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La digitalizacion y automatización bancaria dejan en la estacada a los más vulnerables: así quieren evitarlo

Las personas mayores se han plantado. Ante lo que venía siendo una cada vez mayor exclusión financiera de las entidades a las personas de tercera edad, este colectivo, muy numeroso en España (el INE estima que hay más de 9 millones de personas con más de 64 años), ha actuado para que la banca le de el servicio que necesita, y lo ha conseguido.

Porque la digitalización financiera que ya vivimos y que ha venido para quedarse, con la consiguiente automatización de muchos procesos, ha supuesto para las personas con menos acceso a la tecnología -normalmente, los mayores- una barrera a la hora de poder operar con sus bancos. Lo que se traduce en una exclusión.

Se han cerrado miles de oficinas y sucursales en pueblos y zonas más envejecidas y se han reducido al máximo los horarios de ventanilla y atención al público, empujando a las personas a hacer sus operaciones o bien online o por el cajero, algo que no es sencillo de primeras, y menos para las personas de más edad.

Así, ante las quejas de este colectivo -se puso en marcha una campaña llamada 'Soy mayor, no idiota'- y la posibilidad de una huída en cadena de los bancos, con el perjuicio que para ellos supondría (hablamos de casi 10 millones de clientes, una fuerza muy potente), el Gobierno ha intervenido y ha pactado con la banca un protocolo para la inclusión financiera de los mayores.

Vuelta a los orígenes, aunque pese

Así, las entidades se han comprometido a prestar un mayor servicio a personas mayores, vulnerables y las que no tienen acceso a la tecnología, todas ellas con el mismo derecho que un millennial a poder operar con su banco sin verse excluidas.

Para ello se han acordado 10 medidas, las cuales se analizarán en seis meses para comprobar su eficacia y, en caso contrario, adoptar otras. La más importante, sin duda, es la ampliación del horario de atención al público, que volverá a ser de 9.00 a 14.00 horas -en algunas entidades hasta ahora solo había una hora de ventanilla y no todos los días de la semana-.

Además, las personas mayores tendrán prioridad de atención cuando la oficina tenga mucha gente y también tendrán atención telefónica preferente, con un horario mínimo de 9.00 a 18.00 horas.

También se han comprometido a formar al personal de la red comercial para atender las necesidades de este colectivo, para darles un servicio más ajustado a sus operaciones habituales y peticiones. Igualmente, van a hacer más fáciles e intuitivos los canales digitales y automáticos y ofrecerán educación financiera a las personas que lo soliciten.

Y este es un punto clave, la educación financiera. Es algo bien sabido que este país adolece de ella, y aunque la tecnología es pan comido para las nuevas generaciones, no así la gestión del ahorro y la planificación financiera.

Lo vemos en cada crisis que aparece, y nunca aprendemos. Por ello, si este plan funciona para los mayores habría que pensar en extenderlo al resto de la población, porque la falta de conocimientos financieros es un gran lastre para las futuras generaciones, que seguirán repitiendo los errores de sus padres si no se evita a tiempo.

La gente no solo debe aprender a pagar recibos online o pedir un crédito, sino a saber qué son, porque lamentablemente muchos jóvenes no saben ni qué es una hipoteca.

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Los pagos en la pandemia

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La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país.

Bizum es tecnología propia bancaria —y telefónica, lógicamente—, algo de lo que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero —el comentado caso de Bizum, por ejemplo— ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares.

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los precios que vienen

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sinfonía del plan

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Criticar es deporte nacional. Seguramente hay motivos para ello a menudo y en muchas ocasiones una intención constructiva. Para la economía española, el momento es de urgencia. Existe ya un plan que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que será enviado a Bruselas este viernes para su validación, con la vista puesta en que, en verano, lleguen los primeros fondos. Puede que adolezca de falta de concreción, pero, en este momento, tal vez nos baste con unas líneas directrices y, sobre todo, que sea ambicioso. Avanzar en torno a un plan no es una cuestión despreciable por dos motivos. En primer lugar, los criterios de gasto vienen marcados por la UE y son distintos de los habituales, más transformadores. En segundo lugar, el sector empresarial español se ha involucrado para promover “proyectos tractores”. No muy lejos de aquí, otro de los grandes receptores de fondos europeos, Italia, con el muy reputado Mario Draghi a la cabeza, pretende modernizar su país, con un plan que no difiere tanto del español en concreción, pero que identifica sin complejos problemas estructurales sin tapujos. En ambos territorios, la credibilidad y profundidad de la acción va a depender de su control y de reformas aparejadas e incentivos que acompañen al gasto.

El plan supone un movimiento muchas veces ansiado y que la aritmética electoral ha hecho casi imposible hasta ahora: poder incrementar partidas de gasto que los economistas han considerado, hasta ahora, más prioritarias que los políticos (investigación, digitalización, formación o sostenibilidad ambiental) sin que esto vaya en detrimento de los gastos habituales (gasto social y sanitario, por ejemplo). Los porcentajes de gasto son como los colores, van por gustos y según cómo cada cual hubiéramos diseñado el plan. Tal vez hubiera sido preferible poner algo más en I D, que solamente se lleva un 7% del gasto. Esta distribución se puede mejorar aun si las partidas dedicadas a sostenibilidad y digitalización —que son mayoritarias— estimulan la investigación aplicada.

Los grandes enunciados del plan lógicamente suenan bien, aunque habrá que esperar a conocer todos los detalles en unos días. El documento incluye 110 inversiones y 102 reformas. Los llamados “macroplanes tractores” incluyen el coche eléctrico, la rehabilitación de edificios y el 5G, pero también la preservación de recursos hídricos o la economía de los cuidados. Todos y cada uno de ellos deben tener los incentivos adecuados para que el gasto no sea cosa de un día, sino que perduren y generen su propia inercia. Desde la posibilidad de cubrir energéticamente un parque eléctrico de vehículos hasta la cobertura y coste para el ciudadano de acceder al 5G son cuestiones cruciales.

Por último, España no podrá alejarse de las medidas transversales que ya han tomado otros países con los que competimos en todo (Italia, Portugal), que se han adelantado a anunciar una reducción de impuestos a corto plazo y mejores incentivos, como la eliminación de burocracia. Las acciones futuras de política económica deben estar coordinadas dentro y fuera del país para que sean un todo sinfónico y no terminen siendo un collage algo desafinado, con resultados desiguales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Covid-19 y desigualdad

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Renovación de empresas

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Los datos de coyuntura turística publicados esta semana muestran la debacle de una perturbación vírica. También conocemos, aunque sea más anecdótico, cómo parte del sector sobrevive con nuevos canales de comercialización online, turismo de interior y otras opciones a las que las circunstancias obligan. La pandemia acelera los procesos de destrucción y creación empresarial. En un entorno proclive al gasto y la financiación, Gobierno, sector financiero y empresas se sitúan ante la encrucijada de ver dónde estaban antes de marzo y a dónde ir a partir de ahora. Antes de la covid-19 se esperaba una corrección cíclica que se habría manejado de forma más o menos controlada. Pero la epidemia ha desatado la furia de un shock de oferta y demanda de grandes proporciones en solo tres o cuatro meses.

El bofetón quizás no deja reconocer que hace tiempo que sobrevuela la necesidad de una renovación productiva guiada por la innovación, la digitalización y nuevas referencias energéticas. Está claro que hay que destinar fondos a tapar agujeros, pero muchos más —la mayoría, si es posible— a impulsar al que innova o se reinventa. Schumpeter reinterpreta la máxima shakespeariana de que “no basta levantar al débil, hay que sostenerlo después” para dirigir la mirada también al que propone una nueva fortaleza para la economía. La lección más dura a la que nos enfrentamos es dejar caer aquello con escaso o nulo futuro. Aunque no ocurrió en todos los sectores, en España, hace 10 años, se entendió a la fuerza que una parte del sector de la construcción debía salir del mercado y que los que quedaban debían reinventarse, por ejemplo, hacia la obra pública o la licitación internacional. Ese proceso pasa ahora con otros negocios (y llegará al turismo). Los recursos públicos (deuda, ayuda europea) y privados (financiación bancaria) deben emplearse para apoyar nuevas estructuras y proyectos empresariales competitivos y de alta demanda. Podemos seguir debatiendo de ello 10 años o ponernos las pilas, organizarnos y acumular recursos en los sectores pujantes. La pandemia ofrece oportunidades también.

«Es pertinente preguntarse si en España procederemos al habitual reparto administrativo del pastel o si propiciaremos verdaderos proyectos de renovación empresarial. No hay que abandonar turismo o construcción u otros servicios asociados. Pero sí renovarlos, reinventarlos».

Santiago Carbó

Hay que intentar transitar rápido el camino que va del puente a la lanzadera. Gobierno y bancos han tendido pasarelas para aquellos con dificultades transitorias por el confinamiento y la caída de la demanda. Algunos no han llegado a cruzarlas y otros lo han hecho replanteando sus formas y canales de comercialización. Es hacia ahí donde fundamentalmente deberían ir los recursos mientras se logra un mayor control sanitario. En otros países europeos también acontecen estos desafíos, pero las industrias que fueron punteras y sufrían cierto declive aprovechan un aluvión de recursos públicos para reorientarse en la nueva economía (como la automoción en Alemania).

Es pertinente preguntarse si en España procederemos al habitual reparto administrativo del pastel o si propiciaremos verdaderos proyectos de renovación empresarial. No hay que abandonar turismo o construcción u otros servicios asociados. Pero sí renovarlos, reinventarlos y complementarlos con otros, mientras se propician actividades de la nueva economía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía digital en tiempos de pandemia (II). El crédito social (social scoring)

China ha anunciado el final de
confinamiento, lo que significa que, a partir del próximo 8 de abril, se
permitirá a los ciudadanos de Wuhan viajar fuera de la ciudad. Sin embargo,
para poder salir al espacio público los habitantes de Wuhan tendrán que mostrar
un código QR “verde” en sus teléfonos móviles que certifique que no tienen un
riesgo algo de contagio. Por el contrario, si su código QR de salud es amarillo
o rojo, tendrán limitación de movimientos o deberán mantenerse en cuarentena.
Todos los ciudadanos chinos están clasificados en a través de estos códigos de
color que se asignan utilizando no solo su estado de salud, sino también su localización
y movimientos pasados.

No es una película de ciencia
ficción: está pasando hoy, a ocho horas de vuelo de nosotros, y puede ser
nuestro futuro inmediato. No es descabellado pensar que, cuando empecemos a
relajar las medidas de aislamiento social, la mejor la forma de hacerlo podría
pasar por subordinar las nuevas normas a las probabilidades de contagio, a la
vulnerabilidad de los colectivos e incluso a análisis coste-beneficio. Veamos
un ejemplo: es probable que muchas actividades se liberalicen pero que, a pesar
de ello y mientras haya riesgo de contagio, no se retomen las clases
presenciales en la Universidad, puesto que las ganancias de volver a abrir las
aulas, una vez rediseñados los cursos este año para impartirlos a distancia, no
compensarían los riesgos. De igual forma, la regulación de las residencias para
mayores debería ser muy restrictiva, dada su vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero aunque podamos tener argumentos para discriminar entre actividades y
colectivos, hacerlo a nivel individual de acuerdo con un sistema de evaluación
opaco (basado en un análisis ingente de datos) implica un salto cualitativo.  

Este sistema de evaluación
social no es nuevo en China, ni está restringido al estado de salud. En 2018, Pekín
promulgó una ley que parece inspirada en la orwelliana novela 1984, o en Un mundo feliz de Huxley, permitiendo a las autoridades públicas
establecer un sistema de crédito social. Esta norma facultaría a las
autoridades a emplear toda la información que tienen sobre el comportamiento de
los individuos (utilizando bases de datos públicas, datos de redes sociales,
miles de cámaras, sistemas de reconocimiento social…) para “puntuarles” y servirse
de la evaluación para premiar y castigar. Los individuos con “buena reputacion”
tendrían acceso prioritario a los servicios públicos, mientras que aquellos con
una baja puntuación podrían encontrarse con obstáculos para obtener una plaza
de guardería o un visado para viajar. No está claro el grado de implementación
de este sistema crédito social. En
este articulo
se afirma que, aunque podría
extenderse su uso en el futuro, de momento solo se habría llevado a cabo un
estudio piloto en Rongcheng, un gran ciudad a 800 kilómetros de Pekín. Más allá
de la realidad china, es interesante reflexionar sobre un sistema de crédito
social y sus posibles implicaciones para situaciones excepcionales como la que ahora
vivimos.

Lo que sí funciona en toda China es un sistema privado de puntuación de pagos electrónicos, Alipay, del grupo de Alibaba. En este caso, lo que se evalúa es la solvencia del individuo y parece que goza de gran aceptación en el país, porque ha permitido la expansión del crédito. En realidad, es un sistema que podría implantarse en Europa si las grandes empresas digitales como Google, Amazon y Facebook se introducen no solo en el mercado de medios de pago sino en el de crédito. Estas empresas tienen una potencial ventaja competitiva (además de su enorme liquidez) dado que pueden usar toda la información que tienen de sus usuarios para identificar su nivel de solvencia, reducir el riesgo y, con ello, expandir la oferta de crédito. El sistema de puntuación de Alipay señaliza el nivel de solvencia, además de funcionar como un sistema de fidelización (premia el uso) y un potente sistema de incentivos para garantizar el pago de las deudas. Los riesgos que un sistema así presenta son, al menos, del mismo tamaño que sus ventajas. ¿Es ético y permisible utilizar información de nuestras redes sociales para estimar nuestra solvencia? ¿Cómo afectaría a nuestra comunicación, a nuestro comportamiento? ¿Cómo podemos impugnar dicho índice cuando pensemos que no estemos de acuerdo con su evaluación?

«De hecho ya contamos con algo muy cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema, apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social».

Juan José Ganuza

En una situación como la actual, la implementación de un sistema de crédito social podría implicar que nuestro comportamiento social –cómo reciclamos, pero también cómo cumplimos las medidas de aislamiento social– fuera observado por cientos de cámaras, incluso desde drones, e inferido de todos los datos que las administraciones puedan tener de nosotros. La información sobre nuestro comportamiento se resumiría en un índice, que podría ser empleado por las administraciones para asignar servicios y por las entidades privadas, por ejemplo, para dar empleo. Da miedo. Incluso con garantías judiciales sobre la objetividad de un índice así, muy posiblemente sólo una pequeña fracción de la ciudadanía lo aceptaría en nuestro país; nuestros imperfectos sistemas de vigilancia y multas serían mejor valorados.

Sin embargo, los incentivos al comportamiento
prosocial que generaría tal sistema serían inmensas. Esto seguramente es
importante para el reciclaje, pero puede ser crucial para el control sanitario si
la pandemia se extiende en el tiempo y la salud general depende de controlar
comportamientos incívicos. Si lo pensamos, de hecho ya contamos con algo muy
cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema,
apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina
si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción
de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social.

Las virtudes o los defectos de un sistema de créditos social dependen de su diseño –de cómo se ponderan los distintos comportamientos en el índice–, de la transparencia en su construcción, de los objetivos que se persiguen, de las garantías judiciales sobre el uso de los datos … El nobel Jean Tirole presentó en la Digital Economics Conference de Toulouse su artículo Digital dystopia, en el que reflexionaba precisamente sobre el diseño óptimo de un sistema de crédito social en la era digital. Tirole concluye que, para promover el comportamiento prosocial, la forma en que se construye el índice debe ser muy transparente y sus metas han de ser muy explícitas (téngase en cuenta que, potencialmente, un sistema como este podría aprovecharse para, por ejemplo, castigar la disidencia política).

Por último, uno de los capítulos
más interesantes de la serie británica Black Mirror titulado Nosedive (En España, “Caida en picado”) exploraba una aterradora versión descentralizada del
crédito social que podría tener lugar al margen de la decisiones políticas que
adoptemos: una red social, como muchas de las que conocemos, en la que los
individuos evalúan constantemente la interaccion con otros individuos, es tan
dominante que la puntuación obtenida por los usuarios determina sus relaciones
sociales, incluso sus oportunidades económicas. El capitulo transmite dos
mensajes inquietantes. El primero: cómo este sistema de crédito social se convierte
en el centro de la vida de la protagonista; y, en segundo lugar –una conclusión
más interesante desde el punto de vista económico–, que el sistema genera
muchas desigualdades, ya que pondera más las valoraciones de los individuos mejor
puntuados (lo que da lugar al titulo del capítulo: una vez perdida la
reputación social es difícil recuperarla).

En conclusión, los sistemas de
vigilancia masiva y crédito social generan muchos problemas éticos y por ello
se encontraban en nuestro catálogo de pesadillas futuristas. Sin embargo, son
sistemas muy potentes para generar incentivos a un comportamiento prosocial.
Los comportamientos incívicos son socialmente costosísimos en tiempos de
pandemia. Por ello, si esta se alarga, no debería sorprendernos que algún país
decidiese hacer realidad la distopía e implementar alguna versión de estos
sistemas de control social.

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Año duro para la banca

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La banca parece seguir abocada a realizar una serie de trabajos hercúleos
que lleva acometiendo desde hace una década y, como el héroe griego, trata de
encontrar un entorno más tranquilo en el que recuperar el aliento. El beneficio
neto conjunto de las seis mayores entidades financieras españolas en 2019 fue
de 13.592 millones, un 18,4% menos que en el ejercicio anterior. El sector
puede asumir los condicionantes que afectan negativamente a su rentabilidad,
pero también aspira a un campo de juego en el que haya un nivel de oxígeno
financiero y competitivo razonable.

Entre las cargas que se asumen y de las que cuesta desprenderse destacan las que son herencia de la Gran Recesión. Por un lado, el deterioro de activos, del que buena parte del trabajo parece hecho u ordenado. Por otro lado, la no siempre adecuadamente ponderada distribución de responsabilidades de la crisis y los efectos sobre su imagen. Es éste un problema que, además, convierte al sector, en ocasiones, en blanco de una vindicación política. Asimismo, hay una clara consciencia de que, como la mayor parte de empresas de servicios, los de intermediación financiera tienen que avanzar por la vía de la digitalización, con estructuras más ligeras.

«No se pone en cuestión —ni desde el propio sector— que la reordenación normativa poscrisis tuvo muchos elementos necesarios para restaurar la estabilidad financiera y la confianza a largo plazo. Pero el cumplimiento normativo comienza a alcanzar un peso burocrático con solapamientos y no siempre razonado».

Santiago Carbó

Sin embargo, otro tipo de limitaciones aparecen con una concurrencia e intensidad más controvertida. El cuarto trimestre del pasado año fue un fiel reflejo. Antes de enfilar la recta final del pasado ejercicio la expectativa de gran parte del sector financiero era que los bancos centrales propiciarían un cambio monetario que contribuyera a una mayor normalización. En particular, ir dejando atrás los tipos negativos y las medidas expansivas. No sólo no se produjo, sino que se ha seguido avanzando por la vía de la laxitud monetaria. Según datos del Banco de España, el Euribor siguió en negativo en enero (-0,25%) y hubo un aumento interanual pírrico del crédito a hogares (0,2%) y empresas (0,5%), que venía cayendo desde septiembre (tras haber crecido los 16 meses anteriores) por la caída de expectativas económicas que refrendó el nuevo bandazo monetario.

Otro elemento que aporta peso al vuelo bancario es la regulación. No se pone en cuestión —ni desde el propio sector— que la reordenación normativa poscrisis tuvo muchos elementos necesarios para restaurar la estabilidad financiera y la confianza a largo plazo. Pero el cumplimiento normativo comienza a alcanzar un peso burocrático con solapamientos y no siempre razonado y, sobre todo, parece tener poco sentido hablar de nuevos impuestos especiales para la banca. Además de contribuir tributariamente como el resto de empresas, las aportaciones al seguro común (el fondo de garantía de depósitos) de los bancos son cuantiosas (1.100 millones de euros en 2019).

Justo estaba la banca esperando un año de cierta remontada y la mayor parte de analistas apostaban a una importante recuperación de valor bursátil, cuando la macroeconomía y la inercia monetaria sigue presionando a la baja a corto plazo. La expectativa sigue siendo de mejora a largo plazo pero, en el corto, hay notables obstáculos.

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