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Inmigración: los españoles valoran la diversidad, pero anticipan una asimilación a largo plazo

No extraña que la inmigración haya vuelto a ocupar un lugar relativamente preeminente en la discusión pública. En los últimos tres años, el número de nacidos en el extranjero residentes en España ha aumentado en casi dos millones (de 7,3 millones en octubre de 2021 a 9,2 en octubre de 2024) y su porcentaje sobre la población se ha incrementado en más de tres puntos (del 15,5% al 18,8%). En 2023 migraron a España 1,2 millones, cifra que ya desde 2021 se mantiene en niveles similares a los registrados justo antes de la crisis financiera. Estos nuevos residentes llegan a un país demográfica y socialmente distinto al de la primera década del siglo, pues ahora la sociedad ya cuenta con una amplia experiencia de convivencia con población inmigrante. ¿Qué opinan los españoles de hoy sobre la inmigración? ¿La experiencia de convivencia ha favorecido percepciones más positivas o, por el contrario, hay indicios de tensiones subyacentes? Para contestar a estas preguntas, la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración, realizada el pasado mes de diciembre a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, ha recabado información sobre la percepción que los españoles tienen de la integración de los inmigrantes.

Una amplia mayoría de encuestados expresa una valoración positiva de la diversidad: casi cinco de cada seis (84%) están de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas (gráfico 1). No obstante, esa evaluación positiva de la diversidad no implica que se acepte de forma ilimitada. De hecho, el porcentaje de encuestados que considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas, aunque mayoritario (63%), es inferior al de quienes juzgan positivamente la diversidad. Por otro lado, el amplio consenso respecto a la diversidad religiosa y cultural podría explicarse, en parte, por la expectativa de que, con el tiempo, la población de origen extranjero no será tan distinta de la española. De hecho, casi siete de cada diez encuestados (69%) están de acuerdo con que, en dos o tres generaciones, los miembros de los grupos minoritarios serán iguales que el resto de la sociedad. Curiosamente, este amplio convencimiento sobre una eventual asimilación a largo plazo no se traduce necesariamente en un juicio claro, ya sea favorable o contrario, sobre la obligación de las minorías de adaptarse a las costumbres españolas. Es este el punto en que la opinión pública se muestra más dividida: el 55% cree que las minorías deben adaptar sus costumbres para ser plenamente aceptadas, mientras que el 45% opina lo contrario.


La pertenencia de los encuestados a unas u otras categorías sociodemográficas se asocia de manera diversa, y con fuerza distinta, con las percepciones sobre la integración de los inmigrantes. En general, las diferencias basadas en el sexo o la edad son relativamente pequeñas, mientras que la autoubicación ideológica parece desempeñar un papel más relevante (gráficos 2 a 5). Por ejemplo, mientras que el apoyo a la diversidad es mayoritario en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo (aunque ligeramente más elevado entre las mujeres y los encuestados con mayor nivel educativo), la ubicación en  distintos puntos del espectro ideológico se asocia con opiniones que pueden ser sustancialmente diferentes: del 95% de acuerdo con la diversidad entre los que se sitúan más a la izquierda (posiciones 1-2) hasta el 51% entre los que están más a la derecha (posiciones 9-10) (gráfico 2). 


Por otro lado, la percepción de haber alcanzado el límite en la capacidad de absorción de gente de diferentes etnias o culturas es algo más común entre quienes disponen de menos ingresos: mientras que el 45% de la categoría con ingresos que llegan hasta 1.500 euros mensuales así lo declara, el porcentaje se queda en el 30% de quienes ganan más de 4.000. También en este aspecto sobre los límites a la diversidad sobresalen las diferencias ideológicas. Entre quienes se posicionan más a la izquierda, uno de cada diez cree que ya se ha alcanzado el límite, pero a la derecha lo creen ocho de cada diez (gráfico 3). Llaman aquí también la atención las diferencias territoriales. En Cataluña el 45% cree que se ha llegado al límite, una cifra significativamente superior al 33% de Madrid. 


La expectativa de que en dos o tres generaciones los inmigrantes se asemejarán a la población nativa también varía según la autoubicación ideológica, aumentando el optimismo acerca de la “igualación” cuanto más a la izquierda se sitúa el entrevistado, aunque, en esta ocasión, las diferencias no son tan acusadas (gráfico 4). Son mucho más evidentes las variaciones en función de la ideología respecto a la consideración de que los miembros de las minorías deben adoptar las costumbres españolas, desde el 25% en las posiciones más a la izquierda (1-2) hasta el 87% en las posiciones más a la derecha (9-10) (gráfico 5). Aquí sí parece desempeñar un papel importante la edad: el 38% de los jóvenes (18-24 años) cree que tienen que adaptarse, cifra muy inferior al 64% de los mayores (65 años o más). 


Por último, la encuesta también ofrece información sobre la valoración general que hacen los entrevistados de la integración de los inmigrantes en su entorno más próximo. Aunque, a la vista de los datos, puede afirmarse que las actitudes generales hacia la inmigración son mayoritariamente positivas, el juicio sobre cómo está funcionando la integración en la práctica resulta menos favorable y refleja ciertas tensiones. Así, aunque son mayoría (56%) quienes creen muy o bastante adecuado el nivel de integración de la mayoría de la población de origen extranjero en donde viven, no son pocos (un 43%) los que lo ven como poco o nada adecuado (gráfico 6). Nuevamente, las opiniones sobre el nivel de integración varían significativamente según la orientación ideológica: en los segmentos de la izquierda predomina la opinión de que el nivel de integración es adecuado, pero en los de la derecha prevalece la contraria (gráfico 6). 


Parte de la información disponible en la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración es comparable con la recogida por el Eurobarómetro 59.2, de mayo de 2003, lo que permite mostrar la evolución de las percepciones de la diversidad y la integración de la inmigración a lo largo de dos décadas. La comparación sugiere que la valoración positiva hacia la diversidad se ha mantenido, pasando del 81% en 2003 al 84% en diciembre de 2024. Pero también refleja algún cambio. Por ejemplo, llama la atención que parece haber disminuido la proporción de quienes creen que España ha alcanzado su límite en la capacidad de acogida de personas de otras razas, religiones o culturas (del 52% en 2003 al 37% en 2024), lo que es bastante coherente con que se mantenga la confianza en que las minorías acaben asemejándose mucho a los españoles a largo plazo (63% en 2024, 61% en 2003).

En definitiva, algunas actitudes básicas de los españoles referidas a la integración de población foránea de distinta etnia, cultura o religión apenas han cambiado en los últimos veinte años, a pesar de que la presencia de esa población ha aumentado considerablemente. Que predominen las actitudes de apertura es compatible con que proporciones nada desdeñables vean problemas de integración a escala local y esperen un esfuerzo de adaptación de la población foránea. También es compatible con notables diferencias de opinión según las afinidades políticas de los encuestados, lo que llama la atención sobre una de las dificultades principales que tiene la discusión pública sobre estas materias. Es necesario señalar que, aunque la mayoría valora positivamente la diversidad, existe una expectativa de que esta se reduzca en el futuro a través de a una suerte de convergencia social de las minorías. Esta aparente paradoja subraya aún más la necesidad de mantener la inmigración y su integración como un tema central en el debate público. Dada la evidente rapidez de recuperación de los flujos migratorios hacia España en cuanto la economía supera mínimamente sus dificultades, las políticas de inmigración y su integración deberían ocupar un lugar central en el debate público. Para superar los obstáculos para que así sea y garantizar que esta discusión sea constructiva, es imprescindible un diálogo basado en datos y orientado a la construcción de consensos que permita afrontar los desafíos de manera realista y efectiva.


Ficha técnica de la III Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria. 

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste. 


De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo). 

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo. 

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión. 

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro. 


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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