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Covid-19 y la reforma del orden económico internacional

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La covid-19 ha sacudido la economía global en unos momentos en los que se estaban generalizando las tensiones comerciales. En los últimos tres años los gobiernos nacionales han aprobado 2.723 medidas restrictivas del comercio internacional. Las más graves son las aplicadas en la guerra comercial de Estados Unidos y China. Estos dos países sólo son responsables del 23% de dichas medidas, aunque son las de mayor calado y las que están poniendo en peligro el sistema multilateral de comercio creado por Estados Unidos y del que China ha sido, seguramente, el país más beneficiado.

El conflicto Estados Unidos-China se remonta prácticamente
al momento en el que China fue aceptada en 2001 como miembro de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Desde ese momento China utilizó el comercio como un
arma al servicio de su estrategia geopolítica. Por su particular sistema económico, que podemos
caracterizar como de capitalismo de estado, su gobierno ha interferido
sistemáticamente, mediante ayudas
públicas de todo tipo, en la asignación de recursos y en la formación de
precios. El resultado es que en algunos sectores sus producciones son
extraordinariamente baratas, no porque sea el país más eficiente y competitivo
sino porque, debido a su sistema opaco de subvenciones públicas, invaden los
mercados internacionales obligando
a cerrar empresas en las economías avanzadas. El caso más extremo y
conocido ha sido el referente a la
producción de acero que, como consecuencia de este comportamiento anticompetitivo, ha ocasionado el cierre
de numerosas empresas en países desarrollados. Estados Unidos es seguramente el
país que en mayor medida se ha visto afectado, tanto en su producción de acero (sector
en el que también se han cerrado plantas industriales en Europa y en España) como
en otras actividades productivas.

Frente a este comportamiento, la OMC, que es la
organización encargada de vigilar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos
que garantizan un comercio libre, no ha sido capaz de resolver los
conflictos y se ha mostrado incapaz de encauzar el comercio según el espíritu que impregnan
las normas que deben regir las relaciones comerciales internacionales y que
dieron origen a la propia organización.

«Es de esperar que la tremenda perturbación ocasionada por lacovid-19 haga ver con claridad a los líderes mundiales la necesidad de fortalecer el orden comercial internacional. Y que, mediante la cooperación y el consenso, se restaure una OMC más eficiente».

Esta falta de un buen gobierno multilateral ha contribuido al desarrollo de movimientos antiglobalización que reaccionan contra lo que consideran los efectos negativos de un mundo globalizado. Para estos movimientos, la covid-19 evidenciaría de forma clara lo que ellos consideran efectos negativos de la globalización. Por ello, hoy es frecuente escuchar que el reto al que nos enfrentamos no es la reconstrucción y mejora de las relaciones económicas que se estaban resquebrajando, sino el restablecimiento de unas sólidas economías que prioricen las industrias nacionales. Parece que hay unas fuerzas sociales y políticas que apuntan a la intensificación de los conflictos en las relaciones económicas internacionales. Por eso, Dani Rodrik cree que los autócratas populistas se volverán más autoritarios, que China y Estados Unidos mantendrán su enfrentamiento y que, en general, se intensificará la batalla en el seno de los países entre populistas autoritarios e internacionalistas liberales.

Ese camino sería desastroso y ojalá no se intente recorrer. Por el contrario, el impacto que está teniendo la covid-19 debería servir para reconducir las tensiones chino-norteamericanas. Es necesario comenzar superando el sentimiento anti-chino propio de algunas esferas de la sociedad norteamericana, pero también la hostilidad anti-norteamericana que se está extendiendo en la sociedad china. Como señala Keyu Jin, la crisis provocada por la covid-19 debería abrir el camino a la reconciliación. China, como potencia en ascenso, debe dejar de usar los instrumentos económicos como arma para hacer valer sus intereses geopolíticos y, en su lugar, ganarse la confianza del resto del mundo con comportamientos transparentes y actuaciones honestas. En la lucha que mantienen ambos países por el liderazgo mundial, Martin Wolf ha señalado, muy acertadamente, que vencerá aquel que sea capaz de mostrarse ante el mundo como competente y decente. Y cree que China no es decente, pero el coronavirus puede cambiar esta situación en unos momentos en que Estados Unidos tiene un presidente al que muchos consideran incompetente y perverso con el resto del mundo.

Es de esperar que la tremenda perturbación ocasionada por la covid-19 haga ver con claridad a los líderes mundiales la necesidad de fortalecer el orden comercial internacional. Y que, mediante la cooperación y el consenso, se restaure una OMC más eficiente para que vuelva a convertirse en un instrumento esencial para el logro, gracias a la división internacional del trabajo y la creciente integración de las economías nacionales, de la prosperidad, la estabilidad económica y la paz mundial.


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Covid-19: globalización contra la pandemia

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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha golpeado a una
economía mundial estrechamente integrada. En las últimas tres décadas el
sistema productivo mundial se ha transformado radicalmente y hoy es difícil
encontrar un producto fabricado exclusivamente en un país. Lo normal es que
cualquier bien final o intermedio sea el resultado de un proceso productivo que
ha atravesado las fronteras nacionales varias veces. Por eso, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) no ha dudado en afirmar que la mayoría de los bienes
deberían llevar la etiqueta “made in the
world
”. Este es el modo que el sistema capitalista ha encontrado para
fabricar la mayor variedad de productos, de la manera más accesible para el
mayor número de personas.

La lucha contra el COVID-19 ha obligado al confinamiento de la población, en mayor o menor grado, en todos los países industriales, de modo que se han interrumpido los procesos productivos y se ha contraído sustancialmente el comercio mundial. La OMC estima que el comercio mundial de mercancías se reduzca en 2020 entre el 13 y el 32%. El impacto inmediato en algunas actividades del sector servicios, como turismo, viajes, ocio y moda será enorme. Por ello, las primeras estimaciones disponibles sobre el impacto de la pandemia en el bienestar mundial apuntan a una pérdida de renta real en la mayoría de los países del orden del 13-14%.

Desde las posiciones ideológicas más diversas se está insistiendo en que el grado de integración comercial se ha llevado demasiado lejos y se le responsabiliza no sólo de la rápida extensión de la pandemia, sino también del elevado coste que van a pagar todas las economías avanzadas para salir de ella por haber deslocalizado demasiadas actividades. Peter Navarro, asesor de Donald Trump en comercio internacional, afirmaba el 3 de abril que si algo aprendemos de esta crisis es que nunca más debemos depender del resto del mundo en medicinas esenciales y otros productos. Esta opinión es bastante generalizada y hoy se contempla con simpatía el inicio de una cierta relocalización de las actividades productivas para enfrentarnos mejor en el futuro a acontecimientos imprevistos.

«Hay una estrecha y compleja interrelación a escala global en la fabricación de los productos necesarios para protegerse y enfrentarnos a la pandemia»

Sin embargo, esto es justo lo contrario de lo que necesitamos. Veámoslo con el ejemplo de los productos necesarios para combatir el COVID-19. La OMC ha publicado un trabajo sobre el comercio mundial de los productos médicos relevantes para tratar el COVID-19, que van desde mascarillas y guantes a ventiladores, termómetros, equipo de rayos X, etc. Estos productos representan el 1,7 % del comercio mundial. Los principales importadores son Estados Unidos, Alemania y China. Estados Unidos importa de Irlanda, Alemania, Suiza, China y México. Alemania lo hace de otros países europeos y de Estados Unidos. China importa de Alemania, Estados Unidos y Japón. Es decir, hay una estrecha y compleja interrelación a escala global en la fabricación de los productos necesarios para protegerse y enfrentarnos a la pandemia.

Podemos ser más precisos todavía analizando el caso de Estados Unidos donde, como hemos señalado, se levantan voces contra la globalización. Las importaciones de Estados Unidos de los equipos médicos necesarios para combatir la pandemia representan el 30% de sus necesidades. En concreto, en 2018 importaron por valor de 29.000 millones de dólares. De esta cantidad, el 28% procedía de China, el 18% de la Unión Europea y el resto de múltiples países. En algunos ámbitos se interpretan estos datos como signo de una notable dependencia (¡tan sólo el 30%!) y debilidad de la economía estadounidense, pero también de todas las economías avanzadas, por las dificultades actuales para responder a las necesidades.

«Ninguna sociedad, aisladamente, hubiese estado mejor preparada para combatir la pandemia. Todo lo contrario. Gracias a la globalización de los procesos productivos ha mejorado la capacidad de respuesta y con un retraso menor del que hubiese necesitado cada país individualmente».

En cambio, lo que estos
datos desmienten es la idea de una exclusiva dependencia de China, y lo que
muestran es el carácter global de la producción y las fuertes interrelaciones
existentes entre las principales economías del mundo. Lo cual, en lugar de ser
un obstáculo para luchar contra la pandemia es una gran ventaja. No creo que ninguna sociedad, aisladamente, hubiese
estado mejor preparada para combatir la pandemia. Todo lo contrario. Gracias a
la globalización de los procesos productivos ha mejorado la capacidad de
respuesta y con un retraso menor del que hubiese necesitado cada país
individualmente.

Hasta ahora el comercio internacional había permitido grandes avances en la integración de los procesos productivos a escala global. La lucha contra la COVID-19 va a facilitar la globalización de las ideas como nunca se había hecho hasta ahora. Por ello, no tardaremos en ver resultados farmacológicos en tiempo récord y jamás vistos históricamente. La globalización no es el problema a ningún reto, sino la solución a los problemas actuales a los que nos enfrentamos.


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La ‘V’ está en la solvencia

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La economía es un conjunto de plantas que hay que regar. Los regantes desaparecieron con la Covid-19 y el confinamiento. Las plantas más vulnerables ya dan señales de debilidad extrema. Hay que evitar dos escenarios para que el jardín no muera en este shock. La primera, que no llegue agua. La segunda, que las raíces se pudran. En la economía, el agua es la financiación y las raíces son la solvencia. Lograr una recuperación económica en V no va a ser nada sencillo. Más aún en un contexto imposible para hacer predicciones sobre la forma de la recuperación. Aparte del necesario control sanitario, es necesario mantener la salud del sistema productivo, en particular de los sectores más afectados.

Esa salud empresarial implica recuperar la oferta productiva, el empleo, el consumo y la inversión, con la necesaria concurrencia de los Gobiernos. Ganan sentido —extraordinario ahora mismo— financiaciones mixtas, que implican agua de riego en forma de crédito avalado y participación en el capital para salvar raíces. Sin olvidarse que el acceso a algunos programas de financiación públicos extraordinarios es solo posible superados unos umbrales mínimos de solvencia, que cubran riesgos y eviten quiebras.

«La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica».

Santiago Carbó

En materia de liquidez, el Gobierno ha actuado hasta con un programa de financiación privada mediante avales públicos del ICO, aunque paulatinamente en tramos de 20.000 millones. Gradualismo que no genera la suficiente estabilidad y confianza, por lo que hace falta sacar ya toda la artillería. Asimismo, se ha pedido una respuesta europea y así el Eurogrupo aprobó la semana pasada un programa que, entre otros elementos, implica financiación para empresas desde el Banco Europeo de Inversiones. Incluso el BCE, especialista destacado en riego por inundación, tiene aún la posibilidad de activar mecanismos de financiación para pymes y autónomos, como abogué desde esta tribuna. Todo ayuda, pero tampoco parece suficiente para conectar raíces y ramas.

Dicho esto, una buena noticia para el reforzamiento de la solvencia es que ya existen los mecanismos legales para activar la financiación participativa del sector público, entrando en el capital de empresas si fuera necesario. Todo ello por tiempo limitado porque no se trata de intervenir empresas sino de hacer puente y, lógicamente, con condicionalidad sobre bonuses y reparto de beneficios. La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica y que ya ha creado un fondo de estabilización nacional que permite la entrada en el capital empresarial. Echo de menos en este asunto, como en otros desde hace muchos años, una visión española propia para dar forma a lo que se cocina en Bruselas. En todo caso, esta normativa europea daría oportunidad para actuar rápido en España y abriría aún más las posibilidades ya existentes para que Gobierno central y agencias autonómicas dinamicen los préstamos participativos a empresas. Ojalá se aproveche con eficacia.

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La pandemia y la investigación clínica

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Como las legiones del emperador Marco Aurelio frente a los bárbaros, hemos de librar nuestra guerra contra el SARS-CoV-2 en varios frentes simultáneos. La investigación de vacunas es el frente en el que se juega la victoria final. La investigación clínica para descubrir medicamentos eficaces y seguros que curen o alivien la enfermedad es otro frente de combate decisivo. Un artículo del dr. A. C. Kalil publicado el pasado 24 de marzo 1 se ha difundido rápidamente entre los investigadores, porque reafirma la estrategia a seguir para ganar el combate, que no es otra que serenidad y método científico.

No se puede repetir, dice Kalil, la tragedia de 2014, cuando en la lucha contra el ébola, después de probarse varios medicamentos, no se llegó a descubrir ninguno seguro y eficaz. La razón es que no se realizaron ensayos clínicos controlados bien diseñados que permitieran establecer relaciones de causalidad claras. Los ensayos clínicos son investigaciones en seres humanos para determinar la seguridad y eficacia de un medicamento. Para que sean convincentes, deben comparar grupos de pacientes de tamaño muestral suficiente, seleccionados aleatoriamente, uno sometido al tratamiento que se estudia y el otro, que sirve de control, al que se administra un placebo (en este caso en el que no hay tratamientos establecidos), en condiciones doble ciego (ni los sujetos ni los investigadores saben su asignación a un grupo u otro). Así, la inferencia estadística es rigurosa y se puede establecer relación de causalidad.

En España los ensayos clínicos están bien regulados y supervisados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y son muy numerosos los que se desarrollan debido a la potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y también a que sus costes son relativamente ventajosos.

«La forma de encontrar tratamientos seguros y eficaces para el COVID-19 y cualquier otra pandemia, es la combinación rápida y simultánea de cuidados de apoyo y ensayos clínicos controlados».

Félix Lobo

Actualmente, en el inmenso esfuerzo por salvar pacientes, se están empleando en diversos países varios medicamentos en condiciones fuera de indicación (ya autorizados, pero para otra finalidad terapéutica) y uso compasivo (uso individual de medicamentos en fase de investigación, todavía no autorizados porque no han terminado de probar una relación beneficio/riesgo positiva). Kalil lamenta que, en muchos casos, esto se esté realizando sin grupos de control. No existen pruebas científicas actualmente de que ningún medicamento sea seguro y eficaz contra ningún coronavirus. Administrar medicamentos como tratamiento de rescate implícitamente supone que se va a hacer más bien que daño. Sin embargo, puede tener efectos adversos, sobre todo en personas frágiles y en situaciones clínicas muy complicadas, de los que el artículo proporciona ejemplos convincentes. Y en condiciones de uso compasivo los efectos adversos de los medicamentos son imprevisibles por el limitado número de personas que se han expuesto a ellos.

Surge también la pregunta de si es ético un ensayo clínico en el que al grupo de control se le administra un placebo. Kalil argumenta que sí, porque la enfermedad no es letal al cien por cien y no se sabe si el medicamento beneficia o perjudica al paciente. Los pacientes que reciben el placebo siempre estarán más seguros en términos de reacciones adversas y sin el grupo de control es imposible determinar cuáles son los resultados del experimento.

Afortunadamente ya se han lanzado diversos ensayos clínicos controlados nacionales e internacionales. Además de los que informa Kalil en China y en los Estados Unidos, la OMS patrocina otro internacional, de gran envergadura, denominado “Solidaridad”, en el que participan hospitales españoles. Compara la eficacia de cuatro fármacos contra el coronavirus: el remdesivir, un antiviral que se diseñó para combatir el ébola; la cloroquina y la hidroxicloroquina; la combinación de lopinavir y ritonavir, que se emplea contra el VIH; y la combinación de estos fármacos junto al interferón beta.

En España, la AEMPS el 28 de marzo ya había autorizado otros ocho ensayos clínicos y estaba estudiando 84 propuestas más.

Este es el camino. Como dice Kalil, la forma de encontrar tratamientos seguros y eficaces para el COVID-19 y cualquier otra pandemia, es la combinación rápida y simultánea de cuidados de apoyo y ensayos clínicos controlados.


1 Kalil, A. C. (2020). Treating COVID-19—Off-label drug use, compassionate use, and randomized clinical trials during pandemics. JAMA. March 24

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Eficacia en las medidas sin esperar a la UE

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Semanas después de la expansión de la epidemia de la Covid-19 por nuestro país y todo el mundo, y de las numerosas decisiones de gobiernos y bancos centrales tanto en materia sanitaria como económica —casi siempre graduales, según van empeorando los diferentes escenarios— es hora de que se empiecen a notar.

Mucha piscina, pocos monitores, y los nadadores achicharrándose fuera, con la puerta aún cerrada. No soy quien para hablar del impacto de los protocolos sanitarios sobre la epidemia en España. Según los expertos, en unos días o semanas deberían mejorar las terribles estadísticas. En cuanto a las medidas económicas ya aprobadas —y las que puedan estar por venir en esta vorágine de nuevos reales decretos— es vital que tengan consistencia unas con otras y que las que van a ser sustento para la “hibernación” del sector productivo se pongan en práctica inmediatamente, con eficiencia, contundencia y diligencia. Deben acometerse ya sí o sí, sin esperar a Europa. A la vez que se presiona para una “solución europea”, aquí no hay ni un minuto que perder. La excepcionalidad y gravedad de la situación obliga ya a hacer y gastar todo lo necesario. Luego veremos de qué manera ayuda la UE, si finalmente lo hiciera.

Para reforzar la eficacia futura de las acciones aprobadas, las próximas decisiones deben recuperar el análisis y consenso previo con todos los agentes sociales y empresarios. Algunas de las últimas decisiones del Gobierno (como prohibir los despidos durante la crisis o el endurecimiento del confinamiento para muchas actividades económicas en la actividad no esencial) no han sido bien recibidas entre los empresarios.

«Perder tiempo o ser ineficiente en este proceso significa mayor impacto negativo en la actividad económica y futilidad de la deuda generada. Efectividad para paliar los efectos de esta terrible crisis».

Santiago Carbó

Es deseable que no vuelva a ocurrir. Introducir nuevas rigideces —aunque sean temporales— en el mercado de trabajo no ayuda ni a empresas ni a trabajadores. De esta crisis se sale con la colaboración y consenso de todos los afectados que, además, podrán aportar diferentes contrapesos e ideas para dar efectividad a las medidas. Hay que proteger a los trabajadores, pero también a las empresas y autónomos. Muchas, desbordadas preparando un ERTE, buscando la financiación “puente” avalada por el ICO, y enfrentándose a un sinfín de contingencias. Buscando las zanahorias en un campo de minas. Los palos adicionales no ayudan.

La administración pública y otras instituciones implicadas deben poner toda la carne en el asador. Aligerar procesos administrativos, emplear intensamente la digitalización en las gestiones y elaborar “hojas de ruta” claras a las empresas y sus asesores para saber lo que tienen que hacer. Hay muchísima confusión sobre los pasos a seguir. La financiación vía avales debe llegar en cantidad suficiente a todas las empresas y autónomos que lo necesiten. Se ha puesto “mucha agua en el embalse”.

Ahora hay que canalizarla hacia todos los recovecos que la precisen. Perder tiempo o ser ineficiente en este proceso significa mayor impacto negativo en la actividad económica y futilidad de la deuda generada. Efectividad para paliar los efectos de esta terrible crisis. Y para evitar lo peor, nada de esperar a los “galgos o podencos” de esa crecientemente estéril UE. Que aporte o se aparte.

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Coronabonos made in BCE

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La
brecha que se ha abierto a propósito de la respuesta que debería dar Europa a
la crisis pandémica amenaza con llevar al traste los esfuerzos de cada país
para evitar un desplome prolongado de sus economías, con consecuencias
impredecibles para el proyecto europeo. Sin embargo, no basta con lamentar la
falta de consenso. Apelar vagamente a una mayor coordinación o a ideales
europeos de solidaridad, reiterarán a unos en su posición inicial sin convencer
a los más recalcitrantes. Es el momento de la concreción, porque sin un
análisis preciso del impacto de la inacción y un examen realista de las
opciones de cambio, solo conseguiremos el impasse.

Las medidas emprendidas por cada país, incluido España, van en la buena dirección, si bien habrá que calibrarlas y ampliarlas a medida que la magnitud del shock se va precisando. Se trata de mantener el aparato productivo en respiración asistida gracias a ayudas a la liquidez de las empresas, al mantenimiento del empleo y a los colectivos más desfavorecidos. De modo que, cuando se suavice la crisis sanitaria y el confinamiento de la población, las empresas estén en condiciones de reanudar la producción. Si esto se consigue, el desplome anticipado de la actividad que podría contraerse en cerca del 10% durante el primer semestre, dará paso a un rebote durante la segunda parte del año que dejaría la contracción del PIB en torno al 3% para el conjunto del 2020. El crecimiento pasaría a terreno positivo, hasta cerca de esa cifra, en 2021. 

Gráfico 1

El
punto débil de este escenario en forma de “U” reside en la financiación del
agujero presupuestario que necesariamente se agravará, porque el plan de choque,
unido a la parálisis transitoria de la economía, redundará en una severa reducción
de la recaudación y un incremento del gasto. También se anticipa una escalada
de la deuda, por la acumulación de déficits y porque el Estado no tendrá más
remedio que asumir pasivos de empresas al borde del colapso, para así prevenir
un contagio a todo el sistema financiero como ya ocurrió en 2011-2012. Todo ello
hace temer presiones sobre las primas de riesgo, que anularían efectividad a
los planes de choque nacionales.

Gráfico 2

El propio Mario Draghi aboga por una política acomodaticia de financiación de los desequilibrios presupuestarios generados por la crisis del coronavirus, de modo que el impacto sea transitorio en la medida de lo posible.

De
ahí la propuesta de varios países, entre otros España, de emitir “coronabonos”,
es decir títulos de deuda mutualizados para cubrir los costes de la pandemia. Esta
es una opción tajantemente rechazada por los nórdicos, que constatan que los
países del sur de Europa no han aprovechado la expansión para sanear sus
cuentas públicas. Si bien no les falta razón, el caso es que el virus se
extiende por todo el continente y que economías como la alemana no son tampoco
inmunes ante lo que acontece en el resto. Alemania exporta el 14,3% de su
producción a otros países europeos, y el 6,7% en total a España, Francia e
Italia (gráfico). En el caso de Holanda, las proporciones alcanzan el 43,7% y
12,1%, respectivamente. Una parálisis de los intercambios comerciales sería
letal para buena parte del tejido productivo de esos países, porque estamos en
un mundo interconectado.  

Ante este debate estéril que podría eternizarse, la salvación podría venir una vez más del BCE. Frankfurt ha dado a entender que podría flexibilizar por un tiempo limitado –todo lo que dure la crisis sanitaria– los límites nacionales a su programa de compra de deuda. De ser así, y de lograr comunicarlo a los mercados, esta iniciativa podría facilitar la financiación de las medidas de choque, algo especialmente relevante para España. Paradójicamente, se trataría de una mutualización implícita de las deudas nacionales. Unos eurobonos que no dicen su nombre.  


Fuentes de los gráficos: Funcas (estimaciones) y Eurostat.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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Economía digital en tiempos de pandemia (II). El crédito social (social scoring)

China ha anunciado el final de
confinamiento, lo que significa que, a partir del próximo 8 de abril, se
permitirá a los ciudadanos de Wuhan viajar fuera de la ciudad. Sin embargo,
para poder salir al espacio público los habitantes de Wuhan tendrán que mostrar
un código QR “verde” en sus teléfonos móviles que certifique que no tienen un
riesgo algo de contagio. Por el contrario, si su código QR de salud es amarillo
o rojo, tendrán limitación de movimientos o deberán mantenerse en cuarentena.
Todos los ciudadanos chinos están clasificados en a través de estos códigos de
color que se asignan utilizando no solo su estado de salud, sino también su localización
y movimientos pasados.

No es una película de ciencia
ficción: está pasando hoy, a ocho horas de vuelo de nosotros, y puede ser
nuestro futuro inmediato. No es descabellado pensar que, cuando empecemos a
relajar las medidas de aislamiento social, la mejor la forma de hacerlo podría
pasar por subordinar las nuevas normas a las probabilidades de contagio, a la
vulnerabilidad de los colectivos e incluso a análisis coste-beneficio. Veamos
un ejemplo: es probable que muchas actividades se liberalicen pero que, a pesar
de ello y mientras haya riesgo de contagio, no se retomen las clases
presenciales en la Universidad, puesto que las ganancias de volver a abrir las
aulas, una vez rediseñados los cursos este año para impartirlos a distancia, no
compensarían los riesgos. De igual forma, la regulación de las residencias para
mayores debería ser muy restrictiva, dada su vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero aunque podamos tener argumentos para discriminar entre actividades y
colectivos, hacerlo a nivel individual de acuerdo con un sistema de evaluación
opaco (basado en un análisis ingente de datos) implica un salto cualitativo.  

Este sistema de evaluación
social no es nuevo en China, ni está restringido al estado de salud. En 2018, Pekín
promulgó una ley que parece inspirada en la orwelliana novela 1984, o en Un mundo feliz de Huxley, permitiendo a las autoridades públicas
establecer un sistema de crédito social. Esta norma facultaría a las
autoridades a emplear toda la información que tienen sobre el comportamiento de
los individuos (utilizando bases de datos públicas, datos de redes sociales,
miles de cámaras, sistemas de reconocimiento social…) para “puntuarles” y servirse
de la evaluación para premiar y castigar. Los individuos con “buena reputacion”
tendrían acceso prioritario a los servicios públicos, mientras que aquellos con
una baja puntuación podrían encontrarse con obstáculos para obtener una plaza
de guardería o un visado para viajar. No está claro el grado de implementación
de este sistema crédito social. En
este articulo
se afirma que, aunque podría
extenderse su uso en el futuro, de momento solo se habría llevado a cabo un
estudio piloto en Rongcheng, un gran ciudad a 800 kilómetros de Pekín. Más allá
de la realidad china, es interesante reflexionar sobre un sistema de crédito
social y sus posibles implicaciones para situaciones excepcionales como la que ahora
vivimos.

Lo que sí funciona en toda China es un sistema privado de puntuación de pagos electrónicos, Alipay, del grupo de Alibaba. En este caso, lo que se evalúa es la solvencia del individuo y parece que goza de gran aceptación en el país, porque ha permitido la expansión del crédito. En realidad, es un sistema que podría implantarse en Europa si las grandes empresas digitales como Google, Amazon y Facebook se introducen no solo en el mercado de medios de pago sino en el de crédito. Estas empresas tienen una potencial ventaja competitiva (además de su enorme liquidez) dado que pueden usar toda la información que tienen de sus usuarios para identificar su nivel de solvencia, reducir el riesgo y, con ello, expandir la oferta de crédito. El sistema de puntuación de Alipay señaliza el nivel de solvencia, además de funcionar como un sistema de fidelización (premia el uso) y un potente sistema de incentivos para garantizar el pago de las deudas. Los riesgos que un sistema así presenta son, al menos, del mismo tamaño que sus ventajas. ¿Es ético y permisible utilizar información de nuestras redes sociales para estimar nuestra solvencia? ¿Cómo afectaría a nuestra comunicación, a nuestro comportamiento? ¿Cómo podemos impugnar dicho índice cuando pensemos que no estemos de acuerdo con su evaluación?

«De hecho ya contamos con algo muy cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema, apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social».

Juan José Ganuza

En una situación como la actual, la implementación de un sistema de crédito social podría implicar que nuestro comportamiento social –cómo reciclamos, pero también cómo cumplimos las medidas de aislamiento social– fuera observado por cientos de cámaras, incluso desde drones, e inferido de todos los datos que las administraciones puedan tener de nosotros. La información sobre nuestro comportamiento se resumiría en un índice, que podría ser empleado por las administraciones para asignar servicios y por las entidades privadas, por ejemplo, para dar empleo. Da miedo. Incluso con garantías judiciales sobre la objetividad de un índice así, muy posiblemente sólo una pequeña fracción de la ciudadanía lo aceptaría en nuestro país; nuestros imperfectos sistemas de vigilancia y multas serían mejor valorados.

Sin embargo, los incentivos al comportamiento
prosocial que generaría tal sistema serían inmensas. Esto seguramente es
importante para el reciclaje, pero puede ser crucial para el control sanitario si
la pandemia se extiende en el tiempo y la salud general depende de controlar
comportamientos incívicos. Si lo pensamos, de hecho ya contamos con algo muy
cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema,
apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina
si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción
de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social.

Las virtudes o los defectos de un sistema de créditos social dependen de su diseño –de cómo se ponderan los distintos comportamientos en el índice–, de la transparencia en su construcción, de los objetivos que se persiguen, de las garantías judiciales sobre el uso de los datos … El nobel Jean Tirole presentó en la Digital Economics Conference de Toulouse su artículo Digital dystopia, en el que reflexionaba precisamente sobre el diseño óptimo de un sistema de crédito social en la era digital. Tirole concluye que, para promover el comportamiento prosocial, la forma en que se construye el índice debe ser muy transparente y sus metas han de ser muy explícitas (téngase en cuenta que, potencialmente, un sistema como este podría aprovecharse para, por ejemplo, castigar la disidencia política).

Por último, uno de los capítulos
más interesantes de la serie británica Black Mirror titulado Nosedive (En España, “Caida en picado”) exploraba una aterradora versión descentralizada del
crédito social que podría tener lugar al margen de la decisiones políticas que
adoptemos: una red social, como muchas de las que conocemos, en la que los
individuos evalúan constantemente la interaccion con otros individuos, es tan
dominante que la puntuación obtenida por los usuarios determina sus relaciones
sociales, incluso sus oportunidades económicas. El capitulo transmite dos
mensajes inquietantes. El primero: cómo este sistema de crédito social se convierte
en el centro de la vida de la protagonista; y, en segundo lugar –una conclusión
más interesante desde el punto de vista económico–, que el sistema genera
muchas desigualdades, ya que pondera más las valoraciones de los individuos mejor
puntuados (lo que da lugar al titulo del capítulo: una vez perdida la
reputación social es difícil recuperarla).

En conclusión, los sistemas de
vigilancia masiva y crédito social generan muchos problemas éticos y por ello
se encontraban en nuestro catálogo de pesadillas futuristas. Sin embargo, son
sistemas muy potentes para generar incentivos a un comportamiento prosocial.
Los comportamientos incívicos son socialmente costosísimos en tiempos de
pandemia. Por ello, si esta se alarga, no debería sorprendernos que algún país
decidiese hacer realidad la distopía e implementar alguna versión de estos
sistemas de control social.

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BCE: ahora las empresas

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Tras un comienzo casi nefasto hace diez días con unas declaraciones inoportunas de su presidenta, Christine Lagarde —que la
dejan tocada para un futuro—, el Banco Central Europeo cambió de rumbo la
semana pasada. Esta crisis precisa contundencia (se está haciendo) pero también
que alcance a pymes, autónomos y familias. Rock and roll monetario para
todos.

El BCE sacó la artillería pesada con el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP por sus siglas en inglés) de bonos por 750.000 millones hasta diciembre de 2020. Señal clara de apoyo a la deuda soberana de países como Italia y España, que están sufriendo más, al menos inicialmente. El segundo paso fue la mayor flexibilidad concedida a las entidades financieras en el uso del capital. Podrán utilizar reservas ya existentes por un montante de 120.000 millones para absorber pérdidas o financiar hasta 1,8 billones de euros. La flexibilidad será total para los créditos con garantías públicas. El tercer paso fue disminuir las exigencias de provisiones de los créditos morosos cubiertos con avales públicos y suavizar los planes para reducir la tasa de morosidad. Otro paso que no puede olvidarse es la coordinación entre bancos centrales con los acuerdos de líneas swap para garantizar la liquidez.

«Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de proporcionar liquidez […], esta financiación casi directa del banco central no existe para las pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria».

Santiago Carbó

¿Se puede hacer algo más? Creo que sí. Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de
proporcionar liquidez comprando los bonos que emiten —y que incluso
ahora se podría flexibilizar algo para dar más liquidez a este sector de mayor
tamaño—, esta financiación casi directa del banco central no existe para las
pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una
situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas
excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria. Sobre
todo, durante episodios de crisis de liquidez como la que sufren muchas pymes y
autónomos solventes que no pueden, por problemas de caja temporales, pagar a
sus proveedores para seguir funcionando.

Una opción innovadora para convertir esta deuda a
corto plazo en una de largo plazo sería utilizar técnicas de titulización para
que la autoridad monetaria amortigüe el impacto de la crisis de liquidez en
estas sociedades. Una posibilidad sería que los proveedores pudieran obtener
liquidez de sus deudas a corto —reconocidas en forma por ejemplo de letras de
cambio— de una institución financiera con respaldo público (el ICO o el Banco
Europeo de Inversiones, por ejemplo) que empaquetaría decenas de miles de estas
deudas creando unos ABS (Asset Backed Securities, valores respaldados por
activos) que podrían utilizar para obtener liquidez a largo plazo del BCE.

El banco central ya ha empleado estos instrumentos en los últimos años para inyectar liquidez. Para minimizar el riesgo moral de estas operaciones, se podría limitar con un conjunto de condiciones objetivas a sectores claramente identificados como los más afectados por la crisis, a sociedades que obtuvieron beneficios en 2019, y por supuesto a deudas recientes originadas antes del impacto de la COVID-19. Son vías adicionales para que el tremendo esfuerzo fiscal y monetario fluya a todas las capas de la actividad económica y la sociedad.

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los-que-nos-cuidan-en-la-crisis-del-coronavirus-(i):-el-sector-de-la-sanidad

Los que nos cuidan en la crisis del coronavirus (I): el sector de la sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado jueves la contratación pública de más de 50.000 sanitarios para reforzar los hospitales y los centros de salud en España: facultativos sin plaza o ya jubilados, médicos internos residentes (MIR) en sus últimos años de formación e, incluso, estudiantes de Enfermería y Medicina próximos a acabar sus carreras van a ir engrosando el colectivo de personal sanitario que trata y cuida a los afectados por el coronavirus. Se incorporan a un sector cuyo volumen de empleo en 2019 ya superaba al existente en cualquier otro momento de nuestra historia.

Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) son concluyentes: el número de ocupados en el sector de actividades sanitarias en 1986, cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, era de 395.000;  en el año 2000 había aumentado hasta 633.000, y en 2019 rozaba 1.117.000[1]. Por tanto, como se observa en el Gráfico 1, desde comienzos de este siglo hasta 2019, los ocupados en el sector de la sanidad casi se han duplicado. Además, a diferencia de lo ocurrido con el empleo total, el estallido de la crisis económica no cambió la tendencia al alza del empleo en este sector. 

Gráfico 1

Complementariamente, el Gráfico 2 permite apreciar que, durante el mismo periodo, el peso de la ocupación en este sector respecto a la ocupación total del país creció considerablemente. A principios del siglo, los ocupados en el sector de la sanidad apenas representaban el 4% de todos los ocupados en España, mientras que en el año 2019 la cifra se acercaba al 5,7%. Esa evolución alcista se aprecia asimismo al centrar la atención en quienes trabajan como médicos y personal de enfermería (dentro de este sector[2]): el Gráfico 3 así lo refleja, mostrando de igual modo que el personal de enfermería ha consignado un mayor avance que el médico.

Gráfico 2[3]

Gráfico 3

El incremento de la ocupación en el sector sanitario ha venido de la mano del envejecimiento del colectivo de ocupados. Tal como se comprueba en el Gráfico 4, la disminución del peso de los jóvenes (16-34 años) es casi simétrica respecto al aumento del peso de los mayores (55 o más años). De hecho, el peso de estos últimos se ha triplicado en dos décadas, pasando del 8% al 24%. Del Gráfico 4 se desprende asimismo que todos los grupos de edad han ido confluyendo en su porcentaje de participación en la ocupación del sector. Lógicamente, este proceso ha provocado la elevación de la edad media de los ocupados, como evidencia el Gráfico 5: si en el año 2000 se situaba en 39,9 años, en 2019 alcanzaba 44,2 años (45,0 entre los hombres, y 43,8 entre las mujeres). Con todo, en los dos últimos años la ocupación en el sector de la sanidad se ha rejuvenecido, mientras que en el conjunto del resto de sectores seguía envejeciendo.

Gráfico 4

Gráfico 5

La evolución de los datos en la EPA también pone de manifiesto la
consolidación de las mujeres en el sector sanitario. En 2019, las ocupadas en él
ascendían a 809.000, mientras que el número de ocupados (varones) se situaba algo
por debajo de 308.000. El Gráfico 6 ilustra esta diferencia, permitiendo
de nuevo observar que, en contra de lo que a menudo se afirma, la ocupación en
el sector de las actividades sanitarias quedó bastante protegida de las
convulsiones del empleo provocadas por la crisis económica. En efecto, la
ocupación de los varones no solo no sufrió pérdidas, sino que consiguió crecer
entre 2008 y 2014; en cuanto a la de las mujeres, se estabilizó prácticamente durante
esos años críticos, para retomar a partir de 2014 la trayectoria anterior de
fuerte crecimiento.

Aunque en el conjunto de las actividades sanitarias la proporción mujeres/hombres se ha mantenido bastante estable a lo largo del periodo (oscilando desde 2004 a 2019 en torno a 250 mujeres por cada 100 hombres), el Gráfico 7 muestra también el extraordinario cambio que se ha verificado en el colectivo de todos los médicos que están ocupados. En el año 2000, por cada 100 médicos varones había 65 médicas; en 2019, el número de mujeres que ejercían esta profesión por cada 100 hombres que también lo hacían, ascendía a 131. Esta evolución indica palmariamente que en la élite de las ocupaciones sanitarias se ha producido un “vuelco femenino”.

Gráfico 6

Gráfico 7

En definitiva, la situación de la sanidad española en estos momentos es crítica, pero conviene tener muy presente que nunca antes hemos contado en España con tantos efectivos en el sector de actividades sanitarias como en la actualidad. El volumen de los ocupados en él ha crecido significativa y continuamente desde que comenzó el siglo. Como los ocupados en otros sectores, también los que integran el sector de la sanidad han asistido a un aumento de su edad media, pero este envejecimiento ha avanzado a menor ritmo. Más significativo ha sido, sin embargo, el avance de las mujeres en la que es considerada la profesión central de este sector, la de los médicos: en 20 años, ellas han duplicado su proporción respecto a sus compañeros.


Adenda: Sanidad pública y privada/temporalidad

Tras la publicación de nuestra entrada “Los que nos cuidan (I): el sector de la sanidad”, hemos recibido algunas indicaciones sobre el interés que podría tener conocer la contribución de las administraciones públicas y de las empresas e instituciones privadas al aumento de la ocupación en el sector de la sanidad. En esta adenda aportamos datos relativos a la evolución de la ocupación según la naturaleza (pública o privada) del empleador. Incluimos también un gráfico con la evolución de la temporalidad en el sector de la sanidad, desagregando asimismo los asalariados públicos y privados.  

Gráfico 1

Del gráfico A se desprende que el aumento de los asalariados que trabajan en el sector de la sanidad responde tanto al incremento de contrataciones públicas como privadas. Entre el año 2000 y el 2019, el número de ocupados públicos en el sector de la sanidad pasó de 427.000 a 675.000, mientras el número de ocupados privados pasó de 163.000 a 353.000. Por tanto, en números absolutos crecieron más los asalariados públicos, pero en proporción aumentaron más los asalariados privados (117% vs. 76%; con todo, los que más aumentaron porcentualmente fueron los ocupados por cuenta propia). A la vista de la evolución de las cantidades de ocupados se constata un crecimiento casi continuo de los tres colectivos (asalariados públicos, asalariados privados y empleados por cuenta propia). En cuanto a la curva que refleja el total de ocupados en el sector de la sanidad, se aprecia su casi continuo crecimiento de 2000 a 2011. A partir de 2011 cayó el empleo público durante dos años al ritmo del 3,5% anual, pero rápidamente el sector público recuperó el ritmo de crecimiento anterior a la crisis.

Gráfico 1

En cuanto a la temporalidad de los ocupados se observa que el sector de la sanidad ha cambiado de posición relativa a partir de la crisis de 2007. Mientras en la fase previa de expansión económica los ocupados del sector de la sanidad tenían una media de contratación temporal 5 puntos menor que la totalidad de los asalariados, a partir de 2007 les han superado en temporalidad.

Llaman particularmente la atención las distintas evoluciones observables en el sector público y privado. En los primeros tres años del siglo ambas tasas de temporalidad se hallaban muy cercanas (en torno al 25%), pero a partir de 2003 la temporalidad de los asalariados públicos no paró de crecer hasta 2008, mientras que la de los asalariados privados decreció. En todo el periodo, el empleo público en la sanidad ha crecido en 78.000 contratados fijos y en 160.000 temporales, mientras las empresas e instituciones sanitarias privadas han contratado en una proporción inversa: 156.000 fijos y 35.000 temporales. Por ello, mientras que en 2000 los asalariados públicos y privados del sector de la sanidad ostentaban la misma temporalidad (un 24,8%), en 2019 la de los que trabajaban en la sanidad privada había descendido más de 3 puntos (21,2%), mientras que la de los empleados en la sanidad pública había aumentado 15 puntos (40,0%).


[1] Conviene aquí hacer una aclaración entre los conceptos “sector” y “ocupación” en la EPA. Los sectores se refieren a la actividad fundamental que realizan las empresas y organizaciones. En cambio, las ocupaciones se refieren a las tareas concretas que realiza cada “persona ocupada”. Por ejemplo, en un hospital (que es una empresa del sector de la sanidad) trabajan mayoritariamente los profesionales de ocupaciones sanitarias, pero también otros empleados que desarrollan tareas de gestión, administración y recepción, de cuidado mental, de limpieza, etc. Por tanto, todos ellos forman parte del sector de la sanidad. En 2019 (EPA I-IV), el 78% del sector de la sanidad estaba compuesto por personal sanitario (médicos: 23%; enfermeras: 18%; auxiliares: 14%; técnicos: 13%; otros sanitarios: 10%). Del restante 22%, la mayor parte (seis de cada diez) eran administrativos. Por otra parte, fuera del sector de la sanidad hay muchas personas que ostentan ocupaciones sanitarias. De hecho, de todos los que en 2019 trabajaban en ocupaciones sanitarias, el 31% no lo hacía en el sector de la sanidad. Llama, por ejemplo, la atención que en cuatro subsectores de actividades residenciales (no incluidos en el sector de actividades sanitarias) la proporción de ocupaciones sanitarias sea mayoritaria: destaca, en particular, el subsector de la “asistencia en residencias para mayores y discapacidad física”, cuya proporción de sanitarios en 2019 era la misma que la existente en el sector de la sanidad: 69%.

[2] Véase la nota 1.

[3] En la comparación entre ambas evoluciones se puede contrastar la diferencia de efectos a los que han dado lugar los cambios en las clasificaciones oficiales de los sectores de actividad (CNAE 2008) y de las ocupaciones (CNO 2011).

Fuente de los gráficos: EPA desde el I/2000 hasta el IV/2019.

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(i).-trazabilidad-del-contagio

Economía digital en tiempos de pandemia (I). Trazabilidad del contagio

Me temo que todavía estamos viendo bajar la marea y no conocemos el tamaño del tsunami al que nos enfrentamos. Pero además de tremendas pérdidas humanas y económicas, esta pandemia, como todas las guerras, también traerá mejoras en la productividad y nos hará una sociedad más eficiente y más fuerte. En lo fundamental, y siguiendo una premonitoria conferencia de Bill Gates en 2015, sería indispensable aprender lo suficiente para poder hacer frente a la próxima pandemia, identificar las mejores estrategias para luchar contra el virus y desarrollar herramientas científicas y políticas públicas que eviten que lo que ahora estamos viviendo vuelva a suceder.

Este es el ejemplo de Corea del
Sur, uno de los países que mejor ha sabido enfrentar la pandemia. Corea sufrió
en 2015 la epidemia del síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus
siglas en inglés), que mató a 38 personas. Aquella experiencia sirvió al país
para darse cuenta de que tanto la falta de información sobre la enfermedad como
de tests contribuyeron a la expansión del virus. Al surgir los primeros casos
de contagio de COVID-19, Corea incentivó a su industria biomédica para
desarrollar masivamente test del virus y pudo llevar a cabo más de 10.000 pruebas
diarias, lo que ayudó a aislar focos y a controlar (parece que exitosamente) la
expansión de la enfermedad.

Además de los tests, parece que otro factor importante en el control de la enfermedad en Corea (y en China) ha sido la posibilidad de monitorizar los síntomas y los movimientos de los pacientes gracias a los teléfonos móviles. Esta no es una idea nueva, ni asiática. En 2010, investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron una aplicación para teléfonos móviles llamada “FluPhone app” con el objetivo de realizar un estudio para identificar los patrones de contagio de la gripe común. La idea era que los móviles recogieran las interacciones de los participantes en el estudio con sus contactos sociales mediante el uso de bluetooth, y que estos informasen de sus síntomas cuando enfermasen de gripe. Cuando dos amigos quedaban a tomar una cerveza, sus móviles enviaban un mensaje para tener constancia de ese encuentro; si días después aparecían síntomas de gripe, se podía identificar la fuente del contagio.

«Si queremos implementar un sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas de incentivos».

Juan José Ganuza

La “FluPhone app”  tuvo un éxito moderado, ya que solo participó un 1% de la población de Cambridge, pero ha sido el inspirador de nuevas iniciativas para luchar contra el COVID-19. En el Reino Unido, científicos de Oxford están desarrollando una app con  una filosofía similar: tras un contagio, se avisa a todas las personas que han estado en contacto social con el enfermo para que verifique su salud y se someta a aislamiento en caso necesario. En Estados Unidos, el MIT-Lab desarrolla una aplicación de móvil pretende combinar el sistema de seguimiento de localización de los móviles y la declaración voluntaria de síntomas, con la información de los servicios de salud pública, para identificar patrones de contagio y dar criterios para identificar las zonas de mayor o menor riesgo. La iniciativa de código abierto CoEpi persigue objetivos similares. En España diversas autonomías están lanzando aplicaciones sencillas con el objetivo de generar un mapa de contagios. Queda por ver que estos proyectos tengan éxito, en términos de participación, en una sociedad donde existe una preocupación creciente por la privacidad y con culturas muy diferentes a la coreana y la china. En este último país el sistema de seguimiento de los individuos ha sido tremendamente exhaustivo y se ha sostenido no solo con normas sociales sino, también, con sistemas policiales y legales coercitivos. Además de los sistemas de trazabilidad de los móviles, las autoridades Chinas utilizaban cámaras, drones, sistemas de clasificación de la población en función del riesgo de contagio basados en sistemas de inteligencia artificial e incluso la información proveniente de redes sociales.

Incentivos vs. coerción

Muchas sociedades no admitirían
un sistema como el chino, de control casi absoluto de la libertad individual de
movimientos por parte de las autoridades. Por tanto, si queremos implementar un
sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y
respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas
de incentivos. El principal es el relativo a la privacidad; el organismo que
recoja y analice la información debe de tener la capacidad de garantizar que el
uso de los datos se limita al objetivo del proyecto, más teniendo en cuenta la
naturaleza especialmente sensible de los datos que se refieren a la salud y a
la movilidad de los individuos. En esta dimensión, los servicios públicos están
mejor posicionados que los privados para garantizar un uso adecuado, dado que
no tienen conflicto de intereses. El valor comercial de toda esa información puede
ser elevadísimo.

El segundo factor que habría que tener en cuenta es el de la reciprocidad. En el mundo digital los individuos intercambian datos (privacidad) por servicios constantemente. Google provee de servicios gratuitos a cambio de utilizar nuestros datos para, por ejemplo, hacer que la publicidad sea más efectiva y rentable. Proporcionar información sobre nuestra salud y nuestro comportamiento genera una externalidad positiva sobre el conjunto, porque nos ayuda a aprender sobre los patrones de propagación del virus, pero el impacto sobre nosotros puede ser pequeño o incluso negativo en función del diseño que se adopte. Así, una persona que informe de problemas de salud puede temer que se le imponga una cuarentena. Lo esperable en estas circunstancias es que, en ausencia de incentivos, un sistema así obtenga una baja participación. Este puede ser un problema importante, porque para que la información agregada sea de calidad, se necesitaría la participación activa de los individuos, tanto para mejorar la información automática que generan los dispositivos (la geolocalización presenta un error de precisión de varios metros en áreas densamente pobladas) como para que la información sobre nuestra salud sea volcada sobre la plataforma de forma fiable. Es decir, no es suficiente que el sistema sepa que el sujeto al que se sigue está en el metro: debe identificar el vagón; no vale con que dicho sujeto proporcione la sensación general de su estado de salud: debe facilitar su temperatura o someterse a un test. Habrá que ver atentamente los resultados en el Reino Unido, donde las autoridades han confiado en una llamada al deber cívico para intentar generalizar la aplicación.   

«La información sobre la distribución espacial de la pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la incidencia de la pandemia en los distintos territorios»

Juan José Ganuza

Solventando los dos problemas
anteriores obtendremos una valiosa información sobre los patrones de contagio y
la expansión del virus, lo que permitirá diseñar estrategias más efectivas. Idealmente,
podemos identificar los nuevos contagios y sugerir o imponer medidas de
precaución en las personas que han tenido contacto con la persona infectada.
Sin embargo, la información sobre los estados de salud de los individuos y su
distribución en el territorio es material sensible. Se puede generar alarma en
determinados sitios y, al mismo tiempo, excesiva confianza en otros, o
estigmatizar personas o territorios. Otro motivo más para que este tipo de
información este bajo control público.

Desmantelamiento controlado del aislamiento

El ejemplo de Corea parece
demostrar que el uso de tecnologías digitales, junto con test masivos, es un magnífico
conjunto de herramientas en el estado de inicial de la epidemia, la denominada
fase de contención, donde es posible la trazabilidad de los contagios. Pero estos
sistemas de información también serían muy útiles en la fase de mitigación,
donde hay una trasmisión social generalizada del virus y se imponen medidas de
aislamiento social. La información sobre la distribución espacial de la
pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar
asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el
desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la
incidencia de la pandemia en los distintos territorios. En China, el control
exhaustivo de la población ha permitido la vuelta a la actividad. El reto es
alcanzar ese objetivo en una sociedad más abierta.

¿A cuanta privacidad y autonomía
estamos dispuestos a renunciar para reducir el actual aislamiento social? Sea
cual sea la respuesta a esta pregunta, los sistemas de trazabilidad digitales nos
dan esperanza de que podamos acortar el tiempo de aislamiento y recuperar
nuestro modelo de vida.

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