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Las manufacturas mantienen una trayectoria favorable

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Índice de producción industrial | Agosto 2022


El índice de producción industrial creció un 0,4% en agosto. El de manufacturas avanzó un 0,7%, y un 3,4% en comparación interanual. La situación en los últimos meses es de estabilidad, aunque encuadrada dentro de una trayectoria de recuperación iniciada a mediados del pasado año (seleccione ‘Manufacturas‘ en el gráfico). No obstante, comienzan a observarse diferencias importantes entre sectores.

Así, los sectores de metalurgia e industria química, que se encuentran entre los más afectados por el encarecimiento del gas, mantienen una clara tendencia a la baja (seleccione ‘Sectores en descenso‘ en el gráfico). También se mueven en la misma dirección el sector farmacéutico y el de fabricación de muebles, aunque en estos casos el cambio de tendencia ha sido reciente, y además partiendo de niveles relativamente elevados, tras los ascensos registrados a lo largo del último año.

En contraste, otras ramas presentan una notable resistencia, o incluso una sólida tendencia ascendente, como es el caso de las industrias de cuero y calzado, maquinaria y equipo y, de forma destacada dentro de este grupo, fabricación de automóviles, si bien en este último caso partiendo de un nivel muy reducido (seleccione ‘Sectores en ascenso‘ en el gráfico). Por otra parte, la evolución del índice español a lo largo del último año y medio ha sido más favorable que la media europea. Así, el nivel de actividad en España en los siete primeros meses del año —aún no se conoce el dato de agosto para la eurozona— es un 2,9% superior al del mismo periodo de 2021, mientras que en la eurozona fue un 0,1% inferior, y, por ejemplo, en Alemania, fue un 1,2% inferior.

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Ajustes necesarios en la respuesta a la invasión de Ucrania

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Hace poco más de un mes, el Banco Central Europeo (BCE) publicaba en su boletín mensual un análisis del impacto presupuestario de las medidas adoptadas en los países de la eurozona para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Según los cálculos de los autores, tan solo el 12% de esas rebajas impositivas e incrementos del gasto tiene por beneficiarios a los hogares vulnerables; y menos del 2% contribuirá directamente a la transición ecológica. La semana pasada, Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertía de la necesidad de que las actuaciones se centren en apoyar a los más frágiles, evitando medidas generalistas que, por definición, son más costosas para los erarios europeos y acaban alimentando el proceso inflacionario.

Desafortunadamente, la probabilidad de que la necesidad de medidas compensatorias se extienda a 2023 debería hacernos reflexionar para redefinir el plan de choque. Y el párrafo anterior nos da pistas sobre cómo deberíamos hacerlo: focalizando mucho más las ayudas y apostando en mayor medida por actuaciones que sean compatibles con el impulso a los objetivos de transición energética y ecológica.

En todo caso, debemos tener claro que para afrontar el episodio inflacionario no basta con lo anterior; y que la subida de tipos de interés por parte del BCE puede ser una medicina particularmente dolorosa y no muy eficiente, en la medida en que el origen de la inflación no es un sobrecalentamiento de la economía europea y, por tanto, habrá que reducir mucho la demanda para que se note el efecto en los precios. Por eso necesitamos tres cosas más.

La primera es actuar de forma contundente sobre los mecanismos de fijación de precios de la energía, que generan resultados absurdos en la coyuntura actual. La UE debería resolverlo en lo que resta de mes. Porque no es muy inteligente mantener las reglas actuales y dejar que Rusia utilice su gas como una potente arma de guerra económica.

La segunda es la enorme importancia de alcanzar un pacto de rentas ambicioso y en un plazo breve. En tiempos de guerra, necesitamos que en el seno de los países de la UE mantengamos cohesión, paz social y solidaridad.

La tercera está íntimamente ligada a la anterior. La pandemia nos ha mostrado la importancia de la coordinación y la cooperación en momentos críticos. Desafortunadamente, estamos ante otro. Cierto que en este caso no se trata de mascarillas, distancia social y responsabilidad individual para frenar contagios. Ahora se trata de que los sectores productivos y los hogares en mejor situación financiera acepten que las ayudas vayan a otros, asuman que su pérdida de poder adquisitivo sea comparativamente mayor y que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se hagan esfuerzos voluntarios para ayudar a los más vulnerables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La apuesta arriesgada del BCE

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Europa se enfrenta a uno de sus mayores retos desde la creación del euro. La subida de tipos de interés decidida esta semana por el BCE está justificada, habida cuenta del riesgo de pérdida de valor de la moneda única frente al dólar, divisa en la que cotizan las principales materias primas importadas y, por tanto, factor clave de la inflación. No es comprensible, sin embargo, el anuncio de hasta cuatro vueltas de tuerca adicionales en los próximos meses, hasta que la inflación se acerque a su objetivo del 2% —algo que podría suceder desde finales del próximo ejercicio—, según Fráncfort.

La política monetaria solo puede incidir directamente en los precios internos, que representan apenas el 31,5% del alza del IPC. El resto de componentes —es decir, la energía y los alimentos— están en buena medida determinados por factores externos a la acción del BCE. Por tanto, el BCE tendría que generar una profunda recesión para generar una caída abrupta de los precios y de los salarios, y así doblegar la inflación. Esto no es coherente con la previsión de crecimiento del 0,9% que maneja el banco central para 2023. Tras haber negado la persistencia de la inflación, ahora podría estar minimizando el riesgo de recesión.

Se alude a la experiencia de Estados Unidos, donde la inflación parece estar remitiendo tras el giro de la Reserva Federal. Sin embargo, en ese país la energía y los alimentos representan menos de la mitad del incremento total de los precios. Además, Biden ha logrado coordinar los otros instrumentos de la política económica para, a la vez, aplacar la inflación y prevenir una larga recesión: ha puesto en marcha un plan de inversión orientado a aliviar los cuellos de botella en las cadenas de suministros y asegurar la seguridad energética de su aparato productivo. La receta parece estar dando frutos.

En la Unión Europea, sin embargo, la política fiscal tarda en reaccionar y el debate está encorsetado por cuestiones importantes como la reducción de los desequilibrios, pero deja de lado el contenido de las políticas en un momento clave para el futuro de la economía europea. Se echa de menos una estrategia de interconexiones energéticas y de inversiones centradas en diversificar las fuentes de suministro. También se está tardando en reformar el funcionamiento de los mercados, en especial en lo que atañe al traslado del precio del gas a la tarifa eléctrica.

Entre tanto, algunos de los principales operadores de los mercados a plazo están entrando en números rojos, por verse abocados a comprar energía a precios significativamente más elevados de lo que prevén los contratos con sus clientes. Bruselas podría verse obligada a relajar las reglas de ayudas de Estado para afrontar una situación que pone en peligro la estabilidad del suministro.

Todo ello apunta a un fuerte deterioro del contexto europeo en el que se mueve la economía española. El endurecimiento monetario que incorpora el euríbor, ya por encima del 2%, tendrá un cierto impacto. Pero este será mucho menor que la probable entrada en recesión de Alemania, Italia y otros socios comunitarios más expuestos que nosotros a una crisis energética a la que Europa todavía no ha encontrado respuesta.


De ahí la importancia del buen manejo de nuestra política fiscal. El shock de oferta, si bien violento, no alcanza la magnitud de lo que se espera en la mayoría de países europeos. Por tanto, existe un margen para desplegar los fondos europeos en los sectores que más directamente contribuyen a aliviar la crisis, y para reducir la carga que pesa en los colectivos vulnerables. Los otros componentes del presupuesto deberían tender al equilibrio. Las curvas que vienen aconsejan adaptar la política económica española y reformular la europea. Y más realismo del BCE en el ritmo de desescalada de la inflación.

Tipos de interés | Tras la subida de los tipos de intervención del BCE de 75 puntos básicos, los mercados han reaccionado de manera dispar. El euríbor a un año, principal referencia para las hipotecas, se ha incrementado, evidenciando la anticipación de una nueva vuelta de tuerca del BCE en los próximos meses. El rendimiento del bono español a diez años ha evolucionado de manera inversa, con un descenso que, aun leve, podría reflejar la anticipación de una pausa del giro monetario a medio plazo, en consonancia con la elevación del riesgo de recesión.      

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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IPC: de la negación al riesgo de sobrerreacción

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Más inflación y, una vez pasado el verano, menos actividad: este es el panorama al que nos enfrentamos, como lo avalan tanto los hechos como los anuncios de política internacional dados a conocer esta semana.

Al traspasar la barrera psicológica del doble dígito, es ya inevitable que el IPC se arraigue en la economía y que los vaticinios de los responsables de política monetaria se vean desbordados por la fuerza de la realidad. Incluso suponiendo una moderación de los costes importados en los próximos meses, la inflación rozaría el 9% en media anual en 2022, casi dos puntos por encima del pronóstico de mayo del Banco de España, y más que duplicaría el objetivo del banco central en 2023. Sin sorpresa, la pérdida de capacidad de compra se ha convertido en un tema central, como lo reflejan las encuestas de confianza del consumidor y de sentimiento empresarial.

Además, la versión “económica” de la recién celebrada cumbre de la OTAN es que la perturbación geopolítica, principal desencadenante del brote de inflación energética, será más persistente de lo anticipado. Lejos de amedrentarse, Rusia profiere nuevas amenazas. Y en China no han gustado las valoraciones del comunicado de la alianza acerca de su papel desestabilizador del orden internacional. También surgen tensiones en el seno de la alianza, como las generadas por el anuncio de restricciones a las exportaciones de gas británico hacia la Unión Europea.

Para afrontar un shock de este calibre, el BCE, tras salir de la negación, no debería irse a otro extremo y ceder a la presión de los halcones. Estos recomiendan un ajuste agresivo de los tipos de interés, para así generar un parón de la demanda y atajar el traslado de la inflación energética al resto de precios. De modo que al empobrecimiento generado por la guerra y la crisis energética, de origen externo, se añadiría la recesión auto infligida por una sobrerreacción de la política monetaria.

Una estrategia gradual, que pasa por aceptar que la inflación superará el objetivo durante un cierto tiempo, es por tanto preferible. Sin duda la gradualidad contiene riesgos de persistencia de la inflación, y de pugna permanente por la recuperación del poder adquisitivo. Pero ese sería el precio a pagar por la preservación del crecimiento.

La persistencia del shock también sugiere un cambio de paradigma de la política contra la inflación de los gobiernos. Hasta ahora, las principales medidas se justificaban por el carácter pasajero del encarecimiento de la energía. Las subvenciones generalizadas a los hidrocarburos que se han extendido a través del continente, o el recorte de IVA energético, se traducen en bajadas puntuales de IPC —como hemos visto en junio en Alemania—. Pero no podrán doblegar la tendencia ni ayudarán a reducir la dependencia energética. Se requieren por tanto medidas estructurales, como el estímulo al ahorro energético, el apoyo al transporte público, o la reforma del mercado eléctrico.

Las compensaciones a los grupos vulnerables también deberían adaptarse, para evitar efectos de umbral (cuando los receptores pierden la ayuda solo con ganar un euro más) y estimular el ahorro energético. Para ello algunos países como Italia utilizan el sistema fiscal, mucho más ágil que la actual multiplicación de bonos y exenciones. El despliegue de transferencias fiscales, que se podría extender a las empresas más intensivas en energía, también actúa como acicate para reducir el consumo.

El grueso del ajuste a un entorno de inflación elevada tendrá que ser soportado por las empresas y los trabajadores. Habrá que aprovechar las innovaciones que van apareciendo en algunos acuerdos. Se trata de conciliar intereses aparentemente contradictorios, pero en realidad unidos por la necesidad de mantener dos de nuestros principales activos: la competitividad, de momento intacta como lo muestra el mantenimiento del superávit externo, y la cohesión social.

IPC | Tras haberse acercado a la media de la eurozona en mayo, el IPC repuntó de nuevo en junio, abriendo una importante brecha con respecto a los principales países vecinos. El diferencial es de 1,5 puntos en relación a Alemania e Italia, y de 3,5 puntos en el caso de Francia. Preocupa el impacto en la competitividad del alza del IPC subyacente, también por encima de la media europea según el dato adelantado. Entre tanto, los salarios mantienen su moderación, con un incremento del 2,5% de los nuevos convenios colectivos firmados hasta mayo.   

IPC | Tras haberse acercado a la media de la eurozona en mayo, el IPC repuntó de nuevo en junio, abriendo una importante brecha con respecto a los principales países vecinos. El diferencial es de 1,5 puntos en relación a Alemania e Italia, y de 3,5 puntos en el caso de Francia. Preocupa el impacto en la competitividad del alza del IPC subyacente, también por encima de la media europea según el dato adelantado. Entre tanto, los salarios mantienen su moderación, con un incremento del 2,5% de los nuevos convenios colectivos firmados hasta mayo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nueva ola de inflación energética

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En los últimos tiempos el gas ha sido el protagonista inesperado de la economía española, por su papel de propulsor de la inflación que se ha extendido a través del aparato productivo, frenando la recuperación. Ahora todo apunta a que el petróleo podría estar tomando el relevo como aguafiestas. 

Dos factores confluyen en la dirección de un fuerte encarecimiento del oro negro en los próximos meses. Por el lado de la demanda, China ha iniciado el desconfinamiento de las zonas afectadas por los brotes de virus, preludio de un rebote de la actividad de la segunda economía del mundo, con enorme peso en las importaciones mundiales de materias primas. 

A la inversa, las restricciones a las importaciones de petróleo ruso anunciadas en fechas recientes por Bruselas generarán un recorte drástico de la oferta disponible, al menos a corto plazo: según los expertos de la Agencia Internacional de la Energía, una buena parte del suministro del gigante euroasiático no podrá ser redirigido hacia otros destinos, agravando la escasez global. Por otra parte, Arabia Saudí y otros países productores se muestran poco entusiastas en incrementar su extracción para cubrir el déficit de crudo euroasiático (han anunciado un bombeo adicional que representa menos del 10% de la oferta rusa). Se preguntan por qué lo harían, cuando los mismos países que les piden un esfuerzo se han comprometido a acabar con el uso de los hidrocarburos. Es un hecho que las inversiones se han desviado masivamente hacia las energías renovables.   

Entre tanto, descontando los altibajos que caracterizan un mercado tan volátil, el barril de brent se aproxima a los 120 dólares, un 53% más que a inicios de año. Y los mercados a plazo se orientan al alza. Si la cotización llegara hasta los 140 dólares, en consonancia con algunas de las previsiones (otras son aún más alarmistas), el IPC subiría un punto más. De modo que la escalada del petróleo anularía los esfuerzos desplegados para contener la inflación, tal la subvención a los hidrocarburos o el mecanismo de limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico (una medida que por otra parte, e incompresiblemente, tarda en entrar en vigor). 


Sin duda nuestra economía puede aguantar el envite del petróleo en los próximos meses. Así lo evidencian los buenos datos de afiliación a la seguridad social para el mes de mayo, así como los indicadores de coyuntura, que apuntan a una mejora tanto en la industria gracias al auge exportador como en los servicios (los PMI muestran una mejora tras las turbulencias generadas por la invasión de Ucrania). La temporada turística se presenta bajo auspicios favorables y algunos hogares todavía disponen de un colchón de ahorro para mantener el consumo pese a la pérdida de poder adquisitivo. 

Pero un repunte de precios energéticos añadirá presión a un IPC subyacente que roza ya el 5%, y apenas un poco menos en la eurozona. Sin sorpresas el BCE se dispone a cesar sus compras de deuda, antes de incrementar sus tipos de interés —con una primera subida el mes que viene seguida de otras, hasta doblegar la inflación—. El giro se refleja ya en el coste del dinero, encareciendo las hipotecas y otros préstamos. 

Además, una recesión técnica en Alemania y otras economías más castigadas que la nuestra por la escasez de hidrocarburos no es descartable a partir del otoño, cuando el endurecimiento de las sanciones a Rusia entre plenamente en vigor. 

Finalmente, el mantenimiento de una fuerte inflación energética reduce el espacio de negociación para compartir el coste de manera equilibrada. De momento los salarios evolucionan con moderación, tanto en España (con incrementos pactados hasta abril cercanos al 2,5%) como en Alemania (4%), Francia (3%) e Italia (cerca del 1%). Pero ojo con la vuelta de las vacaciones. Las sanciones aumentan el riesgo de una cronificación de la inflación, pero esperemos que ayuden a resolver el conflicto bélico. 

CONTRATACIÓN | Según los datos divulgados esta semana, el número de contratos de trabajo registrados en mayo ha sido superior en 95.300 al registrado un año antes, con un incremento en los indefinidos de 574.300 y un descenso en los temporales de 479.000. Entre las modalidades de contratación indefinida, la que más creció fue la de fijos discontinuos ( 10,8%), de modo que el número de contratos acogidos a esta modalidad se ha multiplicado por 13 en el último año. Las otras fórmulas de contratación indefinida también ganan terreno, pero menos: 1,3% en mayo, y 243% en un año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inflación: una noticia positiva, otra preocupante

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El IPC muestra señales esperanzadoras de desescalada, pero es pronto para determinar si la inflación —entendida como un bucle que se retroalimenta de incrementos de precios y salarios— seguirá el mismo camino. La limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico, el principal factor del encarecimiento de la cesta de la compra, es un potente freno a la escalada de costes. Especialmente en nuestro país: el IPC de nuestra electricidad se incrementó un 87% entre enero de 2021 y marzo de 2022, frente a la media europea del 40%.    


Otros factores importados están tomando el relevo de la factura eléctrica, en especial los alimentos y el petróleo. La guerra ha hundido las exportaciones de cereales desde las zonas de conflicto, además de generar un encarecimiento de los fertilizantes intensivos en gas ruso. La cotización del barril de Brent, por su parte, se resiente ya del inminente endurecimiento de las sanciones a Rusia, hasta neutralizar por completo la subvención pública a los hidrocarburos. La decisión de los países de la OPEP de no incrementar la extracción de crudo (o de hacerlo en proporciones insuficientes para paliar la escasez global) apunta en la dirección de tensiones adicionales al menos a corto plazo. Y los cortes de suministro de gas ruso, ya decididos o presentidos, auguran más perturbaciones —si bien el impacto será menor en la península ibérica gracias a la capacidad instalada de regasificación, aportando una ventaja comparativa crucial frente al resto de Europa—.       

Pero lo que preocupa ahora es el despertar de los precios en el sector de servicios —hasta fechas recientes inmune a la embestida de la energía— y su corolario de inflación subyacente. En el pasado ejercicio el IPC de los servicios se había mantenido casi ajeno al resto de componentes del consumo, con avances muy leves en contraposición con el repunte de los bienes industriales, en primea línea de la crisis energética y de suministros. Pero la tendencia ha cambiado: en abril el IPC de servicios se incrementó un 1%, lo que lleva la inflación acumulada en lo que va de año al 3,3%, lo mismo que los bienes industriales no energéticos. Destacan los incrementos del transporte, hostelería, restauración y seguros. Con todo, los precios de más de la mitad de los productos que componen la cesta de la compra crecen a un ritmo superior al 4%, cuando esa proporción era insignificante hace un año. Es decir, la inflación de costes energéticos y de suministros se ha repercutido al resto de precios, explicando el repunte de la inflación subyacente. 

No obstante, el proceso inflacionista no se ha adentrado todavía en el conjunto del aparato productivo. Falta el último eslabón: los salarios. De momento éstos actúan como dique de contención, al menos a nivel agregado, con una evolución de las remuneraciones pactadas en convenios colectivos notoriamente inferior a la inflación subyacente —algo que corroboran los datos de retribuciones medias de grandes empresas—. 

Sin embargo, ese muro de contención empieza a fisurarse. El sector de la construcción acaba de sellar un acuerdo con subidas salariales del 10% escalonadas hasta 2024 y con garantías de poder adquisitivo. Las negociaciones en otros sectores con margen de maniobra, como la consultoría, apuntan en una dirección similar. 

A falta de un acuerdo de conjunto, existe un riesgo de acuerdos parciales que abrirían la compuerta de una espiral precios-salarios perjudicial para la competitividad del conjunto de la economía y el empleo. Pero otro escenario es posible, caracterizado por un esfuerzo coordinado de contención de los márgenes empresariales y de los salarios. Esta es una vía que, junto con medidas de contención de los precios eléctricos, un plan de ayudas bien diseñadas a los sectores en dificultad y el aprovechamiento del enorme potencial en energías renovables, nos colocaría en mejor posición para luchar contra la inflación. Y para afrontar una crisis energética que no tiene pinta de amainar.                

CARBURANTES | Aunque de manera menos espectacular que el gas, el precio del petróleo ha seguido una senda fuertemente alcista desde inicios de año. La cotización del barril de Brent roza los 110$, un 41% por encima de los niveles de finales de 2021. Habida cuenta de la depreciación del euro, el aumento alcanza el 54%. Todo ello se ha trasladado a los precios finales de los carburantes, pese al descuento asumido por la hacienda pública: repostar con gasóleo cuesta un 42% más. Una subida del barril hasta 120$ añadiría cerca de un punto de IPC.          

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Ayudas y demanda de energía

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Está costando —y de qué manera— volver a una cierta normalidad económica y financiera tras la fase aguda de la pandemia. La inflación y los tipos de interés de mercado son dos golpes encima de la mesa para entender que no todo se puede arreglar con facilidades monetarias o con gasto. Es necesario cambiar la estructura y, sobre todo, asumir el coste de hacerlo hoy para un mejor mañana. En estos momentos, los gobiernos europeos debaten con Bruselas medidas para reducir la dependencia energética exterior y la factura que pagan consumidores y empresas por ello. Sin embargo, cuando no se cuenta con soluciones propias, cada medida es como tirar de la manta para cubrirse el pecho y dejarse al aire los pies, sean los propios o los del vecino porque la UE está interconectada.

Los economistas discuten la idoneidad de algunas medidas adoptadas para reducir el coste de la energía. Una premisa es definir el objetivo. Puede ser disminuir la dependencia energética respecto a Rusia. Puede intentar lograrse reducir lo que pagan ciudadanos y empresas. Otro propósito es, simplemente, reducir la inflación. El problema es a quién y cómo dirigir las medidas y lograr estos objetivos. España gastará 16.000 millones en subvenciones para la energía. Ha conseguido también la excepción “ibérica” para su mix energético. Debate con la UE un plan para reducir aún más el coste de la electricidad.

Subvencionar el combustible en las estaciones de servicio, aunque reduce gastos a empresas y familias, dificulta reducir la dependencia energética y atemperar la inflación. Esa ayuda a los usuarios finales mantiene un nivel alto de consumo. Habría que moderarlo. Debemos dejar operar las señales de los precios cuando suben también. Sobre todo, respecto a un bien que es más escaso hoy que hace un año. No se debe mantener artificialmente la demanda. A corto plazo podamos moderar el precio de forma aparente. Al mantenerse el consumo, el precio de largo plazo seguirá siendo elevado. El precio no subvencionado sigue siendo alto. Con el descuento se paga un precio más elevado que hace un año. No es gratis. Parte de la vuelta a la normalidad —como lo es la subida de tipos ante la inflación disparada— debe ser también asumir que el gasto fiscal no es un chicle infinitamente estirable.

Hay matices cruciales. Parte de los usuarios son transportistas y otros profesionales estratégicos para el funcionamiento de la economía. Sin subvención, tienen un margen de negocio negativo o difícilmente asumible y es lógico apoyarlos ahora. Sin embargo, es conveniente que otros usuarios moderemos nuestro consumo energético. Conviene contemplar un marco más amplio: si todos queremos avanzar hacia una economía basada en energías renovables y reducir drásticamente la dependencia energética en países como el nuestro, hay que asumir cierta responsabilidad. No es gratis ni sencillo. Falta pedagogía al respecto, aun reconociendo que es difícil porque explicar el coste de la energía y cómo reducirlo no es una tarea fácil para gobernantes y responsables de empresas energéticas. En todo caso, el concepto de ahorro energético debe hacerse mucho más visible en los próximos meses.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Condiciones para una desescalada de la inflación

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Según las previsiones de algunos de los más prestigiosos think tanks, la economía española tiene la capacidad de absorber la crisis energética y de suministros: su crecimiento sufrirá un recorte severo, especialmente en los próximos meses, pero sin caer en la tan temida estanflación y retomando impulso en el próximo ejercicio. El rebote del turismo, el colchón de ahorro generado por la pandemia, y el plus de inversión aportado por los fondos europeos figuran entre los principales focos de resistencia.

Todas estas previsiones, sin embargo, están sujetas a una conjetura: que la inflación emprenda una rápida desescalada, de modo que la virulencia de los precios energéticos tenga efectos transitorios y no perjudique el grueso del tejido productivo. Según el Banco de España, el IPC pasaría del 7,5% este año al 2% el que viene, mimetizando el objetivo del BCE. 

Ojalá se cumpla este vaticinio, porque sin duda es el mejor de los escenarios ante un shock energético de gran magnitud, que entraña múltiples riesgos. El más conocido, como lo señalan los expertos monetarios, es la amenaza de una espiral de precios y de salarios que se cierne sobre nuestra economía. Cada uno de los sectores intenta recuperar la erosión de capacidad de compra generada por la inflación. La remuneración media por asalariado, que ya se redujo un 3,6% en términos reales en 2021, podría sufrir un recorte adicional superior al 4% este año. Y los sectores industriales no energéticos han tenido que comprimir sus márgenes, lo que les aboca a incrementar sus precios. Es un hecho que el IPC descontando la energía y los alimentos frescos se incrementa ya a tasas próximas al 3,5%.   


La mecánica de las expectativas de inflación es un riesgo aún más potente: según el Banco de Pagos Internacionales (que agrupa a la mayoría de bancos centrales del mundo), el alza de los precios está superando el umbral a partir del cual los consumidores y las empresas perciben un riesgo elevado de pérdida de poder adquisitivo. Estaríamos por tanto dejando atrás la era de la gran moderación, caracterizada por una relativa despreocupación social en relación a la inflación. Ahora cualquier incremento parcial de precios se percibe como una señal de espiral generalizada, y por tanto nutre las expectativas alcistas. El organismo internacional detecta esta mecánica en EE UU. 

Sin duda es prematuro concluir que las expectativas se han desanclado también en Europa. Pero el riesgo es que andemos ese mismo camino, algo que tendría consecuencias para las personas en situación de vulnerabilidad como para las empresas más afectadas por la crisis energética y que se exponen a riesgos financieros y de morosidad.  

En este contexto, es comprensible que la política monetaria intente anclar las expectativas, abriéndose a incrementos de tipos de interés. Es crucial sin embargo que ese ajuste sea gradual y que tenga en cuenta el riesgo de deterioro coyuntural que provocaría una intensificación del conflicto bélico, o un parón en los flujos de financiación de economías endeudadas como la nuestra. El rendimiento del bono público a 10 años ya supera el 1,7%. 

Pero el arma monetaria no basta. También es importante una política fiscal que actúe de manera quirúrgica, aunque potente, para contener la amenaza de desgarro del aparato productivo y compensar los hogares con bajos niveles de renta (a la inversa, la subvención al consumo de hidrocarburos, además de entrañar un alto coste presupuestario, no es susceptible de calmar las expectativas de inflación, ni de contener las desigualdades económicas y sociales). El anuncio de un tope al precio al gas que entra en el mercado eléctrico es otra medida que, a falta de más detalles, permitiría iniciar una desescalada de la inflación. Todo ello condiciona la eventualidad de un acuerdo de rentas, haciendo más verosímil el pronóstico de una recuperación sin inflación. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La preocupante brecha de inflación con Europa

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Una de las principales preocupaciones que surgen a raíz del episodio de inflación en nuestra economía es su virulencia en relación con los principales países vecinos. El crecimiento del IPC, un alarmante 9,8%, supera en más de dos décimas la media europea, y se compara desfavorablemente con Alemania (7,6%), Francia (5,1%), Italia (7%) o Portugal (5,5%). Solo los países bálticos y Holanda tienen peores cifras. 


La escalada de los precios puede echar al traste el rebote esperado del consumo, porque erosiona el poder adquisitivo de las familias y desinfla la bolsa de sobreahorro generado por la pandemia —algo que garantizaba la expansión—. Otro riesgo: nos jugamos la viabilidad de parte del tejido empresarial, que no puede seguir indefinidamente comprimiendo márgenes para amortiguar el encarecimiento de los costes de producción. Y si los traslada a los precios finales, se arriesga a una pérdida de competitividad internacional. En 2021, los beneficios se situaban todavía un 8,6% por debajo del nivel prepandemia, y en el caso de las empresas no energéticas la brecha es mucho mayor. Finalmente, la pugna que se está desatando por la recuperación del poder adquisitivo provoca malestar social —evidenciado por la fuerte contracción del índice de confianza del consumidor de marzo— y exacerba la vulnerabilidad de los colectivos desfavorecidos.   

Urge, por tanto, atajar los factores que explican el diferencial de inflación, entre los que destaca como ya es sabido nuestra factura de la luz. El IPC de la electricidad está desbocado, incluso con respecto a Portugal que sin embargo comparte el mismo mercado mayorista —sin duda, la predominancia de contratos a largo plazo en el país vecino garantiza una relativa estabilidad ante los altibajos del mercado—.  

El elevado peso de la energía en nuestro aparato productivo es otro factor importante (y menos comentado), ya que amplifica el incremento de los precios. Los hogares españoles gastan proporcionalmente más en productos energéticos que la mayoría de sus homólogos europeos (solo Alemania nos supera, pero en ese país los precios crecen la mitad que en España). Y las empresas españolas son también relativamente intensivas en suministros energéticos. Todo ello explica por ejemplo que en Italia el alza de precios energéticos, pese a superar los registros de nuestro país, tenga una menor repercusión en el IPC total. 

El tercer determinante del diferencial de precios atañe a la inflación subyacente. Las presiones de costes en las cadenas productivas se van trasladando poco a poco a los precios finales. Excluyendo la energía y los alimentos frescos, el IPC subió en marzo hasta el 3,4%, superando la media de la eurozona por segundo mes. La brecha se amplía, y de perdurar esa tendencia, es una amenaza seria para la posición competitiva de las empresas y el empleo.  

El plan de choque aprobado en fechas recientes incorpora medidas fiscales susceptibles de rebajar la presión, y ayudas tanto a colectivos vulnerables como a sectores electrointensivos. La más efectiva, entre las que se han anunciado, podría ser sin embargo otra: la imposición de un tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad, todavía en proceso de negociación con Bruselas. 

Conviene además tener en cuenta los daños colaterales de algunas de las medidas, como la rebaja de los carburantes: una iniciativa que, si bien sigue la senda de otros países, no atiende las necesidades de la adaptación a la crisis energética. Ésta exige a la vez focalización y un esfuerzo inversor para reducir la elevada intensidad energética de nuestra economía. El plan reconoce la necesidad de tales medidas de eficiencia, pero no aporta cuantificación ni calendario. 

Sin embargo, es crucial emprender rápidamente una desescalada del IPC, por muy gradual que sea, para evitar un desanclaje de las expectativas y abrir el paso a un pacto del conjunto de rentas. Esa es sin duda la mejor manera de contener la pugna inflacionista y afrontar una geopolítica cargada de incertidumbres. 

PRECIOS | Las tensiones en los mercados internacionales de materias primas se han agudizado desde la invasión de Ucrania, con un encarecimiento del 5% del barril de Brent, del 48% del precio del gas (mercado Mibgas) y del 29% de la cotización del trigo. Las subidas se han trasladado a los precios finales al consumo de los productos energéticos y ciertos productos alimenticios, en el conjunto de la eurozona y en especial en España. Los mercados anticipan una subida de tipos de interés del BCE, como lo evidencia el alza del Euribor a un año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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