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El seísmo Trump y sus réplicas en España

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Además de imponer aranceles, de por sí nefastos para el comercio internacional, la política económica de Trump ha desatado un shock financiero de gran envergadura. Las conexiones financieras entre ambos lados del Atlántico son todavía más estrechas que las comerciales, por la centralidad del dólar y el peso del mercado norteamericano.  

El volumen de inversiones españolas en EE. UU. equivale al 14,7% de nuestro PIB (sumando la posición de inversión directa en el tejido productivo norteamericano, y la inversión en cartera, que incluye los bonos, acciones y otros activos financieros, a la excepción de las reservas de cambio). Esto es doce veces más de lo que exportamos cada año a EE. UU. En el caso de Alemania y Francia, la presencia inversora en EE. UU. es aún más intensa, incluso incrementándose en el último lustro. 


Es decir, EE. UU. ha logrado atraer buena parte del ahorro generado por las familias y las empresas europeas, algo que podría salirnos caro: ante unos vínculos financieros de semejante magnitud, el seísmo desatado por las políticas del presidente republicano está provocando fuertes réplicas en el Viejo Continente. Más allá del impacto directo del alza de aranceles sobre nuestras exportaciones, el espectro de la recesión –o al menos de un fuerte frenazo– que se cierne sobre la principal potencia mundial pesa sobre las expectativas de dividendos de los inversores. 

Además, miembros destacados de la nueva Administración –y en ocasiones el propio Trump-– consideran que la reindustrialización de EE. UU. pasa por una fuerte depreciación del dólar frente a las monedas de los principales competidores. Desde el regreso de Trump, la divisa norteamericana ha perdido el 10% de su valor en relación al euro. Así pues, tanto las empresas como los particulares con intereses en EE. UU., se enfrentarían a una doble pena: la que provoca el recorte anticipado de sus beneficios como consecuencia del parón económico; y la minusvalía que procede de la depreciación del valor en euros de sus inversiones. 

También surgen dudas acerca de la sostenibilidad presupuestaria, ante los fuertes recortes de impuestos anunciados por Trump y la alusión a una hipotética restructuración de la deuda. Se trataría de forzar vencimientos más largos de los bonos en circulación, para así aligerar las cargas financieras a que se enfrenta el Tesoro norteamericano en los próximos años. 

En todo caso, la acumulación de pasivos, junto con el riesgo de estanflación, han contribuido al nerviosismo de muchos inversores que han optado por vender precipitadamente títulos de deuda. El resultado es un repunte de la rentabilidad exigida por los mercados para su compra de bonos: hoy por hoy, la cotización del bono de referencia alcanza el 4,4%, frente al 2,6% de su homólogo alemán y el 3,3% del español. Y todo apunta al mantenimiento de un diferencial elevado, o prima de riesgo, por un periodo prolongado.

Es el momento de reducir la dependencia financiera frente al dólar, fortaleciendo la atractividad del euro. Además de ser la principal moneda de reserva de los bancos centrales (representando un 60% del total), el dólar también goza de una posición dominante tanto en el sistema de pagos como en las emisiones internacionales de deuda. La aceleración de la unión de capitales, el lanzamiento del euro digital y la creación de un verdadero mercado de deuda europea serían pasos importantes. A ello se añade un entorno estable marcado por el Estado de derecho y una relativa cohesión social, activos cada vez más preciados.     

En lo inmediato, sin embargo, Wall Street sigue siendo el epicentro del ciclo financiero mundial. Un ciclo que ahora genera incertidumbres para la inversión productiva, agravando los efectos del proteccionismo sobre las exportaciones. La economía española, aunque menos expuesta que otros países de nuestro entorno, no se librará de un seísmo anunciado.   

INVERSIÓN | EE. UU. es el principal destino no comunitario de las inversiones españolas en el exterior. En 2024, la posición de inversión financiera en ese país ascendió a 116.800 millones de euros (sumando el valor de los bonos, acciones y otros activos financieros en cartera del sector privado español). Esto es más de la mitad del total de inversiones españolas en cartera realizadas fuera de la Unión Europea. La inversión no financiera en EE UU alcanzó un volumen similar (117.800 millones), lo que equivale al 21% del total de inversión directa española acometida fuera de la UE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El pesimismo y el futuro de la natalidad

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La caída de los nacimientos es un fenómeno global y, por ello, resulta más difícil explicar sus causas. Si bien el contexto local importa para entender diferencias marginales entre países con niveles comparables de renta, el hecho de que, en todos los países desarrollados, y en muchos de renta media, se observen ya descensos sostenidos en el número de nacimientos sugiere que las explicaciones tienen un carácter más amplio. Según parece, las causas a las que se ha aludido habitualmente no explican la magnitud de esta transformación demográfica: ya no es verdad que las mujeres tengan menos hijos en los países más ricos o en los que hay una mayor participación laboral femenina. La entrevista del Financial Times a la demógrafa finlandesa Anne Rotkirch el año pasado reflejó bien el sentir de muchos analistas: “The strange thing with fertility is nobody really knows what’s going on.” Muchos demógrafos se están rindiendo a la idea de que un cambio “cultural” ha impregnado de pesimismo a quienes hoy podrían tener hijos y no los tienen, así como a quienes tienen menos de los que desearían.

Recientemente, el CIS ha publicado los resultados de una encuesta (Estudio 3475 sobre Fecundidad, Familia e Infancia) que permite observar cómo quienes aún están en edad de tener (más) hijos son más pesimistas que los mayores a la hora de valorar cómo algunos problemas sociales inciden en su comportamiento reproductivo. Pongamos un par de ejemplos. 

El precio de la vivienda es, en la actualidad, uno de los grandes obstáculos en la transición a la vida adulta. En la encuesta, esta preocupación es muy mayoritaria en todos los grupos de edad: entre el 85 y el 90% de los encuestados afirma estar muy o bastante preocupado por el precio de la vivienda en España. Pero jóvenes y mayores valoran de forma distinta el impacto de este problema en su fecundidad: el 69% de los menores de 45 años sin hijos cree que el precio de la vivienda explica en alguna medida su infecundidad. Entre los mayores de esa edad, solo lo ven así el 36%. Asimismo, entre los que han tenido menos hijos de los deseados, el 47% de los menores de 45 años lo atribuyen, en parte, al precio de la vivienda, frente al 26% de mayores de esa edad. Dada la evolución del precio de la vivienda en los últimos años, no se puede decir que estos resultados sean sorprendentes, pero no por ello deja de ser interesante que el acceso a la vivienda se valore como más limitante de la fecundidad propia cuanto más joven sea el encuestado (gráfico 1). 


Fijémonos ahora en un aspecto menos concreto de la realidad: las perspectivas de las generaciones futuras. De nuevo, este asunto genera una preocupación similar entre jóvenes y mayores: en ambos grupos son muy pocos los que no reconocen este problema. Pero, también aquí, son los menores de 45 años quienes estiman que el temor hacia el futuro limita o ha limitado más su fecundidad. Entre quienes no tienen hijos, el 49% de los más jóvenes y el 31% de los mayores identifican las malas perspectivas de las generaciones futuras como una explicación para no tener hijos (gráfico 2). Entre los que sí los tienen, pero habrían deseado tener más, el 43% creen que las malas perspectivas de futuro lo explican, algo que solo declara el 25% de los mayores. Se observa, además, que el 60% de las mujeres de 30 años sin descendientes, frente al 45% de las que han alcanzado la edad de 50 años, reconocen que la idea de que las perspectivas de las generaciones futuras estén comprometidas  como una causa de su infecundidad.


Es cierto que estos datos no permiten comparar las respuestas de los jóvenes de ahora con lo que habrían dicho a su edad quienes hoy son mayores, pero todo apunta a que este pesimismo no se debe al momento del ciclo vital en el que se responde a la encuesta, sino al contexto temporal en el que se contesta. Aunque las explicaciones netamente culturales suelen reflejar una baja exigencia intelectual, todo parece indicar que los más jóvenes perciben hoy el futuro con más pesimismo, y que esto explica, al menos en parte, las caídas en los nacimientos que registran casi todos los países del mundo. Un último dato que avala la hipótesis del cambio cultural: existen indicios en países como España, Suecia o Estados Unidos, de que número ideal de hijos que desearían las mujeres más jóvenes ya se sitúa por debajo de los 2,1, la tasa de reemplazo que mantendría constante la población.  

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Important Member Notice for Bylaws Amendment: Ensuring Membership Approval of Removal of Standing Committees

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In accordance with the Society of Women Engineers Bylaws, Article XIII – AMENDMENT, this proposed bylaws amendment is being presented to the membership. The SWE Board of Directors will vote on these changes following the 45-day notice period. The amendment proposal contains the rationale and pro/con considerations. B2539: Amend SWE Bylaws – Ensuring Membership Approval of...

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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (I)

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Suena a banda de rock o a monstruo de cuento infantil, pero GroKo es el acrónimo de Grosse Koalition (“gran coalición”). Esta expresión, que forma parte del repertorio político coloquial de los ciudadanos alemanes, hace referencia a los gobiernos formados, conjuntamente, por la CDU/CSU y el SPD. La primera GroKo entre cristianodemócratas y socialdemócratas gobernó en los años sesenta del pasado siglo, en la antigua República Federal de Alemania; las tres siguientes, ya en la unificada, durante la “era Merkel”. 

Hacia una quinta GroKo –liderada por los cristianodemócratas, como las cuatro anteriores– se encaminan las negociaciones que mantienen los dirigentes de la CDU/CSU y el SPD desde las elecciones federales del pasado 23 de febrero y cuya primera fase se plasmó en el breve documento que trazó las líneas maestras del “giro económico” (Wirtschaftswende). Tras obtener el respaldo de las dos cámaras del Parlamento alemán a las reformas constitucionales que suspenden condicionadamente el “freno de la deuda”, se crearon 16 grupos de trabajo con miembros de ambas formaciones que elaboraron otros tantos documentos. Buena parte de estos recogen propuestas consensuadas, pero algunos han dejado asuntos abiertos para la siguiente fase de negociación, circunscrita a un grupo integrado por 10 representantes de alto nivel de la CDU/CSU y 9 del SPD.

La discreción impuesta a los negociadores no ha impedido que se filtren desacuerdos, bastante más amables que agrios. Al margen de algunos temas que suscitan particular interés mediático, como los posibles cambios respecto a la producción y el consumo de cannabis o a las generosas subvenciones de las “bombas de calor” eléctricas, las cuestiones más espinosas afectan a la política migratoria y la tributaria.

La disputa migratoria se concreta principalmente en los derechos de los solicitantes de asilo. La CDU/CSU defiende la expulsión, previo informe a los países vecinos, de aquellos refugiados a quienes se les denieguen las solicitudes de asilo, mientras que el SPD reivindica más garantías legales y sociales para quienes buscan protección internacional, coordinando las actuaciones en esta materia con los Estados miembros y la Comisión Europea. En todo caso, los negociadores se declaran “proinmigración regulada”, lo que necesariamente traerá consigo un aumento de la “población con antecedentes inmigrantes” (es decir, aquella nacida con nacionalidad distinta de la alemana o que cuenta con algún progenitor que carece de ella), situada hoy en 24,9 millones (30% de la población residente en Alemania). Esta posición también la defienden las organizaciones empresariales y sindicales para combatir la escasez de trabajadores (sobre todo, en los ámbitos de la ingeniería, la sanidad, la educación y los cuidados), que el Instituto de la Economía Alemana (IW) ha estimado en más de 728.000 hasta 2027. 

En cuestiones tributarias, tanto la CDU/CSU como el SPD se declaran contrarios a aumentar los impuestos, pero mientras los cristianodemócratas proponen descargar fiscalmente a las empresas, los socialdemócratas insisten en medidas selectivas contra los más ricos, como el aumento del tipo impositivo máximo y la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio, suprimido en 1997. 

A medida que se acerca la Pascua, fecha inicialmente prevista para presentar el acuerdo de coalición, se intensifica la presión sobre los negociadores. “Minuciosidad antes que celeridad”, responden ellos, a menudo, recurriendo a una máxima idiosincrásicamente alemana. Sentar las bases de un gobierno de coalición estable, internamente cohesionado y externamente percibido como sólido y consistente lleva su tiempo. Pero la sociedad da signos de creciente impaciencia: la intención de voto a la CDU/CSU ha caído en casi cuatro puntos respecto a los resultados electorales, mientras que, a su derecha, Alternativa para Alemania (AfD) gana apoyos, hasta casi borrar la ventaja de los cristianodemócratas.

Con todo, la presión más organizada y articulada proviene del sector empresarial. El pasado 2 de abril, el mismo día en que Trump anunciaba la nueva política arancelaria de Estados Unidos, 100 asociaciones del mundo de la industria y el comercio firmaron la “Declaración de la economía alemana sobre las negociaciones de coalición”. En ella demandan a los negociadores más “ambición” reformista; en concreto, una reducción de la presión fiscal sobre las empresas (del actual 30% a un máximo de 25%), una reforma de la seguridad social y la simplificación de esos requisitos burocráticos de información y documentación que, según análisis recientes, ocasionan costes estimados en cerca de 150.000 millones de euros anuales, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas, al Mittelstand (que estaría dedicando alrededor del 20% de su trabajo a satisfacer tales exigencias burocráticas)[1].

Hace algo más de medio siglo, el célebre economista alemán Albert O. Hirschmann distinguió dos tipos de respuestas al deterioro de las condiciones del entorno: la “voz” y la “salida”[2]. Los empresarios alemanes han optado por la primera, señalizando así que, aunque no vean alternativa razonable a la GroKo, también frente a ella van a ejercer su responsabilidad in vigilando.


[1] Informes elaborados por los think tank económicos Ifo e Institut für Mittelstandsforschunghttps://www.ifo.de/pressemitteilung/2024-11-14/buerokratie-deutschland-kostet-jaehrlich-146-milliarden-euro y https://www.ifm-bonn.org/presse/pressemitteilungen/meldung/buerokratiekosten-belasten-kleinere-unternehmen-im-industriellen-mittelstand-erheblich.

[2] Albert O. Hirschmann (1970). Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge (MA): Harvard University Press.

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De lo colectivo a lo personal: la preocupación por la sanidad tras la pandemia

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Durante los peores meses de la pandemia de COVID-19, el sistema sanitario ocupó un lugar central en las conversaciones cotidianas, las noticias y las decisiones políticas. En aquellos difíciles meses, la sociedad pudo valorar con especial claridad la necesidad de contar con una sanidad eficiente, accesible y capaz de responder a emergencias colectivas. También la población española demostró entonces una notable confianza en el sistema sanitario: según datos de la Encuesta Funcas sobre el Coronavirus, en la semana previa a la declaración del estado de alarma alrededor de ocho de cada diez entrevistados aseguraban que la sanidad española estaba mejor o igual preparada que la de otros países del entorno para hacer frente a la crisis. Tras cinco años, cabe preguntarse si las circunstancias excepcionales que se vivieron entonces han dejado alguna huella en la preocupación por la sanidad y la valoración que la sociedad española hace ella.

Los datos de opinión pública apuntan a que, para una parte importante de la población, la sanidad sigue siendo un asunto prioritario. Que los ciudadanos perciben el sistema sanitario como una cuestión que les afecta directamente se hace evidente al comparar sus respuestas sobre los principales problemas del país con las referidas a los que les afectan personalmente. En marzo de 2025, un 12% de los españoles entrevistados por el CIS señalan espontáneamente la sanidad como uno de los tres principales problemas de España (gráfico 1). Sin embargo, preguntados por los problemas sociales que les afectan de forma personal, la cifra correspondiente asciende al 21%. Se trata, de hecho, del tercer problema personal más citado, solo por detrás de los problemas de índole económica (31%) y la vivienda (22%).

La evolución de este indicador ofrece algunas pistas sobre los potenciales efectos a largo plazo de la pandemia en la percepción social del sistema sanitario. En 2019, el 15% de los entrevistados mencionaban la sanidad como uno de los tres principales problemas de España, una cifra muy cercana al 16% de entrevistados que la citaban entre los problemas que les afectaban personalmente (gráfico 1). La cercanía entre las dos cifras se mantuvo hasta el primer trimestre de 2022, incluso cuando a mediados de 2021 los dos indicadores aumentaron notablemente, reflejando una creciente centralidad de la sanidad entre las preocupaciones colectivas e individuales. Conviene tener en cuenta que entre abril de 2020 y los primeros meses de mayo de 2022 la elevada presencia de menciones al coronavirus como principal problema desplazó parcialmente las citas al resto de cuestiones, incluida la sanidad.


A partir de mediados de 2022, las menciones a la sanidad como uno de los tres principales problemas del país comenzaron a descender, mientras que las que lo identifican como un problema personal se mantuvieron más estables y en niveles relativamente altos durante ese año, lo que condujo a una separación de las series. De hecho, aunque también experimentaron cierto descenso a partir de 2023, en marzo de 2025 aún más del 20% de los entrevistados señala la sanidad como uno de los problemas sociales que les afecta personalmente, una cifra muy superior a la media del 16% de 2019. Esta divergencia entre la evolución de las dos series —problemas del país y problemas personales— sugiere que la experiencia cotidiana con el sistema sanitario sigue siendo una fuente importante de preocupación individual.

En todo caso, se observan diferencias significativas según algunas variables sociodemográficas (gráfico 2). En marzo de 2025 las mujeres mencionan la sanidad con mayor frecuencia que los hombres: un 26% frente a un 16%, lo que apunta a una percepción más intensa de los problemas vinculados al cuidado y la atención médica. También se identifica un patrón claro según la edad: las personas entre 45 y 64 años, que suelen estar implicadas simultáneamente en el cuidado de generaciones mayores y en el seguimiento de su propia salud, son quienes con mayor frecuencia mencionan la sanidad como un problema que les afecta, incluso más que quienes ya han superado la edad de jubilación. En cuanto a la autoubicación ideológica, la preocupación por la sanidad es mayor entre quienes se sitúan en la izquierda y el centro del espectro político.


Ahora bien, si la preocupación personal por la sanidad se ha mantenido alta, el cambio más acusado se observa en la valoración del sistema sanitario público. Según los datos de las encuestas de Opinión Pública y Política Fiscal, entre 2020 y 2024 el porcentaje de personas que se declaraban muy o bastante satisfechas con la asistencia sanitaria pública disminuyó del 67% al 46%, siendo la caída más pronunciada de los distintos servicios públicos evaluados (gráfico 3). Al mismo tiempo, los datos de la encuesta del CIS sobre Actitudes hacia el Estado de Bienestar de noviembre de 2024 revelan que una mayoría abrumadora de la población cree que la sanidad debería recibir más recuros. Es, de hecho, el servicio público para el que más ciudadanos opinan así, un 93%, frente al 83% que lo declara sobre la educación, o el 73% en el caso de las pensiones (gráfico 4). 


En definitiva, aunque la pandemia haya quedado atrás, no lo ha hecho la preocupación por la sanidad. Lo que antes podía percibirse como un problema general del país, ahora se experimenta más frecuentemente como una cuestión que afecta de forma directa a las personas. Las consecuencias de la crisis sanitaria pueden haberse plasmado en la manera en que la ciudadanía valora —y también cuestiona— el sistema sanitario, así como en sus expectativas de que se le dedique un mayor esfuerzo. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, conviene recordar que el funcionamiento del sistema sanitario tiene implicaciones directas en el bienestar social y que hoy, más que antes, muchas personas son plenamente conscientes de cómo sus vidas están directamente condicionadas por el estado y la capacidad del sistema. 

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La guerra comercial vista desde España

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Las medidas arancelarias decretadas por la Casa Blanca en el autoproclamado día de la “liberación” marcan un antes y un después para el orden económico mundial. EE. UU., principal artífice del sistema multilateral institucionalizado tras la segunda guerra mundial, ha operado un giro estratégico hacia el aislacionismo con consecuencias relevantes para nuestra economía. 

Un análisis superficial (y engañoso) apuntaría a un impacto limitado: las exportaciones hacia EE UU rondan el 1,1% del PIB, de modo que la aplicación de un arancel del 20% solo provocaría una leve desaceleración de una economía española hasta ahora boyante. El paralelismo con los aranceles impuestos al sector agrícola español en 2018 durante el primer mandato de Trump avalaría esta visión optimista: entonces las ventas en EE. UU. cayeron, sin desaparecer, y en un par de años se compensaron con el acceso a nuevos mercados, conforme al llamado efecto desvío. 

En esta ocasión las cosas son más complicadas. En primer lugar, porque muchas empresas no exportan directamente a EE. UU., pero sí aportan suministros a la industria exportadora europea, caso, por ejemplo, del sector de componentes del automóvil. Por tanto, el impacto de las restricciones comerciales es mayor de lo que aparece a primera vista. 


Ampliando el foco un poco más, el efecto desvío que amortiguó el alza de aranceles de 2018 depende de que otros mercados estén en condiciones de absorber rápidamente las pérdidas de ventas realizadas en EE. UU. Pero esto no será fácil ya que la guerra arancelaria iniciada por Washington es global. Y, tras un periodo de negociación –que en el caso de los aranceles recíprocos se cierra el miércoles, con pocos visos de alterar el aislacionismo–, cada país va a anunciar represalias, ahondando en la guerra comercial.  

De manera general, parece que la incertidumbre forma parte del arsenal político del presidente republicano, probablemente con el objetivo de atraer inversión o repatriar industrias. Nada de esto se está produciendo, a tenor del desplome de la confianza, que apunta a un parón de la primera potencia mundial y un repunte de los precios como consecuencia de la escalada tarifaria. Lejos de celebrar el día de la liberación, las bolsas acumulan los números rojos. 

La historia económica muestra que cuando EE. UU. se enfría, el resto del mundo estornuda, ante la rapidez con que los capitales se mueven a través del planeta. Las incertidumbres transatlánticas pesarán en nuestra inversión empresarial, la variable más sensible a los cambios de percepción. Recordemos que la inversión en bienes de equipo guarda una relación estrecha con las exportaciones. En todo caso, no es buena señal que el miedo se apodere de los mercados, con una huida hacia activos seguros como el oro, el franco suizo o los bonos públicos

Pese a todo, Washington no retrocede en su empeño proteccionista. Para compensar las presiones recesivas que se vislumbran, el ejecutivo podría adelantar los recortes de impuestos prometidos en campaña. No podrá financiarlos reduciendo el gasto, ya que el plan Doge de Elon Musk ha generado mucho descontento social y poco ahorro. La recaudación procedente de las tarifas aduaneras aportará recursos, pero no será suficiente, de modo que el déficit está abocado a dispararse. El descenso del rendimiento del bono norteamericano es un fenómeno puntual que se revertirá a medida que la política fiscal se vaya configurando. 

Europa no ha desvelado todavía sus represalias, dando una última oportunidad a la negociación. Entre tanto, urge buscar nuevos socios comerciales o pactos de no agresión, a semejanza del que acaban de sellar China, Japón y Corea del sur. Además, tanto en España como en el resto de Europa, se espera un shock saludable de integración y de inversión cuyos efectos, sin embargo, tardarán en materializarse. En lo inmediato, la coyuntura se moverá con al compás del vaivén proteccionista. 

AYUDAS | El plan de ayudas a los sectores más afectados por las medidas arancelarias se inspira de la experiencia exitosa de la pandemia y añade un incentivo para la búsqueda de nuevos mercados. Más del 10% de las exportaciones totales de equipos generadores de fuerza, grasas y aceites, buques, vino y ciertos productos químicos se destinan a dicho mercado. Sin embargo, el impacto de las tensiones comerciales desborda el sector exterior, pudiendo incrementar la incertidumbre y perjudicar la inversión, y las industrias de bienes de equipo y de componentes del automóvil. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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