En 1673 Molière estrenó “El enfermo imaginario” en el Palais Royal de París. En la que fue su última obra teatral, Molière describe cómo la vida y las decisiones de su protagonista, Argan, están absolutamente condicionadas por males que solo existen en sus fantasías. Mientras tanto, los médicos no pierden ocasión para sacar provecho de su errada percepción de la realidad.
Al igual que sucede en la alucinación enfermiza de Argan, la presencia en el debate público de los llamados “antivacunas” o “negacionistas” no parece estar justificada por el peso que tienen en el total de la población española. No solo el porcentaje de vacunados es uno de los más altos de Europa (alrededor del 80% a finales de noviembre de 2021), sino que, además, entre los que no se han vacunado aún algunos afirman estar dispuestos a hacerlo. Según datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 26% de las personas no vacunadas en esa fecha declaran estar dispuestas a hacerlo cuando llegue su turno. Solo el 3% del total de entrevistados (mayores de 18 años) no se ha vacunado y afirma claramente que no está dispuesto a vacunarse.
Este peso marginal de los antivacunas en la población española se confirma también en los datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (septiembre 2021). Solo un 5% de los españoles afirman que las vacunas y la lucha contra las enfermedades infecciosas tendrán un efecto negativo sobre su forma de vida en los próximos 20 años (gráfico 1). Esta cifra supone la mitad de la media europea (10%). Son, sobre todo, países del este de Europa los que muestran un mayor recelo hacia las vacunas (el 27% de la población en Rumanía y Eslovenia), aunque este colectivo también tiene un peso significativo en países como Francia e Italia (11 y 14%, respectivamente).
Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).
Los datos del Eurobarómetro también arrojan luz sobre el perfil de este colectivo en Europa. Se pueden destacar cuatro características fundamentales que les distinguen del resto de la población: peores indicadores en cuanto a la marcha de sus vidas, una menor satisfacción con la democracia en su país y en la UE, un mayor pesimismo y porcentajes más bajos de interés, opinión y conocimiento de la ciencia. En efecto, en este grupo, y en comparación con el total de la muestra, es mayor el peso de aquellos que se declaran con dificultades para pagar las facturas (40% vs. 27% del total de entrevistados) o que muestran un grado de satisfacción menor respecto a sus vidas (el 26% no está satisfecho, frente a un 16% del total) (gráfico 2). Además, el 62% de los críticos con las vacunas no están satisfechos con la democracia en sus países, mientras que para el total de entrevistados esta cifra se reduce al 41% (60% y 40%, respectivamente, en cuanto a la democracia en la UE). También son pesimistas respecto a la evolución de las cosas en sus países, en la UE y en sus vidas (74%, 62% y 32% de insatisfechos, respectivamente, frente a 52%, 43% y 15% del total de entrevistados). Por último, de sus respuestas se deduce una peor relación con la ciencia que la población general (gráfico 3). Entre ellos, es mayor la presencia de los que no se declaran interesados por los descubrimientos médicos (25% frente a 14%), los que creen que la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad es negativa (33% frente a 11%) y los que obtuvieron los peores resultados en una serie de preguntas sobre ciencia (33% frente a 20%). Aunque para el caso español lo reducido de la muestra de críticos con las vacunas impida detallar su análisis, los datos sugieren que comparten el mismo perfil que sus pares europeos.
Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).
Se trata, en definitiva, de un grupo social caracterizado por la insatisfacción, el pesimismo y el recelo de la ciencia. La imposición de medidas restrictivas específicas sobre este grupo de población puede alimentar aún más la desconfianza que ya manifiestan y, por lo tanto, tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo. Es difícil imaginar que las medidas coercitivas sobre este colectivo vayan a conseguir mejoras significativas en su vacunación.
El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto en cuestión la eficacia del uso del certificado COVID para el control de la transmisión dentro de los países. Además, desde las ciencias sociales se han señalado sus elevados costes en términos de cohesión social y confianza en las autoridades sanitarias. Sin embargo, en las últimas semanas algunas autoridades políticas en España han reclamado su obligatoriedad en determinadas situaciones, llamando la atención sobre un colectivo, los antivacunas, prácticamente inexistente en España. Esta insistencia en contra del criterio de los expertos puede explicarse, probablemente, en base al amplio apoyo social del que goza la medida. Según los datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 83% de la población apoya la implantación del pasaporte COVID.
No se puede descartar que este apoyo disminuya en el futuro. Israel, país adelantado en el proceso de vacunación, decidió a principios de octubre invalidar los pasaportes COVID de todas las personas que solo contaban con dos dosis de la vacuna hasta que se recibieran la tercera. Dos millones de personas (en un país de 10 millones de habitantes) perdieron su certificado COVID de la noche a la mañana. En Europa, el ECDC ha llamado a los Estados miembro a poner las dosis de refuerzo y algunos países demandan ya que las tres dosis sean necesarias para tener el certificado COVID. De momento, la UE propone limitar a nueve meses la validez de la vacuna COVID para viajar. Si una proporción creciente de la población ve restringidos sus derechos, la percepción social sobre la pertinencia del pasaporte COVID podría también cambiar sustancialmente.
En España no deberíamos obsesionarnos con los antivacunas. No deberían marcar ellos las políticas públicas sobre control de la pandemia. La labor de los poderes públicos es la de tomar decisiones en base a criterios racionales y evidencias empíricas, así como la de fomentar la confianza de la población. Esto solo es posible a través de la educación y la transparencia, no generando reservas y animosidad hacia los no vacunados.
