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El déficit de inversión con Europa

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La inversión, una de las claves del bienestar de nuestro país, arrastra un déficit desde la época de la crisis financiera. El gasto en equipamiento y adaptación del aparato productivo es a todas luces insuficiente para afrontar las transiciones energéticas y digitales, e impulsar la productividad, sustento del crecimiento futuro. Suecia, uno de los países más productivos del mundo, invierte en bienes de equipo un 30% más que España (en proporción del PIB de cada país). Su productividad ha crecido un 1,3% anual en lo que va de siglo, casi el triple que la nuestra.


La comparación con otros socios comunitarios es también relevante. En los dos últimos años, hemos dedicado un 5,5% del PIB a la inversión productiva, es decir menos que todas las otras grandes economías europeas (y un valor inferior también al nivel anterior a la pandemia). El diferencial parece estar arraigado: ya se registró durante el periodo expansivo anterior a la crisis sanitaria, y por supuesto durante la crisis financiera, particularmente perjudicial para nuestra economía. La brecha podría incluso haberse ahondado, ya que el volumen de recursos dedicados al equipamiento de las corporaciones ha ido mermando, al mismo tiempo que la trayectoria ha sido ascendente en la mayoría de economías de nuestro entorno.

Es paradójico constatar la cautela relativa de la inversión productiva, teniendo en cuenta la disponibilidad de un volumen ingente de fondos europeos cuya razón de ser era precisamente facilitar la transformación del tejido productivo. Desde 2021, las administraciones centrales han ejecutado nada menos que 50.000 millones a cuenta de estos fondos (en concepto de obligaciones reconocidas, tal y como recogen los informes de la IGAE hasta septiembre del presente ejercicio). Casi todo este gasto consiste en “transferencias de capital”, es decir subvenciones y ayudas a la inversión. Bien es cierto que el gasto efectivo equivale a poco más de la mitad de las cifras de ejecución, pero incluso en esa dimensión reducida, el plus de recursos debería haber bastado para propulsar la inversión hacia una nueva dinámica.

También hay buenas noticias: algunas de las empresas más beneficiadas por el plan podrían estar retrasando sus proyectos, a la espera de las autorizaciones oficiales y del desbloqueo total de los fondos. El despliegue de la nueva ronda de recursos europeos, en este caso en forma de préstamos y con requisitos de tramitación aligerados, es otro factor propicio a la inversión. En todo caso, la rentabilidad de las empresas españolas es más que aceptable. Las sociedades no financieras encadenan los excedentes y se han desendeudado (la capacidad de financiación asciende a más de 30.000 millones de euros anuales, de media, desde 2015). La entrada de capital extranjero es también una prueba tangible de las oportunidades de inversión que existen en España. Prueba de esa querencia, en el último año y medio, la inversión directa extranjera en la economía española totaliza 66.000 millones de euros, mejor marca europea después de Francia e Italia. Estos factores conforman un terreno favorable a la inversión, incluso en un entorno de tipos de interés elevados (un factor, este último, que no es específico de España, y que por tanto no puede explicar el retraso).


No obstante, el riesgo de un esfuerzo insuficiente de equipamiento del tejido empresarial persiste, en un momento clave de transformación tecnológica. Todo ello pone de manifiesto la importancia de mejorar la ejecución de los fondos europeos. Y también la aparente ineficacia de los beneficios fiscales incorporados en sucesivos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de estimular la inversión: un sistema complejo, que no parece estar a la altura de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Unas reformas pendientes que, junto con el buen manejo de las expectativas, contribuirían a reactivar la inversión productiva, y así apuntalar la convergencia productiva con respecto a las sociedades más avanzadas de nuestro entorno.

EQUIPAMIENTO | Pese al repunte registrado en el tercer trimestre, la formación bruta de capital fijo en concepto de maquinaria y equipamiento (o inversión productiva) todavía se sitúa un 4,9% por debajo del nivel anterior a la pandemia, descontando la inflación. Las otras grandes economías europeas ya han superado dicho nivel y la media de la Unión Europea se ha incrementado un 6,2% en relación a 2019. Destaca el impulso inversor de algunas de las economías que ya contaban con un diferencial favorable de productividad, como Suecia, con un rebote del 16% durante el mismo periodo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia

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Este año, por fin, el turismo internacional dejará atrás el colapso provocado por la pandemia. Las buenas expectativas parecen haberse cumplido en verano y, comparando con el año 2022, el discurso es triunfalista. Pero conviene recordar qué supuso la pandemia en la llegada de turistas internacionales. El gráfico 1 muestra la evolución mensual de llegadas de turistas a España en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre de 2021, solo se había alcanzado el 50% de los registros de 2019 y no ha sido hasta octubre de 2022 cuando se ha estabilizado este flujo. En los primeros nueve meses de 2023 los turistas internacionales que han llegado a España casi están en la cifra de 2019, tan solo un 0,6% por debajo.


La recuperación mantiene la elevada concentración de la actividad turística en seis comunidades autónomas, en este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid. La cuota de estas seis regiones es del 90,3% y aunque el ranking no ha variado, sí se observan cambios. El más relevante es el menor número de llegadas a Cataluña respecto de 2019 y una tendencia opuesta, al alza, en la Comunidad Valenciana y los archipiélagos. Por lo demás, destaca el intenso crecimiento de la zona del Cantábrico.

La motivación principal de los turistas que
visitan España sigue siendo por “ocio”, de acuerdo con la especialización de
nuestro país en el turismo de sol y playa. Pero el turismo de negocios se
encuentra en un nivel un 15,6% inferior al máximo de 2019. La lentitud en la
recuperación de este tipo de turismo podría deberse al uso masivo de
videoconferencias y de trabajo online;
un factor que, posiblemente, también contribuye a que las llegadas de turistas por
estudios sean un 17,4% menores que antes de la pandemia. Estas caídas son, incluso,
mayores en Cataluña, aunque lo que realmente explica sus cifras es la pérdida
de casi un millón de turistas vacacionales. Si esta tendencia es coyuntural o producto
de un cambio de preferencias, deberá analizarse con más datos. No hay que
olvidar que Barcelona es una de las ciudades europeas que, junto a Venecia o
Dubrovnik, presenta más problemas en relación con el overtourism.

El crecimiento de los apartamentos turísticos es un fenómeno creciente en muchas ciudades. En Málaga, la mayoría (56,1%) de las plazas de alojamiento turístico de mercado son ya Viviendas de Uso Turístico (VUT). La media de los 20 municipios españoles con mayor oferta de alojamiento turístico es del 26%; Madrid y Barcelona están en el 29,9% y 28,5%, respectivamente; y, en el otro extremo, en Palma de Mallorca solo el 10% de las plazas son en VUT, por la prohibición impuesta en 2018 de alquileres vacacionales salvo en chalets o viviendas unifamiliares.

El turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue igual. El panorama presenta capacidad de mejora a partir de la posible evolución futura del mercado chino.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales,
Reino Unido y Alemania continúan perdiendo cuota, pero Francia muestra un
fuerte dinamismo. De estos tres mercados procede casi la mitad de los turistas
(el 47,4%).  El cambio más evidente en
los mercados emisores es el aumento de turistas americanos (un 14,7% en
aquellos procedentes de EEUU y un 26,1 para el resto de América), que representan
ya el 10% del total. La Comunidad de Madrid ha recibido al 41,5% de ellos, lo
que contribuye a que sea la comunidad con mayor gasto medio diario (seguido de
Cataluña y País Vasco). De hecho, solo estas estas tres comunidades superan los
200€ de gasto medio diario. La cuota americana impulsa el crecimiento en el gasto
medio diario real
[1] que, respecto a 2019 ha
crecido
un 2%, por encima de lo que aumentaron las llegadas de turistas.

En realidad, los turistas de la categoría “resto
del mundo”[2] son los que más gastan. Los
mercados asiáticos aún estaban muy lejos de alcanzar el nivel de 2019; en
especial, China, debido a sus políticas de Covid cero. A lo largo de 2023 se
han ido suavizando estas medidas —y eliminado en agosto—, por lo que se espera
que el flujo de estos turistas crezca en los próximos meses.

En
conclusión, el turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas
en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue
igual. Entre los cambios observados se señala: i) unos resultados débiles tanto
en llegadas como en gasto en el destino líder (Cataluña), y ii) un fuerte
aumento de turistas americanos, con mayor gasto diario medio. Este panorama
presenta capacidad de mejora, ya que se espera un intenso incremento de los
turistas procedentes de China. Todo ello permite ser optimistas en cuanto a los
resultados del sector para 2024, aunque sin obviar la complicada realidad
geopolítica internacional actual.

Esta entrada es un resumen del artículo “El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia” publicado en el número 297 de Cuadernos de Información Económica.


[1] Para deflactar, se emplea el
índice de precios al consumo (IPC) general de cada comunidad autónoma y no el
particular de turismo debido a que cada vez más se utilizan alojamientos no de
mercado, se realizan compras en el supermercado y se utiliza el transporte,
entre otros.

[2] Los países que más turistas aportaron en esta categoría en 2022 fueron, en
este orden, Corea del Sur, India, Japón, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia
Saudí y China.

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A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El mundo difiere sobre cómo poner orden en el criptomercado

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El mercado de criptoactivos crece a un ritmo formidable; el Banco de Inglaterra cifra su incremento en este mismo 2021 en un 200%, hasta llegar a los 2,3 billones de dólares, lo que igualaría ya el valor de los dólares estadounidenses en circulación. 

Lo cierto es que el aumento de su popularidad rivaliza con las incertidumbres que lo rodean, no siendo la menor de las ellas la falta de un conocimiento cierto sobre cuál es el valor intrínseco de muchos de los valores operados. Otras dudas asociadas a las criptomonedas se derivan del aumento de delitos relacionados con su distribución; por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. informa que las estafas de inversión en criptodivisas se multiplicaron por diez entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Sobre estos y otros riesgos —incluidas potenciales amenazas a la estabilidad financiera— han alertado diversos organismos a uno y otro lado del Atlántico, que consideran llegado el momento de una regulación que cubra una serie de objetivos, entre ellos: 

  • la preservación de los mecanismos de control monetario y financiero
  • la prevención de riesgos sistémicos
  • la protección de inversores y consumidores
  • la lucha contra la delincuencia
  • la racionalización del proceso de minado y su gasto energético

En todo caso, la respuesta regulatoria difiere según el ámbito desde el que se aborda, ya sea a nivel competencial o geográfico. 

El Comité de Supervisión de Basilea, máximo órgano prudencial bancario, ha puesto el foco en la exposición de estas entidades al mundo cripto y ha propuesto exigentes requerimientos de capital para los bancos que negocien con criptoactivos. Sin embargo, la industria defiende que este enfoque —dotar de regulación a los criptoactivos a través de la reglamentación bancaria— puede no ser el más acertado. En el sector se transmite la idea de que las entidades pueden aportar fiabilidad y seguridad a este mercado, pero ello sería imposible de aprobarse el exigente marco regulatorio propuesto por el Comité, que impediría, de facto, la participación de los bancos en el mismo. Y ello, sin olvidar que, si esa regulación hubiera de ser cumplida por los bancos, también debería afectar —defienden— a todos los demás agentes relacionados con el mercado de criptoactivos. 

Respuestas parciales desde EE. UU.

Otra aproximación es obligar a que la venta de estos activos se lleve a cabo desde entidades reguladas. En este sentido, EE. UU. prepara ya un cuerpo legislativo, impulsado por la actual administración, que busca regular las stablecoins (monedas respaldadas por, o al menos vinculadas a, otros activos), básicamente convirtiendo los emisores de estas monedas en bancos, y también las denominadas plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). Sobre estas últimas, por ejemplo, se plantea considerar a sus distribuidores como brokers y requerirles, por tanto, informar sobre sus clientes.

Sin embargo, la falta de una regulación integral de estos mercados o las propias contradicciones entre los organismos a la hora de considerar la naturaleza de sus activos son causa de preocupación en EE. UU. A falta de la aprobación de las nuevas normas, las agencias de ese país intentan su supervisión con normas ya vigentes, pensadas para activos convencionales, lo cual resulta problemático.

Europa: lenta pero exhaustiva

En Europa los planes regulatorios llevan avanzando más tiempo, preparándose una completa reglamentación y un conjunto de definiciones que afecten a todos los criptointermediarios con clientes en la UE. Esta regulación, conocida como MiCA (Markets in Criptoassets), está ahora siendo estudiada por los gobiernos nacionales y podría llevar aún dos años –o más– llevarla a la práctica. 

La UE decidió llevar a cabo este exhaustivo planteamiento porque los criptoactivos quedaban fuera del alcance de su legislación sobre servicios financieros, dejando sin protección a inversores y la propia estabilidad financiera. 

Frente a las inconsistencias legislativas estadounidenses, la normativa europea gana adeptos en su ambición declarada de convertirse en estándar global. Pero, simultáneamente, no le faltan críticas de quienes creen que favorece a las instituciones tradicionales frente a las nuevas empresas del sector fintech, al incrementar las barreras de entrada. 

El mundo aborda la criptorregulación

El enfoque más radical sobre este asunto proviene en la actualidad de China, que esencialmente ha arrinconado las criptodivisas privadas coincidiendo con el lanzamiento del e-yuan, su moneda estatal digital propia o Central Bank Digital Currency (CBDC). Algunos expertos señalan que el objetivo de Pekín es aprovechar las ventajas del sistema blockchain sin criptomonedas. El resto del mundo refleja las dudas que existen en estos momentos sobre la regulación de este mercado. Algunos países africanos (Argelia y Nigeria) y Turquía han seguido los pasos de China pero, simultáneamente, Singapur, El Salvadorotros países emergentes promueven una legislación favorable a las criptomonedas. Japón, un país clave, afronta el dilema de convertirse en un referente de este mercado creciente, que es ya un fenómeno de moda entre su población más joven, al tiempo que observa riesgos significativos en su desarrollo. 

En todo caso, hay que destacar que gran parte de la oposición a las nuevas y más estrictas normas se debe a la falta de oportunidades de inversión de alto rendimiento en un mercado que sigue con tipos de interés históricamente bajos. Y mientras esta situación continúe, tanto las inversiones racionales como las irracionales coexistirán en el mercado de las criptomonedas.

Lo cierto es que, de un modo u otro, lo cripto ha crecido lo suficiente como para llamar la atención y su ordenación, en uno u otro sentido, ocupa ya el tiempo de legisladores y supervisores. 

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Igualdad y Seguridad Social

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A lo largo de las últimas décadas la legislación
laboral y de la Seguridad Social ha experimentado diversas reformas para
cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo
recogidos en el Artículo 14 de la Constitución española. Los principales
cambios en la materia han sido los relacionados con la protección a la
maternidad, la paternidad y el cuidado de niños y personas dependientes, para
incluir los preceptos contemplados en diversas leyes orgánicas de nuestra
historia más reciente como son la Ley 2003 de reconocimiento de plenos derechos
a las parejas de hecho y legalización del matrimonio homosexual; la Ley del
2004 de medidas de protección integral contra la violencia machista; o la Ley
de Igualdad del 2007. Desde principios de los noventa además, la
legislación se ha modificado para dar cobertura a la filiación no biológica
en exactamente las mismas condiciones y con los mismos derechos que la
biológica. El Real Decreto 1/1995, por ejemplo, reconoce por primera vez la
adopción como situación causante de los permisos para la lactancia y la
excedencia, que antes solo se reconocía a los hijos biológicos. Importante ha
sido también el reconocimiento de derechos a los padres que antes solo se
otorgaban a las madres como por ejemplo el permiso de lactancia en caso de que
ambos progenitores trabajen.

Ha habido también mejoras en este ámbito que llegan gracias a compromisos políticos más amplios. La revisión y actualización del Pacto de Toledo en el año 2003 constituye un importante ejemplo en este sentido. Se abordaron de manera directa y por vez primera los asuntos relacionados con la protección a las mujeres trabajadoras, recogiendo la necesidad de “adoptar de forma urgente medidas que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno desarrollo laboral y profesional de las madres”, como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto dio pie a toda una serie de recomendaciones y medidas que fueron un incentivo clave para los sucesivos avances legislativos, como lo constata también el Informe de seguimiento del Pacto del año 2008. Todos estos avances legislativos y de la práctica de política pública no sólo dan respuesta a una realidad social muy distinta a épocas precedentes, sino que también se ajustan a los principios recogidos en sendas directrices europeas. En su globalidad, el sistema de la Seguridad Social consigue reflejar hoy un sistema de protección social igualitario y garantista.

«Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional».

Sin embargo, existen dos elementos que limitan sobremanera el alcance de estas reformas. En primer lugar, la crisis económica de 2008 supuso un freno considerable a todo el impulso precedente por modernizar la seguridad social. En 2010 por ejemplo se derogó la asignación de 2.500 euros anuales por nacimiento introducida en 2007 y perdió por tanto su carácter universal quedando limitada a casos de nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre discapacitada. En nuestro estudio comparamos el comportamiento de los permisos laborales con el de las prestaciones monetarias en relación a su permanencia en el tiempo y concluimos que los primeros resistieron mejor los embates de los años de crisis y austeridad, permaneciendo vigentes en su totalidad a día de hoy. Las prestaciones monetarias, por su parte, si bien mantuvieron la tendencia incremental hasta el año 2010, se vieron fuertemente mermadas por los ajustes presupuestarios de los últimos años. En segundo lugar, y relacionado también con el punto anterior, la elevada precariedad del mercado laboral español se traduce en una muy desigual capacidad de las trabajadoras y trabajadores al acceso y disfrute de las distintas prestaciones y beneficios. Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. En el análisis realizado sobre coberturas ponemos de relieve la existencia de importantes brechas de inequidad de género y socioeconómicas. La reducción de ingresos y la percepción de inseguridad laboral que existe en torno al uso de permisos y prestaciones afecta directamente a su muy desigual uso por parte del conjunto de la fuerza laboral. Todo ello pone sobre la mesa importantes desafíos para la cultura laboral en nuestro país, especialmente en cuanto a la mejora de los niveles de confianza laboral para el ejercicio de estos derechos y la efectiva conciliación de las vidas laboral y familiar. El impulso legislativo por mejorar el uso y disfrute de los derechos choca en la práctica con la realidad de un mercado laboral extraordinariamente precario y vulnerable que dificulta en demasiadas ocasiones el ejercicio efectivo de esos derechos. Apuntamos también que en la medida que se observa una fuerte segregación ocupacional, las diferencias entre las mujeres mejor y peor situadas en el mercado laboral pueden llegar a ser más fuertes que las brechas que observamos entre hombres y mujeres. Una extraordinaria precariedad en la base de la fuerza laboral junto a unas trayectorias laborales femeninas en el vértice bastante homologadas a las trayectorias laborales masculinas, combinan para explicar la existencia de esta brecha intra-grupos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Igualdad y Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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Guerra tecnológica y orden mundial

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La primera gran guerra del siglo XXI se libra por la información. Como en toda contienda, hay eventos que representan la escenificación de las hostilidades. La Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich el fin de semana fue uno de ellos. Cuando se creó la Alianza Transatlántica, que acaba de cumplir 70 años, pocos podían vaticinar que el principal problema que hoy amenazaría su estabilidad es el control de los datos. Se discuten tres aspectos con particular beligerancia: qué modelo tecnológico debe imponerse, qué impacto puede tener ese modelo en el orden mundial y qué papel debe jugar Europa.

La disputa es entre EEUU y China. En Múnich hubo un desfile de mandatarios y gurús tecnológicos estadounidenses de caracterización ideológica muy diversa pero unidos en torno a una petición de apoyo a las grandes tecnológicas americanas. Consideran que solo ellas —y no las asiáticas— pueden someterse a reglas democráticas como las que los aliados han compartido (no sin problemas) en las últimas décadas.

«Es necesario que ese orden se rija con consenso y control multilateral respeto a los datos. Se echa mucho de menos una agencia mundial de datos que fije los parámetros básicos y coordinación internacional para que sean efectivos».

Santiago Carbó

Europa es el campo de batalla porque, a pesar de no tener ningún gran jugador en el mundo bigtech, es el terreno que tanto EEUU como China quieren dominar por su fuerte demanda. Ha habido invitaciones desde Washington a que se abandone cualquier intento de alianza con China en temas clave como el 5G porque será un sistema de comunicación ubicuo que no debe estar controlado por quien no entiende la privacidad o la competencia igual que los países occidentales y democráticos.

El orden económico global resultante tampoco será necesariamente óptimo si está dominado únicamente por tecnológicas norteamericanas, sin contrapesos ni regulación. La concentración de poder sobre la información seguiría siendo inquietante. Es necesario que ese orden se rija con consenso y control multilateral respeto a los datos. Se echa mucho de menos una agencia mundial de datos que fije los parámetros básicos y coordinación internacional para que sean efectivos.

Lo sucedido es que unas pocas empresas privadas han acumulado tanto poder que, probablemente, a ellas mismas les asusta que les pueda fagocitar. Una de las que más avatares y restregones regulatorios está sufriendo es Facebook, que fue presentado en Múnich como el “país” más poblado de la tierra. Su presidente, Mark Zuckerberg, reconoció en la ciudad bávara que ni los valores sociales ni la privacidad deberían acabar siendo gestionados por unas pocas manos privadas. Y señaló cuatro áreas sensibles que tal vez debieran dar una primera forma a una institución multilateral de control de datos: las elecciones, la privacidad, los contenidos denigrantes y la economía (el valor) de los datos.

Mientras que Europa busca sus propios gigantes tecnológicos —podría perderse en el intento— tiene al menos la necesidad y la obligación de marcar el rumbo de la regulación de datos del futuro. En comparación histórica, se da la vuelta la tortilla y es ahora EEUU el que pide a Europa que se una a su bando en la gran disputa global. Convendría poner no pocas condiciones.

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La banca frente a la disrupción digital

La disrupción
digital en la banca promete un incremento generalizado en la eficiencia y los
servicios, ya que contribuye a superar las asimetrías de información
(mediante el big data y las técnicas de IA), ofrece una atractiva
interfaz al consumidor y un mayor estándar de servicio, y conduce a la
sustitución de tecnología obsoleta. La banca avanza hacia un modelo centrado
en el cliente. Todo esto plantea desafíos formidables para los operadores
tradicionales, ya que se ven obligados a actualizar sus plataformas
tecnológicas (pasando de mainframes relativamente rígidos a una nube
más flexible) y a reducir su exceso de capacidad en sucursales en el actual
entorno de baja rentabilidad (especialmente, en Europa y Japón), y además tendrán
que intentar ofrecer el nuevo estándar de servicio en competencia con nuevos
participantes que están invadiendo sus segmentos de negocio más rentables.
Deberán llevar a cabo una profunda reestructuración y se producirá la
consolidación. Los operadores tradicionales soportan intensos controles y
obligaciones de cumplimiento normativo, y deberán superar el tremendo daño
reputacional sufrido a causa de la crisis financiera de 2007-2009. Afrontan un
dilema de si competir cara a cara o cooperar con los nuevos participantes. En
el caso de las fintechs, este dilema se resuelve mediante su
adquisición o estableciendo asociaciones con ellas.

En el caso
de las bigtechs, los operadores tradicionales afrontan una situación
potencialmente más delicada. La principal amenaza para ellos es que las bigtechs
intenten controlar la interfaz con los clientes mediante su superioridad en
base de clientes (datos) gracias a su papel de guardabarreras en la
distribución de productos financieros. Si esto llegara a suceder, los bancos
tradicionales quedarían relegados a proveedores de productos en plataformas
que no controlan, esto es, se produciría una mercantilización de su negocio.
Algunos bancos, conscientes de esta amenaza, ofrecen plataformas abiertas que
pueden incorporar productos de otros proveedores financieros, o han establecido
asociaciones con bigtechs. En cualquier caso, los operadores
tradicionales cuentan con algunas fortalezas que pueden aprovechar, como la
confianza de los clientes para mantener a salvo sus datos, así como su
conocimiento acumulado sobre la gestión de la complejidad y los marcos
regulatorios restrictivos. Los operadores tradicionales que consigan prosperar
serán los que logren pasar del mainframe a la nube, tengan pocas
sucursales y mucho capital humano, y o bien se conviertan en plataformas
digitales para mantener la interfaz con el cliente, o bien cuenten con
productos exclusivos en las plataformas de distribución a los clientes.

Las firmas BigTech
entrarán en los servicios financieros debido a la complementariedad de
estos con los datos de clientes que poseen y los productos que ofrecen, como
muestra el ejemplo de China. El grado en el que lo hagan dependerá en gran
medida del tratamiento regulatorio que reciban. De hecho, cabe que los
reguladores prudenciales no les permitan adquirir una licencia bancaria
completa debido a la posible contaminación entre sus actividades bancarias y
no bancarias, que generaría riesgos sistémicos. En términos generales, la
mayoría de los nuevos participantes se muestran reacios a solicitar una
licencia bancaria por los costes de compliance que ello implica. Los bancos
tienen acceso a una financiación más asequible, ya que pueden aceptar
depósitos bajo la cobertura de programas de seguro público, si bien son
objeto de intensos controles.

No hay duda
de que el impacto inmediato de la disrupción digital será una erosión de los
márgenes de los operadores tradicionales y un aumento del acceso a los mercados
bancarios. El impacto a largo plazo dependerá de la estructura de mercado que
acabe imponiéndose. La banca podría pasar del oligopolio tradicional a una
nueva estructura con un número reducido de plataformas dominantes que
controlan el acceso a una base de clientes fragmentada si unas pocas BigTechs,
en colaboración con algunos operadores tradicionales transformados en
plataformas, consiguieran monopolizar la interfaz con los clientes y hacerse
con las rentabilidades en el sector. Un factor clave para mantener un mercado
suficientemente competitivo será que las personas dispongan de la propiedad y
de la portabilidad de los datos, y que exista interoperabilidad entre
plataformas, de modo que el cambio de proveedor para los clientes sea fácil.

En la medida en que las ventajas en términos de eficiencia —información mejorada, tecnologías de filtrado (screening), operativa simplificada y menor apalancamiento— sean los principales motores de la entrada de las BigTechs, se producirá un aumento de la eficiencia y de la inclusión financiera en el sector financiero. Este efecto será especialmente pronunciado si, en respuesta a su entrada, los operadores tradicionales mejoran su eficiencia mediante reestructuraciones y la adopción de tecnologías más avanzadas. No obstante, si las fuerzas que impulsan la entrada de las BigTechs giraran en torno al poder de mercado, el aprovechamiento de lagunas regulatorias y los efectos de arrastre de externalidades de red con fines de exclusión, entonces la eficiencia del sistema bancario podría resultar mermada en el largo plazo.

«La escasa regulación de los nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos»

La
disrupción digital también supone un desafío formidable para los organismos
reguladores. Deberán adaptarse al mundo digital facilitando la competencia y
permitiendo que los beneficios de la innovación calen en el sistema, al tiempo
que protegen la estabilidad financiera. Para ello, estos organismos deberán
coordinar la regulación prudencial y la política de competencia, para que el
cumplimiento normativo no se convierta en una barrera de entrada y la propia
entrada no devenga un factor desestabilizador. La escasa regulación de los
nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto
también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su
rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos, transfiriendo la
generación de riesgo sistémico a las entidades no bancarias.

Los
reguladores deberán mantener unas condiciones equitativas entre participantes
en el mercado, potenciando la innovación y manteniendo la estabilidad. Sin
embargo, mantener unas condiciones equitativas es algo más fácil de decir que
de hacer, atendiendo a la asimetría existente en los requisitos de intercambio
de información de clientes en la banca abierta estipulados en la Directiva
PSD2 (en relación con los operadores tradicionales) y el RGDP (que se aplica a
los participantes no bancarios). La clave para mantener unas condiciones
equitativas es permitir la interoperabilidad de datos entre los distintos
proveedores de productos y servicios.

«Las preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad cuando se realizan transacciones en las plataformas».

Los
reguladores también deberán estar alerta ante las nuevas formas de riesgo
sistémico. Por ejemplo, si la banca evolucionara hacia un sistema basado en
plataformas, el riesgo de que se planteen problemas sistémicos derivados de
ciberataques y filtraciones masivas de datos pasará a un primer plano.
Además, las posibilidades de generar riesgos sistémicos por la contaminación
entre las actividades bancarias y no bancarias aumentarían, así como el
riesgo de quiebra de terceros proveedores. La decisión sobre qué actividades
mantener dentro del perímetro normativo de los bancos tendrá consecuencias,
ya que, si bien la regulación en función del ámbito de actividad puede
fomentar la innovación y la igualdad de condiciones, son las entidades, y no
las actividades, las que quiebran y pueden generar riesgos sistémicos.

Las
preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer
plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los
datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad
cuando se realizan transacciones en las plataformas. Asimismo, tendrán que
tomar en consideración que la tecnología digital permite una mayor capacidad
de discriminación por precios, lo que también exige que se refuerce la
protección del consumidor. Debe fomentarse especialmente el uso de la
tecnología digital de una forma transparente que atenúe los posibles sesgos
de comportamiento de consumidores e inversores. La transparencia en las
condiciones a la hora de tratar con clientes es y seguirá siendo una ventaja
competitiva de los bancos digitales que debería impregnar a todo el sector.

En conclusión, la regulación tiene que estar a la altura del reto de garantizar que la capacidad disruptiva de las nuevas tecnologías y plataformas para mejorar el bienestar se materialice en beneficios para los consumidores y las empresas, sin poner en peligro la estabilidad financiera.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La banca frente a la disrupción digital’, disponible en el número 162 de Papeles de Economía Española: La gestión de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial

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Arranca Davos

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La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos parece un imán social con un polo que causa atracción por las ideas y otro que emana desafección al boato. En este mundo de la velocidad que no invita a la adecuada reflexión, en Davos se va a insistir en varios conceptos de la partitura política internacional y que se resumen en el leitmotiv “capitalismo inclusivo”. Se trata de cómo hacer que el modelo económico imperante extienda sus beneficios a diferentes capas sociales y sea respetuoso con el medioambiente. En la ciudad suiza se tratan de explicar vías por las que la tecnología y una nueva gobernanza política y empresarial podrían lograrlo. Hay algunos como Boris Johnson que aseguran que discutir estos temas entre copas de champán no parece lo más adecuado.

Tal vez lo importante de la cita es que genera debate más allá de ella. Se extiende la cobertura de dos conceptos que no son nuevos pero que ahora se quieren convertir en la referencia intelectual. Uno es el de economía circular, que es aquella que resulta autosostenible, sin generar más deuda ni dañar el entorno. El otro es el de stakeholder capitalism, que podría traducirse como un capitalismo para todos (o al menos para más participantes), en lugar de uno exclusivo de los accionistas (shareholder capitalism). Que la mayor parte de los ciudadanos vea con buenos ojos estas transformaciones lleva a que muchas empresas quieran hacerlos suyos. Ya sea por imagen o porque se asume que no hay futuro sin esos cambios.

«Lo importante de la cita es que genera debate más allá de ella. Se extiende la cobertura de dos conceptos que no son nuevos pero que ahora se quieren convertir en la referencia intelectual. Uno es el de economía circular; el otro es el de stakeholder capitalism, que podría traducirse como un capitalismo para todos».

Santiago Carbó

Varios riesgos financieros pueden complicar los avances de esa economía inclusiva en 2020 y más allá. El primero es que gran parte de la financiación mundial se está canalizando por vías no bancarias, con menor control regulatorio y potencial desestabilizador. Asimismo, gran parte del supuesto aumento del valor bursátil se debe, por un lado, a la probablemente excesiva valoración del capital inmaterial de empresas tecnológicas. Y, también desde Estados Unidos, a los más de 5 billones de dólares de beneficios que las compañías han gastado en comprar sus propias acciones para elevar su valor de mercado en lugar de reinvertir o generar nuevos empleos.

Otro hecho que supone un desafío es la ausencia de estándares exigentes de protección del medio ambiente. En Davos, las grandes empresas de auditoría mundiales van a tratar de consensuar principios comunes para una “auditoría verde” de modo que se pueda identificar a las empresas que contribuyen al cambio y a las que no. Será difícil, en cualquier caso, que el cambio llegue si no viene de las propias empresas. Es necesario un activismo empresarial verde.

Finalmente, un tercer hecho que va contra las buenas intenciones es el estado de la revolución tecnológica. Su orientación para una mejora de las condiciones medioambientales y sociales (incluida la salud) es necesaria pero también está en cuestión cuando ni siquiera está clara cuál debe ser la fiscalidad de las grandes empresas como Google, Amazon o Facebook.

Resolver estas contradicciones es el gran reto. Davos puede arrojar luz o esconder la verdad entre las sombras.

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