Drawing on national statistics, academic literature, and findings from SWE’s ALWE retrospective longitudinal study, we shed light on how leadership development can bridge persistent gaps in higher education leadership.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un paso importante en la modernización de sus sistemas de control al publicar en el Boletín Oficial la Resolución General 5824/2026, que retoca en profundidad el régimen de emisión de comprobantes previsto en la Resolución General 1.415. La norma se encuadra en un proceso más amplio de digitalización y simplificación de las declaraciones del Impuesto a las Ganancias y del IVA.
Con esta reforma, el organismo pretende aligerar la carga administrativa de empresas y contribuyentes, pero al mismo tiempo reforzar la trazabilidad de las operaciones y la calidad de la información que llega a sus bases de datos. La clave está en que una serie de sectores que venían utilizando documentos meramente operativos deberán pasar a emitir comprobantes electrónicos con validez fiscal plena.
Nace el comprobante de liquidación electrónica mensual
Una de las novedades más relevantes es la creación de los “comprobantes de liquidación electrónica mensual”, que se incorporan formalmente al régimen general de facturación como una herramienta pensada para actividades con gran volumen de operaciones. Este instrumento está diseñado para simplificar la gestión sin perder detalle ante la Administración.
Los sujetos alcanzados tendrán la posibilidad de elegir entre facturar cada operación por separado o agrupar todas las transacciones de un mismo mes en un único comprobante electrónico por cliente, prestatario o locatario. Se trata de un cambio especialmente útil para entidades que manejan miles de movimientos mensuales y para las que la facturación unidad por unidad resulta poco práctica.
La resolución establece que estos comprobantes mensuales deberán emitirse como fecha tope el último día de cada mes calendario. Una vez generados, el emisor tendrá un plazo máximo de diez días corridos para ponerlos a disposición de sus destinatarios, normalmente por medios electrónicos.
Hasta ahora, buena parte de las operaciones de estos sectores se documentaban con resúmenes, liquidaciones, pólizas, extractos u otros instrumentos que no cumplían con todos los requisitos formales de un comprobante fiscal autorizado por ARCA. Las operaciones se declaraban igualmente en Ganancias e IVA, pero quedaban fuera del circuito estándar de facturación electrónica.
Con la nueva figura de la liquidación electrónica mensual, esas transacciones pasan a integrarse plenamente en el sistema de comprobantes fiscales, ampliando la información disponible para el organismo recaudador y homogeneizando el tratamiento de actividades que hasta ahora tenían un régimen más laxo.
Quiénes están obligados a utilizar el nuevo esquema
La Resolución General 5824/2026 identifica de forma expresa los sectores que podrán —y, en la práctica, deberán— adaptarse a este mecanismo. Se trata de un grupo de actividades clave en la economía, caracterizadas por un alto volumen transaccional y una fuerte presencia en servicios al público.
Entre los sujetos alcanzados se encuentran, en primer lugar, las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526. Es decir, bancos y otras entidades reguladas, que hasta ahora emitían resúmenes por cargos bancarios, intereses, servicios de cajas de seguridad y otros conceptos que no siempre se reflejaban mediante comprobantes fiscales formales.
También se incluyen las compañías de seguros reguladas por la Ley 20.091, con determinadas excepciones puntuales ya previstas en normas anteriores. En este ámbito, las primas que se cobraban mediante pólizas o liquidaciones internas deberán ahora estar amparadas por comprobantes electrónicos autorizados por ARCA.
Otro bloque relevante está formado por las emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, compra, prepagas y otros medios de pago, así como las operaciones de pago por transferencias reguladas por la Comunicación “A” 7.153 del Banco Central. Las comisiones y otros cargos que antes se reflejaban solo en extractos deberán integrarse al sistema formal de facturación.
La lista se completa con instituciones educativas de gestión privada encuadradas en la Ley 26.206 y con entidades de medicina prepaga alcanzadas por la Ley 26.682, siempre que estén constituidas como asociaciones, fundaciones o entidades civiles según el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Colegios, centros educativos privados y empresas de salud prepaga que emitían documentación interna o recibos simples tendrán que adaptarse al nuevo estándar.
Reducción de excepciones y mayor exigencia en la identificación
Además de crear el nuevo tipo de comprobante, la norma recorta el elenco de sujetos exceptuados de la obligación de emitir facturas. Para ello, modifica el Anexo I de la Resolución General 1.415, eliminando varios incisos que contemplaban dispensas para determinados tipos de operaciones o entidades.
Uno de los ejes de la reforma pasa por endurecer los requisitos de identificación en los comprobantes dirigidos a consumidores finales. A partir de ahora, será obligatorio consignar la leyenda “A CONSUMIDOR FINAL” en todas las facturas o documentos equivalentes emitidos en este tipo de operaciones, reforzando la claridad sobre el rol del adquirente.
Cuando el importe de la operación sea igual o superior a 10.000.000 de pesos, el emisor deberá consignar, además, el dato identificatorio del comprador: DNI, CUIL o CDI en el caso de residentes, o documento de identidad o pasaporte para extranjeros. La intención es evitar grandes operaciones anónimas sin respaldo identificatorio preciso.
Incluso por debajo de ese umbral de importe, ARCA habilita al emisor a exigir el CUIT del adquirente si este necesita computar la erogación como deducción en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. En esos casos, la identificación del contribuyente pasa a ser obligatoria para dar sustento fiscal al gasto.
De este modo, la resolución refuerza el vínculo entre la documentación respaldatoria y las deducciones impositivas, buscando cerrar huecos en los que podían colarse compras relevantes sin un correlato claro en la información fiscal disponible para el organismo.
Puntos de venta, domicilios y relación con las actividades declaradas
Otro bloque importante de cambios se concentra en los puntos de emisión de comprobantes y su registro ante ARCA. La resolución sustituye el artículo 47 de la Resolución General 1.415 y actualiza las obligaciones de información relacionadas con cada lugar o sistema habilitado para facturar.
Los contribuyentes deberán comunicar a ARCA el código identificatorio de cada punto de venta al iniciar actividades, al habilitar nuevos locales, sucursales, terminales o sistemas de facturación, y también cuando se produzcan cierres o bajas. En caso de cese de un punto de emisión, la baja tendrá que informarse dentro de los cinco días hábiles.
Una vez registrado el cierre de un punto de venta, la numeración asociada no podrá reutilizarse. Esta medida persigue un mayor orden en la secuencia de comprobantes y dificulta la aparición de huecos numéricos o reutilizaciones que puedan generar dudas en una eventual fiscalización.
A partir del 1 de julio de 2026, ARCA habilitará la vinculación de cada punto de venta con las actividades económicas declaradas en el “Sistema Registral”. Esta asociación permitirá conocer con mayor precisión qué tipo de actividad se realiza en cada local u oficina y qué comprobantes se emiten desde allí.
El trámite de alta, modificación o baja de puntos de venta y su vinculación con actividades se realizará mediante el servicio “Administración de Puntos de Venta y Domicilios”, accesible con Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior, conforme a la Resolución General 5.048. Se trata de un entorno ya conocido por los contribuyentes, pero al que ahora se le suma esta funcionalidad de enlace con la facturación.
Vigencia, plazos y período de adaptación
La resolución de ARCA entró formalmente en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, lo que marca el inicio de un período de adaptación normativa y técnica para los sectores involucrados. Sin embargo, la aplicación plena de algunas de las nuevas obligaciones se ha escalonado en el tiempo.
En particular, la obligación de emitir comprobantes electrónicos —ya sea individuales o bajo la modalidad de liquidación mensual— para las operaciones incluidas en la norma será exigible para las transacciones concertadas a partir del 1 de julio de 2026. Hasta entonces, las entidades disponen de un margen para ajustar sus sistemas internos.
Algo similar ocurre con la posibilidad de vincular los puntos de venta con las actividades económicas en el “Sistema Registral”, que también se habilitará desde esa misma fecha. ARCA busca así coordinar la actualización del mapa de actividades con la entrada en juego de los nuevos requisitos de facturación.
Expertos tributarios señalan que 2026 funcionará como un año de transición tecnológica para las empresas alcanzadas, obligadas a revisar procesos internos, software de facturación, integración con bancos y proveedores de medios de pago, así como la comunicación con sus clientes.
De cara a ejercicios posteriores, el organismo recaudador contará con información transaccional mucho más detallada y estandarizada, lo que facilitará el cruce de datos, el diseño de regímenes simplificados de declaración y el control de inconsistencias entre lo facturado y lo declarado en impuestos como Ganancias e IVA.
En conjunto, los cambios introducidos por la Resolución General 5824 de ARCA reconfiguran el régimen de emisión de comprobantes para sectores clave como bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas, colegios privados y empresas de medicina prepaga, que pasan de esquemas documentales internos a comprobantes electrónicos plenamente reconocidos por la Administración. Aunque la adaptación exigirá inversiones y ajustes operativos, el nuevo marco apunta a una mayor formalidad, a una mejor trazabilidad de las operaciones y a un control fiscal más afinado, en línea con la tendencia hacia la digitalización de los sistemas tributarios en la región.
El consejo de administración de BBVA ha dado luz verde al pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción, que se abonará a los accionistas el próximo 10 de abril. Con esta decisión, la entidad culmina la política de remuneración correspondiente a los resultados del ejercicio 2025, reforzando su compromiso de reparto de beneficios con los propietarios del banco.
Este dividendo ya se había adelantado durante la presentación de resultados anuales, pero faltaba la aprobación formal del órgano de gobierno y la concreción del calendario de dividendos. La comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) despeja esas dudas y fija de manera definitiva las fechas clave para quienes quieran beneficiarse de esta retribución en efectivo.
Importe del dividendo y retención fiscal aplicable
El dividendo complementario acordado asciende a 0,60 euros brutos por cada acción de BBVA, a cargo de las ganancias generadas en 2025. Sobre esa cifra bruta se aplicará la retención fiscal vigente en España, actualmente del 19% (ver cómo funcionan los dividendos), lo que se traducirá en un importe neto de 0,486 euros por título para los accionistas residentes sujetos a dicha retención.
En términos agregados, este pago supone un desembolso aproximado de 3.405 millones de euros por parte de la entidad, de acuerdo con el número de acciones en circulación. Se trata de una de las mayores retribuciones en efectivo realizadas por el banco, que consolida así una política de dividendo más generosa en un contexto de resultados al alza y de recompra de acciones.
Si se suma este dividendo complementario a la remuneración ya repartida previamente, el banco alcanzará un total de 0,92 euros por acción en el conjunto del año. Esta cifra representa un incremento de aproximadamente el 31% respecto al ejercicio anterior, situando el retorno al accionista en niveles máximos históricos dentro de la entidad.
Desde el punto de vista del inversor minorista, este aumento del dividendo ordinario se enmarca en una etapa en la que la rentabilidad por dividendo del sector bancario ha ganado relevancia como atractivo frente a otras alternativas de inversión, especialmente en España y el resto de Europa.
Fechas clave: last trading date, ex-dividend y record date
Para poder cobrar este dividendo, es fundamental prestar atención al calendario fijado por la entidad y comunicado a la CNMV y a los mercados. El último día en el que las acciones de BBVA cotizarán con derecho a percibir el dividendo será el 7 de abril, conocido como last trading date.
A partir del 8 de abril, los títulos comenzarán a negociarse en bolsa como acciones ‘ex dividendo’, lo que significa que quienes los adquieran desde esa fecha en adelante ya no tendrán derecho a recibir el pago de 0,60 euros por acción correspondiente a este reparto. Este punto suele ser relevante para los inversores que realizan operaciones a corto plazo alrededor de las fechas de dividendo.
El día 9 de abril se establece como record date o fecha de registro. En esa jornada, se determinará oficialmente qué accionistas figuran en los registros de la entidad depositaria y, por tanto, quiénes tienen derecho a recibir la retribución. Es una fecha meramente administrativa, pero clave a efectos de identificación de los beneficiarios.
Finalmente, el 10 de abril será la fecha efectiva de pago. Ese día, siguiendo las disposiciones aplicables a las entidades depositarias en España y utilizando los sistemas que Iberclear pone a su disposición, se abonará el importe correspondiente en las cuentas de los accionistas con las entidades financieras donde tengan depositados sus títulos.
Mecanismo de pago y papel de Iberclear
La distribución del dividendo se llevará a cabo a través de Iberclear, la entidad encargada de la compensación y liquidación de valores en el mercado español. Este organismo pone a disposición de los bancos y sociedades depositarias las infraestructuras necesarias para que el pago se ejecute de forma automática y coordinada.
En la práctica, el accionista no tiene que realizar ninguna gestión adicional: el abono del dividendo se realiza de manera directa en la cuenta de valores o cuenta corriente asociada a sus acciones, una vez aplicadas las retenciones fiscales que correspondan en cada caso. El proceso suele completarse en la misma jornada fijada como fecha de pago.
Desde el punto de vista regulatorio, todo el calendario —last trading date, ex-dividend date, record date y fecha de pago— se ajusta a los estándares habituales en los mercados europeos, facilitando la coordinación entre BBVA, la CNMV, Iberclear y las entidades financieras que actúan como intermediarias.
Este esquema reduce posibles incidencias operativas y ofrece mayor seguridad jurídica y operativa tanto para el banco como para sus accionistas, especialmente para los inversores institucionales y para los fondos de inversión que necesitan certidumbre sobre el momento exacto de cobro para su propia gestión de tesorería.
Política de remuneración al accionista y perspectivas
El dividendo que se pagará en abril se enmarca dentro de una estrategia global de retribución al accionista. La entidad comunicó en su día al mercado que prevé obtener en el periodo 2025-2028 un beneficio acumulado cercano a los 48.000 millones de euros, del que aproximadamente 36.000 millones se destinarían a remunerar a los propietarios del banco.
De ese importe total previsto para remuneración, alrededor de 6.000 millones de euros se vinculan al dividendo ordinario con cargo a los resultados de esos ejercicios, mientras que cerca de 7.000 millones se repartirían como remuneración extraordinaria ligada al exceso de capital acumulado. Este enfoque combina una retribución recurrente vía dividendo con mecanismos adicionales como recompras de acciones para optimizar la estructura de capital.
En el ejercicio anterior ya se ejecutó un dividendo a cuenta de 0,32 euros por acción —considerado un pago adelantado de carácter récord—, abonado el 7 de noviembre, por un total aproximado de 1.844 millones de euros. A ello se sumó una recompra de acciones cercana a los 993 millones de euros con cargo a los resultados de 2024, completada en diciembre, que también supuso una mejora de la retribución total al accionista.
Con la incorporación del dividendo complementario que ahora se concreta, el montante total repartido en el año por la vía ordinaria asciende a los mencionados 0,92 euros por acción, consolidando una senda de crecimiento en la remuneración que refleja el buen tono de los resultados y la solvencia de la entidad en el contexto financiero europeo.
Para los inversores, esta combinación de pagos en efectivo y operaciones de recompra sitúa a BBVA como uno de los bancos con política de retorno más activa dentro del mercado español, si bien la decisión de entrar o mantener la inversión dependerá siempre del perfil de riesgo de cada ahorrador y de su estrategia a largo plazo.
Impacto para el accionista y contexto de mercado
Más allá de las cifras concretas, el anuncio del dividendo de 0,60 euros por acción y su pago en abril tiene un impacto relevante en la forma en que el mercado valora el título de BBVA. En los días previos a la fecha ex-dividendo, es habitual que el volumen de negociación se vea afectado por la actuación de inversores que buscan capturar el dividendo o ajustar sus posiciones.
Una vez llega el 8 de abril y la acción pasa a cotizar ex-dividendo, lo más frecuente es que el precio del título refleje la salida del importe del dividendo del valor de mercado, aunque la reacción concreta dependerá también de otros factores, como la evolución general de las bolsas europeas, la situación de los tipos de interés y las perspectivas económicas.
Desde un punto de vista financiero, la rentabilidad por dividendo que ofrece esta remuneración —considerando el total de 0,92 euros por acción en el año— puede resultar atractiva si se compara con otras alternativas conservadoras de ahorro. No obstante, la inversión en renta variable conlleva siempre riesgos asociados a la volatilidad, por lo que conviene analizar la posición global del banco, sus resultados y las perspectivas del sector bancario.
En el contexto europeo, el anuncio de BBVA se alinea con una tendencia general de refuerzo de la retribución al accionista en la gran banca, una vez superadas las restricciones al pago de dividendos que se aplicaron años atrás por motivos regulatorios y de estabilidad financiera. Este entorno ha devuelto atractivo al sector para determinados perfiles de inversor que buscan ingresos periódicos.
Con la fecha de cobro fijada y el calendario perfectamente definido, los accionistas disponen de toda la información necesaria para decidir si mantener, incrementar o reducir su exposición al valor, sabiendo que el 10 de abril se materializará el abono en efectivo del dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción y que este forma parte de una estrategia de remuneración amplia y continuista por parte de BBVA.
La madrugada de este jueves ha puesto a prueba la fortaleza digital del Grupo Godó. Varias de sus cabeceras más conocidas amanecieron con problemas de acceso, dejando a los usuarios sin posibilidad de consultar, con normalidad, los contenidos de referencia de uno de los grupos de comunicación más influyentes en España.
Las páginas web de La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105 estuvieron fuera de juego durante algo más de una hora debido a un ciberataque contra la infraestructura del grupo. Aunque el servicio ya se ha restablecido y la compañía asegura que no ha habido fuga de datos, el episodio vuelve a evidenciar lo delicado que resulta, hoy en día, que un medio digital se quede “apagado” aunque solo sea durante sesenta minutos.
Qué ha ocurrido exactamente en el ciberataque al Grupo Godó
Según ha comunicado el propio grupo, el incidente comenzó poco después de las seis de la mañana de este jueves. De forma prácticamente simultánea, las webs de sus principales cabeceras dejaron de responder con normalidad, provocando errores de carga y, en algunos casos, la imposibilidad total de acceder a las páginas.
El problema no fue un simple fallo técnico aislado en un servidor: el Grupo Godó atribuye el suceso a un ciberataque cuyo origen se ha localizado en infraestructura de centros de datos situados en Alemania. Esta simultaneidad en la caída de varios portales y la procedencia del tráfico malicioso activaron de inmediato las alertas internas de la compañía.
La compañía ha confirmado que el ataque se inició alrededor de las 6:08 horas y afectó directamente a la disponibilidad de los contenidos digitales. Durante ese intervalo, los usuarios se encontraron con páginas que tardaban mucho en cargar, errores intermitentes y, en algunos momentos, con la imposibilidad completa de acceder a las versiones digitales de La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105.
Tras la detección del ataque, los equipos técnicos actuaron desde primera hora para aplicar las medidas de contención y activar los protocolos internos de ciberseguridad. Gracias a esta respuesta, el servicio fue volviendo progresivamente a la normalidad y quedó plenamente restablecido entre las 7:30 y las 7:40 horas, según las distintas comunicaciones internas y externas del grupo.
Un ataque DDoS: saturación masiva, pero sin robo de datos
El Grupo Godó ha detallado que se trata de un ciberataque de denegación de servicio, conocido como DDoS (Distributed Denial of Service). Este tipo de ofensiva consiste en bombardear los servidores de un servicio digital con tráfico masivo procedente de múltiples orígenes para saturarlos y dejar sin capacidad de respuesta las páginas web afectadas.
En este caso, el incidente se ha limitado a la saturación temporal de los sistemas. Es decir, no se ha tratado de una intrusión para manipular contenidos ni de un robo de información, sino de una sobrecarga deliberada que ha ralentizado o bloqueado el acceso a las webs durante un periodo concreto de tiempo.
La compañía ha insistido en que, tras el análisis técnico llevado a cabo una vez neutralizado el ataque, no se ha detectado ningún acceso indebido a datos personales ni de usuarios ni de suscriptores. El impacto se ha centrado exclusivamente en la disponibilidad del servicio y en la experiencia de navegación, sin comprometer la integridad de las bases de datos.
Este tipo de ataques, aunque no dejan rastro en forma de filtraciones masivas, son especialmente molestos porque su objetivo es tumbar la operativa normal de un servicio digital. En el caso de un medio de comunicación, esto significa dejar temporalmente sin información en tiempo real a centenares de miles de lectores y oyentes que acuden a sus portales para informarse a primera hora del día.
Cómo reaccionó el Grupo Godó ante el incidente
Desde el primer momento, los equipos de sistemas y ciberseguridad del grupo se pusieron manos a la obra para contener el tráfico malicioso y filtrar las conexiones procedentes de los orígenes identificados. La prioridad era recuperar la disponibilidad lo antes posible sin poner en riesgo la estabilidad del conjunto de la infraestructura.
Se activaron los protocolos internos de ciberseguridad, que incluyen monitorización intensiva en tiempo real, ajustes en las capacidades de respuesta de los servidores y coordinación con proveedores externos de servicios de red. Esta reacción rápida permitió que el servicio se normalizara en aproximadamente una hora y media desde el inicio del ataque.
Una vez mitigada la ofensiva, se inició un análisis técnico más detallado para identificar el patrón de tráfico, revisar posibles vectores de entrada adicionales y ajustar las medidas de protección para prevenir incidentes similares en el futuro. El grupo ha señalado que mantiene activos sus sistemas de vigilancia y análisis con el fin de anticipar y bloquear nuevos intentos.
En sus comunicados, la compañía ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a su base de audiencia y a los suscriptores, remarcando que los servicios se han restablecido por completo y que la seguridad de la información confidencial se mantiene intacta. Aun así, en las horas posteriores al ataque no se descartaba que algunas funcionalidades pudieran generar errores puntuales de navegación mientras se estabilizaban todos los sistemas.
Impacto para lectores, anunciantes y reputación del medio
Más allá del aspecto puramente técnico, un ciberataque de estas características tiene efectos directos en la audiencia. En la franja de primera hora de la mañana, muchos usuarios entran a los portales de noticias para ponerse al día antes de comenzar su jornada laboral. Si la web no carga a la primera, o lo hace de forma irregular, no es raro que el lector acabe consultando otro medio y posponga o incluso descarte volver en las siguientes horas.
Desde el punto de vista económico, una hora de caída o de servicio degradado también implica espacios publicitarios que no se muestran, campañas que pierden impresiones y, en general, una reducción temporal de ingresos asociados al tráfico digital. En un mercado donde cada visita y cada impresión cuentan, una interrupción de este tipo se traduce en pérdidas, aunque no siempre se cuantifiquen de inmediato.
A nivel reputacional, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad percibida de los grandes medios en el entorno digital. Para parte del público, que un grupo de comunicación de primer nivel tenga sus portadas caídas durante una hora puede interpretarse como un síntoma de debilidad tecnológica o de insuficiente protección frente a la ciberdelincuencia.
Sin embargo, los expertos en seguridad suelen recordar que ningún sistema es infalible y que la clave está en la capacidad de respuesta y recuperación. En este caso, el Grupo Godó ha logrado restablecer la normalidad en un plazo relativamente breve y ha comunicado que el alcance del incidente se ha circunscrito a la disponibilidad, sin comprometer datos sensibles.
Un problema cada vez más habitual en España y Europa
El caso del Grupo Godó se suma a una larga lista de incidentes de ciberseguridad que se han producido en España y en el conjunto de Europa en los últimos años. No se trata de una anomalía, sino de un fenómeno que se ha convertido en parte del día a día de empresas, administraciones públicas y organizaciones de todo tipo.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó recientemente de que en 2025 gestionó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad. Esta cifra incluye ataques a empresas, ciudadanos, infraestructuras críticas y servicios esenciales, y refleja hasta qué punto la amenaza digital se ha normalizado en el tejido económico y social español.
En el ámbito europeo, distintos organismos han alertado de un aumento sostenido de campañas DDoS, ataques de ransomware y otras formas de ciberdelincuencia dirigidas tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. La motivación de estos ataques es variada: desde el mero afán de causar daño reputacional o colapsar servicios, hasta intereses económicos o, en algunos casos, objetivos políticos.
Los medios de comunicación se han configurado como un objetivo especialmente sensible. No solo gestionan grandes volúmenes de tráfico a diario, sino que desempeñan un papel central en la formación de la opinión pública. Paralizar temporalmente la web de un periódico nacional o de una cadena de radio no solo tiene efectos internos, sino que genera un impacto simbólico visible para millones de ciudadanos.
Por qué la infraestructura técnica es tan crítica como la redacción
Durante años, buena parte del debate en torno a la prensa se ha centrado en la transformación editorial: nuevas narrativas, adaptación a las redes sociales, formatos audiovisuales, boletines, pódcast… Sin embargo, casos como el ciberataque al Grupo Godó recuerdan que la tecnología de base es tan determinante como el mejor titular.
La infraestructura digital de un medio —servidores, redes de distribución de contenidos, sistemas de seguridad, monitorización y respuesta ante incidentes— se ha convertido en una parte esencial del propio modelo de negocio. Cuando esa infraestructura se tambalea, aunque sea solo durante una hora, el medio se queda literalmente sin escaparate.
En un entorno en el que la competencia por la atención del usuario es feroz, la disponibilidad permanente se ha vuelto un requisito. Los lectores dan por hecho que podrán consultar las noticias en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y sin esperas. Cualquier corte rompe esa expectativa y erosiona, aunque sea levemente, la confianza construida durante años.
La paradoja es evidente: nunca se ha producido tanta información ni se ha consumido tan rápido, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan sencillo interrumpir ese flujo con un ataque bien dirigido. Un conjunto de servidores saturados durante sesenta minutos puede provocar, en la práctica, el cierre temporal de la “puerta principal” de un gran diario en pleno horario de máxima audiencia.
Lecciones que deja el ataque para el sector mediático
Lo ocurrido con las webs de La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105 actúa como aviso para todo el sector de los medios en España y en Europa. Aunque en este caso el incidente se haya resuelto relativamente rápido y sin mayores consecuencias, las lecciones que deja van mucho más allá de una simple nota técnica.
La primera es que la resiliencia digital ya no es opcional. Refuerzos en capacidad de red, soluciones específicas de mitigación DDoS, copias de respaldo, planes de continuidad de negocio y pruebas periódicas de estrés son elementos que cada vez pesan más en las inversiones de los grupos de comunicación.
La segunda tiene que ver con la gestión de la transparencia tras el incidente. Explicar qué ha pasado, qué se ha visto afectado y qué medidas se han tomado resulta clave para mantener la confianza de los lectores, oyentes, anunciantes y suscriptores. Un silencio prolongado o la falta de detalles puede alimentar especulaciones sobre fallos de seguridad más graves.
La tercera lección está ligada a la . Aunque en un ataque DDoS el foco está en la infraestructura, la preparación de todos los equipos —desde redacción hasta atención al cliente— es importante para gestionar las incidencias, comunicar con calma y evitar decisiones precipitadas que puedan agravar la situación.
Por último, el caso recuerda que la colaboración con organismos especializados, como el INCIBE en España o las agencias europeas de ciberseguridad, se ha vuelto un apoyo relevante para intercambiar información, recomendaciones y buenas prácticas frente a amenazas que, en muchos casos, son de alcance transnacional.
El episodio vivido por el Grupo Godó ilustra cómo un ataque de denegación de servicio, localizado en el tiempo y sin filtraciones de datos, puede poner contra las cuerdas durante una hora a varios de los medios más leídos y escuchados del país. La rápida recuperación y la ausencia de daños mayores no esconden el fondo de la cuestión: en un ecosistema informativo que depende por completo de estar siempre disponible, cada caída sirve de recordatorio de lo vulnerable que sigue siendo la infraestructura digital y de la urgencia de seguir reforzando la ciberseguridad en todo el sector.
As SWE members, engineers and technologists from all walks of life join in a legacy that is 75 years in the making. Each year, SWE recognizes members who have achieved the 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50-year membership milestones.
Madalyn Nguyen’s journey from robotics and SWENext to aerospace and technology internships shows how perseverance, mentorship, and self-belief can open doors in STEM.
El INE publicó la semana pasada los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, cuyos datos de renta se refieren al año 2024. En sus cifras y tendencias se centra el documento de “Análisis social” de Funcas, publicado hoy. Sus cifras confirman una trayectoria favorable y sostenida en los principales indicadores de bienestar material y desigualdad en España. El índice de Gini desciende a 30,8, la tasa de riesgo de pobreza cae al 19,5% (y al 16,3% si tenemos en cuenta el umbral fijo de 2007), las dificultades para llegar a fin de mes se reducen al 20,6% y la carencia material severa, al 7,6%. En varios de estos indicadores se alcanzan los niveles más bajos desde 2007, lo que sugiere que España ha recuperado el terreno perdido durante la Gran Recesión. Es decir, todos los indicadores de bienestar material y de desigualdad han mejorado en el último bienio (gráfico 1), en consonancia con el crecimiento económico.
Sin embargo, esta lectura optimista admite matices relevantes. Por una parte, persisten brechas sustantivas según la edad de los miembros del hogar, con mayores dificultades en hogares con niños, adolescentes y jóvenes. Los hogares con menores de 16 años presentan una tasa de riesgo de pobreza (28,5%) que casi duplica la de los hogares con mayores de 65 años (16,4%). Más revelador aún, mientras en 2013 los hogares con menores multiplicaban la tasa de riesgo de pobreza con umbral fijo por 1,3, en 2024 la multiplican por 1,5, lo que sugiere que el proceso de polarización etaria de los últimos lustros no ha finalizado del todo, apuntando a cambios sustanciales en la estructura de riesgos sociales. Los mayores están protegidos por un sistema de pensiones generoso y estable, y sus rentas no han perdido poder adquisitivo. Sin embargo, las familias con niños dependen, sobre todo, de ingresos laborales que no han crecido al mismo ritmo, al tiempo que soportan una estructura de gasto con mayor peso de los gastos fijos, por lo que han sufrido más intensamente la presión inflacionaria de los últimos años.
Por otra parte, habría que
diferenciar entre los indicadores monetarios y los de capacidad de consumo o
gasto. La evolución positiva resulta especialmente notable en los monetarios,
es decir, los de desigualdad de ingresos y de riesgo de pobreza, que están basados
en los ingresos familiares, que llevan años aumentando, en compás con las tasas
de ocupación. Sin embargo, los indicadores basados en el consumo o el gasto,
los de carencia material, presentan una trayectoria menos favorable. Esta
divergencia responde a dinámicas temporales diferentes: los ingresos corrientes
pueden volver a crecer y recuperarse relativamente pronto con la nueva fase
expansiva del ciclo económico, pero la capacidad de los hogares para
restablecerse tras las crisis u otros momentos de dificultad económica requiere
más tiempo. Necesitan varios años de ingresos estables para recobrar sus
niveles previos de ahorro, saldar deudas o reponer bienes duraderos.
Así, la carencia material severa (7,6%) se sitúa aún por encima del 7,1% de 2014, y su nivel es muy superior a los previos a la Gran Recesión, lo que evidencia que los efectos de la crisis, aún en 2025, no están plenamente superados. A la prolongación de las consecuencias de la crisis se le ha añadido el impacto del shock inflacionario de los últimos años, que ha dañado especialmente la capacidad de bastantes hogares para cubrir necesidades básicas y que explicaría que entre 2020 y 2023 la carencia material aumentase a pesar del crecimiento económico. Particularmente preocupante resulta que más de un tercio de la población (36,4%) declare no poder afrontar gastos imprevistos, indicador que incluso ha empeorado en 2025, revelando la carencia de colchón económico de muchos hogares y su vulnerabilidad ante la irrupción de cualquier shock económico. Por su parte, aunque la incapacidad para mantener la vivienda a temperatura adecuada ha descendido del máximo histórico del 20,7% (2023) al 15,9% (2025), este último dato sigue siendo muy elevado si lo vemos con una perspectiva temporal amplia.
En resumen, el análisis de la ECV
de 2025 confirma que España ha transitado de una fase de deterioro a una de
recuperación gradual en términos de bienestar material. No obstante, esta
recuperación es asimétrica en cuanto a la edad e insuficiente, a la vista de
algunos indicadores, para revertir plenamente los efectos acumulados de las dos
últimas crisis. Para que la mejora estadística se traduzca en una mejora
sustantiva y sostenible de las condiciones de vida de los hogares resulta
imprescindible atajar la persistente pobreza infantil y reducir la fragilidad
financiera de amplios sectores de la población.
El consejo de administración de BBVA ha decidido proponer a Jordi Montalbo Todolí como nuevo consejero independiente en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, un movimiento que encaja en el proceso de renovación periódica del máximo órgano de gobierno del banco. La entidad ha comunicado esta decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), detallando que el nombramiento se someterá a votación junto a otros puntos clave de gobierno corporativo.
La propuesta se produce tras la salida de la consejera independiente Lourdes Máiz, que abandona su puesto después de haber alcanzado el periodo máximo de doce años previsto para mantener dicha condición. Con este relevo, el banco busca reforzar el perfil técnico del consejo en ámbitos como la auditoría, la gestión de riesgos y el negocio asegurador, áreas en las que Montalbo acumula más de tres décadas de experiencia.
Convocatoria de la Junta General de Accionistas
Según la documentación remitida a los supervisores, BBVA celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas previsiblemente el 20 de marzo en segunda convocatoria, tras fijar una primera convocatoria para el día 19. La entidad prevé que sea en esa segunda fecha cuando se reúnan los accionistas para decidir sobre el nombramiento de Montalbo y el resto de asuntos incluidos en el orden del día.
El encuentro tendrá lugar en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a partir de las 12 horas, manteniendo así la tradición de celebrar la cita anual con los accionistas en la capital vizcaína. En esa sesión se someterá a aprobación el nombramiento de Jordi Montalbo como consejero independiente en sustitución de Lourdes Máiz, quien sale del órgano tras agotar el plazo máximo de permanencia como independiente establecido por las recomendaciones de buen gobierno.
La entidad presidida por Carlos Torres Vila ha subrayado que la incorporación de Montalbo pretende aportar un mayor peso técnico al consejo en materias especialmente sensibles para un gran banco europeo: supervisión de riesgos, control interno y evaluación de la calidad de los estados financieros. Esta propuesta se acompaña de varios puntos adicionales vinculados al capital, la política de remuneraciones y la estructura del propio consejo.
Desde el punto de vista del gobierno corporativo, la junta servirá también para revisar la composición del órgano y la continuidad de otros consejeros, asegurando que se cumplen los criterios de diversidad, independencia y experiencia fijados por la normativa bancaria europea y por las recomendaciones de los códigos de buen gobierno.
Quién es Jordi Montalbo: perfil y trayectoria profesional
Jordi Montalbo Todolí (España, 1965) está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y cuenta, además, con una especialización técnica como actuario de seguros en la misma institución. Esta combinación de formación económica y conocimiento actuarial le proporciona una base especialmente útil para la supervisión del negocio financiero y asegurador.
A lo largo de su carrera, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Deloitte, entre 1990 y 2022, una de las grandes firmas internacionales de servicios profesionales. Dentro de esta compañía se especializó en la auditoría de entidades financieras y aseguradoras, lo que le permitió conocer de cerca la estructura de riesgos, la regulación y las buenas prácticas de control interno del sector.
Durante su etapa en Deloitte, Montalbo ocupó puestos de máxima responsabilidad vinculados al negocio asegurador y financiero. Entre otros cargos, fue socio responsable del área de seguros en España, socio de auditoría y seguros para servicios financieros y co-líder de la auditoría del sector seguros en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Estas funciones le situaron al frente de equipos internacionales y de proyectos complejos, obligándole a coordinarse con supervisores y grandes grupos financieros.
Además de su experiencia en la firma de servicios profesionales, ha participado en diferentes programas de formación y desarrollo tanto en España como en el extranjero, reforzando su conocimiento de los estándares internacionales de información financiera y de las exigencias regulatorias aplicables a los bancos europeos. Este perfil, a mitad de camino entre lo técnico y lo estratégico, es el que BBVA quiere incorporar a su consejo.
La entidad destaca que el profundo conocimiento de Montalbo sobre la gestión de riesgos, la auditoría y la regulación financiera encaja con las necesidades actuales del consejo, en un momento en el que los grandes bancos afrontan un entorno de supervisión más exigente, mayores requerimientos de capital y una creciente atención al control de riesgos operacionales y tecnológicos.
Nombramiento condicionado a la supervisión del BCE
Como sucede con todos los consejeros de entidades consideradas de importancia sistémica, el nombramiento de Jordi Montalbo está sujeto a la verificación del Banco Central Europeo (BCE). El supervisor deberá confirmar que el candidato cumple los requisitos de idoneidad exigidos para el desempeño del cargo, tanto en términos de experiencia como de honorabilidad y ausencia de conflictos de interés.
Este proceso de evaluación, conocido en el sector como “fit and proper”, es una condición indispensable para que la designación pueda hacerse efectiva tras la votación de la junta. Solo una vez obtenida la autorización del BCE, el acuerdo adoptado por los accionistas tendrá plena validez y Montalbo podrá incorporarse al consejo con plenas funciones.
La exigencia de esta validación responde a la normativa bancaria europea, que refuerza el papel de los supervisores en el control de quién se sienta en los órganos de gobierno de las grandes entidades. El objetivo es garantizar que los consejeros cuentan con la experiencia, dedicación y conocimientos necesarios para vigilar adecuadamente la estrategia y los riesgos asumidos por el banco.
En este contexto, BBVA considera que el bagaje técnico y la trayectoria internacional de Montalbo aportan un plus de solidez al órgano de gobierno, especialmente en lo relativo a auditoría interna, interpretación de estados financieros complejos y revisión de marcos de control.
La propuesta se enmarca, además, en la renovación gradual de los consejeros independientes, mecanismo habitual en los grandes bancos europeos para evitar una excesiva permanencia en los cargos y fomentar la entrada periódica de nuevos perfiles.
Salida de Lourdes Máiz y renovaciones en el consejo
La incorporación de Jordi Montalbo se produce en sustitución de Lourdes Máiz, que abandona el órgano tras alcanzar doce años como consejera independiente, el límite máximo habitual para este tipo de posiciones según las recomendaciones de buen gobierno. La entidad ha expresado su reconocimiento por la “valiosa contribución” de Máiz durante su etapa en el consejo.
Junto a este relevo, BBVA propondrá la reelección de varios consejeros que actualmente forman parte del órgano. En concreto, la entidad someterá a la junta la continuidad de Sonia Dulá, Raúl Galamba y Ana Revenga como consejeros independientes, así como la reelección de Carlos Salazar como consejero externo. Con ello, el banco busca mantener un equilibrio entre estabilidad y renovación.
Estas propuestas permiten conservar la experiencia acumulada en el consejo en ámbitos como los mercados internacionales, las políticas de desarrollo, la regulación y la gestión empresarial, a la vez que se incorpora un perfil fuertemente especializado en riesgos y auditoría. De esta manera, la composición del órgano intenta cubrir un abanico amplio de competencias.
El enfoque de la entidad responde a los criterios establecidos por la normativa europea de gobierno corporativo, que pone el acento en la diversidad de conocimientos, la independencia y la evaluación periódica de la idoneidad de los consejeros. Mantener un número relevante de consejeros independientes se considera clave para asegurar una supervisión efectiva de la alta dirección.
En conjunto, la entrada de Montalbo y la renovación de varios consejeros apuntan a reforzar la capacidad del órgano para supervisar los riesgos, validar la estrategia y representar los intereses de todos los accionistas, en un momento en el que el sector financiero europeo encara retos de rentabilidad, transformación digital y regulación.
Emisión de CoCos y otras operaciones sobre capital
Más allá de los cambios en el consejo, BBVA aprovechará la junta para solicitar la autorización de una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos). El banco plantea obtener el visto bueno de los accionistas para poder emitir, durante un periodo de hasta cinco años, valores eventualmente convertibles en acciones por un importe máximo agregado de 8.000 millones de euros.
Este tipo de instrumentos, habituales en grandes entidades europeas, se utilizan como una herramienta flexible de gestión de capital. Suelen computar como recursos propios de nivel adicional y están diseñados para absorber pérdidas en escenarios de tensión, contribuyendo a reforzar la solvencia del banco en línea con los requerimientos regulatorios.
Además, la entidad solicitará a la junta autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, ya sea de forma directa o a través de sociedades del grupo. Esta autorización suele concederse con límites y condiciones concretas en cuanto a precios, plazos y volumen máximo de títulos que pueden recomprarse en el mercado.
Ligado a esa capacidad de recompra, el banco también someterá a votación una posible reducción del capital social por un importe máximo equivalente al 10% del capital vigente en la fecha del acuerdo, mediante la amortización de las acciones propias adquiridas con esa finalidad. El consejo de administración quedará facultado para ejecutar la reducción total o parcialmente, en una o varias operaciones, o para no llevarla a cabo si las condiciones no son favorables.
Este conjunto de medidas, recompra de acciones y reducción de capital, suele interpretarse como una forma de gestionar la estructura de capital y de mejorar la rentabilidad por acción para los accionistas, siempre que se mantengan los niveles de solvencia exigidos por los supervisores. No obstante, su eventual ejecución estará condicionada al entorno de mercado, a las necesidades de capital del grupo y a la evolución del negocio.
Remuneración variable y documentos anuales
Otro de los puntos relevantes del orden del día será la autorización de un nivel máximo de remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo de la retribución total para un colectivo concreto de empleados cuyas funciones tienen un impacto significativo en el perfil de riesgo de BBVA y de su grupo. Esta propuesta se sitúa dentro del marco regulatorio europeo sobre bonus en el sector financiero, que exige la aprobación explícita de los accionistas para determinados niveles de variable.
En paralelo, la junta deberá pronunciarse sobre el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025, documento en el que se detallan las políticas, importes y criterios de retribución aplicados al órgano de administración. Este informe, de carácter consultivo en muchos casos, sirve para que los accionistas evalúen la política salarial del banco y su alineación con los resultados y la asunción de riesgos.
También está previsto que se sometan a aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas de BBVA del ejercicio 2025, junto con los correspondientes informes de gestión de la entidad y de su grupo. Junto a ellos, la junta examinará el estado de información no financiera consolidado, que recoge datos sobre cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno, en línea con las exigencias normativas europeas.
La entidad llevará igualmente a votación la reelección de EY como auditor de cuentas de BBVA y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026, con el objetivo de dar continuidad al trabajo de revisión externa de los estados financieros. La permanencia de la misma firma auditora, dentro de los límites temporales marcados por la regulación, se interpreta como una apuesta por la estabilidad y el conocimiento acumulado de la entidad.
Todos estos puntos, desde las cuestiones de retribución hasta la aprobación de informes financieros y no financieros, forman parte del paquete habitual de acuerdos que los grandes bancos europeos presentan en sus juntas anuales y que resultan esenciales para garantizar la transparencia ante los mercados y los reguladores.
Con la propuesta de nombrar a Jordi Montalbo como consejero independiente, la renovación parcial de su órgano de administración y el amplio conjunto de decisiones financieras y de gobierno corporativo que se someterán a voto, BBVA afronta su próxima junta general como una cita clave para ajustar su estructura de poder, reforzar sus capacidades técnicas en el consejo y dotarse de margen de maniobra en materia de capital, retribuciones y supervisión, en línea con las exigencias regulatorias y las expectativas de los inversores en el mercado europeo.
El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española.
Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?
En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera.
No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral.
Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–. Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia.
La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.
No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.
EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
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