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El capital financiero y la inversión productiva

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La errática política económica del ejecutivo norteamericano se está acompañando de salidas de capital financiero a favor de entornos estables como el que prevalece en la Unión Europea. En la economía real, sin embargo, no se percibe el cambio de expectativas, al menos de momento.  

En el primer trimestre, la inversión en activos financieros (o inversión en cartera) de la eurozona ascendió a 125.000 millones de euros, y las entradas de capital parecen haberse acelerado tras el llamado día de la liberación, a tenor del apetito creciente de los ahorradores internacionales por las bolsas europeas. En España, el volumen de acciones, bonos y otros valores adquiridos por los no residentes en el primer trimestre rozó los 40.000 millones. Destaca el interés suscitado por la deuda pública: en su última apelación al mercado, el Tesoro colocó obligaciones a diez años en condiciones favorables, con una demanda casi diez veces superior a la oferta de títulos, y un tipo de interés del 3,2%, frente al 4,5% del referente de EE. UU. Las primas de riesgo que soportan los Estados “periféricos” frente a la deuda alemana han tendido a reducirse. Y las condiciones de financiación del sector privado se han relajado, tanto para las empresas como para los particulares, según la última encuesta de préstamos bancarios. 


Ahora bien, una cosa es el IBEX y otra la inversión productiva. Los inversores extranjeros adquieren productos financieros, pero no parecen estar dispuestos a incrementar su presencia en el tejido productivo (es decir en términos de inversión extranjera directa, que es la que más permea en la economía real). A nivel europeo, se ha producido incluso un ligero movimiento de desinversión, por un valor cercano a 17.000 millones, en el primer tramo del año. En España, a diferencia de otros socios comunitarios, sigue entrando inversión extranjera directa, pero se observa una pérdida de vigor: la entrada de capital productivo ascendió a 4.000 millones en el primer trimestre, menos de la cuarta parte que hace un año. De manera similar, los datos de inversión en concepto de contabilidad nacional, o formación bruta de capital fijo (incluyendo tanto la inversión financiada por no residentes como la interna) siguen apuntando a una cierta debilidad, particularmente en el segmento de bienes de equipo. 

En suma, los recursos fluyen, pero no se traducen en un incremento proporcional de la inversión. Este déficit obedece en parte al entorno de incertidumbres, particularmente en el plano del comercio internacional. Pero tampoco ayuda la sensación de inercia de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado, principal vector de la acción pública, siguen congelados. A nivel europeo, las recomendaciones de Letta y Draghi, fundamentadas en un diagnóstico ampliamente compartido, parecen estar encalladas. El anuncio del canciller Merz de un fondo de inversión es una oportunidad, por la cuantía de la dotación presupuestaria prevista (medio billón de euros) y por la voluntad política manifestada de dinamizar las expectativas en la principal potencia industrial europea, tras tres años de cuasi recesión. 

El giro, no obstante, se está viendo ensombrecido por la intención del mismo gobierno alemán de incrementar las subvenciones a los sectores industriales más afectados por la crisis energética, perpetuando una estructura económica poco competitiva y con escasa capacidad de creación de empleos de calidad. Al tratarse de una ayuda de Estado, el plan necesita la luz verde de la Comisión Europea. De aprobarse, no solo se detraerían recursos para la inversión. También estaríamos ante un caso flagrante de fragmentación del mercado único, siendo ésta una de las principales causas de la anemia europea. 

Conviene recordar que, anteriormente al anuncio del nuevo subsidio, Alemania ya había concedido el 37% del total de ayudas de Estado aprobadas por la Unión Europea. Mucho se ha escrito, y con razón, acerca de la oportunidad de cohesionar el proyecto europeo ante el proteccionismo de la administración Trump. Falta pasar de las palabras a los actos. 

EXPORTACIONES | Las exportaciones de bienes se incrementaron en marzo a un ritmo vigoroso del 8,3% con respecto a un año antes, según datos de aduanas. Este resultado puede deberse en parte al adelanto de las compras de empresas de EE. UU., ante la inminencia de la imposición de aranceles. Una moderación de las exportaciones sería por tanto previsible a partir del segundo trimestre, tal y como se desprende del fuerte descenso de las importaciones norteamericanas en el mes de abril. Pese a ello, el dinamismo del turismo y de los servicios no turísticos debería prevalecer, sosteniendo el superávit exterior de la economía española. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La insuficiente inflexión al alza de la productividad en España

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Un problema estructural

En lo que llevamos de siglo, la economía española no solo no ha logrado converger con la media de la UE en renta per cápita, sino que incluso la brecha se ha ampliado ligeramente. Esta falta de convergencia pone de manifiesto un pobre desempeño en materia de productividad. Como dijo el premio Nobel de Economía Paul Krugman “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

El crecimiento de la productividad por trabajador en España ha sido inferior al de Europa, que a su vez se ha situado muy por debajo del registrado en EE UU. No obstante, es en la productividad del capital donde la evolución ha sido especialmente negativa, debido, entre otros motivos, a la elevada inversión en el boom inmobiliario de los primeros años del siglo, que no genera crecimiento a largo plazo, y a la insuficiente inversión en activos intangibles, claves para alcanzar a las economías más productivas.


Se puede considerar que nuestro modelo productivo es intensivo en fuerza laboral y pobre en productividad: el incremento del PIB procede sobre todo de la incorporación de factores productivos, trabajo y capital, y no de la mejora de la eficiencia productiva (la llamada productividad total de los factores [PTF]). 

Cambios desde la pandemia

Estos últimos años una leve mejora de la productividad es perceptible. Desde la pandemia, la economía española ha crecido más intensamente que la de la eurozona, sustentada especialmente en el consumo público y en las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos. Por el contrario, la inversión y las exportaciones de bienes han mostrado debilidad. Así, la brecha de inversión con la UE se ha ampliado, especialmente en el sector privado. No obstante, hay que destacar como punto positivo que el destino de la inversión es más adecuado ahora que en el pasado, ya que están adquiriendo más protagonismo los productos de la propiedad intelectual.

La mejora macroeconómica se ha trasladado a la productividad. El repunte no es homogéneo en todos los sectores, siendo más intenso en los de mayor valor añadido, como son el manufacturero o servicios como información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas. Estos sectores, más enfocados a la exportación, se caracterizan por una utilización más eficiente de los recursos y un mayor tamaño empresarial. 

No obstante, es pronto para determinar si la recuperación de la productividad es un cambio de tendencia estructural, o, por el contrario, se trata de un fenómeno puntual ligado en gran parte al vigor del crecimiento económico y al menor número de horas trabajadas. 

Algunas medidas de mejora

En todo caso, los avances recientes de la productividad no parecen suficientes para vislumbrar una convergencia con las economías más avanzadas en un horizonte previsible. Las perspectivas de productividad dependen de las reformas que se acometan en los próximos años. 

El multiplicador de los fondos europeos sobre la inversión está siendo reducido. Se requiere un entorno regulatorio más favorable a la inversión, ya que en el momento actual es de vital importancia no quedarse atrás en la adopción de las nuevas tecnologías, como la IA. Con ello se genere un círculo virtuoso de más inversión y de empresas de mayor tamaño, que generalmente son más productivas. También, el gasto público debe orientarse en mayor medida a la mejora de la eficiencia, y reducir el déficit crónico que financia gasto no productivo. 

Seguimos arrastrando un problema crónico en la formación y educación. España es uno de los países que, por un lado, presenta un mayor grado de sobrecualificación y, por otro, un mayor porcentaje de población con escasa cualificación. Es necesario un mejor encaje entre la formación de los empleados y las necesidades de las empresas para usar de manera más provechosa el avance tecnológico.

Una versión de este artículo fue publicada previamente en la revista Profesiones.

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El núcleo duro del crecimiento español

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Por lo general una economía crece cuando coinciden dos circunstancias. La primera, un incremento de la demanda, ya sea interna o exterior. Y la segunda, que las empresas sean capaces de responder a dicho impulso de la demanda, porque son competitivas y disponen de capacidad productiva. Por diferentes razones, los datos de PIB de EE. UU. y España divulgados esta semana aportan informaciones relevantes acerca de las fuerzas y debilidades de ambos factores del actual ciclo expansivo.

El comportamiento de la economía norteamericana, con un descenso de una décima, evidencia un deterioro súbito de la confianza y una inquietante pérdida de competitividad como consecuencia de la guerra comercial. El consumo privado se ha desacelerado netamente y si todavía crece es en cierta medida por las compras anticipadas de los hogares norteamericanos ante la perspectiva de un aumento de los precios; cabe esperar, por tanto, que el consumo se frene en los próximos meses. Por su parte, las empresas, anticipando fuertes aranceles, han hecho acopio de productos importados, algunos destinados a la venta (elevando las existencias) y otros a la inversión en bienes de equipo. Todo ello traduce los primeros efectos des doble shock, de demanda y de competitividad.

En España el escenario es más favorable, pero también emergen nuevos riesgos. El avance del PIB (0,6% en el primer trimestre, el doble que la Unión Europea) se sustenta en un bucle de demanda de consumo privado, inversión en construcción y aumento del empleo, conformando el núcleo duro del crecimiento de la economía española. El consumo público, sin embargo, se desacelera. Y la inversión empresarial evidencia una cierta volatilidad, al tiempo que sus perspectivas se ven afectadas por la incertidumbre global.


También surge una nueva amenaza en el frente de la competitividad. Nuestras empresas mantienen una posición competitiva positiva en términos de costes laborales y energéticos. Destaca el tirón de las exportaciones de servicios no turísticos (4,6% en el primer trimestre). Pero la guerra comercial también provoca un efecto de desvío de las ventas de productos asiáticos hacia los mercados europeos, por las restricciones impuestas por Trump. Es un hecho que las importaciones han empezado a repuntar: las compras en el exterior crecen ya a un ritmo tendencialmente superior a la demanda (con una elasticidad de 1,2), cuando hasta hace poco lo hacían muy por debajo de dicha demanda (elasticidad inferior a 1). Los envíos de productos españoles a los mercados europeos también podrían verse perjudicados por la mayor competencia de productos asiáticos a precios artificialmente bajos. En suma, la demanda interna resiste, pero aparecen nubarrones en el panorama externo y en la competitividad.

De cara al futuro, es probable que perdure el ciclo expansivo de la demanda de consumo, inversión residencial y creación de empleo. Desaparecen los fenómenos de recuperación de poder adquisitivo, pero un mayor recurso al ahorro por parte de los hogares podría actuar como contrapeso. No obstante, el golpe arancelario se propagará a través del comercio mundial, entorpeciendo las exportaciones y exacerbando la competencia internacional. Las dos principales potencias mundiales han entrado en zona de turbulencias, y salvo un improbable acuerdo comercial la situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo.

España goza de un núcleo duro de crecimiento autosostenido que nos diferencia de los socios comunitarios. Todo apunta a que el PIB todavía avanzará netamente por encima del 2% este año. Sin embargo, sería temerario pensar que nos podemos desacoplar de los desvaríos del resto del mundo, de modo que una desaceleración es previsible a partir de la segunda mitad del año. Ante la guerra comercial y las tensiones geopolíticas, lo deseable sería sustentar la confianza para nutrir las fortalezas internas y profundizar en el descenso del paro. De lo contrario el ciclo expansivo perderá rápidamente vigor.

PRODUCTIVIDAD | El número de ocupados aumentó un 0,8%, pero el número de horas trabajadas se redujo, de modo que se mantiene la tendencia a la reducción de las horas trabajadas por persona que se observa desde 2023, con un descenso de la productividad por ocupado y un incremento de la productividad por hora. El perfil que se desprende de la EPA es similar: el número de ocupados se incrementó un 0,7% en el primer trimestre, entrañando un ligero descenso de la productividad por persona ocupada, y a la inversa cae el número de horas trabajadas, impulsando la productividad horaria.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El PIB en el primer trimestre de 2025: continúa el ciclo expansivo, aunque con una moderación del consumo

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CNTR IT 2025

El PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0,6% en el primer trimestre de 2025, una décima menos de lo anticipado por Funcas. Además, se ha revisado ligeramente a la baja el PIB del trimestre anterior, lo que reduce el efecto de arrastre sobre el crecimiento en 2025.

La demanda nacional en su conjunto aportó cuatro décimas al crecimiento, la cifra más baja en nueve trimestres. El consumo privado experimentó una notable desaceleración, hasta el 0,4%, sensiblemente por debajo de los crecimientos observados a lo largo de 2024, quizás influido por las malas condiciones climatológicas. El consumo público creció un 0,2% por segundo trimestre consecutivo, apuntando a una desaceleración tras un periodo fuertemente expansivo.  La inversión en construcción presentó un ritmo de crecimiento semejante al del trimestre anterior, mientras que la inversión en bienes de equipo ha logrado mantener el nivel alcanzado tras el intenso repunte registrado en el cuarto trimestre de 2024 (gráfico 1). Esto constituye una buena noticia, ya que la debilidad de esta variable sigue siendo uno de los elementos preocupantes de la evolución reciente de la economía española. No obstante, la inversión en bienes de equipo sigue sin superar claramente los niveles alcanzados en 2019, y la incertidumbre derivada de la guerra comercial podría frenar esta incipiente –y tardía– recuperación. 


El sector exterior aportó 0,2 décimas al crecimiento del PIB, como resultado de un crecimiento de las exportaciones superior al de las importaciones, siendo fundamentalmente las exportaciones de servicios no turísticos las que explican el positivo comportamiento de la variable total. El gasto de los turistas también avanzó a un buen ritmo, aunque más moderado que las tasas medias observadas en 2024. Ambos componentes siguen siendo los elementos más brillantes de la evolución económica pospandemia, mientras que las exportaciones de bienes mantienen la tónica de estancamiento que ha predominado durante todo este periodo (gráfico 2).


El número de ocupados aumentó un 0,8%, pero el número de horas trabajadas se redujo, de modo que se mantiene la tendencia a la reducción de las horas trabajadas por persona que se observa desde 2023, con un descenso de la productividad por ocupado y un incremento de la productividad por hora. El crecimiento del salario medio se moderó, aunque sigue siendo relativamente intenso: un 4,4% interanual. Como resultado, el coste laboral unitario continúa creciendo por encima del deflactor, y por encima del excedente bruto unitario.

En suma, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2025 mantiene, básicamente, el mismo patrón de los últimos años, aunque con una cierta moderación del consumo privado y público.

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La economía española tras el shock comercial

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El comercio internacional, uno de los principales baluartes de la economía española, empieza a flaquear como consecuencia de la guerra arancelaria. Según las estimaciones de la OMC, los intercambios internacionales se paralizarán en los próximos meses bajo la premisa, relativamente optimista, de una escalada tarifaria contenida, y se contraerán hasta un 1,5% en el supuesto de una activación de los aranceles recíprocos por parte de EE UU, y de represalias de otros países. 

Los primeros efectos del proteccionismo son ya palpables en el bloque comercial de América del Norte. Por ejemplo, desde el inicio de la ofensiva tarifaria, la frontera norte de México habría registrado una fuerte caída de los envíos al país vecino, mientras que los viajes entre Canadá y EE. UU. se habrían reducido drásticamente. Esto son solo las primeras réplicas de una onda recesiva provocada por el aislacionismo comercial que irá extendiéndose a través del planeta. 

España no puede desacoplarse de un eventual parón del comercio internacional. El shock tarifario va más allá de nuestra exposición directa al mercado americano, ya que la amenaza es global, cerniéndose sobre una economía europea en un momento de gran debilidad y de dificultad para consensuar una acción común. No es sorprendente que nuestros intercambios con los socios comunitarios se hayan debilitado, siendo ésta una tendencia que, hasta fechas recientes, se había compensado con los buenos resultados cosechados fuera del Viejo Continente. El año pasado las exportaciones de mercancías españolas a la UE se redujeron en 0,5%, mientras que los envíos a los destinos no comunitarios se incrementaron un 1,4% (conforme a la balanza de pagos). 

Tras la imposición de los aranceles, va a ser difícil contrarrestar la anemia europea recurriendo a los mercados extracomunitarios. Los datos de ventas de grandes empresas –los únicos que aportan una información en tiempo casi real– evidencian ya una caída de las exportaciones totales del 1,7% durante el mes de marzo (en términos de crecimiento medio interanual, que no es posible desglosar entre diferentes destinos). Paralelamente las importaciones siguen avanzando, en consonancia con el tirón de la demanda interna. En suma, el sector exterior, que aportó directamente el 30% del crecimiento total del PIB en el último trienio, tiende ahora a restar actividad.


La inversión es la variable más vulnerable ante un panorama internacional tan adverso como incierto. Por su internacionalización, son las grandes empresas las más perjudicadas. Cabe anticipar que estas corporaciones congelen algunos proyectos hasta que el panorama comercial se dilucide. Por otra parte, el volumen de inversión directa española en EE. UU. roza los 120.000 millones de euros, o el 7,4% de nuestro PIB. El bajo nivel de endeudamiento empresarial, junto con la senda de bajada de tipos de interés, configuraba un escenario favorable a la inversión. La incertidumbre global lo empaña. 

Si bien el consumo público tiene ya poco recorrido, el de las familias puede actuar como contrapeso, gracias al crecimiento del empleo y la disponibilidad de un importante remanente de ahorro. De manera similar, un ciclo de inversión residencial está en marcha (si bien a un ritmo insuficiente para aplacar la crisis de vivienda). Con todo, sin embargo, el frenazo externo será el protagonista de la coyuntura. 

La magnitud de la desaceleración va a depender sobre todo de las decisiones que se tomen en Washington. El arancel actual del 10% es un golpe duro pero asumible para la economía. Otra cosa es si el clima de incertidumbre se perpetúa, con una sucesión de nuevas amenazas y de desmentidos, lastrando la economía mundial, pero elevando también el riesgo de recesión e inestabilidad financiera en EE. UU. No es el escenario más probable: la suspensión de los aranceles recíprocos evidencia que el republicano tiende a recular ante un conato de crisis de deuda. Trump tiene la llave, pero la comparte con los mercados. 

DEUDA | El mercado español de deuda pública, importante barómetro de la salud financiera de nuestra economía, ha reaccionado con calma a las turbulencias desatadas del otro lado del Atlántico tras el día de la “liberación”. La rentabilidad exigida por los mercados para comprar bonos españoles a diez años ha oscilado entre el 3,2% y 3,3%. Y la prima de riesgo, o diferencial con el referente alemán, considerado como valor refugio para los inversores en momentos de gran incertidumbre como el actual, apenas se ha incrementado en torno a 10 puntos básicos. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Deuda europea mancomunada, ilusión y realidad

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La Unión Europea multiplica las iniciativas, rompiendo un tabú tras otro. Para España y otros Estados miembros que se enfrentan a una concatenación de prórrogas presupuestarias o un parón legislativo, Bruselas se ha erigido en el principal protagonista de la política económica, liderando la respuesta a la guerra comercial desatada por Trump, anunciando un programa masivo de rearme y prometiendo un fondo europeo para la innovación con la ambición de rivalizar con las otras grandes potencias. 

El marco propuesto por la Comisión para el próximo periodo presupuestario menciona la palabra inversión dieciocho veces y la defensa doce, mientras que no se encuentra ninguna referencia a las sacrosantas reglas fiscales. Otra prueba de la voluntad de cambio: el texto alude a los niveles de deuda europea en una sola ocasión. Incluso la unión financiera, un proyecto que llevaba lustros encallado en los meandros bruselenses, podría empezar a ver la luz en los próximos tiempos, con grandes beneficios potenciales para una economía competitiva como la española. Todo ello prefigura un giro copernicano de estrategia, dejando atrás las rencillas entre las economías frugales del norte y otras, tradicionalmente favorables a una mayor integración. 

Una vez liberada del corsé ideológico, la política fiscal europea se enfrenta, en primer lugar, al desafío de cómo ensanchar su margen de acción. Los recursos disponibles a nivel comunitario apenas alcanzan el 1,2% del PIB de la UE. Por comparación, en EE UU el gobierno federal dispone del 15% del PIB en recursos tributarios y otros ingresos. La estrechez fiscal de las instituciones europeas explica que se haya tenido que recurrir al endeudamiento para financiar el programa Next Generation. Las emisiones de deuda se han disparado desde la pandemia (quebrando de facto el tabú de los eurobonos), de modo que hoy por hoy los pasivos totales ascienden a 650.000 millones, más del triple del total de recursos propios disponibles (por comparación, en España la ratio de deuda sobre ingresos públicos es de 2,5 y en Italia 2,9). La deuda escalará hasta 1 billón de euros en 2026, según las previsiones de la Comisión. 


Los mercados parecen dispuestos a financiarla, a tenor de la excelente calificación de las agencias de rating. Aún así, un fuerte incremento de las cargas financieras es inevitable en los próximos años, entrañando un riesgo de expulsión de otros gastos y evidenciando la necesidad de reforzar los recursos propios comunitarios 

Y ahí es donde aparece una nueva línea divisoria. Algunos Estados, generalmente los más endeudados como el nuestro, proponen que sea Bruselas la que asuma la factura emitiendo nueva deuda conjunta o creando nuevos impuestos. Los nórdicos no ven con buen ojo que Bruselas gane más capacidad tributaria o eleve las transferencias que recibe de los Estados. Prefieren acelerar las inversiones utilizando el margen de maniobra que permite su saneada posición fiscal. Por razones simétricas, ambas visiones están condicionadas por el punto de partida, lo mismo que ocurre con nuestras comunidades autónomas. 

Ante el riesgo de fragmentación, convendría examinar la eficacia relativa de las administraciones nacionales versus la europea: otro gran desafío, por sus dimensiones políticas. En su informe, Draghi considera que el nudo gordiano del declive europeo en innovación y competitividad se encuentra en la falta de una acción común. Por extensión, el esfuerzo en seguridad debería afrontarse en buena medida de manera compartida, ya que reviste las características de un bien público europeo. Todo ello justificaría un aumento de las aportaciones de las haciendas públicas nacionales en beneficio de la hacienda comunitaria: por razones de eficacia y coherencia con los objetivos comunes, los Estados miembros deberían ceder más recursos a la hacienda comunitaria, fortalecer su base tributaria; o al menos deberían comprometerse a hacerlo en el futuro, el recurso a la deuda siendo la solución de transición. El “que pague Bruselas” es una ilusión, porque Europa somos todos.

COSTE FINANCIERO | Contrariamente a una percepción generalizada, el tipo de interés que soporta la emisión de deuda mancomunada es ligeramente superior al que se aplica a la deuda española. En la última subasta, los bonos europeos con vencimiento a cinco años se colocaron a un tipo de interés del 2,80%, cuatro puntos básicos por encima de su equivalente español. En los tramos más largos, se mantiene el diferencial ligeramente favorable a la deuda española sobre la europea. Como tal, el recurso a la deuda mancomunada no entraña una ventaja en términos de costes financieros en el caso de España. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Alemania, año 2025. Crisis y cambio estructural (I)

A modo de canto de cisne, la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) elegido en 2021[1] ha respaldado en una sesión plenaria extraordinaria las reformas constitucionales que permitirán a un futuro gobierno de Gran Coalición entre la Unión Cristiano-Demócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) un giro histórico de su política económica. A favor de estas reformas han votado los representantes de estas dos formaciones políticas y la de Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), superando así la mayoría de dos tercios exigida para la aprobación de cambios en la Ley Fundamental Alemana.  Con la esperada mayoría cualificada en la segunda cámara parlamentaria (Bundesrat), el camino hacia la Wirtschaftswende quedaría expedito antes de la constitución del nuevo Bundestag, resultante de las elecciones parlamentarias del pasado 23 de febrero, en las que la CDU/CSU obtuvo el porcentaje de votos más alto (Gráfico 1).


No es exagerado afirmar que en Berlín se está jugando en estas semanas el futuro de la economía y la seguridad europeas. Lo que está sucediendo en la capital alemana es mucho más que el proceso de negociación para formar un gobierno de coalición, que Friedrich Merz, el “ganador” de las elecciones, prevé anunciar antes de Pascua; es la apuesta conjunta de los dos grandes partidos que han liderado los gobiernos de la República Federal de Alemania desde su fundación en 1949 por un cambio de rumbo ante las evidencias insoslayables de una triple crisis: económica, política y de defensa. 

Crisis del modelo productivo de la que, ostentando el puesto de tercera economía del mundo (4,4 billones de PIB en 2024), se adentra en su tercer año consecutivo de recesión; crisis de una política incapaz de frenar el avance de partidos radicales nacionalistas y antieuropeos, en particular, de Alternativa para Alemania (AfD), convertida en la segunda fuerza parlamentaria con el apoyo de uno de cada cinco votantes en las recientes elecciones (y un ascenso de 10 puntos porcentuales respecto de las elecciones de 2021); y crisis de un sistema de defensa y seguridad, con reconocidas carencias de preparación y recursos humanos y materiales tras décadas de escasa inversión en investigación, desarrollo y producción militar, mientras los “dividendos de la paz” se destinaban, en gran medida, a desarrollar un Estado social que en 2024 absorbió más de la mitad de los gastos consuntivos del presupuesto federal[2].

Ante la gravedad de la situación y los resultados de las elecciones, tan pronto como el SPD eligió un nuevo presidente del grupo parlamentario, relevando así al canciller en funciones Olaf Scholz, que asumió personalmente la severa derrota electoral, se iniciaron las “conversaciones de sondeo” (Sondierungsgespräche) entre cristianodemócratas y socialdemócratas. De ellas resultó un documento de once páginas que incluye un ambicioso paquete financiero (Finanzpaket) de expansión fiscal (cuadro 1). El respaldo de Los Verdes a este paquete se alcanzó el 14 de marzo a cambio de algunas concesiones que mitigan el disgusto de la formación ecologista por su exclusión de las conversaciones para la formación de gobierno, a pesar de que su programa electoral recogía iniciativas claramente alineadas con las propuestas económicas expansivas (cuadro 2). 

Cuadro 1. Las principales previsiones del paquete financiero



– El gasto en defensa se desligará del “freno de la deuda” (Schuldenbremse) que rige desde 2011, y limita al 0,35% del PIB la capacidad de los gobiernos federales de endeudarse anualmente; en concreto, el gasto en defensa que exceda el 1% del PIB no quedará sujeto a esta restricción presupuestaria. 

– Se creará un fondo especial (Sondervermögen) con 500.000 millones de euros para financiar, durante los próximos diez años, inversiones públicas en infraestructuras, poniendo una quinta parte de las cuales a disposición de las regiones y los municipios. Quedan incluidas inversiones en protección civil, transportes, hospitales, generación y distribución de energía, provisión de cuidados, digitalización, educación, ciencia, investigación y desarrollo.

– Los Länder podrán endeudarse anualmente por un importe de 0,35% del PIB.  

Cuadro 2. Las modificaciones del paquete financiero requeridas por Los Verdes



– Los gastos de defensa no sujetos al “freno de la deuda” incluirán inversiones en protección civil, servicios de inteligencia, ciberseguridad y prestación de ayuda a los países que sufran ataques contrarios al derecho internacional.

– El fondo especial (Sondervermögen) estará disponible para inversiones “adicionales” en infraestructuras, quedando esta condición de “adicionalidad” (Zusätzlichkeit) sujeta a que tales inversiones igualen o superen el 10% del presupuesto federal. 

– El plazo de disposición del fondo especial se amplía de diez a doce años, destinando, además, 100 millardos de esta suma al “fondo para el clima y la transformación”, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2045.

Aunque la necesidad de aprobar la reforma de la Ley Fundamental antes de la constitución del nuevo Bundestag ha acelerado las negociaciones para la formación de gobierno[3], la conciencia generalizada de que Alemania se encuentra en una situación de emergencia ha sido decisiva para imprimir el buen ritmo de las negociaciones interpartidistas. Tanto entre las elites políticas y económicas como en el conjunto de la sociedad (83,4 millones de habitantes) prevalece la convicción de que la economía alemana afronta una situación penosa[4], reflejada en la pérdida de competitividad internacional de su producción (y, por tanto, de su capacidad de exportación) y en su “desindustrialización” (expresión elegida como “palabra económica del año 2024” por un jurado de expertos en economía y de empresarios alemanes)[5]. Las causas no se identifican solo en el aumento de los precios de la energía, sino también en la “monstruosa burocracia” que asfixia a las empresas, en el insuficiente impulso a la digitalización de la economía y de las administraciones públicas,  y en la ineficacia para gestionar un cambio demográfico de enormes dimensiones, con tres vertientes que provocan particular inquietud social: el continuado aumento de pensionistas (con la jubilación de los baby boomers, hoy “en el pico de la ola demográfica”)[6], la  carencia de  mano de obra cualificada, y el flujo sostenido de entradas de población no comunitaria  que busca protección internacional y/o residencia fuera de los cauces establecidos para la inmigración legal.

No son estos problemas de los que esté libre España; antes bien, pueden identificarse también como nuestros retos fundamentales como país. Los grandes partidos alemanes, además de reconocer abiertamente los problemas y admitir su parte de responsabilidad en ellos, han resuelto afrontarlos mediante la unidad política y aprovechando la disposición de cierto margen en las cuentas públicas (con un déficit público –2,6% del PIB– y una deuda pública –63% del PIB–, prácticamente ajustados a las reglas fiscales europeas). España carece de estos dos activos estratégicos: unidad política de los grandes partidos y margen fiscal; dos activos que no aseguran el acierto de las políticas que se adopten, pero sí las condiciones que generan la confianza, dentro y fuera del país, en la capacidad de un gobierno de hacer frente eficazmente a una situación de crisis estructural.


[1]  Resultante de las elecciones celebradas el 26 de septiembre de 2021. Conforme al artículo 39.1 de la Ley Fundamental de Alemania, el mandato del Bundestag en funciones sólo termina cuando se reúne y constituye una nueva cámara. Se evita así la ausencia de un vacío legislativo. 

[2] Gastos consuntivos que, a su vez, representan el 88% del presupuesto total en 2024 (los gastos de inversión absorben, por tanto, solo el 12%). Los datos proceden del Ministerio de Finanzas de la República Federal de Alemania (BMF-Monatsbericht Januar 2025 – Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2024).

[3] En el nuevo Bundestag, los escaños conjuntos de la CDU/CSU, del SPD y de Los Verdes no alcanzan dos tercios del total, quedándose, por tanto, por debajo de la mayoría cualificada para reformar la Ley Fundamental.

[4] A principios de marzo de 2025, tres cuartas partes de la población alemana entre 16 y 74 años calificaban la situación económica del país como “mala”, frente al 25% que la calificaba como “buena”.

[5] La segunda palabra más votada fue “Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro”, muy criticada entre el empresariado alemán, seguida de “giro económico” (Wirtschaftswende) y “monstruo burocrático” (Bürodratie-Monster).

[6] El baby boom alemán, algo más temprano que el español, se desarrolló entre mediados de los años 50 y finales de los años 60 del pasado siglo.

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El impacto económico del rearme europeo

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El viento de oscurantismo que sopla desde el Atlántico está generando la reacción que muchos europeos anhelaban, con consecuencias relevantes para la economía española. Los planes de inversión y de rearme anunciados en los últimos días totalizan 1,3 billones de euros, o el 7,2% del PIB comunitario: un bazuca tres veces más potente del que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado).    


Ni los informes de Draghi y Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar la sensación de inercia agudizada por la creciente divergencia entre socios comunitarios. 

Son, sin embargo, las amenazas geopolíticas las que han producido el cambio de paradigma: Alemania se dispone a renunciar al sacro santo límite de endeudamiento que encorseta su economía, al tiempo que pone en pie un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio y se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en este caso para incrementar el gasto en defensa—, alineándose con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a acometer en cuatro años, en buena parte por los Estados miembros. El Gobierno español promete llegar al 2% del PIB, lo que supone incrementar el gasto un 53%.   

En teoría el plan supone un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta el 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el nuevo canciller de Alemania está a la altura de las expectativas, pudiendo además revertir en el resto de economías europeas. España estando bien posicionada en ese sector.  

En cuanto a la defensa, sin embargo, mucho depende de la capacidad de absorción de los recursos por el tejido productivo, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importadas, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias (antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%, evidenciando el carácter estructural del déficit en defensa). Un incremento abrupto del gasto agravaría el grado de dependencia de la defensa europea, redundando también en un débil multiplicador para las empresas ubicadas en el viejo continente. 

En el caso de España el efecto multiplicador podría ser incluso menor, por el tamaño del sector de la defensa en nuestro país, y pese a disponer de capacidades relevantes en algunos nichos como la tecnología de los satélites y los radares. Una limitación generalizada atañe a la atomización de la producción, como es el caso de los carros de combate, encareciendo los costes de producción. Por otra parte, en materia de armamento no está claro que el sector privado pueda complementar la inversión pública, al tratarse principalmente de bienes de consumo colectivo. Finalmente, Europa carece de instrumentos de coordinación a la altura de los desafíos, lo que contribuye también al riesgo de dilución de los esfuerzos.  

La financiación del plan de rearme es otro condicionante. Bruselas considera que este gasto no debería computar a efectos de las reglas fiscales, de modo que los Estados que cumplen el objetivo en defensa no se expongan a reprimendas. Los mercados lo ven a de otra manera y ya exigen un tipo de interés más elevado para sus compras de bonos, ante la previsible acumulación de deuda pública que será necesaria para financiar el rearme. La alternativa sería subir impuestos o recortar el gasto civil, lo que se encontraría con fuertes resistencias por parte de la ciudadanía. 

Bruselas está procediendo al giro copernicano que se hubiera esperado durante la crisis financiera. Al tratarse de la defensa, es importante que la nueva estrategia proceda con gradualidad para que redunde simultáneamente en un menor grado de dependencia del exterior y más bienestar económico. 

GASTO |  Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un esfuerzo en defensa, con un gasto que en el caso de España culminó en el 3% del PIB en la década de los ochenta, un valor próximo a la media europea (según datos del Stockholm International Peace Research Institute). Tras la caída del muro de Berlín, Europa cosechó los dividendos de la paz, de modo que el gasto descendió hasta un mínimo cercano al 1% a mediados del decenio pasado. Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los aranceles y el crecimiento

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Los tambores de guerra arancelaria suenan con fuerza y toda la atención se centra en los sectores exportadores más vulnerables ante las proclamas proteccionistas. Lo más relevante, sin embargo, podría situarse en el plano macroeconómico general y no en los flujos comerciales en sí.  

Como se ha señalado por muchos analistas, el grado de exposición de España a las vicisitudes mercantilistas de Trump es relativamente reducido. Las exportaciones hacia el gigante americano representan menos del 5% del total, la mitad que Alemania. Sectores como las semimanufacturas, las artes gráficas y la cerámica, donde la participación del mercado trasatlántico supera el doble dígito, funcionan como suministro o complemento para la economía de EE. UU., lo que hace que la imposición de aranceles sobre ellos carezca de sentido. Otros sectores, especialmente la agroindustria y los productos farmacéuticos, se verán más afectados, ya que compiten directamente con empresas de ese país, justificando medidas de acompañamiento.


En todo caso, según el Observatorio de Márgenes, estos sectores disponen de un cierto colchón para suavizar cualquier choque comercial, particularmente en la industria de la alimentación cuya rentabilidad alcanza cifras récord. Así pues, el endurecimiento arancelario solo se trasladaría parcialmente al precio de venta final en el mercado norteamericano, gracias a la compresión del margen de beneficios. Por el lado de las importaciones, destacan las de armamento, las aeronaves y la energía, sectores prioritarios de la nueva política económica de Trump y, por ende, poco expuestos a eventuales restricciones. 

El principal riesgo proviene de frentes distintos al comercial. En primer lugar, habrá que vigilar el impacto en la inversión, la variable más sensible a las incertidumbres geopolíticas y también la más rezagada del ciclo expansivo español. Las empresas norteamericanas lideran la inversión directa en nuestro país, con cerca del 20% del total, y es probable que aplacen nuevas operaciones en un entorno tan incierto, marcado por la insistencia en repatriar sus actividades. En este sentido, el sector automotriz es crucial: si bien nuestras exportaciones de automóviles a EE. UU. apenas aportan el 0,7% del total, la inversión extranjera, incluida la que recibimos de EE UU, constituye la columna vertebral que sostiene el conjunto del sector. 

Se prevé igualmente una actitud cautelosa por parte de las empresas españolas que invierten en EE. UU. Algunas están considerando cancelar importantes proyectos, no solo en el sector de energías renovables, ante la incertidumbre regulatoria y la hostilidad mostrada por Trump hacia las autoridades de competencia.

A medio plazo, el bloque comercial que ofrezca más seguridad jurídica y reglas de competencia estables puede salir ganando. Y en esta batalla Europa dispone de una oportunidad, enmendando errores pasados y profundizando en el mercado único. El anuncio por parte de la Comisión de un paquete de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de la energía es una buena noticia al respecto. 

Finalmente, mucho dependerá de la reacción de Alemania. La aplicación de aranceles amenaza con agravar el clima de recesión que se ha instalado en su industria, desatando recortes de plantilla que podría repercutir en las empresas alemanas presentes en nuestro país. Cuando se conforme, el nuevo ejecutivo dispondrá de un importante margen de acción fiscal: bien utilizado, ya sea reformando el límite constitucional al endeudamiento o sorteándolo con medidas extrapresupuestarias, la inversión pública puede generar un potente contrapeso coyuntural. También podrá ayudar a escribir junto con sus socios una nueva hoja de ruta para la integración económica europea.

En lo inmediato, la ola proteccionista representa un riesgo para el crecimiento, especialmente en el ámbito de la inversión. La clave está en revitalizar los motores internos de la economía europea y brindar seguridad respecto a las reglas que deben regir la economía de mercado. Recordando que, más pronto que tarde, el proteccionismo terminará por convertirse en un obstáculo para la economía estadounidense.

COMERCIO | Según el Bureau of Economic Analysis, la balanza de los intercambios de bienes y servicios entre EE UU y España arrojó en 2023 un saldo de 600 millones de dólares a favor de la economía americana (o cerca de 550 millones de euros). Este resultado procede del superávit de los intercambios de bienes y de servicios no turísticos, que asciende a 3.100 millones de dólares a favor de EE UU. Este excedente compensa el déficit en la balanza en concepto de turismo (2.500 millones de dólares a favor de nuestro país).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las dimensiones económicas de la defensa europea

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Las declaraciones de la Administración Trump acerca del papel de EE. UU. en la seguridad del viejo continente no solo anticipan un nuevo orden geopolítico mundial. También plantean un desafío mayúsculo para la economía europea. 

Diversos expertos consideran que, para suplir el vacío que amenaza con dejar la alianza atlántica, las necesidades de inversión en defensa superan el 1% del PIB anual de la Unión Europea. Un esfuerzo a realizar durante un periodo prolongado y que en el caso de España sería incluso más intenso, ya que en la actualidad nos situamos a la cola del ranking europeo. Todo ello en un contexto fiscal complicado, con un déficit público que supera ya ampliamente el umbral del 3% para la mayoría de los grandes socios comunitarios, particularmente en Bélgica, Francia, Italia y Polonia. Alemania y España rondan ese umbral. 


Semejante reto solo es asumible desde el punto de vista económico con tres condiciones, la primera siendo la elevación del multiplicador del gasto público en términos de inversión privada: tanto en España como en el conjunto de la UE, dicho multiplicador es notoriamente débil en comparación con las otras grandes potencias, como consecuencia de fallos institucionales y de carencias en la colaboración público-privada. 

De no permear en el sector privado, el gasto público solo serviría de estímulo para las importaciones de armamento, algo que no es necesariamente coherente con el objetivo perseguido de reforzar la seguridad europea. El riesgo sería también de perpetuar el bajo crecimiento de la economía europea, que se percibe ya en las exportaciones españolas. 

En segundo lugar, hoy por hoy los programas de defensa son poco eficaces, por la atomización de una industria europea que ha operado al margen de las reglas de competencia, ya que la seguridad ha sido considerada como parte integrante del espacio de soberanía nacional. 

El resultado es una dilución de los esfuerzos que realiza cada socio comunitario de manera aislada. Como la restructuración del sector, ineludible para alcanzar economías de escala, solo puede ser gradual, cualquier incremento del gasto en defensa debería también producirse de forma progresiva. Y por la misma razón el esfuerzo de inversión debería mancomunarse, ya que la defensa es un bien común amenazado por el giro estratégico norteamericano. La cuestión es cómo financiar este nuevo objetivo. A corto plazo, la propuesta de la Comisión de aprovechar los fondos Next Generation que no se han comprometido —cerca de 100.000 millones de euros, según Bruselas— resuelve las reticencias de algunos países de incrementar el presupuesto comunitario. Pero esta solución solo será efectiva en presencia de una gestión común orientada a modernizar el sector, no reproduciendo la actual atomización. 

Finalmente, y pese a todo lo anterior, es muy probable que una buena parte de los recursos procedan de las maltrechas haciendas públicas nacionales. Bruselas se muestra favorable a la suavización de las reglas fiscales europeas, para que el aumento de la inversión en defensa no compute a efectos de las obligaciones normativas, ni que los Estados se expongan a sanciones. Otra cosa es la percepción de los mercados, muy solicitados ante la necesidad de financiar la montaña de deuda que se ha acumulado a nivel global. Los bonos públicos cotizan ya aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los niveles alcanzados en el otoño pasado. Trump ha prometido fuertes recortes de impuestos, y no le será fácil compensarlos con la brutal cura de adelgazamiento aplicada por Elon Musk, que amenazan con desorganizar la actividad de las administraciones. 

En suma, para tener el efecto deseado, cualquier decisión política de elevar el gasto en defensa debería integrar una reforma del funcionamiento del sector, y entrañar un fortalecimiento estructural de la economía europea, facilitando la financiación del esfuerzo inversor y posibilitando el consenso social.  

DEFENSA | El gasto de la UE en defensa se ha incrementado un 30% desde el inicio de la guerra en Ucrania, alcanzando 326.000 millones de euros en 2024. Esta inversión se acerca al 2% del PIB, medio punto más que antes del comienzo de las hostilidades. En el caso de España, el incremento ha sido proporcionalmente menor, pasando del 1% en 2021 al 1,2% en 2023. Casi todo el esfuerzo de gasto se realiza por los Estados miembro de manera descentralizada: la inversión mancomunada asciende apenas a 16.400 millones para el conjunto del periodo 2021-2027.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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