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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La transformación necesaria de la sanidad pública

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A finales de octubre se celebró en Funcas un coloquio del ciclo “Economía y políticas de salud” sobre La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud. Participaron dos catedráticos eméritos de la Universidad Pública de Navarra, Juan Cabasés y Emilio Huerta, este último también investigador de Funcas, así como un destacado gestor sanitario Carlos Alberto Arenas, con una dilatada carrera como gerente de diversos hospitales, actualmente subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud. La propuesta de Ley de Salud de Navarra (con aportaciones de los profesores Cabasés y Huerta), en fase actual de debate parlamentario, sirvió como motivación concreta para plantear los problemas generales que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud español (SNS).

En la introducción al coloquio se señaló la existencia de una gran preocupación por el futuro del SNS. El profesor Ortún, destacado estudioso y largamente curtido en la gestión, lo diagnosticó en 2013 como “buen sistema, pero con pronóstico reservado”. Once años después considera que “se enfrenta a un mal pronóstico si no se llevan a cabo cambios profundos en su gestión”.

Es cierto que nuestro sistema presenta datos positivos. La “mortalidad prevenible” por 100.000 habitantes en España era en 2020 de 143 fallecidos frente a 180 de media en la UE y la ”mortalidad tratable” era el mismo año de 62 fallecidos frente a 92 por 100.000 (según datos de la Comisión Europea). Ambos indicadores nos aproximan al desempeño de la sanidad, a diferencia de la esperanza de vida, que recoge influencias muy diversas y no sólo de la asistencia sanitaria.

Pero se observan síntomas preocupantes. Según el Barómetro Sanitario de Octubre de 2024 la sanidad sería el segundo problema que más afecta personalmente a los españoles, tras las dificultades económicas, aunque se coloca como octavo problema de España. La población cubierta por algún seguro privado (sin contar los mutualistas de MUFACE, MUGEJU o ISFAS que eligen proveedor privado) ha pasado de 7,3 millones de personas (el 15,8% de la población) en 2015, a 10,3 millones (el 21,6% de la población) en 2022. Estas cifras se explican, en buena parte, por las listas de espera. Según el Barómetro Sanitario son ellas la causa principal del doble aseguramiento, lo que no puede extrañar, pues los últimos datos son los peores de la historia registrada. En 2023 la espera media para acceder a una cirugía no urgente era de 112 días; 87 días para una primera consulta con el especialista; 9 días para atención primaria, quizás el dato más preocupante, ya que superar las 48 horas de demora en AP es un mal indicador (Urbanos y Bernal 2024). Además, no se suele reparar en que las demoras tienen un cierto sesgo de clase social. Las más altas permanecen en lista de espera en menor proporción que las más bajas y cuando esperan, lo hacen durante menos tiempo (Simó 2017).

La política de personal rígidamente funcionarial se considera uno de los nudos gordianos que tienen apresado al SNS. Es imposible que éste aumente su eficiencia productiva y compita con el sector privado sin instrumentos de gestión de personal adecuados a la naturaleza compleja de los servicios que presta. 

¿Cómo transformar el sistema sanitario para superar estos problemas? En su respuesta, Cabasés subrayó la necesidad de remover las estructuras que dificultan la eficiencia revisando la forma jurídica de los Servicios Regionales de Salud, dotando de personalidad jurídica a los centros y revisando el marco estatutario para el reclutamiento, la selección y la retención de profesionales. Aplicar sistemáticamente los principios del buen gobierno y mejorar radicalmente la motivación e incentivos de los profesionales serían también dos líneas de trabajo insoslayables. Huerta destacó que los gestores sanitarios también están apresados por su dependencia excesiva de las autoridades de Hacienda y de Función Pública, preocupadas por el control presupuestario y la uniformidad funcionarial y mucho menos por la calidad, la eficiencia productiva y los resultados en salud, lo que resulta demoledor para unos servicios altamente complejos, diversos y prestados por profesionales de muy alta especialización. Para liberar a los gestores sanitarios es necesario reforzar su capacidad de decisión con mayores dosis de independencia y responsabilidad manteniendo la rendición de cuentas. También es un gran obstáculo la estricta centralización de las decisiones en los gobiernos autonómicos, lo que en un entorno inestable y con rápido cambio técnico dificulta la adaptación a las necesidades locales y la innovación. Descentralizar hacia abajo en favor de los centros y servicios locales resulta indispensable. Garantizar la financiación es importante, pero la reforma de la arquitectura institucional no puede abandonarse, según el profesor Huerta. 

Desde la primera línea de la gestión el doctor Arenas subrayó que el diagnóstico de los males del SNS es suficientemente conocido y hay que centrarse en la puesta en marcha de medidas transformadoras. Insiste en la idea de que el excesivo poder de Hacienda y Función Pública deriva en una dependencia de senda muy estricta y difícil de liberar. Señala que, a pesar de todo y gracias al impulso desde abajo, desde la microgestión, se están produciendo progresos en ciertas áreas, como la atención a domicilio o la atención primaria y comunitaria, según los informes FES. Hacia el futuro subraya las tensiones que provoca la rigidez de las estructuras si se emprenden acciones transformadoras. Un riesgo grave es que aumenten las desigualdades en el acceso a las nuevas y muy costosas nuevas tecnologías. Afrontarlo exige reforzar al máximo la cultura de evaluación para seleccionar las intervenciones que generan mejores resultados en salud en relación a su coste, así como los planes de desinversión (abandono de intervenciones no efectivas y no coste-efectivas), pues recuerda que se estima que un 30 % de las pruebas que se realizan son innecesarias. 

En la sesión los ponentes aportaron muchas más ideas interesantes y de la audiencia también surgieron preguntas de gran interés. Un coloquio que contribuyó, pues, a difundir la idea de que detener el deterioro y mejorar el sistema sanitario público exige medidas regulatorias, de organización y de gestión y no sólo más recursos.

Vea aquí el coloquio La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud.

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Destino turístico seguro

El impacto de la pandemia de la covid-19 en el sector turístico y, con ello, en la economía española ha sido terrible (según las previsiones de la OCDE, España presenta una de las peores previsiones de reducción del PIB para 2020). Esto hace plenamente comprensible la voluntad de reiniciar la actividad turística lo antes posible. Sin embargo, hay también razones para ser extremadamente cautelosos; por un lado, en términos de salud pública; y por otro, pensando estrictamente en términos de industria y negocio: el impacto de un rebrote o una mala gestión sanitaria en la reactivación turística podría ser enorme en términos reputacionales para todo el país, afectando tal vez también a la temporada del año 2021.

Así, debería estar claro
que en el reinicio de la actividad turística debe primar la seguridad sanitaria
por encima del tradicional objetivo del sector turístico de maximizar el
volumen de negocio. En esta entrada voy a desarrollar un breve análisis
económico de las características que tiene la seguridad sanitaria en relación a
la covid-19 en la industria turística, aportando recomendaciones al respecto de
su gestión por parte de los distintos agentes económicos, y resaltando en
particular el fundamental papel a desempeñar por las administraciones públicas.

La nueva
normalidad en la industria turística

Como sabemos, la ‘nueva normalidad’ en la pandemia pretende controlar y limitar la expansión de los contagios de Sars-Cov-2; para ello, las medidas adoptadas son: (i) distancia social (o, más propiamente, distancia física), (ii) rastreo de casos de posibles infectados junto a la realización de muchos test; y (iii) la adopción de toda una serie de protocolos sanitarios para evitar el contagio: limpieza, desinfección, etc. (Gans, 2020). Otro aspecto clave, más si cabe para destinos turísticos de acceso aéreo como Baleares y Canarias es (iv) la delimitación de ‘zonas verdes’, zonas libres (o con pocos casos) de contagio, y a la vez el establecimiento de ‘corredores verdes’ entre estas zonas verdes de la UE (Pradelski y Oliu-Barton, 2020). En su ausencia, las islas verían muy reducida y limitada su demanda al turismo doméstico (The Economist, 2020).

Una característica clave
del producto turístico, tradicionalmente implícita, pero que la pandemia ha
puesto de manifiesto, es su alto componente
social
tanto en la producción como en el consumo (de aquí el impacto
diferencial de la pandemia en la actividad turística). Véase como ejemplo el
transporte en avión o autobús; el alojamiento hotelero, y el entretenimiento en
la playa, museos o parques acuáticos. Por ello, la consecuencia inmediata de
aplicar las condiciones de la nueva normalidad al sector turístico son reducir
la capacidad de la oferta e incrementar los costes fijos y marginales (transporte
en avión o bus, alojamiento en hotel) y, en
parte
, reducir el valor del producto para el turista (su disposición a
pagar).

La seguridad sanitaria

En parte porque la existencia de la pandemia configura una nueva y fundamental dimensión en el producto turístico: la seguridad sanitaria. Es decir, una actividad turística en la que (tanto en el consumo como en la producción) el riesgo de contagio y de exposición al coronavirus sea mínima. Las dos características clave de la seguridad sanitaria en el producto turístico son:

  • En primer lugar, como es bien
    sabido en toda epidemia, la presencia de efectos externos o externalidades. Una mala gestión de la
    seguridad sanitaria del producto por parte de una empresa incrementa la
    probabilidad de contagio no solamente de sus clientes y trabajadores, sino
    también de los trabajadores y clientes de otras empresas, y de la población en
    general.
  • En segundo lugar, es un atributo de confianza (Nelson, 1970):
    la información asimétrica entre el ofertante y el comprador es extrema; éste
    último no solo no observa plenamente la calidad del atributo del producto
    (¿cuán seguro es?) antes de comprar y consumir, sino que tampoco la observa a
    posteriori. Puede ser difícil para una persona (o para las administraciones
    públicas) saber cuál ha sido el origen de su contagio, si ha sido en el hotel,
    la playa o el avión. Y, en el mejor de los casos, se sabrá pasado unos días (tal
    vez gracias al rastreo llevado a cabo por las autoridades sanitarias).

Los
límites del mercado en la seguridad sanitaria: marcas, sellos y certificaciones

Así, la presencia de externalidades y la
característica de atributo de confianza de la seguridad sanitaria en los
productos turísticos tiene la consecuencia que los incentivos privados de los
distintos agentes (empresas, trabajadores, e incluso clientes) no estén
alineados con el interés general, ni en términos de salud pública ni de negocio.
Cada agente económico incorpora principalmente en sus decisiones de gestión
sanitaria sus costes y beneficios privados, sin tener (suficientemente) en
cuenta los efectos externos. Esto previsiblemente es así para las empresas en
la asunción de sus costes de gestión de protocolos, pero muy probablemente
también para los trabajadores y clientes (piénsese, por ejemplo, en un cliente
joven que sale de copas por la noche, ¿será suficientemente riguroso en las
medidas de distancia social?). Además, la escasez de información suficientemente
creíble al respecto de los protocolos implementados por las empresas hace muy
difícil que el mercado discipline a las empresas mediante efecto marca-reputación.

«Tanto por la presencia de externalidades como por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental».

Por ello, no parece ser esta una situación en la que se pueda descentralizar el cumplimiento de los estándares de seguridad sanitaria a las fuerzas del mercado, esperando que éste provea con los mecanismos e incentivos suficientes a los agentes para adoptar las medidas óptimas en términos de salud pública y de generación de valor conjunto para la industria. Aun así, el mercado puede jugar un papel (aunque limitado) en lo que es la seguridad sanitaria en el sector turístico. Los tour operadores, por ejemplo, por su gran tamaño e importante papel en la distribución, en los mercados de origen y de destino, y al integrar y gestionar distintas etapas de la cadena de valor, pueden internalizar en mayor medida que otros agentes económicos los efectos externos presentes en la epidemia y pueden, por lo tanto, jugar un papel relevante en la supervisión de la seguridad sanitaria del producto turístico (Calveras y Orfila, 2019; Hosteltur, 2020a). También están apareciendo en el mercado turístico sellos y certificaciones sobre la implantación de sistemas de prevención de riesgos para la salud frente a la covid-19, sellos específicos para el sector turístico; véase, por ejemplo, el “Safe Tourism Certified” del Instituto de Calidad Turística Española (Hosteltur, 2020b). Los sellos certificados por terceras partes son instrumentos precisamente diseñados para mejorar la transparencia y aportar información creíble al respecto de algún atributo de confianza (cuando la información aportada por la propia empresa afectada no será nunca suficientemente creíble, ni antes ni después de la transacción).

Un contexto análogo son los sellos y las certificaciones medioambientales. Estos sellos informan sobre la dimensión medioambiental del proceso productivo (atributo de confianza al igual que la seguridad sanitaria), permitiendo que los clientes que valoren tal dimensión paguen un sobreprecio, y dando incentivos a las empresas a adoptar dichas prácticas medioambientales. Sin embargo, tal y como Lyon y Maxwell (2015) explican, es poco probable que las certificaciones y los sellos aporten al mercado la necesaria transparencia. Esto es así por múltiples razones:  competencia a la baja en estándares entre una gran multitud de sellos; dudas al respecto de su rigor y la presencia de incentivos perversos en su certificación; etc. En cualquier caso, parecería claro para cualquier observador que la existencia de tales sellos y certificaciones medioambientales en el mercado no ha aportado la suficiente transparencia ni ha evitado el ‘greenwashing’ por parte de las empresas (Lyon y Maxwel, 2015).

En
resumen

Tanto por la presencia de externalidades como
por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad
turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental. El papel de
los distintos gobiernos y de las autoridades sanitarias tiene que ir más allá
del desarrollo de protocolos anti-covid en el sector; tienen que implicarse en
asegurar su cumplimiento mediante la supervisión y el control directo, con
inspecciones y multas en caso de incumplimiento.

Está en marcha el plan piloto de reactivación turística en las Baleares. Más allá de sus detalles, ejecutar un plan piloto a pequeña escala para contrastar la capacidad de gestión sanitaria ante la llegada de turistas es una buena idea. Pero después, para afrontar el reinicio turístico a gran escala con mayores volúmenes de turistas, es necesario disponer por parte de los gobiernos de la suficiente capacidad para escalar también la gestión sanitaria; y esto no debe dejarse a las fuerzas del mercado, requiere una intervención y gestión directa de los distintos gobiernos.


Referencias


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