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Falta un gran acuerdo

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El lunes comenzó en el pleno del Congreso de los Diputados la fase definitiva para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tras el acuerdo del Gobierno con PNV, ERC y EH Bildu, parece que las cuentas públicas tendrán el plácet parlamentario. La mejor noticia de estos Presupuestos es que tras tres años sin acuerdo para renovarlos, volveremos a contar con esta herramienta básica del funcionamiento y apoyo de la economía —empresas y familias— actualizada a la realidad económica y social de hoy. Los últimos aprobados en el Parlamento datan de 2018, hace ya una “eternidad”, con el Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte crecimiento sin inflación, creación de empleo y coyuntura internacional favorable. La situación actual es radicalmente distinta, con la mayor recesión de la historia reciente tras el impacto devastador de la pandemia.

A pesar de ese contexto tan duro y de la gran incertidumbre existente, se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la covid-19. Para más inri, los apoyos y los rechazos obtenidos por el Gobierno han dado lugar a un llamativo y estéril rifirrafe entre partidos. Lo peor de todo es que no hubo nunca atisbo de que se pudiera llegar a unos nuevos Pactos de La Moncloa, que hubieran conllevado una estrategia presupuestaria de varios años, junto a unas políticas de acompañamiento consensuadas que hubieran despejado muchas de las dudas de la recuperación. Es un fracaso de la clase política que tarde o temprano sentiremos todos y también los propios interesados, a los que puede pasar factura electoral. Es impensable en otras naciones de nuestro entorno con las que tanto nos comparamos que en los “grandes temas de país” no haya una unión suficiente y fuerte para acometerlos. Tras 42 años de democracia, ya es hora de que España consolide una mayor unión entre partidos de todo el espectro político para resolver los “grandes asuntos de Estado”, sobre todo en episodios de crisis. Solamente así alcanzaremos una madurez política que resuelva problemas y no los cree.

«Se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la covid-19».

Santiago Carbó

Un debate sosegado y constructivo habría permitido poner en común y, probablemente, acordar una cierta armonización fiscal entre comunidades autónomas, necesaria, en mi opinión, desde hace tiempo, ya que la situación actual —que tampoco definiría como dumping— está lejos de ser óptima. Eso sí, habría que acometerla en un proceso más amplio de discusión del actual modelo de financiación regional en nuestro país. Asimismo, una mayor armonización fiscal en la UE debería estar también en el horizonte político. Me temo que después del enorme ruido político, al final, no exista un análisis serio de las divergencias fiscales y posibles soluciones, que corrija las desventajas de algunas comunidades autónomas, sin crear problemas adicionales. Esta crisis sanitaria ha mostrado las ventajas de las estrategias que nos unen y, sin embargo, la falta de grandes acuerdos sigue siendo la orden del día. La gestión de los fondos europeos de recuperación es la siguiente oportunidad. Crucemos los dedos.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La segunda ola se abre paso en la economía

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Una de las principales premisas de las previsiones presentadas por el Gobierno esta semana, coincidiendo con muchas otras, es que la economía española habría emprendido una senda sostenida de recuperación, y que esta no se truncará hasta finales de año. La hipótesis es crucial, porque determina la pauta de crecimiento en los próximos ejercicios y que, de no realizarse, la política económica tendría que desplegar nuevas herramientas en un tiempo muy limitado para evitar un agravamiento de la crisis de consecuencias impredecibles.

Los vaticinios se basan en un rebote de la economía durante el verano, de ahí la previsión de un incremento vigoroso del PIB en el tercer trimestre, seguido de un repunte adicional en el cuarto. Esta pauta esperanzadora de recuperación en “v” asimétrica solo es posible si se reinicia el círculo virtuoso de la expansión, que consiste en un encadenamiento de mejoras de las expectativas de las familias y de las empresas, y de un incremento de gasto del sector privado, motor de la actividad y de la creación de empleo, un factor que a su vez tiende a afianzar el clima de confianza.

«El impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado […] Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis».

Raymond Torres

Ese círculo virtuoso, sin embargo, se ha visto amenazado por los rebrotes de la covid, como lo muestra la inesperada recaída en septiembre del principal indicador de coyuntura (el índice PMI de gestores de compras de las empresas desciende notablemente, arrastrado por el desplome de los servicios). En principio, por tanto, la actividad habría entrado en fase contractiva, algo que contrasta con los registros al alza de los países de nuestro entorno y que nos acerca a una recuperación en “w”. Si bien el descenso es leve, el cambio de tendencia evidencia un deterioro de la confianza que conviene atajar sin demora.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markit Economics.

Porque, por una parte, el impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado. Prueba de ello, la Comisión Europea estima que más de 400.000 personas estaban en riesgo de paro en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia –estimaciones correspondientes a finales de junio, y que casi duplican el incremento del paro “abierto” –. El paro latente, si bien un fenómeno compartido con la mayoría de países europeos, es el resultado de las prácticas de retención de plantilla que han prevalecido en muchas empresas, más allá de los ERTE. Se ha optado por ajustes de jornada para así evitar despidos, porque se esperaba un shock transitorio.

Esto explica que el número de afiliados se incrementa pese al empeoramiento de la actividad, un resultado paradójico y que se produce por el número reducido de bajas. A medida que las expectativas se desvanecen, las empresas estarán abocadas a reconsiderar las prácticas de flexibilidad interna que han contribuido a amortiguar el impacto sobre el desempleo.

Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis. De alejarse la perspectiva de una recuperación sostenida, un incremento abrupto de quiebras de empresas y de pérdidas en los balances de las entidades no es descartable, algo que abriría un nuevo frente, esta vez financiero, en la crisis.

El plan europeo de recuperación está concebido para transformar la economía –digitalizándola, haciéndola más verde y más intensiva en empleo de calidad— y no para facilitar el manejo a corto plazo de la crisis. Es decir, el objetivo, encomiable, del plan europeo es la mejora del tejido productivo, asentando las bases de una economía más eficiente y socialmente equilibrada. Pero su impacto será proporcional a cuánto tejido productivo se haya salvado y esté en condiciones de responder a las ayudas europeas, cuando lleguen.

Por tanto, el futuro de nuestra economía depende esencialmente de que encontremos nuevos consensos para restaurar el clima de confianza, empezando por unos presupuestos generales del estado que despejen incertidumbres, y de la adaptación de la estrategia económica ante un contexto cada vez más incierto. Solo así se conseguirá revertir el debilitamiento en marcha, y se abrirá un escenario de recuperación sostenida.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precisión quirúrgica para los presupuestos

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Las negociaciones en torno a unos nuevos Presupuestos Generales (PGE) se están desarrollando en un contexto económico inusualmente incierto por las características de la pandemia, pero con algunas pautas que aparecen con cada vez más nitidez. En primer lugar, España se enfrenta a una crisis específica, es decir un shock asimétrico que nos afecta con más virulencia que al resto de Europa.

Esto solo se debe en parte al peso desproporcionado en nuestra economía del turismo y de otras actividades que dependen del contacto humano (cultura, actividades artísticas y de ocio), o sectores covid. El verdadero drama radica en que estas actividades han sido golpeadas con más dureza que en los países vecinos. En el segundo trimestre, la actividad en los sectores covid descendió nada menos que un dantesco 39%, casi el doble de la media europea. Solo con que el resultado se hubiera contenido en esa media, el ranking internacional hubiera mejorado notablemente, aproximándose a países como Francia. Sin duda, la distribución geográfica del turismo extranjero y su elevada estacionalidad explican este resultado, que apunta a la necesidad de una respuesta diferenciada, incluso dentro del propio sector. En cualquier caso, el encadenamiento de ERTE e inyecciones de liquidez para actividades que pueden ser insolventes no parece suficiente para enfrentar una crisis sectorial.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Eurostat y Funcas.

Otro factor específico, sin duda asociado a lo anterior y a la multiplicación de contagios, es el deterioro de la confianza que se cierne sobre el consumo de las familias. Las expectativas de los consumidores, que se habían recuperado desde el inicio del verano, vuelven a palidecer, mientras que se mantienen al alza en economías comparables. Los indicadores disponibles como las ventas minoristas y la facturación de grandes empresas en bienes de consumo empiezan a resentirse. Asimismo, el ahorro se acumula en depósitos bancarios, por la creciente cautela de los hogares que se resisten a gastar ante un panorama tan incierto. Según el indicador avanzado de la OCDE —uno de los principales predictores de actividad en los próximos meses— la economía española es la única entre las más grandes que pierde ritmo.

De ahí se pueden deducir algunas consideraciones relevantes de cara a la elaboración de los próximos presupuestos. Uno, el detalle del impulso fiscal importa más que su tamaño. Un incremento generalizado del gasto público, o una reducción de impuestos, no solventarán la crisis sectorial ni necesariamente resultará en un comportamiento distinto del ahorro privado, que seguirá atesorándose, restando fuelle a la economía.

Esto es ya una realidad patente. Los datos divulgados por Hacienda esta semana evidencian un desplome sin precedentes de la recaudación, sobre todo en IVA (-11% hasta julio) y Sociedades (-29%), así como un intenso incremento del gasto (casi un 30%). Se estima que el agravamiento del déficit que se ha generado (hasta 60.000 millones acumulados solo por el Estado durante los siete primeros meses) representa un monto apenas superior al creciente superávit del sector privado.

El diagnóstico también aboga por un mayor protagonismo de la inversión (en educación, nuevas tecnologías, energías renovables y políticas activas eficaces, temas para los cuales parece haber un cierto consenso). Y por acciones específicas para afrontar el riesgo de quiebra de muchas empresas viables. Un presupuesto de inversión expansivo tiene toda su lógica en una economía que requiere de un cambio estructural. Sin embargo, las circunstancias también aconsejan un esfuerzo de contención del resto de presupuestos, de forma que su evolución sea compatible con el crecimiento de la economía. Las favorables condiciones de financiación del déficit —una circunstancia que se mantendrá por un tiempo prolongado gracias a la acción del BCE—no nos eximen de una mayor selectividad en la política fiscal.

Todo depende, por tanto, de nuestra capacidad para acometer unos presupuestos que respondan con precisión cuasi quirúrgica al actual contexto de crisis sectorial, de solvencia y de confianza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cómo reducir el agujero presupuestario

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Desde el inicio de la fase expansiva, los sucesivos Gobiernos se han marcado como objetivo una contención gradual de los desequilibrios presupuestarios. Fruto de este gradualismo, el déficit público se ha ido reduciendo sin descarrilar el crecimiento ni la creación de empleo.

Sin duda, el margen que permitía la marcha de la economía no se ha aprovechado tanto como hubiera sido deseable. Las rebajas de impuestos de hace unos años restaron ingentes ingresos a las arcas públicas, a la vez que fueron innecesarios para sostener una economía en pleno auge. Por otra parte, las asignaciones de recursos se han alejado de las prioridades del país, por el encadenamiento de prórrogas presupuestarias, unido a la falta de evaluación del gasto público, con algunas meritorias excepciones como las spending reviews de la Airef.

La etapa de desaceleración plantea dudas acerca de la estrategia fiscal. La principal incertidumbre radica en el entorno internacional, agravado por la crisis sanitaria surgida en China y que parece extenderse de manera preocupante a otros países. Sin embargo, bajo la hipótesis de una contención del virus en las próximas semanas, la economía global podría rebotar levemente durante la segunda parte del año, de modo que la española mantendría su posición favorable de crecimiento.

En este contexto, en un escenario inercial o sin cambios significativos en la política presupuestaria y en la monetaria, caracterizada por tipos de interés de referencia negativos, la economía todavía crecería un 1,5% este año y un 1,7% en 2021. Con estas tasas, los ingresos de las administraciones se incrementarían ligeramente por encima de los gastos, facilitando un descenso del déficit público, desde en torno al 2,5% del PIB en 2019 hasta el 2,2 en 2022 (por el juego de los estabilizadores automáticos). El resultado es que la deuda pública se estancaría en niveles elevados, manteniéndose como uno de las principales vulnerabilidades de la economía española y dejando poco margen de reacción ante hipotéticos accidentes de mercado o un repunte inesperado, pero nunca descartable, de tipos de interés.

Esto se alejaría de la senda de déficit recién aprobada por el Gobierno, y que supone llevar el déficit hasta el 1,2% en 2022. Por tanto, el esfuerzo fiscal, o diferencia entre el escenario inercial y el objetivo, equivaldría a un punto porcentual, cerca de 13.000 millones de euros. Habida cuenta de los compromisos ya adquiridos, y bajo el supuesto de una estabilidad del gasto público en relación al PIB, los esfuerzos de contención descansarían principalmente en los ingresos.

De ello se puede deducir que las medidas anunciadas, por un monto cercano a 5.400 millones (mínimo de impuesto de sociedades, etcétera), no bastan, aparte de depender de la adopción de nuevos Presupuestos Generales de Estado. Además, algunas como la tasa digital, y casi con seguridad la de transacciones financieras, por tratarse de fórmulas nuevas que requieren tiempo para su puesta en marcha, no generarán recursos antes del próximo ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: INE y Funcas (previsiones).

Todavía serían necesarios 7.600 millones en recursos adicionales. Para no elevar los tramos impositivos, una opción es reconsiderar algunas bonificaciones que erosionan la recaudación, drenando más de 37.000 millones anuales, con dudosa utilidad. Estas incluyen, por ejemplo, las dirigidas a la contratación, las deducciones por inversión en fondos de pensión o reducciones de IVA. Todo ello, junto la fiscalidad medioambiental, nos acercaría al objetivo. Las mejoras de gestión, como resultado de las evaluaciones de las políticas públicas que se pongan en marcha, también tendrán un impacto favorable, tanto en la calidad del gasto público como en la asignación de los recursos.

Si bien estos ajustes podrían generar algún malestar, la buena noticia es que apenas restarían una décima de crecimiento en 2021. Además, la mejora presupuestaria tendría un impacto favorable sobre la prima de riesgo, como se ha visto en Portugal, y sobre la inversión productiva. En suma, todavía hay margen para reducir los desequilibrios sin afectar la expansión.

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¿Y ahora qué?

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El inédito Gobierno de coalición que acaba de formarse en España ha despertado sensibilidades de todo tipo que solo parecen coincidir en preguntarse: “¿Y ahora qué?”. La ciencia política y económica ha mostrado que la estabilidad y eficiencia de los ejecutivos con miembros coaligados depende de la capacidad de cohesión del liderazgo, pero casi siempre cuentan con una ventaja: el control que ejercen unos a otros impiden orientaciones hacia los extremos y obligan a encontrar soluciones más centradas. En España esto no va a ser, en principio, sencillo porque el Consejo de Ministros tendrá muchas sillas y porque el Parlamento va a ser aparentemente hostil. Aun así, los mecanismos de control y mayorías parlamentarias serán esenciales y, por encima de ellos, un anillo adicional de vigilancia desde Bruselas, por los compromisos adquiridos como miembros de la UE.

«En materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad».

Santiago Carbó

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).

Finalmente, no puede olvidarse que vivimos una época en la que los mensajes valen tanto como las acciones, al menos a corto plazo y, por lo tanto, la política de comunicación debe ser firme para evitar disonancias que los mercados, inversores o socios internacionales puedan recibir mal.

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Así entra la economía española en 2020

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Nuestra economía se acerca a un punto de
inflexión, y corre el riesgo de agudizar su desaceleración, si bien un repunte
providencial no es descartable. Los datos revisados de crecimiento traducen una
pérdida de ritmo más acusada de lo anticipado por algunos analistas y el propio
gobierno. Salvo una improbable aceleración de la actividad en el cierre del año
pasado, todo apunta a un avance del PIB del 1,9% en 2019. Un resultado que,
pese a casi doblar la media europea, se sitúa medio punto por debajo del
registro de 2018.

El deterioro del entorno externo —frenazo de la eurozona, unido al enfriamiento de los mercados internacionales— es el principal responsable de la desaceleración, por el impacto directo sobre las exportaciones, y su propagación a los sectores más dependientes de los intercambios con el exterior.

«A falta de concreción acerca de los Presupuestos Generales del Estado, parece difícil mantener un gasto expansivo en 2020, además de plantear un problema de credibilidad de los compromisos presupuestarios y de deuda, como viene produciéndose en los últimos años».

Raymond Torres

Pero también se echa en falta una
estrategia que ayude a la industria a sortear la recesión que la atenaza. Las
expectativas son negativas a corto plazo, como lo muestra el principal
indicador avanzado (índice PMI de gestores de compras de las manufacturas), que
apunta a una caída acelerada. La construcción también se resiente de ese
deterioro de las anticipaciones y del agotamiento del ciclo inmobiliario.  

Gráfico 1

Gráfico 2

Estos resultados se producen pese al carácter expansivo del gasto público, que muestra un incremento cercano al 4,5%, uno de los más elevados desde que se inició la recuperación. El revés de la medalla es el déficit de las administraciones, que se estanca en torno al 2,5% del PIB (estimación de Funcas). Descontando el pago de intereses, el agujero fiscal podría haberse agravado. A falta de concreción acerca de los Presupuestos Generales del Estado,  parece difícil mantener un gasto expansivo en 2020, además de plantear un problema de credibilidad de los compromisos presupuestarios y de deuda, como viene produciéndose en los últimos años.  

«Se confirman los síntomas de debilitamiento del empleo. Se puede inferir que la economía está creando menos de la mitad de los puestos de trabajo que generaba en ejercicios anteriores. Sin duda los consumidores lo tendrán en cuenta en sus decisiones de gasto en los próximos meses».

Raymond Torres

Por otra parte, se confirman los síntomas
de debilitamiento del empleo. Con datos desestacionalizados de afiliación de
noviembre y diciembre, se puede inferir que la economía está creando menos de
la mitad de los puestos de trabajo que generaba en ejercicios anteriores. Sin
duda los consumidores lo tendrán en cuenta en sus decisiones de gasto en los
próximos meses.         

Pese a todo, la expansión tiene todavía
recorrido. Y es que no se perciben signos anunciadores de una posible recesión.
Esta suele venir de la mano de un exceso de demanda con respecto a la capacidad
productiva (que acaba erosionando la competitividad y generando un
desequilibrio de las cuentas externas), o como consecuencia de un
sobre-endeudamiento del sector privado. Nada de eso está ocurriendo. La balanza
externa arroja un sólido superávit, uno de los mayores logros de los últimos
años, y la inflación es muy reducida, incluso inferior a la de los países más
ortodoxos en materia de contención de los precios. En cuanto a la deuda
privada, su nivel es de momento sostenible tanto para las familias como para las
empresas, especialmente en un entorno de tipos de interés casi nulos.   

Una de las bazas más destacadas es la
inversión en maquinaria y equipo, que se muestra resiliente ante el deterioro
general (en el tercer trimestre progresó un vigoroso 4%), sustentada en las
favorables perspectivas de demanda y la saneada situación financiera de muchas empresas.
Otro resultado esperanzador es que los productores españoles ganan cuotas frente
a la competencia extranjera, tanto en los mercados de exportación como en los
internos. Esta circunstancia podría frenar la desaceleración, en la medida que
el entorno externo, y en especial el europeo, se recuperan (algo que por ahora
no está garantizado).  

Poner en valor estas ventajas es sin duda la principal función de la política económica para el nuevo año. Una tarea que pasa necesariamente por un debate de fondo en torno a los próximos presupuestos, para quebrar la espiral de la desaceleración.  

Fuentes de los gráficos: Markit Economics, INE, M. de Trabajo y Funcas.

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