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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El arma del pacto social y energético

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Desde la invasión de Ucrania, la geopolítica se ha convertido en el factor determinante de la economía mundial. También pone a prueba nuestra capacidad de consensuar una respuesta de política económica a la altura de las circunstancias. 

El daño a corto plazo es ineludible, porque las tensiones bélicas inciden directamente en los mercados energéticos y en otros componentes imprescindibles, al menos para el tejido productivo español que ya se enfrentaba a situaciones de escasez. El gas no da tregua, y su cotización se sitúa en cotas próximas al máximo registrado el pasado otoño. Asimismo, el barril de Brent continúa su escalada por el temor al cierre de las exportaciones rusas o al endurecimiento de las sanciones. En ambos casos, no se vislumbra una solución alternativa a corto plazo. La producción mundial de gas licuado y su transporte por metanero funcionan ya a pleno rendimiento. Por otra parte, los países productores que componen la OPEP decidieron esta semana mantener su bombeo, dando a entender que no compensarán la caída de la oferta rusa, de momento. 

Malas noticias también para el suministro de semiconductores. Rusia es uno de los principales proveedores de neón, y Ucrania de krypton, dos gases que entran en la cadena de producción tecnológica sin sustituto inmediato. La alimentación también se encarece como consecuencia del hundimiento de las exportaciones ucranianas. La cotización internacional del trigo se ha duplicado en el último mes hasta niveles nunca vistos. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

Todo ello redundará en más inflación: la energía representa el 12% de la cesta de la compra que compone el IPC, y los cereales otro 3,4%. Así pues, el incremento del IPC pasaría del 7,4% adelantado en febrero hasta el 8% en los tres próximos meses por el impacto de los precios energéticos y de los cereales registrados en los últimos días —una estimación prudente, que cuenta con que los precios actuales se relajarán tras una sobrerreacción de los mercados—. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

A partir de ahí, se abren dos escenarios. El peor consistiría en una crisis exacerbada, que la prolongaría en el tiempo. En esta hipótesis de total incertidumbre, la economía estaría atenazada por la estanflación, es decir, significativamente más inflación y menos crecimiento, o incluso una recesión europea. 

Sin embargo, existe un escenario más favorable, que resultaría de un acuerdo relativamente rápido entre las partes, tal vez impulsado por el hundimiento de la economía de Rusia. Es un hecho que las sanciones están desorganizando su sistema financiero, y provocando una fuga de empresas. Este escenario se sustenta además en las dudas acerca de la voluntad de China de compensar el colapso del país vecino, incrementando sus compras a Rusia de recursos naturales y atenuando el golpe financiero de las sanciones occidentales.  

En este caso las perspectivas económicas dependerían de la gestión del repunte de inflación: si bien éste sería de corta duración, existiría el riesgo de que aparecieran efectos de segunda ronda. Bajo el supuesto de moderación de los precios no energéticos y de los salarios, la inflación subyacente (descontando energía y alimentos frescos) se situaría en niveles inferiores al 3% a finales de año. Esta sería una trayectoria consistente con el mantenimiento del rebote del consumo, y de la competitividad de nuestras exportaciones (teniendo en cuenta que, en otros países de la UE más expuestos a los efectos de la agresión rusa, las presiones inflacionarias serán más intensas). 

Todo ello evidencia la importancia, en un momento de tanta tensión, de un consenso entre empresas y sindicatos para prevenir una escala de precios no energéticos y de salarios que tendría efectos nefastos para la economía española. Y de otro consenso, que condiciona el anterior, para limitar la transmisión de los precios energéticos a la factura de la luz. Bruselas abre por fin esa puerta, reconociendo que la reforma energética es estratégica para la economía y para la seguridad de Europa.  

ACTIVIDAD | La economía española ha ido evolucionando favorablemente hasta el inicio de las hostilidades en Ucrania. La facturación de las empresas registró un fuerte incremento en febrero (con un indicador PMI de gestores de compra en fuerte ascenso hasta un valor superior a 56, netamente expansivo). La afiliación a la Seguridad Social también mantiene la senda alcista, si bien con una cierta moderación, por la desaparición del efecto de la vuelta a la normalidad de la actividad y de la reincorporación de los empleados en ERTE que se observó el año pasado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación y su cara amable

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Tras tardar en reconocer el brote de inflación que se extiende por toda Europa, el BCE cambia de discurso y se dispone a ajustar su política monetaria a un ritmo acelerado. Si bien el ejercicio de realismo es meritorio, el inesperado giro plantea importantes desafíos para nuestro país. También algunas oportunidades. 

Lo más preocupante es la ambigüedad en torno a los instrumentos a disposición del BCE para contener las primas de riesgo. La decisión más clara que se ha tomado al respecto es acabar con las compras de deuda por razones de pandemia, algo lógico en un contexto de recuperación económica y de incremento sostenido de precios (no olvidemos que la amenaza de deflación fue la principal motivación detrás de las políticas expansivas iniciadas en la era Draghi). Sin embargo, el banco central también se dispone a reducir la envergadura de su dispositivo de apoyo a la financiación de los Estados (programa APP). Un programa que, además, presenta limitaciones a la tenencia de bonos de cada país, y que por tanto no es necesariamente el más adecuado ante posibles parones en la financiación por parte de los mercados.  

El súbito incremento del diferencial de tipos de interés entre España y Alemania, más de un cuarto de punto en lo que va de año, muestra que el riesgo no es puramente teórico —si bien de momento se trata más bien de una vuelta a la situación precrisis (la prima de riesgo prácticamente iguala la media de los dos años anteriores a la pandemia)—. 

La senda de tipos de interés es otra cuestión clave, por su impacto en los costes de financiación que se superpone a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Con una inflación tan alta durante buena parte del año, según la previsión de una mayoría de analistas, el BCE carece de argumentos para mantener los tipos de interés en terreno negativo. El ajuste es por tanto inevitable, pero deja en el aire la visión de medio plazo. Un horizonte macroeconómico estable y creíble es, sin embargo, necesario para anclar las expectativas y evitar una espiral de precios y salarios. 

También se trata de una oportunidad para lograr algo que hasta hace poco parecía inalcanzable: cumplir por fin con el objetivo de inflación del 2% a medio plazo, frente a casi cero en la época previa a la pandemia. Esto tendría múltiples ventajas, ya que no solo alejaría el espectro de la deflación, sino que también, como es evidente, aligeraría el peso de la deuda pública, casi toda no indexada. 

Fuente: INE y Banco de España.

Otro beneficio, éste menos obvio, de un incremento proporcional y sostenido de precios y salarios es que facilitaría el cambio estructural que se está produciendo a gran velocidad como consecuencia de la pandemia. La demanda mundial de bienes se ha incrementado en detrimento de los servicios, lo que genera cambios en los precios relativos. Por ejemplo, dentro de los componentes del IPC subyacente (descontando la energía y los alimentos no elaborados) se registran alzas de los bienes industriales con alto contenido en recursos naturales, y descensos en los servicios presenciales. 

Este entorno de inflación más elevada, y de cambios en los precios relativos que acompañan la transformación de la economía, también requiere de una acción de nuestra política económica. Por una parte, para evitar que la inflación provoque un deterioro de la competitividad, razón por la cual un equilibrio entre evolución de los salarios, de los márgenes de las empresas no energéticas y de los ingresos del sector energético sería deseable. No se trata solo de impulsar un pacto de rentas, sino también de acometer reformas de los mercados energéticos y de promover la movilidad laboral entre sectores y la recolocación de parados. A este respecto la economía española es una de las que disponen de más margen de mejora. Otra oportunidad para prolongar un periodo expansivo sin demasiadas tensiones inflacionarias. 

IPC | Los precios energéticos siguen marcando la pauta de la inflación. El IPC registró en enero un incremento interanual del 6,1%, cerca de un punto por encima de la media de la eurozona, como consecuencia principalmente del encarecimiento de la energía ( 33%). Bajo la hipótesis relativamente favorable de un descenso del petróleo, del gas y de la electricidad a partir de la primavera, la inflación todavía se situará en el 4,6% en media anual. Si el precio de la electricidad siguiera ascendiendo durante la primavera, la tasa media anual se elevaría hasta el 5,2%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación, en la encrucijada

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La inflación está siendo el principal condicionante de la recuperación de la economía española. Su impacto sobre el poder adquisitivo es ineludible: como el principal factor es el alza de costes importados, mayormente la electricidad, actúa como un impuesto que tiene que soportar toda la sociedad Comprar reseñas Google (a excepción del sector eléctrico). Además, el brote inflacionario refleja los cuellos de botella que limitan el rebote, especialmente en algunos sectores industriales como el automotriz.

Es posible que el brote inflacionario generado por el encarecimiento de la energía y de otros suministros esté tocando techo. Los precios del mercado mayorista de la electricidad apuntan a una estabilización —si bien en niveles desorbitados— y los indicadores de costes soportados por las empresas evidencian una cierta relajación, en consonancia con la reorganización de las cadenas de suministro. Veremos si la tendencia es inmune a los desajustes provocados por ómicron.

Ahora se trata de evitar que se abra otro frente, el de eventuales efectos de segunda ronda, que consistirían en ajustes de precios y de salarios en una pugna por la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la crisis energética. De momento, se mantiene la moderación: si bien el IPC total crece a un ritmo muy superior a la eurozona (6,6% frente al 5%), la inflación subyacente se sitúa en el 2,1%, cuatro décimas menos que la media europea. Es decir, nuestro diferencial desfavorable de IPC se debe exclusivamente a la energía, y no a un comportamiento especialmente inflacionista del aparato productivo. Nada que ver con la situación en Estados Unidos, donde la inflación subyacente escala hasta el 5,5%, algo que preludia una acción contundente de la Reserva Federal.

Fuentes: Eurostat y Ministerio de trabajo.

Sin embargo, los datos de diciembre apuntan a un mayor traslado de los costes al núcleo central de precios. Prueba de ello, los incrementos de precios empiezan a generalizarse. El sector agroindustrial no aguanta más la presión y se ve abocado a trasladar el encarecimiento de la luz, de los fertilizantes y del transporte a sus precios de venta —con un gran peso en el IPC total—.

Los servicios también revisan sus tarifas, tras meses de atonía provocada por la pandemia. Bien es cierto que se trataba de una tendencia inédita, también registrada en la mayoría de países avanzados, rara vez observada en épocas anteriores: como la productividad industrial crece por encima de la media de la economía, los productos industriales tienden a abaratarse en términos relativos (esto explica que, desde la creación del euro hasta el estallido de la pandemia, el IPC de bienes no energéticos subiera apenas un 13%, frente al 54% en los servicios).

La tendencia es ahora alcista tanto en los sectores más afectados por la crisis como el turismo y la restauración como en otros servicios menos perjudicados: las comisiones bancarias, el ocio y los seguros de salud, por ejemplo, suben a tasas superiores al 2%. En suma, los servicios ya no desempeñan el papel moderador de meses anteriores.

Ante las crecientes tensiones en los precios internos, los salarios no parecen reaccionar: en 2021 las remuneraciones pactadas crecieron en torno al 1,5% (la mitad que el índice de precios al consumo). El resultado fue una pérdida de capacidad de compra, en un contexto en el que las empresas también sufrieron un recorte de excedentes. La gran incógnita es si ese pacto tácito entre actores sociales se mantendrá a medida que las empresas elevan sus precios, y así contienen la disminución de sus márgenes.

Si ese pacto prevaleciera, y bajo la hipótesis adicional de una estabilización de los precios energéticos, el IPC podría moderarse tanto en España como en el resto de la eurozona. De lo contrario, la visión de transitoriedad del Banco Central Europeo (BCE) se volatilizaría y daría alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de la política monetaria.

IPC | La senda de inflación, determinante de la intensidad de recuperación de la economía, depende de manera crucial de la evolución de los precios energéticos. Si la cotización de la electricidad descendiera en primavera en línea con los mercados de futuros, las tasas de inflación se mantendrán por encima del 5% en los primeros meses del año antes de comenzar a descender. Ello dejaría el IPC total en el 3,7% en media anual. Pero si el descenso previsto en la primavera no se produjera, la tasa media anual sería al menos un punto más que en el escenario central.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Escenarios de política monetaria para 2022

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El rumbo de la economía en 2022 va a estar determinado en gran medida por la evolución de la inflación, motivo ahora mismo de máxima incertidumbre. Cada vez hay más dudas con respecto a su transitoriedad, y según avanzan los meses sin que remitan las presiones al alza, aumenta la probabilidad de que se convierta en un fenómeno más duradero de lo inicialmente esperado. 

Esto ha movido a los bancos centrales a endurecer sus posturas. La Reserva Federal norteamericana ya ha anunciado la aceleración del final de las compras de deuda pública, que terminarán en marzo, e inmediatamente después iniciará las subidas de tipos de interés. Otros bancos centrales —como por ejemplo el británico— ya han comenzado a subir los tipos. En cuanto al Banco Central Europeo, también ha decidido acelerar el final de las medidas extraordinarias, aunque su postura sigue siendo muy acomodaticia: en marzo acabarán las compras de deuda pública dentro del programa de emergencia pandémica —el PEPP—, pero compensará parcialmente esta medida con un incremento de las compras dentro del programa ordinario —el APP—. No obstante, estas últimas se irán reduciendo a lo largo del año. Por otra parte, descarta la posibilidad de realizar subidas de tipos en 2022.

Este esquema de política monetaria está condicionado a unas previsiones que, según ha expresado la autoridad monetaria europea, apuntan a un rápido descenso de la inflación a partir de la primavera, debido tanto a la mecánica de los efectos de base sobre las tasas, como a una bajada de los precios energéticos y la resolución de los cuellos de botella.

“En el escenario central, considerado hasta ahora como el más probable —aunque no sin cautelas—, el traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo será limitado y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios”.

María Jesús Fernández

Se podría decir que este es el escenario central, el que hasta ahora se ha considerado, y se sigue considerando, aunque no sin cautelas, como el más probable. En este escenario, el traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo será limitado y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios. La reducción del volumen neto de compras de deuda será una prueba para la economía española. No obstante, en este contexto de retorno a tasas reducidas de inflación y de mantenimiento de los tipos de interés  negativos de forma indefinida, los mercados financieros probablemente mantendrían su apetito por el riesgo, de modo que las primas de riesgo, aunque con algún ascenso, podrían mantenerse bajo control.

Pero, como ya se ha dicho, no está nada claro que estas perspectivas vayan a cumplirse, y hay otros escenarios posibles. Un segundo escenario sería aquel en el que los precios de las materias primas en lugar de descender, se mantienen en niveles elevados durante más tiempo de lo esperado, pero los salarios siguen contenidos. La inflación sería más elevada de lo previsto, tanto por el mayor nivel de precios de las materias primas con respecto al escenario central como por un traslado más intenso de los costes de producción hacia los precios finales al consumo. En este caso, posiblemente el BCE adoptaría un tono más cauteloso en sus comunicados, dejando la puerta abierta a un endurecimiento en caso de observarse una transmisión a los salarios, pero no modificaría esencialmente su política monetaria. Al fin y al cabo, no tiene sentido utilizar esta herramienta para luchar contra la inflación cuando su origen se encuentra en un shock exógeno. Sin embargo, el temor a que en cualquier momento se desencadenen efectos de segunda ronda sobre los salarios, que es lo que podría convertir la inflación en permanente, estaría flotando constantemente en el ambiente. La cuestión aquí es cómo reaccionarían los mercados. Si se ponen nerviosos, podrían producirse episodios de turbulencias con subidas de los tipos de interés a largo plazo y de las primas de riesgo.

En el tercer escenario posible, se podría producir una transmisión de la inflación hacia los salarios que retroalimentaría, a su vez, la inflación. Este sería el más preocupante. La generación de una espiral precios-salarios es algo que el BCE no podría ignorar. No obstante, la autoridad monetaria se vería atrapada en un dilema. Si frenara de forma brusca las compras de deuda pública y señalase próximas subidas de tipos de interés, podría poner en serios aprietos a países periféricos como Italia o España. Este es un riesgo importante que puede limitar su capacidad de actuación a la hora de endurecer su política monetaria. Pero si no adoptara medidas suficientemente restrictivas y la inflación se consolidara de forma duradera en niveles elevados, se arriesgaría a un desanclaje de las expectativas de inflación a largo plazo, y a la pérdida de credibilidad de la institución y del propio euro. Un riesgo también muy difícil de asumir y con negativas consecuencias tanto a corto plazo como en el futuro.

En definitiva, la inesperada inflación generada como efecto colateral por la pandemia no solo ha puesto fin a la certidumbre de los últimos años en torno a la política monetaria, sino que además podría poner a prueba nuevamente la estabilidad de la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El dique de contención antiinflación

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El grado de transitoriedad del brote de inflación generado por el alza desorbitada de la electricidad, y en menor medida del aumento de costes de producción provocado por la falta de suministros, determinará en buena medida el rumbo de la economía en el próximo año. Si se tratara de un fenómeno más persistente de lo previsto, los bancos centrales no tendrían más remedio que seguir por el camino de endurecimiento de la política monetaria iniciado esta semana.

Un camino que ha llevado ya al Banco de Inglaterra a incrementar sus tipos de interés, a la Reserva Federal a anunciar lo mismo para el próximo ejercicio y al BCE a suprimir a partir de la primavera el programa de compras de deuda por razones de pandemia. La cuestión es transcendental para nuestra economía que tendrá que recurrir a los mercados para financiar la deuda. El BCE ha comprado la totalidad de los bonos públicos emitidos desde el inicio de la crisis, y por tanto nos asomamos a un encarecimiento de la carga financiera para el Estado.

En la pugna que se ha desatado entre partidarios y detractores de la tesis de transitoriedad, la clave está en cómo reaccionarán los salarios. De momento el mercado laboral actúa como dique de contención, al menos en la UE. En el tercer trimestre, los costes laborales por asalariado se incrementaron apenas un 2,4% en la zona euro, es decir dos puntos menos que el IPC. Además, pese al repunte de la inflación, no se aprecia una tendencia clara. Los convenios colectivos ratificados hasta noviembre en España se muestran ajenos a la inflación, con incrementos pactados que oscilan en torno al 1,5% pese al encarecimiento de la cesta de la compra.

Fuentes:Ministerio de Trabajo y Economía Social, INE y Eurostat.

Además, los salarios evolucionan al compás de la inflación subyacente, evidenciando el esfuerzo de moderación por parte de los asalariados pero también de las empresas (salvo las eléctricas, sobrerremuneradas). Ese pacto social tácito depende en parte de factores que podrían perdurar, como la elevada tasa de desempleo que pesa como una losa sobre las expectativas salariales, o el golpe de la pandemia y su corolario: una ingente capacidad de producción ociosa, y la compresión de los márgenes para recuperar la actividad en un entorno internacional intensamente competitivo. Nada que ver con la situación en EEUU, donde el paro roza mínimos y la Gran Renuncia ha expulsado del mercado laboral a millones de personas, cuando de este lado del Atlántico, y singularmente en España, la tasa de actividad ha vuelto a su nivel precrisis.  importar desde china

Sin embargo, también se presentan desafíos en el horizonte de la inflación. El principal, una presión adicional de los precios energéticos. Si bien se da por descontado que éstos seguirán al alza durante el invierno, como lo avalan los mercados a plazo del gas, también se anticipa una relajación a partir de la primavera. Si ésta no se produjera, una espiral de precios sería difícil de contener. En primera línea se encuentran las empresas en los sectores electro-intensivos (química, transporte, agroindustria), o los sectores más expuestos a los cuellos de botella (muebles, construcción, automoción). Sus márgenes podrían desaparecer, abocando a incrementos de precios so pena de entrar en números rojos.

En cuanto al mercado laboral, habrá que vigilar los fenómenos de escasez de mano de obra que van apareciendo. Las carencias del aparato estadístico dificultan el diagnóstico, pero algunas patronales alertan de problemas de falta de personal, que podrían agudizarse a medida que los fondos europeos se van desplegando. De ahí la importancia de la reforma anunciada del servicio público de empleo.

Con todo, los halcones se han apuntado un tanto con las recientes decisiones del BCE, pero están lejos de haber ganado la partida: el ritmo de retirada de los estímulos, y las posteriores decisiones en materia de tipos de interés, dependerán de los efectos inflacionarios de segunda ronda de la crisis energética. Nos jugamos el coste de financiación de la deuda.

ACTIVIDAD | La desaceleración de la actividad se confirma en el cierre de año, según uno de los principales termómetros de la coyuntura en la zona euro (el índice PMI de producción, si bien todavía en terreno expansivo, desciende hasta el nivel 53,3 en diciembre, 2,1 puntos menos que en noviembre). Sin embargo, los cuellos de botella se suavizan, y las empresas reportan menos retrasos en el abastecimiento de suministros. Ahora el principal factor limitativo reside en las restricciones generadas por la variante Ómicron, y en la nociva espiral de precios de la electricidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La causa y el efecto

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Hasta hace unos años, la mayoría de los Premios Nobel de Economía tenían un claro perfil teórico y la inmensa mayoría de sus contribuciones tenían un fuerte componente matemático. Gracias a ellos fue creciendo la teoría microeconómica y macroeconómica. En cambio, en las dos últimas décadas, también se ha concedido a economistas empíricos y a aquellos que emplean los experimentos, la psicología, la sociología e incluso la ciencia política. Era lógico, la sociedad del fin del siglo XX y de lo que va de siglo XXI cada vez es más compleja y requiere de propuestas y soluciones que combinen rigor, una mayor completitud e interdisciplinariedad.

Los Nobel de este año van en esa dirección, con la concesión de la mitad del premio al canadiense David Card (Universidad de Berkeley) y de la otra mitad, ex aqueo, al estadounidense Joshua Angrist (MIT) y al holandés Guido Imbens (Universidad de Stanford). En palabras del Comité de los Nobel, “han revolucionado la investigación empírica en economía”. En particular, han clarificado cómo entender adecuadamente la relación “causa-efecto” en los estudios con datos. Asimismo, pero no menos importante, tienen notables y clarificadoras aportaciones en cuestiones controvertidas sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y el nivel educativo sobre el mercado de trabajo. En suma, los trabajos de los tres laureados este año son un ejemplo de que se puede responder a las preguntas que se hace la sociedad.

David Card contribuyó a entender mejor el impacto del salario mínimo sobre el empleo, una cuestión controvertida aún. Los estudios siempre han mostrado la relación negativa entre salario mínimo y empleo. Sin embargo, Card retó la visión convencional que apuntaba a una dirección solamente: los salarios mínimos tienen efectos negativos sobre el empleo. Según el recién Nobel, la relación contraria también podía ocurrir: cuando aumenta el desempleo, las empresas pueden estar en condiciones de fijar menores salarios, con lo que aumenta la presión social a favor de aumentar el sueldo mínimo. Su estudio experimental empleando datos de Nueva Jersey mostró la ausencia de efectos de la subida del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Por otro lado, Card también demostró en otra investigación experimental aplicada a la ciudad de Miami, que la inmigración (que en su estudio provenía de los cubanos que huían del régimen de Castro) no afectaba negativamente a los niveles de ingresos de los trabajadores menos cualificados, desafiando la visión tradicional que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a sus salarios.

Por su parte, los otros dos premiados, Joshua Angrist y Guido Imbens han contribuido notablemente desde el ámbito metodológico a entender las “causas y efecto” en economía. Sus estudios ayudan a responder bajo qué condiciones un experimento natural puede utilizarse para mostrar los efectos de las decisiones de los individuos. Ellos, por ejemplo, retan la visión tradicional de que, a mayor nivel educativo, mejor salario en el futuro. En muchos casos, ellos demostraron con rigor que no en todos los casos es así y otros factores (ambición personal, capacidad de adaptarse al mercado laboral) pueden influir tanto o más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cuentas de los hogares: sin sorpresas en el segundo trimestre, pero cambios en 2019 y 2020

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Uno de los resultados más señalados de las cuentas de los sectores institucionales publicadas recientemente por el INE ha sido el descenso de la tasa de ahorro de los hogares en el segundo trimestre del año hasta un 8,8%, desde un 14% —cifra revisada al alza— registrado en el primer trimestre. Es un descenso muy acusado pero nada sorprendente, puesto que en el primer trimestre el consumo aún estuvo reprimido por las restricciones para controlar la pandemia, además de por el temporal de nieve de enero, por lo que los hogares siguieron acumulando ahorro no deseado. En el segundo trimestre, con la apertura de la economía, el gasto tendió a normalizarse, descendiendo la tasa de ahorro.

La comparación con las cifras del segundo trimestre de 2020 da lugar a resultados llamativos pero que tampoco sorprenden, dado el diferente momento en que se encontraba la pandemia: las remuneraciones salariales han crecido un 12,2%, quedándose así un 3,5% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2019; las rentas de la propiedad ascendieron un 14,6%, lo que supone una recuperación muy escasa, dada la fuerte caída sufrida por este tipo de rentas en el segundo trimestre de 2020, que fue del 69%, de modo que se encuentran un 65% por debajo del nivel alcanzado en el mismo trimestre de 2019; la recuperación de la renta disponible bruta ha sido más limitada, un 5%, lo que se explica por la caída en las prestaciones sociales recibidas por los hogares, quedando un 6,4% por debajo del mismo periodo de 2019; finalmente el ahorro bruto, que se disparó durante los meses más duros de la pandemia, ha descendido un 37% en comparación con aquel momento, aunque aún sigue siendo superior al del año previo al Covid-19.

Fuente: INE

Más interesante que los previsibles resultados del segundo trimestre, han sido las revisiones sufridas por las cifras de los años anteriores, con modificaciones muy sustanciales en las relativas a 2019. La renta disponible bruta de los hogares fue superior en 16.000 millones a la estimación anterior. Como el dato de consumo no ha variado, ese incremento de la renta disponible se dirigió al ahorro, cuya tasa sobre la renta disponible se ha modificado al alza desde un 6,3% hasta un 8,3%, notablemente superior a la registrada en los años precedentes, lo que constituye una revisión de notable relevancia. Tras descontar de esa cifra la parte destinada a financiar su inversión, los hogares generaron una capacidad de financiación —es decir, un excedente financiero— de 20.500 millones de euros, un 1,7% del PIB, muy por encima de los 3.100 millones estimados inicialmente. Fue la cifra más elevada de toda la serie histórica hasta ese momento, solo superada posteriormente por los 68.700 millones generados durante la pandemia. Es decir, ya durante el año anterior a esta los hogares habían acumulado un importante excedente financiero, si bien entonces fue voluntario. Esto es importante, ya que cuanto mayor fuese la salud financiera de los hogares previa al Covid, mayor será la capacidad de recuperación del consumo y del mercado inmobiliario.

En 2020, el año de la pandemia, las cifras correspondientes a las remuneraciones salariales, las prestaciones sociales recibidas y la renta disponible bruta han sido revisadas al alza, pero como las cifras del año anterior han sido revisadas al alza en mayor medida, la caída con respecto a aquel es ahora mayor. Según las nuevas cifras, las remuneraciones salariales se redujeron un 5,6% —frente a un 5,4% en la estimación anterior—, mientras que la caída de las rentas de la propiedad, única partida que se ha revisado a la baja, se amplifica notablemente hasta un 51%. Dentro de estas últimas destaca el desplome sufrido por los dividendos repartidos por las empresas a las familias, cuyo volumen, 5.500 millones de euros, apenas supuso el 20% de la cifra recibida en 2019, y fue la cantidad más baja desde 1998. Es una caída mucho más intensa que la sufrida por las rentas empresariales, que fue del 15%. Ello se debe a que las empresas, por prudencia, decidieron repartir un porcentaje inferior de sus beneficios, y a que también los dividendos recibidos de empresas situadas en el exterior sufrieron un intenso recorte.

En suma, la renta disponible bruta de los hogares se redujo un 4,9%, en lugar del 3,3% inicialmente avanzado.

Finalmente, el ahorro generado por los hogares fue algo mayor a lo estimado anteriormente, 110.700 millones, en lugar de 108.800, lo que supone una tasa del 14,9% de la renta disponible bruta, dos décimas porcentuales más.

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