bigtech – Negocios e Inversiones

Criptoactivos y otras inversiones de elevado riesgo: un 2025 de alto voltaje

enero 10, 2025

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El año pasado trajo abundantes ganancias para las inversiones del mundo cripto, tanto activos como divisas de diferente pelaje (stablecoins, memecoins como dogecoin, apuesta del magnate Elon Musk). Otros activos de elevado riesgo también se comportaron favorablemente. Tenía lógica con un entorno monetario con descenso de los tipos de interés, donde muchos ahorradores buscan mayores rentabilidades más allá de los bonos y títulos más convencionales.

Las favorables perspectivas de la economía americana, donde hay un ambiente más proclive y permisivo –incluido en el contexto regulatorio– con los criptoactivos, han ayudado sin duda a que su demanda continúe creciendo. El omnipresente papel de las grandes tecnológicas para los americanos y también en otras latitudes es terreno abonado para que se multiplique el interés por estos activos.

También hay menos aversión al riesgo que en otros momentos de la historia, sobre todo de los inversores jóvenes. El colateral de estas inversiones es prácticamente nulo, con lo que el riesgo asumido es elevado. Es cierto que se trata de un grupo social que interactúa con la tecnología y ve este ecosistema como un lugar para invertir. Asimismo, los jóvenes en promedio tienen peores expectativas de remuneración salarial que las que tuvieron sus padres, además de otros problemas como la dificultad para el acceso a una vivienda asequible –y no solamente me refiero a España– y ello afecta a su apetito inversor. Los activos financieros convencionales ofrecen, en general, rendimientos limitados, e invertir en bitcoin u otras criptos puede permitir –eso sí, con mucho riesgo y volatilidad– alcanzar rentabilidades impensables hace unos años y aumentar sus ingresos por esa vía.

Los augurios para 2025 para estas inversiones de alto riesgo son casi de euforia, con el precio oficial del dinero a la baja, aunque más en la zona euro que en EE UU. Se mantienen las buenas perspectivas económicas en ese país, que pueden trasladarse a otras economías, aunque hay que esperar a las primeras medidas la Administración Trump, que desembarca el día 20. El aumento de los aranceles u otro tipo de represalias por parte de Estados Unidos podría suponer, si al final se acometen, un gran obstáculo para que los pronósticos de crecimiento económico para este ejercicio se cumplan.

En todo caso, abundan los vientos de cola para los criptoactivos. Más con las grandes expectativas de ganancias de las empresas tecnológicas, que hacen que el atractivo de estos activos digitales se retroalimente. Este entorno tecnológico tan estimulante genera nuevos criptoactivos, algunos creados a partir de la inteligencia artificial, por lo que el interés por estos instrumentos continuará aumentando.

La mayoría de los analistas creen que el rally de bitcoin, otros criptoactivos e inversiones digitales y de elevado riesgo continuará en 2025, algunos piensan que incluso con fuerza. Históricamente, el bitcoin ha alcanzado nuevos máximos cada cuatro años durante sus últimos dos ciclos alcistas desde 2017. En cada ciclo registró ganancias del 2300% y el 1700% antes de retrocesos de entre el 70% y el 80%.

Desde su mínimo de 16.000 dólares hace dos años, el bitcoin ha incrementado su valor aproximadamente un 600%, lo que, si siguiera los patrones alcistas anteriores, indica que podría haber un potencial de crecimiento de su precio en los próximos (dos) años. Nada asegura que ello vuelva a ocurrir así, pero es evidente que hay vientos a favor de ese comportamiento positivo.

En primer lugar, los criptoactivos suelen apreciarse durante los ciclos monetarios de mayor laxitud de los bancos centrales, de descensos de los tipos de interés. El apetito de los inversores por los activos de elevado riesgo suele acrecentarse con políticas monetarias expansivas. Y las expectativas de que los principales bancos centrales del mundo sigan recortando el precio oficial del dinero en 2025 pueda dar lugar a nuevas ganancias para el bitcoin. A pesar de esas perspectivas de tipos a la baja, la rentabilidad de los bonos estadounidenses y británicos se ha encarecido en los últimos días, ante las dudas hacia sus estrategias fiscales y ciertos temores inflacionistas, fenómeno que hay que seguir de cerca por sus ramificaciones a otros activos o países.

En el ámbito más tecnológico, están las promesas de Trump. Una declaración suya de que convertiría Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta” impulsó el sentimiento de los inversores. Algunas decisiones regulatorias ya habían elevado el precio de los criptoactivos en 2024. La aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de un fondo cotizado (ETF) de bitcoin al contado en enero fue un impulso muy notable para la demanda de esa divisa digital durante todo el año pasado. De los anuncios alentadores sobre los criptoactivos que conocemos de la próxima Administración Trump, que muchos esperan que impulsará estos activos digitales, no conocemos la letra pequeña ni como se implementarán, particularmente en lo referente a las posibles tenencias por parte de la Reserva Federal de bitcoin y otras criptodivisas.

Esa incertidumbre sobre los incentivos que puedan finalmente tener puede explicar el retroceso del valor del bitcoin desde el máximo del 5 de diciembre, cuando superó significativamente los 100.000 dólares. En la actualidad está en torno a los 95.000, con los grandes inversores a la espera de noticias. En suma, se viene otro año de alto voltaje para los criptoactivos e inversiones de alto riesgo, pero, en todo caso, todo apunta a que, salvo algún cisne negro grave e inesperado –en la coyuntura financiera o el entorno tecnológico–, registrarán ganancias significativas nuevamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Mensajes del lío de OpenAI

diciembre 5, 2023

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Menudas semanas llevan Sam Altman y compañía. El fundador de ChatGPT y máximo ejecutivo de la empresa que lo gestiona, OpenAI, fue despedido el pasado 17 de noviembre por un fuerte desencuentro con su Consejo de Administración, acusado de falta de transparencia en sus declaraciones públicas sobre algunos proyectos de la empresa que maneja probablemente una de las principales herramientas tecnológicas del presente y del futuro. Tras un escarceo que casi le lleva a entrar en Microsoft, principal accionista de OpenAI, cinco días más tarde todo volvió al punto de partida y Sam Altman finalmente recuperó su puesto en ChatGPT. Se cambia, además, completamente al Consejo de OpenAI, que deberá, en primer lugar, resolver los problemas de gobernanza de la compañía. También reforzar su misión principal: asegurar que la inteligencia artificial (IA) sea segura para todos. No se puede olvidar que el Consejo de OpenAI no es uno al uso. No son los accionistas los que se sientan en el mismo, sino un conjunto de notables que supervisa el rumbo de la empresa así como las cuestiones de negocio y cómo hacerlas compatibles con la seguridad. La sensación de que OpenAI quería abrir demasiadas líneas de negocio a la vez —potencialmente arriesgando seguridad— generó el caos.

La estructura organizativa actual de OpenAI refleja estos problemas y conflictos de interés. Cuando se creó en 2015, se hizo sin ánimo de lucro, de ahí la peculiaridad de su Consejo de Administración, que vigila el progreso de una IA general que pudiera superar las capacidades de los seres humanos con todos sus peligros. Sin embargo, al tiempo, se dieron cuenta que, para poder desarrollar adecuadamente la tecnología, hacían falta inversiones voluminosas y para ello crearon una filial —esta sí, con ánimo de lucro— en la que Microsoft tomó un 49 por cien del capital (13 millardos de dólares). Ahí comenzó el conflicto de intereses (seguridad versus negocio). Esto será un problema siempre cuando no se adopta una visión de vigilancia adecuada, que no impida los avances en IA —y por tanto las mejoras aparejadas en productividad y aumento del bienestar—, pero a la vez, no exacerbe los riesgos que pueden quebrar muchas de las garantías en protección de datos y seguridad que nos hemos dado como sociedades avanzadas. Llevado al extremo, situaciones próximas a la ciencia ficción, con máquinas y robots superando el mando del control humano.

Por último, OpenAI exhibe el patrón de libre empresa y pocas normas de su país de origen (EEUU), con un enfoque de supervisión, próximo a la autorregulación, donde el Consejo de Administración no tiene el lucro como objetivo principal y, además, está compuesto por expertos o notables “buenos” que vigilan ChatGPT. Es un modelo excesivamente ingenuo y laxo en un mundo tan complejo como el actual, más aún ante la enorme potencia de la herramienta. No funcionará. Por ello, para evitar males mayores, la nueva IA necesita una regulación clara y muy definida, también en Estados Unidos aunque no les guste, que equilibre innovación y seguridad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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el-futuro-(nuevamente)-revisado-de-la-intermediacion-bancaria-en-la-era-tecnologica

El futuro (nuevamente) revisado de la intermediación bancaria en la era tecnológica

septiembre 29, 2023

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En la era de los criptoactivos, pagos contactless y la inteligencia artificial generativa, donde cada vez hay más ciudadanos que empiezan a creer que habrá monedas digitales públicas y las plataformas digitales lo dominan todo, ¿qué papel puede jugar la intermediación bancaria? Muchas entidades financieras pueden sentirse como ese tío que intenta seguirle el paso a sus sobrinos más jóvenes en la pista de baile. Sin embargo, ¿y si en vez de seguirles el paso, marcara el ritmo? Hace unos años parecía inevitable que buena parte del negocio de los bancos estaba seriamente amenazada —con sus consiguientes temores— por las grandes tecnológicas. Posteriormente, entre las amenazas de presión regulatoria a las bigtech y esa secular resistencia de las entidades financieras a lo largo de la historia, esos miedos han desaparecido y la cooperación entre bancos y tecnológicas se ha abierto como la vía más factible. Ahora, la inteligencia artificial y el dinero digital (incluidas las monedas digitales de bancos centrales) parecen definir un nuevo horizonte. Esto sucede en un mundo financiero que ha sido testigo de cambios radicales en las últimas décadas. La tecnología ha dejado una huella imborrable en el paisaje bancario, desafiando y remodelando prácticas antiguas. La banca, que nunca fue resistente a la disrupción y que se siente más cómoda como pionera en el cambio, ahora está en una carrera sin precedentes por la innovación.

Nos guste o no, Estados Unidos lleva el liderazgo en este punto. Los esfuerzos recientes de grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo para lanzar Paze, una cartera móvil, reflejan la urgencia de las entidades bancarias para retener a sus clientes en un entorno digital en rápida evolución. Las carteras digitales no son una novedad, pero con gigantes tecnológicos como Apple y Google adentrándose en el ámbito financiero, los bancos se ven obligados a innovar. Así pasó también en España con Bizum —historia de éxito del sector financiero español— y las iniciativas cooperativas tanto intrasectoriales como intersectoriales se prodigan. Los bancos compiten, pero también buscan alianzas con fintech. Estas alianzas parecen ser una estrategia clave para enfrentar a las grandes tecnológicas y presentarse en la mesa de negociación para la cooperación con unas cartas mejor repartidas. Sin embargo, estos acuerdos están siendo observados con lupa por los reguladores, preocupados por los riesgos potenciales que podrían representar para el sistema bancario en general.

A pesar de estas preocupaciones, la tendencia hacia la asociación es evidente. Las fintech ofrecen soluciones ágiles y centradas en el cliente, algo que, para muchos bancos tradicionales con estructuras más rígidas, a menudo es desafiante. La combinación de la confianza y la estabilidad de los bancos tradicionales con la innovación y flexibilidad de las fintech tiene el potencial de ofrecer lo mejor de ambos mundos. En este punto surge, además, un nuevo papel para la inteligencia artificial (IA). Está siendo crucial en la transformación del sector bancario. A pesar de las predicciones iniciales, que sugerían que la IA podría reemplazar una proporción significativa de trabajos bancarios, la cabezona realidad tiene muchos más matices. La IA se está utilizando más para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente que para reemplazar empleos. Los bancos están aprovechando la IA para analizar enormes cantidades de datos, predecir tendencias, optimizar operaciones y mejorar la experiencia del cliente. Además, la IA tiene el potencial de ayudar en áreas como el cumplimiento normativo y la detección de fraudes.

La convergencia de tecnologías disruptivas —como carteras digitales, inteligencia artificial— está configurando un nuevo paradigma para el sector bancario. En lugar de ver a la tecnología como una amenaza, los bancos la están abrazando (ahora más que nunca) como una oportunidad. Avanzan hacia un modelo basado en plataformas, pero, eso sí, hay que establecer matices y fijar el alcance de ese campo de expansión. Hace un año todavía estaba muy en boga esa concepción nueva de la banca como un one-stop shopping, refiriéndose al modelo de negocio en el cual un banco ofrece una amplia gama de servicios financieros, funcionando como un supermercado bancario para sus clientes, principalmente con oferta digital. Sin embargo, con los retos actuales del sector, particularmente el aumento de los tipos de interés y sus implicaciones, este modelo está siendo reconsiderado. Algunos bancos en Estados Unidos están replanteando o, al menos, matizando, ese modelo para no desnaturalizarse demasiado. De alguna manera, como si se tratara de un equipo de fútbol moderno, los bancos no deben solo ser capaces de jugar bien con un sistema, sino ser capaces de cambiarlo en función del rival y, lo que es más importante, de las condiciones externas.

Relacionado con lo anterior está la idea de que hay que alegrarse por las posibilidades de la tecnología, pero también recordar para qué está la banca y otros papeles importantes sociales que desempeña. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, las entidades financieras enfrentan una creciente presión para abordar la diversidad, equidad e inclusión (DEI) tanto en su fuerza laboral como en las comunidades que sirven. La Asociación Americana de Banca (ABA) está ayudando a los bancos a mejorar sus iniciativas DEI, ya que equipos diversos conducen a mejores resultados. Han implementado, entre otras, formación contra sesgos inconscientes (que puede ser derivados del uso de la IA) y promoción de liderazgo inclusivo. Por todo ello, la tecnología será clave en el futuro del sector financiero, pero no será, ni mucho menos, todo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

Los pagos en la pandemia

julio 18, 2021

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La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país.

Bizum es tecnología propia bancaria —y telefónica, lógicamente—, algo de lo que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero —el comentado caso de Bizum, por ejemplo— ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares.

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Impuesto mínimo de sociedades

junio 14, 2021

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Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica, y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía, gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Frankfurt reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE, a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades
es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios
y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para
atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de
algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las
grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas
públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la OCDE. La
competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a
las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre
jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación
para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte,
ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados
se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, o a recortar el
gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: OCDE, Tax Foundation y estimaciones Funcas.

Todo ello motiva la propuesta de la administración Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos— tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa, y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales, y sobre todo la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.

IMPUESTO DE SOCIEDADES | El impuesto de sociedades ha seguido una tendencia descendente en las últimas cuatro décadas. La tributación media en la OCDE ha pasado del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. La UE ha registrado una evolución similar, con recortes especialmente pronunciados entre 2000 y 2010. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, diez puntos menos que en 2006. Y entre los países de la UE, solo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades por debajo del umbral del 15% propuesto por EEUU en el G7.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Dimensión tecnológica

septiembre 23, 2020

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En un tiempo en el que el concepto mismo de dinero está en plena revolución es absurdo pensar en los bancos como instituciones del siglo pasado. Las fusiones son también diferentes. La de CaixaBank y Bankia ha sido la gran noticia de la vuelta del verano. Operaciones de este calibre han sido siempre señal de otros cambios en ciernes. Toque militar de “rompan filas”. La banca ya es de todo menos estática o lineal. En 1999, cuando se produjeron las fusiones entre Santander y Central Hispano y de Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, se cimentaron los denominados “campeones nacionales”. En España y en los países que iban a constituir la Eurozona. Los bancos actuaron proactivamente ante la moneda única.

Más de 20 años más tarde, los procesos de integración son mucho más defensivos. La crisis de la covid-19 va a tener seguramente un impacto en las cuentas bancarias, fundamentalmente un incremento de la morosidad. Si desembocará en un episodio de inestabilidad financiera –que nos recuerde la crisis del 2008– está por ver. Los reguladores imponen otro toque, el de retreta y silencio. Los bancos españoles y europeos están mejor capitalizados y más saneados que hace una década. Nadie está a verlas venir. Todos tratan de aminorar los impactos negativos de la recesión y lo que las dificultades empresariales suponen para el sistema financiero. Esta vez la crisis no ha partido de la industria bancaria, pero el sector no es inmune.

“Esto solamente ha comenzado. Veremos más integraciones en el sector financiero español y europeo los próximos meses. Ser grande aporta fortaleza para nuevos procesos de reestructuración”.

Santiago Carbó

Siempre que se respeten los principios de una competencia intensa, como parece ser el caso, el aumento de dimensión parece el mecanismo más a mano para hacer frente a una crisis de estas características. A corto plazo, aumentan los ingresos, vía cantidades, en un contexto de tipos de interés negativos y de creciente morosidad. Asimismo, cuando las fusiones son domésticas, se puede lograr una significativa disminución de costes. Parecen particularmente oportunos los procesos de concentración dentro de un mismo país en estos momentos, por mejoras de rentabilidad y solvencia. Mi pronóstico es que, tal y como ocurrió en anteriores olas de fusiones –como la de 1999 ante la llegada del euro y la de después de la crisis financiera de 2008– esto solamente ha comenzado. Veremos más integraciones en el sector financiero español y europeo los próximos meses. Ser grande aporta fortaleza para nuevos procesos de reestructuración.

La dimensión también es estrategia clave a medio plazo para competir con los nuevos operadores tecnológicos. Estas empresas están erosionando el statu quo de las entidades financieras. Los bancos cuentan aún –probablemente será así durante mucho tiempo– con la mayor parte del negocio financiero. Sin embargo, la amenaza competitiva de las grandes tecnológicas y fintech de cierto tamaño está ahí. Aumentar la dimensión parece necesario para competir tecnológicamente. Un tú a tú con los gigantes como Google o Amazon, que ganan a la banca en inteligencia artificial, pero pierden, hoy en día, en gestión financiera y conocimiento del cliente. Cuando pase esta crisis, las alianzas de cualquier tipo entre grandes bancos y gigantes tecnológicos serán la norma en la industria financiera.

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El valor de los datos: un ejemplo a partir de los informes de movilidad de Google y Apple

abril 27, 2020

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Por primera vez en la historia disponemos de herramientas
sofisticadas para enfrentar una pandemia. Entre la variedad de recursos a
nuestro alcance, además de respiradores o laboratorios, está la capacidad de
producir y procesar datos. La puesta en marcha de proyectos para recabar
información sobre la extensión de la pandemia en diferentes países y regiones
pone de relieve la confianza de los expertos en la utilidad de esos datos para tomar
decisiones cruciales y medir sus consecuencias en términos sanitarios,
económicos y sociales.

El papel que las compañías tecnológicas pueden jugar en este terreno es clave y, de hecho, muchas de ellas han dado pasos para colaborar en esta tarea. La semana pasada Microsoft anunciaba la ampliación de la investigación que realiza junto a Adaptive Biotechnologies sobre la respuesta del sistema inmunitario a la Covid-19, así como la publicación de los resultados y sus datos en abierto para cualquier investigador. Además, Facebook ha lanzado una encuesta destinada a detectar, con notable detalle geográfico, el aumento de población con síntomas propios de la enfermedad por coronavirus, con el objetivo de facilitar la planificación de recursos en los territorios que pudieran necesitarlos. Que un millón de personas contesten semanalmente a la encuesta da cuenta de la potencia del instrumento. No pueden obviarse, sin embargo, las preocupaciones sobre la preservación de la privacidad, que el mismo Mark Zuckerberg trataba de calmar hace unos días desde el Washington Post.

Por otra parte, tanto Google como Apple han hecho
públicos datos anonimizados sobre la evolución de la movilidad en diferentes
territorios, obtenidos a través de sus aplicaciones de mapas. Mientras que los datos
de Apple están desagregados por medio de transporte, los de Google clasifican los
movimientos teniendo en cuenta su destino. Las dos fuentes de datos proporcionan
indicadores excepcionales sobre el grado de seguimiento del confinamiento, el
efecto de distintos grados de restricción de la movilidad y su mantenimiento a
lo largo del tiempo.

En esta entrada se analizan los datos de movilidad de Google en España para explorar la potencialidad de su uso. Los informes que proporciona Google muestran cómo las visitas y el tiempo de permanencia en diferentes lugares cambian en comparación con lo sucedido en un periodo de referencia: del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. Calculan el cambio diario respecto a la movilidad media de ese día de la semana durante las cinco semanas que operan como referencia. Clasifican la movilidad en función de cinco destinos: lugares recreativos (compras, restaurantes y cafés), tiendas de alimentación y farmacia, parques, estaciones de tránsito y lugares de residencia. La última actualización disponible cuenta con información hasta el 17 de abril, de modo que comprende ya cinco semanas de confinamiento con tres fases diferentes en cuanto al grado de restricción de la movilidad: del 14 al 29 de marzo, del 30 de marzo al 9 de abril (durante el cese de las actividades no esenciales) y del 10 de abril en adelante.

Los datos de Google permiten comprobar cómo ya en
los días previos al decreto de estado de alarma se produjeron modificaciones considerables
en el comportamiento de la población española. Mientras que la movilidad a las
tiendas de alimentación y farmacias creció de forma notable, se reducía la que
tenía por destino lugares recreativos o centros de trabajo (gráfico 1). De
hecho, el día anterior al inicio del estado de alarma, la movilidad de
recreación se había reducido ya en un 16%. A lo largo del fin de semana del
decreto se produjo la mayor parte del ajuste en la movilidad, que alcanzó una
reducción del 87%.

De todas formas, aun durante las dos primeras semanas de confinamiento, se percibe una ligera reducción y es en la tercera semana cuando se alcanza el punto más bajo de la movilidad a lugares recreativos, tiendas de alimentación, parques y estaciones de tránsito. A partir de la cuarta semana de confinamiento se observa un muy ligero aumento de la movilidad de esas categorías, que, en el caso de las tiendas de comestibles, es muy acusado, en anticipación de la Semana Santa. De los datos se desprende que, una vez pasadas las vacaciones y ya en la quinta semana de confinamiento, la movilidad aumenta de nuevo, aunque muy tímidamente. Los datos proporcionados por Apple, que contienen información hasta el 21 de abril, reproducen este patrón temporal y el leve repunte de la movilidad durante la cuarta y quinta semanas (gráfico 2)^[1].

Gráfico 1

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Gráfico 2

Nota: El indicador representa el volumen relativo
de solicitudes de indicaciones en comparación con el volumen de referencia el
13 de enero de 2020 (=100).

Fuente: Elaboración propia con datos de Apple Mobility
Trends Reports.

Por otra parte, los datos revelan el efecto que ha
tenido sobre la movilidad la suspensión de las actividades no esenciales entre
el 30 de marzo y el 9 de abril y su reactivación tras la Semana Santa. Si
comparamos el miércoles de la semana previa (25 de marzo) con el de la semana
de suspensión (1 de abril), la reducción de la movilidad a los centros
laborales pasa del 67 al 75%. Tras el desplome que suponen las vacaciones de Semana
Santa, el miércoles siguiente la movilidad vuelve al punto de partida: -68%. Curiosamente,
el cambio derivado del cierre de las actividades no esenciales no es
perceptible en los datos de Apple, en los que no se detalla el destino del
desplazamiento, de lo que podría deducirse que el peso de la movilidad laboral
sobre la movilidad total es reducido.

«En todas las comunidades se ha reproducido el mismo patrón temporal durante las semanas de confinamiento: ajuste durante las dos primeras semanas, mínimo de movilidad en la tercera, leve aumento durante la cuarta y la quinta. También en todas, la movilidad laboral cayó durante el cese de las actividades no esenciales y volvió al estadio previo a su fin».

Google admite una limitación importante en el uso
de estos datos al recomendar que se prescinda de comparar los cambios en la
movilidad por zonas geográficas, argumentando que el significado de la
movilidad puede variar en función de algunas características territoriales,
como el carácter urbano o rural. La ausencia de información concisa sobre la
metodología de construcción del índice desaconseja desafiar esta recomendación,
por muy sugerentes que puedan resultar estas diferencias territoriales, como es
el caso de las comunidades autónomas en España.

«Los datos de Apple y Google presentan limitaciones considerables, derivadas de la opacidad en la elaboración de la información, que dificultan su interpretación y, por lo tanto, su utilización en la toma de decisiones. La divulgación en abierto de estos datos contribuye al análisis, pero con precaución».

En todo caso, aunque se prescinda de la
comparación de la magnitud de los cambios, sí procede la comparación de su
patrón temporal. En todas las categorías de movilidad, Madrid adelanta al resto
de comunidades autónomas en el cambio de comportamiento. En el gráfico 3 se
presenta la movilidad a tiendas de alimentación y farmacias de una selección de
comunidades autónomas. Esta movilidad alcanza su máximo el día 10 de marzo, el
siguiente al anuncio del cierre de los centros educativos, mientras que el
resto de comunidades lo alcanzan dos o tres días más tarde. Además, ya desde el
11 de marzo se había reducido sustancialmente la movilidad laboral (gráfico 4).

Gráfico 3

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Gráfico 4

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Cabe destacar que en todas las comunidades se ha
reproducido el mismo patrón temporal durante las semanas de confinamiento: ajuste
durante las dos primeras semanas, mínimo de movilidad en la tercera, leve
aumento durante la cuarta y la quinta. También en todas, la movilidad laboral cayó
durante el cese de las actividades no esenciales y volvió al estadio previo a
su fin. Las diferencias en la reducción de la movilidad laboral entre
comunidades autónomas son evidentes, así como el efecto que en ella tiene el
cese de actividades no esenciales. Esta variabilidad puede deberse al distinto
carácter rural o urbano de los territorios del que advierte Google, pero
también a la distinta composición sectorial de cada uno. Desafortunadamente, el
desconocimiento de la metodología de construcción del indicador impide separar
los dos factores e interpretar estas diferencias.

En definitiva, los datos de movilidad que
proporcionan Google y Apple constituyen un recurso valioso para entender los
cambios de comportamiento vinculados a las medidas de restricción de la movilidad,
por su carácter agregado, la inclusión de información procedente de millones de
personas, el detalle temporal y la rápida publicación de los resultados. En
este breve análisis se ha hecho uso de tales datos para entender cómo ha
evolucionado el seguimiento del confinamiento de la población española y se ha
detectado la aparición de un tímido aumento de la movilidad durante la cuarta y
quinta semanas. Sin embargo, los datos de ambas fuentes también presentan limitaciones
considerables, derivadas de la opacidad en la elaboración de la información,
que dificultan su interpretación y, por lo tanto, su utilización en la toma de
decisiones. La divulgación en abierto de estos datos contribuye al análisis,
pero con precaución. Con todo, estas publicaciones ponen de manifiesto el
potencial de la información que estas compañías son capaces de producir y
procesar, y que en un momento como este pueden constituir un recurso muy
valioso para la sociedad.

[1] La referencia en el cambio de movilidad es la del
13 de enero.

economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(iii).-el-apocalipsis-‘zoom’

Economía digital en tiempos de pandemia (III). El apocalipsis ‘Zoom’

abril 3, 2020

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Perdonen por el chiste malo, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza viendo desde mi ventana la calle desierta, con algún viandante perdido ataviado con guantes de látex y mascarilla casera, mientras que en casa mis niños ríen charlando con sus amigos a través de “Zoom”. Unas de las muchas aplicaciones que nos sostienen asidos al menguante mundo laboral, que permiten que nuestros hijos reciban clase y que, sobre todo, mantienen vivas nuestras relaciones sociales. En este tiempo de zozobra, las medidas de aislamiento social son el viento de cola para “Zoom”. El precio de sus acciones en bolsa ha pasado de 62 dólares hace un año a unos 160 a finales de marzo y su valor total alcanzó 44.000 millones de dólares, más que cuatro aerolinas juntas (United, Delta, American and JetBlue), aunque en la última semana se ha reducido. Zoom se creó en 2011; ese año Microsoft compró Skype –la empresa dominante en ese momento– por 8.500 millones de dólares y se escribieron infinidad de artículos y casos de empresa cuestionando esa decisión porque los beneficios de Skype no justificaban el elevado precio. En el caso de Zoom, el ratio entre la valoración y la rentabilidad de su acción, lo que describe el tamaño de la apuesta, el entusiasmo, es inmenso: el precio de sus títulos se traduce en que los inversores han llegado a pagar 1.865 dólares por cada dólar de beneficio. Por ilustrar con una comparación: por Facebook pagan 32, o 27 por Google.

«Los expertos explican el éxito de Zoom porque marginalmente ofrece mayor fiabilidad y, sobre todo, porque la interacción con los usuarios, especialmente con los menos sofisticados, es más sencilla. Una ventaja competitiva crucial ahora que millones de personas han tenido que recurrir por primera vez a las videollamadas o a recibir o dar una clase online»

Juan José Ganuza

El éxito de Zoom ilustra muy bien el eslogan de la economía digital (“el ganador se lo lleva todo”, “winner takes all”). El mercado generalista de videollamadas (Whatsapp, Skype, Google Hangouts, Facetime, etc…) se caracteriza por precios y costes marginales cero, por priorizar el tamaño y por monetizar a través de la venta o cesión de datos, así como por la posibilidad de vender servicios adicionales a clientes corporativos. La falta de competencia en precios conlleva que el servicio que es percibido como de mayor calidad se lleve gran parte del mercado. Esto explica por qué muchos mercados digitales están muy concentrados. Lo sorprendente es que en este contexto, la ventaja en calidad no debe ser necesariamente significativa para que la empresa se convierta en empresa dominante. De hecho, si se analizan los servicios de teleconferencias gratuitos mencionados con anterioridad, todos ellos presentan características y funcionalidades muy similares. Los expertos explican el éxito de Zoom porque marginalmente ofrece mayor fiabilidad y, sobre todo, porque la interacción con los usuarios, especialmente con los menos sofisticados, es más sencilla (doy fe de ello: mis niños se han convertido en expertos de Zoom en una semana). Una ventaja competitiva crucial ahora que millones de personas han tenido que recurrir por primera vez a las videollamadas o a recibir o dar una clase online.

Pero el éxito de Zoom viene acompañado de una gran inquietud: la privacidad. Como es habitual, muchos de nosotros hemos descargado la aplicación y firmado a ciegas el contrato sobre cesión de datos con ansiedad por utilizar la plataforma. Después, ingenua o impúdicamente, nos hemos lanzado a tumba abierta a registrar en esas llamadas pasajes de nuestra vida o problemas laborales. ¿Qué hace Zoom con nuestros datos? ¿Cómo protege nuestras conversaciones y anhelos? La primera pregunta tiene una respuesta estándar dentro del mundo digital. Zoom recoge nuestros datos, pero no nuestras conversaciones; su política es no venderlos, aunque tiene un acuerdo de colaboración con Facebook, que puede emplearlos con propósitos publicitarios. Más preocupante es la respuesta a la segunda pregunta. La compañía ha tenido problemas de ciberseguridad en el pasado, e incluso hoy en día tiene dificultad para preservar la privacidad de las videollamadas hacia terceros. Se ha acuñado el término “Zoombombing” para referirse al hecho de que extraños intervengan en videollamadas para boicotearlas. Por ejemplo, el 24 de marzo de 2020, un supremacista blanco interrumpió un seminario web sobre antisemitismo organizado por un grupo de estudiantes judíos de Massachusetts. Estos problemas de privacidad podrían dar lugar a nuevas novelas de John Le Carré, porque Zoom se está utilizando por miles de organizaciones y administraciones. Como la mismísima reunión del Gabinete británico, congregado por Boris Johnson a través de esta herramienta. Por todo ello, es muy posible que Zoom no alcanzase los estándares regulatorios con respecto a la privacidad que la Unión Europea ha anunciado. Lo que llevaría a dos preguntas: ¿es deseable que una regulación deje fuera a la empresa preferida por los consumidores? ¿Podría surgir una alternativa europea a Zoom con similares estándares de calidad y mayores con respecto a la privacidad?

«Los gigantes digitales intentan convencer a las autoridades de que este tipo de competencia, que Schumpeter denominó “destrucción creativa”, funciona en el mundo digital y que, por tanto, se debe relajar la vigilancia sobre sus prácticas y sus operaciones corporativas, pero seguramente es un error porque, en el mercado de teleconferencias, las externalidades de red, las complementariedades y las economías de aprendizaje son limitadas».

Juan José Ganuza

Finalmente, el éxito de Zoom conlleva interesantes reflexiones sobre política de competencia. Como se ha dicho, los mercados digitales están frecuentemente caracterizados por precios cero y empresas dominantes y no existe casi competencia en el mercado, que es sustituida (o no) por la competencia por el mercado. En lugar de que varias empresas compitan en un mismo mercado, se observa cómo las firmas dominantes se reemplazan unas a otras. Los gigantes digitales intentan convencer a las autoridades de que este tipo de competencia, que Schumpeter denominó “destrucción creativa”, funciona en el mundo digital y que, por tanto, se debe relajar la vigilancia sobre sus prácticas y sus operaciones corporativas (fusiones y adquisiciones). En apoyo de esta hipótesis, el ejemplo de Zoom se unirá al de Nokia y Myspace. Pero esto es seguramente un error porque, en el mercado de teleconferencias, las externalidades de red, las complementariedades y las economías de aprendizaje son limitadas comparadas con lo que sucede en otros mercados. Dicho de otro modo: no es esperable que un nuevo entrante en el mercado pueda cuestionar la dominancia del buscador de Google en el corto plazo. Hay quien apoya que los mercados de mensajería o teleconferencia son dinámicamente más vulnerables que otros alegando, por ejemplo, que cuando Whatsapp tuvo problemas técnicos, muchos usuarios migraron rápidamente a la competencia. Esta evidencia fue usada por Facebook para defender su adquisición de Whatsapp. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que permitir esa fusión fue seguramente un error. Por un lado, aún no comprendemos bien cómo funciona el mercado de los datos y el modo en que las compañías pueden utilizar los datos masivos para consolidar sus posiciones de dominio: Facebook defendió no solo que no utilizaría los datos de Whatsapp, sino que técnicamente era casi imposible hacerlo; tiempo después se demostró que Facebook había mentido y estaba utilizando dichos datos. Por otro lado, necesitamos nuevos grandes jugadores en el mercado digital global. Por todo ello, al margen de los claros y oscuros del éxito de Zoom, es bienvenido como potencial competidor de Google y Facebook y debemos estar atentos a que no acabe en sus fauces.

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Guerra tecnológica y orden mundial

febrero 19, 2020

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La primera gran guerra del siglo XXI se libra por la información. Como en toda contienda, hay eventos que representan la escenificación de las hostilidades. La Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich el fin de semana fue uno de ellos. Cuando se creó la Alianza Transatlántica, que acaba de cumplir 70 años, pocos podían vaticinar que el principal problema que hoy amenazaría su estabilidad es el control de los datos. Se discuten tres aspectos con particular beligerancia: qué modelo tecnológico debe imponerse, qué impacto puede tener ese modelo en el orden mundial y qué papel debe jugar Europa.

La disputa es entre EEUU y China. En Múnich hubo un desfile de mandatarios y gurús tecnológicos estadounidenses de caracterización ideológica muy diversa pero unidos en torno a una petición de apoyo a las grandes tecnológicas americanas. Consideran que solo ellas —y no las asiáticas— pueden someterse a reglas democráticas como las que los aliados han compartido (no sin problemas) en las últimas décadas.

«Es necesario que ese orden se rija con consenso y control multilateral respeto a los datos. Se echa mucho de menos una agencia mundial de datos que fije los parámetros básicos y coordinación internacional para que sean efectivos».

Santiago Carbó

Europa es el campo de batalla porque, a pesar de no tener ningún gran jugador en el mundo bigtech, es el terreno que tanto EEUU como China quieren dominar por su fuerte demanda. Ha habido invitaciones desde Washington a que se abandone cualquier intento de alianza con China en temas clave como el 5G porque será un sistema de comunicación ubicuo que no debe estar controlado por quien no entiende la privacidad o la competencia igual que los países occidentales y democráticos.

El orden económico global resultante tampoco será necesariamente óptimo si está dominado únicamente por tecnológicas norteamericanas, sin contrapesos ni regulación. La concentración de poder sobre la información seguiría siendo inquietante. Es necesario que ese orden se rija con consenso y control multilateral respeto a los datos. Se echa mucho de menos una agencia mundial de datos que fije los parámetros básicos y coordinación internacional para que sean efectivos.

Lo sucedido es que unas pocas empresas privadas han acumulado tanto poder que, probablemente, a ellas mismas les asusta que les pueda fagocitar. Una de las que más avatares y restregones regulatorios está sufriendo es Facebook, que fue presentado en Múnich como el “país” más poblado de la tierra. Su presidente, Mark Zuckerberg, reconoció en la ciudad bávara que ni los valores sociales ni la privacidad deberían acabar siendo gestionados por unas pocas manos privadas. Y señaló cuatro áreas sensibles que tal vez debieran dar una primera forma a una institución multilateral de control de datos: las elecciones, la privacidad, los contenidos denigrantes y la economía (el valor) de los datos.

Mientras que Europa busca sus propios gigantes tecnológicos —podría perderse en el intento— tiene al menos la necesidad y la obligación de marcar el rumbo de la regulación de datos del futuro. En comparación histórica, se da la vuelta la tortilla y es ahora EEUU el que pide a Europa que se una a su bando en la gran disputa global. Convendría poner no pocas condiciones.

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La banca frente a la disrupción digital

febrero 11, 2020

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La disrupción
digital en la banca promete un incremento generalizado en la eficiencia y los
servicios, ya que contribuye a superar las asimetrías de información
(mediante el big data y las técnicas de IA), ofrece una atractiva
interfaz al consumidor y un mayor estándar de servicio, y conduce a la
sustitución de tecnología obsoleta. La banca avanza hacia un modelo centrado
en el cliente. Todo esto plantea desafíos formidables para los operadores
tradicionales, ya que se ven obligados a actualizar sus plataformas
tecnológicas (pasando de mainframes relativamente rígidos a una nube
más flexible) y a reducir su exceso de capacidad en sucursales en el actual
entorno de baja rentabilidad (especialmente, en Europa y Japón), y además tendrán
que intentar ofrecer el nuevo estándar de servicio en competencia con nuevos
participantes que están invadiendo sus segmentos de negocio más rentables.
Deberán llevar a cabo una profunda reestructuración y se producirá la
consolidación. Los operadores tradicionales soportan intensos controles y
obligaciones de cumplimiento normativo, y deberán superar el tremendo daño
reputacional sufrido a causa de la crisis financiera de 2007-2009. Afrontan un
dilema de si competir cara a cara o cooperar con los nuevos participantes. En
el caso de las fintechs, este dilema se resuelve mediante su
adquisición o estableciendo asociaciones con ellas.

En el caso
de las bigtechs, los operadores tradicionales afrontan una situación
potencialmente más delicada. La principal amenaza para ellos es que las bigtechs
intenten controlar la interfaz con los clientes mediante su superioridad en
base de clientes (datos) gracias a su papel de guardabarreras en la
distribución de productos financieros. Si esto llegara a suceder, los bancos
tradicionales quedarían relegados a proveedores de productos en plataformas
que no controlan, esto es, se produciría una mercantilización de su negocio.
Algunos bancos, conscientes de esta amenaza, ofrecen plataformas abiertas que
pueden incorporar productos de otros proveedores financieros, o han establecido
asociaciones con bigtechs. En cualquier caso, los operadores
tradicionales cuentan con algunas fortalezas que pueden aprovechar, como la
confianza de los clientes para mantener a salvo sus datos, así como su
conocimiento acumulado sobre la gestión de la complejidad y los marcos
regulatorios restrictivos. Los operadores tradicionales que consigan prosperar
serán los que logren pasar del mainframe a la nube, tengan pocas
sucursales y mucho capital humano, y o bien se conviertan en plataformas
digitales para mantener la interfaz con el cliente, o bien cuenten con
productos exclusivos en las plataformas de distribución a los clientes.

Las firmas BigTech
entrarán en los servicios financieros debido a la complementariedad de
estos con los datos de clientes que poseen y los productos que ofrecen, como
muestra el ejemplo de China. El grado en el que lo hagan dependerá en gran
medida del tratamiento regulatorio que reciban. De hecho, cabe que los
reguladores prudenciales no les permitan adquirir una licencia bancaria
completa debido a la posible contaminación entre sus actividades bancarias y
no bancarias, que generaría riesgos sistémicos. En términos generales, la
mayoría de los nuevos participantes se muestran reacios a solicitar una
licencia bancaria por los costes de compliance que ello implica. Los bancos
tienen acceso a una financiación más asequible, ya que pueden aceptar
depósitos bajo la cobertura de programas de seguro público, si bien son
objeto de intensos controles.

No hay duda
de que el impacto inmediato de la disrupción digital será una erosión de los
márgenes de los operadores tradicionales y un aumento del acceso a los mercados
bancarios. El impacto a largo plazo dependerá de la estructura de mercado que
acabe imponiéndose. La banca podría pasar del oligopolio tradicional a una
nueva estructura con un número reducido de plataformas dominantes que
controlan el acceso a una base de clientes fragmentada si unas pocas BigTechs,
en colaboración con algunos operadores tradicionales transformados en
plataformas, consiguieran monopolizar la interfaz con los clientes y hacerse
con las rentabilidades en el sector. Un factor clave para mantener un mercado
suficientemente competitivo será que las personas dispongan de la propiedad y
de la portabilidad de los datos, y que exista interoperabilidad entre
plataformas, de modo que el cambio de proveedor para los clientes sea fácil.

En la medida en que las ventajas en términos de eficiencia —información mejorada, tecnologías de filtrado (screening), operativa simplificada y menor apalancamiento— sean los principales motores de la entrada de las BigTechs, se producirá un aumento de la eficiencia y de la inclusión financiera en el sector financiero. Este efecto será especialmente pronunciado si, en respuesta a su entrada, los operadores tradicionales mejoran su eficiencia mediante reestructuraciones y la adopción de tecnologías más avanzadas. No obstante, si las fuerzas que impulsan la entrada de las BigTechs giraran en torno al poder de mercado, el aprovechamiento de lagunas regulatorias y los efectos de arrastre de externalidades de red con fines de exclusión, entonces la eficiencia del sistema bancario podría resultar mermada en el largo plazo.

«La escasa regulación de los nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos»

La
disrupción digital también supone un desafío formidable para los organismos
reguladores. Deberán adaptarse al mundo digital facilitando la competencia y
permitiendo que los beneficios de la innovación calen en el sistema, al tiempo
que protegen la estabilidad financiera. Para ello, estos organismos deberán
coordinar la regulación prudencial y la política de competencia, para que el
cumplimiento normativo no se convierta en una barrera de entrada y la propia
entrada no devenga un factor desestabilizador. La escasa regulación de los
nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto
también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su
rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos, transfiriendo la
generación de riesgo sistémico a las entidades no bancarias.

Los
reguladores deberán mantener unas condiciones equitativas entre participantes
en el mercado, potenciando la innovación y manteniendo la estabilidad. Sin
embargo, mantener unas condiciones equitativas es algo más fácil de decir que
de hacer, atendiendo a la asimetría existente en los requisitos de intercambio
de información de clientes en la banca abierta estipulados en la Directiva
PSD2 (en relación con los operadores tradicionales) y el RGDP (que se aplica a
los participantes no bancarios). La clave para mantener unas condiciones
equitativas es permitir la interoperabilidad de datos entre los distintos
proveedores de productos y servicios.

«Las preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad cuando se realizan transacciones en las plataformas».

Los
reguladores también deberán estar alerta ante las nuevas formas de riesgo
sistémico. Por ejemplo, si la banca evolucionara hacia un sistema basado en
plataformas, el riesgo de que se planteen problemas sistémicos derivados de
ciberataques y filtraciones masivas de datos pasará a un primer plano.
Además, las posibilidades de generar riesgos sistémicos por la contaminación
entre las actividades bancarias y no bancarias aumentarían, así como el
riesgo de quiebra de terceros proveedores. La decisión sobre qué actividades
mantener dentro del perímetro normativo de los bancos tendrá consecuencias,
ya que, si bien la regulación en función del ámbito de actividad puede
fomentar la innovación y la igualdad de condiciones, son las entidades, y no
las actividades, las que quiebran y pueden generar riesgos sistémicos.

Las
preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer
plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los
datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad
cuando se realizan transacciones en las plataformas. Asimismo, tendrán que
tomar en consideración que la tecnología digital permite una mayor capacidad
de discriminación por precios, lo que también exige que se refuerce la
protección del consumidor. Debe fomentarse especialmente el uso de la
tecnología digital de una forma transparente que atenúe los posibles sesgos
de comportamiento de consumidores e inversores. La transparencia en las
condiciones a la hora de tratar con clientes es y seguirá siendo una ventaja
competitiva de los bancos digitales que debería impregnar a todo el sector.

En conclusión, la regulación tiene que estar a la altura del reto de garantizar que la capacidad disruptiva de las nuevas tecnologías y plataformas para mejorar el bienestar se materialice en beneficios para los consumidores y las empresas, sin poner en peligro la estabilidad financiera.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘La banca frente a la disrupción digital’, disponible en el número 162 de Papeles de Economía Española: La gestión de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial