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Ahora, corregir el desequilibrio fiscal

Cuando estalló la crisis de 2008 las cuentas públicas se encontraban en una situación saneada: habían registrado superávit durante tres años consecutivos y su deuda se hallaba bajo control en un 35,8% del PIB. La larga crisis financiera arrasó con esas cifras, pero después disfrutamos de seis años de recuperación, entre 2014 y 2019, que se podrían haber aprovechado para poner orden. Sin embargo, no fue así: el déficit público estructural se mantuvo en el 3% del PIB, mientras que la ratio de deuda sobre PIB al final de dicho periodo era del 98,2%, apenas 2,3 puntos inferior a la de 2013, el último año de la crisis, cuando la economía tocó fondo. 

Durante los años de recuperación se advirtió repetidamente desde diferentes instancias de la importancia de sanear las cuentas públicas para que, cuando llegara una nueva crisis, la política fiscal tuviera suficiente margen de maniobra para hacer frente a la misma. Pero dichas recomendaciones tuvieron poco éxito, y cuando llegó la pandemia, su situación seguía siendo desequilibrada. Hay que recordar que al inicio de la misma, la prima de riesgo ya dio un pequeño susto, pero la rápida actuación del BCE, anunciando un programa de compra masiva de deuda pública —adicional al programa ya en vigor desde 2015— puso fin a las incipientes tensiones, y fue gracias a ello que pudimos aplicar las medidas presupuestarias que salvaron a la economía de la catástrofe, aunque a costa de disparar aún más el déficit y la deuda.

En 2022 se pudo dar por finalizada la crisis sanitaria, pero ello no supuso una reducción del gasto nominal, porque entonces llegó la crisis energética e inflacionaria, y los recursos que antes se destinaban a la pandemia ahora se debían dirigir a medidas para paliar el impacto de la nueva emergencia, alimentando más la deuda. Una parte de dichas medidas se mantienen en 2023, pero una vez finalice esta nueva emergencia, el gasto tampoco se reducirá, puesto que habrá sido sustituido por un mayor gasto en pensiones, en remuneraciones salariales —por el incremento en el número de empleados públicos y en sus salarios— y en pago de intereses. El propio Gobierno estima en su Programa de Estabilidad un gasto del 46,3% del PIB en 2024, ya sin medidas excepcionales de ningún tipo —y sin contar con los pagos relacionados con el Plan de Recuperación—, cuatro puntos porcentuales por encima de las ratios de los años previos a la pandemia. Es decir, los gastos extraordinarios de 2020 a 2023 desaparecerán completamente en 2024, pero habrán sido sustituidos, e incrementados, por otros de carácter estructural.

Pese a ello, el déficit se ha reducido desde el máximo alcanzado en 2020, gracias a un significativo e inesperado crecimiento de los ingresos públicos, que también han aumentado su peso sobre el PIB. Una parte de este crecimiento se explica por la inflación y la adopción de medidas impositivas; pero hay otra parte para la cual no se encuentra una explicación clara, y se sospecha que procede del afloramiento de economía sumergida. Tanto la Airef como el Banco de España han advertido de que este crecimiento inesperado de los recursos públicos podría no ser permanente, pero el Gobierno da por hecho que sí lo es, y estima que en 2024 los ingresos supondrán un 43,3% del PIB, también cuatro puntos porcentuales por encima de los años previos a 2020. 

Todo ello implicaría que en 2024 el déficit aún sería del 3%, muy semejante al de 2019. Asimismo, el Gobierno estima que el déficit estructural —es decir, eliminando los ingresos y gastos derivados del ciclo económico— descendería progresivamente hasta el 2,5% del PIB en 2026. Sin embargo, las proyecciones de instituciones privadas y organismos internacionales apuntan a cifras más elevadas, con un déficit estructural, en ausencia de medidas de ajuste, que podría situarse de forma persistente entre el 3,5% y el 4% del PIB. 

Con un déficit estructural del 3,5%, no hay ninguna garantía de que la ratio de deuda sobre PIB vaya a situarse en una senda de sostenibilidad, es decir, de descenso continuado. El nivel de esta ratio se ha reducido notablemente desde el máximo alcanzado en 2020 (120% del PIB), debido a la “normalización” del denominador tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Pero esa trayectoria descendente podría finalizar en 2024 o 2025, y solo bajo unos optimistas supuestos en cuanto al crecimiento potencial del PIB, tipos de interés y otros factores relacionados con las pensiones, dicha senda se prolongaría en los años posteriores. Bajo supuestos más prudentes, la deuda tomaría una senda ascendente, es decir, de insostenibilidad. Esta perspectiva nos expone a que, ante cualquier “tropiezo” en los mercados financieros nuestra prima de riesgo vuelva a dispararse.

Además, aunque los analistas no lo contemplen en sus escenarios centrales de previsiones, la posibilidad de un aterrizaje brusco tras el cambio de rumbo de la política monetaria es muy elevada si atendemos a los precedentes históricos. De hecho, el consumo ya ha caído durante dos trimestres consecutivos, y el impacto de la subida de tipos de interés aún no se ha transmitido en su totalidad a la economía. La llegada de una recesión, en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas como la actual, de elevada incertidumbre, y en medio de un proceso de adaptación de los mercados financieros a un nuevo marco de política monetaria, podría ser un cóctel desastroso. 

El respaldo de la autoridad monetaria es lo que nos ha permitido transitar esta etapa de crisis sucesivas, pandémica primero y energética después, con relativa comodidad, pero el apoyo del BCE tiene los días contados. El año pasado anunció un programa especial destinado a controlar las primas de riesgo pero sus características no están claras, y en cualquier caso el recurso al mismo conllevaría un estigma y un daño reputacional. El desequilibrio fiscal, en suma, coloca a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad. 

Durante la pandemia y la crisis energética no era el momento de aplicar un plan de consolidación fiscal, pero sí que hubiera sido deseable la presentación de un programa para ser aplicado cuando las condiciones lo hicieran posible, como reclamaba, entre otros, el Banco de España. En cualquier caso, el momento ya ha llegado tras la finalización de la situación de emergencia, y con el restablecimiento de las reglas fiscales el año próximo no será posible postergarlo por más tiempo.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario ABC.

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Inflación 2.0

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La inflación ha entrado en una fase decisiva y más compleja que la que desató el brote inicial proveniente de factores externos como la energía y las materias primas agrícolas. El IPC de marzo, un esperanzador 3,1% en términos interanuales y armonizados con Europa, ha dado alas a la visión de rápida vuelta a la senda de contención de los precios sin necesidad de pasar por una recesión. Ese viaje hacia la inmaculada desinflación, sin embargo, se enfrenta a varios escollos.

El más evidente, y muy comentado, es el estadístico, ya que las comparaciones con niveles de precios inflados tras la invasión de Ucrania aportan una falsa sensación de moderación. De hecho, es probable que el IPC se incremente en más de un punto en abril, sin que se deba concluir que la inflación se esté acelerando (los precios descendieron en ese mismo mes del año pasado, lo que impulsará mecánicamente el incremento interanual).


Hay que centrarse en la tendencia, y ésta todavía no apunta en una dirección clara. El IPC subyacente, es decir descontando la energía y los alimentos frescos, sigue en cotas elevadas, similares a las registradas en las grandes economías de la eurozona. Esto significa que muchas empresas trasladan a sus tarifas de venta la totalidad del alza de los costes generados, directa o indirectamente, por la crisis energética. Y lo hacen porque, en un entorno de subida generalizada de precios, consideran que sus decisiones individuales pasan casi desapercibidas por los consumidores (más de la mitad de los componentes del IPC, no solo alimentos o transporte, están creciendo por encima del 6%). En la mirilla se encuentran los sectores de servicios caracterizados por un bajo nivel de competencia y que apenas se han visto afectados por la escasez de suministros o la escalada de costes de producción. Pero ajustan sus tarifas: según la encuesta de coyuntura de la Comisión Europea, el porcentaje de empresas del sector de servicios no financieros con expectativas de incrementar sus precios es el triple que en la industria, sometida a una feroz competencia internacional.

Así se explica que el excedente bruto de explotación de las empresas alcanzara el 46% del PIB en el cuarto trimestre, máximo de la serie histórica. Un fenómeno de inflación de márgenes que se ha extendido a través de la eurozona, según el diagnóstico del BCE, y que solo ha sido posible porque los hogares han ido tirando del ahorro para mantener su consumo pese al encarecimiento de la cesta de la compra.

En principio, el bucle de precios y márgenes no es sostenible ya que la capacidad de compra de los consumidores es cada vez más limitada. Como lo es el colchón de liquidez disponible para financiar la demanda: la tasa de ahorro ha caído por debajo de los niveles prepandemia y los depósitos bancarios están mermando. El debilitamiento de la demanda es por tanto ineludible, incluso si los salarios recuperan poder adquisitivo en línea con las previsiones del BCE. Esto, unido a factores favorables de oferta como la caída de los costes del gas, de la electricidad y, más recientemente, de algunos de los principales insumos que entran en la producción agrícola, debería doblegar la inflación tendencial.

La cuestión es: ¿a qué ritmo? La experiencia pasada muestra que los precios tienden a reaccionar de manera asimétrica, ajustándose a menor velocidad a la baja que al alza. De ahí la inercia de los bucles inflacionarios y el riesgo de persistencia de un IPC significativamente superior al objetivo del 2%. Algunos miembros del BCE abogan ya por más ajustes, abriendo la puerta a otra ronda de subidas de tipos de interés. Pero la restricción monetaria dificultaría el aterrizaje suave de la economía, y a la vez exacerbaría las tensiones en los mercados financieros cuyas dimensiones todavía desconocemos. Ante la nueva etapa de inflación, esperemos que impere el pragmatismo.

IPC | El IPC general se incrementó un 0,4% en marzo, permitiendo un retroceso de la tasa interanual hasta el 3,3%. Se trata de uno de los mejores resultados de la eurozona. Sin embargo, descontando la energía y los alimentos frescos, la inflación subyacente se sitúa en niveles próximos a la media europea. Según la agencia estadística europea, la cesta de la compra sigue encareciéndose sin que se vislumbre una inflexión. El IPC de los alimentos se incrementó un 1,1% en marzo en la eurozona, impulsando la tasa interanual hasta un nuevo máximo del 15,4%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Vientos de optimismo

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En poco tiempo, las expectativas acerca de la economía española han cambiado radicalmente. Los propios hechos han desmentido los augurios de recesión: la actividad sigue creciendo desde el inicio del año, según los principales índices de coyuntura (como los PMI de gestores de compra), avalando el buen comportamiento del mercado laboral. Son buenas noticias, que conviene ponderar a la luz de los riesgos que todavía se ciernen sobre el futuro inmediato. 


El entorno internacional es sin duda menos hostil, no solo por el vuelco espectacular de los precios energéticos (hasta el otoño, los mercados a plazo apuntaban a una cotización del gas de 120€ por MWh, 60% más que en la actualidad). La economía alemana, el flanco más débil de la crisis energética, apenas se contrajo un -0,2% en el último trimestre. Nuestras exportaciones, impulsadas por una posición competitiva favorable, se han beneficiado de este contexto menos negativo. Y las amenazas derivadas de la invasión de Ucrania se han moderado, de ahí el repunte acusado de la confianza tanto de los consumidores como de las empresas. La inflexión de las expectativas también ha animado a las empresas a mantener la plantilla, incluso cuando la demanda se deterioraba. 

Por otra parte, el proceso de desendeudamiento del sector privado ha ayudado a atenuar el impacto del alza de tipos de interés. Pese a la apabullante subida del euríbor en cuatro puntos porcentuales –la más abrupta desde la creación del euro— las hipotecas a tipo variable se han encarecido moderadamente para una mayoría de familias: aquellas que se endeudaron en la época anterior a la era de tipos negativos. Asimismo, gracias a la elevada antigüedad de los préstamos contraídos por las empresas, el golpe financiero de la restricción monetaria ha sido limitado en la mayoría de casos, al menos de momento.

Pérdida de poder adquisitivo

Otra cosa es lo que pase de
aquí en adelante. El eslabón más frágil está en el consumo de las familias.
Todo apunta a que la pérdida de poder adquisitivo se prolongará en la primera
parte del año, hasta que la desescalada de la inflación se afiance. Los
salarios de convenio apenas se incrementaron un 2,8% en enero. Los de las grandes
corporaciones apuntan a un ajuste algo más generoso, en el entorno del 4%,
todavía muy por debajo del IPC. Todo ello redunda en una nueva erosión de la
capacidad de compra, cuando la mayoría de hogares ya no disponen de un colchón
de liquidez para sustentar el gasto en consumo. Las perspectivas de inversión
son más optimistas por los estímulos de los fondos europeos, pero una premisa
es que el incremento de los márgenes sirva para invertir en mejoras productivas
y no en activos financieros. En todo caso, la inversión pesa menos que el
consumo en la demanda total.

Además, el alza de tipos
de interés, si bien no ha generado hasta ahora graves problemas financieros a
nivel agregado, empieza a incidir en la demanda de crédito, como cabía esperar.
El volumen de préstamos nuevos registró un fuerte descenso en el cierre del
año, tanto en el segmento de familias como en el de empresas. No es
sorprendente habida cuenta del del endurecimiento del acceso al crédito. Por
ejemplo, en caso de un nuevo préstamo a tipo variable, el incremento de las
cargas financieras generado por el ascenso del Euribor es un 70% más elevado
que para los préstamos que tienen una antigüedad media.   

Finalmente, el
recrudecimiento del proteccionismo por parte de las dos grandes potencias
plantea un importante desafío para una UE que aparece muy dividida. Con todo,
el golpe de la doble crisis energética y geopolítica ha sido menor de lo
anticipado. Pero las secuelas van a perdurar, algo que aboga por adaptar las
políticas que han funcionado en un entorno de excepcionalidad, y hacer frente a
los nuevos desafíos globales que se dibujan en el horizonte.

INDUSTRIA | El avance de la producción manufacturera –un 2,5% en 2022— refleja dos realidades distintas. Por una parte, las industrias más afectadas por la crisis energética, como la química, la metalurgia, hierro y acero, textil, papel y otros productos minerales no metálicos, registraron una caída del 3,4% (todas ellos representan en total en torno al 22% del índice de manufacturas). El resto de ramas, entre las que destacan los bienes de equipo, se expandió un 4,5%. Pese a la moderación de los precios energéticos, no se aprecia de momento una inflexión en esa divergencia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Excedentes empresariales

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La inversión productiva, uno de los principales condicionantes de los niveles de vida de nuestro país, arrastra un déficit preocupante desde la crisis financiera. El esfuerzo inversor se sitúa sistemáticamente por debajo de la media europea: el gasto en maquinaria, equipamiento y productos de la propiedad intelectual, es decir la parte más transformadora de la inversión que se obtiene descontando la construcción, solo alcanza el 9,5% del PIB, un punto menos que la UE (media del periodo 2015 hasta el tercer trimestre del 2022). 

Y esto es sin tener en cuenta la inversión en “intangibles”, como la adopción de métodos eficientes de gestión empresarial, donde la brecha es probablemente aún mayor —si bien con grandes diferencias entre sectores y empresas—.  La tendencia más reciente es positiva, con un incremento vigoroso de la inversión productiva en lo que va de año, pero todavía insuficiente para recuperar el terreno perdido y así converger en renta per capita con los países más prósperos en un horizonte previsible.     


Resulta paradójico que persista un déficit de inversión, cuando las empresas gozan de una posición financiera globalmente saneada tanto en relación al pasado como en comparación con nuestros socios europeos. Las sociedades no financieras españolas en su conjunto encadenan sólidos superávits desde la crisis financiera, sin que la pandemia ni la crisis energética hayan alterado significativamente este resultado. Su capacidad de financiación superará este año los valores anteriores a la crisis sanitaria. Y la Comisión Europea vaticina que nuestro excedente será el mayor de toda la UE, solo después de Irlanda e Italia (las cuentas de las empresas alemanas se aproximan al equilibrio, mientras que las francesas registran un ligero déficit). 

El resultado proviene de la rápida recuperación de los márgenes que contrasta con la moderación de los salarios, de modo que se prevé un incremento de la renta disponible de las empresas (diferencia entre márgenes y remuneraciones) cercano a 30.000 millones. Más que suficiente para financiar el aumento del gasto en inversión, estimado en 11.000 millones.        

Dicho de otra forma, las empresas españolas disponen de un abultado colchón de liquidez que utilizan actualmente para adquirir activos financieros o reducir pasivos, y no invirtiendo en capital productivo. Una posición de prudencia en relación a lo que cabría esperar según la teoría, a saber que las corporaciones incurran en préstamos para complementar la financiación propia de los proyectos de inversión. Este comportamiento podría explicarse en parte por el ciclo de desendeudamiento iniciado tras la crisis financiera. El economista Richard Koo se basa en la experiencia japonesa para estimar que este proceso de “desapalancamiento” puede ser largo, sobre todo en el actual contexto de subida de tipos de interés y de incertidumbre global que lastra la confianza, factor clave en las decisiones de inversión. 

Sin embargo, el actual nivel de deuda roza ya cotas razonables, próximas a los niveles previos a la pandemia incluso en los sectores de los servicios más afectados por la pandemia, de modo que el desapalancamiento parece cada vez menos racional. Por otra parte, las empresas se enfrentan a la necesidad de invertir para cambiar su modelo energético, aprovechar el tirón del progreso tecnológico y retener talento. 

Con estos mimbres, los fondos europeos podrían ayudar a desencadenar un ciclo de inversión, con dos condiciones. Una, que los fondos sirvan de estímulo adicional; es decir, que generen inversiones más allá de las que se hubieran producido sin las ayudas. De producirse este efecto tractor, y solo en ese caso, el plan servirá de acicate para desencallar los excedentes actualmente colocados en activos financieros sin conexión con las necesidades de la economía real. Dos, es crucial que los proyectos estén vinculados a la mejora del capital productivo, de lo contrario solo aportarán un plus fugaz de demanda. Eso, y un shock global de confianza, pero eso no está en nuestras manos.     

CONSUMO | El gasto en consumo muestra un comportamiento peculiar, según el indicador de ventas minoristas. En la eurozona, tras el desconfinamiento, el indicador recuperó el nivel que hubiese alcanzado si se hubiera mantenido la tendencia anterior a la crisis sanitaria. Solo en los últimos meses se observa un debilitamiento como consecuencia de la caída de la capacidad adquisitiva de los consumidores. En España, sin embargo, el rebote del consumo ha sido incompleto. Pero a diferencia de lo que sucede en Europa no se aprecia un impacto negativo de la inflación en el indicador.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Consumiendo más, con menos dinero

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Una de las claves de la marcha de la economía en los próximos meses es el comportamiento del consumidor ante el persistente brote de inflación. El pasado reciente se ha caracterizado por un grado excepcional de resiliencia: si bien el alza del IPC ha lastrado el poder adquisitivo de los hogares, el consumo ha seguido creciendo. Así pues, se estima que este año la renta disponible de los hogares se habrá reducido en un 4,3% descontando la inflación, lo nunca visto desde la época de la crisis financiera. Mientras tanto el consumo habrá seguido avanzando —un leve pero positivo 0,4%—, lo que contrasta con los apabullantes retrocesos de recesiones anteriores.

Un desacoplamiento similar entre los ingresos (fuertemente a la baja) y el gasto (al alza) se ha producido también en otros países europeos, algo que unido a nuestra favorable posición competitiva, contribuye a explicar el auge del turismo y de las exportaciones. Todo ello debería redundar en un tercer trimestre en positivo y un fuerte crecimiento para el conjunto de 2022. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible ese desacoplamiento?

El fenómeno se explica por el comportamiento del ahorro de las familias, que han optado por tirar de los excedentes acumulados durante la pandemia para mantener su tren de vida. Ese sobreahorro es todavía abundante, lo que podría incitar a un cierto optimismo a partir de la primavera, que es cuando las restricciones de oferta provocadas por la crisis energética y de suministros se empezarán a suavizar, según diferentes previsiones. Para el conjunto de la zona euro, esos excedentes se elevan todavía al 6,3% del PIB (según una comparación del ahorro acumulado en 2020, 2021 y primer semestre de 2022, en relación a 2019). En el caso de España el remanente es incluso aun más abultado.


Sin embargo, una completa liberación del sobreahorro es muy improbable al menos a corto plazo, por estar ya muy concentrado en las rentas más altas con menor propensión a consumir (las familias con ingresos bajos ya parecen haber agotado el colchón y las de ingresos medios están próximas a hacerlo, según datos de la encuesta de expectativas del consumidor del BCE). Además, la inflación erosiona el valor real de los depósitos bancarios y de otros activos financieros que no están indiciados con el IPC. Se puede estimar que, grosso modo, esos activos ya se han devaluado un 10% desde el inicio del brote de inflación. Finalmente, las incertidumbres tienden a provocar un comportamiento precautorio que también incita al mantenimiento de un colchón de ahorro, o a su utilización para saldar deuda (amortización anticipada de la hipoteca, por ejemplo) en vez de consumir.

En suma, nos asomamos a una evolución del consumo más en línea con los ingresos para la mayoría de hogares, avalando el pronóstico de desaceleración de la economía y de pérdida de fuelle de la demanda como factor de inflación en los próximos meses. El perfil de la demanda y del sobreahorro avala una acción presupuestaria quirúrgica que tenga en cuenta la heterogeneidad de la situación de las familias y de las empresas.

El nuevo contexto también podría llevar al BCE a una mayor gradualidad en la subida de tipos de interés, tras el ajuste previsto para la próxima reunión (Funcas prevé una facilidad de depósitos en el entorno del 2,5% en 2023). No parece por tanto razonable seguir la senda de la Reserva Federal en su intento de aplacar una demanda mucho más boyante que en Europa. La pausa además podría servir para atajar sin demora los riesgos para la política monetaria generados por las finanzas en la sombra. Dos miembros del BCE (los gobernadores de Francia y Países Bajos) han manifestado públicamente su preocupación acerca de los riesgos para la liquidez y la estabilidad que suponen las prácticas de apalancamiento de actores que no operan bajo la vigilancia de los reguladores.

INFLACIÓN IMPORTADA | Los componentes importados de la inflación parecen haber entrado en fase de moderación. Los combustibles se han abaratado en los últimos meses, reflejando la caída del petróleo, mientras el gas cotiza en mínimos del año, facilitando un descenso de la electricidad. Otras materias primas han bajado de precio en los últimos meses, al igual que los fletes marítimos. La tasa de inflación del índice de precios industriales, indicador de los costes a lo largo de la cadena de producción, muestra una suave tendencia descendente desde el final de la primavera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Luces y sombras del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral de España – 4T 2021

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, un 2% en relación al trimestre anterior, muestra que, si bien la recuperación está en marcha, todavía es incompleta y desigual. Destaca el incremento de la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo (un sólido 6,1% en el trimestre), en consonancia con la aceleración de la ejecución de los fondos europeos en el tramo final del año. Las exportaciones también evolucionan favorablemente ( 6,5%), fruto del tirón de las ventas de bienes en el exterior. Además, las empresas se están adaptando a la desorganización de la cadena de suministros acumulando inventarios para así suavizar los cuellos de botella.

Sin embargo, el consumo de las familias se resiente del repunte de inflación, y de su impacto negativo en la renta disponible de las familias. Así pues, pese a la mejora notable del mercado laboral, el gasto en consumo desciende (-1,2%), restando fuelle al rebote que se esperaba de la economía. Este descenso explica que la demanda interna solo aportara un punto al crecimiento del PIB, lo mismo que el sector exterior. 

Con todo, la evolución de la economía en el tramo final del año deja el crecimiento del PIB en el 5% para el conjunto del 2021. Un resultado que mejora algunos de los vaticinios realizados tras los datos decepcionantes de la primera parte del ejercicio. Sin embargo, la recuperación es todavía incompleta y desigual en sectores tan importantes como el turismo y la automoción. Además, de cara a 2022, su robustez está condicionada por la persistencia de las presiones inflacionistas. Y por la aparición de nuevas incertidumbres en torno al contexto externo, entre las que destacan las tensiones geopolíticas y sus impactos en los mercados energéticos.

Consulta otros indicadores de la contabilidad nacional y del mercado laboral.

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Las vulnerabilidades de la recuperación

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El enfriamiento de las expectativas de recuperación como consecuencia del recién publicado dato de crecimiento del INE no debería distraernos de los verdaderos desafíos a que se enfrenta nuestra economía. La máxima autoridad estadística estima que durante la primera mitad del año la economía creció apenas medio punto —un resultado decepcionante frente al golpe asestado por la pandemia en 2020, y también muy inferior al dato avanzado en julio—. El déficit de actividad con respecto a los principales países vecinos también se habría ampliado: durante el mismo periodo, todas las economías de la zona euro han crecido más, salvo Alemania.

Otros datos, sin embargo, auguran una aceleración que acabará por reflejarse en los datos del INE del tercer trimestre (y que sin duda por razones técnicas no pudieron integrarse en la estimación divulgada esta semana). La afiliación, el termómetro más sensible a la coyuntura por las características de nuestro mercado laboral, se ha disparado desde la primavera, incluso en los sectores más rezagados como la hostelería y la restauración. La recaudación también crece a buen ritmo. El gasto final sujeto a IVA, por definición asentado en el consumo, se incrementó un 20,5% hasta junio, acercándose a valores pre-crisis —todo apunta a que el mes de julio fue especialmente boyante, algo que, aunque a destiempo, acabará por incorporarse en la estimación de los expertos estadísticos—.

La temporada turística de
verano también ha dado buenas sensaciones tras una primavera renqueante. Y el
tirón de las exportaciones de bienes no se desmiente: las ventas en el exterior
se incrementaron un vigoroso 21,7% hasta julio, el mejor registro entre los
grandes países europeos después de Italia.

Todo apunta, por tanto, a
que en la próxima ocasión el INE nos sorprenderá al alza. Aun así, la previsión
del Gobierno del 6,5% para el conjunto del año es prácticamente inalcanzable.
Para que se cumpliera, la economía tendría que crecer cerca del 9% en la
segunda mitad del año, es decir mantener la onda expansiva del verano hasta el
cierre del ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, INE, Agencia Tributaria, Markit Economics y estimaciones Funcas.

Y ahí es donde las cosas se complican porque, más allá del vaivén estadístico, lo que se perfila es una amplificación del shock de suministros que mueve los cimientos de la recuperación. La inflación de costes se intensifica, según los datos de IPC (que, de momento, solo recogen el encarecimiento de las tarifas energéticas), y el alza incesante de precios industriales. Uno de los principales indicadores internacionales de precios pagados por las empresas se sitúa en los niveles más elevados de los últimos 20 años (PMI de agosto de 66 en España, y en cotas incluso superiores en el conjunto de la eurozona en septiembre, en una escala que va de 0 100).

Moderación de las expectativas

Se multiplican los
retrasos de suministro, el más llamativo en la industria automotriz, y de
cuellos de botella en sectores como la construcción y el transporte por
carretera. Todo ello modera las expectativas para los próximos meses. El PMI de
actividad apunta a una desaceleración, si bien a partir de niveles todavía
elevados. En Alemania, el principal índice avanzado de actividad desciende por
los cuellos de estrangulamiento en la industria y la escalada del gas y de la
electricidad.

En suma, la previsión de crecimiento del Gobierno del 7% para 2022 está condicionada por el grado de transitoriedad del shock de suministros. También depende de que el déficit de crecimiento que arrastraremos de 2021 se compense con el empuje de los fondos europeos. Para recibir esos recursos, tendremos que cumplir con los compromisos con Bruselas: 29 reformas a acometer en los próximos meses, incluidas cinco en material laboral, para obtener un tramo de 13,7 mil millones de euros; y 52 pendientes para el próximo ejercicio, incluida una reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones, sine qua non para recibir 18,4 mil millones adicionales. Todo un reto.

COSTE LABORAL | Los costes laborales han evolucionado de manera volátil como consecuencia de efectos de composición (salida de personas con bajos niveles de cualificación al inicio de la crisis, con un impacto inflacionario, y reincorporación de los mismos al compás de la actual recuperación, con un impacto inverso). El resultado acumulado desde el inicio de la pandemia es de moderación. Según Eurostat, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2021, el coste laboral medio se incrementó un 2,2%. Este resultado refleja evoluciones dispares, entre Alemania ( 5,8%), Francia (-0,6%) y España (-2%).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La gran liberación

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La crisis económica generada por la pandemia no tiene parangón, y todo apunta a que la recuperación, por su fuerte dependencia de factores psicológicos, será también singular. Las señales de rebote de la actividad son ya inequívocas: alza en mayo del principal indicador de coyuntura, hasta máximos de los últimos dos lustros (el PMI roza el valor 60, evidenciando una aceleración de la remontada); incremento en el mismo mes de la afiliación en más de 105.000 personas, descontando el efecto ERTE y la estacionalidad (los datos originales alcanzan el doble); vuelco de la confianza del consumidor hasta niveles precrisis; y renacimiento del turismo (aumentan las reservas de avión, si bien todavía se sitúan un 37% por debajo del mismo periodo de 2019, según las plataformas del sector). Todo ello coexiste con un sólido superávit externo, fruto del más que aceptable comportamiento de las exportaciones, prueba de que las empresas que han sobrevivido mantienen su competitividad.

Los hogares pierden miedo a gastar, y los turistas a viajar, desencadenando una abrupta liberación del gasto cautivado por la crisis. En las cuentas bancarias de los hogares españoles se han acumulado decenas de miles de millones de euros, y algo similar ha sucedido en la mayoría de economías avanzadas, formando una multibillonaria bolsa de consumo latente. El giro de expectativas al calor de la vacunación provoca el desembalse de esa demanda, casi simultáneamente en todos los países, poniendo a prueba un aparato productivo debilitado y con capacidad de respuesta muy desigual según los sectores.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, Markit Economics e INE.

El efecto colateral sobre los precios de la mejora de las expectativas no se ha hecho esperar y los síntomas son cada vez más generalizados. A la escasez de semiconductores y de metales perceptible desde los albores de la recuperación mundial a finales del pasado ejercicio, ahora se añade el encarecimiento de productos alimenticios (con alzas a un ritmo anual superior al 40%) y sobre todo de la energía, un bien esencial para sostener nuestra expansión (más del 30% en mayo). El resultado es una elevación acusada de los costes de producción para las empresas, y por supuesto un repunte del IPC. De mantenerse esta tendencia, una parte del sobreahorro generado por la crisis podría “volatilizarse”, convirtiéndose en un cuasi impuesto pagado por los hogares españoles a los productores de energía, de componentes tecnológicos y de materias primas.

La presión sobre los precios debería relajarse a medida que las empresas restauran su capacidad productiva y que la oferta se expande, en consonancia con el tirón de la demanda. Pero este proceso tomará tiempo, y podría ser incompleto en los sectores donde la producción está muy concentrada como los microchips, o se enfrenta a límites naturales como la extracción de minerales imprescindibles para la transición energética y el mercado europeo de CO2. Además, empiezan a aparecer cuellos de botella en los mercados de trabajo, por ejemplo, en el sector de la construcción —uno de los inesperados beneficiarios de la recuperación del gasto—.

Para la economía española, por tanto, se trata de atenuar las presiones inflacionistas internas y así maximizar el potencial expansivo de la demanda que se había quedado embalsada en la economía española. El despliegue del plan de ayudas directas a las empresas —cuya implementación se ha demorado incomprensiblemente— sería particularmente oportuno habida cuenta del progresivo retorno del turismo. La recalificación y recolocación de parados y de personas en ERTE debería ser otra prioridad: este es el momento de activar las políticas de empleo, y de combinar la protección con un papel más proactivo de la intermediación laboral. El giro coyuntural también aconseja una implementación cautelosa del plan de recuperación, priorizando los componentes más transformadores y limitando el riesgo de agravación de los incipientes cuellos de botella. Tras el Gran Confinamiento llega la gran liberación de gasto cautivo, exigiendo una nueva priorización de la política económica.


CONFIANZA | Las empresas vaticinan una intensa recuperación para los próximos meses, según el índice PMI de actividad futura, que en mayo rozó el máximo histórico de 75 por segundo mes consecutivo. Además, el sector de servicios gana tracción, reduciendo la brecha tanto con la industria como con la construcción. Las expectativas de consumo apuntan en la misma dirección: el índice de confianza del consumidor de mayo de la Comisión Europea para España recupera el valor de febrero 2020, superando la media de la serie histórica, un resultado avalado por el indicador del CIS.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Coyuntura con fiebre

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Semana con muchos datos de coyuntura que anticipan cambios. Lejos de dejar atrás la crisis, pero con registros prometedores a corto plazo, como el de desempleo de mayo, que mostró el punto de inflexión para la economía que supuso dejar atrás el estado de alarma. Nada que ver con hace unos meses o un año.

La vacunación masiva y la menor incidencia de contagios explican el momento favorable, que se trasladará a buena parte del segundo semestre. No se han corregido los grandes desequilibrios de la economía española, pero se recuperan sus constantes vitales. Los datos de crédito a empresas y familias de abril son interesantes también. La tasa interanual de la financiación a empresas fue del 3,3%, la más baja desde marzo de 2020 y la de préstamos a hogares fue del 0%, tras marcar tasas negativas ininterrumpidamente desde el comienzo de la pandemia. Las sociedades mercantiles no parecen necesitar tanto crédito nuevo en estos momentos. Las familias, conforme lo peor de la pandemia pasa, retoman una senda de un mayor consumo e inversión. Tendencias aún por confirmar, aunque mejores expectativas para este verano.

Mayores ingresos empresariales y menos trabajadores en ERTE —buena parte reincorporándose a su trabajo— como confirman los datos financieros de abril. Probablemente, en los próximos meses esas tendencias serán aún más marcadas.

«Los bancos centrales consideran que la inflación no ha venido para quedarse, pero no hay que olvidar que genera, aunque sea en el corto plazo, distorsiones importantes en las decisiones de gasto e inversión del sector privado».

Santiago Carbó

Es una recuperación con febrícula en forma de inflación, aunque sea transitoria. El dato del IPC de mayo de España fue 2,7% y el de la Eurozona el 2%. Aunque alejados de los niveles de Estados Unidos, por encima del 4%, apuntan a que, en los próximos meses, el gasto de la “demanda embalsada” durante más de un año, junto a los fuertes estímulos monetarios y fiscales que aún persisten y el estrangulamiento en algunos suministros industriales y energéticos, están llevando la tasa de crecimiento de los precios a niveles que no se observaban desde hace más de una década. Con expectativas de que puedan subir más y mantenerse en niveles elevados hasta 2022. Puede llegar la fiebre.

En un momento de recuperación, una inflación elevada encarece muchos productos y servicios importantes en la lista de la compra de las familias, muchas de ellas con dificultades para llegar a fin de mes ahora que empezaban a respirar. La sensibilidad ante cuestiones como el recibo de electricidad o la presión fiscal son especialmente comprensibles. Las empresas, a su vez, también se ven afectadas por el aumento de costes de esa calentura, a la vez que algunos componentes no llegan. Es la parte más preocupante de la actual evolución de los precios. Los bancos centrales consideran que la inflación no ha venido para quedarse, pero no hay que olvidar que genera, aunque sea en el corto plazo, distorsiones importantes en las decisiones de gasto e inversión del sector privado. Una razón más para no retirar prematuramente los apoyos a empresas y familias que explican que esta crisis de la Covid-19 —junto a otras razones como su origen sanitario— haya tenido menos daños sociales colaterales que la de 2008-2012, de causas financieras e inmobiliarias.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española, entre la crisis y la salvación

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Los atisbos de recuperación que habían surgido
tras el periodo de confinamiento se están afianzando. La actividad industrial
rebota con más intensidad de lo previsto, según el principal indicador de
coyuntura para junio (índice PMI de compra de empresas). También se percibe una
notable mejoría en los servicios, algo sorprendente ya que se trata del sector
más castigado por las medidas de restricción de actividad y de movilidad.

Gráfico 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA REPUNTA TRAS EL CONFINAMIENTO CON MÁS INTENSIDAD QUE LA MEDIA EUROPEA

Fuente: Markits Economics.

Además, el mercado laboral juega por primera vez un papel estabilizador, en lugar de magnificar el desplome de la economía con ajustes masivos de plantilla como sucedió en la anterior crisis, o en la recesión de los años 90. La afiliación a la Seguridad Social aumentó el mes pasado en cerca de 30.000 personas, con datos desestacionalizados, cerca del doble de lo previsto por Funcas. Y casi un millón y medio de personas que estaban en un ERTE se han incorporado plenamente a la actividad durante mayo y junio.

Estas son señales alentadoras de vida que, sin
embargo, no deben servir para echar las campanas al vuelo, porque se producen
desde los niveles de hibernación registrados en el cénit de la pandemia. Con
toda probabilidad, el PIB habrá registrado en el
segundo trimestre el mayor descenso desde que existen datos
comparables. Esto explica que solo se ha recuperado el 20% de la afiliación
perdida durante las semanas más duras de reclusión (el doble si se tiene en
cuenta el efecto ERTE).

El camino, por tanto, será largo. Y desigual,
porque si bien una parte de la economía repunta, la otra se enfrenta al riesgo
de insolvencia, si no ha quebrado ya. Se quedan en la cuneta muchas personas
(todas aquellas que no entran en una política de empleo y se ven abocadas al paro
de larga duración) y las empresas que o bien han echado el cierre, o bien están
entrando en concurso de acreedores. A más situaciones de insolvencia, menor la
capacidad de recuperación de la economía.

«Un aumento prematuro de impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto directo sobre la demanda, y sobre las expectativas. El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples realidades».

Raymond Torres

La doble cara del repunte de actividad justifica,
por tanto, una respuesta calibrada de la política económica. En primer lugar,
para limitar el riesgo de insolvencia de buena parte del tejido productivo, se
trata de prolongar las líneas de crédito ICO y los
ERTE, reforzando los criterios de acceso ahora que las
administraciones responsables tienen más capacidad de gestión. Las recientes
decisiones del Gobierno van en esa dirección, aunque todavía falta especificar
cómo se ayudará a las personas que no están amparadas por los actuales
dispositivos de empleo. Otra tarea pendiente es facilitar el acceso de las
pymes a las medidas de apoyo a la liquidez. La creación de un fondo de rescate
dotado de 10.000 millones para empresas estratégicas también parece una
iniciativa acertada ante el riesgo de insolvencia de proyectos industriales
vitales para el país.

En segundo lugar, en cuanto a los sectores mejor posicionados (una parte de la industria y de la construcción, servicios que teletrabajan, sector primario), la tarea es afianzar la recuperación con estímulos a la inversión. Por lo menos hasta que se produzca una dinámica auto-entretenida, con incrementos de la demanda privada y del empleo que reviertan automáticamente sobre la actividad sin necesidad de ayuda pública. La actual debilidad del consumo familiar y de la inversión empresarial muestra que ese horizonte es incierto, eso sin contar con un rebrote temible del virus.

El anuncio de un programa de ayudas a la
inversión para la digitalización y la transición verde es coherente con ese
objetivo, y con el futuro plan europeo. A la inversa, un aumento prematuro de
impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto
directo sobre la demanda, y sobre las expectativas.

El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el
principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples
realidades. Por ello, habrá que acertar en el diseño de los nuevos planes de
ayuda. De modo que todo euro invertido abone el terreno de una recuperación
sostenible.

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