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La inteligencia artificial, salto adelante o cisne negro

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La inteligencia artificial se adentra en la economía, dando lugar a un proceso de aprendizaje a escala mundial rodeado de tanta fascinación como desconfianza. Los tecnooptimistas imaginan una infinidad de aplicaciones, lo que redundaría en más productividad y mayores cotas de bienestar social, particularmente en las economías intensivas en servicios como la española. Y lo cierto es que, en algunos casos, los algoritmos basados en el análisis del lenguaje a partir de grandes bases de datos están logrando resultados asombrosos que se asemejan, cuando no superan, los que proceden del cerebro humano.

Las expectativas, sin embargo, están excediendo la realidad hasta el punto de generar una burbuja de proporciones inquietantes que, según el FMI, amenaza la estabilidad financiera: precisamente el estallido de esta burbuja podría ser uno de los cisnes negros a los que se enfrenta la economía mundial en 2026, con múltiples derivadas en España.

Es un hecho que la inversión en inteligencia artificial crece exponencialmente, mientras que los beneficios de dichas inversiones se hacen esperar. Según estimaciones realizadas por un think tank asociado a la Universidad de Stanford, el gasto de las empresas destinado a la IA se elevó a cerca de 250 mil millones de dólares en 2024 a nivel global, dos veces y medio más que antes de la pandemia.

Como consecuencia de la acumulación de recursos inyectados
en el sector, la capitalización de las siete principales corporaciones
tecnológicas de EE UU (las llamadas siete magníficas) se ha disparado hasta
alcanzar un apabullante 35,5% del valor bursátil del conjunto de la economía
norteamericana, a tenor del índice S&P. O, dicho de otra manera, las siete
magníficas pesan, por sí solas, 21 veces más que la capitalización total de la
bolsa española.      

Sin embargo, los beneficios de este puñado de
corporaciones crecen la mitad de los que reporta el resto de las empresas
cotizadas en el S&P (con datos hasta el tercer trimestre). La confrontación
con la realidad, por tanto, podría ser dolorosa, habida cuenta de la magnitud
de la inversión acumulada por una multitud de entidades, particularmente las
que conforman las finanzas en la sombra y que se han endeudado copiosamente para
realizar sus operaciones al calor de las siete magníficas.

En este contexto de exuberancia y de pugna con
China, no es sorprendente que la tecnología se utilice a fines geopolíticos, y
más concretamente con el objetivo de entorpecer los esfuerzos de la Unión
Europea para prevenir la constitución de oligopolios “rentistas”. En virtud de
su normativa digital, Europa intenta limitar el poder de mercado de las grandes
tecnológicas, cuando éste dificulta la libre competencia o la innovación.  De ahí que esté contemplando imponer sanciones
a algunas de las grandes plataformas, provocando reacciones airadas de la
Administración Trump que amenaza con retorsiones a las empresas europeas de
servicios, incluidas algunas españolas, que operan en su país.  

Los riesgos financieros y las prácticas anticompetitivas apuntan a la necesidad de estrechar la vigilancia de las finanzas en la sombra o de adaptar las herramientas de política económica a las transformaciones tecnológicas. La buena noticia es que, bien encauzada, la nueva tecnología supone una oportunidad para la economía española, por su competitividad en los sectores de servicios y porque la IA podría solventar algunos de los obstáculos al crecimiento del tamaño de las empresas (uno de nuestros desafíos), particularmente en lo que atañe a su financiación. La dificultad radica en la concentración de poder en torno a las grandes tecnológicas, cuyos intereses no parecen estar alineados con la visión europea de libre mercado atemperado y de cooperación internacional basada en la reciprocidad. El nuevo año será decisivo para conocer el devenir de la IA como palanca del progreso o foco de inestabilidad. Apostemos por el gran salto adelante, y preparémonos para el cisne negro.

I D | El informe Draghi sobre competitividad pone de manifiesto la relevancia de la inversión en Investigación y Desarrollo como de productividad y de creación de empleo de calidad. En Alemania y Suecia, entre las grandes economías europeas que más invierten en I D, el porcentaje de empleos intensivos en tecnología y conocimiento supera la media europea, del 5,1%. Ese porcentaje es inferior a la media en España e Italia, países que invierten relativamente poco en I D. Desde 2019, España ha incrementado su inversión, y en paralelo el porcentaje de empleos de calidad se ha elevado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los estados, al rescate

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Con el colapso de la actividad en sectores de enorme peso en nuestra economía como el turismo, la hostelería y el transporte, muchas empresas han contraído un volumen ingente de préstamos que las sitúa al borde de la insolvencia. Según estimaciones derivadas de la central de balances, una de cada siete empresas, que dan empleo a cerca de dos millones de personas, está sobreendeudada.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y previsiones Funcas.

Conviene por tanto recordar que una de las principales lecciones de anteriores crisis es que el exceso de endeudamiento del sector privado puede lastrar la economía durante un tiempo más o menos largo, y provocar un estancamiento prolongado del nivel de vida. Las empresas sobreendeudadas no solo se resisten a añadir más pasivos a sus deteriorados balances, sino que incluso cuando la recuperación está en marcha prefieren dedicar sus ingresos a devolver préstamos en vez de invertir. Los bancos centrales intentan sin éxito paliar la situación abaratando los créditos, sin que esas empresas respondan a los incentivos. Prueba de ello, las dos décadas perdidas por Japón.

Por otra parte, ese contexto de abundancia de liquidez es propicio a nuevas burbujas financieras y a la proliferación de actividades de baja productividad que solo se mantienen con dinero barato y bajos salarios.

Por tanto, el statu quo entraña muchos riesgos. La solución, sin embargo, no puede consistir en aceptar como un mal necesario la quiebra de las empresas sobreendeudadas. Los negocios no son responsables de las restricciones aplicadas como consecuencia de la pandemia —tampoco los trabajadores que dependen de ellos—. Además muchos son viables y podrán reanudar su actividad cuando aparezca un antivirus efectivo. Ante una perspectiva tan preocupante, ha sido acertado prorrogar el periodo de devolución de los créditos concedidos por el ICO con avales públicos, y en adaptar los procedimientos de concurso de acreedores.

No obstante, esto no resuelve el problema de fondo, que es la falta de ingresos empresariales y su corolario, la elevación inexorable de las necesidades de financiación del tejido productivo. A corto plazo, la situación se aliviaría con la aportación de transferencias directas a negocios en dificultad por razones vinculadas a la pandemia, sobre todo pymes y autónomos que son las más vulnerables. Las grandes ya tienen acceso al fondo de solvencia para corporaciones estratégicas, dotado con 10.000 millones.

En Alemania, por ejemplo, el Estado compensa el 75% de las pérdidas incurridas por empresas afectadas por las restricciones impuestas en las últimas fechas para frenar los rebrotes —plan “ayuda de noviembre”—, dotado con 10.000 millones. El Gobierno francés, siguiendo los mismos pasos, acaba de crear un fondo de solidaridad para empresas y autónomos que cubre el 80% de las pérdidas generadas por los confinamientos de la segunda ola. Y el ejecutivo italiano prevé en su presupuesto para 2021 ayudas por 4.000 millones en condiciones similares. En todos los casos, se imponen límites a las transferencias, de forma que las pequeñas unidades productivas son proporcionalmente las más beneficiadas.

Además, Bruselas ha dado el visto bueno a esta estrategia, siempre y cuando los dispositivos estén acotados en el tiempo y que se focalicen en las empresas más perjudicadas por los cierres administrativos. Por la misma razón, la Comisión aboga por la extensión de las políticas de apoyo al empleo y al desarrollo de nuevas cualificaciones, todo el tiempo que dure la pandemia.

Si bien el agujero presupuestario se agravará, las medidas serían susceptibles de prevenir una pérdida adicional de tejido productivo, tras un 2020 que nos sitúa en posición desfavorable en Europa ante una posible recuperación. Además, muchas de las empresas sobreendeudadas han recibido créditos del ICO avalados por el Estado. A falta de ayudas, podrían suspender sus pagos, acrecentando el desequilibrio de las cuentas públicas a medio o largo plazo. El coste para Hacienda es por tanto ineludible. Asumirlo sin demora tendría enormes ventajas económicas y sociales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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