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Limitado avance de la actividad industrial hasta septiembre

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El índice de producción industrial creció un 0,5% en septiembre. En el acumulado de los nueve primeros meses del año el crecimiento fue del 0,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por grandes subgrupos, los bienes de consumo son los que presentan una evolución más favorable en el acumulado del año, con un ascenso del 1,9%. Los bienes de equipo, que es el grupo que registró un crecimiento más intenso en los años anteriores, descienden un 0,9% en el año actual. La actividad en el sector energético continúa cayendo, después del fuerte descenso sufrido el año anterior (gráfico 1). Solo el sector de bienes de consumo supera el nivel de producción previo a la pandemia, por lo que el índice total se mantiene en niveles inferiores a dicho nivel.

Analizando los datos a un mayor nivel de desagregación sectorial, dentro de los bienes de consumo, se observan comportamientos divergentes, entre, por ejemplo, el sector de alimentación, que crece un 2% en el acumulado del año, y sectores como textil, confección o cuero y calzado, que registran caídas muy abultadas, que se suman a los fuertes descensos sufridos el año anterior.

En cuanto al resto de subsectores, destacan positivamente el farmacéutico y productos informáticos, electrónicos y ópticos, con tasas de crecimiento de dos dígitos. Finalmente, el sector del automóvil, tras la recuperación observada el año pasado, este ejercicio registra una caída del 2,4%.

En suma, el débil ascenso de la actividad industrial en lo que va de año se sustenta fundamentalmente sobre ciertos bienes de consumo, así como de algunos sectores puntuales.

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Las clases medias y el crecimiento económico español

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La economía española bate un récord de crecimiento, tras anotar en el tercer trimestre el mayor avance del PIB de la Unión Europea: un 3,4% en términos interanuales, casi cuatro veces más que la media europea. Las cifras macroeconómicas, aun empañadas por un consumo público desbocado, iluminan las perspectivas en el corto plazo, sin que aparezcan los desequilibrios que en otras épocas nos abocaron a una crisis. La deuda del sector privado se desinfla, no se perciben burbujas de crédito, la prima de riego se ha anclado por debajo de la de Francia, mientras que las cuentas externas arrojan un excedente sólido (el superávit por cuenta corriente acumulado hasta agosto es un 30% superior al registrado el año pasado). El tejido productivo se diversifica, fruto del auge de las exportaciones de servicios no turísticos, cuyo crecimiento casi cuadriplica el del PIB.  

El cuadro global es por tanto alentador, otra cosa es cómo se percibe en la ciudadanía tras la sucesión de shocks de estos últimos cinco años. En este periodo los ganadores son los colectivos que han conseguido un empleo, sobre todo los parados y los extranjeros que se han insertado en el mercado laboral, siendo este último grupo el más numeroso. Asimismo, los perceptores del salario mínimo y de prestaciones que se han revalorizado por encima de la inflación también han podido mejorar su situación. En el otro extremo, se encuentran los inversores que han logrado fructificar su capital al calor de la subida de los tipos de interés y de la bolsa. 

El grueso de las clases medias, sin embargo, ha sufrido una merma de poder adquisitivo: pese a la mejora salarial observada hasta el tercer trimestre, la remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace cinco años (descontando la subida de los precios al consumo). A ello se une en el caso de los jóvenes la dificultad de acceso a la vivienda. 


La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como consecuencia de mejoras de eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero del presente ejercicio el PIB se ha incrementado un 6,6%, y el empleo lo ha hecho un 9,3%, evidenciando un declive de la productividad por ocupado. La tendencia en términos de productividad por hora trabajada ha sido más favorable, incluso levemente positiva en el periodo más reciente, pero no se aprecia de momento una mejora estructural.

El modelo aditivo de crecimiento se enfrenta a la necesidad de construir vivienda para así acompasar incremento de población que sustenta el actual ciclo expansivo y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, la inversión residencial apenas reacciona a la situación de escasez, siendo la construcción una de las variables más rezagadas desde la pandemia. 

El déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado. El comportamiento de esta variable clave sigue marcado por la debilidad, algo sorprendente teniendo en cuenta la situación relativamente saneada de las cuentas de las empresas, la disponibilidad de abundantes fondos europeos y la entrada de capital extranjero. Se estima que el volumen de inversión empresarial se sitúa todavía en torno a un 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia, lo que podría acabar por constreñir la expansión, además de alejar la perspectiva de una transformación del modelo productivo, como sería deseable.

Entre tanto, la renta per capita apenas ha avanzado un 1,4% en el periodo considerado, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico.  

DÉFICIT | Pese al crecimiento económico, el desvío de las cuentas públicas no parece estar corrigiéndose. El déficit consolidado de las administraciones públicas (a excepción de las locales) alcanza el 2,3% del PIB, con datos hasta agosto. Esto es una décima más que en el mismo periodo del año pasado. Si bien la recaudación mantiene una tónica creciente, al compás de la economía, el gasto público avanza a un ritmo mayor. Destaca el consumo de las administraciones, con un avance del 6%, superior a lo que cabía esperar en un contexto de prórroga presupuestaria.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cuando la economía crece, pero es difícil percibirlo

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Hace unos días, impartiendo una conferencia, surgió una pregunta sobre cómo se podían reconciliar las comparativamente elevadas –y revisadas al alza recientemente– tasas de crecimiento de la economía española con la percepción de que las cosas no van tan bien a pie de calle. Algunos indicadores apoyan esa sensación, como son la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, los relativamente bajos salarios y las enormes dificultades de una parte considerable de la población para acceder a una vivienda asequible. 

A escala macroeconómica, las sorpresas están siendo positivas. Ya son dos años en que las previsiones de crecimiento van mejorando conforme avanza el ejercicio y el dato efectivo final confirma ese pronóstico más optimista. En 2024, a pesar de los titubeos globales y de la Unión Europea, con un cierto debilitamiento de la coyuntura, la previsión del FMI de la semana pasada sitúa el crecimiento para España en el 2,9%, de los valores más elevados a escala global y por encima de los del propio Gobierno (2,7%). Medio punto por encima de lo que dijo en abril, que a su vez ya había mejorado la anterior estimación. Funcas estima algo más (3,0%).

Estas correcciones –al alza– muestran lo complejo que es realizar estimaciones macroeconómicas muy precisas, y el PIB es uno de los casos más claros. Tal vez, si los agentes económicos e inversores hubieran tenido de referencia el 3% como crecimiento a primeros de año, habrían apostado más por nuestra economía. De ahí la gran importancia de revisar las previsiones si hay elementos que obligan a ello. Sin olvidar que algunos abogan por mejorar metodológicamente la estimación del PIB para que refleje otros aspectos más cualitativos del bienestar.

El crecimiento español está teniendo varios vientos de cola. Uno de ellos es el crecimiento de la población, fundamentalmente con la inmigración. En 2022, el saldo neto migratorio fue de 727.000 personas. 2023 y 2024 han ido incluso a más. Esto siempre lleva aparejado un aumento de la actividad económica, más aún cuando el paro sigue bajando (gradualmente) y el número de afiliados a la Seguridad Social está en máximos. No obstante, ese aumento de la población explica que el PIB per cápita o la productividad no hayan evolucionado tan favorablemente.

También parece estar jugando a favor del fuerte crecimiento de España nuestro mix energético, más diversificado y con mayor y creciente peso de las renovables, lo que parece un elemento diferencial con respecto a episodios inflacionarios pasados. Comparando con otros países, la situación energética, por ejemplo, de Alemania con una gran dependencia del gas –y hasta 2022 del proveniente de Rusia– genera muchos más problemas.

Asimismo, la especialización productiva en servicios –muchos muy competitivos–, con alta demanda en estos momentos, y no solo los turísticos, ayuda a que la economía española esté teniendo un buen desempeño comparado con otros socios europeos con un mayor peso industrial, con un cierto declive en demanda y en un proceso de reestructuración, como es el caso del automóvil.

Otro factor que ha ayudado a una mayor tasa de crecimiento económico de España es la contribución de los fondos Next Generation EU, que ha representado unas décimas de crecimiento en los últimos años. Está por ver el aprovechamiento de esos fondos a largo plazo para proyectos de modernización, digitalización y sostenibilidad y si generan efectos arrastre permanentes para la economía, de cara a los necesarios incrementos de productividad, que vendrían acompañados de mejores salarios y de un mayor bienestar.

El fuerte crecimiento del PIB, al venir acompañado de un intenso aumento de la población, ha dado lugar a que la renta per cápita no haya evolucionado tan favorablemente. Hace poco se recuperaron los niveles de renta per cápita de 2019. El proceso inflacionario –intenso durante dos años– ha hecho perder poder adquisitivo a buena parte de la población, lo que redunda en la sensación de muchos de que las cosas no van tan bien económicamente. Solamente las personas mayores de 65 años están con mejores niveles de renta per cápita que en 2019, al ser las que más pueden ahorrar.

El que el ahorro no llegue a generaciones más jóvenes, con una mayor capacidad de movilizarlo en demanda y gasto, es un cierto lastre. Si a esto se le añade el fuerte encarecimiento de un activo como la vivienda –la inversión más importante a lo largo de nuestra vida–, con graves problemas de acceso a ella de modo asequible en zonas tensionadas, la percepción es que la situación económica para muchos no va tan bien como parece mostrar el indicador agregado de crecimiento del PIB.

Una de las claves para que se alineen más los indicadores macro de actividad económica con los micro (per cápita) en un contexto de aumento de la población pasa por un aumento de la productividad. Por ejemplo, crear un entorno más amigable a las empresas, que incentive la inversión doméstica, que se ha debilitado en los últimos trimestres. Contrasta con el mejor comportamiento de la inversión extranjera. 

Asimismo, una mayor inversión tecnológica (inteligencia artificial) ayudaría a sentar mejores bases para el aumento de la productividad, con lo que podría consolidar el fuerte crecimiento actual a largo plazo, y además las remuneraciones salariales podrían mejorar. Si además se aceleran otras actuaciones públicas, como son las relacionadas con mejorar el acceso a una vivienda asequible, las sensaciones individuales se acercarían al frío (y positivo, sin duda) dato de crecimiento agregado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Objetivos y realidades de los planes presupuestarios

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La senda fiscal anunciada esta semana por el Gobierno en consonancia con los compromisos comunitarios anticipa una importante corrección de los desequilibrios, sin dañar las perspectivas de crecimiento o de creación de empleo. Conforme a este escenario, el déficit público descendería hasta el 2,5% del PIB en 2025, algo que, descontando el pago de intereses, equivale a un superávit (de tres décimas), por primera vez desde la crisis financiera. El agujero seguiría disminuyendo posteriormente, colocando la deuda pública en una senda sólidamente decreciente, al tiempo que la tasa de paro bajaría del doble dígito a partir de 2026, corrigiendo una anomalía que arrastramos desde hace lustros. Todo ello gracias a una combinación de mejoras tributarias, de calidad del gasto y de reformas. 


El cumplimiento de unas proyecciones tan halagüeñas como reconfortantes depende de tres condiciones, y ahí es donde surgen las dudas. El primer escollo procede de la falta de concreción acerca de las medidas de ajuste presupuestario, tanto de la fiscalidad como del gasto. Se trata de ayudar a cuadrar las cuentas y generar un clima propicio a las inversiones necesarias, algo que solo parece posible fortaleciendo la cooperación entre diferentes administraciones. De poco sirven las evaluaciones de la Airef de la eficacia del gasto y de la política tributaria si sus resultados no están asociados a los flujos de financiación. Una opción, frecuente en países de estructura federal, consistiría en incentivar las administraciones que responden a los objetivos, de manera similar a la práctica presupuestaria de la Unión Europea (así funcionan, por ejemplo, los fondos Next Generation). En todo caso, veremos cómo se articula el plan con el anteproyecto de Presupuestos Generales de Estado. 

En segundo lugar, el plan se basa en una premisa crucial: la economía española seguiría creciendo a un ritmo elevado, aligerando automáticamente el peso de los pasivos presupuestarios (el efecto cíclico representa la mitad de la reducción del déficit previsto en el plan para los dos próximos años). En una economía tan dependiente de la incorporación de fuerza laboral, sin embargo, la hipótesis de crecimiento solo parece factible si la inversión en vivienda se recupera hasta niveles suficientes para sostener la movilidad laboral. El plan prevé un fuerte rebote de la inversión (con un incremento total del 10,7% en el próximo bienio), que supone un giro en las expectativas empresariales y reformas del mercado de vivienda, que de momento no se vislumbran en un contexto político polarizado.  

Ni el descenso de los tipos de interés —un paso acertado del BCE, y seguirán otros—, ni las medidas de apoyo a la demanda (avales públicos, bono joven, propuestas de descenso de IRPF) servirán para relajar una presión que proviene de obstáculos del lado de la oferta de vivienda, y que requieren de soluciones estructurales. 

Finalmente, el Plan anticipa un escenario voluntarista de recuperación de los mercados de exportación y del resto de socios comunitarios. Veremos cómo se articulan estas hipótesis con los vaivenes de la geopolítica y el recrudecimiento del proteccionismo. Por otra parte, los planes fiscales de los países vecinos no dejar mucho lugar al optimismo. En el momento de escribir, ni Alemania ni Francia habían enviado sus planes. Otros, como Italia y Países Bajos, prevén un crecimiento limitado de sus economías. En general, la suma de las políticas fiscales nacionales tiende a ser restrictiva, lejos del estímulo inversor anhelado por Draghi en su informe. 

En lo inmediato, es probable que el déficit se acerque al 3% este año y que las condiciones de financiación de ese agujero sigan siendo favorables. Más allá, la sostenibilidad fiscal depende de reformas e inversiones, en vivienda y equipamiento, que de momento no se vislumbran. La inercia no dejaría espacio para una reducción adicional del desvío. Y, de manera general, los planes nacionales no parecen estar a la altura de los grandes desafíos a que se enfrenta Europa.  

PRIMA DE RIESGO | Tras un verano marcado por la volatilidad, la prima de riesgo soportada por la deuda española tiende a descender. El diferencial de rentabilidad entre las obligaciones del Tesoro con vencimiento a 10 años y la referencia alemana se sitúa en 70 puntos básicos, frente a más de 80 hace un mes y en torno a 100 en el otoño pasado. La mejora contrasta con la presión que se ejerce sobre la deuda de Francia, cuya prima de riesgo, lastrada por las incertidumbres que planean sobre las perspectivas económicas y fiscales de la economía gala, ha pasado a superar la española.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El tirón irrepetible del consumo

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La economía española sigue sorprendiendo, en parte, y esa es la noticia más positiva, por el auge exportador, aupado por unos costes energéticos competitivos. Pero las buenas cifras macroeconómicas también encubren una bonanza insostenible del consumo. Esta variable explica el 70% del crecimiento registrado en el primer semestre, frente al 28% de aportación del sector externo. El 2% restante es atribuible a la inversión, cuya persistente debilidad es preocupante. 


El consumo público difícilmente puede seguir expandiéndose a tasas superiores al 4% como en los últimos dos años, ya que nos enfrentamos tanto a los límites establecidos por Bruselas como a la realidad de los mercados: estos siguen comprando deuda española a un precio asequible ya que consideran que existe un margen de contención de los desequilibrios sin afectar gravemente la marcha de la economía. La situación de Francia pone de manifiesto el impacto de un cambio de expectativas, con unos ahorradores que exigen primas de riego incrementadas habida cuenta de la magnitud del agujero presupuestario y de las inciertas perspectivas de crecimiento de la economía gala. 

Por su parte el impulso del consumo privado procede sobre todo de los ingresos generados por la creación de empleo, y no de una mejora de la retribución media por trabajador. En los últimos dos años, la masa salarial se incrementó un 6,4% en términos reales (con una comparación de los segundos trimestres de 2022 y 2024, y descontando el IPC), como consecuencia del fuerte aumento del número de asalariados: el salario medio por persona asalariada apenas subió un 0,4% durante el mismo periodo.

Se arraiga, por tanto, el carácter “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado en la incorporación de fuerza laboral, particularmente inmigrante. El 70% de empleo generado en el periodo considerado es de extranjeros, con un doble efecto positivo: en la actividad de algunos de los sectores más pujantes, y en el consumo. Sin embargo, más pronto que tarde la escasez de vivienda podría constreñir el mercado laboral y restar fuelle al ciclo expansivo. De momento no se percibe una recuperación sostenida de la inversión en construcción, cuyo nivel se sitúa todavía por debajo de la cota prepandemia, al tiempo que la población se ha expandido en 1,7 millones de personas. 

Cabe por tanto anticipar una moderación del consumo en los próximos años. Para que la inversión tome el relevo, como sería deseable, hace falta que las bajadas de tipos de interés, motivadas por la desescalada del IPC, animen el crédito; hasta la fecha las empresas han tendido a desendeudarse en vez de solicitar nuevos préstamos. También sería necesario abordar las incertidumbres, percibidas o reales, que lastran la inversión y derivan en un ahorro precautorio. En el primer semestre, las empresas acumularon un excedente superior al 2% del PIB, mientras que las familias incrementaron su tasa de ahorro por encima de los niveles considerados como normales en este punto del ciclo. En ambos casos, la tendencia al atesoramiento es compartida con la eurozona, poniendo de relieve la dimensión internacional de algunas de las incertidumbres.        

A este respecto, el conflicto en Oriente Medio, además de ser un drama humano, ensombrece el horizonte económico al tiempo que entraña un riesgo para la senda de desinflación, especialmente si las tensiones derivaran en una merma de capacidad de bombeo de hidrocarburos de la región. Una conflagración de mayor envergadura solo podría complicar la tímida recuperación prevista para la economía europea, debilitando el pulmón de las exportaciones.  

El escenario central sigue apuntando a un sólido crecimiento económico para este año, perdiendo algo de vigor en el próximo ejercicio, pero todavía manteniendo un diferencial muy relevante en relación a nuestros principales socios comunitarios. Es buen momento de encontrar consensos políticos para abordar los frenos a la inversión, generar confianza social y ensanchar el margen presupuestario que nos permita reaccionar ante nuevos shocks que acabarán por producirse. 

PETRÓLEO | El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio ha desatado una reacción de los mercados de hidrocarburos, ante el temor de una disrupción de la producción y de las exportaciones, particularmente de Irán. La cotización del barril de Brent se aproxima a los 80$, cuando apenas llegaba a los 70$ hace un mes, con una tendencia a la baja. El petróleo sigue teniendo un peso relevante en España, de modo que una subida del 10% de su precio redundaría en cinco décimas más de IPC (sin tener en cuenta los impactos indirectos o de segunda ronda).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El mercado inmobiliario en el segundo trimestre del año: interrupción, posiblemente transitoria, de la recuperación

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El repunte observado en la compraventa de viviendas en el primer trimestre de 2024 —tras la caída sufrida el año anterior— no tuvo continuidad en el segundo trimestre, en el que se registró una caída del 7% con respecto al trimestre anterior (gráfico 1). Esta caída procedió fundamentalmente del mal resultado obtenido concretamente en el mes de mayo. En los dos meses posteriores, junio y julio, las ventas regresaron a niveles semejantes a los del primer trimestre del año, por lo que quizás se tratase de una interrupción puntual dentro de una tendencia de recuperación. Así, la caída podría estar relacionada con la actualización de los sistemas informáticos de notarios y registradores, que obligó a posponer muchas operaciones al mes de junio.


En cualquier caso, el conjunto de viviendas vendidas en los siete primeros meses del año todavía fue un 1,3% inferior a las compraventas realizadas en el mismo periodo del año pasado, de modo que, de confirmarse en los próximos meses la continuidad de la recuperación, aún nos encontraríamos en una fase incipiente de la misma.

El crédito nuevo a las familias para la compra de viviendas exhibió un patrón semejante: su crecimiento se detuvo en el segundo trimestre, para repuntar nuevamente en julio, situándose un 25% por encima del nivel registrado el mismo mes del año anterior (gráfico 2).

Los precios de las viviendas, por otra parte, no han abandonado en ningún momento su trayectoria ascendente, e incluso se han acelerado: en el segundo trimestre el crecimiento fue del 7,8% interanual (gráfico 3).


El euríbor a 12 meses ha intensificado recientemente la senda descendente que inició a finales del pasado año. En agosto se situó de media en el 3,54%, el nivel más bajo desde junio de 2023, y a lo largo del mes de septiembre ha caído por debajo del 3%, lo que, unido a la positiva evolución del empleo, constituye una señal positiva de cara a la continuación de la fase de recuperación del ciclo inmobiliario.

El factor que podría frenar dicho ciclo podría ser la dificultad de acceso debido al elevado nivel que han alcanzado los precios. No obstante, el indicador de esfuerzo para la compra de vivienda, construido como la ratio entre el precio y la renta bruta anual por hogar, se ha reducido sustancialmente desde los máximos alcanzados en 2022 —como consecuencia de la caída de la renta durante la pandemia—, y ahora se encuentra solo dos décimas por encima de los niveles previos a la misma. Hay que puntualizar, en cualquier caso, que todas estas cifras se refieren a medias nacionales, y que pueden existir grandes diferencias a nivel regional.

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La carencia material y social severa afecta especialmente a las familias monoparentales

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La evolución de la carencia material y social severa en España no ha sido positiva en los últimos ocho años, en los que muchos países europeos, al contrario que España, han conseguido reducir este indicador. De hecho, el porcentaje de la población que no puede permitirse cubrir sus necesidades básicas aumentó del 7,7% al 9,0% entre 2022 y 2023 (gráfico 1), un periodo durante el cual la economía y el empleo crecieron en España a un nivel más elevado que en la mayoría de los países europeos.


Desde una perspectiva europea, España se sitúa en una posición desfavorable en lo que respecta a la carencia material y social severa: ocupa el quinto lugar entre los países con mayores niveles de carencia severa, sólo por detrás de Rumanía (19,8%), Bulgaria (18%), Grecia (13,5%) y Hungría (10,5%) (gráfico 2). Por el contrario, países como Polonia, Finlandia, la República Checa, los Países Bajos, Estonia y Suecia registran tasas significativamente más bajas de este indicador, con cifras inferiores al 3%, lo que supone, aproximadamente, un tercio del porcentaje español. 


El peso de la carencia material y social severa en España varía significativamente en función del tipo de hogar. Las familias monoparentales afrontan un riesgo de pobreza mucho mayor (18,4%) que el de otras estructuras familiares (gráfico 3). La tasa de carencia severa de los hogares monoparentales en España es especialmente elevada en el contexto europeo, situando al país tres puntos porcentuales por encima de la media europea (15,2%); solo Rumanía, Grecia, Bulgaria, Hungría y Malta registran cifras superiores. En la mayoría de los países europeos, los hogares monoparentales muestran tasas de privación más elevadas que los que no tienen hijos, especialmente los hogares compuestos por adultos mayores, en los que los niveles de carencia son generalmente menores (por debajo del 7%) (gráfico 4a). Sin embargo, en el caso de las familias con dos adultos e hijos dependientes, España presenta un patrón único. En España, la carencia material y social severa es más frecuente en estas familias que en hogares con un solo adulto de 65 años o más, una inversión de la tendencia típica observada en la mayoría de los países europeos (gráfico 4b). De hecho, España es uno de los seis países de la Unión Europea en los que esto sucede, destacando como el país con la mayor disparidad en las tasas de carencia material y social severa entre ambos grupos.


La prevalencia de la carencia material y social severa también varía en función del número de hijos dependientes en un hogar. En la mayoría de los países de la UE, la diferencia entre tener uno o dos hijos resulta relativamente pequeña, pero la tasa de pobreza aumenta significativamente con el tercero. España sigue esa tendencia: uno de cada seis hogares con tres hijos o más sufre carencia material y social severa (gráfico 5), si bien la tasa española es considerablemente más alta en España que en la mayoría de los demás países de la UE.

Ver también Focus on Spanish Society, septiembre 2024.

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Alza del crecimiento y revisión del diagnóstico

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El panorama que se dibuja tras la revisión al alza del Instituto Nacional de Estadística, con un PIB un 2,5% superior a las estimaciones iniciales, obliga a repensar el diagnóstico de las fuerzas y debilidades de la economía española. Una mirada en el espejo de Europa aporta algunas informaciones relevantes a este respecto. 

Considerando los cuatro últimos años en su conjunto, el PIB español avanzó un 3,6%, prácticamente lo mismo que la media de la eurozona (3,5%). Sin embargo, este resultado encubre dos periodos distintos, uno marcado por el golpe de la pandemia, más perjudicial en nuestro país, y otro posterior a la guerra en Ucrania: desde entonces el crecimiento ha sido sistemáticamente superior a la media europea, con una brecha que ha ido incluso ensanchándose. Así pues, mientras que la economía europea muestra síntomas de estancamiento, con ligeros repuntes seguidos de recaídas, la nuestra afianza su avance (las próximas estimaciones trimestrales podrían obligar a matizar el perfil temporal, pero sin alterar tendencia de fondo). 


De todo ello se puede deducir que la crisis energética ha tenido un menor impacto que en los países vecinos, bien por la disponibilidad de fuentes de energía alternativas a un precio asequible, bien por el peso reducido de la industria. En todo caso, el comportamiento de la economía española, tal y como ahora lo conocemos, es coherente con el advenimiento de un shock positivo de competitividad, cuyo vigor no se habría apreciado correctamente. Esta visión de excepcionalidad es coherente con la acumulación de superávits externos, particularmente en lo que atañe a los intercambios con el resto de la Unión Europea.      

Otro factor de diferenciación es la política presupuestaria. El consumo público explica 2,5 puntos de crecimiento (casi el 70% del avance del PIB registrado entre 2019 y 2023), siendo ésta una de las principales causas de la revisión de los expertos estadísticos. Sin duda, el momento coyuntural, más favorable de lo inicialmente previsto, no hubiera necesitado un estímulo fiscal tan potente. Es decir, habida cuenta lo que ahora sabemos acerca de la intensidad de la recuperación, un mayor esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas hubiera sido asumible.

En sentido contrario, se confirma la debilidad de la inversión, con una aportación negativa al PIB frente al ligero repunte registrado en Europa. No deja de extrañar un resultado así, considerando el tirón de la demanda, el plus de competitividad internacional y el maná de los fondos Next Generation. Además, los datos revisados dejan entrever una desaceleración en los dos últimos años, tanto en concepto de inversión en vivienda como de bienes de equipo. Existe por tanto un riesgo de cronificación del déficit de inversión productiva: a falta de nuevas iniciativas políticas, será complicado resolver la situación de escasez de vivienda o acelerar la adaptación del aparato productivo ante los desafíos globales y medioambientales que se vislumbran. Nos asomamos a un recorte adicional de tipos de interés, y esto ayudará, pero falta incidir más directamente en los obstáculos de fondo que lastran el mercado de vivienda, como las trabas al desarrollo del suelo construible, o las incertidumbres que enfrían la inversión en sectores clave como el automotriz.      

Las revisiones tampoco cierran la brecha entre las buenas cifras macroeconómicas y la pérdida de capacidad de compra que perciben muchas personas. Aun teniendo en cuenta el ajuste al alza, el consumo privado sigue sin alcanzar el nivel prepandemia en términos per capita

En definitiva, la economía española goza de un buen momento coyuntural, pero el impulso está siendo insuficiente para afrontar los principales desequilibrios económicos y sociales. No bastará con dejarse llevar por la inercia expansiva. Tampoco es concebible un desacoplamiento de la renqueante economía europea. El diagnóstico implacable del recién publicado informe de Mario Draghi sobre la economía comunitaria es también válido aquí. 

AUTOMÓVIL | El sector automotriz está atravesando un momento complicado. Entre 2019 y 2023, la producción europea retrocedió un 16,6% y los datos disponibles para el presente ejercicio apuntan a un deterioro adicional. España comparte la tendencia, pero el descenso es ligeramente menos acusado (-13,6%) gracias a la resistencia de sus exportaciones al resto de la Unión Europea. EE.UU., por su parte, logra crecer un 2,7%, recuperando una pequeña parte del terreno perdido antes de la pandemia. Finalmente, China afianza su liderazgo global en la producción automotriz, anotando un salto adelante del 22,2%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los problemas crecen y las soluciones urgen en el mercado de la vivienda

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Las dificultades de acceso a una vivienda asequible en España se encuentran entre los grandes problemas estructurales de nuestro país. No han mejorado desde la aprobación de la Ley de Vivienda a principios de 2023, sino que han empeorado. Los precios continúan subiendo. Y los alquileres han seguido encareciéndose y, lo que es casi peor, se han retirado viviendas del mercado, con lo que la oferta se ha reducido. El debate público no cesa y recurrentemente aparecen segmentos del mercado de la vivienda que parecen requerir una nueva actuación. Casi siempre se pide que sea desde las Administraciones Públicas. Con el comienzo del curso académico, se habló mucho de la falta de oferta en residencias universitarias y de pisos para estudiantes. Estos días la discusión gira alrededor del alquiler vacacional, sin duda una fuente de tensión en el mercado en la actualidad, ante el boom turístico después de la pandemia. 

Puede haber cosas que corregir e incluso limitar en este segmento, como pueda ser su mal uso y que se esté empleando para encarecer cada seis meses el alquiler, aunque se trate del mismo inquilino. Las propuestas para intervenir en el alquiler vacacional, si son excesivamente intervencionistas, podrían ser contraproducentes si animan a más propietarios a retirar sus viviendas de la oferta existente. Poner un techo a los precios de alquiler o una regulación excesiva no parece el camino para aumentar la oferta, que es el gran problema del mercado inmobiliario en España. Es el elefante en la habitación. Y los problemas no paran de crecer —como ocurría en aquella serie de una familia norteamericana con hijos adolescentes de la década de 1980— mientras no se actúe sobre la oferta de modo contundente. 

Están siendo frecuentes los análisis y diagnósticos. En esta misma cabecera, muchos autores —entre los que me incluyo— hemos escrito sobre ello. Y no es exclusivo de España. La mayor parte de los países occidentales están teniendo problemas similares de falta de oferta y problemas de accesibilidad, sobre todo para las generaciones más jóvenes, aunque el caso español parece de los más preocupantes. En España las cifras más consensuadas es que harán falta en torno a un millón de viviendas en lo que resta de década, lo que llevaría a precisar una construcción de vivienda nueva de entre 150.000 y 200.000 viviendas. Un esfuerzo enorme y que debe prolongarse en el tiempo. 

En cuanto a posibles soluciones y su viabilidad, lo primero es una llamada a la prudencia: aunque frecuentemente se aboga por la participación pública como eje fundamental en la promoción o alquiler de vivienda, esta visión es controvertida por su potencial para generar incentivos inadecuados y dar lugar a resultados insatisfactorios. Las intervenciones públicas, si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y no alcanzar los objetivos de accesibilidad deseados. Las actuaciones públicas pueden ser necesarias para atender las zonas con mayor tensión. Hay que recordar que son las Comunidades Autónomas las que tienen la mayor parte de las competencias. 

Un aspecto clave es la gestión eficaz del suelo urbanizable. La aprobación del proyecto de ley del suelo —más necesario que nunca— permitiría reducir la inseguridad jurídica, simplificar trámites burocráticos y el desarrollo de nuevas actividades de construcción. La planificación adecuada del suelo es fundamental para garantizar una oferta suficiente y moderar el incremento de los precios. Es clave que culmine la tramitación para aprobar esa Ley. 

Otro elemento importante es el fomento de la construcción de vivienda asequible, que incluye no solo la promoción de nuevas viviendas, sino también la rehabilitación de las existentes para mejorar su habitabilidad. Los programas de subvenciones y ayudas para la renovación de vivienda pueden ser particularmente útiles. Como ya se ha comentado, el mercado de alquiler necesita una atención particular en estos momentos. Su regulación debe evitar, a toda costa, ser distorsionadora, más en un momento de gran tensión como el actual. Es urgente dar con un equilibrio que proteja a los inquilinos sin desalentar a los propietarios. Además, la creación de un entorno regulatorio estable y predecible puede facilitar la inversión en el mercado de alquiler, incrementando así la oferta de viviendas de alquiler a precios razonables. 

Algunas cautelas finales. Preocupa y mucho la falta de mano de obra en el sector de la construcción, que puede ralentizar la creación de oferta de nuevas viviendas, aunque se despejaran otros interrogantes u obstáculos. Cualquier plan que aumente notablemente la oferta de viviendas debe contar con una estrategia de captación de la mano de obra necesaria. Asimismo, las necesidades financieras para construir toda la vivienda que hace falta son enormes. El Estado no puede abordarlas por sí solo, incluso aunque se aprobaran nuevos Presupuestos, que seguramente se adaptarían mejor a las nuevas necesidades, incluida la vivienda. En todo caso, hará falta un importante volumen de recursos privados para acometer la construcción de toda la vivienda que se precisa. 

Es necesario, por tanto, un enfoque holístico, continuado y coordinado en la política de vivienda que permitiría crear comunidades más resilientes y cohesionadas. La colaboración entre el sector público y privado, junto con una planificación urbana eficaz, será fundamental para alcanzar estos objetivos y asegurar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos. Estas políticas mejorarán la accesibilidad a la vivienda y contribuirán a la estabilidad económica y social del país, promoviendo un desarrollo urbano más sostenible y equitativo. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El futuro de Europa, según Draghi

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Nunca decepciona Mario Draghi, para muchos uno de los grandes “salvadores” del proyecto europeo. Tras varios cometidos institucionales en los últimos años —como ser primer ministro de Italia—, la Comisión Europea le encargó un informe sobre competitividad de la UE, que se ha dado a conocer esta semana pasada. Se esperaba como agua de mayo. El documento realiza un diagnóstico muy realista —casi traumático— y ofrece recomendaciones contundentes.

La UE, que sigue ensimismada, nuevamente se encuentra en un momento crítico, en una encrucijada, tras haber perdido en lo que va de siglo muchísimo terreno en el nuevo entorno competitivo global, y en particular, en el ámbito digital y de la innovación, frente a Estados Unidos, China y otros países emergentes. Es urgente reavivar enormemente la productividad. Draghi aboga por una UE mucho más integrada y resiliente, que acelere poderosamente la innovación y los nuevos motores de crecimiento, ya que está muy rezagada en el sector tecnológico. Solamente cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas. Asimismo, propone incrementar notablemente las inversiones en innovación y facilitar la comercialización de los productos resultantes, eliminando barreras burocráticas. Se debe disminuir la dependencia de terceros países —sobre todo, aunque no exclusivamente de China y su entorno— para suministros críticos, como materias primas y semiconductores, y reforzar la industria de defensa. Draghi considera muy útil completar la unión de mercados de capitales para atraer la inversión privada necesaria y la emisión de más deuda conjunta europea como financiación. Por último, la UE se enfrenta a costes energéticos significativamente más elevados que en otros países y debe reducir su dependencia exterior, que afecta negativamente su competitividad. Draghi aboga por un plan que combine la descarbonización con el desarrollo y especialización en tecnologías limpias, para impulsar tanto la sostenibilidad como el crecimiento industrial. Europa puede crecer liderando el desarrollo y producción de bienes derivados de tecnologías limpias.

La UE cuenta con fundamentos para ser una economía competitiva. Draghi propone una nueva estrategia industrial europea. Reconoce esfuerzos recientes, pero considera que no se han hecho de forma unificada. No será nada fácil superar las resistencias nacionales, que protegen a sus operadores domésticos, en vez de impulsar “campeones europeos”. Draghi apunta claramente a que el tiempo se agota para no perder la pugna de la competitividad global. Plantea que hacen falta en torno a 800 mil millones anuales para acometer los objetivos de su informe, proponiendo que se acometa con emisión de deuda conjunta europea, similar al modelo del fondo de recuperación Next Generation EU. Como cabía esperar, más aún a la luz de la mejorable gestión de esos fondos creados en la pandemia, el ministro de finanzas alemán, Christian Linden ya se ha apresurado a decir nein a ese aumento de la deuda compartida en la UE. También será complicado que la orientación política de la nueva legislatura ayude en este contexto. En suma, se trata de un diagnóstico certero pero habrá que superar numerosos obstáculos para que se cumplan los objetivos que plantea Draghi.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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