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El poder transformador de las instituciones

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El premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento crítico para la evolución de la sociedad y economía mundial. En un momento de fuerte desapego social. El reconocimiento a su trabajo sobre el papel fundamental de las instituciones en la prosperidad de las naciones no podría ser más relevante en un contexto global donde el escepticismo hacia las estructuras tradicionales de poder e influencia crece. Si algo nos enseñan estos tres economistas es que, lejos de ser meros mecanismos burocráticos, las instituciones son los cimientos sobre los que se construyen sociedades prósperas y equitativas, o bien, se perpetúan estructuras de pobreza y desigualdad.

Sus trabajos destacan que la riqueza o la pobreza de un país dependen tanto de la geografía, los recursos naturales o la cultura, como del tipo de instituciones que se desarrollan y, con frecuencia, se imponen. Sus investigaciones nos recuerdan que los momentos clave de la historia —particularmente el colonialismo— introdujeron sistemas que determinarían el destino de naciones enteras. Países que recibieron instituciones inclusivas, que fomentaron la participación política y el acceso a oportunidades, hoy son más prósperos. Mientras que otros, cuyas instituciones fueron extractivas y explotadoras, aún luchan por romper el ciclo de pobreza.

Este mensaje resuena de manera poderosa hoy, cuando el vínculo entre ciudadanos e instituciones es cada vez más frágil. Muchas personas observan las instituciones -que van de gobiernos a organismos internacionales- como entes lejanos y ajenos, ineficaces o, incluso, corruptos. Sin embargo, los laureados con este Nobel nos recuerdan que son estas mismas instituciones —cuando funcionan de manera inclusiva y justa— las que pueden cambiar el rumbo de las sociedades. El reto actual no es rechazar las instituciones, sino transformarlas para que sirvan mejor a los intereses colectivos.

En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson profundizan en esta idea. Las sociedades que logran construir instituciones que protegen los derechos individuales, garantizan la competencia económica y promueven la innovación, tienden a prosperar. Esto cobra especial importancia en un momento en el que la tecnología, el cambio climático y las tensiones geopolíticas requieren respuestas institucionales sólidas y flexibles y adaptativas que guíen a las naciones hacia un futuro más justo y sostenible. El conocido término de “élites extractivas” surge de la citada obra, que son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen.

La labor de estos tres economistas es tanto académica como eminentemente práctica. Ofrece un espejo en el que mirar para comprender por qué algunas naciones han logrado prosperar y otras no. En sus investigaciones, queda claro que la clave no está en buscar atajos, sino en redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones. En tiempos en que parece prevalecer la desconfianza, su trabajo nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra desde la destrucción, sino desde la mejora y el refuerzo de las estructuras que sostienen a las sociedades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Gasto público y crecimiento en los países de la OCDE, 1964-2018

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Buena parte de las
economías avanzadas de la OCDE muestran, desde mediados de los años sesenta
del pasado siglo, una tendencia decreciente de sus tasas de crecimiento,
especialmente perceptible en los países europeos y Japón. En paralelo, la
trayectoria del gasto público presenta un aumento sostenido hasta comienzos
del decenio de los ochenta, estabilizándose posteriormente en torno a una
media del 41% del PIB, aunque con amplias diferencias entre países. En
términos muy generales, la pregunta a la que se ha tratado de responder en
este trabajo es si ese nivel de gasto público tiene alguna relación con la
caída de las tasas de crecimiento.

La relación entre
gasto público y crecimiento económico responde a dos fuerzas contrapuestas.
Por una parte, los efectos positivos del gasto público sobre la productividad
a través de la acumulación de capital físico y humano, de la corrección de
los fallos de mercado y de la mejora de la estabilidad social mediante la
reducción de la desigualdad. Por otra, los efectos distorsionadores de los
impuestos sobre la productividad del capital y sobre el crecimiento, así como
por las ineficiencias de la gestión pública y por la extensión de las
actividades de búsqueda de rentas. El resultado final dependerá de la
importancia relativa de ambos efectos, lo que, bajo determinados supuestos
sobre la forma de la función de producción, se relaciona principalmente con
el tamaño, la composición y la calidad del gasto y de los ingresos públicos.

A partir de los
análisis empíricos realizados, la primera conclusión de este artículo es
que el tamaño alcanzado por el gasto público en la mayor parte de los países
avanzados estaría siendo una rémora para el crecimiento económico. Sin
embargo, un resultado tan agregado que, por otra parte, ha sido ampliamente
contrastado en otros trabajos, esconde relaciones muy heterogéneas entre gasto
público y crecimiento económico en los distintos países.

En primer lugar, el
mencionado efecto negativo tiene una magnitud muy diferente entre países:
mientras en algunos, como los escandinavos, los coeficientes son bajos, en
otros, como los del antiguo bloque del este de Europa o los bálticos, son
mucho más elevados.

«Los resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse, sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio tamaño».

En segundo lugar,
los resultados no son tan concluyentes cuando en lugar del gasto público total
se toma el gasto en bienes y servicios públicos, excluidas por tanto las
transferencias, cuyo efecto sobre el crecimiento, aun siendo también negativo,
es a su vez muy diferente entre países. Y resultados opuestos se obtienen para
gran número de países cuando el análisis se circunscribe al gasto en
inversión pública. Por tanto, la composición del gasto es un factor muy
destacado en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento.

En tercer lugar, la
relación entre gasto público y crecimiento no necesariamente es lineal. La
estimación no paramétrica de coeficientes que pueden variar en el tiempo
muestra que en algunos países se ha iniciado una senda de ajuste y
estabilización del gasto que modifica el signo de su relación con el
crecimiento económico, de modo que algunos de los efectos negativos habrían
quedado en buena medida neutralizados.

En cuarto
lugar, la calidad y eficacia del sector público se muestra como un factor
explicativo muy relevante de las diferencias que se aprecian entre países con
niveles similares de gasto. Países con un tamaño del gasto muy elevado
ofrecen, en cambio, resultados mucho mejores en su relación con el crecimiento
que otros con un tamaño más reducido, debido a las diferencias en variables
de tipo institucional. La conclusión es que un elevado número de países
podrían mejorar sus tasas de crecimiento sin necesidad de reducir el gasto,
reforzando sus indicadores de calidad y eficacia del gobierno.

Incluso enjuiciando
el papel del sector público solo por sus efectos sobre el crecimiento, los
resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse,
sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la
OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La
composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio
tamaño y otro tanto puede decirse de la eficacia e imparcialidad de la
actuación del sector público en la provisión de bienes y servicios.

El análisis
realizado no puede obviar el hecho de que el crecimiento, como objetivo de las
políticas públicas, debe conciliarse con otros objetivos que también
formarían parte de una hipotética función de bienestar social, como la
conservación del medio ambiente, la distribución de la renta o el acceso a
ciertos servicios básicos como la educación o la sanidad. Todo lo que aquí
hemos deducido tiene que ver con el alcance de las relaciones entre gasto
público y crecimiento económico, pero no se prejuzga que el crecimiento deba
ser el único código para evaluar el gasto, aunque sí conviene tenerlo muy
presente cuando se proponen políticas redistributivas que conllevan un
componente de gasto público. El equilibrio entre eficiencia y equidad, tan
discutido en cuanto a lo óptimo de sus proporciones, requiere, con seguridad,
tener en cuenta todo tipo de factores, económicos, ambientales y sociales, a
la hora de diseñar y ejecutar la intervención del sector público en las
sociedades avanzadas.  

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Gasto público y crecimiento en los países de
la OCDE, 1964-2018’, publicado en el número
164 de Papeles de Economía Española
.

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