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El futuro de Argentina ante unas elecciones inciertas

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Este domingo Argentina celebra elecciones generales. Trascendentales por su difícil y persistente situación. Si ninguno de los candidatos logra el 45% de los votos, algo bastante probable según las encuestas, habrá segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Centrando el tiro en la economía, décadas de políticas poco exitosas —por no poner otro calificativo—, explican dónde se ha llegado, con una inflación del 138% y gran volatilidad del cambio del peso con el dólar (que superó los 1.000 pesos hace poco, cuando en agosto estaba por debajo de 800). No son los únicos problemas, pero sí buen ejemplo de los enormes desafíos económicos. Desde mi viaje estival al país, he podido dialogar con algunos colegas argentinos. Con mayor detalle con el economista y novelista Eduardo Levy Yeyati, que también ha ocupado puestos relevantes en la gestión pública (por ejemplo, en el Banco Central de la República Argentina). También me he nutrido de declaraciones públicas de otros economistas. En estas líneas desgrano problemas y posibles soluciones, algunas propuestas en campaña electoral. El país del gran Jorge Luis Borges lleva decenios en un círculo vicioso. Para salir de esa pesadilla y pasar a virtuoso, hay mucho que reformar y cambiar. Es clave tomar decisiones valientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la formalización de la economía.

Realizando un ejercicio de simplificación, los problemas-síntomas principales se pueden resumir en tres. El primero, un déficit crónico que impide que los gobiernos logren superávits primarios, lo que para la deuda implica impagos recurrentes y autarquía financiera. En segundo lugar, el denominado abuso de la moneda, por la insistencia en políticas expansivas e inflacionarias en años buenos. También por el recurso al impuesto inflacionario para financiar el déficit en años malos, que son la mayoría. El resultado es una presión cambiaria constante que lleva a controles de capitales y a dificultar las exportaciones, que agrava la escasez de divisas. Así surge la tradicional falta de apego de los argentinos a su moneda (el peso), que necesita estabilidad para poner precio a las cosas. El tercero es la creciente dualidad de la economía. Solo un 30% de los ocupados tiene empleo formal y permanente y un 37% de informalidad, que sube. Para hacer frente al primero de los problemas, habría que redoblar los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal primario. Para ello habría que racionalizar determinados subsidios (como energía o transporte), que alcanzan fundamentalmente a la clase media y alta, reducir exenciones y subvenciones a sectores protegidos, actuar contras las inadecuadas praxis de muchas empresas públicas y reducir las redundancias en el sector público. Estas medidas no deberían afectar la provisión de educación o sanidad, ni implicar necesariamente despidos, para evitar mayores males sociales en una sociedad agotada.

Para el segundo desafío, de naturaleza monetaria, es urgente dotar de completa independencia al banco central, que evite el mal uso del tipo de cambio como respuesta a todo. Para el tercero, en el ámbito laboral, hay que promover una eficaz formación continua con nuevas modalidades de contratación, facilitando la creación de empleo y la jerarquización del trabajo independiente, hoy mayormente precario.

La dolarización ha estado nuevamente sobre la mesa en la campaña electoral. Parece que los que la proponen han olvidado las terribles consecuencias económicas y sociales de lo acontecido en 2001, que llevó al corralito. La mayoría de los economistas considera que sería un grave error. Entre ellos, lo ha declarado públicamente el que fuera presidente del banco central, Martín Redrado (al diario El País, el pasado 4 de agosto). Es inviable con reservas netas negativas y sin financiación externa. Asimismo, generaría una brutal fragilidad para el sistema bancario argentino, sin un fondo de dólares líquidos que sirva de colchón. Incluso si ganaran los que proponen la dolarización, es muy probable que esa opción se deseche al poco tiempo por impracticable, lo cual podría generar mucha frustración entre los argentinos. Más aún si no hay un improbable plan B que sea eficaz y si no es capaz de compartir el proyecto de país con otras fuerzas políticas.

La modernización de la economía argentina precisa reformas transversales. En el mercado de trabajo, parece necesaria la introducción de puertas de entrada al empleo menos rígidas. También mejorar notablemente la productividad, especialmente la de los millones trabajadores subempleados. En el ámbito productivo, se deberían priorizar políticas horizontales que generen estabilidad económica. Claves son la reaparición del crédito, la simplificación de la maraña impositiva, la mejora de la conectividad física y digital, la eliminación de controles a las importaciones y de impuestos a las exportaciones y el reforzamiento de la competencia y de instituciones que la vigilen. Estas reformas deberían llegar antes de las políticas verticales específicas, por ejemplo, en renovables o procesos en línea con la agenda climática. En el ámbito internacional, Argentina tiene que buscar su hueco en un mundo que debate el futuro de la globalización. Debe dejar de perder oportunidades, retener talento —un gran volumen de expatriados, con sus ahorros y recursos— y de capacidades emprendedoras. Mercosur puede jugar un papel constructivo si se refuerza la integración, pero las dudas de Brasil no ayudarán a corto plazo. Es una baza por la que apostar una vez se superen las grandes dificultades del presente.

La agenda de política económica es enormemente desafiante para Argentina. Muchísimo en juego en estas elecciones. Con una estrategia que acierte, las enormes potencialidades del país y el gran margen para hacer reformas podría propiciar un rebote de su economía, desconocido desde hace décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La transición digital y ecológica: un doble déficit

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Además de los shocks macroeconómicos generados por la inflación y el ajuste monetario, la economía afronta un doble cambio estructural: el giro en la globalización provocado por las tensiones geopolíticas, y la revolución de las tecnologías digital y ecológica. De momento, el modelo productivo español parece inmune a ambas transformaciones en términos agregados, a tenor del superávit de nuestros intercambios con el exterior —superior al 1% del PIB en 2022, pese al encarecimiento de la energía—. Este hito se explica, al menos en parte, por los reducidos costes laborales de las empresas españolas en relación a sus principales competidores.

Sin embargo, este resultado global no debería eclipsar una tendencia subyacente, a saber, el creciente déficit de nuestros intercambios tecnológicos, revelador de una debilidad estructural que, de no corregirse, pondrá en peligro el excedente del total de intercambios con el exterior. Durante los últimos años las importaciones de los bienes más representativos de la transición digital —teléfonos móviles y sus componentes, ordenadores y convertidores con electrónica de potencia— se han incrementado a un ritmo muy superior al de las ventas en el exterior. La consecuencia es que el desequilibrio digital que ya existía antes de la pandemia se ha agravado, hasta alcanzar cerca de 10.000 millones.

De manera similar y tal vez más preocupante habida cuenta de nuestra ventaja comparativa en recursos renovables, nuestros intercambios de tecnología ecológica —aproximada aquí por el comercio internacional de paneles fotovoltaicos, coches eléctricos y baterías de litio— se caracterizan por un importante y creciente déficit. La brecha se ha acrecentado hasta rozar los 7.200 millones. Con todo, la balanza total de la doble transición digital y ecológica arroja un agujero de 17.200 millones, casi 7.000 millones más que en 2019.


Bien es cierto que otros sectores compensan el deterioro (de ahí el mantenimiento del superávit a nivel agregado). Destaca el auge internacional de la industria del medicamento, que encadena los excedentes en sus intercambios con el extranjero. Este podría ser uno de los sectores más favorecidos por el proceso de relocalización de las cadenas de suministro, en respuesta a un mundo más polarizado que requiere de una mayor seguridad en el abastecimiento de productos esenciales. Los servicios no turísticos también mejoran su presencia en el exterior, paliando la cuasi desaparición del turismo durante la pandemia, y de esa manera contribuyendo notablemente al resultado de conjunto. Disponemos, por tanto, de sólidos factores de adaptación ante la nueva era de la globalización.

Pero a la larga no está claro que estos factores puedan compensar el creciente déficit tecnológico. Por ejemplo, es evidente que una mutación industrial hacia el vehículo eléctrico es imprescindible para preservar la aportación del sector automotriz a la economía del país. Otro caso es el de los paneles solares, cuya producción en nuestro territorio ayudaría a poner en valor los recursos renovales.

En todo caso, el desequilibrio del comercio tecnológico es revelador de algunas vulnerabilidades en nuestra capacidad de adaptación a las transformaciones digital y ecológica. Porque en esta gran mutación pierden peso los costes laborales como factor de competitividad. Y escalan los “intangibles” como la capacidad de innovación, la atracción de talento, la calidad del capital humano y la modernización de la organización del trabajo, así como la previsibilidad del entorno en el que operan las empresas, estimulando sus inversiones.

Los EE UU lo han entendido, desplegando un arsenal de incentivos de corte abiertamente proteccionista. Europa debe encontrar su propio camino dentro de una visión inspirada por el multilateralismo, pero acorde con los tiempos geopolíticos que corren y la necesidad de no quedarse atrás en la transición tecnológica. Nuestra economía dispone de activos naturales, especialmente en lo que atañe a la energía, y de los recursos europeos del Next Generation. El déficit tecnológico evidencia el camino que queda por recorrer para potenciarlos.

SALDO EXTERNO | Los datos de Aduanas hasta febrero apuntan a una reducción del déficit del comercio exterior de bienes, hasta 10.800 millones de euros (frente a 6.400 un año antes). Esta mejora obedece al abaratamiento de la factura de las importaciones energéticas y a la mejora del saldo de los intercambios de productos químicos, medicamentos y semi-manufacturas como el hierro y el acero. A la inversa, el superávit del comercio exterior de automóviles se ha reducido, mientras que en el caso de la maquinaria de oficina y telecomunicaciones, el déficit se ha agravado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El nuevo proteccionismo

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Las tensiones geopolíticas exacerbadas por la guerra en Ucrania, el shock energético y más recientemente el giro de política comercial operado por EE UU se conjugan para hacer rotar el eje de la globalización en una dirección preocupante para la Unión Europea, al menos de momento. Si bien la sacudida está siendo de menor intensidad en España, la tendencia general es la misma que la que recorre el resto del continente europeo.

Es un hecho que los intercambios de la UE con el exterior se han desequilibrado abruptamente, hasta el punto de generar números rojos en la balanza por cuenta corriente por primera vez desde la crisis de 2008. Uno de los principales factores es la aparición de un déficit con EE UU, algo inédito desde que existen registros y que sin duda obedece al auge de las compras de gas licuado norteamericano. Por otra parte, el abultado desequilibrio de los intercambios con el gigante asiático se ha mantenido prácticamente intacto, de modo que el bloque europeo emerge como el más afectado por la policrisis global.

De manera similar, debería preocupar que Europa esté perdiendo terreno en términos de inversión directa extranjera, es decir de inyección de fondos externos en el tejido productivo, descontando los flujos de capital financiero. En los dos últimos años, la UE recibió el 12,4% de la inversión directa extranjera mundial, casi la mitad que antes de la pandemia. Mientras tanto, EE UU y China han escalado en el ranking de receptores, ocupando prácticamente todo lo perdido por Europa.


Es cierto que el retroceso relativo no es uniforme: afecta con especial intensidad a los países centroeuropeos, en especial Alemania, así como Italia, mientras que España resiste mejor, tanto en términos de intercambios de bienes y servicios como (sobre todo) de inversión. También cabe esperar una mejora en los próximos meses gracias al respiro aportado por la moderación de los precios energéticos.

Pero la creciente divergencia de políticas comerciales entre grandes bloques podría agravar la brecha de competitividad. Destaca el Inflation Reduction Act (IRA), programa instrumentado por la Administración Biden con el fin de promover la transición ecológica. La dotación presupuestaria es colosal, 369.000 millones de dólares, y el objetivo loable. Pero en la práctica las medidas incorporan todo tipo de subvenciones que solo serán concedidas a los consumidores que compren productos como el vehículo eléctrico made in America. O a las empresas tanto nacionales como foráneas que produzcan tecnología verde en suelo americano. Por tanto, en términos comerciales, el IRA se asimila a un instrumento de protección de la industria local y de atracción de empresas creadas en otros países.

Frente a esta ofensiva, la actual inacción de la UE, basada en una visión ingenua de las virtudes de la globalización incluso cuando esta procede de manera asimétrica, amenaza con deslocalizaciones en sectores clave para nuestra economía. Por otra parte, ojo con intentar competir en subvenciones: no se vislumbra un acuerdo para crear un presupuesto europeo mancomunado a la altura del IRA. Los socios comunitarios con más holgura fiscal podrían estar tentados de desplegar toda la munición disponible para proteger su propia competitividad (para lo cual necesitarían una relajación de las reglas de competencia). Pero la historia y el sentido común muestran que una escalada de proteccionismo sería ruinosa para los Estados. Además, la fragmentación afectaría al peso negociador de la UE, cuando la unión es un activo a preservar en caso de competencia desleal y para invocar sanciones comerciales, una eventualidad prevista en el comunicado de la última cumbre europea.

En definitiva, hoy por hoy la sostenibilidad del crecimiento europeo no depende principalmente de las dotaciones presupuestarias, sino de cómo incorporar la dimensión geopolítica a un modelo económico basado en la competencia y el libre comercio. Un desafío determinante para la capacidad de decidir nuestro futuro y que debería abrirse paso en el debate.

PRECIOS INDUSTRIALES | El índice de precios industriales, uno de los principales barómetros de las presiones inflacionistas, modera su crecimiento, pero descontando la energía todavía avanza a un ritmo elevado. El índice total descendió un 2% el pasado mes de enero, arrastrado por el abaratamiento de la energía (-8,8%). Sin embargo, el resto de componentes todavía apunta a una persistencia de la inflación: los bienes de equipo suben un 0,8% en el mes y los bienes de consumo no duradero lo hacen un 2,5%. Destaca el alza de los precios de alimentos procesados como los productos lácteos, panadería, pastas y bebidas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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