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La transición digital y ecológica: un doble déficit

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Además de los shocks macroeconómicos generados por la inflación y el ajuste monetario, la economía afronta un doble cambio estructural: el giro en la globalización provocado por las tensiones geopolíticas, y la revolución de las tecnologías digital y ecológica. De momento, el modelo productivo español parece inmune a ambas transformaciones en términos agregados, a tenor del superávit de nuestros intercambios con el exterior —superior al 1% del PIB en 2022, pese al encarecimiento de la energía—. Este hito se explica, al menos en parte, por los reducidos costes laborales de las empresas españolas en relación a sus principales competidores.

Sin embargo, este resultado global no debería eclipsar una tendencia subyacente, a saber, el creciente déficit de nuestros intercambios tecnológicos, revelador de una debilidad estructural que, de no corregirse, pondrá en peligro el excedente del total de intercambios con el exterior. Durante los últimos años las importaciones de los bienes más representativos de la transición digital —teléfonos móviles y sus componentes, ordenadores y convertidores con electrónica de potencia— se han incrementado a un ritmo muy superior al de las ventas en el exterior. La consecuencia es que el desequilibrio digital que ya existía antes de la pandemia se ha agravado, hasta alcanzar cerca de 10.000 millones.

De manera similar y tal vez más preocupante habida cuenta de nuestra ventaja comparativa en recursos renovables, nuestros intercambios de tecnología ecológica —aproximada aquí por el comercio internacional de paneles fotovoltaicos, coches eléctricos y baterías de litio— se caracterizan por un importante y creciente déficit. La brecha se ha acrecentado hasta rozar los 7.200 millones. Con todo, la balanza total de la doble transición digital y ecológica arroja un agujero de 17.200 millones, casi 7.000 millones más que en 2019.


Bien es cierto que otros sectores compensan el deterioro (de ahí el mantenimiento del superávit a nivel agregado). Destaca el auge internacional de la industria del medicamento, que encadena los excedentes en sus intercambios con el extranjero. Este podría ser uno de los sectores más favorecidos por el proceso de relocalización de las cadenas de suministro, en respuesta a un mundo más polarizado que requiere de una mayor seguridad en el abastecimiento de productos esenciales. Los servicios no turísticos también mejoran su presencia en el exterior, paliando la cuasi desaparición del turismo durante la pandemia, y de esa manera contribuyendo notablemente al resultado de conjunto. Disponemos, por tanto, de sólidos factores de adaptación ante la nueva era de la globalización.

Pero a la larga no está claro que estos factores puedan compensar el creciente déficit tecnológico. Por ejemplo, es evidente que una mutación industrial hacia el vehículo eléctrico es imprescindible para preservar la aportación del sector automotriz a la economía del país. Otro caso es el de los paneles solares, cuya producción en nuestro territorio ayudaría a poner en valor los recursos renovales.

En todo caso, el desequilibrio del comercio tecnológico es revelador de algunas vulnerabilidades en nuestra capacidad de adaptación a las transformaciones digital y ecológica. Porque en esta gran mutación pierden peso los costes laborales como factor de competitividad. Y escalan los “intangibles” como la capacidad de innovación, la atracción de talento, la calidad del capital humano y la modernización de la organización del trabajo, así como la previsibilidad del entorno en el que operan las empresas, estimulando sus inversiones.

Los EE UU lo han entendido, desplegando un arsenal de incentivos de corte abiertamente proteccionista. Europa debe encontrar su propio camino dentro de una visión inspirada por el multilateralismo, pero acorde con los tiempos geopolíticos que corren y la necesidad de no quedarse atrás en la transición tecnológica. Nuestra economía dispone de activos naturales, especialmente en lo que atañe a la energía, y de los recursos europeos del Next Generation. El déficit tecnológico evidencia el camino que queda por recorrer para potenciarlos.

SALDO EXTERNO | Los datos de Aduanas hasta febrero apuntan a una reducción del déficit del comercio exterior de bienes, hasta 10.800 millones de euros (frente a 6.400 un año antes). Esta mejora obedece al abaratamiento de la factura de las importaciones energéticas y a la mejora del saldo de los intercambios de productos químicos, medicamentos y semi-manufacturas como el hierro y el acero. A la inversa, el superávit del comercio exterior de automóviles se ha reducido, mientras que en el caso de la maquinaria de oficina y telecomunicaciones, el déficit se ha agravado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía real ante la tormenta financiera

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El vuelco inesperado de
los mercados energéticos unido a la suavización de los cuellos de botella en la
llegada de suministros había empezado a disipar algunas de las principales
incertidumbres que pesaban sobre la economía española. Pero eso era sin contar
con las repercusiones del episodio de inestabilidad financiera que se ha
desatado desde la caída de Silicon Valley Bank, y que sigue extendiéndose.

De momento las fuerzas expansivas son las que dominan la coyuntura, como lo muestran el buen comportamiento del mercado laboral y las encuestas de actividad, con indicadores PMI que apuntan a un crecimiento tanto en los servicios como, y esto es lo nuevo, en la industria. El turismo da buenas sensaciones, y estaría a un tris de superar los niveles prepandemia en términos de entradas de extranjeros. Todo ello es compatible con un avance del PIB en el primer trimestre y probablemente también en el segundo, a tenor del tirón anunciado para esta Semana Santa.


Más allá, los efectos del ajuste monetario y de las tensiones financieras que han aflorado estos últimos días ganarán protagonismo. La contracción del crédito bancario, importante indicador avanzado de actividad, ya es palpable: el volumen de nuevos préstamos a hogares ha descendido un 8% desde el verano pasado y en el caso de las empresas el descenso alcanza el 9,3% (con datos desestacionalizados y suavizados que van hasta enero). De manera similar, las entidades financieras también declaran haber endurecido las condiciones de acceso al crédito, según la última encuesta del BCE realizada antes del colapso de SVB.

La restricción crediticia sólo puede agravarse tras la última vuelta de tuerca del BCE, y sobre todo como consecuencia de la probable reacción de prudencia de las entidades financieras en un entorno marcado por la pérdida de confianza. Las instituciones financieras se enfrentan a pérdidas latentes que se generan de manera cuasi automática a medida que los bonos que habían comprado a tipo de interés fijo durante la era de abundancia monetaria se devalúan. Si bien se trata de pérdidas potenciales (solo se realizan en caso de venta de los títulos antes de llegar a vencimiento), las entidades no pueden permitirse añadir a ese riesgo de tipos de interés, otro de impago en los créditos que concede, de ahí la necesidad de una mayor cautela en la política de préstamos al sector privado.

De manera general, las
decisiones de política monetaria podrían impactar con más nitidez en la segunda
parte del año, habida cuenta del tiempo de latencia entre las medidas y la
evolución de la economía. Además, como ya ocurrió en la crisis financiera de
2008, el impacto se refuerza con cada subida adicional de tipos de interés (es
decir, la repercusión no es lineal).  

En todo caso, la clave está en la inflación. De moderarse significativamente, los bancos centrales tendrán la ocasión de frenar sus subidas de tipos, atenuando los riesgos recesivos y de crisis financiera. Se espera que los próximos datos de IPC relajen la presión: en el caso de España, el incremento será inferior al 5% en términos interanuales, por la comparación con los meses inmediatamente posteriores a la invasión de Ucrania (efecto escalón). Además, la electricidad se ha abaratado un 16% en lo que va de mes. Pero Frankfurt ya ha detectado efectos de segunda ronda en los márgenes de algunos sectores, y alerta de la posibilidad de una reacción de los salarios en los países miembros con mercados laborales más tensionados. Los costes laborales se incrementaron casi un 6% en el cuarto trimestre en términos medios interanuales en la eurozona, pero solo un 3,6% en España. Una heterogeneidad que complica aún más la tarea de la política monetaria en su doble objetivo, cada vez más contradictorio, de actuar enérgicamente contra la inflación y a la vez asegurar la estabilidad financiera.

PRECIOS | La tasa de inflación del Índice de Precios Industriales se situó en febrero en el 7,8%, muy por debajo de las tasas registradas a lo largo de 2022, que llegaron a superar el 40%. Esta moderación obedece fundamentalmente a la bajada del índice energético experimentada desde el verano pasado (pese a lo cual continua por encima de los niveles de 2021). El índice de la industria de la alimentación sigue ofreciendo señales preocupantes: su tasa interanual apenas se ha reducido unas décimas hasta el 20%, lo que apunta a que la cesta de la compra seguirá encareciéndose.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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