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Debilitamiento alemán

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Una de las imágenes de la semana fue la del canciller alemán Olaf Scholz con un parche —estilo pirata— en su ojo derecho, a consecuencia de una caída haciendo ejercicio. Ilustra para muchos la situación de la economía alemana, que está despertando creciente preocupación. Con un gran matiz: aunque sus datos coyunturales de crecimiento económico e inflación no son buenos, sigue presentando la menor tasa de desempleo de la UE. El debilitamiento económico alemán se produce dentro de un contexto de fortalezas productivas, que más de uno quisiéramos para nuestro propio país. Aun así, las señales provenientes del gigante alemán desde el comienzo de la guerra de Ucrania son inquietantes. También para el resto de países —como España— que son socios comerciales y comparten la UE y el euro. Alguien que conoce muy bien esta realidad, el influyente periodista económico Wolfgang Münchau, afirmaba hace unos días que “es el fin de la era alemana”.

Alemania presentó una tasa de crecimiento del 0,1 por cien en el segundo trimestre, después de la recesión de comienzo de 2023. Casi un año sin crecimiento. El último dato de inflación (agosto) es del 6,1 por cien, inusualmente alto y persistente para un país históricamente refractario al crecimiento de precios. Al impacto brutal inicial del encarecimiento de la energía y otros factores de oferta, siguieron efectos de “segunda ronda”, con significativo crecimiento de los salarios. Las malas noticias recientes sobre el sector constructor e inmobiliario —con una cierta “burbuja”— se añaden al entorno negativo.

En
febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, se hicieron evidentes los
resultados de la errática política energética alemana de las últimas décadas.
Su enorme dependencia del gas ruso debilitó su competitividad industrial que,
en gran parte, parecía derivarse del uso intensivo de ese combustible barato.
Sustituir ese factor drenó muchos recursos y laminó parte de la fortaleza alemana.
Como en otros países europeos, importadores de energía, no haber diversificado
(i.e. centrales nucleares), al menos, durante la transición ecológica, ha
tenido consecuencias muy negativas.

Otras dudas apuntalan la flojera de la actividad económica alemana. La relación con China se ha vuelto más compleja. Hay crecientes impedimentos para las  exportaciones e importaciones con el gigante asiático. Afecta también negativamente el envejecimiento de la población germana y la gran dificultad para suplir vacantes en el mercado de trabajo, problema generalizado en muchos países. La falta de inversión —no solamente en seguridad y defensa— y la excesiva regulación son otros dos grandes obstáculos. Aunque el gobierno germano ha lanzado un plan fiscal para dinamizar la inversión y la economía, varios desacuerdos internos han desdibujado ese programa de gasto. Los aspectos positivos son el gran margen del Tesoro alemán para cualquier esfuerzo significativo de inversión —si llega el acuerdo político sobre el mismo— y las potencialidades que las reformas estructurales tendrían en una economía potente. Asimismo, la banca alemana —muy volcada en lo regional— debe encontrar su hoja de ruta para financiar proyectos transformadores de más alcance. Todo por el el bien de ese país y de la UE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).


España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).


Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)[1].


El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6). 


El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.


[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El transporte público no acaba de recuperarse

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Continuamente se escucha en los medios de comunicación que tal o cual indicador económico ya está en los niveles de prepandemia (o casi). Sin ir más lejos, en esta pasada Semana Santa la DGT ha confirmado que el número de desplazamientos ha superado los realizados en 2019. Se han alcanzado 15,8 millones de desplazamientos de largo recorrido que suponen un 5,9% más que los 14,9 registrados en la Semana Santa de 2019. 

Sin embargo, al transporte público “convencional” le está costando alcanzar los niveles prepandemia. No así a la movilidad compartida que se está desarrollando con fuerza en las grandes ciudades, donde ya son familiares los patinetes, las bicicletas, las motos y los coches de uso compartido. El número 171 de Papeles de Economía Española, que acaba de publicarse con el título ‘Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas‘, dedica varios artículos a estudiar el proceso de transformación en la movilidad urbana. La expansión de los servicios de movilidad compartida se analiza en Berrone et al., (2022),  Miralles-Guasch et al., (2022) y Fernández (2022), mientras que la situación del transporte público convencional se examina en Matas y Perdiguero (2022). 

Los últimos datos de viajeros en medios de transporte terrestres disponibles en el INE siguen confirmando esta impresión. El Gráfico 1 muestra la evolución total de viajeros desde enero de 2019 hasta febrero de 2022. En el Panel A, se representa la evolución del transporte urbano regular, distinguiendo entre el metro y el autobús (líneas regulares); mientras que en el Panel B, se presenta la evolución de los viajeros en el transporte interurbano regular en autobuses y trenes de cercanías. Lo primero que destaca en ambos tipos de transporte (dato que no por conocido se le debe restar importancia) es el desplome que se produjo en los meses de marzo y abril de 2020. Desde entonces la recuperación ha sido la tónica general, teniendo en cuenta que las caídas en los meses estivales y en Navidad corresponden al movimiento estacional consecuencia de la disminución de trayectos al puesto de trabajo.


Lo que queda patente es que la recuperación en el uso del transporte público urbano e interurbano todavía no es completa. Para cuantificar este desfase, en el Gráfico 2 se muestran las tasas de variación de enero y febrero de 2022 respecto del mismo período de 2020, que todavía era prepandemia. Aunque se están acortando las diferencias en todos los medios de transporte analizados, todavía la magnitud de estas tasas negativas es bastante significativa, con una caída media del 25,7%. 


Investigar qué factores están condicionando que la recuperación del transporte público sea tan lenta es muy relevante, ya que, si este comportamiento se convierte en un fenómeno permanente, contribuiría negativamente sobre el medio ambiente y pondría en peligro la consecución los objetivos de descarbonización fijados en la economía. En el número 171 de Papeles de Economía Española se apuntan varias explicaciones que pueden estar detrás de esta situación. 

Una primera cuestión está relacionada con la pandemia y sería el reparo, por cuestiones sanitarias, que todavía tienen algunos usuarios. De manera que la sustitución que hicieron en el momento más duro de la pandemia hacia el vehículo privado podría no haber revertido. Por tanto, es crucial que las Administraciones Públicas realicen una intervención activa más intensa que informe sobre la seguridad sanitaria e incentive el uso del transporte público convencional.

Una segunda hipótesis, también relacionada con la pandemia, es que ha aumentado el teletrabajo y, con ello, ha disminuido la necesidad de realizar trayectos urbanos e interurbanos. En el mismo sentido influye el avance del comercio electrónico. Además, este último cambio de comportamiento, lejos de disminuir (como se está observando en el teletrabajo) sigue aumentando. Así, en los tres trimestres de 2021, el comercio electrónico ha crecido un 15,2% respecto del mismo período de 2019 (calculado a partir de la información de la CNMC). 

La tercera causa que se apunta es algo inesperada. Se trata de que el fuerte impulso que se está observando en la micromovilidad activa (es decir, los patinetes y las bicicletas), que está acaparando usuarios del transporte público y no del coche privado. Evidentemente, esta explicación solo aplica para el transporte urbano, no el interurbano.

Por último, se debe añadir un cuarto factor explicativo de la limitación del transporte público convencional y que no está relacionado con la pandemia. Y es que, a pesar de que se intenta que el transporte público sea cada vez más accesible, lo cierto es que la población más mayor tiene bastante dificultad para utilizar el transporte público tradicional (no digamos ya las nuevas ofertas de movilidad compartida de patinetes y bicicletas). Y el fenómeno del envejecimiento de la población es imparable. Por tanto, este parece ser el factor más preocupante a medio y largo plazo por lo que se debe seguir trabajando para disminuir la brecha intergeneracional en el uso del transporte público.

Por todo ello, es indiscutible que se deben definir planes estratégicos de movilidad urbana que identifiquen claramente los aspectos sobre los que las autoridades públicas deben intervenir para incentivar el uso del transporte público. 

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Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones

Las
pensiones ocupan un papel preponderante —que aumenta con el paso del tiempo— en
el debate público, si bien se suele tratar con un conocimiento limitado de su
realidad y de la potencial dimensión del impacto en el futuro de las
principales variables de influencia.

Algunas
de las ratios más utilizadas para comparar la calidad de las pensiones,
construidos sobre criterios homogéneos por la Comisión Europea (The Ageing
Working Group)
, muestran que, de media, las pensiones públicas
españolas son bastante superiores a las que existen en los países de la
eurozona. Ocupan el primer lugar en la tasa de reemplazo (replacement rate: pensión
sobre últimos salarios del beneficiario)y la tercera posición en la
tasa de sustitución (benefit rate: pensión media sobre salario medio del
país).

La
anterior etapa expansiva apoyada sobre una gran burbuja inmobiliaria y
financiera permitió diferir casi una década la aparición de un saldo negativo
en el componente contributivo de la seguridad Social, en el que se encuadran
las pensiones públicas contributivas (de 2001 a 2011). Esta circunstancia ha
jugado en contra de la necesaria concienciación de la sociedad española sobre
la dimensión del problema, al mostrar durante este tiempo un saldo del sistema
de pensiones que no se correspondía a la verdadera capacidad de la economía
española de generar renta.

El
actual déficit en torno al 1,5 por 100 del PIB tiene carácter estructural con
el modelo de gasto e ingresos vigente en la normativa actual. El ciclo
económico, por tanto, no será capaz de reducirlo. La opción de abordarlo desde
los ingresos implica una aportación equivalente al 23 por 100 del IRPF
recaudado o, un aumento de 3,6 millones en el número de cotizantes que
eliminaría la actual tasa de desempleo, o el incremento del 17,1 por 100 de la
base de cotización media de todos los actuales afiliados.

«La sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los objetivos».

La
opción de traspasar el déficit desde la Seguridad Social al Estado,
considerando cuota por contingencia común y profesional una parte de las cuotas
por desempleo, abre el riesgo de no disponer de suficientes márgenes de
actuación en la política fiscal en la próxima crisis, si no se ha avanzado en
el saneamiento de las cuentas de las administraciones públicas españolas, que
actualmente tienen el segundo saldo negativo estructural más alto de la Unión
Europea (en torno al 2,5 por 100 del PIB). En este hipotético y no deseable
escenario, no hay que olvidar que las pensiones absorben casi una tercera parte
del gasto de las administraciones públicas españolas.

La
sociedad española, como la del resto de los países europeos, afronta un reto en
el futuro próximo generado por el progresivo envejecimiento de la población,
debido a la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la
generación del baby boom.

Los
trabajos de investigación mencionados en este artículo elaborados con
diferentes metodologías, muestran que la aplicación íntegra de la reforma de
2011 y la derogación de la aprobada en 2013 (IRP y FS), implicaría un significativo
aumento del gasto en pensiones sobre el PIB. El aumento oscila entre 3,2 y 6
puntos en 2050, dependiendo fundamentalmente del crecimiento del PIB que, a su
vez, está muy influido por la población en edad de trabajar.

Un
escenario demográfico deseable, pero no fácil, que consiguiera mantener el
actual número de personas en edad de trabajar mediante una recuperación de la
tasa de fecundidad y un saldo de inmigración alto, no garantiza el equilibrio
del sistema público de pensiones, necesitando aumentar significativamente la
transferencia realizada por la sociedad a los pensionistas (mínimo de 3,2
puntos del PIB en 2050 que añadir al actual déficit de 1,5 puntos).

Estos
trabajos incluyen una retribución de los asalariados en línea con la productividad
nominal, de manera que no cabe esperar una mejora adicional del saldo del
sistema por un mayor crecimiento de los salarios. Un aumento adicional de la
productividad facilitaría financiar el mayor gasto en la etapa de llegada de la
generación del baby boom a la edad de
jubilación y reduciría el impacto de una hipotética reducción de la actual tasa
de reposición, pero en un sistema contributivo trasladaría a futuro un mayor
gasto en pensiones.

La
sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de
la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la
equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los
objetivos.

La
suficiencia de las prestaciones es un objetivo básico de un sistema de
pensiones, pero el aumento de la transferencia necesaria para mantener la
actual tasa de reposición (pensión sobre último salario), la más alta de la
eurozona, implicará una sensible pérdida de equidad entre generaciones al
trasladar una carga elevada a las siguientes cohortes, que puede limitar
seriamente su renta disponible y, por tanto, su calidad de vida. El aumento de
los ingresos necesarios para mantener la actual tasa de reposición de las
pensiones, por tanto, incorpora el riesgo de no poder extender el principio de
suficiencia a todos los ciudadanos españoles.

Conocido el fuerte proceso de envejecimiento de la población, la sociedad española debería aplicar potentes políticas que permitan mantener en el futuro la población en edad de trabajar. Esta decisión, no obstante, no agota el exigente reto al que se enfrenta en las próximas tres décadas. Además, es imprescindible mantener un debate serio y con rigor que supere las consignas simplistas como la demanda de pensiones dignas, suficientes o sostenibles socialmente, para consensuar cuál es el nivel de gasto en pensiones óptimo/razonable hasta 2050 que permita equilibrar el principio de suficiencia de las prestaciones con un nivel adecuado de equidad en el reparto de los esfuerzos y los beneficios entre generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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