismo de sus exportaciones. La cuota de
mercado de las empresas europeas en el comercio mundial de bienes se ha
reducido en un punto porcentual en tan solo cuatro años, mientras que EE UU consigue
mantener su posición y China escala 1,5 puntos (con datos de la OMC para 2019 y
2023). Las exportaciones de servicios apuntan a un mejor comportamiento, pero no
compensan la fragilidad de los sectores industriales.

La sensación de desacoplamiento es aún más acusada si nos fijamos en la Inversión Extranjera Directa, con un retroceso notable de los flujos de entrada de capital productivo en las empresas europeas (la desinversión en concepto de IED roza los 100.000 millones en los dos últimos años, contrastando con una entrada media anual de 478.000 millones en el periodo 2015-2019). A la inversa, el capital productivo fluye hacia las otras dos grandes potencias, si bien en el caso del gigante asiático se aprecia un frenazo importante.

G1

No solo la Unión Europea está siendo menos atractiva para la inversión de empresas de países terceros, pero es que además las corporaciones europeas reorientan parte de sus inversiones hacia destinos extracomunitarios. Así pues, comparando los flujos de entrada y de salida de inversión directa, se deduce que Europa se ha convertido en gran máquina de exportación de ahorro para invertirlo en el tejido productivo de los otros bloques comerciales. Este desvío del ahorro europeo se eleva a 2,6% del PIB europeo, siendo esto más o menos el volumen de recursos que necesita la UE, según estimaciones de Bruselas, para adaptar su economía a los grandes desafíos de nuestros tiempos.  

La posición de España respecto de los intercambios extracomunitarios se asemeja a la del conjunto de la UE. Sin embargo, afortunadamente en nuestro caso el deterioro se ha compensado con la mejora competitiva dentro del bloque europeo: las exportaciones ganan peso en el Mercado Único, el saldo de la balanza externa con el resto de la Unión es cada vez más favorable, y la inversión directa en empresas españolas desde otros socios comunitarios se ha afianzado. Prosigue, no obstante, el déficit de inversión nacional, en parte por factores internos, pero también por las incertidumbres del entorno europeo.

Para
España, el riesgo más inmediato proviene de la erosión del Mercado Único
generada por la multiplicación de ayudas de Estado y de otras posibles
iniciativas de aquellos socios comunitarios que se han visto más afectados por
la reglobalización. Pero conviene reconocer que nadie dispone ya de la
masa crítica para salvarse por sí solo: el principal reto radica en la
construcción de una respuesta común a los desafíos globales. La unión
financiera, con una armonización fiscal del impuesto de sociedades, es una
alternativa que facilitaría la reinversión del ahorro europeo. Otra opción consistiría
en la creación un presupuesto común de inversión, siguiendo los pasos del
programa Next Generation pero gestionado desde Bruselas. Las elecciones
europeas son una oportunidad para debatir estas y otras vías de solución ante
un statu quo perjudicial para la economía europea y su modelo social
único en el mundo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO | Según la asociación europea de fabricación de automóviles, los vehículos eléctricos o híbridos representaron el 48,1% de las matriculaciones totalizadas en 2023. Prácticamente uno de cada cinco de estos vehículos provenía de China, un porcentaje que podría seguir creciendo a tenor del diferencial de precios, en el entorno del 25%, incluso después de la aplicación a las importaciones de un arancel del 10%. La Comisión estudia la posibilidad de elevar el arancel hasta el 25%. Entre tanto, algunos constructores del país asiático han anunciado proyectos de fabricación en España y Hungría. 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Gracias por leer El descuelgue europeo con una mirada española, una entrada de Funcasblog.

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las-compraventas-de-viviendas-se-recuperan-al-inicio-de-2024

Las compraventas de viviendas se recuperan al inicio de 2024

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Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad | Marzo 2024


En 2023 las transacciones de viviendas interrumpieron la trayectoria ascendente que habían mantenido los años anteriores. El número de compraventas registró una caída de casi el 10% como consecuencia fundamentalmente de la subida de tipos de interés. Al mismo tiempo, los hogares aprovecharon el incremento de su renta disponible y la recuperación (parcial) de su capacidad adquisitiva para reducir su deuda de forma intensa. 

No obstante, la solidez de los balances de los hogares, el nivel relativamente elevado de su tasa de ahorro, la bonanza del mercado laboral y la expectativa del inicio del ciclo de bajadas de tipos de interés, hacían presagiar un cambio de tendencia al alza en 2024. 

Los datos del primer trimestre, en principio, parece que así lo confirman: el número de transacciones aún es inferior a la del mismo periodo del año pasado, pero aumentó en torno a un 5% con respecto al trimestre anterior (con cifras corregidas de estacionalidad), lo que supone el primer incremento trimestral en los últimos seis trimestres (gráfico 1). Así, la recuperación se ha iniciado incluso antes de lo esperado. Por otra parte, el crecimiento también se observa en el crédito nuevo para la compra de vivienda, que ya empezó a repuntar en los últimos meses de 2023 (gráfico 2).

El euríbor a un año cerró el mes de abril en un 3,70%, por debajo del 3,75% de un año antes, lo que supone el primer descenso interanual desde septiembre de 2021. Esta referencia, la más relevante en el mercado hipotecario español, ya comenzó a descender en torno a noviembre de 2023, anticipándose a los recortes de tipos por parte del BCE que ya comenzaban a descontarse, y se espera que continue a la baja a lo largo de todo el año, impulsando la continuación de la recuperación del mercado inmobiliario.

Con respecto al precio de la vivienda, aún no se dispone de datos relativos al primer trimestre de este año, pero probablemente las subidas, que no se detuvieron en 2023 —solo se ralentizaron— habrán continuado.

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