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Test de estrés para los bancos centrales

junio 21, 2021

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A los bancos centrales, auténticos artífices de la política económica desde el fin de la crisis financiera, se les atribuye la capacidad de controlar la evolución de los precios y simultáneamente alentar el crecimiento económico. Una virtud cuasi mágica, lograda gracias a un sabio manejo de las anticipaciones de los mercados. La receta, llamada relajación cuantitativa, ha sido similar en expansión como en crisis: compra masiva de deuda pública, tipos de interés insignificantes y fuertes inyecciones de liquidez para impulsar el crédito al sector privado. La estrategia alcanzó su máxima expresión con la pandemia, proporcionando ingentes cantidades de liquidez a los Estados para que éstos evitaran el hundimiento del empleo y el desgarro del tejido empresarial.

A cambio de los estímulos, los responsables monetarios prometieron contención en los precios, factor crucial que posibilitó (y justificó a ojos del mercado) la relajación cuantitativa. Es un hecho que, hasta fechas recientes, la inflación había desaparecido, invalidando los pronósticos del manual monetarista. En España, como en el conjunto de la eurozona, la inflación se ha mantenido netamente por debajo del 2% en todos y cada uno de los últimos 8 años. Y en EE UU la inflación tampoco ha alcanzado el objetivo, ni siquiera en la etapa prepandemia cercana al pleno empleo.

Este panorama podría estar cambiando radicalmente, en primer lugar, por las dudas acerca de la transitoriedad del repunte de inflación registrado desde inicios del presente ejercicio. Los costes de producción se disparan, por factores exógenos como la escasez relativa de metales (con un incremento del 26% desde enero), de productos alimentarios (15%), y sobre todo de productos energéticos (35%). El indicador de costes de producción española, en terreno negativo a finales de 2020, apunta a una presión creciente (el índice PMI de precios de compra en la industria rozó en mayo el máximo de la serie histórica, y repuntó intensamente en los servicios).

Gráfico 1

Gráfico 2

De momento, los precios internos no se resienten: descontando los productos energéticos, el IPC apenas se incrementa. Otros indicadores también avalan una repercusión limitada del alza de costes externos. Por ejemplo, en el primer trimestre, el principal indicador sintético de precios de producción (deflactor del PIB) no se movió del 1% de incremento anual. Y los salarios evolucionan dentro de la misma tónica de moderación.

Pero si el shock de costes externos perdura, las empresas podrían repercutirlo en sus tarifas de venta, provocando incrementos en cascada de precios internos. Esta podría ser ya la situación en EEUU, donde se vislumbran señales tangibles de inflación subyacente. En mayo, el IPC superó el 5% y el componente no energético también se aceleró hasta tasas próximas al 4%. En algunos segmentos del mercado laboral norteamericano, se aprecian fenómenos de escasez de personal.

Otra importante alteración de la estrategia de relajación cuantitativa atañe a su posición de liderazgo de los mercados. Porque la credibilidad juega un papel fundamental en las expectativas de los agentes: éstos anticipan una inflación baja si consideran que el banco central dispone de instrumentos para reaccionar a cualquier importante desvío con respecto a los objetivos. En ese sentido, una dependencia fiscal considerada como excesiva reduciría la credibilidad del objetivo de estabilidad financiera, y dificultaría el control de la inflación ante shocks de costes como el actual.

Se evidencia, por tanto, la necesidad de modificar las políticas monetarias a medida que la recuperación vaya ganando tracción. Esta semana la Reserva Federal anunció una inflexión en su política a partir de 2023, y otros bancos centrales como el de Noruega se decantan por una acción incluso más temprana. El BCE se mantiene al margen, de momento. Pero todo prefigura un nuevo modelo de gestión macroeconómica, desde la heterodoxia fraguada en la crisis financiera en que los bancos centrales jugaron un papel preponderante, hasta la reflación poscovid. La cuestión es si los Estados están en condiciones de asumir un mayor protagonismo.

MERCADOS | El anuncio por parte de la Reserva Federal de un posible incremento del principal tipo de interés de referencia a partir de 2023 ha tenido como principal efecto una apreciación del dólar frente al euro, ante la posibilidad de un mayor diferencial de rentabilidad entre ambos lados del Atlántico. Así pues, la cotización del dólar se ha apreciado en torno al 2% en menos de una semana. De momento, no se aprecia una tendencia clara en el tipo de interés de los bonos españoles ni en la prima de riesgo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La palabra de moda

junio 12, 2021

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Se empieza a ver la luz al final del túnel de la covid-19 y no es la recuperación —evidente en algunos países— el término económico que más se menciona sino la inflación. Eso sí, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo mostró poca preocupación en el medio plazo por el repunte de los precios y dejó claro que el menor tono de crecimiento de la Eurozona le inquieta más. En Fráncfort se sigue hablando de “puente” para la recuperación porque no es tan palpable, como sí lo es en Estados Unidos. No se esperan grandes cambios en la estrategia monetaria —los tipos de interés no cambian por ahora— y se mantiene con intensidad el programa de compra de activos. La autoridad monetaria ratificó que este programa está para lo que haga falta aún durante bastante tiempo.

El BCE no está muy presionado para hacer virajes porque, aunque la inflación de la Eurozona ha aumentado, sigue estando dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y la subyacente en el 0,9% en mayo, aún relativamente contenida. Los más halcones presionan para ir anunciando alguna retirada adicional de estímulos, pero no protestan demasiado. No quieren descarrillar la recuperación en sus propios países, aún débil. El retorno a niveles prepandemia del empleo y otros indicadores se producirá más bien en 2022 y, en algunos países, en 2023.

«Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta».

Santiago Carbó

El mandato de los bancos centrales marca pautas. En la Fed de los Estados Unidos es amplio, aporta flexibilidad. El del BCE es mucho más limitado. Su presidenta se ve obligada a ampliar la dialéctica, incluso a retorcerla. Aunque no ha cambiado el objetivo de inflación, Lagarde ha afirmado que para que haya un cambio en la política monetaria no bastará con que la inflación llegue al 2% de forma “robusta” sino que se mantenga en ese nivel o por encima de forma “consistente”. Es hacer política monetaria con adjetivos. De momento, funciona. A pesar del menor margen de maniobra, el BCE ha ampliado implícitamente o indirectamente ese mandato con la protección de primas de riesgo, el control de temperatura de mercados de deuda o mimando la recuperación.

Los próximos meses son cruciales. Presiones inflacionarias más potentes en el segundo semestre podrían llevar a algunos a preguntarse cosas como “si no cambia la política monetaria ahora ¿cuándo lo hará?”. O a plantearse qué sucederá si, en una recuperación algo desigual en Europa y con potentes estímulos, la inflación se mantuviera elevada durante la segunda parte del año y 2022. ¿Sería un año suficiente para hablar de consistencia en la inflación?

Dos últimos apuntes. Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta. Asimismo, aunque suene a una dolorosa ironía, el desempleo puede ser aliado de la estrategia del BCE porque con millones de personas que han perdido su trabajo o en riesgo de hacerlo en la Eurozona, un repunte continuado de la inflación parece más improbable.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Adictos al BCE

noviembre 30, 2020

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La acumulación de un ingente volumen de deuda pública desde el inicio de la crisis ha abierto un debate acerca de su sostenibilidad. La Comisión Europea espera medidas de consolidación, “tan pronto como las condiciones lo permitan”, sin más precisiones. Otros abogan por la cancelación de la toda la deuda emitida por la pandemia a través de su monetización por el BCE, de modo que la política fiscal se vería así exenta de ajustes. Esta tesis, aunque incompatible con los tratados, gana terreno entre algunos Gobiernos, más recientemente el italiano.

La cuestión no es acuciante a corto plazo, por el consenso acerca de la necesidad de un papel destacado del Estado para apoyar la economía y el empleo, a costa de un agravamiento de la situación de las cuentas públicas. Los Estados se enfrentan a un desplome de sus ingresos que no conviene compensar mediante alzas de impuestos, a la vez que incrementan el gasto para sostener un sector privado anémico. En España, la deuda pública se incrementará este año en cerca de 150.000 millones y la de las empresas lo hará en al menos 70.000, mediante créditos avalados, moratorias y otras facilidades que, de no devolverse, podrían convertirse en pasivos para el Estado. Pese a la aportación de ayudas europeas, la deuda todavía alcanzaría en 2021 cerca del 120% del PIB, 25 puntos más que antes de la crisis.

Gráfico 1

Gráfico 2

(*) Ratio de intereses pagados sobre deuda de las AAPP.

Fuente: Banco de España.

Además, si bien la deuda crece, su carga se aligera gracias a la acción del BCE que compra la mayor parte de los bonos públicos emitidos. Esta política ha creado un fenómeno de escasez, de manera que el mercado está dispuesto a renunciar al interés que en condiciones normales reportan los bonos. El rendimiento del título de referencia a 10 años roza el valor cero, y se ha instalado en valores negativos para los plazos inferiores.

Ante el riesgo elevado de una recaída de la economía europea, que amenaza con abrir un frente financiero en la crisis, el BCE se prepara para anunciar una nueva ronda de estímulos, que podría incluir una prolongación del programa excepcional de compra de deuda por razones de pandemia más allá de su plazo vigente de junio de 2021. También podría elevar el incentivo que aporta a los bancos para que estos concedan nuevos préstamos a las empresas.

Pero la deuda nos acompañará tras la crisis. En un escenario “optimista” de crecimiento sostenido gracias a la introducción de reformas y al plan de recuperación, la deuda apenas descendería hasta el final del periodo de ayudas europeas. En 2027 todavía se situaría en el 117%, siempre y cuando se mantengan tipos de interés cuasi nulos.

En esa tesitura, ¿se atreverá el BCE a desenchufar el grifo del dinero “gratis”? Sin duda Fráncfort procederá con cautela, incluso cuando llegue la recuperación de la mano de la vacuna. Porque la economía se ha vuelto tan dependiente de los estímulos que el BCE solo podrá retirarlos muy gradualmente. Un súbito encarecimiento del crédito provocaría la quiebra de muchas empresas que viven a crédito, y echaría al traste la recuperación. Los Estados más endeudados, como el nuestro, se verían abocados a un drástico plan de ajuste.

Esto no significa que el banco central esté dispuesto a elevar significativamente sus objetivos de inflación para así erosionar el valor de los pasivos. Ni que estará dispuesto a perdonar la deuda, algo inaceptable para los partidarios de la ortodoxia. Pero sí que podría mantenerla por un tiempo indefinido en sus balances, hasta que las economías europeas logren desintoxicarse.

Para la política fiscal española, el camino pasa primero por restablecer las condiciones de una sólida expansión, algo que se prevé para 2022 que es cuando el sector privado estará en condiciones de funcionar con cierta normalidad —las previsiones de Funcas, que incorporan la vacuna, apuntan a un crecimiento superior al 6% los dos próximos ejercicios—. Entonces llegará el momento de aplicar un plan de corrección de los desequilibrios. Comprar reseñas Google.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tratamiento a base de deuda

octubre 19, 2020

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Uno de los resultados más espectaculares de esta crisis es el incremento exponencial de la deuda tanto pública como privada. Según el FMI, el endeudamiento global batirá este año un nuevo récord como consecuencia de la caída abrupta de la actividad y de las políticas de sostén de la economía, basadas en el crédito a las empresas y el gasto público.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió durante la crisis financiera, tanto los expertos de Washington como los de Bruselas asumen la expansión fiscal y las ayudas a negocios en dificultad como una necesidad. Un giro hacia la austeridad sería letal para una economía convaleciente —si no en estado de shock como la nuestra—, una de las más señaladas por el organismo internacional. Las cuentas financieras divulgadas esta semana por el Banco de España evidencian la debilidad de las fuerzas de mercado, incapaces de generar una recuperación sostenida. Así pues, en el segundo trimestre las familias incrementaron su ahorro (capacidad de financiación) en cerca de 60.000 millones de euros, casi lo mismo del total ahorrado durante los cuatro años pre-covid. Los datos de depósitos bancarios muestran que la situación de sobre-ahorro prevalece, restando fuelle al consumo y socavando la recuperación.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: FMI y Banco de España (para el segundo trimestre de 2020).

Otra cosa es la sostenibilidad de la deuda. Una cuestión en apariencia inocua, gracias a la compra masiva de bonos por los bancos centrales, que han conseguido crear escasez de títulos en los mercados y así reducir los costes de financiación para los Estados. Los tipos de interés son negativos para las emisiones de deuda de hasta cinco años de vencimiento (es decir, el Tesoro español gana dinero cada vez que emite deuda en esos ramos) y la referencia a 10 años roza los mínimos históricos pre-covid.

«El FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos»

Sin embargo, la levedad de la deuda es engañosa. Algunas voces ya se han manifestado en el seno del BCE para preparar una vuelta a la normalidad monetaria a partir de junio de 2021, que marca el fin del actual programa de estímulos. Para entonces, la deuda pública española seguirá escalando.

Por tanto, la clave está en prepararse para esa eventualidad, en primer lugar, asegurándose que el endeudamiento sirve para generar crecimiento. En ese sentido, el FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos. Esta es una amenaza que se cierne sobre el sistema financiero, y que sin embargo no encuentra todavía respuesta en el Plan Presupuestario 2021 del Gobierno (salvo en lo que atañe al fondo de solvencia para empresas estratégicas, reservado a grandes corporaciones). Además, sorprendentemente el Plan no deja claro si procederá a nuevas medidas de liquidez y crédito ICO en 2021.

«Para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española»

La inversión es otro ingrediente que distingue los endeudamientos sostenibles de los que están abocados a futuras medidas de ajuste o recortes traumáticos. El plan europeo de recuperación ofrece una oportunidad histórica para financiar parte del esfuerzo inversor. Pero para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española.

La creación de puestos de trabajo es otra condición sine qua non para la sostenibilidad de la deuda, y la reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, el Plan Presupuestario está sembrado de incertidumbres acerca de la orientación de las medidas. Los ERTE han sido prorrogados hasta enero, y se desconoce si otro instrumento tomará el relevo.

Finalmente, la sostenibilidad de la estrategia depende de la definición de una senda de vuelta al equilibrio de las cuentas públicas a medio plazo. La prioridad es impulsar la economía. Y ganar credibilidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos de crisis

julio 20, 2020

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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¿Espejismo financiero?

junio 10, 2020

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Es importante que exista ilusión frente al miedo, pero también son precisas referencias sólidas para que todo no quede en un espejismo. La última semana, siguiendo la tendencia de las anteriores, destacó por dos acontecimientos financieros. El primero, la favorable evolución de los mercados de renta variable de todo el mundo, del que el Ibex 35 no fue excepción. Parecen haberse superado los peores niveles alcanzados en marzo, en pleno tsunami de la covid-19. Sorprende, en cierto modo, porque la economía real aún está comenzando a reactivarse y tiene pronósticos preocupantes e inciertos. Los mercados siguen yendo por libre en relación con la economía real. El pesimismo no ayuda. Tampoco esperar la recuperación por la pura inercia que generó la caída.

Las acciones del BCE siguen sirviendo para anestesiar las primas de riesgo, pero pocos confían ya en su poder vigorizante para recuperar crecimiento e inflación. Que la autoridad monetaria haya decidido aumentar notablemente volúmenes y alcance de la adquisición de títulos durante la pandemia era necesario e importante pero también indicativo de las negativas previsiones macroeconómicas para la eurozona que debe estar manejando el banco central. No se conoce aún el verdadero fuelle de la recuperación de los sectores productivos.

Precisamente la segunda referencia financiera que ha llamado la atención recientemente ha sido la notable reducción de las primas de riesgo de los países de la zona euro más afectados por la pandemia, incluido España. Están a niveles pre-covid. El programa pandémico de compras del BCE parece estar funcionando. En cuanto al tan comentado fondo de recuperación europeo, podría existir la tentación, como sucedió en la anterior crisis —en la que se propuso frecuentemente el rescate completo para España— de que nuestro país haga como hipótesis de partida la necesidad de emplear al máximo las transferencias y créditos “blandos” de esa facilidad europea.

«Hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro, pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible)».

Santiago Carbó

Están aún en proceso de negociación y los primeros desembolsos aún tardarían en llegar. Creo que es importante liberarse de cualquier espejismo y entender el papel que España debe señalizar ante la UE ahora. Si Europa está más abierta a ayudar y flexibilizar criterios, hay que situarse como candidato para los supuestos positivos, no los negativos o derrotistas. Todo ello reconociendo que tenemos serias restricciones financieras que impiden mayor contundencia en las acciones públicas para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Contar con más recursos facilitaría a España una mayor artillería (desde ya) para ser contundente y eficaz en materia de gasto sanitario y de apoyo a empresas y familias. Eso puedo entenderlo. Sin embargo, en la negociación parece necesario mantener la cabeza fría y no revelar una ansiedad que podría llevarnos con más velocidad de la deseada a tomar decisiones que dentro de unos meses podrían ser contraproducentes. También nos alejaría de nuestra propia responsabilidad y planes de acción. En suma, hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro —sobre todo en un contexto de restricciones fiscales y potenciales tensiones en la deuda soberana— pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible).

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Financiar la reconstrucción

mayo 11, 2020

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Uno de los puntos de coincidencia de todos los analistas, desde la Comisión Europea a la Airef y el propio Gobierno, es que el déficit público registrará un deterioro colosal tanto por el desplome de la recaudación como el incremento del gasto. También emerge un cierto consenso en considerar ese deterioro de las cuentas públicas como una necesidad ante la gravedad de la situación económica. La Comisión ha puesto en entredicho el plan de estabilidad, que obligaba a un déficit contenido en el 3%, hoy inalcanzable para nuestro país.

Otra cosa es cómo financiar ese agujero, que podría escalar hasta no menos de 120.000 millones para este año (cuatro veces más que en 2019). A lo que se añaden los vencimientos de deuda, en torno a 85.000 millones de aquí a finales del presente ejercicio. En este sentido, la sentencia de Tribunal Constitucional alemán, cuestionando la proporcionalidad del programa de deuda pública del BCE, no podía llegar en peor momento. Una consecuencia es el alza de las cargas financieras que soporta el Estado (una señal enviada desde los mercados), drenando unos recursos públicos mermados por la recesión.

El contexto se presta a todo tipo de conjeturas acerca de la sostenibilidad financiera de las medidas anti-crisis –algo que nos abocaría inexorablemente a una contracción de la economía aún más severa que previsto. Unas profecías que, sin embargo, no se cumplirán si se acierta con la política económica. Y es que en esta ocasión el BCE se muestra dispuesto a emplear toda la munición necesaria –que en teoría es infinita– para asegurar una financiación de la economía en condiciones razonables. Ya ha dado un paso concreto con el lanzamiento de un programa excepcional de compra de bonos para apoyar los esfuerzos de los Estados frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), por un monto total de 750.000 millones, de los cuales ya ha comprometido la sexta parte.

Gráfico 1

PSPP: public sector purchase programme. PEPP: pandemic emergency purchase programme.

Si el BCE mantuviera sine die en cartera las compras de bonos realizadas en el marco de ese programa, los Estados no tendrían que soportar el peso de la deuda generada directamente por la pandemia. Tal decisión, si bien no exenta de riesgos, es la clave para no caer en una espiral recesiva ni en una crisis social, ni agravar las divergencias entre países europeos. Este es por tanto un mensaje que, junto con el aviso del Tribunal de Justicia de la UE reiterando su competencia exclusiva sobre el BCE, disiparía por completo las incertidumbres generadas por el Constitucional alemán.

Además, ante la parálisis de la actividad, el sector privado incrementa su ahorro, a la vez que el sector público reduce el suyo. Una simetría que puede aprovecharse trasladando confianza a unos mercados en busca de seguridad.

Gráfico 2

Ahora bien, el paraguas del BCE solo vale para financiar las medidas transitorias de respuesta a la crisis, y no compromisos recurrentes como el anunciado ingreso mínimo vital. En estos casos, cada país tendrá que prever recursos, o una reducción de otros gastos, para hacer frente a esos compromisos no transitorios. Asimismo, las medidas que se contemplen dentro de un plan de recuperación (inversiones, apoyo estructural a ciertos sectores como el turismo, lucha contra el cambio climático, etc.) tendrán que asentarse en recursos propios, emisiones de deuda que no calificarán para el programa excepcional del BCE, o un hipotético dispositivo europeo, del que todavía sabemos muy poco.

En definitiva, se trata de actuar aún con más contundencia para hacer frente a los costes transitorios de la pandemia, y no adentrarse así en una crisis de mayor gravedad de la que tenemos por delante. Y a la vez mostrarse responsable con respecto a compromisos permanentes, que tendrán que ser sufragados por nuestras arcas públicas, sin ayuda de otros. Sin duda, la línea divisoria entre ambas políticas es fina, y el dilema complejo. Pero este es el debate de fondo que convendría afrontar en los foros políticos, apartándose de cuestiones accesorias. Y así abrir un horizonte de recuperación para nuestra economía.

Fuentes de los gráficos: BCE, Tesoro Público y estimación Funcas para el programa PEPP.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anatomía de una crisis

mayo 4, 2020

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La economía se adentra en terreno desconocido, no solo por su desplome en el primer trimestre, el mayor de la historia moderna en un periodo tan corto, sino también por las incertidumbres que se derivan de los datos acerca de un rebote posterior. Las cifras del INE son rotundas. El PIB cayó un 5,2% hasta marzo, lo que habida cuenta de la tendencia alcista registrada hasta el inicio del estado de alarma significa que la actividad se hundió al menos un 29% durante la segunda quincena del mes pasado. Otros países europeos muestran registros similares, aunque sujetos a un importante margen de error, por la dificultad para realizar un seguimiento preciso en tiempos de la covid-19.

Gráfico 1

Estos resultados también revelan información
altamente relevante para la política económica.
Uno, porque muestran que las familias están adaptándose a la crisis
comprimiendo su gasto para así generar, en aquellas casos que pueden
permitírselo, un ahorro de precaución. Aunque el fenómeno es típico en periodos
de recesión, su magnitud es inusual.

Porque es llamativo que la contracción del consumo de las familias, el componente de la demanda con más peso en el PIB, alcance tanta intensidad —un 7,5%— cuando las remuneraciones han seguido avanzando levemente, según el INE. Esto se explica sin duda por las circunstancias del confinamiento, pero también por el miedo a perder el puesto de trabajo, que suele generar un ahorro de precaución. Como las perspectivas del mercado laboral no son halagüeñas, es poco probable que el ahorro precautorio desaparezca, algo que pesará sobre la recuperación.

Gráfico 2

Por tanto, para no agravar la situación, conviene
prorrogar las medidas de apoyo al empleo,
en particular su exponente más emblemático que son los ERTE. Si bien ya hay
cuatro millones personas que se han acogido a un ERTE (y hasta 10 en Alemania),
este es un dispositivo que ha mostrado su utilidad para amortiguar el impacto
de la crisis.

En segundo lugar, los excedentes empresariales se
han reducido por el desplome de las ventas y por el mantenimiento de la
plantilla. La Seguridad Social ha asumido una parte de esos costes laborales,
la otra las propias empresas (aquellas que no han recurrido a los ERTE, o solo
parcialmente). Sin embargo, esta tendencia refleja dos realidades distintas, la
de pymes y autónomos, con negocios a menudo solventes, pero sin liquidez para
aguantar el shock. Y la de empresas con una base financiera sólida, pero sin
perspectivas para reanudar la inversión en un periodo previsible.

Todo confluye por tanto en una espiral de
compresión de la demanda privada, menor actividad y problemas de liquidez para
las empresas, incluso después del estado de alarma. Una mayor focalización de
las ayudas a la liquidez y avales públicos, centrándolos en las pequeñas
empresas y los negocios solventes pero con problemas de tesorería, ayudaría a
contener el bucle recesivo.

Sin embargo, a corto plazo la recuperación solo podrá descansar sobre el impulso fiscal. Así lo ha reconocido Christine Lagarde en sus declaraciones de esta semana. El problema es que ese es nuestro punto débil, por el nivel arrastrado del déficit y con una prima de riesgo presionada. El consumo público fue el único componente de la demanda que se expandió en el primer trimestre, pero no es realista pensar que puede mantenerse ese esfuerzo sin reacción de los mercados.

La promesa de Bruselas de un fondo europeo de recuperación no se activará hasta 2021 —si es que no se pierde antes en los meandros de las negociaciones—. El BCE acaba de lanzar inyecciones de liquidez, que alejarían el riesgo de crisis financiera, pero sin atajar la espiral recesiva, que requiere de apoyo directo a la economía. La salida pasa por un aumento del programa de compra de deuda pública con el compromiso explícito de no permitir que las primas de riesgo superen un cierto umbral. De lo contrario quedaría recurrir al fondo de rescate.

Fuentes de los gráficos: INE, Eurostat y Comisión Europea.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Prohibido caer en la resignación

abril 27, 2020

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En fechas recientes han aparecido varias estimaciones del impacto de la pandemia sobre la economía española, y todas apuntan a una contracción sin precedentes de la actividad. Se insiste, con razón, en que la magnitud del shock depende en buena medida de la evolución de un virus del que sabemos todavía poca cosa, y de su propagación internacional. Por tanto, el margen de incertidumbre —y también el de errar en esas previsiones— es considerable. La OCDE, por ejemplo, estima que por cada mes de confinamiento, la economía pierde dos puntos de crecimiento, y más en países con fuerte presencia de sectores vulnerables como el turismo.

Sin embargo, algunas de estas estimaciones no hacen suficiente hincapié en el papel crucial de la política económica, cuya efectividad determinará tanto la magnitud del desplome en 2020 como el vigor de la recuperación. El objetivo es limitar el cierre de empresas para conservar la capacidad productiva. Solo en marzo, ya se perdieron cerca de 100.000 empresas, el 7,4% del total (en bajas a la seguridad social). El mantenimiento de puestos de trabajo en empresas sostenibles es otro estabilizador automático. Por tanto, las primeras informaciones acerca de los efectos del plan de emergencia muestran la necesidad de acelerar su aplicación, antes de ampliarlo.

Gráfico 1

También se espera una
respuesta útil desde Europa. Esta semana el Consejo anunció un plan
de reconstrucción, inspirado en la propuesta española, que se articularía en
torno al plan presupuestario 2021-2027. Se habla de un paquete de estímulos de
entre 1 y 1,5 billones de euros, no menos del 10% de la economía europea. En
apariencia parece contundente, pero en realidad no hay acuerdo acerca de su
financiación. Si se tratara, directa o indirectamente, de deuda nacional, el
beneficio sería significativamente más limitado que en caso de una puesta en
común de recursos. Tampoco está claro si ese plan se activará a partir de 2021,
o si existe alguna posibilidad de adelantar el calendario. Esta última es sin
duda la mejor opción para suavizar el descenso y
mantener en vida, aún a un ritmo reducido, las empresas y los
puestos de trabajo.

«No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios».

Raymond Torres

Todo indica por tanto que habrá que esperar un
largo tiempo hasta que transcienda algo concreto de las negociaciones de
Bruselas. Entre tanto cada país tendrá que seguir contando con sus propias
fuerzas para contener la recesión y emprender el desconfinamiento. Esto tiene
una doble desventaja para nuestro país, en primer lugar porque las disponibilidades
presupuestarias son relativamente limitadas, y el margen de actuación dependerá
de la evolución de la prima de riesgo, que ya se ha colocado en niveles
preocupantes. Así se explica que tanto España como Italia dediquen menos
recursos presupuestarios para resolver la crisis que los países de la eurozona
menos endeudados.

Gráfico 2

La otra desventaja es que los países con más
margen fiscal —y aquellos que no comparten el euro— han anunciado ingentes
ayudas e inversiones para fortalecer sectores estratégicos, de modo que
encararán la recuperación en mejor posición competitiva que nuestras empresas.
Normalmente este tipo de prácticas es incompatible con la pertenencia al
mercado único, pero las reglas en materia de competencia se han flexibilizado
como consecuencia de la pandemia.

La buena noticia viene, une vez más, de
Frankfurt. El BCE ha relajado sus criterios de compra de deuda corporativa.
Esta decisión, unida al lanzamiento de un programa excepcional de adquisición
de deuda pública, y la flexibilización de la contabilización de los préstamos
morosos, actúa de momento como dique de contención ante el riesgo de contagio
al sistema financiero.

En suma, la economía podría contraerse un 7% en el presente ejercicio, pero hasta cinco puntos y medio más si fallaran las medidas de emergencia o la prima de riesgo se disparara hasta niveles de crisis financiera. No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios.

Fuente de los gráficos: Previsiones de Funcas y fuentes oficiales.

Este artículo apareció originalmente en el diario El País.

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Coronabonos made in BCE

marzo 30, 2020

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La
brecha que se ha abierto a propósito de la respuesta que debería dar Europa a
la crisis pandémica amenaza con llevar al traste los esfuerzos de cada país
para evitar un desplome prolongado de sus economías, con consecuencias
impredecibles para el proyecto europeo. Sin embargo, no basta con lamentar la
falta de consenso. Apelar vagamente a una mayor coordinación o a ideales
europeos de solidaridad, reiterarán a unos en su posición inicial sin convencer
a los más recalcitrantes. Es el momento de la concreción, porque sin un
análisis preciso del impacto de la inacción y un examen realista de las
opciones de cambio, solo conseguiremos el impasse.

Las medidas emprendidas por cada país, incluido España, van en la buena dirección, si bien habrá que calibrarlas y ampliarlas a medida que la magnitud del shock se va precisando. Se trata de mantener el aparato productivo en respiración asistida gracias a ayudas a la liquidez de las empresas, al mantenimiento del empleo y a los colectivos más desfavorecidos. De modo que, cuando se suavice la crisis sanitaria y el confinamiento de la población, las empresas estén en condiciones de reanudar la producción. Si esto se consigue, el desplome anticipado de la actividad que podría contraerse en cerca del 10% durante el primer semestre, dará paso a un rebote durante la segunda parte del año que dejaría la contracción del PIB en torno al 3% para el conjunto del 2020. El crecimiento pasaría a terreno positivo, hasta cerca de esa cifra, en 2021.

Gráfico 1

El
punto débil de este escenario en forma de “U” reside en la financiación del
agujero presupuestario que necesariamente se agravará, porque el plan de choque,
unido a la parálisis transitoria de la economía, redundará en una severa reducción
de la recaudación y un incremento del gasto. También se anticipa una escalada
de la deuda, por la acumulación de déficits y porque el Estado no tendrá más
remedio que asumir pasivos de empresas al borde del colapso, para así prevenir
un contagio a todo el sistema financiero como ya ocurrió en 2011-2012. Todo ello
hace temer presiones sobre las primas de riesgo, que anularían efectividad a
los planes de choque nacionales.

Gráfico 2

El propio Mario Draghi aboga por una política acomodaticia de financiación de los desequilibrios presupuestarios generados por la crisis del coronavirus, de modo que el impacto sea transitorio en la medida de lo posible.

De
ahí la propuesta de varios países, entre otros España, de emitir “coronabonos”,
es decir títulos de deuda mutualizados para cubrir los costes de la pandemia. Esta
es una opción tajantemente rechazada por los nórdicos, que constatan que los
países del sur de Europa no han aprovechado la expansión para sanear sus
cuentas públicas. Si bien no les falta razón, el caso es que el virus se
extiende por todo el continente y que economías como la alemana no son tampoco
inmunes ante lo que acontece en el resto. Alemania exporta el 14,3% de su
producción a otros países europeos, y el 6,7% en total a España, Francia e
Italia (gráfico). En el caso de Holanda, las proporciones alcanzan el 43,7% y
12,1%, respectivamente. Una parálisis de los intercambios comerciales sería
letal para buena parte del tejido productivo de esos países, porque estamos en
un mundo interconectado.

Ante este debate estéril que podría eternizarse, la salvación podría venir una vez más del BCE. Frankfurt ha dado a entender que podría flexibilizar por un tiempo limitado –todo lo que dure la crisis sanitaria– los límites nacionales a su programa de compra de deuda. De ser así, y de lograr comunicarlo a los mercados, esta iniciativa podría facilitar la financiación de las medidas de choque, algo especialmente relevante para España. Paradójicamente, se trataría de una mutualización implícita de las deudas nacionales. Unos eurobonos que no dicen su nombre.

Fuentes de los gráficos: Funcas (estimaciones) y Eurostat.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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