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No mejora el problema de la vivienda

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El acceso a la vivienda en España, tanto en alquiler como en propiedad, es un tema recurrente en el debate público y una fuente de frustración ciudadana. El constante encarecimiento de la vivienda no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los ingresos familiares, afectando no solo a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, sino también a trabajadores con ingresos medios o incluso superiores. Este fenómeno contribuye significativamente a una percepción pesimista de la economía, a pesar de que los indicadores macroeconómicos del país sean positivos.

En la última década, el precio medio del alquiler en España ha aumentado más de un 50%, especialmente en grandes ciudades que han atraído más capital humano. Paralelamente, los precios de compra han experimentado una fuerte recuperación. Sin embargo, los ingresos no han seguido el mismo ritmo. El salario medio bruto anual ronda los 28.000 euros, lo que se traduce en unos 1.800 euros netos mensuales. Con un alquiler medio (60 metros cuadrados) que puede superar fácilmente los 1.000 euros mensuales en muchas capitales, el esfuerzo resultante es del 50%, que es desproporcionado y frecuentemente inasumible.

La compra de vivienda mediante hipoteca tampoco es una solución fácil. Aunque las cuotas hipotecarias pueden ser algo más bajas que un alquiler equivalente, los requisitos de entrada, como el pago del 20% del valor de la vivienda más los gastos (notaría, impuestos, tasación), hacen que esta opción esté fuera del alcance de muchas personas sin ahorros significativos. Ahora existen avales del Instituto de Crédito Oficial y otras agencias financieras regionales para esa parte no cubierta, y también ayudan unos tipos de interés (euribor) más bajos, pero de nuevo no son suficientes. Los más perjudicados son los jóvenes menores de 35 años, generando un retraso generalizado en la edad de independencia de sus padres. Este fenómeno tiene repercusiones demográficas preocupantes, como una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población que compromete el futuro económico del país.

Las soluciones propuestas, hasta ahora, han sido claramente insuficientes. Se debería ampliar enormemente la oferta de vivienda tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, lo que ha ocurrido fundamentalmente, incluida en la última Ley de Vivienda, son controles en los precios del alquiler que han llevado a la retirada de muchas viviendas de la oferta de alquiler. Aunque se empieza a reactivar el parque de vivienda pública, el gran desafío es una estrategia a largo plazo de planificación urbanística que incremente notablemente la oferta accesible sin recurrir a la especulación. Para ello, sería necesario algo comentado con frecuencia, como es un gran acuerdo nacional, como la aprobación de una nueva Ley del Suelo, que elimine algunos de los principales obstáculos para aumentar el stock de vivienda.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Renta neta real de los hogares en 2024: (todavía) por debajo del umbral de 2008

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La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ofrece una buena oportunidad para analizar la evolución de la renta de los hogares en el largo plazo. Los datos disponibles muestran que la crisis financiera de 2008 afectó de forma muy intensa a su capacidad económica. Tanto, que sus efectos aún perduran. En dicho año, la renta media neta de los hogares[1], medida en términos nominales, fue de 30.045 euros. Se tardaron 11 años en superarla, alcanzando 30.690 euros en 2019, justo el año previo a la pandemia. En la siguiente etapa, entre 2019 y 2024, la renta ha crecido, aproximadamente, un 25%[2] impulsada por un amplio conjunto de factores, entre ellos, el intenso escudo social, la mejora del empleo, la revalorización de pensiones y ayudas sociales de acuerdo con el IPC, nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluso una posible reducción de la economía informal.

Pero, ¿qué ha sucedido en términos reales? De acuerdo con el gráfico 1, el índice de crecimiento del IPC ha estado desde 2008 por encima del crecimiento de la renta neta nominal. Concretamente, entre 2008 y 2024, el incremento acumulado de la renta fue del 27,7%; claramente por debajo del 33,5% de aumento de los precios. Es decir, en esos dieciséis años los precios han crecido alrededor de 6 puntos más que la renta neta nominal, erosionando, como muestra el gráfico 2, la renta neta real. Dicho de otro modo, la renta neta real de 2024 equivale, aproximadamente, al 95,6% del valor que tomó en 2008. En definitiva, la renta neta real de un hogar medio en 2024 sigue siendo inferior a la de 2008. Esa diferencia para converger plenamente al nivel de 2008 exige todavía un esfuerzo importante que no debe soslayarse. De hecho, el crecimiento de 2024 debería haber sido, aproximadamente, del 9% para conseguir la plena equiparación a la renta real de 2008[3]. Sin embargo, desde 2019, la renta neta real ha crecido a un promedio de 1,9 puntos por año. A ese ritmo, manteniendo lo demás constante, la convergencia no se alcanzaría hasta 2027, dos décadas después de la crisis financiera. 


Sin duda, no son buenas noticias para la evolución del nivel de bienestar de los hogares desde una perspectiva de largo plazo. Pese a ello, los datos muestran avances en la renta neta real en los últimos años. Como también muestra el gráfico 2, la renta neta real tocó fondo en 2014 cuando se situó en 24.039 euros. Aunque con altibajos, la renta neta real creció entre 2014 y 2024 un promedio del 1,6% anual frente al -3,6% del período 2009 a 2014. 

En resumen, como se comentó anteriormente, el profundo impacto de la crisis financiera sobre la capacidad en renta real de los hogares todavía no ha sido superado. Incrementarla exige, ineludiblemente, aumentar la productividad del factor trabajo. La mejora del nivel de formación de los trabajadores y su adaptación a los nuevos cambios tecnológicos son dos de los factores clave para la consecución de este objetivo.


[1] La renta neta corresponde, esencialmente, a la diferencia entre ingresos brutos percibidos por los hogares y las cotizaciones del trabajador e IRPF. Los ingresos brutos incluyen, entre otros, salarios y transferencias corrientes recibidas las administraciones públicas (pensiones, desempleo, etcétera).

[2] Asumiendo un crecimiento de la renta neta media de 2024 en línea con el 3,7% de incremento de los costes salariales.

[3] Debemos esperar a la ola de la ECV de 2026 para tener mayor precisión de las cifras del crecimiento de la renta neta de los hogares en 2024.

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El crecimiento económico y su percepción social

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Diferentes barómetros muestran que la percepción de pérdida de capacidad de compra se ha extendido, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones sociales, por delante del paro. Esta sensación, que contrasta con los buenos datos de crecimiento económico, hace eco al escaso incremento de los ingresos de las familias en comparación con el periodo anterior a la pandemia: si bien en el último año la renta disponible de los hogares se disparó un 6% en términos reales, un ritmo nunca visto desde que arranca la serie histórica en los 90, la mejora apenas habría compensado el golpe de la crisis sanitaria y del brote inflacionario.

La percepción ciudadana, respaldada por las cifras macroeconómicas, es
sintomática de la naturaleza “extensiva” de nuestro modelo productivo. Es
decir, solo crecemos incorporando más mano de obra en la producción o
“echando” horas, y no con mejoras cualitativas o de la productividad que
requerirían inversión, cambios en la organización del trabajo y en general una
mayor eficiencia productiva. 

Así pues, si la renta disponible de las familias se ha incrementado en el periodo reciente es solo y exclusivamente porque hay más personas trabajando. El empleo, en equivalente a tiempo completo tal como se mide en la contabilidad nacional, creció un 3,2% en 2023, y un 7,3% desde 2019, mientras que el promedio de ingresos por persona ocupada apenas aumentó un 2% el año pasado, situándose todavía un 4,2% por debajo del nivel prepandemia (siempre descontando la inflación). Esto último, por lo que significa en cuanto a la reducción del poder adquisitivo, sin duda influye en las percepciones sociales. 


Nuestra pauta de crecimiento empieza a diferenciarse de otros países europeos. La expansión depende sobremanera de la incorporación de mano de obra tanto nacional como de otros países: el año pasado, España generó uno de cada tres empleos de extranjeros creados en la eurozona. En países como Alemania, sin embargo, el mercado laboral se ha estrechado por acercarse al pleno empleo, y la economía necesita avanzar con productividad, a la vez que ofrececiendo mejoras en las remuneraciones.

Bien es cierto que hemos conocido tiempos peores. La renta de los
hogares sufrió un golpe mucho más duro durante la crisis financiera como
consecuencia de la pérdida de empleo y, a partir de 2010, de la contracción de
las remuneraciones. Y el fuerte repunte del poder adquisitivo de las familias
registrado antes de esa crisis se financió con crédito y se acompañó de un
déficit exterior colosal, así que resultó insostenible. Ahora, sin embargo, las
familias se desendeudan y las cuentas exteriores arrojan un superávit sólido. En
ese sentido, el actual modelo productivo es más sano que el anterior.    

A corto plazo, no se aprecian cambios en el patrón “extensivo” de crecimiento que caracteriza la economía española, lo que debería redundar en una aportación adicional del empleo a la renta de los hogares y al consumo privado. Veremos si la inversión sale de su letargo. En todo caso, con los últimos datos del INE y salvo nuevo shock, los pronósticos apuntan a una evolución favorable del PIB en los próximos dos años tanto en valor absoluto como en relación al resto de Europa.

Con el tiempo, sin embargo, el modelo se enfrenta a límites evidentes, porque su funcionamiento ofrece pocas perspectivas de mejora en términos de poder adquisitivo, especialmente para los colectivos más afectados por las desigualdades. El riesgo es que se erosione el pacto social que sustenta el modelo, y que se ha reflejado, aun de manera tácita, en una preferencia por la creación empleo en vez de mejoras de poder adquisitivo. La condición necesaria para superar el dilema, conservando los factores de resiliencia, pasa por la reversión del declive relativo de la productividad.

INDUSTRIA | La producción manufacturera presentó un leve avance del 0,1% en 2023, contrastando con la caída del 2,3% en la eurozona (con datos, en este último caso, hasta noviembre). Destaca el tirón de la industria farmacéutica, automotriz y de bienes de equipo. A la inversa, las industrias más intensivas en energía han tenido un comportamiento negativo, prolongando las caídas del año anterior, caso de la industria del papel, artes gráficas, química, minerales no metálicos, y metalurgia, hierro y acero. Finalmente, las ramas destinadas a los bienes de consumo, como el textil, han tenido un comportamiento intermedio.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Consumiendo más, con menos dinero

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Una de las claves de la marcha de la economía en los próximos meses es el comportamiento del consumidor ante el persistente brote de inflación. El pasado reciente se ha caracterizado por un grado excepcional de resiliencia: si bien el alza del IPC ha lastrado el poder adquisitivo de los hogares, el consumo ha seguido creciendo. Así pues, se estima que este año la renta disponible de los hogares se habrá reducido en un 4,3% descontando la inflación, lo nunca visto desde la época de la crisis financiera. Mientras tanto el consumo habrá seguido avanzando —un leve pero positivo 0,4%—, lo que contrasta con los apabullantes retrocesos de recesiones anteriores.

Un desacoplamiento similar entre los ingresos (fuertemente a la baja) y el gasto (al alza) se ha producido también en otros países europeos, algo que unido a nuestra favorable posición competitiva, contribuye a explicar el auge del turismo y de las exportaciones. Todo ello debería redundar en un tercer trimestre en positivo y un fuerte crecimiento para el conjunto de 2022. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible ese desacoplamiento?

El fenómeno se explica por el comportamiento del ahorro de las familias, que han optado por tirar de los excedentes acumulados durante la pandemia para mantener su tren de vida. Ese sobreahorro es todavía abundante, lo que podría incitar a un cierto optimismo a partir de la primavera, que es cuando las restricciones de oferta provocadas por la crisis energética y de suministros se empezarán a suavizar, según diferentes previsiones. Para el conjunto de la zona euro, esos excedentes se elevan todavía al 6,3% del PIB (según una comparación del ahorro acumulado en 2020, 2021 y primer semestre de 2022, en relación a 2019). En el caso de España el remanente es incluso aun más abultado.


Sin embargo, una completa liberación del sobreahorro es muy improbable al menos a corto plazo, por estar ya muy concentrado en las rentas más altas con menor propensión a consumir (las familias con ingresos bajos ya parecen haber agotado el colchón y las de ingresos medios están próximas a hacerlo, según datos de la encuesta de expectativas del consumidor del BCE). Además, la inflación erosiona el valor real de los depósitos bancarios y de otros activos financieros que no están indiciados con el IPC. Se puede estimar que, grosso modo, esos activos ya se han devaluado un 10% desde el inicio del brote de inflación. Finalmente, las incertidumbres tienden a provocar un comportamiento precautorio que también incita al mantenimiento de un colchón de ahorro, o a su utilización para saldar deuda (amortización anticipada de la hipoteca, por ejemplo) en vez de consumir.

En suma, nos asomamos a una evolución del consumo más en línea con los ingresos para la mayoría de hogares, avalando el pronóstico de desaceleración de la economía y de pérdida de fuelle de la demanda como factor de inflación en los próximos meses. El perfil de la demanda y del sobreahorro avala una acción presupuestaria quirúrgica que tenga en cuenta la heterogeneidad de la situación de las familias y de las empresas.

El nuevo contexto también podría llevar al BCE a una mayor gradualidad en la subida de tipos de interés, tras el ajuste previsto para la próxima reunión (Funcas prevé una facilidad de depósitos en el entorno del 2,5% en 2023). No parece por tanto razonable seguir la senda de la Reserva Federal en su intento de aplacar una demanda mucho más boyante que en Europa. La pausa además podría servir para atajar sin demora los riesgos para la política monetaria generados por las finanzas en la sombra. Dos miembros del BCE (los gobernadores de Francia y Países Bajos) han manifestado públicamente su preocupación acerca de los riesgos para la liquidez y la estabilidad que suponen las prácticas de apalancamiento de actores que no operan bajo la vigilancia de los reguladores.

INFLACIÓN IMPORTADA | Los componentes importados de la inflación parecen haber entrado en fase de moderación. Los combustibles se han abaratado en los últimos meses, reflejando la caída del petróleo, mientras el gas cotiza en mínimos del año, facilitando un descenso de la electricidad. Otras materias primas han bajado de precio en los últimos meses, al igual que los fletes marítimos. La tasa de inflación del índice de precios industriales, indicador de los costes a lo largo de la cadena de producción, muestra una suave tendencia descendente desde el final de la primavera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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