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Enfrentamiento intergeneracional, solo si nos empeñamos

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Una idea ha empezado a cundir en la discusión pública española, y no está claro que sea para bien: la de una suerte de enfrentamiento generacional latente con motivo del funcionamiento del sistema de pensiones. Sin embargo, tal enfrentamiento no existe.

Desafortunadamente, el debate sobre las pensiones y el sistema de bienestar consiste en gran medida en una conversación simplista y pobre en la que economistas, politólogos y sociólogos nos empeñamos en ver a los individuos, ahora agrupados en generaciones, como agentes definidos estrictamente por intereses egoístas, miopes y enfrentados. Sin embargo, los intereses no son objetivos ni están dados. Sí dependen, en alguna medida, de la base material de nuestra vida, pero no solo. Pero se configuran asimismo según el sentido que le demos a esa vida, incluido su componente material, que es solo una parte. Ese sentido tiene que ver muy primeramente con nuestra cultura, que condiciona nuestra experiencia de vida material. Es decir, cultura y experiencia vivida se entrelazan inevitablemente, de modo que no cabe reducir la experiencia vivida de los individuos a su mera pertenencia a categorías económicas o sociológicas. 

En su momento se quiso entender, en parte con razón, la regulación y el funcionamiento del mercado de trabajo español como un enfrentamiento entre insiders (contratos indefinidos, niveles altos de protección y seguridad, salarios altos) y outsiders (contratos temporales, niveles bajos de protección y seguridad, salarios más bajos). Sin embargo, muchos olvidaron ya entonces que los insiders y los outsiders forman parte de las mismas familias. Son los padres y sus hijos, no meros individuos inconexos, y viven y ven las cosas en continuidad (consanguínea) intergeneracional, no libre de tensiones, claro. 

Del mismo modo, no pueden estar enfrentados tan obviamente los supuestos intereses de los jóvenes y los llamados boomers. Este enfrentamiento puede referirse a la generación de los hijos (mis dos hijas) y la de los padres (mi esposa y yo). Ellos (ellas), en la veintena o empezando la treintena; nosotros, entrando o entrados en la sesentena. De nuevo, como los insiders y los outsiders de antaño, cenamos juntos todos o casi todos los días. Si se piensa que los boomers son los jubilados actuales, hablamos de nietos y abuelos. No cenan juntos todos los días, pero se ven semanalmente, con gusto, y habitualmente con devoción recíproca. 

El sentido que le damos a la vida material –inseparable de la no material– también tiene que ver con las interpretaciones que la discusión pública pone a nuestra disposición. Si nos empeñamos en que sean de enfrentamiento generacional, pueden acabar calando, sobre todo si no compiten con otros marcos interpretativos. 

El del enfrentamiento no es el único marco posible. También cabe plantear el argumento de los intereses comunes entre las generaciones, que refuerza la sensación de continuidad que tenemos de manera bastante natural: no es que haya que quitar a los mayores para dar a los jóvenes (en el juego de suma cero que representaría el conflicto intergeneracional). Se trata, más bien, de ir descubriendo, configurando y consolidando arreglos socioeconómicos según los cuales las ganancias de los unos no actúan en detrimento de los otros, y en los que los necesarios sacrificios temporales, de los unos, de los otros o de ambos, tienen sentido a medio y largo plazo para el sostenimiento de la base material de las diferentes generaciones, de la sintonía cultural entre estas y, en última instancia, de la continuidad de la comunidad. ¿Los abuelos o los padres a unos años de jubilarse de los que hemos hablado antes no atenderían a argumentos que plantean los problemas del sistema de pensiones actual (muy beneficioso para ellos) si son abordados de ese modo? Menudos abuelos y padres serían. 

En esta tarea de replanteamiento de los marcos de entendimiento de nuestra propia situación debería tener un papel relevante, también, la clase política. Lleva tiempo sin tenerlo, por dos razones. Primera: gran parte de ella también se guía, para ganar elecciones, por su visión estrecha de los intereses de los grupos: a los mayores, jubilados o a punto de serlo, que son muchos y votan mucho, se les prometen subidas de pensiones, caiga quien caiga, como sea. Esto seguramente sea eficaz, habida cuenta de las dificultades que todos tenemos para entender un problema tan complejo, especialmente si casi nadie nos ha ofrecido eficazmente marcos de argumentación que hayamos podido hacer nuestros y que sean distintos del habitual: has trabajado mucho, has cotizado mucho para tu pensión, es justo que recibas una pensión generosa. Segunda: la poca audacia de no atreverse a ensayar una conversación con los votantes, de todas las edades, en las que se les trate de adultos y se les ayude a razonar en términos de acuerdos intergeneracionales como los propuestos más arriba. No afirmo que sea fácil plantear esa conversación ni, más aún, que se consigan todas las persuasiones recíprocas apropiadas, pero no lo sabremos si no lo intentamos. 

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Pensiones: la adversativa silenciada

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Demasiado a menudo el debate sobre las pensiones se plantea como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre detractores y defensores del Estado del Bienestar, entre economistas neoliberales y keynesianos; los primeros (según los segundos), empeñados en cuestionar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas para generar desconfianza en ellas y alentar las privadas; los segundos (según los primeros), aferrados a la idea del sistema público de pensiones como un pacto social intergeneracional cuyo mantenimiento no depende más que de la voluntad política de los gobernantes. 

Semejante pugna se compadece mal con la historia. El sistema de pensiones de la Seguridad Social se trazó y comenzó a desplegarse durante el último tercio de la dictadura franquista ante la insolvencia del sistema de mutualidades laborales basado en la capitalización de aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores agrupados por ramas de producción. Nació, en realidad, de un fracaso institucional, no de un pacto social. Los gobiernos de la transición heredaron un sistema de pensiones joven, homologable al de otras democracias europeas, y decidieron desarrollarlo por convicción en la superioridad de este modelo para proveer rentas adecuadas a los trabajadores (y sus familias) que, por diversas contingencias, salieran del mercado de trabajo. Cuando en los años ochenta, con aproximadamente la mitad de afiliados a la Seguridad Social de hoy, los ingresos contributivos corrientes comenzaron a escasear para cubrir la totalidad de gastos contributivos (los remanentes de las cotizaciones se habían destinado habitualmente a otros gastos), se consideró necesario reformar las reglas de cálculo originales de las prestaciones, diseñadas de un modo desproporcionadamente “generoso”. Ese fue el gran objetivo de la reforma de 1985, que, junto con la de 2011 –ambas aprobadas bajo gobiernos del PSOE–, son consideradas por todos los expertos como las más eficaces en la racionalización del sistema de pensiones y la contención de su gasto. 

Ciertamente, en el plano del discurso político, los partidos de izquierda han sido más enfáticos en la defensa del Estado del bienestar y sus diferentes pilares, toda vez que ella representa su médula programática. Sin embargo, no cabe olvidar que, antes de que se aprobara el Pacto de Toledo en abril de 1995 como dispositivo institucional para consensuar las reformas  del sistema de pensiones y encapsular el debate partidista sobre ellas, probablemente nadie había expresado con tanta claridad y contundencia su preocupación por la evolución financiera de las pensiones como el ministro socialista Pedro Solbes, quien, como otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, anticipó la fuerte expansión del gasto en pensiones por razones fundamentalmente demográficas[1]. Desde la aprobación del Pacto de Toledo los ministros del ramo económico se han prodigado más bien poco en declaraciones sobre las pensiones, asumiendo esta función comunicativa quienes han ostentado las carteras del ramo social (Trabajo y Seguridad Social). Y así, aunque en las últimas décadas todos los gobiernos españoles han recibido numerosas “advertencias” de organismos internacionales, instituciones europeas y expertos nacionales y extranjeros acerca de la creciente presión financiera sobre el sistema de pensiones, las respuestas han sido generalmente del mismo tenor: “las pensiones están aseguradas hoy y en el futuro”, dando siempre a entender que mantendrán los actuales niveles de cobertura y sustitución de rentas. No se ha escuchado, sin embargo, la correspondiente oración adversativa: “… pero esto va a exigir más cotizaciones y/o más impuestos; es decir, más esfuerzo contributivo (de empresarios y trabajadores) y/o más esfuerzo tributario (de todos los ciudadanos).”

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas desde 2021 responden, al fin y al cabo, a esa adversativa silenciada. Disponen el aumento de los ingresos a la Seguridad Social a través de cotizaciones y transferencias del Estado e incentivan el retraso voluntario de la jubilación. En 2024, recién iniciada la entrada en el sistema de pensiones de los baby boomers[2], el gasto en pensiones (estimado en 206.000 millones de euros, 13% del PIB)[3] supone cerca de un tercio del gasto de las Administraciones Públicas. Aunque el crecimiento de los ingresos por cotizaciones ha doblado holgadamente al del PIB (debido a la evolución de la afiliación y a las nuevas normas de cotización) y aunque la Seguridad Social ha recibido 56.000 millones de euros en transferencias (el equivalente a algo más de cuatro nóminas mensuales de pensiones), ha precisado un préstamo de unos 10.000 millones de euros para cubrir la totalidad del gasto comprometido.

De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050 el gasto en pensiones podría haber crecido al 16,1% del PIB. Otras fuentes sitúan esta cifra entre el 14,7% y el 17,3% del PIB[4]. Por tanto, ninguno de estos análisis pronostica que el crecimiento de la economía española vaya a ser capaz de estabilizar el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Pero tampoco ninguno amenaza con la “quiebra” del sistema, si bien algunos sí llaman la atención sobre el coste de oportunidad derivado de la asignación de más recursos públicos a las pensiones. 

Por su complejidad técnica, el debate de las pensiones se presta a la asunción de marcos de interpretación excesivamente simplificados. Alejémonos de ellos y exijamos que los análisis sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones sean juzgados por la calidad y transparencia de sus datos y cálculos (lo que posibilita su contraste y réplica) y por la consistencia de sus conclusiones, sin prejuzgar sus intenciones antes incluso de leerlos.


[1] En palabras de Pedro Solbes: “No hay ningún problema en cuanto al cobro de pensiones en el momento actual ni lo va a haber en los próximos diez o quince años. El problema es para después” (véase, por ejemplo, la portada de ABC, de 22 de febrero de 1994). En cuanto a las declaraciones de otros funcionarios de ese ministerio, véase Herce, J. A. y Pérez-Díaz, V. (1995). La reforma del sistema público de pensiones, Barcelona: laCaixa, págs.68-70.

[2] Hombres y mujeres nacidos entre 1958 y 1977, periodo durante el cual se superó la cifra de 650.000 nacimientos anuales (en 2024, el número de nacimientos en España se situó en 322.000). 

[3] Instituto Santalucía, Pensiómetro 1/2025, pág. 14 (Datos provisionales). 

[4] Muy próxima a la cifra más elevada se halla la estimación de Miguel Ángel García presentada en las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total. 

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público. 

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados. 

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Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

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El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

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Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).


El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.


Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).


En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).


Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

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La reforma de las pensiones: más que una oportunidad perdida

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Suficientes, más equitativas y sostenibles: así son las pensiones que, según el Gobierno, garantiza su nueva reforma. Tres adjetivos biensonantes derivados de otros tantos conceptos muy arraigados en el discurso político europeo sobre las pensiones, pero de los cuales se echan en falta definiciones operativas: suficiencia, equidad y sostenibilidad.

Empecemos por la suficiencia. ¿Qué significa «pensiones suficientes»? Si preguntáramos al respecto a los pensionistas, probablemente muchos responderían con buen criterio: «¿Suficientes para qué?». Y es que sin una referencia de suficiencia (por ejemplo, la capacidad efectiva para acceder a una cesta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas de alojamiento y manutención) no cabe atribuir la condición de suficiente a renta alguna. En ausencia de esa referencia, el Gobierno suele recurrir al expediente de identificar la suficiencia de las pensiones con su revalorización (incondicional) conforme al IPC. Es un recurso políticamente sencillo y electoralmente rentable (más, todavía, cuando se excluye la posibilidad de revalorizaciones negativas si desciende la inflación), pero financieramente arriesgado, puesto que puede implicar aumentos significativos e imprevistos del gasto en pensiones (según estimaciones del Banco de España, cada punto de la revalorización aplicada a las pensiones de este año cuesta en torno a 1.800 millones de euros consolidables).

Sigamos con la equidad. En un sistema de pensiones contributivas, como las más de 10 millones que ya provee la Seguridad Social, la equidad fundamental debería residir en el establecimiento de reglas de proporcionalidad justas (no discriminatorias) entre lo que se ha aportado al sistema a través de cotizaciones y lo que se percibe de él a lo largo de todo el periodo de percepción de la pensión. Sabemos por diversos análisis que esta equidad es muy imperfecta en nuestro sistema de pensiones. En efecto, aunque la mayoría de los ciudadanos lo desconozca, todos los jubilados (con carreras de cotización completas) que cobran su pensión durante algo más de diez años perciben del sistema más de lo que cotizaron a él (tanto más, cuanto más tiempo vivan). Sin embargo, algunos pensionistas consiguen mejores pensiones con menores esfuerzos contributivos y otros, peores pensiones con mayores esfuerzos contributivos (por ejemplo, los que cotizaron más años de los precisos para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión). La nueva reforma de las pensiones no solo no corrige estas inequidades actuariales, sino que las refuerza al imponer incrementos de las cotizaciones sociales que no se incorporan al cálculo de la pensión. Esto último lo consuma a través de una triple vía: reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional (con tasas progresivamente más altas y una vigencia temporal más prolongada), elevando las bases máximas de cotización por encima de la inflación (sin un alza equivalente de la pensión máxima) y creando una «cuota de solidaridad» (que grava el importe del salario superior a la base máxima): incrementos gratis et amore para la Seguridad Social que constituyen elementos de redistribución de la población empleada –y, en particular, de los empresarios y los trabajadores mejor retribuidos (normalmente en virtud de su mayor productividad)– a los pensionistas. Por tanto, la nueva reforma debilita la equidad contributiva en beneficio de una equidad redistributiva que, en los Estados del bienestar mejor organizados, se persigue mediante instrumentos de política social financiados con impuestos generales.

Por último, detengámonos en la sostenibilidad y distingámosla del sostenimiento. Si convenimos en que es sostenible lo que se puede sostener sin que los costes para ello provoquen más perjuicios que beneficios para la comunidad, afirmar que un gasto es sostenible exigirá una valoración de los costes de sostenimiento basada en la mejor evidencia disponible. El sistema de pensiones de la Seguridad Social, cuyo porcentaje de gasto sobre el PIB ronda actualmente el 12% (alrededor de 12.000 millones de euros mensuales), ha sido sostenido financieramente desde sus orígenes, incluso cuando los ingresos por cotizaciones no han bastado para cubrir los gastos en prestaciones. Pese al déficit contributivo, continuado desde 2011, la Seguridad Social ha pagado puntualmente todas las pensiones; eso sí, al precio de vaciar prácticamente el fondo de reserva («la hucha de las pensiones») y recibir préstamos y transferencias de considerable volumen del Estado. La pregunta no es si este Gobierno y los que le sucedan van a seguir sosteniendo el gasto en pensiones, que lo harán (porque si no, sucumbirían inmediatamente); la pregunta es qué costes implicará este sostenimiento del gasto en pensiones que previsiblemente crecerá entre tres y cinco puntos sobre el PIB hasta 2050 (o más, si el PIB cayera arrastrado por una recesión).

En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron (con mayor o menor fortuna y eficacia) los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por un cambio de paradigma en la política de pensiones consistente en fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social; pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países europeos, han permanecido estables muchos años. Según el Gobierno, hay margen para semejantes aumentos de las cotizaciones, puesto que los costes laborales por hora trabajada son en España más bajos que en otros países de nuestro entorno. Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.

La Comisión Europea ha aceptado esta reforma de las pensiones con la que el Gobierno se propone rematar el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia («Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo») y asegurarse así la recepción de los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Ha sido prudente y no ha calificado la reforma, pero más probable parece que le merezca un aval «con reservas» que una consideración de «referente internacional». Sí ha gustado, y mucho, a los sindicatos, que la celebran como el resultado de un «acuerdo histórico». En cambio, las organizaciones empresariales la perciben como un atropello inaceptable, quizá lamentando ahora haber permanecido demasiado «a la expectativa» durante estos meses.

Esta pieza final de la reforma de pensiones promovida a matacaballo por el Gobierno no supone sólo otra oportunidad perdida para generar confianza en el sistema de pensiones mejorando sus reglas de funcionamiento conforme a los conocimientos que expertos nacionales e internacionales proveen desde hace años y actualizan puntualmente. También ahonda en el conflicto político y en la devaluación del Parlamento (completamente al margen de la articulación de esta norma), en la sensación de inseguridad jurídica que albergan muchos empresarios y en la desconfianza de la población hacia la política y los políticos. Y no, la reforma no creará «un sistema muy sólido, con pensiones suficientes, muy bien financiado, muy sostenible y más equitativo», como aseveró el ministro José Luis Escrivá hace unas semanas, en medio de las negociaciones con la Comisión Europea. Quizá fuera tal su propósito, pero, con la evidencia de la que a día de hoy disponemos, esa rotunda afirmación no es más válida que su contraria.

Este artículo se publicó originalmente el el diario El Mundo.

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el-gasto-en-pensiones-se-desboca-en-2023,-cada-vez-el-gasto-social-esta-dirigido-a-un-grupo-concreto

El gasto en pensiones se desboca en 2023, cada vez el gasto social está dirigido a un grupo concreto

El Gobierno ya tiene por fin sus presupuestos para 2023 después de negociaciones y tiras y afloja con sus socios y demás partidos políticos. Ya ha aprobado un cuadro macro marcado por la crisis inflacionista que sufrimos y que va a recortar el crecimiento del año que viene al entorno del 2%, según sus estimaciones.

Y de entre todas las novedades que se han anunciado, hay una que llama poderosamente la atención. Que era esperada, pero no pensábamos que finalmente el Ejecutivo llegaría a tanto. Pero ha llegado: el gasto en pensiones.

Sí, se revalorizan en función del Pacto de Toledo y subirán el año próximo nada menos que un 8,5%, que es la previsión de la inflación media anual. Por lo tanto, si finalmente sube más, pues...será más.

Vaya, que el Gobierno ha dejado muy claro con estos presupuestos a qué colectivo quiere cuidar y con el que va a hacer un esfuerzo que no va a hacer con los demás. Y, lo sentimos, pero las comparaciones son odiosas y reforzar a los jubilados frente al resto no va a solucionar nada, al revés.

Una decisión que lastra el consumo

Esta subida de las pensiones supone el mayor incremento en gasto del Gobierno en 2023, pasando de unos 170.000 millones en 2022 a 190.000 el año que viene. Y aunque el Gobierno quiera sacar pecho como que hace un gran esfuerzo por el gasto social con estos presupuestos... de los 26.000 millones más de gasto social que ha incorporado, 20.000 se van a las pensiones. Muy equitativo no ha sido, desde luego.

Y ello va a recurrir de nuevo a la hucha de las pensiones, por primera vez en 13 años hará una aportación de más de 2.000 millones para poder costear esta revalorización y también la llegada de nuevos pensionistas al sistema (con esto sabemos que tenemos una bomba demográfica entre manos que cada año se notará más).

Sea como sea, se está pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque el no dar tregua a ningún otro colectivo a parte de prorrogar el abono gratuito de tren y alguna cosa más sin mucho impacto, implica reducir la capacidad de gasto de básicamente toda la población menor de 65 años.

¿Y eso a qué nos lleva? A una recuperación mucho más lenta, porque señores, los pensionistas no destacan por su elevado gasto. Por lo tanto, ellos pueden mantener su nivel de vida con un gasto menor a los demás, que tendrán que pagar más por todo sin ninguna ayuda de ese tipo tan directa.

Porque sí, se baja IVA de luz y gas y demás, pero a efectos directos, eso no va al bolsillo de la gente. Por lo tanto, quedan (quedamos) desamparados frente a los jubilados. Ah, y los funcionarios, aunque realmente tienen más miramientos con los pensionistas.

Sí, el próximo año hay elecciones y el Gobierno ya juega sus bazas, pero se olvida de las familias, de los jóvenes...Esos también votan, recuerden.

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Las pensiones del futuro serán bajas: esto se puede hacer para tener un buen nivel de vida en la jubilación

Las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las que hay ahora, especialmente las pensiones más altas. Hasta ahora en España hemos confiado en que tras haber cotizado en la parte alta de la tabla una serie de años, tendremos una buena pensión. Eso es algo que se va a acabar, porque el sector público no parece que nos la vaya a proporcionar, no ya por la capacidad de hacerlo. ¿Qué podemos hacer?

Afortunadamente todavía podemos hacer mucho en nuestro lado para tener una jubilación más desahogada de la que nos va a proporcionar el sector público. Elegir bien un plan de pensiones y la adquisición de vivienda habitual (y de una vivienda habitual adecuada) pueden ayudar mucho a que la jubilación sea más agradable.

Las pensiones serán más bajas

Jubilacion1

Desde las reformas realizadas por parte del Partido Popular hace unos años hasta las reformas que está llevando a cabo el gobierno de coalición entre PSOE-Unidos Podemos, el sistema de pensiones español está pasando de un sistema Bismarck (de tipo contributivo usado en países como Israel, Francia, Alemania o Finlandia) a un sistema Beveridge (de tipo asistencial usado en países como Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca o EEUU). Este sistema es potencialmente más barato, porque ofrece pensiones más bajas a la población, al menos no tiene la capacidad de que haya quién reciba el doble o el triple que alguien que ha cotizado menos tiempo y cantidades menores.

Esta reforma “silenciosa” o “por la puerta de atrásha sido criticada, especialmente porque lleva ejecutándose a base de varias pequeñas reformas y sin ningún debate en el espacio público o en los medios de comunicación, pero lleva en marcha desde 2011. Aquí hemos hablado varias veces de que esta reforma está avanzando lenta e inexorablemente a base de parches que se van incluyendo en nuestra marco regulatorio. Este es un motivo por el que no ha estallado nuestro sistema de pensiones hasta ahora. De esto hemos ido hablando en 2013, tanto en El Blog Salmón como otros medios, como Nada Es Gratis.

Pero hoy no toca hablar sobre la reforma (ni sobre cómo se deberían haber reformado), algo que ya hizo Alejandro, ahora toca hablar sobre qué podemos hacer para que en un futuro de pensiones más bajas, no experimentemos una merma del poder adquisitivo tan alta como sufriremos si no ponemos ningún medio.

Es posible que pensemos que una vez jubilados los gastos disminuirán, no será necesario desplazarse al trabajo a diario, por lo que igual podemos prescindir de un coche y sus gastos asociados, puede que no necesitemos tanto comer fuera de casa o gastar en ropa y que los hijos sean mayores y tengan sus propios ingresos, pero puede suceder lo contrario. Según Dan Ariely profesor de economía del comportamiento en la escuala de negocios Fuqua de la Universidad Duke, necesitaremos un 135% de nuestros gastos debido al mayor tiempo libre.

¿Qué puedo hacer?

Jubilacion3

Lo primero de todo es cuantificar las necesidades económicas. Cada uno sabe el nivel de vida que quiere llevar, pero ¿sabemos cómo podríamos mantenerlo? En algún momento hemos hablado de la regla del 4%, que según su creador podría ser un 5%, aunque hay quien habla de que debería ser más conservador y retirar entre un 3 y un 3,5%.

Básicamente esa regla lo que dice es que de un capital podríamos retirar un 4% indefinidamente, manteniendo el capital inicial y vivir de dichas rentas. Y eso ajustado con la inflación. Es decir, que si tenemos 300.000 euros ahorrados podríamos retirar 12.000 euros al año permanentemente y no perderíamos poder adquisitivo. Nuestra esperanza de vida no es eterna, así que en ese sentido podríamos ir recuperando más de un 4% del capital de los ahorros.

En este sentido, cuánto antes empecemos a ahorrar mejor, ya que mayor será el efecto de la capitalización de nuestras inversiones (y su acumulación mediante interés compuesto). Es decir, cuánto antes empecemos a ir ahorrando para este momento mejor. La reciente reforma de la fiscalidad de los planes de pensiones limitando las desgravaciones fiscales (que avisamos era la intención del gobierno) por las aportaciones a estos productos a 1.500€ anuales no nos va a permitir hacer fuertes aportaciones, pero si establece un límite al que muchas economías van a poder llegar. Si no queremos renunciar a la liquidez, siempre se puede optar por un fondo de inversión (perdiendo las ventajas fiscales, eso sí).

Tal vez nos puede parecer poco creíble, pero si comprobamos una calculadora de inversiones aportando 125€ mensuales de los 25 a los 65 años, y si obtuviéramos una rentabilidad del 6,9%, tendríamos al final del periodo más de los 300.000 euros mencionados antes. La rentabilidad histórica del índice S&P 500 entre 1957 y 2018 fue de un 8%, pero vamos a ser prudentes y supongamos que obtendremos menos todavía. Si tenemos más de 25 años, recomiendo usar esta calculadora para estimar cuánto podríamos llegar a obtener.

No todos los planes de pensiones son iguales y aquí hasta hemos publicado un libro sobre cómo debemos elegir nuestras inversiones. Pero un plan de pensiones no va a ser exclusivamente la solución a nuestros problemas.

El siguiente paso, en mi opinión, estaría en la compra de vivienda habitual. Es cierto que la vivienda en España tiene bastantes defectos, pero asi somos capaces de cambiar una cuota de alquiler en una amortización de capital. No obstante, la vivienda que tengamos la vamos adquirir con un triple objetivo:

  • Que la cuota mensual en vez de a un alquiler vaya a la reducción del préstamo y a la construcción de un capital
  • Que tenga bajos gastos de mantenimiento, tanto por IBI como por comunidad de vecinos, seguro de hogar, etc. Es decir, minimizar los flujos de dinero que nos va a costar el mantenimiento de la misma.
  • Que tenga salida en el mercado, de modo que en un futuro tras nuestra jubilación se pueda obtener para obtener financiación, ya sea mediante la venta y desplazamiento a otra vivienda más pequeña, la venta de la nuda propiedad o una hipoteca inversa.

Es decir, la idea no sería tener la vivienda más grande y cara, sino la justa para cubrir nuestras necesidades y que a su vez sea atractiva en el mercado para poder obtener una financiación de la misma.

Si nos damos cuenta, con sólo dos decisiones bastante habituales en la vida diaria ya empezamos a tener un capital que nos va a permitir tener una capacidad extra de afrontar la jubilación mucho más desahogadamente de lo que podríamos esperar ante una bajada de pensiones.

Si además quisiéramos además tener un mayor nivel de vida o no consumir el patrimonio y dejarle la vivienda a los hijos (el objetivo de todo padre y madre de familia español, dejar un piso a los hijos) ya tendríamos que considerar ahorrar en otro tipo de productos financieros. Alguno puede opinar que en bienes inmuebles, pero mi opinión en ese aspecto ya la he dado aquí.

Pregunta a los lectores ¿qué están haciendo para encontrarse en una buena situación el día que llegue su jubilación?

En El Blog Salmón | Planes de pensiones: ventajas y desventajas ante las ofertas de final de año, Podrán embargarte el plan de pensiones si estás enfermo o en desempleo, El gran cambio que se plantea al sistema de pensiones en España explicado: de contributivas a asistenciales

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Aportar al plan de pensiones ya casi no va a servir: alternativas para pagar menos impuestos con las desgravaciones posibles

Los planes de pensiones han recibido un nuevo golpe, ya que el Gobierno ha rebajado a 1.500 euros anuales el máximo de aportación que puede desgravarse en el IRPF por los planes individuales, según lo que se establece en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado por el año que viene.

Considerando que el año pasado ya se bajaron de 8.000 euros a 2.000 euros las desgravaciones en el IRPF por los planes de pensiones individuales para poder fomentar más los planes de pensiones colectivos o de empresa, que se ha elevado la aportación deducible en 8.500 euros.

Por tanto, para la renta del año que viene tenemos que buscar diferentes alternativas para pagar menos impuestos con las desgravaciones que tenemos disponibles.

Qué desgrava en la declaración de la renta a parte del plan de pensiones

La mejor manera de ahorrar en la renta es tener claro los gastos e inversiones que se pueden deducir y revisar las deducciones que se tiene derecho y se pagará menos impuestos, y son los siguientes

  • En el caso que hayas compra tu vivienda antes del 2013 se puede desgravar en la renta por ella. Se puede deducir algo más que la cuota de la hipoteca dentro de la renta.
  • El alquiler de la vivienda también puede desgravar dentro de la renta. La deducción se divide entre una parte estatal, sólo disponible para los alquileres que son anteriores al 2015, y variará en función de en qué Comunidad Autónoma vivas.
  • Donativos también se pueden deducir a nivel de renta, y depende a quién se la realices funciona de forma diferente.
  • Deducción por maternidad, deducciones por tener hijos, deducciones por escolaridad y las deducciones por familia numerosa serían algunas deducciones que se pueden aplicar dentro de la renta.
  • Invertir en empresas de nueva creación te puede ayuda a declarar menos dentro de la renta. En concreto, se puede desgravar el 20 por ciento sobre un máximo de 50.000 euros, a lo que se puede añadir las deducciones por la inversión en empresas del MAB, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Si has perdido invirtiendo puedes aflorar ganancias

Si se ha perdido dinero en las inversiones realizadas durante este año, puedes aflorar las ganancias de otras inversiones y no pagar los impuestos, ya que se pueden compensar las pérdidas con las ganancias patrimoniales.

Es decir, se pueden restar del dinero que se ha perdido al que se ha ganado durante el 2021 y sólo se va a pagar los impuestos de la diferencia. Por tanto, si se ha invertido y perdido dinero en la bolsa, se podrá imputar esta pérdida patrimonial a efectos fiscales, por tanto, se debe buscar una ganancia para poder ahorrarse los impuestos.

Si se tiene fondos con ganancias, se puede pedir el reembolso, al igual que las acciones, hasta que la suma de las ganancias no supere los 1.000 euros no se van a pagar impuestos.

Pérdidas de años anteriores y no cobrar dividendos

El truco del punto anterior también se puede aplicar con las pérdidas que se han registrado durante los últimos cuatro años que se ha realizado la compensación. De esta manera, si se tuvieron pérdidas en 2016 y no todavía no se han compensado, la renta del 2021 va a ser el último año que se podrá realizar.

Si se acumulan minusvalías de 2016, se pueden plantear en qué posiciones en positivo se puede vender para cuadrar a nivel de efectos fiscales.

Los dividendos no están exentos de tributar dentro de la renta. Desde ha años los dividendos pasaron a ser metálico y tributan como rendimiento de capital mobiliario dentro de las rentas de ahorro.

Amortizar la hipoteca

Si realizaste la compra de tu vivienda antes del 2013, puedes desgravarte en la declaración de la renta hasta el 15 por ciento de lo que aportaste sobre la base máxima de 9.040 euros, con un ahorro fiscal máximo de 1.356 euros menos en el IRPF.

Si se da el caso que has pagado menos de 9.040 euros por la hipoteca, se puede compensar la diferencia y se puede optimizar el IRPF.

Realizar donativos

En el caso de los donativos hacienda aplica deducciones dependiendo del importe que se ha donado y la recurrencia en el tiempo, de manera que te puedes desgravar hasta el 75 por ciento de lo que has donado.

Hacienda distingue entre las donaciones que se han realizado por debajo de los 150 euros y las que se han realizado por encima. Para la primera opción, Hacienda permite desgravar el 80 por ciento de las aportaciones realizadas a ONGS y Fundaciones, antes de la pandemia del COVID 19 era el 75 por ciento.

Cuando se supera la cantidad de los 150 euros Hacienda permite desgravar en la renta el 35 por ciento con carácter general de las donaciones, pudiendo subir esta cantidad al 40 por ciento se ha realizado a la misma ONG durante más de 2 años seguidos, pero la deducción no puede superior al 10 por ciento de la base liquidable general del IRPF.

Invertir en empresas de nueva o reciente creación

Hacienda deja deducir el 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el período por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pudiendo además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad.

La deducción solamente resultará de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29 de septiembre de 2013 y la base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

Imagen | jarmoluk

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La aparente levedad de la deuda

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.  

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits. 

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad. 

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.   

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.  

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados. 

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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