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Empleo: balance de 2021 y perspectivas para 2022

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Sin duda el año 2021 ha sido excelente desde el punto de vista del empleo. Y no solo por la intensa contratación pública: en el sector privado no agrícola, el número de afiliados a la Seguridad Social supera desde noviembre el nivel previo a la pandemia. Este crecimiento del empleo privado se concentró en la segunda mitad del año, y ha mantenido mes tras mes un extraordinario vigor. Si bien no hay que olvidar que al final de diciembre todavía había 122.000 trabajadores en situación de ERTE (de los cuales 102.000 estaban ligados al Covid-19, y una parte importante del resto procedía del sector de automoción debido a los problemas de suministros) a los que se suman 108.000 autónomos con prestación, es decir, aún había más de 200.000 afiliados con una actividad nula o reducida. De modo que en términos efectivos aún no se ha alcanzado el nivel de empleo privado prepandemia.

Pero esto no resta valor a los resultados. Así, entre junio y diciembre, el incremento medio mensual de la afiliación —siempre del sector privado no agrícola, y con cifras corregidas de estacionalidad— ha sido de 112.000, mientras que, por ejemplo, en 2017, que fue el año en el que más empleo se creó después de la crisis financiera, el incremento medio mensual fue de 45.000. En el mes de diciembre se observó una ralentización, con el crecimiento más bajo de todo ese segundo semestre, 60.000 nuevos afiliados, pero, como vemos, aún se trata de una cifra notable en perspectiva histórica. Resulta incluso sorprendente que la ralentización no haya sido más acusada, si tenemos en cuenta las enormes incertidumbres y obstáculos que han pesado sobre la economía en los últimos meses del año: fuerte encarecimiento de los costes de producción —por el incremento de los precios de la energía, de las materias primas y del transporte marítimo—, escasez de componentes, adopción de nuevas restricciones en toda Europa tras la aparición de la variante Ómicron, las incertidumbres ligadas a la propia pandemia y las incertidumbres regulatorias relacionadas con la reforma laboral.

Uno de los rasgos más desconcertantes del comportamiento de la economía española en 2021 ha sido, como es sabido, la desconexión entre el notable incremento del empleo y el mucho más discreto ascenso del PIB. El empleo, medido en número de afiliados en términos efectivos —es decir, teniendo en cuenta la incorporación de ERTEs y autónomos con actividad reducida— creció en torno al 8,8%. Si lo medimos en horas trabajadas, el crecimiento puede haber sido, a falta de conocer datos completos del cuarto trimestre, de en torno al 7,5%. Todo ello frente a un avance del PIB que apenas alcanzará el 5%. Ello implica una caída de la productividad por hora trabajada para la cual no existe una explicación clara, más aún teniendo en cuenta que este fenómeno no se ha producido en los países de nuestro entorno.

Asumiendo que no se está infraestimando el cálculo del PIB, una posible explicación de carácter general —puede haber otras explicaciones más específicas para actividades concretas— podría ser que las empresas de los sectores más afectados, solo para poder funcionar, necesitan a un número de trabajadores prácticamente igual al de antes de la pandemia, aunque su número de clientes sea todavía muy inferior. Otra explicación complementaria es que hayan decidido recuperar toda, o prácticamente toda, su plantilla con la expectativa de un pronto retorno a niveles previos de actividad.

Si esto fuera así, podemos pronosticar que el ritmo de crecimiento del empleo se va a reducir drásticamente en 2022, y va a ser notablemente inferior al del PIB. Es decir, va a ocurrir justo lo contrario a lo de 2021. Las empresas no necesitarán más personal a medida que recuperen el nivel normal de actividad, puesto que ese personal ya habría sido incorporado previamente, conforme a la interpretación anterior.

Además, cuando en primavera finalicen las medidas adoptadas al inicio de la pandemia para proteger a las empresas más afectadas —moratorias, plazos de carencia en préstamos ICO, ERTEs—, algunas empresas que han sido zombificadas no volverán a la actividad, y muchas otras lo harán con un nivel inferior al previo a la crisis, ya que hay sectores, como los más ligados al turismo, que van a tardar mucho tiempo en recuperar sus clientes. Habrá, por tanto, trabajadores en ERTE que perderán definitivamente su empleo, lo que ralentizará aún más el crecimiento del empleo.

De este modo, con un crecimiento del empleo notablemente inferior al del PIB, la economía recuperaría la productividad perdida durante la pandemia. Si no fuera así, si el crecimiento del PIB este año estuviera acompañado de un crecimiento del empleo en proporción semejante a la del año pasado, o incluso si el empleo creciera en línea con su elasticidad habitual con respecto al PIB, habríamos sufrido una caída brusca y permanente en el nivel de productividad, y este sí que sería un fenómeno muy difícil de entender.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Aprender de los datos de empleo

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Nuevamente muy buenos datos de empleo en diciembre. Una racha de diez meses así, como nunca. Ahora toca mirar más allá. Parece casi un tópico lo de los “datos históricos” cada vez que sale una estadística llamativa. No obstante, no se puede examinar la información laboral como la bursátil. Esto no es un rally, es una serie encadenada de subidas de afiliación y bajadas de paro de las que hay que aprender. Por un lado, que la reacción tras lo peor de la pandemia ha sido positiva. Por otro, que algunos elementos de flexibilidad y protección aportados al sistema han funcionado. En todo caso, no podemos olvidar que España sigue teniendo tasas de desempleo comparativamente muy elevadas, casi embarazosas.

Alguno de los efectos deseados de reformas anteriores parece haber acontecido, en particular los ERTE. Eso sí, no son gratis ni eternos. Tienen también una ventaja cualitativa: ayudar a entender que el concepto de “flexibilidad” en el mercado de trabajo no tiene por qué tener siempre connotaciones negativas. En este momento, se debate una reforma que avanza en contrataciones más razonables y ataca bien algunos aspectos de la temporalidad. Se queda bastante corta, eso sí, en simplificación de contratos, entre otros aspectos. Afortunadamente, está lejos de ser una derogación efectiva de la reforma laboral anterior, aunque cambien varias cosas. En materia de descentralización en los convenios se da algún paso atrás, pero más en términos de salarios que de horas trabajadas o ajustes laborales más o menos transitorios.

La cuestión es qué cosas debemos aprender de los últimos tiempos de nuestro mercado de trabajo. Durante demasiados años hemos observado que es muy disfuncional, pero no se han querido tocar aspectos que le dieran más flexibilidad. Cuando se ha avanzado algo, se ha criticado y pensado en derogarlo más que en perfeccionarlo. Ahora se observa —como en otros ámbitos sensibles y esenciales, como las pensiones— que muchos aspectos son más técnicos que otra cosa y que la realidad empírica muestra cuestiones que funcionan (simplificar contratos, ajustar horas trabajadas en función de la actividad del sector, los propios ERTE). El propio mercado muestra cómo mejorar y qué estructuras de incentivos son las adecuadas. Abrir el debate y realizar cambios y “pruebas” parece mucho más útil que andar criticando en vacío.

Se observa también un notable desajuste entre creación de empleo y avance del PIB, aún no explicado suficientemente. En parte, se debe interpretar positivamente, en el sentido de que España necesita menos crecimiento del PIB para crear empleo que hace veinte años. Algo similar ya ocurrió en 2014-2015, justo tras la aprobación de la anterior reforma. Sin embargo, los datos no deben entenderse con complacencia y dar paso a la pasividad porque el mercado laboral español sigue estando muy afectado por la temporalidad y el desempleo juvenil. También por importantes desacoples entre formación y necesidades de productividad y transformación de la actividad económica. Asimismo, errores en otras políticas (educativa, científica) imponen barreras al mercado de trabajo que se prolongan por décadas. Sea como sea, celebremos los buenos datos de empleo. Que duren.

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El legado de una crisis desigual

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La proximidad de una campaña de vacunación junto con los resultados registrados por los sectores que menos dependen del contacto humano, como la industria y los servicios profesionales, han despertado una cierta esperanza. La Bolsa lo ha celebrado con el mejor mes de noviembre de su historia. Asimismo, el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social ha dado alas a la tesis de una recuperación que seguiría en marcha, pese a las restricciones de la segunda ola. Y la OCDE, en sus últimas previsiones, confirma que la economía global se recuperará en el nuevo año. La economía española sería una de las que rebotan con más fuerza, tras un devastador -11,6% en 2020, el peor resultado después de Argentina.

Pero esas expectativas podrían verse frustradas si no se extraen conclusiones de una de las principales características de la actual crisis, que es su carácter desigual. Es un hecho constatable en todos los países que padecen la pandemia que los sectores de la hostelería, la restauración y la cultura han sido duramente perjudicados. Según los datos de noviembre, estos sectores concentran cerca del 60% de todos los ERTE y buena parte de los autónomos que perciben una prestación por cese de actividad. También acaparan más de la mitad de los avales al crédito. El índice PMI, uno de los principales indicadores de coyuntura, apunta a un desplome acusado de los servicios en noviembre, mientras que la industria aguanta.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markits Economics y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una de las consecuencias de la desigualdad es la elevada concentración de los costes de la crisis en unos pocos sectores, en vez de repartirse por el conjunto del tejido productivo como en algunas de las anteriores recesiones. Esto entraña el riesgo de una acumulación insostenible de deuda y de quiebra de empresas viables. En su informe de estabilidad financiera, el BCE ha alertado precisamente de ese riesgo, y de su efecto en cascada sobre las entidades financieras.

Otra implicación es una demanda debilitada, ya que los hogares no reasignan todo el gasto embalsado de hostelería y restauración hacia otros bienes y servicios. Este sobre-ahorro se superpone al que proviene de la incertidumbre (ahorro precautorio). Todo ello redunda en un debilitamiento del consumo de las familias que no se puede contrarrestar con transferencias públicas. Estas solo generarían más ahorro improductivo en vez de estimular el gasto —salvo en el caso de las ayudas a los más desfavorecidos, como el ingreso mínimo vital, por su elevada propensión a consumir—.

Sin duda la extensión de la vacuna reducirá la incertidumbre y el miedo a desplazarse, alentando el turismo. Sin embargo, el daño que representa el cierre de negocios que se producirá hasta la llegada del antivirus es irreversible, sobre todo si, como parece previsible, nos enfrentamos a otras fases de apertura y cierre de la economía. Tampoco disminuye el riesgo financiero asociado al impago de la deuda de las empresas insolventes.

Por tanto, una pronta acción es necesaria para salvar empresas viables en los sectores más afectados, como ayudas al pago de alquiler o compensaciones a los negocios por pérdida de ingresos por razones de covid. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia ya han respondido a la segunda ola con programas de ayudas directas a las empresas de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, focalizadas en los sectores en dificultad.

Finalmente, ante la perspectiva de un cambio estructural en la demanda, también conviene facilitar la reasignación de recursos hacia nuevas empresas y sectores con potencial de crecimiento. Este es el momento de un gran esfuerzo de reciclaje y movilidad, tanto de trabajadores en ERTE como de parados de larga duración y autónomos cuyo negocio se extingue. El presupuesto público, como principal ariete, debe jugar un potente papel dinamizador de la inversión. La clave está en una expansión fiscal pronta y mejor calibrada de lo que aparece en los PGE, para superar una crisis desigual.

Este artículo se publicó originalmente en Comprar reseñas en Google

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Personas y empresas

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Para paliar los devastadores efectos económicos de la covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos –tuvieran trabajo o no– y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTE y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse –únicamente para empresas y actividades viables– al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas –a fondo perdido– ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

«No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos».

Satingo Carbó

El Fondo Monetario Internacional junto a Rating Trust Corporation, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario –donde menos creíbles somos como país– tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes –sean personas físicas o jurídicas– y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad.

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

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Viaje al epicentro de la crisis

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El elevado endeudamiento de las empresas como consecuencia de la crisis y la persistencia de un importante número de personas en expedientes de regulación temporal de empleo son —junto con el control sanitario de la pandemia— los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses. Para intentar suavizar el impacto de la primera ola pandémica sobre el aparato productivo y el empleo, la política económica desplegó un ambicioso plan de urgencia, con ingentes inyecciones de crédito (mediante el ICO) y una movilización sin precedentes de ERTE. Este cortafuego, que logró contener el cierre de empresas y los recortes de plantilla, era lo adecuado para un shock transitorio.

Sin embargo, la incapacidad de controlar los rebrotes de coronavirus y su corolario, la perspectiva de una recuperación truncada, plantean un escenario inédito. Porque muchas empresas se han endeudado sobremanera hasta el punto de alcanzar la insolvencia técnica, que se produce cuando los pasivos superan los activos y los ingresos no crecen. Los datos de la central de balances muestran que más de siete de cada diez empresas se enfrentaron a problemas de liquidez en el primer semestre. Además, una de cada seis compañías soporta unos pasivos que más que duplican el patrimonio neto. Su supervivencia depende de una hipotética recuperación de las ventas y de las condiciones de refinanciación de la deuda a medida que va venciendo.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, por definición los ERTE están concebidos para reducciones temporales de actividad —el dispositivo nació en el norte de Europa como apoyo a sectores, como la construcción, que se enfrentaban a las inclemencias del invierno—. Pero, en un contexto tan incierto e impredecible como el actual, la probabilidad de regresar al puesto de trabajo disminuye, ya sea porque la empresa de origen no es viable o que las personas trabajadoras se desmotivan o disminuye su empleabilidad. Los datos de septiembre, que apuntan a una reducción minúscula del número de perceptores de la prestación, muestran que esos riesgos se están materializando.

«Lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo […], la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos».

Raymond Torres

Esta situación plantea una disyuntiva. Si los dispositivos se prolongan sin grandes cambios, para así proteger a los colectivos más vulnerables, se incrementa el riesgo de cronificación de la insolvencia y de paro de larga duración. Pero un recorte provocaría cierres en cascada de negocios, incrementos de morosidad bancaria y una escalada abrupta del desempleo, ensombreciendo las perspectivas de recuperación y agravando las desigualdades sociales.

El camino pasa por la adaptación de los dispositivos temporales existentes y, bajo esa premisa, su extensión durante todo el tiempo que sea necesario, de modo que las inyecciones generalizadas de liquidez vayan dando paso a ayudas a la capitalización selectiva de empresas con pérdidas pese a ser viables y a la reestructuración de las que no tienen un futuro garantizado. En cuanto a los ERTE, la puesta en marcha de un dispositivo de recolocación, formación y reciclaje en contrapartida a las transferencias monetarias parece ineludible.

Los fondos europeos no responden a esta urgencia. Porque lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo, y las inversiones financiadas —según se espera— por Bruselas en digitalización y transición ecológica no tienen ese objetivo. Además, la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos.

Así lo ha entendido el Gobierno italiano, que acaba de anunciar su plan de recuperación con un interesante conjunto de medidas de recapitalización de empresas y “activación” de personas en riesgo de exclusión social. Nuestro punto de partida es menos desfavorable en términos de finanzas públicas y capacidad de crecimiento. Todo empieza por reconocer la magnitud del riesgo incrementado de insolvencia que se cierne sobre la economía española. Junto con el control de los rebrotes, esa sería una fórmula más potente que las ayudas europeas para darle luz al otoño y reanudar la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Salvar el invierno

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Las últimas noticias sanitarias y económicas sobre el impacto del Covid-19 en nuestro país son crecientemente preocupantes. Pocas dudas hay de que España se encuentra entre los países con mayor incidencia de la pandemia. En contagiados, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tanto en la primera ola en primavera como en lo que ya parece ser un segundo rebrote desde hace semanas. Es cierto que no parecen comparables ambos períodos. Se realizan muchos más PCR y esfuerzos de rastreo ahora y hay tratamientos –aunque incompletos– más exitosos, y se protege a los grupos poblacionales más vulnerables. Sin embargo, los datos van empeorando paulatinamente. Las próximas semanas alumbrarán cifras cada vez más negativas. La desazón crecerá. La esperanza de una vacuna próxima puede ayudar a cambiar percepciones hacia finales de año, pero esa fecha a día de hoy parece quedar muy lejos. La mayor incidencia de esas dos olas en España pone de manifiesto una gestión de la pandemia comparativamente más deficiente que los países de nuestro entorno. Algo habremos hecho mal. Hoy día, ni se ofrecen cifras coherentes ni hojas de ruta –ni sanitarias, ni educativas ni en relaciones sociales– con credibilidad suficiente. Y, desde luego, la idea de que nuestro país contaba con el mejor sistema de salud del mundo –algo repetido por muchos políticos durante años– se ha desvanecido rápidamente. Tenemos magníficos profesionales en la sanidad, con gran capacidad de sacrificio y resiliencia, pero nuestro sistema sanitario ha hecho agua en recursos, planificación y adecuada preparación para pandemias y emergencias.

Todo esto ha tenido terribles consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. Nuestro país depende de sectores muy afectados por la covid-19, como todo lo relacionado con la hostelería. En junio, se quiso “salvar el verano” para el turismo y el fiasco ha sido considerable con efectos devastadores para el turismo. El descontrol de cifras de la incidencia sanitaria a escala nacional y por comunidades autónomas –y una gestión francamente mejorable en prevención– ha echado al traste el verano. La imposición de cuarentenas a los que visitaran nuestro país por parte de nuestros socios europeos ha hecho el resto.

La mayor incidencia de esas dos olas en España pone de manifiesto una gestión de la pandemia comparativamente más deficiente que los países de nuestro entorno. Algo habremos hecho mal.

Santiago Carbó

Lo peor de las cifras económicas parece que está por llegar. Es probable que veamos un número creciente de empresas que cierran, un aumento notable del desempleo –a pesar del mantenimiento de buena parte de los ERTE–, y un incremento de morosidad y otros indicadores de tensión financiera. Ojalá me equivoque. En todo caso, es prioritario “salvar el invierno”, primero mejorando notablemente en España todo lo relacionado con la incidencia, prevención e información de la pandemia para generar credibilidad y confianza en nuestro entorno. Y, en segundo lugar, convenciendo a nuestros socios europeos de que el cierre de fronteras e imposición de cuarentenas a visitantes no impide la expansión de la pandemia entre países, y lo único que logra en la práctica es el desastre económico de todos. Si logramos solamente esas dos cosas, se podrá evitar lo peor en términos económicos en los próximos meses, tanto para el turismo invernal –importante en nuestro país– como para el resto de la actividad económica.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La gestión de una crisis desigual

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Con la revelación en fechas recientes de los planes de ayuda al turismo y al sector del automóvil, y la probable extensión de los ERTE, se abre una nueva etapa en la respuesta a la crisis derivada de la pandemia. Para la política económica se trata de adaptar los dispositivos a un impacto que está siendo muy desigual, y que por tanto requiere de un cambio en la estrategia para que la recesión no se cronifique. Y que el déficit público sea asumible, algo que solo ocurrirá si la economía inicia una senda de fuerte recuperación.

Era necesario mostrar señales concretas de respaldo a los sectores más dependientes de la movilidad, tanto por su enorme peso en la economía española como por la situación inquietante que atraviesan. Durante las semanas centrales del confinamiento, los ingresos en concepto de turismo fueron prácticamente nulos, mientras que las fábricas de automóviles apenas pudieron funcionar por falta de pedidos. Las sombrías perspectivas de recuperación contrastan con el rebote que ya ha empezado a producirse tras el confinamiento en otros sectores como el comercio, la industria agroalimentaria o los servicios que recurren al teletrabajo.

Gráfico 1

Sin embargo, las premisas sobre las que descansan los planes no parecen responder a las características de la crisis en marcha. En el caso del automóvil, los estímulos a la compra de coches no contaminantes chocan con la escasa oferta en nuestro país. Solo dos modelos de turismos totalmente eléctricos se fabrican en España, y por tanto es probable que las subvenciones sirvan principalmente para estimular las importaciones. Por comparación, los Gobiernos de Alemania y Francia invierten masivamente en la renovación de las cadenas productivas y apuestan por la innovación (motor eléctrico, hidrógeno, infraestructuras). La industria china, por su parte, ha ampliado la capacidad instalada en el norte de Europa, y por tanto está bien posicionada para aprovechar las ayudas a la compra que ponen en marcha otros países, entre otros el nuestro. En cuanto al turismo, el Gobierno anuncia una línea adicional de avales y créditos en condiciones ventajosas. Algo que, unido a una eventual extensión de los ERTE por fuerza mayor, aporta un balón de oxígeno para empresas que se enfrentan a una falta coyuntural de liquidez. Pero esto no parece suficiente en otras empresas que consideran que su actividad se resentirá por un tiempo indefinido y para las cuales la quiebra puede ser la opción más racional, a menos que se beneficien de ayudas directas (para el pago del alquiler y otros gastos no cubiertos por los ERTE) que de momento no se contemplan en los planes oficiales.

La extensión de los ERTE es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor

Raymond Torres

Una estrategia de conquista de nuevos mercados (facilidades para personas que podrían teletrabajar desde España para otros países, turismo rural y cultural, etcétera) también ayudaría. A diferencia del sector del automóvil, una ayuda a la demanda ejercería un fuerte impacto en la actividad. Es llamativo que Italia ofrezca bonos de 500 euros a las familias con pocos recursos que veraneen en su país, y Grecia subvencione los traslados a las islas.

Finalmente, la misma lógica de mayor selectividad y a la vez generosidad para los sectores que más se resienten se podría aplicar a los ERTE. Su extensión es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor.

En suma, la desescalada del arsenal de medidas de apoyo al tejido productivo tendrá que ser gradual, y a la vez complementarse con dispositivos bien diseñados para los sectores que más se resienten de la crisis. Sin duda este giro en la política económica es complejo técnicamente, requiere de apoyo institucional sin el cual los incentivos fiscales tienen dudosos resultados, además de necesitar financiación. Pero de cómo se opere depende la intensidad de la recuperación, y por tanto la sostenibilidad de la deuda pública.

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Atisbos de recuperación

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.


Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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