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El impulso de la inmigración

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.


Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.   

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.          

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo

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A principios de este año, la Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre los efectos del envejecimiento y el descenso de la población europea en la disponibilidad de mano de obra, insistiendo en la necesidad de atraer inmigración con habilidades y talento. En todos los países europeos, en mayor o menor medida, el aumento progresivo de la proporción de personas mayores que ya han salido del mercado de trabajo plantea carencias de trabajadores cualificados para sostener el crecimiento económico y el Estado del Bienestar.

El Gobierno español ha reconocido la importancia estratégica que adquiere la inmigración laboral en las décadas inmediatamente próximas. En su Estrategia Nacional de Largo Plazo “España 2050”, publicada en 2021, ha definido 12 ejes de actuación prioritaria entre los cuales figura el “fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar nuestro estado del bienestar”.[1] Ese mismo documento prevé un saldo migratorio de 191.000 personas al año desde 2020 hasta 2050, una cifra que, aun cuando supera el promedio observado entre 1990 y 2019, se encuentra bastante por debajo de la que proyectan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INE)[2] o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).[3]

Dada la relevancia que adquiere la inmigración en la política nacional, llama la atención la escasez de información pública sobre cómo pretenden las autoridades españolas atraer a extranjeros con capacidades y talento en un contexto europeo cada vez más competitivo. Esta información es aún más necesaria si se tiene en cuenta que, durante las últimas décadas, España no ha conseguido mejorar la composición educativa de su población inmigrante en las edades centrales de la carrera laboral. Así se desprende de los datos que ofrece Eurostat sobre los niveles educativos de la población nacida en el extranjero entre 2004 y 2021. El examen de esos datos permite formular los siguientes argumentos:

  • A principios del siglo XXI, España compartía con Suecia, Bélgica y Hungría una proporción de población de origen extranjero (25-54 años) con estudios universitarios, de similar tamaño y bastante elevada en comparación con otros países de la Unión Europea (UE). En efecto, en torno al 30% de la población de esas edades, nacida en el extranjero y residente en esos países afirmaba hallarse en posesión de un título universitario. En 2021, los cuatro países presentaban porcentajes más altos de población extranjera con estudios universitarios que en 2004, pero en España la proporción de ese colectivo había aumentado muy poco (30,3%) en comparación con Suecia (47,6%), Bélgica (41,5%) y Hungría (38,6%). De hecho, en 2021 el porcentaje de población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero y con estudios universitarios se situaba en España por debajo de los porcentajes que arrojaban los Países Bajos (42,5%), Portugal (40,8%) o Francia (37,7%), países que en 2004 ostentaban tasas más bajas que la española. Lo cierto es que, en 2021, el porcentaje de población (25-54 años) residente en España, nacida en el extranjero y con estudios universitarios se hallaba entre los más bajos de la Unión Europea, si bien por encima de Italia (12,6%%) y Grecia (19,8%). Aun cuando Alemania presentaba un porcentaje semejante al de España, acreditaba un aumento notable entre 2004 (20,5%) y 2021 (29,1%) (Cuadro 1A y Gráfico 1A).


  • Los porcentajes de población (25-54 años) nacida en el extranjero con niveles de estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores han caído en la mayor parte de los países europeos, pero en algunos países lo han hecho de manera más intensa que en otros. Por ejemplo, en Portugal el porcentaje descendió en más de 25 puntos porcentuales entre 2004 (50,4%) y 2021 (23,8%): en Irlanda, lo hizo en casi 20 puntos (2004: 22,8%; 2021: 4,9%), y en Francia, en más de 10 puntos (2004: 45,8%; 2024: 32,2%). En España, sin embargo, el descenso entre esos dos años fue muy leve (2004: 41,5%; 2021: 37,8%), de manera que, en 2021, España figuraba entre los países de la UE con porcentajes más altos de población nacida en el extranjero con estudios de nivel inferior (37,8%), solo por delante de Italia (48,0%) (Cuadro 1A y Gráfico 1B).
  • En cambio, entre la población nativa de las mismas cohortes de edad se observa un drástico descenso del porcentaje de personas con niveles educativos de nivel inferior (2004: 50,2%; 2021: 30,8%) y un gran aumento de la proporción de quienes cuentan con estudios universitarios (2004: 30,2%; 2021: 48,2%). El salto en el acceso a la educación universitaria que presenta España en ese período es equiparable a los realizados por Francia y Países Bajos. De este modo, España se sitúa en 2021 entre los países de la UE con mayor proporción de población de 25 a 54 años que ha concluido estudios universitarios (Gráfico 1B).
  • En definitiva, la población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero que reside en España muestra en 2004 y 2021 una composición por niveles educativos muy similar, a diferencia de lo que se observa en gran parte de los países europeos, en los que la estructura educativa de la población inmigrante ha mejorado ostensiblemente. Pero como, además, el nivel educativo de la población española de esas edades ha aumentado significativamente entre 2004 y 2021, se han agrandado las diferencias educativas entre la población nativa y la población de origen extranjero (Gráfico 2). En la mayor parte de los países europeos los cambios en la composición de la población nacida en el país y la población nacida en el extranjero han avanzado más acompasadamente.


A la hora de analizar las disparidades educativas entre la población autóctona y la de origen extranjero en España, es importante considerar las diferencias dentro del colectivo de inmigrantes. Según los datos de las Encuestas de Población Activa (EPA) en 2022, la población nacida en el extranjero residente en España con niveles educativos más bajos es la procedente de África: tres cuartas partes de los inmigrantes entre 25 y 54 nacidos en ese continente y residentes en España han concluido como máximo estudios de educación obligatoria; una quinta parte ha completado educación postobligatoria no universitaria y solo el 6% cuenta con títulos universitarios. El grupo más numeroso de inmigrantes residentes en España, los nacidos en países de Latinoamérica, presenta una composición educativa más equilibrada: casi un tercio (31%) de los que cuentan entre 25 y 54 años ostenta niveles educativos básicos, proporción coincidente con la de quienes han terminado la educación secundaria post-obligatoria, mientras que el 24% ha alcanzado educación terciaria (Gráfico 3).


Los datos de la EPA de 2022 refuerzan, por tanto, la evidencia de importantes disparidades educativas entre la población de origen español y la de origen extranjero. Bajo el supuesto razonable de que las semejanzas educativas entre distintas poblaciones redundan en beneficio de la integración, aproximar la composición educativa de la población inmigrante y la autóctona mediante una política bien diseñada de captación de trabajadores extranjeros más cualificados debería ser un objetivo deseable no solo en virtud de razones económicas, sino también sociales.


[1] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo (Madrid: Ministerio de la Presidencia, 2021: 22).

[2] El INE proyecta un saldo migratorio anual de más de 450.000 personas hasta 2027, que a partir de ese año se reduciría y hacia 2050 se situaría aproximadamente en 250.000 personas (https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf).

[3] La AIReF estima un flujo promedio de entradas netas anuales de 330.000 personas entre 2020 y 2050. Véase AIReF (2020). “Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento técnico 1/20 (https://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/).

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España, país de inmigración consolidada y creciente

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La experiencia de migrar podría parecer, en nuestros días, minoritaria, habida cuenta de que, según estimaciones de Naciones Unidas, la población migrante en el mundo ascendía a principios de esta década a 281 millones personas, es decir, algo menos del 4% de la población mundial. Ahora bien, esta cifra esconde diferencias muy importantes entre regiones. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2020 Oceanía era la región del mundo con un porcentaje más alto de migrantes sobre la población total (22%), seguida por Norteamérica (15,9%) y Europa (11,6%) (Gráfico 1). Estados Unidos destacaba como el país del mundo con más inmigrantes (51 millones). El segundo y tercer puesto los ostentaban, a mucha distancia, Alemania, con 16 millones, y Arabia Saudí, con 13 millones. España ocupaba en 2020 la posición número 10 en el mundo en número absoluto de población migrante, con más de siete millones (7.231.195). Los datos a 1 de enero de 2022 ya elevan la cifra de residentes en España nacidos en el extranjero a 7.506.870 personas (15,8% de la población total). La población nacida en España y la nacida en el extranjero muestran tendencias contrarias durante la última década: la primera desciende, la segunda aumenta (Gráfico 2). Es en las edades intermedias donde más presencia adquieren los inmigrantes: entre los residentes en España de 25 a 39 años, por cada 100 personas nacidas en el país, hay más de 30 nacidas en el extranjero; entre las mujeres de 30 a 34 años, la cifra se eleva a 40 (Gráfico 3). 


Es cierto que la presencia de la población inmigrante en España difiere mucho territorialmente. Según los datos recientemente publicados en el Censo de 2021, las comunidades con una mayor proporción de nacidos en el extranjero son las Islas Baleares, Madrid, Cataluña y Canarias, con porcentajes que oscilan entre 20 y 25%. En el otro extremo se encuentran Extremadura, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, con porcentajes por debajo del 10% (Gráfico 4). Hay que tener en cuenta que buena parte de la población inmigrante actualmente residente en España puede considerarse “consolidada”, toda vez que más de la mitad (56%) de los nacidos en el extranjero llegaron al país hace 10 o más años (la proporción se aproxima a dos terceras partes en La Rioja, Galicia y Murcia) (Gráfico 5). 


Lo cierto es que, a pesar de las oscilaciones marcadas por el ciclo económico y la pandemia, desde 2000 España recibe, año tras año, flujos migratorios de tamaño sustancial. Incluso en el año de menor recepción de inmigrantes (2013), la cifra anual de nuevos residentes nacidos en el extranjero no ha bajado de 300.000 (Gráfico 6). En 2020, y a pesar de las restricciones a la movilidad internacional, establecieron una nueva residencia en España casi medio millón de personas nacidas en el extranjero. En 2021 lo hicieron más de 600.000. La mayor parte de los inmigrantes establecen su primera residencia en Cataluña (22,6%), Madrid (18,3%), Comunidad Valenciana (14,5%) y Andalucía (14,4%) (Gráfico 7). 


A la inmigración se le atribuye habitualmente una importancia crucial en países que, como el nuestro, afrontan un proceso de “envejecimiento” de la población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la baja natalidad. En efecto, la inmigración se considera a menudo como uno de los factores clave para mantener la solidaridad intergeneracional en un contexto demográfico en el que el tamaño de las generaciones de personas mayores fuera del mercado laboral aumenta año a año. Llama por ello la atención la ausencia de un debate público acerca de esta cuestión en España. Sirva de ilustración de este inexistente debate una evidencia fácilmente contrastable: de las casi 350 hojas en las que ha quedado plasmado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno en el otoño de 2020 y aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021, solo en cinco se puede leer una frase en la que aparezca una palabra con el lexema “migr”1. Y ninguna de esas frases aporta información sobre las líneas de actuación política ante una evolución de flujos de entradas netas a España que, hasta 2050, podrían alcanzar una media anual de 330.000 personas (según las previsiones demográficas de la AIRef) o un total acumulado de alrededor de 4 millones (entre 2022 y 2051, según las proyecciones demográficas del INE). Aun cuando formular predicciones sobre el futuro de los flujos migratorios a un destino concreto entraña una dificultad notable, puesto que las cifras de migrantes dependen de diversos factores económicos y políticos tanto en los países de origen como de destino, caben pocas dudas de que la inmigración va a ser el factor decisivo en la evolución de la población española durante las próximas décadas. 

1 Descontando las tres ocasiones en las que aparece citado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Socialy Migraciones.

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La causa y el efecto

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Hasta hace unos años, la mayoría de los Premios Nobel de Economía tenían un claro perfil teórico y la inmensa mayoría de sus contribuciones tenían un fuerte componente matemático. Gracias a ellos fue creciendo la teoría microeconómica y macroeconómica. En cambio, en las dos últimas décadas, también se ha concedido a economistas empíricos y a aquellos que emplean los experimentos, la psicología, la sociología e incluso la ciencia política. Era lógico, la sociedad del fin del siglo XX y de lo que va de siglo XXI cada vez es más compleja y requiere de propuestas y soluciones que combinen rigor, una mayor completitud e interdisciplinariedad.

Los Nobel de este año van en esa dirección, con la concesión de la mitad del premio al canadiense David Card (Universidad de Berkeley) y de la otra mitad, ex aqueo, al estadounidense Joshua Angrist (MIT) y al holandés Guido Imbens (Universidad de Stanford). En palabras del Comité de los Nobel, “han revolucionado la investigación empírica en economía”. En particular, han clarificado cómo entender adecuadamente la relación “causa-efecto” en los estudios con datos. Asimismo, pero no menos importante, tienen notables y clarificadoras aportaciones en cuestiones controvertidas sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y el nivel educativo sobre el mercado de trabajo. En suma, los trabajos de los tres laureados este año son un ejemplo de que se puede responder a las preguntas que se hace la sociedad.

David Card contribuyó a entender mejor el impacto del salario mínimo sobre el empleo, una cuestión controvertida aún. Los estudios siempre han mostrado la relación negativa entre salario mínimo y empleo. Sin embargo, Card retó la visión convencional que apuntaba a una dirección solamente: los salarios mínimos tienen efectos negativos sobre el empleo. Según el recién Nobel, la relación contraria también podía ocurrir: cuando aumenta el desempleo, las empresas pueden estar en condiciones de fijar menores salarios, con lo que aumenta la presión social a favor de aumentar el sueldo mínimo. Su estudio experimental empleando datos de Nueva Jersey mostró la ausencia de efectos de la subida del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Por otro lado, Card también demostró en otra investigación experimental aplicada a la ciudad de Miami, que la inmigración (que en su estudio provenía de los cubanos que huían del régimen de Castro) no afectaba negativamente a los niveles de ingresos de los trabajadores menos cualificados, desafiando la visión tradicional que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a sus salarios.

Por su parte, los otros dos premiados, Joshua Angrist y Guido Imbens han contribuido notablemente desde el ámbito metodológico a entender las “causas y efecto” en economía. Sus estudios ayudan a responder bajo qué condiciones un experimento natural puede utilizarse para mostrar los efectos de las decisiones de los individuos. Ellos, por ejemplo, retan la visión tradicional de que, a mayor nivel educativo, mejor salario en el futuro. En muchos casos, ellos demostraron con rigor que no en todos los casos es así y otros factores (ambición personal, capacidad de adaptarse al mercado laboral) pueden influir tanto o más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Perspectivas de la inmovilidad internacional

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La internacionalización
es un proceso que ha penetrado casi todas las esferas del comportamiento económico
y social: las inversiones, el comercio, las carreras profesionales, el ocio, la
cultura y la vida personal. Aunque la movilidad de personas entre países no es
una condición indispensable para su desarrollo, lo acompaña frecuentemente. La
crisis del coronavirus ha supuesto un alto en seco a la creciente movilidad
internacional. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones,
a finales de junio 219 países en el mundo habían decretado 68.964 restricciones
de viaje. A pesar de que durante las últimas semanas las excepciones a estas
restricciones han aumentado progresivamente, el número de vuelos comerciales en
el mundo en la primera quincena de julio era el 60% del correspondiente a las
primeras semanas de marzo[1].

En este repentino periodo
de inmovilidad internacional al cierre de fronteras se unen las reticencias a emprender
viajes en un escenario epidemiológico incierto. Se ha discutido mucho sobre las
consecuencias en el sector turístico puesto que, además de ser potencialmente
considerables, el plazo en que se hacían efectivas era inminente. Pero existen
otras dimensiones en las que los efectos de la parálisis internacional pueden ser
notables. Este sería el caso, por ejemplo, de los viajes de negocios, académicos
o las relaciones personales. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación
han podido suplir en buena medida a la movilidad internacional durante los pasados
meses, el dinero que invierten habitualmente compañías y personas en viajes
profesionales, personales y educativos apunta al valor de la presencialidad.
Los apretones de mano y miradas a los ojos que requieren los acuerdos
importantes siguen necesitando de la presencia física.

Una de las expresiones más profundas de la movilidad internacional es la decisión de trasladar de forma estable el país de residencia. Según datos de la OCDE, el 3% de la población mundial vive en un país diferente al de su nacimiento. Entre los nacionales españoles, el porcentaje de los inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero alcanza el 5,9%. Además, a principios de 2020 y después de seis años de crecimiento ininterrumpido de la inmigración se había alcanzado el máximo histórico de población inmigrante residente en España, el 15,2% (gráfico 1). Según datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), en 2019 se inscribieron como nuevos residentes en España 827.000 personas nacidas en el extranjero. Se trata de una evolución que, aunque ha recibido poca atención mediática, solo es comparable a la registrada antes de la pasada crisis. También la pauta seguida por la emigración confirma el atractivo de España para la inmigración. Aunque un número importante de inmigrantes abandona el país cada año, su volumen evoluciona a la baja desde 2013 y se posiciona por debajo de las 300.000 salidas en 2019. Es decir, a pesar de que la rotación de la población inmigrante en España es notable, en los últimos años el saldo migratorio positivo crecía porque aumentaba la inmigración y disminuía la emigración.

Gráfico 1

Nota: El dato de porcentaje de población nacida en el extranjero correspondiente a 2020 es provisional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística de Variaciones Residenciales y Estadística del Padrón Continuo.

Es evidente que el cierre
de fronteras se dejará notar en el total de inmigrantes llegados este año a
España. Aunque se han levantado las restricciones a la entrada para los países
de la Unión Europea y algunos países extracomunitarios, la prohibición de
viajar a España sigue vigente para los orígenes más frecuentes de los
inmigrantes (excepto Marruecos). Este es el caso de casi todos los países latinoamericanos,
de donde procedían el 54% de los inmigrantes llegados en 2019.

Varios factores
condicionarán la evolución de los flujos una vez que se reanude la movilidad
internacional con estos países. Es plausible pensar que el deterioro de la
situación del mercado de trabajo español disminuirá el atractivo del país como
destino de la migración laboral, por lo que se reducirían los flujos de
entrada. Pero, al mismo tiempo, el carácter global de la crisis apunta a que el
empeoramiento de las economías de los principales orígenes de los inmigrantes
también será sustancial, lo que animará a muchos a tomar la decisión de
emigrar.

Si se tiene en cuenta
como referencia lo sucedido en la pasada crisis no cabe esperar una reducción
sustancial del peso de la población inmigrante en España. Entonces, el
porcentaje de nacidos en el extranjero siguió aumentando durante los primeros
años de recesión, pasando del 13,1% en 2008 al 14,3% en 2012 (gráfico 1), a
pesar del aumento de la emigración y la disminución de la inmigración. Aunque a
partir de 2012 se empieza a registrar una disminución de la proporción de
inmigrantes residentes en España, en cuatro años solo se reduce en poco más de
un punto, para situarse en el 13,2% en 2016. Esto fue así porque, aunque la
inmigración se redujo considerablemente, incluso en los peores años de la
crisis el volumen anual de nuevos residentes fue notable. De hecho, solo en
2013 se registró un saldo migratorio negativo.

«A pesar de esta repentina inmovilidad internacional, la consolidación de España como país de destino de la inmigración no parece tener marcha atrás».

María Miyar

Hay otros factores ajenos
a la evolución del ciclo económico y específicos de la crisis sanitaria que
condicionarán las decisiones migratorias. Por ejemplo, puede esperarse que no
se produzca el aumento de las salidas que se había dado durante la crisis
anterior. En primer lugar, porque el cierre de las fronteras ha afectado
también a las salidas y, en segundo lugar, porque a pesar de la gravedad de la
crisis del COVID en España, es probable que los inmigrantes evalúen la calidad
relativa de los sistemas de salud a favor del español. Por último, ha de
tenerse en cuenta que los proyectos migratorios suelen tardar unos meses en
gestarse y hacerse efectivos. El cierre repentino de las fronteras ha
frustrado, con toda probabilidad, los proyectos migratorios de cientos de miles
de personas que cuando empezó la pandemia estarían valorando trasladarse a
España. Es difícil aventurar si esos planes se habrán cancelado o pospuesto.

La incertidumbre sobre la
evolución de la sociedad española en los próximos meses, o incluso años, es
alta. Pero varios factores sugieren que la inmigración jugará un papel relevante
en su futuro. En primer lugar, el crecimiento vegetativo (negativo desde 2015)
deja al saldo migratorio como el principal elemento de renovación demográfica.
En segundo lugar, la crisis del COVID ha puesto de relieve los problemas para
cubrir la demanda de mano de obra en el sector agrario, de cuidados y sanitario
con la población autóctona. Por último, el aumento de contagios por coronavirus
entre trabajadores agrícolas inmigrantes en las últimas semanas llama la
atención sobre la necesidad de mejoras en las deficientes condiciones
habitacionales en las que viven parte de la población de origen extranjero,
también para controlar la crisis epidemiológica.

A pesar de esta repentina
inmovilidad internacional, la consolidación de España como país de destino de
la inmigración no parece tener marcha atrás. La necesidad de garantizar la
seguridad sanitaria en los movimientos migratorios y en las condiciones
habitacionales de los inmigrantes puede constituir también una oportunidad avanzar
hacia un modelo de migración laboral regular en el que se preste atención a las
necesidades del mercado laboral, la capacitación de la mano de obra y la
búsqueda conjunta de beneficios para los países de origen y destino.


[1] Según datos procedentes de Flightradar relativos a
la media móvil (siete días) de vuelos comerciales diarios a 12 de julio (60.297)
y a 1 de marzo de 2020 (103.397 vuelos).

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reflexion-anual-de-los-economistas

Reflexión anual de los economistas

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La reunión más importante para los economistas académicos agrupa a numerosas asociaciones en torno a la American Economic Association. Se celebra en la semana de Año Nuevo y ha tenido lugar en San Diego (EE UU). La distancia desde California no me ha impedido sentir el enconado debate en España en torno a la investidura y sus posibles implicaciones. En todo caso, muchos de los grandes temas de la economía no se debaten con la frecuencia deseable en nuestro país.

Una preocupación transversal en la profesión económica son los problemas de índole social del capitalismo del siglo XXI. Diferentes planeamientos ideológicos parecen converger a que el sistema debería reducir la desigualdad o, de lo contrario, la inestabilidad del sistema aumentará. La inequidad derivada de una excesiva polarización de los ingresos puede agravarse si se produce también una brecha entre avanzados y rezagados tecnológicamente. Esto no requiere solamente, como remedio, políticas redistributivas, sino también anticipativas que presten la atención a la innovación en la educación y el gasto en inversión. No invertir en investigación y tecnología hoy es abonarse a una segunda o tercera división económica en el futuro.

«En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista».

Santiago Carbó

Una señal de que la desigualdad se toma en serio es que surgen alternativas al PIB que más que actividad, resumen el bienestar social. En ello trabajan varias agencias estadísticas, como el Bureau of Economic Analysis estadounidense, pero estamos aún lejos de una aplicación generalizada de las mismas que orienten y evalúen las políticas. En la dimensión social, resulta lamentable también el contraste entre los efectos considerablemente positivos de la inmigración en el crecimiento económico a largo plazo y su tratamiento político. Tampoco hay pedagogía para que no se manipule la percepción de este asunto.

Los efectos de la prolongación de regímenes de tipos de interés reducidos han sido otro tema relevante en San Diego. Sin consenso. Algunos consideran que, si se tolerara algo más el déficit fiscal y el gasto, el crecimiento y la inflación se reequilibrarían y los tipos podrían volver a subir. En todo caso, crecen las voces que señalan efectos colaterales dañinos de los tipos reducidos. A los ya muy comentados relacionados con disfunciones en mercados financieros se unen ahora los que reflejan la preocupación por las distorsiones sobre el ahorro y la estabilidad financiera en países que no están en grandes áreas monetarias integradas. Más madera al fuego de la desigualdad.

Es imposible resumir todos los debates y trabajos, pero no faltaron los relativos al cambio climático. Interesante comprobar cómo los impuestos carbón tienen efectos positivos de largo plazo que reducen, más de lo esperado, los costes fiscales de los países, al reducirse el impacto en los presupuestos de los problemas climáticos.

En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista. Para trascender e incorporar políticas de reforma es necesaria estabilidad interna y participación externa. Veremos si se logra en esta legislatura.

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