Otra vez en el ojo del huracán, un no parar desde hace más de un lustro. El anuncio del gobierno de El Salvador de la adopción de bitcoin como moneda de curso legal y la reciente propuesta regulatoria de Basilea vuelven a poner encima de la mesa lo complejo que es delimitar el campo de juego de monedas digitales y criptoactivos. Cada vez es más necesaria la coordinación internacional. El fuerte crecimiento de este tipo de divisas y activos –de evidente riesgo– ha irrumpido en los mercados de inversiones de la última década. La indefinición de un marco regulatorio que dote de mayores garantías estos mercados y plataformas refuerza el interés y la polémica.
El caso de El Salvador es paradigmático. Primero, porque precisamente la semana pasada, tras el anuncio, bitcoin sufrió una severa corrección del 14%. Es la apuesta de un país como campo de pruebas, como una de las “cunas” futuras de bitcoin. Puede alentar otras inversiones digitales en el futuro. Teóricamente, esto favorecería a un país con un elevado nivel de pobreza y limitadas capacidades de crecimiento. Aunque el mundo es para los valientes, existen también innumerables riesgos en esta prueba de laboratorio. En primer lugar, adoptar la moneda de un país tercero –como ocurre con el dólar americano– o de una divisa digital descentralizada y no respaldada por banco central alguno, reduce la capacidad de maniobra para las políticas fiscal y monetaria. El impacto sobre los presupuestos públicos y la deuda –ya en categoría de “bono basura”– es impredecible. Genera grandes incertidumbres y posibilidad de especulación. Asimismo, el bitcoin no funciona bien como medio de pago. Es muy probable que las familias salvadoreñas, con bajos niveles de educación financiera, no conozcan bien las implicaciones de un instrumento tan volátil y opaco. Mucho menos para emplearlo como instrumento para realizar transacciones cotidianas.
Parte del problema es la falta de una regulación internacional específica y adecuada. Como (casi) siempre, la regulación parece que empezará por la banca. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha presentado una propuesta de regulación de las operaciones con “criptos” para las entidades financieras que deseen tener estos instrumentos en su balance, en el que exige un requerimiento de recursos propios tan duro como el de los préstamos morosos. El descontento de buena parte de los bancos es evidente, ya que limita las posibilidades para competir con los nuevos operadores tecnológicos. Si tan peligroso son bitcoin, ethereum y sus similares, lo que se precisa es que se regulen estos activos, más allá de la banca. No olvidemos que despiertan el interés de todo tipo de inversores, grandes y pequeños, particulares e inversores institucionales. Son instrumentos complejos, sobre todo para quienes no entienden su funcionamiento. Por ello, tiene poca lógica que los mayores especialistas en evaluación de inversiones y de sus correspondientes riesgos tengan un tratamiento más gravoso que el resto. Es el momento de dar un paso adelante entre todos y entender mejor las grandes posibilidades y riesgos que suponen los instrumentos basados en blockchain, para que una gran oportunidad no se convierta en un “sálvese quien pueda”.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
